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Etiqueta: autoritarismo

Pronunciamiento de la Red Nacional por la Democracia ante el asesinato de Camilo Rodríguez

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri ha conmocionado fuertemente al país. Es un hecho más de la violencia que aqueja a nuestra sociedad desde hace años; pero la impresión es mayor cuando la víctima venía denunciando al crimen organizado y sugiriendo diversos vínculos con los dos últimos gobiernos.

Desde hace muchos años, nuestra sociedad ha venido acumulando un fuerte enojo a raíz del deterioro de la calidad de vida, las fallas e incumplimientos de los gobiernos de turno y los grandes escándalos de corrupción.

Este enojo comienza a acumularse desde la década de 1990, al principio de manera paulatina, pero evidencia un aumento sin precedentes a partir de 2022, a tal punto que la mayoría de los diversos indicadores de violencia alcanzan niveles históricos. Además de tasas de homicidios con cifras récord nunca antes vistas en nuestra historia, casi cualquier forma de violencia muestra niveles sumamente altos, desde la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres hasta las muertes por accidentes de tránsito, pasando por el acoso sexual, los femicidios, los enfrentamientos en las comunidades, el irrespeto a los derechos más básicos y el incumplimiento de políticas públicas.

Este vertiginoso incremento no se produce por casualidad en 2022. Por el contrario, responde a una política muy bien planeada y ejecutada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Desde su inicio, este político se presentó como el gran vengador que venía a poner orden en el país y a perseguir a los políticos corruptos. Bajo una cuidadosa y efectiva estrategia de comunicación, se establece un sistemático reforzamiento de las actitudes autoritarias en la población. Entre otras cosas, se controla la circulación de información en las redes, se minimiza el impacto de los medios tradicionales y se persigue sistemáticamente a líderes de opinión e influencers. Se orienta a la población para canalizar su enojo acumulado hacia diversas personas, instancias y grupos de personas. Las conferencias de prensa de cada miércoles se han constituido en toda una escuela de agresividad, individualismo, exclusión, intolerancia, rechazo, reforzamiento de estereotipos y distorsión de los hechos reales, que a su vez han logrado fortalecer en la población el individualismo, la impulsividad, la labilidad afectiva, la sumisión, la pasividad, el aislamiento y hasta el miedo. Se ha entronizado el enfrentamiento violento como estrategia privilegiada para manejar la interacción social y se ha normalizado el uso de la burla, los insultos, la descalificación, el cinismo y la mentira.

Toda esta estrategia ha venido acompañada de una concentración antidemocrática del poder político, en donde no solo se ha destruido el equilibrio del poder mediante un ataque violento al Poder Judicial, sino también a todas y cada una de las instancias encargadas de establecer algún tipo de control sobre la gestión política del país. Ninguna de estas instancias se ha salvado del ataque violento de los dos últimos gobiernos: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía, medios de comunicación y universidades públicas. Y han cuestionado y desconocido las legítimas funciones de cada poder de la República, en particular del Poder Judicial, llegando el oficialismo en la Asamblea Legislativa a ignorar las resoluciones constitucionales sobre cuestiones de gran importancia para las necesidades acuciantes de los presupuestos, para resolver situaciones que afectan los servicios públicos de primer orden, como la salud o la seguridad.

No es de extrañar entonces que la violencia se encuentre exacerbada en todo el país; pero inevitablemente nos encontramos atrapados en un círculo vicioso, en donde a mayor enojo, mayor sensación de inseguridad y mayor miedo, que a su vez incentivan a la población a refugiarse en el autoritarismo; lo cual, como hemos visto, no hace más que incrementar la violencia.

Todo lo expuesto permite concluir, sin lugar a duda, que los dos últimos gobiernos son los principales responsables de los altos niveles de violencia que vive el país, debido tanto a la promoción constante de las estrategias de odio y violencia como a la falta de políticas adecuadas de prevención y financiamiento para enfrentar el crimen organizado. De modo que, por lo menos de manera indirecta, también son responsables del lamentable asesinato de Camilo.

