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Etiqueta: autoritarismo

“Ya tomamos el Ejecutivo y el Legislativo, ahora vamos por el Poder Judicial”

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Por si alguien tenía dudas, el presidente Chaves lo dijo con claridad: “ya tenemos el poder ejecutivo y el legislativo nos falta el Poder Judicial”.

Lo dijo ante uno de los sectores más reaccionarios del país, el grupo de pastores evangélicos. Chaves quiere controlar todos los poderes del Estado para impulsar sus políticas autoritarias.

El autoritarismo de extrema derecha se llama en Costa Rica Rodriguismo, que es el calificativo que le han puesto sus propios seguidores.

El autoritarismo rodriguista quiere controlar y dominar los tres poderes de manera absoluta, es decir, sin minorías que estorben sus políticas.

Tampoco esconden sus propósitos políticos de crear un régimen que imponga limitaciones e incluso suspensión de las libertades públicas en los lugares que consideren necesario, limitar al máximo las garantías judiciales, restringir la libertad condicional, así como las medidas cautelares o provisionales, perseguir a los disidentes; realizar contrataciones sin licitaciones, imponer las jornadas de 12 horas y brincarse cualquier prohibición o respeto por los derechos ambientales, restringir cada vez más los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, para citar solo algunas restricciones.

Lo que parecía un imposible hace 10 años es una realidad actualmente. Estamos en presencia real de que en Costa Rica se imponga un régimen parecido al de Bukele en El Salvador, con características nacionales, aunque esencialmente igual.

Pero como se refleja del resultado de las pasadas elecciones, la mayoría de costarricenses rechaza este proyecto. El rodriguismo solo obtuvo cerca de un tercio de los votos del padrón electoral.

Sin embargo, la iniciativa política la tiene el llamado rodriguismo.

Muchos ciudadanos tienen miedo de opinar y de actuar por temor a represalias laborales o de ataques personales. El reciente caso de la jueza de ejecución de la pena lo evidencia.

Muchos ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el país están temerosos, paralizados, ya sea por el miedo o por cálculo, sin comprender que el autoritarismo rodriguista no se detiene ni tiene consideración por nadie. Chaves solo acepta la incondicionalidad absoluta, en el instante en que haya algún signo de criticidad, será convertido en mafioso, rata, chicharronero, estúpido y sometido al escarnio incluyendo a su familia. Este es el único sistema que acepta Chaves, el silencio, la abyección, la ignominia, la humillación, el vasallaje. Hemos tenido 4 años de ello por lo que no es invento.

Desgraciadamente muchos de sus seguidores han confundido mentira, ofensa o calumnia, malacrianza, con verdad y valentía. Piensan que eso es lo correcto, aunque no reparan en que el autoritarismo no es bienestar popular sino beneficios para unos pocos.

Ante esta guerra que está claramente anunciada para someter a todas las instituciones al capricho o órdenes de un señor, los sectores más conscientes política y socialmente tendrían que forjar un frente común contra el autoritarismo rodriguista.

Ese frente común deberá iniciar en la Asamblea Legislativa donde desde ahora se avizoran actuaciones contrarias al reglamento y las leyes. El PLN, el FA, la Unidad y el CAC, deberían firmar un compromiso claro contra el autoritarismo, un escudo contra los cantos de sirena de la unidad nacional que es el camuflaje para engañar a muchos. En los primeros meses la presión del Ejecutivo, de los diputados oficialistas y de grupos civiles, será descomunal.

Por ello solo un compromiso claro podrá asegurar la unidad, el rechazo a las tesis autoritarias y la aprobación de proyectos para el bienestar de la gente.

Ese frente debería tener como complemento, a las organizaciones sociales, los sindicatos, estudiantes, campesinos, comunales, ya que serán los que sufrirán el golpe a sus condiciones de vida. Frente al autoritarismo, la lucha y la defensa de los interese del pueblo, la Caja, los seguros, los aumentos de salario, la educación pública, las garantías para el productor agrícola, la defensa del medio y los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual.

Un frente común que incluya a todos los ciudadanos que están en contra del autoritarismo rodriguista.

Parece ser esta es la tarea política más importante en este momento histórico.

No basta con resistir al chavismo, hay que pasar a la ofensiva.

El pulso continental y nuestra última trinchera: el progresismo democrático

Entre Verdades y Opiniones

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Hoy, al mirar el mapa de nuestra América Latina, la historia nos vuelve a contar esa película de tensiones y encrucijadas que tan bien conocemos. De un lado, el progresismo democrático que intenta sostener la dignidad de las mayorías; del otro, un populismo de derecha radical que no propone reparar la casa, sino prenderle fuego.

La coincidencia en el poder de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia y el reciente triunfo de Yamandú Orsi con el Frente Amplio en Uruguay, no es un mero accidente electoral. Representa la urgencia de rescatar la soberanía frente a un norte que, con el retorno de Donald Trump, viene desempolvando su vieja Doctrina Monroe e inyectándola de esteroides.

La batalla de los relatos y el avance neofascista

El proyecto progresista coexiste con un avance innegable del neoconservadurismo y el “plutopopulismo”. Vemos con estupor el retroceso en Argentina, donde Milei, bajo la falsa bandera de la “libertad”, desmantela el Estado para entregárselo a los mercados y precarizar la vida de la base social que paradójicamente lo apoya. En Chile, el fantasma de Pinochet renace con el triunfo de Kast y sigue amenazando con regresarnos a las horas más oscuras del autoritarismo corporativo. Y en Ecuador, la crisis de seguridad es rehén de una pugna entre un correísmo polarizante y el fenómeno de Noboa, que insiste en la vieja receta del hiper-liberalismo de élites.

México y Colombia: los faros y sus deudas

En medio de este torbellino, México y Colombia son nuestros campos de prueba más esperanzadores y desafiantes. El fenómeno de Morena —hoy liderado por Sheinbaum— demostró que es posible desplazar a la élite corrupta del PRI, el PAN y sus partidos satélites, partidos tradicionales que cavaron su propia tumba al desconectarse por completo del pueblo mexicano. Los emporios televisivos y corporativos, rabiosos por perder sus privilegios históricos, se apresuran a colgarles la etiqueta de “populistas”, que se cae solo con ver la seriedad, simpleza, diplomacia y uso de la técnica y ciencias sociales, contra los discursos violentos y efectistas de sus críticos.

