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Etiqueta: autoritarismo

El decoro constitucional – II

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo, se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

“…1.- Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.
  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.
  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.
  1. Erosión del sistema democrático
  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.
  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.
  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.
  1. Inestabilidad y parálisis del Estado
  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.
  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.
  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total…”

Zagrebelsky advierte literalmente que

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la Segunda Parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Parte II. Costa Rica

Confieso que he traído a estas páginas el tema del decoro constitucional, motivado en gran medida por las ilegalidades frontales y el tono agresivo e irrespetuoso adoptado por el expresidente Chaves durante su administración; y copiado, con algunas variantes, por la presidenta Fernández. Pero está de más advertir que conductas indecorosas ya venían menudeando en administraciones anteriores.

Como quedó explicado en la primera parte, el decoro constitucional se manifiesta tanto en actitudes y prácticas, como a través del lenguaje oral, escrito y corporal empleado por el alto funcionario.

En cuanto a lo primero, está por demás decir que el funcionario público, máxime si es de rango supremo, debe guiar su conducta con probidad, buena fe y autocontrol, procurando siempre el bien común de la manera más eficaz y al menor costo para la comunidad.

En lo que atañe al lenguaje, por respeto a su propia investidura, el funcionario debe evitar en toda situación el tono agresivo y las palabras procaces o hirientes. Los idiomas modernos cuentan con un vocabulario riquísimo, que permite expresar las emociones más extremas sin necesidad de recurrir al escarnio, la mofa o el desprecio de los interlocutores.

En la historia de nuestro País hay numerosos ejemplos de altos funcionarios que asumieron actitudes moralmente incorrectas o perpetraron actos inmorales, incluso delictivos. Lo que nunca habíamos tenido es presidentes que hicieron del insulto y la vulgaridad de palabra el pan nuestro de cada día.

Enumero y comento algunos casos:

Número 1.- Durante los años 2006 y 2007 la cúpula política del gobierno del Presidente Oscar Arias elaboró y propaló un documento que el pueblo llamó “Memorandum del Miedo”: una caravana de embustes para que la gente sencilla votara por el TLC; y encima de eso el propio Presidente, al igual que sus ministros y hasta personal de la Embajada Estadunidense, abusando de sus investiduras, visitaron fábricas y establecimientos prometiendo y amenazando para conseguir la aprobación referendaria del funesto convenio; y agregando un eslabón más a la cadena de dominación del País por parte del Imperio Usano: un acto de subordinación a los intereses imperiales y los del gran capital centroamericano por parte de quien juró defender los valores patrios consagrados en nuestra Constitución y nuestras Leyes. Todo lo anterior, junto con la manipulación de la Sala Constitucional y la luz verde para el tratado y sus leyes complementarias, configura sendas faltas al debido decoro constitucional imputables al presidente Arias.

Número 2.- En los años 2008 y 2010, la Corte Suprema, con argumentos deleznables, aprobó aumentos salariales para sus Magistrados y otros altos cargos del Poder Judicial, de modo que el sueldo bruto de dichos Magistrados llegó a oscilar entre 7 y 11 millones de colones mensuales, en un momento en que el propio presidente de la República (primus inter pares) ganaba algo menos de 5 millones, y el salario nominal mínimo en el País era de 179.504.00 colones por mes. Mas es preciso advertir que esa conducta de los magistrados no fue unánime: hubo honrosas excepciones.

Número 3.- El gobierno de don Rodrigo Chaves Robles es, hasta ahora, el gobierno más desastroso de la historia de Costa Rica, y a la vez el más exitoso en términos de apoyo popular. Y lo irónico es que lo segundo es, en buena medida, una consecuencia exquisitamente lógica de lo primero.

Durante los cuatro años de su gobierno, y ahora como ministro de Hacienda, privilegió los resultados macroeconómicos (deuda externa, inflación, empréstitos), y claro, para lograrlo desfinanció sistemáticamente el sector social: educación, salud, seguridad, ambiente, pobreza. Eso sí: el paladín de los humildes ha tratado muy discretamente de no afectar los intereses de los ricos ‘ni con el pétalo de una flor’. No ha hecho caso de la recomendación de entidades financieras internacionales que desde hace años le han recomendado los impuestos directos; pero ahora que ve avecinarse la crisis fiscal, está pensando en nuevas cargas …para los pobres.

Para sorpresa de los entendidos, durante todo el período dictó numerosos decretos y acuerdos deliberadamente violatorios de la ley, provocando sendas anulaciones y condenas de parte de los tribunales competentes; lo cual le ha servido de pretexto para gritar a los cuatro vientos que no le han dejado gobernar. Pero lo más tristemente llamativo de su conducta ha sido el lenguaje usado en sus discursos y en sus ruedas semanales de prensa para expresar sus fobias y rabietas.

En efecto, especialmente desde Casa Presidencial, el entonces primer mandatario emprendió una campaña sistemática de insultos, arrebatos y gesticulaciones grotescas contra los presidentes de los otros Poderes, contra diputados y periodistas, contra los jueces y fiscales, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, las Universidades Públicas y cualquier otro organismo o persona que lo critique o contradiga: pero, en realidad, todos sus improperios han estado visiblemente proferidos con el mal disimulado propósito de enardecer el ánimo de sus seguidores en las redes.