Pero, además de esta responsabilidad directa por los niveles de violencia imperantes, no podemos dejar de pensar en las múltiples denuncias de Camilo y otras personas, así como en los malos signos que asocian a los dos últimos gobiernos con el narcotráfico. Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que se investigue esta situación hasta sus últimas consecuencias.

Del mismo modo, instamos a la población a mantenernos vigilantes y activos ante las condiciones actuales del país y a ejercer, hoy más que nunca, la presión que haga falta para detener la escalada de violencia en el país. Debemos ser muy firmes en nuestro accionar, pero siempre a partir de una cultura de paz y respeto mutuo. No olvidemos que la violencia engendra violencia. Debemos enfrentar constantemente la cultura actual de agresión, insulto, enfrentamiento, intolerancia y exclusión con diálogo, comprensión, respeto y reconocimiento a la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Debemos manifestarnos con convicción en las calles, en nuestras comunidades, en los centros de trabajo, en los establecimientos educativos y en las redes sociales.

Maestros contra el autoritarismo y en defensa de las instituciones

Abelardo Morales Gamboa

El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

Que la sociedad costarricense haya sido construida por maestros y no por soldados no debería reducirse a un mero lema patriótico ni a una evocación histórica. Tendría que formar parte de los principios que orientan la construcción y reconstrucción de una nación en tiempos distintos, complejos y desafiantes. La movilización de educadores de este miércoles 11 de noviembre de 2026 constituye una señal esperanzadora en esa dirección. Aunque tampoco podemos conformarnos con vivir de esperanzas.

Este día, el Magisterio Nacional se declaró en huelga en defensa de la educación pública y tomó la Avenida Segunda de San José. Sus demandas incluyen la asignación de los recursos que legalmente le corresponden, el reconocimiento y pago de los derechos salariales de maestros y profesores, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el fondo de pensiones del magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No salieron a defender únicamente de reivindicaciones gremiales, sino a plantear exigencias vinculadas con la responsabilidad estatal de garantizar derechos fundamentales.

Esta movilización constituye, además, una legítima manifestación de resistencia frente a lo que cada día se muestra más claramente como un giro autoritario del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Ambas instancias han impulsado una política de severos recortes a servicios públicos fundamentales, como la educación, la cultura, la salud y el bienestar social. Todo ello ocurre en medio de una preocupante incapacidad técnica y política para conducir las finanzas públicas, gestionar la economía y ofrecer garantías de desarrollo económico y social: el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de recaudar impuestos, el presidente del Banco Central ha alertado sobre los números rojos de las finanzas públicas y, diversas fuentes económicas, alertan sobre una inminente crisis. Mientras tanto, los ingresos de numerosos hogares se deterioran, el desempleo continúa amenazando a una fuerza laboral ya golpeada por la precariedad y la inseguridad se extiende bajo el peso del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia cotidiana.

Los maestros son testigos directos de esas vicisitudes, no solo porque las padecen en carne propia sino porque les corresponde “darle contención a sus estudiantes y a las familias sometidas a ese asedio en sus condiciones de vida cada vez más deterioradas”, como se señalaba en uno de los discursos este día.

En contraste con esas debilidades, lo que parece mostrar mayor continuidad en la gestión gubernamental es un enjambre de opacas relaciones entre funcionarios, financistas de campaña y círculos empresariales cercanos al poder. Los cuestionamientos por presuntos negocios irregulares, heredados de la administración anterior, siguen proyectando sombras sobre la legitimidad política de la conducción del país. Aunque existe una presidencia formalmente en funciones, crece la impresión de que decisiones fundamentales responden a intereses de poderes fácticos que operan al margen de los mecanismos ordinarios de representación y control democrático.