Sin embargo, Morena tiene una deuda de sangre pendiente: el narcotráfico. El control territorial y la pacificación del país son el monstruo que deben someter si quieren que el proyecto social sobreviva, reconociendo un buen inicio con la operación de alto impacto en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la misma línea, desde el sur miramos a Colombia cruzando los dedos para que las reformas estructurales de Petro —salud, pensiones y el anhelo de la Paz Total— no mueran asfixiadas por el boicot sistemático de una oligarquía que se resiste a ceder un centímetro de poder.

Entre la incógnita, la traición y la dignidad diplomática

Para que la socialdemocracia tenga autoridad moral, debe hablar con honestidad de sus propias heridas. El caso de Cuba sigue siendo la gran incógnita. Sí, existen deudas innegables en derechos humanos y apertura, pero ¿cómo juzgar de manera justa a una isla que lleva más de seis décadas siendo asfixiada por un bloqueo estadounidense salvaje e inhumano? El imperio le extirpó a Cuba la posibilidad de ser lo que pudo haber sido sin esa asfixia constante, para bien o para mal.

Muy distinto y doloroso es el caso de Nicaragua y Venezuela. Allí no hay bloqueo que justifique que sátrapas corruptos como Daniel Ortega y Nicolás Maduro hayan traicionado a sus pueblos. Se atrincheraron en regímenes autocráticos, convirtiendo el poder en un fin en sí mismo y manchando de sangre cualquier ideal legítimo de justicia social que alguna vez prometieron defender.

Sin embargo, aquí hay que trazar una línea roja inflexible: ni la tragedia del autoritarismo en Nicaragua o Venezuela, ni el complejo panorama cubano, excusan o legitiman bajo ninguna circunstancia las amenazas de Donald Trump de emprender acciones ilegales, militares claramente colonialistas ante el Derecho Internacional. Cualquier maniobra que pretenda saltarse las vías estrictamente políticas y diplomáticas es inaceptable.

Es precisamente en este punto donde brilla el progresismo democrático. Frente a los arrebatos imperialistas de Trump, son Lula, Sheinbaum y Petro quienes nos ofrecen un verdadero manual de dignidad republicana. Han sabido negociar y plantársele a Washington con diplomacia de Estado, exigiendo respeto sin subordinarse, y recordándole al norte que América Latina, parte de un Sur Global ya revelado, no es su patio trasero, sino una región soberana.

El llamado a nuestra propia trinchera: Costa Rica

Todo este ajedrez continental nos devuelve a nuestra propia casa, a la Costa Rica donde también nos intentan vender la idea de que nuestro Estado Social de Derecho fue una farsa y que nuestra democracia es desechable frente a la promesa de la “mano dura”.

Hoy, la responsabilidad de detener este desmantelamiento institucional recae en la oposición progresista y socialdemócrata, concentrada principalmente en el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA). Como última esperanza y línea de defensa de nuestra democracia centenaria, tienen un mandato ciudadano claro: es el momento de la madurez.

El FA debe superar el purismo ideológico y ese sectarismo que le impide construir mayorías, y el PLN debe reconectar urgentemente con sus raíces sociales, alejándose de una vez por todas de las cúpulas neoliberales. Si no logran encontrar puntos de convergencia para defender nuestro Estado Social de Derecho y lo que nos hizo una rareza luminosa en el mundo —nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra educación pública y la equidad social—, le estarán abriendo la puerta de par en par a los pregoneros del caos.

Costa Rica no necesita mesías autoritarios que, encima, usen la soberanía y dignidad como nación para venderse al Washington trumpista. Necesita ciudadanos despiertos y líderes que entiendan que la democracia no se entrega por despecho. Que no nos vuelvan a engañar.

De Hitler a Rodrigo Chaves… así se desató el fascismo… con actos como el realizado contra la Jueza de la República

Vladimir de la Cruz

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, las tropas de asalto nazi, las SA, instigadas por el gobernante, el Führer Hitler, y por las autoridades alemanas, actuaron contra ciudadanos judíos violentamente, en lo que se consideró el mayor linchamiento multitudinario, o masacre como también llamaron a esos actos, contra los judíos, violencia que se manifestó en el ataque físico, la agresión física personal, contra mujeres, hombres, ancianos, niños, en el asesinato, en la destrucción de los bienes de los judíos, y contra todo lo significara semitismo.

Las autoridades del gobierno no actuaron tratando de evitar esos ataques. Se complacieron con esos actos, los justificaron con sus criterios de superioridad racial, étnica, nacional. Instigaron, promovieron con sus discursos de odio, de racismo, de persecución, de exclusión, de intolerancia.

El más importante instigador de esos crímenes fue el mismo Hitler, primero Canciller, en 1933, luego presidente, en 1934, y después unificó ambos cargos, para convertirse en el caudillo, en el líder del movimiento nazi, en el Führer, como se le conocía desde 1933.

Las actuaciones, como las de esas noches, independientemente de si algunas fueron espontáneas o premeditadas por grupos de alemanes, de grupos de personas, o por actos individuales de fanatizados por el Führer, fueron el salto que dio impulso a la represión y a la eliminación de los contrarios, de los judíos, y de todo aquello que objetara o se opusiera al gobierno fascista, al asesinato y al intento de asesinato de judíos. El resto lo conocemos.

En Costa Rica, lamentablemente, actuamos como testigos, la mayor parte de la población de manera pasiva, y una buena parte, incluidos intelectuales, con terror y temor reverencial, del deterioro que ha venido provocando y causando, intencionada, alevosa y criminalmente contra el sistema democrático, el presidente Rodrigo Chaves.

Igual que en la Alemania nazi, Chaves ha instigado, y sigue alentando cada vez que puede actos contra las instituciones del Estado, contra la Asamblea Legislativa, contra la Contraloría General de la República, contra la Sala IV, donde, incluso, un profesor universitario de la dirigencia de ese piquete, instó a quemar el edificio y a sus magistrados; contra personajes públicos, magistrados, diputados, gestores de opinión, que incluso los han exhibido en vallas públicas como si fueran delincuentes, tratando de generar contra ellos reacciones negativas y hasta eliminatorias. En sus diatribas ya ha incorporado, siguiendo a Trump, un discurso político trasnochado contra los comunistas y socialistas de todo el continente.