A los periodistas que lo critican los ha llamado reiteradamente ‘ratas’, ‘malditos’, ‘malnacidos’, ‘brutos’, ‘estúpidos’, ‘desgraciados’, etc. Un redactor de El Financiero comentó:

“Éstas no son frases extraídas de una pelea de cantina, ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el Presidente de la República de Costa Rica.”

El 6 de mayo último, comentando el Informe de salida de Chaves, el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, deploró la actitud agresiva y el lenguaje soez de aquél, enumeró los calificativos que aplicaba frecuentemente a los diputados de oposición: “Inútiles y vagos, mafiosos y banda de corruptos, chantajistas y antipatriotas, desgraciados y malnacidos”, y reprochó severamente al ahora superministro su actitud ofensiva, su lenguaje deletéreo y, a fin de cuentas, su falta de voluntad para unir esfuerzos en la solución conjunta de los problemas.

Porque Chaves se ha referido en los peores términos a los presidentes de los otros Poderes, incluido el TSE, llamándolos despectivamente corruptos, falsos y obsoletos. Y tanto él como la presidenta actual han atacado encarnizadamente al titular del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, haciendo público escarnio de uno de sus nombres de pila, e instándolo machaconamente a que se retire de su alto cargo. Da vergüenza ajena el ensañamiento cobarde de Chaves y Fernández en este caso. Porque, en realidad, ellos no quieren mejorar el Poder Judicial: quieren destruir su independencia.

Ahora bien, objeto de sus más virulentos ataques ha sido el fiscal general, don Carlo Díaz, que ha recibido y continúa recibiendo insultos y descalificaciones. Chaves le ha llamado títere, matón de barrio y ‘princeso’, peón de los magistrados y ungido del diablo; la Judicatura y la Fiscalía son ‘entidades putrefactas’, ‘agentes de asco’. Y la presidenta Fernández, que se afana en secundarlo, ha dicho recientemente que el Poder Judicial está infiltrado ‘hasta el tuétano’ por el crimen organizado.

El lenguaje lumpen, abrumador, la absoluta falta de decoro de ambos mandatarios, no tienen precedentes en nuestra Historia, pero siguen con curiosa fidelidad el manual adoptado por Trump y por Milei. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión: hay que leer con paciencia los miles de devotos mensajes de sus seguidores en las redes para entender que las acusaciones extremas, la agresividad y la procacidad de nuestro expresidente y su discípula no son expresión de una indignación moral, sino de un frío cálculo político: son la clave de su conexión carismática con una masa resentida e irracional que se alimenta cotidianamente con sus improperios; y que les ha procurado un aplastante triunfo en las urnas y la actual mayoría parlamentaria, a costa de conducir al País hacia un destino de odio y violencia.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, como Trump y media docena de presidentes latinoamericanos, son peones del neoliberalismo transnacional que está desbaratando por todas partes el Estado Social de Derecho, la doctrina de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es preciso desenmascararlos y resistir. Es preciso restaurar el decoro y el respeto por la Constitución y la Ley. Otro mundo es posible.

¿Estará viviendo el Estado costarricense una crisis de esquizofrenia institucional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández

Si observamos el funcionamiento del Estado costarricense, como un todo, algunos fenómenos parecieran sugerir que la estrategia política de la actual élite en el poder posee ciertos rasgos asociados con una especie de esquizofrenia institucional.

Por un lado, las voces más representativas de esa élite declaran, un día sí y otro también, ser los garantes idóneos del sano manejo de la institucionalidad nacional. Sin embargo, le imponen una serie de limitaciones a determinadas instituciones que atentan contra su buen desempeño, en detrimento de las necesidades que deben atender frente a la sociedad costarricense. Ese es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, del Poder Judicial. Las limitaciones presupuestarias a las que estarán sometidas esas instituciones parecieran inspiradas en condiciones de delirio de quienes están tomando tan importantes decisiones.

En tal sentido, no nos deja de preocupar el autoritarismo que caracteriza a las voces y actitudes de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández (en ese orden) para amenazar desde sus tribunas a todas aquellas instituciones y funcionarios que se niegan a subordinar sus tareas a las tácticas autoritarias que desean imponer en el funcionamiento general del Estado.

El achicamiento del aparato estatal es su objetivo, pero sus tácticas riñen con la lógica histórica del funcionamiento de la sociedad costarricense. No terminamos de acostumbrarnos a la vulgaridad y al absurdo de los comportamientos de la presidente Fernández y del ministro Chaves, en aras de deslegitimar nuestra tradición de cuido de las buenas formas y del respeto entre gobernantes y gobernados.