En estas circunstancias, el regreso de los maestros a las calles permite recuperar una tradición histórica de luchas cívicas en defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas. Desde la movilización popular del 7 de noviembre de 1889 en defensa del sufragio, hasta las jornadas de junio de 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco, la historia costarricense registra episodios decisivos de resistencia frente al autoritarismo. En estas últimas, maestras y estudiantes, especialmente del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, desempeñaron un papel protagónico, con figuras como Carmen Lyra. Décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra ALCOA, en abril de 1970, reafirmaron esa tradición de participación cívica en defensa de los intereses nacionales. Esa memoria adquiere particular significado en momentos en que las instituciones educativas y las organizaciones magisteriales enfrentan nuevas amenazas. Tampoco podemos ignorar que, desde las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 hasta las sucesivas restricciones legales al ejercicio de la huelga, las organizaciones magisteriales y sindicales han sido objeto de estrategias de debilitamiento impulsadas por sectores de las élites políticas y empresariales.

Hoy, las amenazas no se limitan a las condiciones laborales y de vida de los educadores. Alcanzan a las instituciones educativas, al papel de la enseñanza en el desarrollo nacional y a la propia capacidad de la sociedad para construir un futuro compartido. Por eso, quienes formamos parte del magisterio no podemos permanecer en silencio ni asumir una actitud pasiva frente al deterioro institucional. Menos aún, cuando una nueva alianza de intereses populistas y seudorreligiosos parece empeñada en desmantelar conquistas sociales e instituciones públicas para favorecer intereses particulares.

En esa lógica, el ejercicio del poder deja de estar orientado por un proyecto de país y se convierte en un instrumento para facilitar negocios, concentrar recursos y acumular riqueza en el menor tiempo posible. Las controversias alrededor del Banco Popular y de su conducción institucional alimentan las preocupaciones sobre el avance de esos intereses sobre entidades que históricamente han desempeñado una función social.

Por eso, la movilización de este 11 de noviembre puede representar mucho más que una jornada de protesta. Puede convertirse en un hito para la revitalización de los movimientos sociales, la cultura cívica y el compromiso de los educadores y de la ciudadanía con la defensa de las instituciones democráticas. La historia no se construye únicamente desde las cúpulas del poder. También se hace desde las aulas, las calles y la acción colectiva de quienes se niegan a renunciar a los derechos conquistados. El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.

La Costa Rica que fue construida por maestros y no por soldados necesita hoy que sus educadores vuelvan a enseñar, también desde las calles, que la democracia no se hereda como un patrimonio inagotable: se defiende, se ejerce y se reconstruye cada día.

Unas palabras sobre la reelección

Walter Antillón

En general, la cuestión de la reelección es particularmente importante en los sistemas presidencialistas, en los que una duración indefinida del mandato ha sido identificada como un factor de riesgo democrático.

El ius honorum (derecho a ser electo en un alto cargo público), al igual que el ius suffragi (derecho a elegir), es fundamental e infaltable en el elenco de los derechos políticos previstos por la Constitución y los tratados. Pero ¿cuántas veces podría alguien ser distinguido con una elección popular? ¿Una, dos, tres veces?

En la experiencia histórica, eso ha tenido diferentes soluciones, dependiendo de distintas circunstancias: a) para la Presidencia de México, tenemos un único período sin reelección; b) para Estados Unidos y Brasil, cabe una única reelección inmediata; pero transcurrido un período, la persona podría volver a postularse; c) para Nicaragua y El Salvador, la reelección puede ser indefinida. Etc. ¿De qué ha dependido en cada caso? De los equilibrios del poder.

Los politólogos han observado que en los países políticamente desarrollados y con una institucionalidad fuerte (como Estados Unidos), la tendencia va hacia una reelección restringida; mientras que los democráticamente inmaduros, carentes de instituciones sólidas (como son, claramente, muchos en Latinoamérica) caen fácil y repetidamente en la reelección indefinida.

Para cualquier gobernante no resulta fácil renunciar a las ‘mieles del poder’ una vez que las ha probado; de modo que, si dispone de un haz de facultades y de un largo período para usarlas, tendencialmente va a buscar la manera de torcer las reglas que lo limitan, va a usar todas las posibilidades a su disposición para perpetuarse en el cargo; y si el país no cuenta con frenos vigorosos, el daño es irreversible.