Sus ataques a la institucionalidad pública, a las instituciones republicanas y democráticas del Estado de Derecho; a la independencia de los Poderes Públicos, a los organismos e instituciones públicas del control democrático político del quehacer de los gobernantes y las autoridades públicas; de ataque a los partidos políticos, a los políticos, a la Política como un escenario de expresión de la Democracia; a los comunicadores y gestores de opinión pública, y los medios de comunicación, que no se someten al gobierno y al actual gobernante de turno.

La feroz crítica de Hitler contra el gobierno y el Estado, aprovechándose de las malas condiciones socio económicas del pueblo, le permitió crear las condiciones para destacar en las elecciones de 1928 y aumentar su auge en 1930, y ganar las de 1932.

Hitler debilitó la República de Weimar, que surgió en 1919, como resultado de la I Guerra Mundial. Hitler no tenía programa político, tenía carisma que atraía a diversos grupos sociales, unificándolos en su diversidad política, en sus intereses laborales y cristiano religiosos, atrayendo incluso a abstencionistas electorales de esos años. Los partidos conservadores tradicionales perdieron el apoyo de la población, quienes terminaron votando y apoyando a Hitler.

En enero de 1933 empezaron los nazis a realizar celebraciones con antorchas, celebrando su “revolución nacional”, así intentaron quemar el edifico del Parlamento Reichstag. En Costa Rica, solo eso le falta al gobierno y a sus fanáticas huestes irracionales.

La situación de Alemania en ese despertar, desarrollo y auge del nazismo me recuerda constantemente, cómo en Costa Rica estamos en paralelo a 1933, incubando al Hitler de Costa Rica, que embrionariamente, empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Desde entonces, se ha ido desarrollando, en términos generales, de la siguiente forma:

Primero, tuvimos un candidato que se lució en las elecciones de 2022 con un desplante que atrajo a esos sectores sociales, marginales, desclasados, pobres, que levantó banderas de decencia nacional contra la corrupción galopante e histórica conocida, que aglutinó provocando un abstencionismo y una baja confianza a quienes le adversaban política y electoralmente.

Luego, el resultado de la elección primaria lo pudo revertir a un primer lugar, en la segunda ronda electoral, imponiéndose como candidato ganador, y presidente de la República, 2022-2026.

Segundo, mediante una acción de publicidad, de gobierno, ha sabido mantener, una imagen poderosa, personal, matona, peleadora de calle, de gritón a todo galillo, contra quienes adversa o exhibe pintándolos como sinvergüenzas, pillos y maleantes públicos o privados, desnaturalizando o mintiendo sobre sus atestados personales, ofendiendo en su dignidad personal y hasta burlándose de sus condiciones físicas, que ha permitido que hasta en la Asamblea Legislativa diputados lo imiten y traten de igualarse con él, criticando ciudadanos y hasta a los mismos diputados, que son agredidos de esa forma.

Pero ya han empezado a actuar, en el escenario público, con violencia, sin respeto alguno. El lenguaje del Presidente Chaves, soez, vulgar, pachuco, de borracho necio que no controla sus palabras, de personaje inculto, de escasos valores de comportamiento social y protocolario, de exhibidor machista desenfrenado, de irrespetuoso de la cordura nacional, imponiendo el miedo, el terror reverencial por la fortaleza institucional que dirige y maneja, por las acciones vengativas que desde la institucionalidad pública realiza y puede influir, que aplica contra sus adversarios de cualquier género que sean, se ha ido imponiendo.

Su tribuna pública de todos los miércoles, sin respuesta opositora, le permitió desarrollarse como una fuerza electoral, como un movimiento político que le dio forma con la figura del jaguar, pero todavía no ha logrado plasmarse en partido político, realmente organizado. Pero, le permitió empujar su candidata presidencial con éxito electoral, como no sucedía desde hace varias décadas, con su apoyo a la candidata y una mayoría legislativa que le da cierta fuerza política, si la sabe usar.

Tercero, impulsando una mentalidad de gobierno autoritarista, de actuaciones despóticas y arbitrarias, con el deseo de gobernar sin controles institucionales, lo que ha asumido a su recién electa presidenta, interesada en mantener en alto al Jaguar mayor, con posibilidades de que vuelva a la Presidencia lo más pronto que institucionalmente se pueda.

En ese afán, ambos, presidente saliente y presidenta entrante, han levantado estandartes planteando las posibilidades de gobernar bajo los efectos de un Estado de excepción, sin controles legislativos, constitucionales ni administrativos, y sin garantías individuales, o suspendiéndolas regionalmente, para de esa forma acostumbrar a la población, poco a poco, por regiones.

Este estado de violencia ha desbordado en estos últimos días, con el ataque criminal que sufrió una alta Jueza de la Republica.

Ambos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se han complacido con el ataque criminal, con el intento de asesinato, con la agresión física, con el ataque de un perro bravo que le lanzaron a la Magistrada, Jueza de la Ejecución de la Pena, en Heredia el viernes pasado.

El agresor, de un comportamiento reiterado de ataques y amenazas a esa funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los mandatos de los discursos y peroratas de los miércoles, y de ocasión presidencial, actuó, contra esta funcionaria, de pleno derecho, sintiéndose amparado por el presidente, por la presidenta electa, y por Instituto Nacional de la Mujer, que no se ha pronunciado en nada sobre esos hechos. Casi nadie, política, institucional y socialmente, de manera pública se ha manifestado críticamente y en contra de ese acto criminal.

Lo sucedido no fue un pleito de barrio, de vecinos, de residencial o de condominio, como lo han querido presentar los defensores del atacante, de quien intentó matar, asesinar, a la funcionaria judicial.

Fue un acto criminal resultado de la instigación oficial que ha venido haciendo el presidente Rodrigo Chaves desde hace tiempo contra funcionarios y funcionarias como ella, enervando los sentimientos de las gentes contra funcionarios de la institucionalidad pública, judicial, legislativa y electoral. En este caso, todo originado en un fallo, en julio del año pasado, de esta jueza que el presidente y su ministro Gerald Campos, cuestionaron, con nombre y apellidos, en uno de esos programas de los miércoles, exhibida también en fotos públicas. También la volvieron a cuestionar y criticar en setiembre pasado, de igual manera.

El agresor ha mantenido constantes manifestaciones, que están grabadas, contra la persona, contra la integridad física y las condiciones morales de la funcionaria judicial, contra la Jueza, contra una Mujer. Además, pasa insultándola, agrediéndola, como acostumbra oralmente el presidente cuando se refiere a algunas personalidades políticas que no son de su agrado.

