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Etiqueta: autoritarismo

La paradójica popularidad de Rodrigo Chaves (Parte 2)

Henry Mora Jiménez

En nuestro anterior artículo en SURCOS Digital (La paradójica popularidad de Rodrigo Chaves. Parte I), arribamos a dos conclusiones. La primera, que la frustración, el hartazgo y el resentimiento con los partidos políticos tradicionales fueron hábilmente usados y manipulados por el chavismo para ganar por abrumadora mayoría la segunda ronda electoral en abril de 2022.

Lo que no es tan sencillo de explicar es cómo el apoyo a Chaves se mantiene en un 50 – 55% dos años y medio después de su elección; en medio de la peor crisis de inseguridad en muchas décadas, de un marcado deterioro de la educación pública (más allá incluso del “apagón educativo”), de una profunda crisis de gestión en la Caja con lamentables consecuencias para los asegurados, de una política explícita de reducción de la inversión social y de escasos logros que mostrar al país en otras áreas (y cuando los hay, son muchas veces herencia de gobiernos anteriores).

Además, Chaves no sólo ha mantenido su popular discurso “anti casta” frente a los partidos políticos tradicionales (a lo Milei), sino que, jugando en el filo de la navaja, también lo ha extendido hacia las instituciones básicas de la democracia liberal costarricense: la Asamblea Legislativa (lo que no es nada difícil), el Poder Judicial (incluida la Fiscalía, la Corte Plena y la Sala IV) y la Contraloría General de la República. Durante este tiempo lo hemos visto convertirse en un pretendido representante antisistema que sin disimulo clama por un poder absoluto para “cambiarlo todo”, incluida la Constitución Política (a lo Bukele); aspirando a unificar los distintos poderes del Estado bajo su égida, es decir, la puerta al autoritarismo.

Una explicación usual para este fenómeno es que Chaves es un populista que ha sabido manipular muy bien a población con cantos de sirena (porque lo hechos no se ven). Pero esta respuesta deberíamos afinarla.

La otra conclusión de nuestro texto anterior es que también Chaves usa y manipula un síndrome social que nos aqueja. Lo llamamos (siguiendo al psicólogo estadounidense L. Festinger) “síndrome de disonancia cognitiva”. ¿En qué consiste?

La disonancia cognitiva (o simplemente desarmonía mental) es un término en psicología que describe la tensión interna, el malestar y el dolor (incluso físico) que una persona siente cuando enfrenta una discrepancia entre sus creencias más arraigadas y sus experiencias reales. En este caso, entre sus simpatías hacia Chaves y la observación de que “las cosas no van tan bien”. Pero lo más importante para tener en cuenta, es cómo usualmente se intenta solucionar esa discrepancia (disonancia) y cómo Chaves sabe alimentar esa salida para mantener popularidad entre la mitad de la población.

Por ejemplo, si alguien cree firmemente en la importancia de cuidar el medio ambiente, pero usa productos que dañan el entorno, esa persona puede experimentar disonancia cognitiva. Esta tensión puede llevar a i) que la persona cambie sus creencias sobre la importancia de proteger el ambiente, ii) que justifique sus acciones con autoengaños, iii) que modifique su comportamiento para hacerlo congruente con sus creencias. El problema es que muy a menudo nos inclinamos por la opción ii), esto es, tendemos a justificar nuestras acciones, al grado de autoengañarnos de manera sistemática.

Y si esa disonancia (desarmonía entre lo que creo y lo que veo) es colectiva, el grupo de seguidores seguramente actuará al unísono reforzando colectivamente la forma elegida de enfrentar la tensión (por la negación o el autoengaño).

Pues bien, para alargar y consolidar su romance con la mitad de los costarricenses (aunque en este grupo hay al menos dos segmentos por diferenciar), el chavismo está intentando que esta mitad de la población auto justifique las disonancias entre, por un lado, el comportamiento estridente del presidente, sus escasos logros, sus pésimos resultados en educación, seguridad y salud, los casos recientes de presunta corrupción y, por otro, sus arraigadas creencias en “la democracia, el trabajo y la paz”.

¿Cómo está logrando Chaves estimular este fenómeno masivo de auto engaño? Muy sencillo: haciendo creer a la población que lo respalda de que él es el mejor presidente en muchos años. En el artículo anterior ya habíamos repasado algunos métodos para lograr este resultado: los males acumulados son de varias décadas, sus intenciones son las mejores, su lucha contra la corrupción y los privilegios es sincera, su valentía es notoria, pero, “no lo están dejando trabajar”. Festinger llama a estos métodos “pensamientos consonantes”. Pero también Chaves recurre constantemente a artilugios como i) trivializar o reducir la importancia de sus incoherencias (en el campo de la corrupción, por ejemplo), ii) ignorar, eliminar o deslegitimar toda información disonante que ponga en entredicho o debilite su gestión y popularidad (“prensa canalla”, “¿cuál es el problema, si se están matando entre ellos?”), iii) hacer de cada visita a las comunidades una “plaza pública”.

Esta forma de actuar del presidente, de su diputada estrella, de sus simpatizantes más “duros” y de su pequeño pero bullicioso ejército de troles se irá acentuando conforme pierdan el protagonismo mediático y, por tanto, el poder de manipular la “agenda “nacional”. El caso de la “póliza para delinquir” parece estar marcando un punto de inflexión.

¿Qué hacer? Poner insistentemente el dedo en la llaga. Por la boca muere el pez

La respuesta a esta pregunta crucial debe partir de diferenciar el núcleo duro de apoyo a Chaves (cerca de un 20% y frente al cual es poco lo que por ahora puede hacerse) y ese 30%-35% de personas que sienten atracción por su estilo grosero y vulgar (seguramente lo ven como “franco”) y confrontativo (seguramente lo ven como “valiente”), y al cual hay que dirigirse prioritariamente, pues ya están empezando a dudar de la bondad de sus políticas y francamente también tienen pocas esperanzas en soluciones prontas. La “tierra prometida” (su nuevo delirio de grandeza al compararse con el Moisés bíblico) se está desvaneciendo con rapidez, como lo demuestra la reacción negativa de la gran mayoría de las intervenciones en redes sobre la “infeliz y nefasta póliza”.