Costa Rica ha tenido la suerte de haber consolidado algunas instituciones esenciales para preservar su régimen jurídico; pero ha arrastrado, por culpa de una tanda de gobiernos irresponsables, un déficit de gobernabilidad en relación con sus clases pobres, sobre todo en lo que concierne a su economía, su salud, su educación; mientras que por el otro lado ha permitido el ascenso de un grupo de nuevos ricos que casi han reventado el coeficiente de Gini, que registra la desigualdad.

Como todos hemos podido ver, esa debilidad estructural ha sido exitosamente explotada por los gobiernos Chaves-Fernández para fines electorales: creen que se han ingeniado una eterna fabriquita de votos con su espectáculo de los miércoles, pero por ahí pueden venir sorpresas (remember Trump).

Mientras tanto, Costa Rica ha podido resistir el brutal asedio que ese gobierno ha puesto sobre las instituciones más vitales: el Poder Judicial, las universidades públicas, la prensa, la Contraloría, la Caja, el ICE, etc. Nuestro pueblo está cada vez más consciente y más organizado, y más temprano que tarde le pasará la cuenta.

Lo tenemos claro: Chaves no está interesado en resolver los graves problemas del país, sino en demoler las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo cual explica su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección indefinida.

¿Qué quiere hacer este señor con un poder ilimitado? Echemos un vistazo alrededor del continente, y saldrá la respuesta.

La plaza sin don Pepe

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.

«Cristofascismo»: cuando el Evangelio se arrodilla ante el poder

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Hay una perversión del cristianismo que merece ser denunciada con franqueza: la utilización de Jesucristo para bendecir el autoritarismo, justificar la intolerancia y convertir la fe en instrumento de dominación política. Tiene un nombre tan incómodo como revelador: cristofascismo.

El término no es nuevo. La teóloga protestante alemana Dorothee Sölle lo utilizó en 1970 para denunciar la complicidad de sectores cristianos con el nazismo. Décadas después, el concepto cobró renovada fuerza en el Brasil de Jair Bolsonaro, donde el teólogo Fábio Py lo recuperó para describir la alianza entre sectores religiosos fundamentalistas y un proyecto político de rasgos autoritarios. Una vieja corrupción con nuevos protagonistas: utilizar el nombre de Dios para conquistar el poder y, después, utilizar el poder para imponer una determinada visión de Dios.

Basta observar ciertos escenarios políticos. Pastores convertidos en propagandistas, templos transformados en plataformas electorales, predicadores que confunden la voluntad de Dios con las ambiciones del gobernante de turno. Se invoca a Cristo para conquistar el poder y, una vez conquistado, se utiliza su nombre para exigir obediencia.

El negocio, además, resulta extraordinario. El político obtiene una legitimidad casi divina; el dirigente religioso consigue influencia, privilegios y acceso a los despachos donde se toman las decisiones. Ambos salen ganando. El Evangelio, en cambio, termina siendo pisoteado.

La contradicción es escandalosa. Jesús proclamó bienaventurados a los misericordiosos y a quienes trabajan por la paz, y algunos de sus supuestos representantes celebran la humillación del adversario, alimentan el desprecio hacia los migrantes y presentan la dureza como virtud suprema. Predican el amor al prójimo mientras confeccionan cuidadosamente la lista de quienes no merecen ser amados.

Y todavía tienen el descaro de llamarse provida y defensores de los valores cristianos…

No se trata de cuestionar la participación de los creyentes en política. Tienen pleno derecho a intervenir en la vida pública, defender sus convicciones y contribuir al debate democrático. El problema comienza cuando pretenden convertir sus creencias en imposición, cuando consideran enemigos de Dios a sus adversarios y cuando colocan la fidelidad a un caudillo por encima de cualquier exigencia ética.

Tampoco sería justo atribuir esta degradación exclusivamente a determinadas iglesias evangélicas, aunque es la moda. El catolicismo conoce demasiado bien las consecuencias de sus propias alianzas con los poderosos. Nuestra historia tiene suficientes altares próximos a los tronos como para repartir certificados de inocencia.

Lo verdaderamente peligroso del cristofascismo es que llega a vaciar la fe de su contenido más exigente. Conserva los himnos, las oraciones y las multitudes. Lo que desaparece es el Cristo que cuestiona al poderoso, acoge al extranjero y se identifica con los últimos.