El agresor realizó una tentativa de homicidio, con alevosía y ensañamiento que había venido preparando, hasta con el perro que le lanzó a la jueza, que tirada en el suelo, además la agarró a patadas, la arrastró provocándole heridas graves en su rostro, que le pueden quedar grabadas de por vida, con el daño moral que eso le puede causar.

También, se le puede añadir en su intención la tentativa de femicidio, que no deviene, en este caso, por una relación de familia, ni matrimonial, sino por la regulación que nacionalmente se ha venido haciendo de manera especial contra los crímenes que se realizan con alevosía, ensañamiento y saña contra mujeres.

No se puede descartar en el tratamiento de esta acción delictiva al instigador principal de esta intención homicida contra la Jueza de la República. Debe tenerse a Rodrigo Chaves Robles como un coimputado.

Al detenido por estos actos debe caerle el mayor peso posible del castigo legal, o de los castigos penales que le puedan corresponder, de manera que sean ejemplarizantes, para quienes pretendan actuar, como impulsa el presidente Chaves con sus diatribas, a la actuación de los ciudadanos.

Los actos realizados contra la jueza no son para sancionarlos con medidas administrativas, municipales, o medidas no penales.

La prisión preventiva que se le ha fijado al agresor y presunto homicida está acorde con los hechos públicamente conocidos y relatados por la prensa.

Tengamos clara una cosa de este ataque a la Jueza. El atacante envió finamente, subliminalmente, un mensaje a todos los funcionarios públicos de lo que les puede pasar, por el ejercicio de los cargos, si no satisfacen al mandatario, al jaguar depredador de la institucionalidad pública.

El mensaje, si se quiere fue más directo para los Jueces, para los Altos Jueces de la República, y especialmente contra los Magistrados, muchos de ellos sujetos de reelección en sus cargos, en el próximo gobierno del Jaguar, que se continúa con el gobierno de Laura Fernández, que tiene suficientes diputados para dificultar sus reelecciones.

Ante estos actos, y estas amenazas subliminales, hay que defender a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial y a sus integrantes.

Hay que pedirle a los Magistrados que no se dejen intimidar ni amenazar por ataques como el que ha sufrido la Ciudadana, la Mujer y Jueza de la República, por uno de esos jaguares.

Si esto no se detiene, nos igualamos a aquellos días del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, cuando las tropas de asalto nazi ascendían de manera definitiva.

Hay que impedir que en Costa Rica esto sea posible. Recordemos al pastor Martin Niemöller y al poeta Bertold Brecht, con el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, en sus dos versiones, que dice:

«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

¿Me puedo ir?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En días pasados se hizo viral un video de una mujer hispana haciendo frente a un operativo cazamigrantes, en el que a fuerza de nombrar las enmiendas que la asistían en el tema de libre tránsito, logró su objetivo: no ser detenida por un funcionario del servicio de inmigración de Estados Unidos, acción común en aquel país.

El hecho, ya de por sí transgresor por la forma como la mujer responde y confronta, evidenció de nueva cuenta el papel que está jugando el perfilamiento racial en las detenciones arbitrarias de personas migrantes.

La mujer es interceptada cuando conducía y en apariencia no habría cometido ningún acto irregular para que un funcionario no autorizado para ello la detuviera. Su color de piel fue el justificante para ese hecho.

No sólo el perfilamiento racial saltó a la vista. El material audiovisual observado permite constatar una práctica común entre los funcionarios de migración de Estados Unidos: el uso del inglés como forma de amedrentamiento ante la comunidad hispana.

La mujer logró que el funcionario hablara en español. Nítido. Y a partir de allí el intercambio entre ambos (ella al volante y el fuera del vehículo, identidad protegida y empoderado) giró en torno a la legalidad del acto de detenerla y la normativa a la que se acogía en virtud de la poca claridad que presentaba el funcionario.

Su interpelación, ante la ambigüedad mostrada por el funcionario migratorio fue directa: “¿Estoy detenida o me puedo ir?”

En estos días de máxima tensión entre políticas racistas desquiciantes y prácticas de repuesta ciudadana en el caso de las personas migrantes, el acto de la mujer debe ser entendido en el marco de la resistencia política que ha empezado a levantarse en aquel país.

Son tiempos oscuros ciertamente. Pero acciones de reivindicación política como la de esta valiente mujer posicionan el acto de responder como un recurso politico al servicio de los que no lo tienen todo.

La lucha continúa siendo ideológica, discursiva y simbólica. Allí en ese plano, es que hay que enfrentar y derrotar los autoritarismos instalados en los últimos años en Estados Unidos y en otros contextos.

No hay otro camino.

La ilusión de la mano dura: Bukele, Trump y el riesgo de dinamitar nuestro ADN tico

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

La tentación de importar milagros siempre ha sido el talón de Aquiles de las democracias fatigadas. En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a mirar de reojo hacia el norte de su la región centroamericana, embelesada por la promesa de la mano dura y la supuesta eficiencia fulminante. Sin embargo, intentar calzar el modelo salvadoreño en la realidad costarricense es ignorar el abismo histórico, institucional y existencial que separa a ambas naciones. Para entender por qué el espejismo autoritario es incompatible con nuestro ADN, debemos primero desvestir la ilusión de que somos sociedades equiparables.

Nuestra matriz existencial se forjó desde lugares diametralmente opuestos. La Costa Rica moderna se construyó a partir de 1948 sobre una premisa insólita para la región: la abolición del ejército y la edificación de un Estado de bienestar robusto, con la seguridad social y la educación pública como grandes igualadores. Históricamente, hemos apostado por la tiza sobre el fusil, cultivando una fe casi dogmática en el derecho, el consenso y el equilibrio de poderes. El Salvador, por el contrario, ha escrito su historia en clave de supervivencia. Atravesado por décadas de dictaduras militares y una guerra civil que dejó cicatrices profundas, su transición a la paz fue trágicamente secuestrada por la barbarie de las pandillas. La sociedad salvadoreña, acorralada por el terror diario, llegó a un límite de agotamiento donde estuvo dispuesta a sacrificar sus libertades constitucionales a cambio de no morir en la calle. Costa Rica, mientras tanto, sangra por una herida muy diferente, con penetración de organizaciones criminales internacionales.