El proceso actual de contrarreforma del Estado costarricense se inició hace décadas. Hemos pasado por tres Programas de Ajuste Estructural y por un doloroso referéndum para imponer un TLC con Estados Unidos, hoy letra muerta para el presidente Donald Trump. Más aún, enfrentamos la administración del expresidente Carlos Alvarado y sus rigurosas medidas fiscales, de ingrata memoria por la grave violación de los derechos laborales de los funcionarios públicos.

Pero no esperábamos llegar a experimentar la esquizofrenia colectiva que desea imponer la actual élite instalada en Zapote. Y menos aún podríamos suponer cómo esa élite se ha engrosado con cuadros tan variados, provenientes de los protagonistas de desecho que han ido dejando tirados por el camino de su historia, tanto los partidos tradicionales como los nuevos partidos de orientación pentecostal. No deja de ser este un fenómeno interesante. Quizá podría estar apareciendo un nuevo ámbito de estudio para las ciencias sociales que podría denominarse “la política circular”, parafraseando a nuestros colegas economistas dedicados al estudio de la “economía circular” o “economía del desecho”.

Al final de todo esto, lo que se vislumbra claramente son sus esfuerzos por fomentar un modelo autocrático, de extrema derecha, como ocurre en la actualidad en tantos países americanos y europeos.

El «modelo Bukele» no va en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
francescomc8@gmail.com

Al participar y vivir de cerca los procesos electorales en El Salvador (2019 y 2024) y Costa Rica (2022 y 2026), pude notar ciertas similitudes en las campañas y en la retórica de gobierno, más no en la forma de gobernar. Por un lado, es necesario contextualizar a El Salvador del 2019, asediado por la corrupción de los partidos ARENA y FMLN, quienes se alternaron el poder por treinta años (1989 a 2019) posterior a trece años de guerra civil (1979-1992) y tres juntas revolucionarias de gobierno. Cuando Bukele hizo campaña, era uno de los países más violentos del mundo, asediado por las pandillas y bajo un régimen de terror. Todo esto sin entrar en la fragante pobreza, desigualdad y exclusión social.

Se trata de un país que salió de una dictadura para entrar a una guerra civil que luego desencadenó en el terrorismo de las maras y ahora con un presidente que, si bien ha logrado avances en seguridad, turismo e infraestructura, lo ha hecho a costa otros derechos fundamentales. El Salvador es un país que ha dado un giro de ciento ochenta grados, se redujeron los homicidios a mínimos históricos, se mantiene el alza en inversión extranjera, hay gran inversión en infraestructura y el país en general es más seguro. Sin embargo, no todo es color rosa, todo esto se dio a costas de debilitar el Estado de Derecho (iniciando cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con el ejército debido a que no avanzaban las propuestas del ejecutivo), detenciones y juicios masivos, sin observar las garantías procesales, alertas respecto a la libertad de prensa y violaciones a derechos humanos, entre otras medidas y acontecimientos que indican que el pulgarcito no es una democracia sana y estable. Sin embargo, esto respondió una población desesperada por encontrar una solución a la flagrante inseguridad, acoso constante de las pandillas, regímenes de extorsión, autoridades paraestatales y para algunos una asfixia insoportable que obligaba a emigrar al norte para otorgar sustento a sus familias. La población salvadoreña otorgó ciertos derechos a cambio de seguridad, en un contexto apremiante. Cabe cuestionarse si al día de hoy se deben continuar cediendo dichos derechos y libertades, porque, al día de hoy, se continúa en Estado de excepción. Parece ser que con la conformación actual de la Asamblea, no existe fuerza política que le pueda hacer frente.

Por otro lado, el chavismo en Costa Rica, que abiertamente se declara “pro-bukele” tiene unas herramientas totalmente distintas y en un contexto diametralmente diverso al de El Salvador. Más bien, Costa Rica ahora es más violenta posterior a la toma en poder de Rodrigo Chaves, siendo que, en el año 2023 los homicidios llegaron a 905 y en 2024 un total de 876 muertes, siendo estos los años más violentos de la historia. Estas estadísticas son alarmantes y no calzan con el discurso del expresidente, así como el de la nueva presidenta. Las autoridades dicen que se ha rebajado la criminalidad, lo cual sí es cierto, pero para determinados crímenes. La educación ha empeorado, con alumnos con baja comprensión lectora, una ruta de la educación abandonada y cientos de centros educativos con órdenes sanitarias. Aunado a esto, la crisis en la que se encuentra sumida el agro, debido a que el chavismo optó por un modelo de importaciones, debilitando la producción nacional. Resalto todos estos desaciertos no para hacer un mal al presente gobierno, sino para reflexionar.

Muchos piden el “modelo Bukele”, cuando no saben que esto fue la capitalización de una sociedad aterrorizada, desesperada y consumida en la crisis y la violencia, que se vio dispuesta a ceder ciertos derechos a cambio de seguridad. Todos los países son diferentes, no aplica la misma vara ni siquiera para los pequeños países de Centroamérica, y, en lugar de buscar replicar modelos absolutistas extranjeros, se debe hacer énfasis en las particularidades de nuestro país, del cual aún vale la pena luchar y que se encuentra en una posición privilegiada, siendo -de momento- la democracia más longeva en América Latina.