Jesús fue categórico cuando advirtió a sus discípulos sobre la conducta de los gobernantes: «Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes» (Mt 20,25-26). ¡No ha de ser así entre ustedes! Difícil encontrar una advertencia más contundente para quienes pretenden convertir el cristianismo en una plataforma de dominación. Jesús conocía perfectamente las tentaciones del poder y quiso impedir que se instalaran entre los suyos. No fundó una comunidad de cortesanos ni una asociación de aduladores del César. Propuso exactamente lo contrario: que la autoridad se ejerciera como servicio. Por eso resulta grotesco que algunos ministros religiosos terminen bendiciendo precisamente aquello que Jesús les prohibió imitar.

Una sociedad democrática debe desconfiar de cualquier gobernante que se presente como elegido de Dios. Y una comunidad cristiana debería desconfiar todavía más de sus pastores cuando parecen sentirse más cómodos junto al poder que junto a quienes sufren sus abusos. Cuando la religión deja de ser conciencia crítica para convertirse en maquinaria de obediencia, ya no estamos ante una expresión valiente de la fe, sino ante su lamentable prostitución.

Cristo no necesita guardaespaldas políticos. Mucho menos necesita que sus ministros le cambien las bienaventuranzas por un programa de gobierno.

El eclipse del poder: gobernar mediante el miedo y la mentira

Martín Rodríguez Espinoza

Hace unos días, buscaba información sobre Cristóbal Colón, para otra cosa que escribo, y doy con una anécdota de un Colón en su declive que me hizo, inevitablemente, traerlo a nuestro tiempo. Parecería una historia urbana, pero fue real, este suceso está rigurosamente documentado y respaldado por dos frentes: los registros históricos de la época y la astronomía moderna, la cual ha confirmado científicamente la fecha y hora exactas del fenómeno.

Pues bueno, en 1504, Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar para engañar a los indígenas de Jamaica. Conociendo de antemano el fenómeno astronómico, les hizo creer que su Dios castigaría su negativa a seguir alimentando a sus hombres. El miedo hizo el resto. Lo que era un fenómeno natural se convirtió en un instrumento de manipulación y sometimiento.

Han transcurrido más de cinco siglos, pero, como señalé anteriormente, la lección sigue vigente, quien controla el miedo y manipula la información puede conseguir que los pueblos acepten incluso aquello que perjudica sus propios intereses.

Son otros tiempos, es cierto, hoy los “eclipses” no necesitan ocultar la Luna. Se fabrican con discursos, amenazas, mentiras, enemigos imaginarios y campañas de propaganda.

En América Latina, Estados Unidos pretende presentarse nuevamente como el salvador de nuestros pueblos, utilizando el supuesto combate al narcotráfico y su llamado “Escudo de las Américas” para justificar una creciente intervención militar y política que amenaza nuestra soberanía y justifica el saqueo. Nos venden protección mientras buscan imponer sus intereses geopolíticos y económicos.

En Costa Rica, el régimen Chaves-Fernández reproduce, a su manera, esa vieja estrategia. Detrás de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado operan intereses políticos y económicos que pretenden concentrar el poder, debilitar las instituciones públicas y presentar cualquier oposición como enemiga del país, ya se denuncian seguimientos, infiltraciones en el ICE, las telecomunicaciones, redes sociales, etc.

Nos quieren hacer creer que para combatir la corrupción debemos renunciar a la democracia, que para tener “seguridad” debemos aceptar el autoritarismo y que para alcanzar el progreso debemos entregar nuestros derechos.

El truco es exactamente el mismo, crear miedo para imponer obediencia.

Pero hay una diferencia fundamental entre aquella Jamaica de 1504 y nuestro tiempo en 2026, hoy tenemos los conocimientos, la información y la experiencia histórica suficientes para reconocer estos engaños.