La crítica a Chaves y al chavismo, que no debe cesar y que hay que afinar, debe poseer al menos tres atributos.

  1. i) Debe ser respetuosa con el sector de población que Chaves ha engañado vilmente,
  2. ii) Debe confrontar constantemente sus alardes y sus promesas con la contundente y necia realidad, siempre que esta indique lo contario (no dejar de poner el dedo en la llaga),

iii) No debemos repetir “Chaves dijo …”, sino ponerlo a hablar a él y a su diputada estrella, para acto seguido mostrar la mentira, la incoherencia, la soberbia, la vulgaridad, la desfachatez, etc. (por la boca muere el pez).

Chaves levantó su popularidad con promesas de lucha contra la corrupción, contra la hipocresía, contra la doble moral, contra los privilegios, contra la impunidad, contra el alto costo de la vida, contra la mala administración de los recursos públicos … A favor de la señora de Purral, de los sectores más vulnerables, de una gestión estatal eficiente y transparente ….

No es para nada difícil comparar estas y otras de sus promesas con sus actos y sus acciones de gobierno, y veremos como en la mayoría queda debiendo. Hay que hacerlo una y otra vez, con “malicia indígena” y con inteligencia.

Pero con los sectores más abiertos al diálogo y al veredicto de los hechos, podemos y debemos ir más lejos. Hay que mostrarles que:

– La crisis de la Caja no es sólo impericia, es estrategia. Corresponde a una visión de la salud como “medicina mixta” (a lo Chile), en la cual la empresa privada asume un rol fundamental.

– La crisis en la educación no es sólo impericia, es estrategia. Corresponde a una visión en la cual la educación básica debe ser simple instrucción, la educación superior debe ser autofinanciada en su mayor parte y toda la educación debe estar conforme con el mercado.

– La crisis abierta con los otros poderes del Estado no es impericia, es estrategia. Busca desacreditar al máximo las instituciones democráticas (que ciertamente están debiendo) y aparecer él, nuevamente, como el Moisés de Costa Rica.

– La terrible crisis de inseguridad no es sólo impericia. ¿Es estrategia? Lamentablemente hay algunos indicios en esta dirección.

Sigamos poniendo insistentemente el dedo en la llaga y evitemos las distracciones que tanto favorecen a Chaves (para eso las crea).

Las raíces de los males de hoy

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

¿Para quién trabaja don Rodrigo Chaves?

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Obviamente es el empleado de más alto rango que pagamos todos los costarricenses. Sin embargo, atendiendo a sus principales políticas y acciones pareciera más bien que continúa trabajando para el Banco Mundial, y ahora también para el Fondo Monetario Internacional.

La agenda de este gobierno es la misma que han venido promoviendo e impulsando estos organismos financieros internacionales desde hace cuatro décadas. Es decir, la que plantea la privatización de las instituciones estatales, dedicadas a los negocios más rentables, como energía, agua, educación y salud.

La tan mentada reforma del estado, que en buena lid buscaba ordenar mejor la casa de todos, ahora se ha convertido en una suerte de desmantelamiento de la institucionalidad social, con reducciones presupuestarias significativas, para hacerla aparecer como ineficiente y onerosa, y así justificar su privatización. Una vez más, como en los casos de las constructoras H Solís y MECO, ahora con la contratación de servicios de la Caja a algunas cooperativas, se pone en evidencia que los benditos convenios público-privados son solo una mampara con la que se busca ocultar el propósito real, que es servir a intereses privados; es la relación incestuosa entre lo público y lo privado, donde se ha venido dando una tendencia a favorecer a las grandes empresas privadas.

Y a estas alturas de su gestión gubernamental, no vemos señales de rectificación en ninguna dirección, que nos permitan vislumbrar un avance significativo en aspectos sustantivos como reducción de la pobreza y la desigualdad. Se continúa apostando tercamente ´por las fracasadas políticas fondomonetaristas, que no hacen otra cosa más que endeudar a todos los costarricenses y trasladar los servicios que brinda la institucionalidad social a los grandes negocios privados, encareciéndolos y profundizando, así, el ciclo de la pobreza y la desigualdad.

Bueno, a decir verdad, don Rodrigo no es el único gobernante que ha trabajado para los organismos financieros internacionales, poniéndose el doble sombrero (el brent black y el chonete), sin embargo, lo ha venido haciendo con tal fidelidad a sus mandatos, que nos resulta paradigmático. En este sentido, el gobernante aparece como dócil y condescendiente hacia afuera y arrogante y autoritario hacia adentro. ¿A quién sirve don Rodrigo?

Tenemos un país que merece ser gobernado desde, para y por Costa Rica. Un gobernante con alma de tico, “porque lleva a Costa Rica en las entrañas”, como dice la canción “soy tico” de nuestro insigne cantautor Carlos Guzmán. Y lo merece porque sí hemos tenido gobernantes estadistas patrióticos que hicieron mucho para heredarnos un país con una institucionalidad democrática y social fuerte, con una riqueza ecológica envidiable, con una tradición de paz social también ejemplar, con universidades públicas de alto nivel, con un sistema de salud de los mejores de América, sin ejército, con una red de carreteras que cruzan todo el país, con electrificación de amplia cobertura, con un buen servicio de agua potable, entre tantas otras conquistas.

La patria puede concebirse en un doble sentido, decía nuestro insigne maestro, Omar Dengo, como territorio y como espíritu, y un territorio estéril y un espíritu poseído de odios son cosas que no están destinadas a permanecer. Lamentablemente, el presidente Chaves al servicio de los organismos financieros internacionales y sus esterilizantes políticas economicistas, así como con un discurso polarizador y confrontativo que contribuye a levantar los muros del odio, como bien señala el maestro Dengo, nos está legando una patria sin futuro.