Los pobres ¿electores de derecha?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

1 Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

En los recientes procesos electorales de nuestra América se discute y se interpreta el papel desempeñado por los pobres, a quienes acusan, como siempre, de ignorantes, sin conciencia, conservadores y sumisos al poder totalitario por haber contribuido al triunfo electoral de explotadores, mafiosos, corruptos, tiranos, que privatizan la función pública, transgreden la Constitución de la República que liquidan la institucionalidad, centralizando y concentrando ilegal y dictatorialmente el poder estatal.

Ante esta situación y condición política existente en Costa Rica, Perú y Colombia, entre otros espacios nacionales, ¿los pobres son culpables?, ¿acaso los sectores medios, desempleados, funcionarios públicos, intelectuales, pensionados, empleados privados, periodista, militares, partidos políticos, entre otros, son espectadores inocentes de los resultados de los procesos y fraudes electorales, de la complicidad burocrática en las transgresiones a las funciones públicas que se realizan cotidianamente?

No, los pobres no son ignorantes ni complacientes con el totalitarismo, son sobrevivientes en la precariedad, inestabilidad o del chantaje laboral, de salarios insuficientes, de la vulnerabilidad ante la criminalidad, la salud pública, de la regresión cognoscitiva o de la inmunidad e impunidad del poder económico y político. Los pobres no se imaginan ricos ni pensar como ellos, pero al estar imposibilitados de perder lo que les permite subsistir, algunos son coaccionados. El culpabilizar por su condición a los pobres se ha interiorizado en los estereotipos y prejuicios de la estupidez colectiva, en contextos que históricamente han culpado a los débiles, enfermos, manifestantes, dominados, explotados o los asesinados.

En la actualidad la agudización del hambre, miseria, represión y guerras guardan correspondencia con el enriquecimiento de pocos en la aldea global, dueños de las nuevas tecnologías y de los negocios mundiales que también son protagonistas de la actual e inmensa regresión cognoscitiva. La expresión tecnológica actualizada de la estupidez, representada por la inteligencia artificial (IA), en nuestros días está siendo usada en las guerras, fraudes electorales y en la sustitución de millones fuentes de trabajo que en otros tiempos convirtieron el trabajo humano en una labor mecánica o robotizada, como es la formación académica. El absurdo de los dueños, creadores y difusores y creyentes de la IA afirman regresivamente que es superior a la inteligencia humana, tendencia que sustituirá las relaciones sociales a relaciones entre cosas hacia la extinción. El entusiasmo actual para que la máquina realice labores personales, sin intervención humana, se va transformando en tragedia.

El sistema imperante recrea incesantemente las condiciones para la reproducción ampliada de la riqueza privada, comprometiendo desde hace siglos a los empobrecidos del mundo a la mecanización newtoniana que persiste hacia la sustitución radical del trabajo a todos los sectores subalternos, no solo con su esfuerzo, subsistencia, pensamiento y actuación, también con su salud y vida, en contextos de inseguridad y miedo. Luego, la tendencia hacia la paulatina erradicación de los subalternos transcurre haciendo irrelevante y sustituible técnica y formalmente, su voluntad, decisión y acción política y electoral. Entonces, serán los pobres culpables de haber sido electos como presidentes a ignorantes y autócratas en Costa Rica, Perú y Colombia.

La confesión y el detector de mentiras como medios de prueba

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Alcanzar la verdad de lo ocurrido es la finalidad esencial del proceso penal. Esta tarea sin embargo es muy compleja y por ello tiene que ceñirse a estrictas reglas de actuación. No todo se puede demostrar, ni por cualquier medio.

Hace ya siglos se superó la confesión como “reina de las pruebas” en el proceso penal. Cuando un acusado confesaba, todos los intervinientes en el juicio, desde los jueces y verdugos, hasta las partes, quedaban satisfechos y aliviados por haberse alcanzado “la verdad”.

El razonamiento crítico de Beccaria en su célebre “Dei delitti et de le pene” buscó cuestionar este medio probatorio con una argumentación de naturaleza pragmática: la confesión, obtenida como era la regla, mediante la tortura, sólo servía para absolver al culpable fuerte, capaz de resistir el tormento, y por el contrario, significaba condenar al débil inocente, cuya fragilidad sellaba su destino sin remedio.

La enseñanza histórica es simple pero trascendental: la obtención de la verdad no puede convertirse en un fin en sí mismo, ni puede convertirse en una obsesión para calmar conciencias. Por mucho que haya avanzado la tecnología, no contamos aún, por ventura, con un instrumento que ingrese al alma humana y que pueda leer con certeza lo que un ser humano guarda en su conciencia. El día que eso ocurra seremos cualquier cosa, menos esta humanidad que somos.

Ahora que en este país vivimos de las ocurrencias e improvisaciones en materia penal, debemos revelar el parangón inevitable entre la tortura/confesión de antaño y los famosos detectores de mentiras de ahora.