El problema no es que falte luz, es que algunos pretenden mantener al pueblo en la oscuridad. Y aunque tenemos la información, está disponible para todos, y más que eso, los vemos haciendo sus fechorías, vemos el robo y saqueo descarado, el avance del autoritarismo se profundiza, tomando instituciones que antes eran supuestamente para el control contra la corrupción y el autoritarismo de un Poder Ejecutivo, se convierte, rápidamente, en instrumento de sometimiento, persecución y castigo, no contra delincuentes, al contrario, construido especialmente contra quienes se opongan.

La mejor defensa contra los nuevos manipuladores del poder es un pueblo informado, consciente, organizado y dispuesto a defender sus derechos y su Patria.

Finalmente, expresado de otra forma, más acorde con esta nota, “No hay eclipse que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

Ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas, a no ser que lo desee.

30 de octubre de 2026

¿Qué es el chavismo?

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

El chavismo es un fenómeno político nuevo, distinto a todo lo anterior desde la guerra civil.

Es una irrupción, un quiebre en la política nacional respecto al pasado.

Es el fenómeno internacional del surgimiento de la extrema derecha, al estilo Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro y otros, cuyo carácter es combinar el neoliberalismo más extremo con restricciones importantes a la democracia. Esa es la nueva esencia política del fenómeno de la extrema derecha mundial.

Entre sus muchas nuevas características está la de aparecer como enemiga de las llamadas elites políticas tradicionales y el surgimiento de un lumpen político que se apodera del Gobierno y luego infecta todas las instituciones y poderes del Estado.

Ese fenómeno internacional que encabeza el trumpismo, en Costa Rica se llama chavismo.

Considerar al chavismo como la culminación o continuación del bipartidismo y el PAC puede ocultar el nuevo rostro del fascismo y del autoritarismo.

Estamos en presencia de un carácter o contenido político que se llama chavismo, distinto a todas las expresiones políticas anteriores dominantes.

Entenderlo como la continuación de las políticas pasadas puede conducir a equivocaciones tácticas y estratégicas. El chavismo es una concepción neofascista que rompe con la concepción política pasada.

Equivocarse en la definición y caracterización del chavismo como la expresión nacional de la extrema derecha internacional, neoliberal en extremo y antidemocrática por esencia, puede condicionar el accionar político.

Recordemos que lo primero es caracterizar el fenómeno político y luego actuar táctica y estratégicamente en correspondencia. Si nos equivocamos en lo primero, fallamos en lo demás.

El macartismo saca la cabeza

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Una comisión especial legislativa, paradójicamente, la de Derechos Humanos, acordó solo con los votos del partido de gobierno, abrir una investigación contra el dirigente del Frente Amplio Ariel Robles por declaraciones llamando a manifestarse contra los recortes al presupuesto universitario.

De acuerdo con la Constitución Política, las comisiones legislativas pueden investigar a servidores públicos sobre actos relacionados con el ejercicio de su cargo, pero respecto de las personas privadas no tienen absolutamente ninguna competencia para investigarlas por sus actos u opiniones políticas. Existe sobre eso un límite infranqueable.

Cuando el poder adquiere o se otorga para sí la facultad o capacidad de investigar a las personas por la expresión de sus opiniones, estamos ante un régimen autoritario que limita las libertades de opinión y de expresión. Estaríamos entrando en un régimen totalitario al mejor estilo de las dictaduras.

En la década de los cincuenta, en plena Guerra Fría, surgió el macartismo, así llamado porque fue encabezado por el senador Joseph McCarthy, caracterizado por una práctica pública de acusaciones a muy distintas personas de ser simpatizantes del comunismo, agentes subversivos o traidores a la patria, realizadas sin ningún fundamento o pruebas y sin debido proceso.

Este es el método que el chavismo pretende introducir desde la Asamblea Legislativa: la vendetta o venganza pública sin mayores derechos contra un ciudadano que es una persona privada, por la expresión de sus ideas o pensamiento.

La expresión de las ideas conlleva la responsabilidad por las consecuencias que de ellas se puedan derivar. Y para eso están los tribunales. Si alguien considera que esas manifestaciones atentan contra los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, pueden acudir a los tribunales. Es el mecanismo en un Estado de derecho.