El presidente Chaves llegó al poder aduciendo que se pondría la camiseta para trabajar con alma y corazón por Costa Rica. Pero rápidamente se la quitó para ponerse un traje a la medida de los poderes fácticos económicos y geopolíticos foráneos. No logró calar en el alma costarricense, y gobernar desde y para Costa Rica.

¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército necesario para el clima, que anunció, de inseguridad democrática?

Vladimir de la Cruz

La institución del Ejército de Costa Rica duró hasta el 1 de diciembre de 1948, cuando la Junta de Gobierno, Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer, decidió abolirlo, eliminarlo de nuestra institucionalidad.

Cuando esa decisión se llevó al seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, se aprobó esa abolición como una norma constitucional, que ha hecho que todas las generaciones de niños, de jóvenes, desde 1948 no se vean sometidos a ninguna obligación militar por parte del Estado, o a llamados del gobierno con ese fin de enlistamiento militar, de apuntarse en una lista con obligación de formar parte de la estructura militar, por un período generalmente breve, para recibir a la fuerza un entrenamiento y conocimientos militares básicos.

El no tener ejército nos obliga a no participar en conflictos bélicos, ni ser socios de acciones militares de países. Así quedó confirmado por la Sala Constitucional de la República, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, 2002-2006, decidió poner su firma en las operaciones militares, que Estados Unidos realizó en Irak, como parte de una “aparente” coalición internacional en ese conflicto, que era exclusivo de los Estados Unidos.

En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fortaleciendo esa decisión de 1948, se declaró a Costa Rica como una Democracia desarmada y neutra ante problemas y conflictos militares.

Al calor de la Guerra Fría, y del anticomunismo que se desató en el continente ante la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsaron en Centroamérica el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, en la década de 1960, que reunía a todos los ejércitos de Centroamérica, incorporándose Costa Rica como parte observadora del mismo, haciéndose representar oficialmente en las reuniones del CONDECA por el que fuera Embajador de Costa Rica en Guatemala, donde estaba la sede de esta organización militar, desde 1961 hasta 1979.

Con los cambios operados en el escenario internacional desde 1990 cambiaron también las políticas regionales de seguridad, por el llamado Tratado Marco de Seguridad Democrática, impulsándose especialmente la Declaración Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, en la conformación de lo que también se ha impulsado en esos tres países, reconocidos como El Triángulo Norte de Centroamérica.

El no tener Ejército no eliminó una fuerza policial para salvaguardar las necesidades de seguridad de la población. Desde 1948 se impulsó una Fuerza Pública para mantener el orden. Durante años se entrenó como una fuerza militar, especialmente su oficialidad que era enviada a las academias militares de Estados Unidos en el Canal de Panamá, así como a Alemania, Israel, Corea del Sur, Chile y otros países.

Los grados con los que se organizaba eran de tipo militar, que le fueron eliminados en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, por grados de carácter civil. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994, le fueron restituidos los grados militares a la Fuerza Pública. De nuevo, posteriormente se los volvieron a eliminar.

En el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, se impulsaron políticas, bajo la modalidad de tratados internacionales contra el militarismo, la producción y compra de armas a nivel mundial, en la ONU.

Centroamérica, como resultado de las guerras internas desde la década de 1980 ha sido un escenario de gran tráfico de armas, de compra y venta de armas de guerra. Tráfico ilegal del que Costa Rica no ha escapado. En nuestro territorio se mueven armas con conocimiento oficial y poco control.

La venta de armas es autorizada en Costa Rica. Especialmente de armas que no son de guerra; pero, se están vendiendo armas de guerra. Los grupos asociados al comercio y tráfico de drogas y estupefacientes, las organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional, a vista y paciencia de las autoridades nacionales, están bien armadas con este tipo de armamento militar. Constantemente, esto se evidencia en las noticias que se publican de sus enfrentamientos, en disputas por el control de los territorios de distribución de drogas y de exportación de la cocaína a Europa, así como por el cuido de sus bodegas, consideradas de las más importantes y grandes de la región, comparadas con algunos países suramericanos, por sus dimensiones.

La reorganización que se ha venido haciendo en la Seguridad Pública nacional contribuye al fortalecimiento de estos grupos, de sus negocios de drogas como del manejo de armas que poseen.

La venta de armas de guerra que se hace en el país, por la cual se puede adquirir armamento de guerra, de combate, armas modernas de distintos calibres y calidades ofensivas, las que se pueden traer, como parte de estas ventas, constituye un grave peligro para la seguridad nacional, para la seguridad de las personas y para la seguridad del mismo sistema democrático que tenemos.

La existencia de las policías privadas en el país, en número superior a la Fuerza Pública, hace más peligroso ese arsenal de armas existentes en el país, por la dimensión de pequeños “ejércitos privados” que pueden constituirse de esa manera, algunos de los cuales pueden ser útiles incluso a políticos del actual gobierno como de fuera del gobierno y la institucionalidad.

La existencia de centenares de pistas aéreas “clandestinas” que operan en el país, unas reconocidas y otras no oficialmente, facilitan ese comercio de armas, como de drogas. A veces, la prensa da cuenta de aeronaves abandonadas en algunas de esas pistas.

Desde el punto de vista de la seguridad social cada vez más son atendidos, en las emergencias hospitalarias de la Caja Costarricense del Seguro social, y en hospitales y clínicas privadas, ciudadanos heridos con armas de guerra. Solo el año pasado la atención de estos ciudadanos llegó casi a los 1500, un promedio de cuatro diarios. Por armas de fuego en los nueve meses que llevamos del 2024 han sido atendidas 821 personas. Y del período 2019 al 2024 han sido atendidas 5.652 personas, a un promedio diario, en estos cinco años, de casi 3.3 personas diarias. De acuerdo con el OIJ, los muertos con armas de fuego, de manera dolosa, este año suman 640 personas.