En primer lugar, estos mecanismos ni de lejos determinan la certeza de nada. Ningún sistema penal serio los incorpora como prueba fiable. Pero además, su aplicación ignora un elemento esencial de la psicología delincuencial: la aplicación del detector puede hacer sudar y acelerar las palpitaciones del interrogado inocente, por una serie de factores distintos de su culpabilidad; en tanto el verdadero psicópata o sociópata criminal puede superar la prueba porque está tranquilamente convencidos de “su” verdad.

Ha trascendido la remoción o degradación de un grupo importante de jerarcas en la Fuerza Pública por no superar esta prueba. Es absurda, ilegítima y violatoria de derechos fundamentales la decisión. Esta obsesión por depurar y alcanzar verdades absolutas -sea en el derecho penal, el administrativo o laboral- es un síntoma de estado dictatorial y, de hecho, ajeno a nuestro orden constitucional.

Autoritarismo o democracia: panel analizará el papel de las instituciones autónomas y las garantías sociales

Escrito en . Publicado en Derechos.

El programa Alternativas realizará el próximo 19 de junio de 2026 un panel dedicado a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas, las garantías sociales y las instituciones autónomas en el contexto de los cambios políticos y económicos contemporáneos.

La discusión partirá de una pregunta central planteada por la convocatoria: ¿cómo enfrentar el plan de los grupos de poder encabezados por Estados Unidos para eliminar los Estados nacionales? Según el texto de presentación del programa, una de las principales fortalezas para enfrentar esos procesos ha sido la existencia de las instituciones autónomas y las garantías sociales, las cuales continúan actuando como contrapesos frente a una arremetida autoritaria de intereses imperiales y transnacionales.

Bajo el eje temático “Autoritarismo o democracia”, el panel reunirá a cuatro personas invitadas con experiencia en ámbitos académicos, políticos, sociales y periodísticos.

Participarán:

  • Manuel Delgado Cascante, filósofo y periodista.

  • Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, asesor legislativo, exregidor municipal y excandidato a diputado por Heredia.

  • Patricia Mora Castellanos, socióloga, docente de la Universidad de Costa Rica, exdiputada (2014-2018), exministra del INAMU (2018-2020) y presidenta del Frente Amplio.

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y participante en la inscripción del Frente Popular.

La actividad forma parte de la programación del espacio Alternativas, iniciativa del Colectivo Reflexión-Acción, y será transmitida en vivo el 19 de junio de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC) a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

La transmisión también contará con la difusión de las emisoras amigas Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita y Radio Voces Libertarias.

El panel propone un análisis sobre la vigencia de las instituciones públicas, la democracia, los derechos sociales y los desafíos políticos que enfrenta Costa Rica en el contexto regional e internacional.

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Humanismo y justicia: notas del subsuelo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Frank Ulloa Royo

La división de poderes no es un artificio jurídico: es la memoria viva de un país que quiso evitar la concentración del poder en una sola mano. Desde la Constitución de 1949, Costa Rica aprendió que la democracia se sostiene en el equilibrio, en la vigilancia mutua de los poderes, en la certeza de que ningún gobernante puede ser juez y verdugo al mismo tiempo.

Hoy, sin embargo, la brújula política parece extraviada. La presidenta envía proyectos de ley que permiten al poder matar con presunción de inocencia, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es esa la patria que aprendimos a amar? ¿Una patria con cuchillos en la mano, con cárceles más grandes y con la justicia convertida en rehén del miedo?

Defender la independencia del Poder Judicial no significa encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral, que tantas veces ha dejado a los trabajadores esperando años por una sentencia. Significa reconocer esas falencias y exigir su corrección, pero sin entregar la justicia al capricho del poder político. Porque la justicia lenta se reforma; la justicia sometida se destruye.

La Sala Constitucional, que tantas veces ha protegido derechos laborales y sindicales, también está bajo amenaza de ser tomada por otros poderes. Si la Sala deja de ser independiente, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso, nacido de la poesía, hoy se convierte en consigna política. No queremos una patria que se parezca a la experiencia salvadoreña de Bukele, inflada por sectores de derecha, pero cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por sus violaciones a la independencia judicial. Queremos una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia que se construye sin miedo.

La independencia judicial es más que un principio constitucional: es la garantía de que la democracia no se convierte en republiqueta punitiva. Defenderla es defender la vida, la libertad y la esperanza. Y como Debravo, repetimos: no queremos guerras ni cuchillos en la mano de la patria. Queremos justicia libre, digna y humana.

El subsuelo de Dostoievski es hoy nuestro espejo. Alienación y resentimiento marcan la vida pública: diputados que rechazan a los 18 candidatos a magistrados suplentes enviados por la Corte, mientras ninguno de ellos se defiende en el buen sentido. El pensamiento camina de puntillas, como si pensar fuera ofender. Esa tolerancia se acerca más a la cobardía que a la virtud, y la democracia se hunde en un silencio que recuerda al hombre del subsuelo, incapaz de hablar sin contradicciones, atrapado en su propio resentimiento. Como escribió Dostoievski: “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse, como si la enfermedad y el silencio fueran su destino.