A pesar de esta abismal diferencia, a partir del 2022 hemos presenciado un giro inquietante en nuestro país. El chavismo tico ha comenzado a imitar un libreto que no encaja con la esencia de Costa Rica por el “éxito” cortoplacista, que consiste en esconder su problemática social “debajo de la alfombra”, aprovechando para, entre la basura, desaparecer a opositores y críticos. Bajo la bandera del anti-establecimiento, se ha importado una retórica confrontativa que busca desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente, a los órganos de control y a los cimientos mismos de nuestra democracia. Este intento de aplicar una receta autoritaria y centralista en la otrora “Suiza centroamericana” genera una fricción destructiva. Nuestras instituciones fueron diseñadas meticulosamente para evitar que un solo líder acumule el poder absoluto; intentar forzar el modelo de excepción salvadoreño aquí es como intentar operar un marcapasos a martillazos.

El peligro de romantizar esta deriva populista se vuelve aún mayor cuando la fachada del modelo a imitar comienza a resquebrajarse. La narrativa de la paz salvadoreña, vendida como un triunfo absoluto de la voluntad presidencial, oculta un costo oscuro que hoy está más expuesto que nunca. Recientes investigaciones y reportajes de la cadena estadounidense CBS han sacado a la luz nuevas pruebas, a partir de la denuncia del medio salvadoreño “El Faro”, que confirman lo que muchos teman y otros sospechamos: el pacto original del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Las denuncias documentan cómo, para cimentar su popularidad inicial, se negoció la liberación de líderes históricos de la MS-13.

Ese oscurantismo se agrava al observar las nuevas dimensiones internacionales del bukelismo. Lejos de ser un modelo de soberanía, El Salvador ha profundizado sus nexos con Donald Trump, ofreciendo el publicitado megadespliegue del CECOT no solo como prisión local, sino como una pieza en el engranaje de las políticas de deportación masiva estadounidenses. Someter la soberanía nacional para convertirse en un apéndice carcelario de intereses extranjeros, en medio de severas denuncias internacionales por tortura y violaciones al debido proceso, no es un modelo de éxito, es la claudicación del Estado de derecho.

A la peligrosa importación de este espejismo autoritario se suma, además, un error conceptual tan básico como destructivo. El modelo que el oficialismo intenta vendernos ignora deliberadamente la naturaleza de nuestro propio mal. Las maras salvadoreñas y su brutal violencia territorial no son, ni de cerca, equiparables a las complejas, equipadas y multimillonarias redes transnacionales del narcotráfico que hoy infiltran a Costa Rica. Intentar desmantelar la sofisticada maquinaria del crimen organizado y los grandes carteles de la droga aplicando tácticas de encierro masivo diseñadas para pandillas, no solo es una ingenuidad operativa, sino que equivale a dispararle al objetivo equivocado mientras el verdadero enemigo sigue avanzando sin oposición ni estrategia de contención real.

Costa Rica está a tiempo de mirarse al espejo y reconocer su propia valía. El Salvador entregó las llaves de su democracia empujado por una necesidad extrema y el trauma del plomo; nosotros corremos el riesgo de entregarlas por pura frivolidad populista. Prometernos seguridad y eficiencia dinamitando los puentes institucionales que construyeron nuestros abuelos solo nos llevará hacia un modelo cimentado en pactos opacos y sumisión, que no resuelve por el fondo las causas de la delincuencia, la brecha social, la desigualdad y la exclusión. El verdadero patriotismo hoy no exige mano dura, sino la valentía de defender la democracia que nos hizo excepcionales.

Paz, poder y conciencia: el llamado de los obispos salvadoreños

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Los obispos de El Salvador han publicado una palabra de adhesión al Papa León XIV que, leído con atención, va bastante más allá de un gesto eclesial. Es un posicionamiento. No frontal, pero sí claro. Y aparece en un momento en que el hermano país, no solo vive un experimento político propio, sino que se va pareciendo cada vez más a un modelo que hoy tiene referentes internacionales bien definidos.

El gobierno de Nayib Bukele ha construido una legitimidad sólida sobre resultados visibles, sobre todo en seguridad. Eso le ha dado un respaldo popular difícil de cuestionar. Pero ese mismo modelo —eficaz, rápido, concentrado— no es neutral. Tiene una lógica: la del poder fuerte, la del liderazgo que no se detiene en contrapesos ni matices.

Ahí es donde la cercanía con Donald Trump deja de ser casual. No es solo una buena relación política. Es una afinidad más profunda, casi una simbiosis en la forma de entender el poder: gobernar desde la fuerza, acogerse al respaldo popular, comunicar en clave de victoria, y asumir que las críticas institucionales son más un obstáculo que un equilibrio necesario. Cada uno en su contexto, sí. Pero en la misma frecuencia.

Desde ahí, el comunicado episcopal se vuelve más punzante de lo que parece. Cuando habla de los “ídolos del poder, el dinero y la violencia”, no está lanzando una frase más. Está señalando un riesgo muy concreto. Cuando afirma que la paz no se construye con amenazas ni armas, está cuestionando —sin nombrarlo— el corazón de un modelo que hoy se presenta como exitoso.

Y aquí está lo incómodo: los obispos introducen otra pregunta, más profunda y menos popular: ¿a qué costo y bajo qué lógica se está construyendo la paz?

Ese es el filo del texto. Porque en contextos de éxito político, lo más fácil es dejar de preguntar. La eficacia tiende a volverse argumento moral. Y ahí la Iglesia rompe la inercia: recuerda que no todo lo que funciona es justo, y que no toda paz es verdaderamente humana.

Los obispos saben que enfrentarse directamente a un liderazgo tan popular sería estéril. Por eso eligen otro camino: anclar su palabra en el Papa León XIV y en el Evangelio, y desde ahí introducir un criterio distinto. No compiten por el poder; cuestionan su sentido.

Para el creyente, el desafío es incómodo. Porque obliga a salir de la lógica del aplauso fácil. Obliga a discernir. A no absolutizar ningún proyecto político, por exitoso que parezca. Y, sobre todo, a no confundir orden con justicia.

El texto, en el fondo, no busca derribar nada. Pero sí deja una inquietud difícil de ignorar: si la paz se sostiene únicamente en la fuerza, tarde o temprano deja de ser paz. Y esa es una advertencia que, en el clima actual, resulta más subversiva de lo que parece.

