Mauricio Ramírez Núñez
Académico

En un análisis de la dinámica entre la legislación excesiva de un país y el adecuado funcionamiento de su democracia, se puede observar que un estado saturado de leyes, trámites y burocracia puede llegar a contradecir sus propios objetivos de orden y justicia. Este fenómeno puede entenderse desde la óptica del principio místico de la polaridad, que en tradiciones filosóficas milenarias como el Tao nos recuerda el yin y el yang, como polos opuestos y complementarios a la vez, que interactúan siempre y donde uno llevado a su extremo o en estado terminal, produce naturalmente su contrario.

Esto sugiere que la abundancia de normativas y procedimientos no solo complica la administración gubernamental, sino que también crea un entorno de confusión y caos, precisamente todo lo contrario a lo que busca. En este contexto, la anarquía y la anomia social se convierten en el estado dominante, y la sociedad pierde su sentido de dirección y cohesión, así como su fe en la democracia como el mejor de los sistemas para convivir en sociedad.

La anomia, entendida como la ausencia de normas por un lado, o su incumplimiento generalizado por otro, surge cuando las leyes y reglamentos se vuelven tan abundantes y complejos que resultan ineficaces. Los ciudadanos, frente a un sistema legal intrincado y contradictorio, empiezan a percibir la ley como un obstáculo en lugar de una guía. Esta percepción contribuye a un comportamiento social desorganizado, donde las reglas pierden su capacidad de orientar la conducta colectiva, y el individualismo radical sumado a mi interpretación de la realidad pasa a ser la única verdad válida, convirtiéndonos de esta manera en seres sectarios que compiten y no conviven en sociedad.

No es descabellado pensar que, frente a un estado profundamente enredado en su propia maraña de leyes y procedimientos, las personas busquen evolucionar hacia su estado contrario: lo rígido, lo simple y lo autoritario. Cuando la horizontalidad y la accesibilidad del sistema legal se ven comprometidas, y la burocracia asfixia la funcionalidad estatal, la sociedad puede anhelar un modelo de gobernanza más centralizado y autoritario. Este deseo de orden y simplicidad responde a la necesidad humana de claridad y estabilidad, que se pierde en un entorno burocrático excesivamente complicado que no da respuesta a las necesidades más básicas de las clases menos favorecidas por el modelo de desarrollo imperante.

Históricamente, este patrón ha sido observado en múltiples sociedades. En momentos de caos y anomia, la figura del líder autoritario suele emerger como una solución a la crisis de gobernabilidad. La promesa de restaurar el orden mediante la implementación de reglas claras y una autoridad fuerte apela a una población agotada por la incertidumbre y la ineficacia del sistema vigente. Así, el péndulo social oscila de la desorganización hacia la centralización del poder.

Esta premisa parece aplicarse con precisión a la situación actual de Costa Rica. En este país, la proliferación de leyes, trámites y una malentendida concepción de la democracia, donde cada individuo actúa según su propia voluntad sin considerar el bienestar colectivo (liberalismo radical), ha conducido a una degeneración del sistema. Esta degeneración ha provocado una búsqueda de orden que, en lugar de llevar a una regeneración equilibrada, ha resultado en una creciente tendencia autoritaria.

Karl Marx postuló que «la praxis es el criterio de la verdad», y en Costa Rica, la práctica diaria ha revelado la verdad del exceso de horizontalidad. La democracia, en su forma distorsionada, ha permitido que la falta de coherencia y disciplina en la administración pública y la vida social degeneren en un caos operativo. La respuesta a este desorden ha sido la emergencia de un gobierno que se presenta como el «ordenador» de esta anarquía. Sin embargo, esta figura de autoridad no ha logrado transformar la situación de manera positiva. En lugar de una regeneración consciente y equilibrada, lo que se ha manifestado es una degeneración autoritaria.

El gobierno, al intentar imponer un supuesto orden en medio de la desorganización, recurre a tácticas autoritarias y manipuladoras que socavan los principios democráticos fundamentales. Esta paradoja refleja la incapacidad del sistema para auto-regenerarse de manera efectiva, convirtiéndose en una mampara que oculta la continua decadencia y aceleración de la degeneración social, espiritual y política que sufre el país.

La experiencia de Costa Rica ilustra cómo la mala praxis de la democracia y la excesiva horizontalidad pueden llevar a una reacción opuesta, en la que el autoritarismo se presenta como una solución temporal pero ineficaz. En lugar de un renacimiento equilibrado y consciente de la gobernanza, lo que se obtiene es una degeneración acelerada que amenaza con desvirtuar aún más nuestros valores democráticos y la poca estabilidad social que nos queda.

Para evitar caer en esta trampa, es esencial que se fomente una democracia auténtica y funcional, basada en la claridad normativa, la eficiencia burocrática y el respeto por el bienestar colectivo. La regeneración verdadera requiere una reforma profunda del sistema, donde la horizontalidad se equilibre con una autoridad legítima y transparente que trabaje por el bien común.

El desafío, entonces, radica en encontrar un equilibrio entre un marco democrático robusto y funcional, y la simplicidad necesaria para que las normas sean comprendidas y respetadas por todos sin excepción. La eficiencia burocrática no debe sacrificarse en aras de la cantidad normativa; más bien, se debe buscar la calidad legislativa, donde cada ley y reglamento tenga un propósito claro y una aplicación práctica evidente.

La sobreabundancia de leyes y trámites puede llevar a una disfunción estatal y a una sociedad desorientada, donde la anomia se convierte en norma. Esta situación, lejos de ser ideal, puede provocar un giro hacia modelos autoritarios en busca de simplicidad y orden. Es imperativo que los sistemas de gobernanza contemporáneos trabajen para simplificar y clarificar sus marcos normativos, asegurando que las leyes sirvan a la sociedad de manera efectiva, evitando así la trampa de la anomia y la tentación del autoritarismo. Costa Rica aún tiene la oportunidad de despertar y transformar esta compleja realidad.