Dostoievski cuestionaba el racionalismo que pretendía reducir la vida humana a fórmulas matemáticas. En Costa Rica, la división de poderes nació como respuesta histórica a la concentración del poder, pero hoy se ve debilitada por proyectos que legitiman la violencia en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”. La presidenta envía leyes que permiten matar con presunción de inocencia: un racionalismo perverso que convierte la justicia en cálculo punitivo. Defender la independencia judicial no es alcahuetear la corrupción, sino impedir que la lógica del poder sustituya la ética de la justicia. El hombre del subsuelo lo anticipaba: “¿Qué importa la razón cuando lo que se quiere es la voluntad?” Esa voluntad, sin ética, es la que amenaza con destruir la república.

En Los demonios, Dostoievski mostró cómo las ideologías extremas podían arrastrar a la juventud hacia la violencia. Hoy, los nuevos señores feudales no son revolucionarios, sino corporaciones tecnológicas y élites económicas que manipulan la inteligencia artificial y la economía global. La inteligencia se limita a los intereses de unos pocos, y los derechos humanos se vuelven negociables. En Davos, un yerno de Trump propone construir campos de golf sobre el cementerio de Gaza y recibe aplausos: la banalidad del poder que celebra la destrucción como desarrollo. En Costa Rica, se manipulan nombramientos de magistrados para destruir la institucionalidad y avanzar hacia un Estado autoritario, ahora con voz femenina para no asustar, mientras una mano oscura da sombra a la presidenta.

El subsuelo de Dostoievski es también el subsuelo de nuestra democracia: alienación, resentimiento, racionalismo sin ética y poder autoritario disfrazado de modernidad. La independencia judicial es la última defensa contra el regreso a los pleitos a machete, contra la republiqueta punitiva, contra la patria con cuchillos en la mano. Como Jorge Debravo, repetimos: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Queremos una patria que piense sin miedo, que juzgue con dignidad y que no se arrodille ante los nuevos demonios globales.

ACOHUSE invita a panel sobre humanismo secular, democracia y derechos humanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE) invita al panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”, un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas en materia democrática, convivencia social, educación crítica y respeto a los derechos humanos.

La actividad reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar temas relacionados con la democracia, la polarización política, el autoritarismo, el uso político de la religión y la construcción de una ciudadanía crítica en el contexto costarricense y latinoamericano.

El panel contará con las siguientes exposiciones:

  • M.Sc. Edwin Retana, abogado penalista
    Tema: Dignidad humana y pluralismo en contextos de conflictividad social.

  • Dr. David Castillo, teólogo
    Tema: El uso político de la Biblia en el proyecto político Chaves-Fernández.

  • M.Sc. Claudio Alpízar, politólogo
    Tema: Democracia, polarización y fatiga institucional en América Latina.

  • M.Sc. Rodrigo Campos, sociólogo
    Tema: Educación crítica y democracia en Costa Rica.

  • Dr. Ricardo Sossa, sociólogo
    Tema: Autoritarismo cultural y deslegitimación del disenso.

La organización señala que el foro busca propiciar una discusión abierta sobre los procesos de erosión democrática observados en distintas sociedades, así como analizar los desafíos que enfrentan los derechos humanos, el pluralismo y la convivencia democrática en la actualidad.

La actividad se realizará el miércoles 1 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón de Legisladores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y reservar espacio mediante el número 6036-7353.

Detalles de la actividad

Actividad: Foro-panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”
Organiza: Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE)
Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Salón de Legisladores, Asamblea Legislativa de Costa Rica

El decoro constitucional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

  1. Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.

  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.

  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.

  1. Erosión del sistema democrático

  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.

  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.

  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.

  1. Inestabilidad y parálisis del Estado

  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.

  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.

  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total.

Zagrebelsky advierte literalmente que…

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la segunda parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Los fascistas ya no usan uniformes

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Durante décadas, cuando se habla de fascismo, la imagen era bastante clara, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, uniformes militares, propaganda del Estado abierta, censura directa y persecución sistemática de quienes se oponían.

Sin embargo, en el debate político actual ha surgido una pregunta cada vez más común en sectores críticos de la academia y la comunicación, ¿y si las formas de autoritarismo del siglo XXI ya no necesitan ese rostro clásico? ¿Y si hoy funcionan de maneras más difíciles de ver, más integradas en la vida cotidiana y, por eso mismo, más complicadas de identificar? ¿Y si su principal herramienta ya no es el ejército, sino la comunicación global?

No se trata de afirmar que exista un nuevo fascismo completamente definido o planificado, sino de una hipótesis de análisis, los sistemas de poder cambian de forma, pero no desaparecen.

En las últimas dos décadas se ha consolidado un fenómeno sin precedentes, la concentración de la comunicación global en manos de un pequeño grupo de empresas tecnológicas; plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otras menos conocidas, se han convertido en la principal forma de acceso a la información para miles de millones de personas.

Desde una mirada crítica latinoamericana, esto no es solo un cambio tecnológico, sino una nueva etapa del capitalismo, conocida como capitalismo de plataformas o capitalismo de la atención. Su idea central es simple, la atención humana se convierte en un recurso económico, y este recurso se obtiene mejor a través de emociones intensas que mediante información compleja o reflexión profunda.