Las armas de guerra que se están empleando, entre otras son AR-15, M 16, AK47. La AR-15 es traída de Estados Unidos, traficada por las organizaciones criminales que la pagan con drogas. De acuerdo con los datos criminológicos del país estamos en la cuarta ola del narcotráfico, con una violencia homicida que tiene un 60% de vinculación con el crimen organizado.

Esta situación obliga a que se deban tomar decisiones más fuertes en el control del comercio lícito de armas. Ese control pasa inexorablemente por prohibir de manera definitiva la traída de cualquier tipo de armas de guerra, y de penalizar severamente a quien las posea.

El ambiente de inseguridad nacional es muy peligroso para la estabilidad democrática del país. Facilita incluso que desde el gobierno se pueda provocar un clima y una situación que conduzca a un estado de excepción, un estado de sitio, a un autogolpe de estado, a una prolongación fáctica del gobierno aduciendo esta situación de inseguridad y de inestabilidad.

El gobierno constantemente contribuye a ella atacando la institucionalidad pública, los poderes del Estado, los organismos e instituciones de control político y administrativo, provocando la pérdida de la fe en los Poderes Legislativo y Judicial, cuestionando, criticando y debilitando los actores críticos de la sociedad costarricense, a los partidos políticos, a los dirigentes políticos nacionales, a los gestores de opinión y a los analistas políticos.

Recientemente, con las detenciones para efectos de investigación judicial, que se ha hecho de directores de la Caja Costarricense del Seguro Social, el gobierno, en pleno, con sus ministros y su fracción de diputados, todos de traje negro, como si asistieran al funeral anunciado de la democracia nacional, en boca del presidente jaguar, que curiosamente no rugió como suele hacerlo, advirtió de que se está a punto de perder la democracia y que de parte del gobierno se requieren, en posibilidad, acciones más fuertes, insinuando justamente el autogolpe de estado, el estado de excepción, las limitaciones de las libertades y derechos ciudadanos. Amenazó incluso de que podría no haber elecciones en el 2026.

Estos últimos días, particularmente de noche, han puesto a funcionar helicópteros, sin insignias del gobierno, pero tampoco intervenidos por las autoridades de seguridad pública, en caso de que fueran privados, a volar bajo, muy bajo, sin luces, casi a nivel de techos en determinadas comunidades, en Montes de Oca, en Escazú, en Santa Ana, dando vueltas a todo ruido de motores, llamando la atención y provocando preocupación de los ciudadanos en sus casas, como si fueran operativos policiales o de seguridad, en persecución o de acciones policiales en desarrollo.

Ante la protesta, preocupación y consulta de ciudadanos se ha dicho que han sido “acciones de entrenamiento para condiciones del mal clima”. ¿Cuándo, en Costa Rica, se han hecho ese tipo operaciones y maniobras policiales, que parecen más de ejército en condiciones de represión y de golpes de estado, aduciendo prácticas de entrenamiento? ¿Ni siquiera las hacen de día? ¿Por qué asustan y preocupan a la población con esos desplantes? ¿O, es que están preparando a la gente para el ambiente de zozobra, de inquietud o de amenaza, y de represión o de autogolpe institucional de estado, que se quiere imponer por la forma autoritaria de ejercer el Gobierno de la República? ¿Quién dio la orden de esos “ejercicios” nocturnos de los helicópteros, que no parecían ser del gobierno, todos negros, sin identificación alguna? ¿Tendrá el presidente un grupo altamente especializado en este tipo de operativos, como el que tiene a su servicio de manera directa, para su seguridad presidencial, que parece más para su seguridad personal, que solo a él le reporta?

¿A cuál “mal clima” se han referido las autoridades que han justificado esos vuelos rasantes de helicópteros, justamente la noche de la detención de los directores de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Al clima político que están viviendo quienes están siendo sometidos a investigación judicial en el Gobierno? ¿O eran vuelos de apoyo moral para los detenidos esa noche?

Justamente, ese día y esa noche fatídica para el gobierno, como lo reconoció el jaguar principal, también coincidieron acciones amenazantes de tipo terrorista contra el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y contra el Presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército?

Los desplantes militaristas de los vuelos rasantes y los desplantes militaristas de las caravanas presidenciales matutinas hacia Zapote apuntan en muy mala dirección política nacional.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Presidente Rodrigo Chaves R: “Ya nos dio el Circo, nos debe el Pan”

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El gobierno del Presidente Chaves Robles, que preside desde el 8 de mayo del año 2022, se ha destacado por cumplir plenamente con el manual del político tradicional, vasallo de los intereses del gran capital y los grupos de poder foráneos; dicho manual contiene la “carta de intenciones” que dictan desde la urbe de Washington, los organismos financieros internacionales, el Foro de Davos y, las oligarquías nacionales, enfrentadas por ver quién se lleva la mayor parte de nuestras instituciones públicas productivas y del Estado.

En los gobiernos vasallos, como el actual, juega un papel central el método propagandístico, como el utilizado la casa del Zapote, vociferar, distraer, atacar personalmente a la persona que lo alude en alguna acción o falla cometida por él; con el desmedido autoritarismo, actitudes patriarcales, vocabulario de muy bajo nivel. Agregamos a lo anterior el estilo para generar odio, dividir al pueblo; además de mentir y, como cierre del espectáculo, atacar sin piedad la institucionalidad del país, desde la Asamblea, Legislativa, la Contraloría General, al Poder Judicial…

En fin, todas las consignas del Consenso de Washington, completan el cuadro del Ejecutivo, ahora viene el show, los miércoles de cada semana, luego del consejo de Gobierno, el señor presidente, inicia un espectáculo propio del circo romano, ya hasta “un jaguar” aparece en la “arena” de las leyes. “Dispara” de forma atropellada, con burla, mala intención, criterios sin sentido ni coherencia, diatribas distractoras que tocan las conciencias de la población más humilde, necesitada, hambrienta, desocupada y la coloca en la acera contraria a la clase trabajadora y al sector público, para a renglón seguido señalarlo como el culpable de todos sus males.