El delirio del presidente Chaves se lo quiere pasar a la presidenta Laura Fernández

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves ha venido delirando, al menos por ahora, pero sin tener más posibilidad de hacerlo, porque se le acaba el tiempo posible para ver, tan solo ver, materializada su razón perturbada, su locura, su desorientación y su pérdida de la realidad política, de su salida del surco democrático tradicional que está viviendo el país, para tratar de fundar la Tercera República de Costa Rica.

Tuvo algunos chispazos que lo acercaron a la posibilidad de diseñar su idea de Tercera República. Lo más cerca y englobante que hizo fue percibir que todos los que gobernaron antes que él, desde 1949 hasta su ascenso presidencial en el 2026, la totalidad de 17 presidentes, en sus 19 gobiernos, que han habido desde 1949, todos fueron dictadores y tiranos, que solo gobernaron para los ricos, los empresarios, los banqueros, agentes financieros, productores, importadores, exportadores y comerciantes, entre otros representantes de pequeños grupos que gravitaron y pervivieron con ellos.

Que todos ellos gobernaron contra el pueblo fue su afirmación, para distinguirse él como el que quería gobernar para el pueblo, pero que las estructuras políticas por ellos montadas, desarrolladas institucionalmente no le permitían hacerlo. De allí sus delirantes ataques a todo el andamiaje político, institucional y estructural del Gobierno y del Estado, de los Poderes del Estado, de los partidos políticos, de todos los políticos, y los medios de comunicación en general, especialmente de los que no controla o no somete a los designios de sus desmanes discursivos.

Figueres empezó a plantear su proyecto de Segunda República en función de una práctica política que estaba viviendo, de una década muy convulsa por la II Guerra Mundial, por los cambios enormes que se estaban dando no solo en el escenario internacional, sino también en el nacional.

En lo internacional el fascismo caracterizaba y dominaba el escenario. La lucha contra el fascismo era lo principal. El fascismo, representado por Alemania, Italia y Japón era expansivo en la práctica, avanzaba militarmente, ocupando y avasallando pueblos, naciones y países en procura de acabar con la Unión Soviética, en ese momento, el único gran país representativo del socialismo mundial. En la lucha internacional la lucha contra el fascismo era la lucha por la Democracia, por la Democracia en el sentido más amplio posible. El fascismo significaba dictadura, tiranía, opresión, despotismo, autoritarismo, ausencia de libertades y limitación de derechos ciudadanos, persecución, represión y muerte de ciudadanos y aniquilamiento total de pueblos, censura, cárcel, campos de concentración y exterminio étnico, racial.

La guerra que impulsaban los nazifascistas era de tierra quemada, era la estrategia de destruir toda la infraestructura que se encontraran, todos los recursos, los cultivos, las viviendas, los suministros y medios de subsistencia propios o del enemigo para evitar que este los aproveche, provocando una devastación total, a todos los seres humanos que se encontraran en su paso, que podía servir como medios de subsistencia propios o del considerado enemigo para evitar que fueran aprovechados. El fascismo provocaba la devastación total.

Ese escenario tenebroso internacional el presidente Chaves lo está viviendo, con Israel y el gobierno dirigido por Donald Trump, que está dispuesto a acabar con “una civilización” como lo ha afirmado, y de avanzar a golpe de guerras para imponer su hegemonismo político, económico y financiero, diseñando el mundo a su gusto geopolítico y geoestratégico, reeditando en un solo paquete las políticas de Estado norteamericano de las Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto, la del Gran Garrote, la Doctrina Truman de la Guerra Fría, la del intervencionismo militar y de ocupación de países, de control de aduanas, de guerras de dominación, de control de regiones productivas de materias primas estratégicas para los procesos industriales y económica, de control de regiones de mano de obra baratas y control de regiones para la venta de sus productos, de manera cara, elaborados con esas materias primas y esas manos de obras baratas.

Estamos justamente reviviendo ese escenario mundial que dio origen al llamado imperialismo del siglo XX.

En el plano nacional Figueres en la década de 1940-1948 nunca, para proponer su Segunda República, enfrentó el desarrollo institucional del país, ni atacó a quienes habían sido los gobernantes de la República que estaba viviendo, la surgida en 1848. De manera especial mostró gran afecto, y exaltó y valoró, a los grandes presidentes anteriores a 1940, como fueron Cleto González Víquez, y muy especialmente para él, a Ricardo Jiménez Oreamuno y a León Cortés Castro.

Nacionalmente no estaba de acuerdo con los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944 y de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948. Con el de Calderón por haberlo expulsado del país, por haberse alineado en la lucha internacional antinazi y antifascista con la alianza democrática internacional encabezada por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y desde diciembre de 1941 también con Estados Unidos, que se sumó a esa lucha. También por haberse aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica para aprobar en 1943 la Reforma Social y el Código de Trabajo. Figueres no estaba de acuerdo con el gobierno de Teodoro Picado por considerar que había surgido de un fraude electoral. Con ambos gobiernos por considerarlos corruptos y que habían traicionado los ideales y valores de la República Liberal que se había formado hasta ese entonces.

El presidente Chaves, de chivos expiatorios no enfrentó a sus dos gobiernos anteriores, los del partido Acción Ciudadana, el de Luis Guillermo Solís Rivera, 2014-2018 y el de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, siendo éste el que lo trajo y lo incrustó a la vida política nacional, y lo pegó al gustoso respirador artificial de la Presidencia, de la cual no quiere separarse. De chivos expiatorios agarró al partido Liberación Nacional que de los 16 gobiernos que ha habido desde 1953 ha gobernado en 9 ocasiones y lo que representa la Unidad Social Cristiana lo ha hecho en 6 ocasiones. De sus presidentes se ha concentrado en atacar constantemente, de manera enfermiza, al Dr. Oscar Arias Sánchez y a Laura Chinchilla Miranda, como los causantes de todos los males del país.

Imitando a Figueres, en sus ataques a Teodoro Picado, el presidente Chaves ha atacado al Tribunal Supremo de Elecciones. Si no ha podido hablar de fraude contra él, que le validó su triunfo electoral del 2022, intentó hacerlo en el pasado proceso electoral amenazando que el Tribunal Supremo de Elecciones, quería hacer un fraude contra él, su gobierno y lo que en las elecciones a él lo pudiera representar. Sin embargo, la funcional democracia costarricense validó el triunfo de su candidata Laura Fernández Delgado, y el pueblo costarricense, como en todos los procesos electorales anteriores aceptó el resultado expresado en urnas. Educación política, educación cívica, valores democráticos y tradición histórica electoral, asimilados durante la Segunda República se hicieron presentes el pasado primer domingo de febrero, validando un triunfo indiscutible en su resultado.