El resultado es que los contenidos que más se difunden no son necesariamente los más verdaderos o importantes, sino los que provocan más reacción. El miedo se expande, la indignación circula, la rabia se multiplica y la polarización crece; así, la esfera pública deja de ser un espacio de debate democrático y se transforma en un mercado de emociones. Veamos algunos autores que ya planteaban el problema en cuestión.

Antonio Gramsci explicó que el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por la construcción del consenso cultural, a lo que llamó hegemonía. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación y hoy también las plataformas digitales no son neutrales, son espacios donde se disputa el sentido común de la sociedad.

Actualmente, esta disputa está atravesada por la concentración económica; no se trata solo de quién produce información, sino de quién controla los canales por los que circula.

Hannah Arendt, política y filosofa, judeo-alemana, advirtió que los regímenes autoritarios se fortalecen cuando se destruye la idea de una realidad compartida; la propaganda no solo busca imponer mentiras, sino debilitar la noción misma de verdad común.

En el mundo digital, este fraccionamiento es aún más profundo. Distintos grupos pueden vivir en universos informativos separados, donde los mismos hechos se interpretan de maneras completamente opuestas. Esto debilita la base mínima para el diálogo democrático.

Noam Chomsky y Edward Herman, con su modelo de propaganda, mostraron que los medios tienden a reproducir los intereses de las estructuras económicas que los sostienen.

Desde una mirada latinoamericana, esto es clave, la concentración mediática no es un accidente, sino una expresión del poder económico sobre la producción de ideas.

No hace falta un control directo, basta con la dependencia de la publicidad, la propiedad cruzada de medios y la lógica de la rentabilidad, el resultado es una agenda pública donde algunas voces se amplifican y otras quedan al margen.

Umberto Eco propuso la idea de un “fascismo eterno”, entendido como un conjunto de rasgos que pueden reaparecer en distintos momentos históricos, como el miedo a lo diferente, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la obsesión con conspiraciones y creación constante de enemigos internos.

Desde esta idea, el fascismo no es solo un fenómeno del pasado, sino una posibilidad que puede reaparecer en distintos contextos sociales y tecnológicos.

Jason Stanley, filósofo estadounidense, sostiene que las democracias no suelen caer de golpe, sino de forma gradual, ante debilitamiento de la prensa, pérdida de legitimidad de la oposición, normalización del discurso de odio y creación de enemigos internos.

En América Latina, este proceso puede entenderse en continuidad con formas históricas de exclusión social, donde muchos sectores han sido incluidos formalmente en la democracia, pero excluidos en la práctica.

Boaventura de Sousa Santos señala algo similar, muchas democracias son formales, pero limitadas en lo social, es decir, la ciudadanía existe en teoría, pero el poder real está concentrado.

Una diferencia importante con el siglo XX es el papel de las grandes empresas tecnológicas. Estas corporaciones concentran poder económico, tecnológico y comunicacional al mismo tiempo, esto les permite influir en la política, la cultura y las elecciones a nivel global.

Desde una mirada crítica, esto representa una nueva fase de concentración del capital, ahora también sobre la información y la forma en que percibimos el mundo.

Además de Gramsci, Arendt, Chomsky o Eco, en América Latina contamos con pensadores que han ayudado a comprender cómo opera el poder en nuestras sociedades.

Paulo Freire, advertía que toda educación puede convertirse en una herramienta de liberación o de dominación, dependiendo de quién controla el conocimiento y para qué fines. Hoy esa reflexión cobra nueva vigencia cuando buena parte de la información que consumimos, llega filtrada por cifras que deciden qué vemos, qué ignoramos y hasta qué temas terminamos discutiendo.

Por su parte, el argentino Ernesto Laclau analizó cómo se construyen los discursos políticos capaces de articular demandas sociales diversas, mientras que el peruano Aníbal Quijano explicó cómo muchas formas de dominación nacidas durante la colonia, continúan presentes bajo nuevas apariencias. Desde esta mirada, la concentración mediática y tecnológica, no puede separarse de las relaciones históricas de dependencia que han marcado a América Latina durante siglos.

También el venezolano Ludovico Silva insistía en que la dominación ideológica no funciona únicamente mediante la fuerza, sino a través de mecanismos culturales que llevan a los pueblos a aceptar como naturales situaciones que en realidad responden a intereses de grupos de poder. Hoy, en la era digital, esta reflexión adquiere una actualidad sorprendente.

Si observamos nuestra región, encontramos ejemplos que ayudan a entender estas dinámicas. En Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, los debates políticos aparecen cada vez más atravesados por campañas digitales, noticias falsas, operaciones mediáticas y una creciente polarización que dificulta el diálogo. Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un fenómeno común, la lucha por controlar el relato público. Por ejemplo…

En Brasil, las redes sociales jugaron un papel determinante en la expansión de discursos radicalizados durante los últimos años. En Argentina, la confrontación mediática se ha convertido en parte cotidiana de la vida política. En México, el debate sobre el papel de los grandes medios y las plataformas digitales continúa siendo un tema central. En Colombia, las redes han sido escenario de fuertes disputas narrativas sobre la paz, la seguridad y los movimientos sociales. Mientras tanto, en Chile, Perú y Ecuador se observa una creciente fragmentación informativa donde amplios sectores de la población reciben versiones completamente distintas de una misma realidad.