Completa el circo un grupo de prensa afín a sus propósitos, que cada semana pone “la alfombra roja” del amarillismo más vergonzoso, en favor del circo presidencial de Zapote y algunos bufones que se prestan a todo.

Resulta que en el circo romano se acuña una expresión panem et circenses,(pan y espectáculos del circo), originada en la Sátira X del poeta Latino Juvenal, (circa 100.A.D), que en el fondo trata de recuperar el derecho a participación política del pueblo; sin embargo, este circo presidencial, no busca eso, es más, nos debe el pan, dado que, cada vez más reduce las posibilidades del pueblo para tener una vida digna, mediante la congelación de salarios, desocupación, incremento de precios de la canasta básica, desmantelamiento del Estado Social, de la instituciones públicas que protegen la seguridad social, reduce las posibilidades de la educación, de la seguridad ciudadana, en síntesis, el señor don Rodrigo Chaves, terminará su gobierno con su misión cumplida: dejar un pueblo sin pan, sin instituciones públicas productivas, sin Estado.

Es una tarea de toda la población costarricense, exigir el pan, la paz, la democracia, y luchar por la defensa del Estado Social de Derecho y de sus instituciones públicas.

Grupos estudiantiles paralelogramos IV autoritarismo y dictadura

Alberto Salom  Echeverría

Continuación del relato.

Los jóvenes amigos salieron de la sala de teatro, verdaderamente impresionados con el soliloquio que acababan de presenciar. El impacto fue aun más grande porque la obra fue presentada en una sala considerada secundaria, es decir donde por lo general se presentan obras que carecen de reputación. Pero ya en las afueras del teatro, alguien que parecía bien informado, explicaba que ese teatro estaba cobrando significación, porque se caracterizaba por presentar casualmente, obras poco conocidas, pero de calidad, según la crítica.

Pocos minutos después llegó la “vanette” a recogerlos, con la puntualidad que distinguía al chofer.

– Gerardo dijo: vamos a tomar y comer algo, para comentar entre nosotros la obra que acabamos de ver, que para mí fue una verdadera sorpresa. Bendita la confusión de Lucrecia, gracias a la cual nos topamos, de pura casualidad con esta “joyita”.

– Inmediatamente intervino Margarita para sugerir que fueran a “Carmine´s Midtown”, un establecimiento no muy grande, estilo familiar, ubicado en el centro de “Time Square” en 44 Street, entre 7th y 8 th avenue, que ofrece una gastronomía Ítalo estadounidense del sur de Italia. Por supuesto que el primero en bendecir también esta sugerencia fue Gerardo Luján Donodelli, por su afinidad con el sur italiano de donde proviene su familia por el lado materno, como ya se sabe. Los demás aceptaron la sugerencia.

Por dicha llegaron a tiempo, porque el único inconveniente es que el restaurante cierra sus puertas a las 9:45 pm. Los jóvenes entraron antes de las 9;00 pm. Encontraron un “ambientazo” familiar, acorde con la propaganda del lugar que reza: “¡Aquí todos los días parecen un domingo por la tarde en casa de la abuela!”.

Una vez sentados a la mesa, fueron atendidos con la cordialidad y eficiencia que se anuncia en el menú. Los amigos decidieron compartir el plato que se les ofreció para cinco personas, basado en unas tablas de antipasto casero y, después ordenaron pasta y mariscos, con buen vino italiano, sin que faltara un postre “hecho en casa”.

– El primero en incursionar en el tema de la obra fue Leonel Bajamonte Fernández. A mí el monólogo me encantó -dijo-, la actuación fue impecable, sin que se hubiese producido un solo error, al menos que yo me hubiera dado cuenta. El soliloquio tenía algunos arreglos interesantes, como por ejemplo la presencia de un “narrador”, que lejos de incomodar fue adicionando algunos comentarios que ayudaron a que pudiésemos penetrar en la psicología del personaje de una manera más profunda.

– Es cierto -repuso Lucrecia- A mí eso me encantó. Shakespeare usa ese recurso, por ejemplo, en Hamlet, no sería nada raro que el autor fuera un estudioso de la obra “shakesperiana”. Me acuerdo ahora -agregó haciendo un derroche de conocimiento de la obra del gran escritor inglés- de la introducción que hace el autor en el Acto 5, escena 1, sobre Enrique IV; esa narración, por cierto, ayuda mucho a entender el contexto en el que se desarrolla la obra, en el que Enrique IV debió enfrentar una sedición organizada por nobles liderados por Northumberland y su hijo Percy.

– Híjole -dijo Leonel- qué conocimiento Lucre. -Pero esta vez el elogio no tenía, ni por asomo, un tono jocoso, como el que se le atribuye a Leonel en otras ocasiones. –

– Margarita, después de manifestar su complacencia con lo expresado por Lucrecia, aportó lo suyo, razonando que la argumentación del soliloquio es profunda, denotando la complejidad que entraña el concepto de dictadura. No es sencillo, puesto que de una democracia puede brotar una dictadura, aunque suene paradójico. Y no solo -repuso- porque como es obvio, de una asonada contra un presidente electo democráticamente puede surgir una dictadura, sino porque como lo expresó el oficial, -según lo entendí- en el alma y en la mente de un presidente de un régimen democrático, puede anidarse un dictador.

En la mesa contigua a la de nuestros veraniegos amigos, se encontraban dos parejas que habían llegado al restaurante “Carmine” apenas un momento antes que ellos. Como las mesas estaban tan juntas, fue imposible que, aun sin proponérselo, no se escuchara parte de la conversación de las otras personas.