Pero de ahí a llevar a un ciudadano, que en su carácter particular ha expresado sus opiniones, ante una comisión legislativa, para, sin mayores garantías, ser sometido a una investigación, es la más clara y brutal violación a los principios y derechos constitucionales: esa sigue siendo la ruta del chavismo, la ruta del fascismo.

De Óscar Arias (1986) a Rodrigo Chaves (2026): la ilusión de la ruptura y la liquidación del Estado Social de Derecho. Parte segunda

Por: Lenin Chacón Vargas

El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.

7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política

Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.

Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.

Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.

8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»

Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.

Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.

El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.

Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.

9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas

La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.

Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.

Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.

Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:

Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).

Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.

Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).

Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.

El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.

El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.

10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!

A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.

Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.

El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.

El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.

Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.

Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.

NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:

«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …

«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.

«El capitalismo en algunos países del mundo aún pervive en su estado salvaje. Lo que la Iglesia critica es el espíritu contra el que el capitalismo ha alentado al utilizar el capital para someter y oprimir al hombre en una vida donde los hombres buscan su propio bien y no el bien común». Juan Pablo II..

20/10/26, Limón Costa Rica.

Un «mausoleo» para Bukele… con el cuento de Morazán

Freddy Pacheco León

Vuelve el dictador salvadoreño a soñar con la reencarnación del general Francisco Morazán, aunque no creemos que él hubiera estado muy a gusto con esa locura, pues Francisco Morazán era «un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista…» (José Martí). Sin embargo, en 1842, ayudado por enemigos del presidente don Braulio Carrillo, desembarcó el 7 de abril con cinco buques en Puerto Caldera, para luego avanzar con sus soldados con la misión de dar un golpe de Estado al mandatario. Logrado este, gracias a traidores como el salvadoreño Vicente Villaseñor, don Braulio fue desterrado hacia El Salvador y el hondureño Morazán comandó un gobierno provisional para luego ser nombrado jefe supremo del Estado de Costa Rica.

Pero Morazán quería mucho más; Costa Rica le quedaba muy pequeña a sus aspiraciones y por eso no tardó mucho en evidenciar su interés por extender su dominio militar, hacia el resto de los países centroamericanos. Ante ello, Guatemala declaró a Costa Rica país enemigo, Honduras y Nicaragua desconocieron su gobierno y El Salvador rompió relaciones, para luego unirse en la llamada «Confederación de Guatemala», para defenderse como uno solo. Mientras tanto, en Costa Rica también se puso más tenso el ambiente, pues el 29 de julio el catracho comunicó su intención de volver a estructurar la Unión Centroamericana, que antes como ahora, es rechazada por una gran mayoría de los ticos.

Pues amigos, al ver a Bukele invirtiendo recursos para que su identidad «recuerde» a Morazán, en vista de que en su imaginaria grandeza ya él no cabe en El Salvador, percibimos que ignora mucho alrededor de la figura de Morazán.

Como parte de ese matizado culto a la personalidad de Morazán, lo que Bukele pretende es que sus compatriotas, ¡y los del resto de América Central!, lo vean como el prócer del nuevo gran Estado que una vez soñara Morazán. Para ello, las que se dicen son sus cenizas, en un montaje 100 % kitsch, se resguardan en un monumento funerario de carácter marcial, al que erradamente el dictador llama «mausoleo», ubicado frente a la «biblioteca china» en San Salvador. Ahí se lleva al pueblo a ver el raro escenario, pero no es suficiente. Bukele necesita reconocimiento de parte de los presidentes centroamericanos, y dentro de ese contexto es que ha invitado a la presidenta Laura Fernández Delgado, tal vez con la esperanza de que tenga alguna de sus usuales «salidas», esta vez en apoyo a los sueños del reencarnado. «Vale la pena el intento», pensará.

Por otro lado, lo que no logramos comprender es que, en busca de un «destino común», Bukele no se detenga un instante al menos, a recordar cuál fue el desenlace de la aventura de Morazán en suelo costarricense, donde… murió fusilado aquel 15 de setiembre de 1842 en lo que es hoy el parque central de San José.

Imagen aportada por el autor y tomada de la página En Caliente-Honduras.