El presidente Chaves se ha alineado a las políticas internacionales, injerencistas, imperialistas, profascistas, autoritarias, guerreristas y también anticomunistas del presidente Trump.

Su anticomunismo, el de Chaves, totalmente enfermizo, sin entender ni conocer que el Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, como realmente se llama, no participa en elecciones, y que su secretario general, Humberto Vargas Carbonell la última vez que fue diputado fue en 1990, y que desde entones tampoco han electo diputados.

Que ha habido diputados de izquierda sí, y los hay, pero no son comunistas, miembros del partido comunista, ni proclaman luchar por el establecimiento del comunismo. Y, parece que el presidente Chaves tiene vista corta que no le permite apreciar que en todo el mundo solo hay cinco países que están siendo gobernados por un partido comunista, la República Popular China, Cuba, Laos, la República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de Vietnam. En América Latina solo la República de Cuba se define como una república Socialista. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Granada, Haití, República Dominicana, Granada, Panamá y México, en la historia de los últimos 60 años han tenido en ocasiones gobiernos reformistas, de carácter Progresista no comunista. Los gobiernos progresistas que han tenido no han proclamado impulsar el socialismo ni el comunismo.

El presidente Trump actualmente está interesado en borrar en el continente todo vestigio de progresismo y de reformismo político, al estilo de lo que fue el macartismo en la década de 1950, en los Estados Unidos, y al estilo de lo que fue la instalación de dictaduras militares y de gobiernos dictatoriales en el continente en la segunda mitad del siglo pasado.

Acabar con China, con Rusia o con Irán, para Trump, hoy no es un problema de comunismo versus capitalismo. Es un problema económico, de control de la economía mundial, de control de las regiones productoras de materias primas estratégicas y de control de las rutas mundiales del comercio, así como de control del flujo de las monedas con que se paga todo esto, el dólar estadounidense u otras monedas internacionales.

El presidente Chaves ha procurado que la presidenta electa Laura Fernández abrace sus posturas políticas. La está alineando en lo que puede dar proyección de continuismo político y gubernativo. Si La presidenta se monta en ese patín se va a descalabrar. Ella debe gobernar con su pensamiento propio si quiere salir airosa en su futuro gobierno. No debe convertirse en la caja de resonancia de Chaves. Eso es lo peor que le puede ocurrir.

Tiene mujeres presidentas para compararse. En el continente americano tiene por lo menos cuatro referencias, Eva Perón, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Claudia Sheinbaum. Ojalá pudiera emular con la actual presidente de México.

Si la presidenta Laura Fernández Delgado se queda de furgón de cola del presidente, ministro, si llega a ponerlo, Rodrigo Chaves, si lo trata de imitar en sus malos modales, en su vulgaridad protocolaria y discursiva, si se faja por emular con él una añeja narrativa política, más que desvariar va a tener perturbada su razón para un buen gobierno. Si se mantiene en la línea de los despropósitos y disparates chavistas va a ser exhibicionista de una enfermedad o una pasión violenta, que reflejará la perturbación de sus facultades mentales en confusión aguda de la realidad nacional, alucinación de sus relaciones política, en narrativas ilógicas que la colocarán en una falsa consciencia del entorno.

Laura Fernández si se pone a imitar a Trump o a Chaves parecerá totalmente alucinante. Pero debe recordar y tener presente que ella es la presidenta, que Chaves será tan solo su ministro y que el presidente Trump de continuar el camino que lleva a las elecciones del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en noviembre próximo, el Congreso y el Senado con el pueblo estadounidense movilizado como está, le tendrán sus días contados.

Si Laura Fernández quiere impulsar la Tercera República debe hacerlo con cabeza propia, no ajena; debe elaborar su propia narrativa. Debe analizar por qué la necesidad de una Tercera República y cuáles han de ser sus pilares. Debe abrir un gran debate nacional sobre la posibilidad de avanzar hacia una Nueva Costa Rica, definida en una Tercera República.

Si se quiere ir a una Tercera República que no sea ir a un período de agitación política, de creencias alteradas, de experimentación de alucinaciones, de trastornos delirantes crónicos, como patología psiquiátrica de presencia de ideas delirantes bien sistematizadas, con alucinaciones y alteraciones del lenguaje y el pensamiento, que lleven al deterioro de la personalidad nacional costarricense, y produzca no personas pensantes, sino fanáticos delirantes, excitados, frenéticos, locos, salvajes.

Que el delirio nacional por una Tercera República no se convierta en una demencia nacional a lo largo de los meses del próximo gobierno.

Trump le declara la guerra al Papa: Liderazgo autoritario y amenaza civilizatoria

Abelardo Morales Gamboa (*)

Más que un conflicto político o ideológico, está en juego una disputa ética: entre una concepción del poder que se impone por la fuerza y otra que, desde el evangelio, llama a no ponerse del lado de quien empuña injustamente las espadas.

Al inicio de la Pascua, Donald Trump lanzó la siguiente amenaza a través de un tuit: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver más”. La reacción del Papa León XIV no fue política, sino profundamente ética: no solo cuestionó la guerra en Irán, sino también la instrumentalización del mensaje cristiano. Sus “ofensivas” palabras fueron: “¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! ¡La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida!

Lo que siguió por parte de Trump —ataques personales, descalificaciones, despliegue mediático— forma parte del repertorio habitual del poder autoritario. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es este gesto en sí, sino el hecho de que este tipo de liderazgos no solo se ha vuelto una moda, sino que seduce, incluso cuando contradice abiertamente los fundamentos éticos que dice defender.

Conviene aclararlo desde el inicio: no estamos ante un conflicto entre religión y política, ni entre fe e ideología. La tensión es más profunda, remite a los límites morales del poder. Por un lado, una concepción que justifica la fuerza, la amenaza y la dominación como herramientas de conducción; por otro, una tradición —la del evangelio— que insiste, de forma incómoda para las cúpulas, en no alinearse con la violencia injusta, en no sacralizar el poder y en no convertir la fe en instrumento de dominación. Dicho de forma menos solemne, el problema no es la religión en la política, sino cuando la política decide usar a Dios como coartada.