Una de las parejas está conformada por, hombre y mujer, los dos abogados y españoles; la otra estaba compuesta por una pareja de afrodescendientes; el varón es un intelectual y la mujer una profesora de canto, son españoles también, pero estos últimos residen en New York.

-El intelectual acerca la silla hacia la mesa de los estudiantes y educadamente les dice: – disculpas por interferir en tan interesante intercambio. De pura casualidad nosotros venimos de ver la misma obra, igualmente bien impresionados. Parece que se trata de un elenco de actores jóvenes la mayoría de ellos, que se lanzaron “al ruedo” como se dice coloquialmente, para abrirse camino. Nosotros hemos visto un par más de obras de este mismo elenco, y nos han gustado sobremanera. ¿Les interesa que les externe mi opinión? -interrogó el intelectual. –

– A mí sí por supuesto, -dijo Margarita. – Todos los demás se fueron pronunciando a favor e interesados en escuchar la opinión del intelectual, aun sin saber que lo era. Lo primero que hizo fue presentarse ante los jóvenes y, cuando habló de sus calidades, el hombre de una mediana edad, resultó ser un economista y a la vez filósofo con doctorado en ambos campos; de Oxford University se especializó en economía y de la Sorbona de París, obtuvo el doctorado en filosofía. El interés de los estudiantes se avivó más todavía, al darse cuenta de que estaban en presencia de un gran profesional.

– En mi opinión -dijo el intelectual- en el monólogo que vimos hoy, está concernido un tema que tiene que ver, en primer lugar, con la concepción del autoritarismo frente al de dictadura, en segundo término. La conjugación de ambos temas -me parece entender, dijo- que tiene relevancia por encima del sujeto que está como omnipresente en toda la obra y que, aparentemente es un gobernante, democráticamente electo, pero que aspira a ser un dictador. El primero me parece un tema de mucha actualidad y relevancia en todo el mundo y, es por lo consiguiente de un ámbito general o mundial. El otro, sin quitarle mérito, considero que es un tópico más circunstancial, y que tiene vigencia, por lo tanto, solo en algunas partes; es por ende de alcance local o a lo sumo regional.

Parto de la convicción de que el autoritarismo, es una forma de ejercer la autoridad, cuando se han agotado todas las posibilidades de persuadir a la gente por medio de mecanismos legales y echando mano de la vía del consenso democráticamente forjado. Cuando la forma autoritaria de imponer el poder se hace rutinaria, se abre el camino a la represión y a un ejercicio del poder, que bien puede desembocar en una dictadura, aunque no siempre ocurre así. Como se ve, el autoritarismo puede expresarse también en gobiernos de sociedades democráticas; en este caso, se excluyen las vías de participación ciudadana. Entonces, el orden social democrático, tiende a deteriorarse. Normalmente se quebranta el principio del equilibrio de poderes, tal como lo propuso Montesquieu. De allí se sigue que, en tales circunstancias, se debilitan los mecanismos de control que posee toda democracia y el gobernante autoritario busca la senda de la manipulación de las masas. Como dijera el eminente politólogo italiano Giovanni Sartori, el autoritarismo es un enemigo de la libertad, antes que de la misma democracia.

-Entonces -interroga Leonel Bajamonte, concediéndole al intelectual, ya en este momento, plena autoridad en la materia- si el autoritarismo constituye un mecanismo de ejercicio del poder que está presente, o puede estarlo en todas las diferentes formas de gobierno que conocemos, sean estas democráticas, tiránicas, oligárquicas o totalitarias ¿cuál es su especificidad?

-El intelectual contesta- En mi opinión -dijo acentuando su deseo de conversar y no aparecer como sentando cátedra- El autoritarismo es, como acabo de expresarlo, un mecanismo de imposición de la autoridad que, en democracia se hace presente, cuando languidecen o se relajan las reglas mismas de la democracia: división de poderes, control político eficaz, uso efectivo de mecanismos de descentralización hacia órganos de poder local bien constituidos, representativos del interés popular y que tiendan a garantizar el bien común. Por otra parte, históricamente es menos frecuente que los mecanismos autoritarios tengan lugar y se asienten con solidez, cuando operan correctamente las reglas de una democracia electiva, competida, que goce de transparencia e independencia plena de un tribunal electoral.

En cambio, -continuó el intelectual- en las formas dictatoriales y despóticas de gobierno, totalitarias o no, el autoritarismo en el ejercicio del poder es una constante. El poder totalitario implica, la desaparición rotunda de los mecanismos de control sobre el poder ejecutivo, se desvanece la división de poderes, la libertad de expresión queda sujeta al control arbitrario del ejecutivo, desaparecen las elecciones competidas y transparentes, bajo el control de un tribunal electoral independiente y por último, se expeditan las formas de manipulación del pueblo por parte de un poder central, generalmente muy concentrado en una cúpula de élites políticas reducida. El otro asunto que altera de una manera drástica los mecanismos democráticos es el poder del dinero que, siempre se inmiscuye en las elecciones…y las altera ¡de qué manera! -martilló el intelectual. –

– Bueno -expresa Margarita- estoy bastante de acuerdo con su pensamiento expresado hasta ahora; qué dicha que se le ocurrió abordarnos esta noche. Yo tengo, sin embargo, una interrogante que, me sorprende que no la haya mencionado hasta ahora, es el tema de la democracia y el mercado, dicho de otra forma, la dictadura y el mercado, o, sin querer jugar con las palabras, usted comprenderá, la dictadura del mercado.

– A sí -repuso el intelectual- lo había dejado para el postre que suele ser lo que mejor se saborea. Jaja -se apoyó en una risa.

Quedó en el ambiente la duda entre sus contertulios, de si en realidad había dejado el tema para postre, como dijo el intelectual, o se le había escapado mencionarlo, cosa grave por tratarse de semejante temática.