En Venezuela, esta situación adquiere características particulares debido al peso simultáneo de las sanciones económicas, la confrontación política interna, la presión mediática internacional y la intensa batalla comunicacional que se desarrolla dentro y fuera de las plataformas digitales. Allí puede observarse con claridad cómo la información se ha convertido en un terreno estratégico de disputa política.

Como diría cualquier persona de nuestro pueblo, ya no se trata solamente de quién tiene el micrófono, sino de quién controla el escenario completo, las luces, el sonido y hasta la entrada al lugar. Esa es quizás una de las transformaciones más profundas de nuestro tiempo.

El sociólogo brasileño Emir Sader ha señalado reiteradamente que las disputas contemporáneas no ocurren únicamente en el terreno económico, sino también en el campo de las ideas. Del mismo modo, el argentino Atilio Borón ha advertido sobre la enorme capacidad de los poderes económicos para moldear percepciones colectivas, a través de sistemas de comunicación altamente concentrados.

Por eso la discusión de fondo no es tecnológica, el problema no son las redes sociales en sí mismas; la cuestión es quién las controla, bajo qué intereses operan y qué consecuencias tienen para la democracia, que una parte tan importante de la conversación pública mundial dependa de corporaciones privadas que no rinden cuentas ante los ciudadanos/as.

Dicho en palabras sencillas, cuando unas pocas empresas pueden influir sobre lo que millones de personas ven, piensan, temen o desean, estamos frente a una concentración de poder que merece ser debatida con la misma seriedad, con la que antes se discutía el poder financiero, militar o industrial.

Tal vez por eso la pregunta sigue siendo tan vigente como incómoda, ¿estamos frente a nuevas formas de autoritarismo adaptadas al siglo XXI o simplemente ante viejos mecanismos de dominación vestidos con ropajes tecnológicos? La respuesta todavía está en construcción, pero lo que parece claro es que los pueblos de América Latina, no pueden darse el lujo de mirar para otro lado mientras esta transformación ocurre delante de sus propios ojos.

Asi mismo, un elemento común en muchos discursos políticos actuales es la construcción de “enemigos”, como los migrantes, feminismos, pueblos indígenas, movimientos sociales, intelectuales críticos, minorías sexuales o políticas, entre otros.

No importa tanto el grupo específico, sino la función, canalizar el malestar social hacia un “culpable externo”; el miedo cumple aquí un papel central, organiza apoyos, simplifica problemas complejos y debilita el análisis de las causas reales. Veamos estas ideas en otros paises y regiones concretas hoy:

En EEUU, diversos análisis han mostrado una fuerte polarización mediática y política, donde parte de los medios contribuye a una narrativa de confrontación constante, esto refuerza la idea de que la política es una batalla permanente más que un espacio de acuerdos.

En Europa, casos como Hungría muestran procesos de concentración mediática y cambios institucionales que varios organismos han descrito como retrocesos democráticos, aunque manteniendo elecciones formales.

En países como Francia y Alemania, el crecimiento de la extrema derecha ha ido acompañado por un aumento del enfoque en inmigración y seguridad, dejando en segundo plano temas como desigualdad o redistribución.

En América Latina, la concentración de medios ha sido históricamente una barrera importante para una democracia más profunda. Grandes grupos empresariales han tenido un rol clave en la formación de opiniones públicas y agendas políticas.

Hoy, además, las sociedades dependen cada vez más de plataformas digitales controladas por empresas globales. Esto crea una nueva forma de dependencia, no solo económica, sino también informativa y conocedora. La disputa por el poder ya no es solo territorial o productiva, sino también sobre la infraestructura de la comunicación.

No es necesario pensar en conspiraciones para entender este escenario, basta observar cómo coinciden ciertos intereses, como, plataformas que ganan dinero con la atención, actores políticos que se benefician de la polarización y estructuras económicas que se reproducen en contextos de desigualdad. El resultado no siempre es planificado, pero sí coherente en sus efectos.

Finalmente, tal vez estemos ante una nueva etapa de la crisis del capitalismo, donde la tecnología amplifica viejas formas de dominación, o tal vez estemos viendo el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que aún no sabemos nombrar.

En cualquier caso, la pregunta sigue abierta, ¿qué tipo de gobernanza es posible cuando la información, la atención y hasta la forma en que percibimos la realidad están mediadas por estructuras muy concentradas de poder económico y tecnológico?

Porque quizá el cambio más profundo no es que alguien nos obligue a pensar de cierta manera, sino algo más sutil, que las condiciones mismas de lo que creemos pensar libremente están siendo moldeadas, día a día, por fuerzas que operan más allá del control de nuestros gobiernos.