La forma más mediática es la del liderazgo autoritario. El caso particular de Trump no forma parte del repertorio de figuras particularmente sofisticadas. Más bien lo contrario: estilos toscos, gestos excesivos, una relación bastante elástica con la verdad… y, aun así, ahí están, acumulando adhesiones. No es un fenómeno nuevo. Desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte, pasando por Adolf Hitler o Benito Mussolini, la historia muestra que estos liderazgos no son anomalías, sino patrones recurrentes. Hoy cambian los formatos —más redes sociales, menos balcones—, pero la lógica permanece. La pregunta, entonces, no es por qué existen, sino por qué encuentran terreno fértil. Estas son improvisadas respuestas desde las ciencias sociales, no desde la religión.

Una de ellas está en el vaciamiento de las instituciones. Durante mucho tiempo, prometieron orden, justicia y previsibilidad; hoy, en muchos contextos, esa promesa suena lejana. Las reglas dejan de percibirse como comunes y pasan a verse como herramientas capturadas por élites, mientras el poder no desaparece, sino que se dispersa, se informaliza y se vuelve opaco. En medio de esa fragmentación, emerge una nostalgia peligrosa por el orden pero sin consenso, mediaciones o legitimidad. Pero las instituciones no se sostienen solas: requieren confianza, y ese es, quizás, el recurso más escaso de nuestro tiempo.

No solo se desconfía del Estado, de los partidos o de las élites; también se erosionan los vínculos cotidianos, la comunidad, la familia, lo cercano. La fe misma —en algunos casos— se convierte en mercancía. El resultado no es una sociedad más libre, sino más vulnerable. No vivimos exactamente en la era del individuo autónomo, sino en una época de incertidumbre estructural: miedo difuso, ansiedad persistente, sensación de intemperie. El individuo deja de confiar incluso en sí mismo y busca, en su lugar, un referente externo que le devuelva una mínima certeza. Y en ese clima, el liderazgo autoritario encuentra su oportunidad: no ofreciendo soluciones complejas, sino certezas simples, una especie de placebo político que, cuando se mezcla con la fe, resulta eficaz … hasta que deja de serlo.

A esto se suma la fragmentación de lo social. La sociedad ya no funciona como un espacio integrado, sino como un conjunto de islas que apenas se conectan: archipiélagos humanos que comparten territorio, pero no experiencias, lenguajes ni horizontes. Es coexistencia sin integración. En ese paisaje, el individuo queda desprotegido: se cree “libre”, pero carece de soportes reales, y en ese vacío quienes logran articular redes de control —económicas, tecnológicas, políticas, de obediencia— adquieren una ventaja decisiva. No es casual que algunos hablen de nuevas formas de feudalismo; más allá de la etiqueta, la intuición es clara: resurgen relaciones de dependencia allí donde se debilitan las mediaciones institucionales.

En este contexto, el liderazgo deja de ser una función y se convierte en un atajo. No es solo que el líder captura las instituciones; es que, en cierto modo, las reemplaza simbólicamente. El Estado se vuelve rostro, gesto, tuit, presencia constante. La complejidad cede ante la narrativa personal. Max Weber hablaría de autoridad carismática, aunque hoy se trata, muchas veces, de un carisma fabricado, optimizado para circular en entornos donde la emoción desplaza al argumento. El líder simplifica, traduce conflictos estructurales en antagonismos; su mayor mérito si es que tienen alguno otro, es ser maestros de la confrontación y en aparentar una relación directa con “la gente”, saltándose cualquier mediación. El resultado no es solo concentración de poder, sino su simplificación extrema.

Cuando estos liderazgos se consolidan, no solo gobiernan; reconfiguran las condiciones mismas de la vida social. Debilitan la autonomía, erosionan lo común y normalizan la lógica de la confrontación. Por eso, la amenaza no es únicamente política, sino civilizatoria: no porque estemos ante un colapso inmediato, sino porque se deterioran lentamente los fundamentos éticos que hacen posible la convivencia.

Llegados a este punto, conviene evitar tanto el alarmismo fácil como el cinismo resignado. La propuesta que emerge desde la voz del Papa León XIV no es una consigna religiosa, sino una orientación ética: no ponerse del lado de quien empuña injustamente las espadas, no caer en la idolatría de “uno mismo y del dinero”. Eso implica algo más exigente que tomar partido inmediato; implica reconstruir criterios, revisar caminos y reencarnar en la historia la fe y la esperanza. Supone reconstituir instituciones que no solo existan, sino que sean legítimas; reconstruir la confianza desde lo cotidiano; recuperar la dimensión ética de la vida pública; y, sobre todo, desacralizar el poder, recordando que ninguna figura, por carismática que sea, puede sustituir la responsabilidad colectiva.

Tal vez lo más incómodo sea reconocer que estos liderazgos no vienen de fuera. Son, en parte, el reflejo de nuestras propias fracturas. De un sistema económico y de hegemonías en declinación. Por eso, enfrentarlos no consiste únicamente en denunciarlos, sino en transformar las condiciones que los hacen posibles. Es un camino más lento, menos espectacular y bastante menos rentable en términos de visibilidad, pero también el único que no reproduce el mismo problema que pretende resolver.

No se puede reducir esta coyuntura a un mero antagonismo entre poder religioso y poder político. Por suerte, la llama del fuego pascual, para plantearlo en términos cristianos, significa el paso de la muerte a la vida y promete disipar la oscuridad del momento presente, de la guerra y del sufrimiento. Se trata sin reservas de una confrontación entre formas distintas de mirar hacia adelante. La amenaza de la destrucción o la promesa de la vida: Bienaventurados los pacificadores, ha rezado el Papa.

Si algo deja claro este momento histórico es que la disputa de fondo no es solo por el poder, sino por su sentido. Y ahí, paradójicamente, hay una posibilidad: cuando el poder se muestra en su forma más desnuda, también se vuelve más evidente la necesidad de límites, de ética y de comunidad. Tal vez no estemos solo ante una crisis, sino —todavía— ante la oportunidad de una reconstrucción moral de la vida colectiva. Para eso se necesita confianza, sentido moral y voluntad de transformación.

Aquí vale recordar a San Oscar Arnulfo Romero de América: La resurrección de Cristo es la esperanza de que la injusticia no tendrá la última palabra.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Se ha empleado la herramienta de IA para la revisión formal del texto. Todas las ideas son originales del autor y están basadas en la revisión de fuentes acreditadas.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La defensa del Poder Judicial

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?