– En realidad, este no es un tema menor y nos ha cogido un poco tarde para abordarlo como se debe, cuando ya casi cierran el establecimiento. El análisis del mercado y el poder político hace la diferencia entre el tratamiento de este espinoso asunto del poder, desde una perspectiva puramente formal y positivista, y un examen más profundo y real desde una perspectiva materialista dialéctica e histórica. El mercado -prosiguió el intelectual- remite inmediatamente a un contexto histórico, el de la sociedad capitalista. Es en este modo de producción donde el mercado ha demostrado funcionar a plenitud. Es también donde casi sin excepción, el mercado dejado “de la mano de dios”, deviene en un caos que produce una gigantesca riqueza y capacidad de innovación, pero al servicio de la producción y, como esta no es nunca igualitaria, provoca una enorme centralización y además una concentración de los capitales. Aquí se encuentra el meollo de la desigualdad social que afecta hoy, como nunca, a todas las sociedades donde el mercado está presente sin control; desde los países más desarrollados, hasta los subdesarrollados. En los primeros, con mucho mayor razón, porque estamos presenciando en ellos a plenitud, el fenómeno al que se refirió Marx en El Capital, en el segundo tomo me parece, de la acumulación ampliada. Imaginémonos con la aparición de la “Inteligencia Artificial”, cómo se está potenciado el desarrollo tecnológico puesto al servicio de la producción. Podemos entender ahora, de qué forma se ven afectadas las relaciones de poder en una sociedad, con semejante concentración de los capitales. Claro que, esto no es todo, dejarlo ahí nos llevaría a un examen muy esquemático. En realidad, en cada sociedad, es decir, en cada formación económico social, no existe solo un capital o grupo de capitalistas, pueden existir muchos que tienen contradicciones sociales, económicas y políticas entre sí, así como con otros sectores de desarrollo medio y desde luego con los pobres del campo y la ciudad. Marx denominaba a estos sectores, fracciones sociales. Finalmente, hay que tener en cuenta el tema de la cultura en una sociedad, de las tradiciones históricas, de las ideologías que perviven en ella, especialmente de la ideología dominante, y del desarrollo de las instituciones y de la legalidad. Los pensadores originales del materialismo histórico y dialéctico llamaban a esto la “superestructura ideológico-política”. Las relaciones entre esta “superestructura” y la base material, es decir de las relaciones económicas, es compleja. Pero digo por ahora solo que tiende a preponderar la base material.

-Señores, disculpen la molestia, pero ya vamos a cerrar -dijo uno de los saloneros-

-Por supuesto. -expresó Margarita- Más bien, muchas gracias porque sabemos que traspasamos la hora a la que ustedes suelen cerrar.

Los jóvenes estaban conturbados, algunos sintiéndose obviamente implicados entre los grupos de la clase dominante. Pero al mismo tiempo muy interesados. Desde luego, a ninguno se le ocurrió, ni por asomo, entrar a contradecir al intelectual; no porque fuese irrebatible, sino porque les faltaban herramientas, o carecían de argumentos para debatir con él. Entre ellos y el intelectual, al final se repartieron el contacto y se despidieron con cortesía. Fue una iniciativa de los estudiantes que quedaron plagados de inquietudes.

Pagaron sus respectivas cuentas y se marcharon.

Este relato continuará…

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El gobierno del engaño: vendiendo el país y sembrando odio

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez Núñez.

A menos de dos años para que concluya su mandato, el gobierno de Rodrigo Chaves sigue demostrando su completa incapacidad para gobernar de manera efectiva. En lugar de liderar con responsabilidad y visión, ha optado por continuar en una campaña de odio y división sin precedentes en la historia reciente del país. Bajo la excusa de «trabajar por los pobres», lo único que está haciendo es preparar el terreno para vender las joyas de la corona del Estado, creando un ambiente de crisis que justifique estas transacciones.

Para empezar, hay que dejar claro que este gobierno es un gobierno neoliberal más, solo que más radical, similar a muchos otros de las últimas décadas que han contribuido a la descomposición social que enfrentamos hoy en día. Sin embargo, lo que lo diferencia no es su ideología, sino su odio, su autoritarismo y su incapacidad para comprender y respetar las reglas de la institucionalidad que dicta nuestra Constitución.

Los Hechos Hablan por Sí Mismos

La venta del Banco de Costa Rica es un claro ejemplo de las promesas y compromisos creados durante la campaña con financistas privados. Este gobierno está dispuesto a sacrificar un activo estratégico del país para cumplir con sus padrinos políticos, sin importarle el impacto que esto pueda tener en la estabilidad financiera y social de Costa Rica. ¿Saben qué costarricenses? Esta idea no les beneficia a ustedes en absoluto, abran los ojos.

Otro proyecto emblemático de esta administración es la reforma laboral que propone jornadas de trabajo de 4 días a 12 horas. Este esquema no busca mejorar las condiciones laborales, sino exprimir al trabajador, obligándolo a buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. Es una traición a la clase trabajadora y un retroceso en los derechos laborales conquistados durante décadas. En el mundo de hoy más bien, lo que están haciendo los países desarrollados es reducir la jornada laboral.

El mal llamado proyecto de «armonización energética» es otro engaño más. Lejos de buscar una verdadera armonización, lo que pretende es abrir el mercado eléctrico para beneficiar a grandes productores y consumidores, debilitando al ICE y poniendo la infraestructura pública que ha sido un pilar del desarrollo del país y desarrollada por esta institución y el dinero de todos, al servicio de grandes empresas. ¡Qué bonito, montarse en la patineta de los otros cuando a mí no me ha costado comprarla! Este proyecto es defendido por aquellos a quienes el propio presidente acusa de frenar el progreso del país en la asamblea, en una contradicción que deja al descubierto su falta de coherencia y liderazgo.

Lo que es cierto, es que para entrar al negocio de la electricidad hay que tener mucha plata, y ningún mortal, como la señora de Purral, va a poder entrar en el mismo, que, además, según el viceministro de energía, el señor Ronny Rodríguez, el negocio de la energía en Costa Rica es de 5 mil millones de dólares por año. ¿Ahora si entienden por qué la insistencia por “armonizar” el sistema eléctrico? Lo último que les interesa es garantizar un precio bajo de la electricidad a la señora de Purral.

A estas alturas, las promesas de bajar el costo de la vida y los medicamentos han quedado en el olvido. Los precios siguen subiendo y la vida es cada vez más cara para los costarricenses. Y no es por culpa de los diputados, como este gobierno pretende hacer creer, sino por la falta de una política económica coherente y eficaz. Pero para eso se necesita un gobierno de verdad, lo olvidé por un momento.

Además, este gobierno ha mostrado su desprecio por la protección del medio ambiente, al defender a empresarios que buscan destruir la riqueza natural que sustenta la economía en zonas como Manzanillo. También ha reducido la entrega de bonos de vivienda y bienes sociales a los más necesitados, evidenciando su falta de compromiso con la justicia social. En el mes de marzo de 2024 la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, ex diputada del Partido Liberación Nacional, dicho sea de paso, admitió que el gobierno recortó 110.000 becas del programa Avancemos a escolares y colegiales, lo que representa un 28% menos con respecto a las asignadas en el año 2022. ¿Y entonces?

En salud, las listas de espera de la CCSS siguen creciendo, mientras que se promueve la terciarización de servicios, lo que abre la puerta a la privatización de la seguridad social, un derecho que debería ser universal y garantizado por el Estado. Nuestro modelo de seguridad social, con todo y sus detalles a mejorar, es ejemplar en el mundo entero y se asemeja a los modelos de países de primer mundo, pero para los ojos de este gobierno y sus amigos, que no es la señora de Purral, este es un gran negocio que debe explotarse, igual que el de la luz.

En educación, el gobierno ha optado por recortar el presupuesto de la educación pública, utilizando los mismos argumentos de crisis fiscal que han sido el pretexto para desmantelar el Estado en otros países. Esta medida no solo afecta a las futuras generaciones, sino que socava uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional y busca una vez más, fomentar la privatización en este sector estratégico, para que quienes tengan dinero se puedan pagar una educación de calidad y quienes no, queden o sin educación o con una educación pública deficitaria y desfinanciada. ¿Esa es la visión de un estadista con una ruta clara? La educación pública tiene que mejorarse para que esté al mismo nivel o superior a la privada, para que siga siendo esa escalera de movilidad social que ha sido hasta el momento, y que nos ha hecho un país alfabetizado con más y mejores oportunidades históricamente que el resto de la región.

La concesión del puerto de Caldera, otorgada a inversionistas afines a la campaña electoral de Rodrigo Chaves, es otro ejemplo de cómo este gobierno privilegia los intereses privados por encima del bienestar público. Las mejoras necesarias para este puerto estratégico han sido ignoradas, en una clara muestra de la falta de visión y planificación a largo plazo. Cito textualmente del Semanario Universidad la prueba de lo que digo: “No nos habían dado pelota, pero ahora sí nos dan pelota, ahora que las cámaras empresariales presionaron bastante”, dijo el empresario José Pablo Chaves Zamora, accionista de la empresa concesionaria de puerto Caldera sobre la decisión del presidente Rodrigo Chaves de negociar de manera directa la ampliación del contrato hasta el 2031”.

Finalmente, la exclusión de China de la subasta de tecnología 5G por temor a Estados Unidos es una muestra clara de la sumisión de este gobierno a intereses extranjeros, dejando de lado los beneficios que esta verdadera competencia podría traer al país.

El Juego Sucio del Gobierno

Rodrigo Chaves y su círculo cercano, especialmente su guía desde el poder legislativo, están llevando deliberadamente al país hacia una polarización tóxica sin precedentes. En lugar de gobernar para todos, están fomentando un ambiente de sectarismo y violencia, similar al de las barras bravas en los estadios de fútbol, que por algo muchas veces ni las dejan entrar a los estadios. Están creando una base de apoyo fanática y radicalizada, dispuesta a actuar con violencia e intolerancia cuando las cosas no salen como ellos quieren.

Esto no es progreso, todo lo contrario. Un gobierno que recurre a la manipulación y al engaño para culpar a los demás de sus propios fracasos no merece la confianza del pueblo. La incapacidad de este gobierno para gobernar con dignidad y juego limpio es evidente, y su legado será recordado como uno de los más destructivos y divisivos en la historia de Costa Rica.

Es momento de que el pueblo despierte y se dé cuenta de que el verdadero enemigo no está en la oposición ni en las instituciones, sino en quienes, desde el poder, buscan vender el país al mejor postor mientras siembran odio y división. La historia no perdonará a quienes, por su incompetencia y mezquindad, estén dispuestos a destruir lo que incluso con sangre, nos ha costado construir y tener.

Corrupción e impunidad

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.

         La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.

         Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.

         La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.

         Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.

         Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.

         El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.

         Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.

         Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.

         El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.

Frente a la crisis política que vive el pueblo venezolano – Frente Amplio

El Frente Amplio hace un llamado a que se respete ante todo la soberanía y voluntad popular expresada en las urnas, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, nos sumamos al llamado realizado por los gobiernos progresistas de México, Brasil y Colombia, para que las autoridades electorales venezolanas de forma expedita y en apego a los tiempos reglamentados, publiquen las actas electorales por cada mesa de votación.

Rechazamos la violencia en todas sus expresiones y formas como vía para salir del conflicto político, y llamamos a la búsqueda de una salida institucional, democrática y pacífica, que respete la vida y la integridad de todo el pueblo venezolano.

Reafirmamos la defensa de la democracia y el rechazo a todo tipo de autoritarismo, de cualquier expresión ideológica, ya que es la vía democrática la que históricamente ha permitido los mayores avances en las condiciones de vida de los pueblos de la región.