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Etiqueta: autoritarismo

Distopía, anticipación ontológica (Bloch) y Netflix

Escrito en . Publicado en Cultura.

Jiddu Rojas Jiménez

“Somos seres para la esperanza, aunque sepamos del abismo”. Ernst Bloch.

Recientemente, pude ver un maratón de la serie El cuento de la criada, The Handmaid’s Tale (2017-2025, creada por Bruce Miller). Otra distopía más en el inevitable Netflix.

No es cine-arte precisamente; es otra serie, con la arquitectura y textura necesarias para ser “popular” y bien comercializable. Recomendada. Muy recomendada.

Pero tenemos malas noticias políticas: como ya sabemos, el cine, la televisión y hasta Netflix son, desgraciadamente, “proféticos”. Y no en un sentido religioso y menos emancipador o escatológico.

Sufre, por el contrario, esta industria cultural (arte digamos no áureo), estructuralmente, de lo que el gran filósofo Ernst Bloch llama “anticipación ontológica” (en El principio esperanza).

Aunque, paradójicamente, el cine como espectáculo serial de masas la padece más bien. No la constituye como potencia liberadora necesariamente, sino como desgarramiento cultural avisado. Como anuncio acaso de un destino colectivo trágico; apenas evitable, y matizado de alienantes distracciones sociales o de delirantes teorías de la conspiración.

En este caso no se trata de la hermosa esperanza ontológica de Bloch —tan diferente de la religiosa confesional—, sino de una anunciada tragedia cultural, política, económica y sexual, que se aproxima en pleno siglo XXI.

Lo sabemos desde la transformación de la República en Imperio con Star Wars, pasando por el humor corrosivo de Los Simpsons, o las versiones cinematográficas de los clásicos 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, La naranja mecánica, luego más recientemente los éxitos de taquilla Avatar, Los juegos del hambre o simplemente Matrix. Todas grandes metáforas culturales. Todas acertadas. Y todas interpelando a la cultura de masas.

Esta nueva, aberrante y cruel trama —algo delirante en otros tiempos pasados, y basada en la novela de la autora canadiense Margaret Atwood de 1985— parece ahora totalmente plausible en un futuro cercano. Tal cual. El cuento de la criada no parece suficientemente imposible. Así de simple.

Lo que hubiese parecido una exageración poco realista —imaginar una especie de violenta sociedad totalitaria hiperpatriarcal, militarizada y fundamentalista protestante para los EE.UU., con servidumbre sexual femenina obligada y poligamia bíblica, con natalismo fascista, con mutilaciones públicas como castigo, con tortura reglamentada y dosificada penalmente y sádicamente, como en el actual y moderno Israel (en caso de “terrorismo”), etc.— es una de las posibles realidades futuras en un impredecible imperio trumpista en total decadencia. Más allá de MAGA, y con algún detonante colectivo y mediático, podríamos tener esta especie de neofascismo natalista norteamericano, o casi cualquier cosa.

“El anticomunismo es el comienzo del fascismo”, escribió Camus (quien no era comunista ni marxista, pero sí miembro de la Resistencia). Aun y cuando no haya más “comunismo”, ni URSS, ni Pacto de Varsovia, queda su fantasma. La desinformación sistemática y la manipulación colectiva hacen el resto. Y el ascenso económico brutal de China Popular y de los BRICS+ no pasa inadvertido para el “Imperio” (Negri).

Justo en este momento se discute internacionalmente en China sobre la llamada “trampa de Tucídides” —concepto del politólogo norteamericano Graham T. Allison, creado en su artículo homónimo del 2012 para el Financial Times, y luego desarrollado en el libro Destined for War del 2017, inspirado a partir del texto griego clásico de Tucídides Historia de la guerra del Peloponeso—, que explicaba la inevitable guerra entre la antigua Atenas y la antigua Esparta. Lo que pasa es que EE.UU. y China Popular son potencias mundiales nucleares. Sin hablar del poderío militar de Rusia.

Y esto nos recuerda que últimamente el rumbo democrático-liberal —con todos los defectos clasistas de la democracia liberal burguesa— del imperialismo occidental está en entredicho y navega con rápido rumbo hacia el autoritarismo.

Esto último incide directamente en su periferia neocolonial, incluida América Central, Latinoamérica en general y, por supuesto… Costa Rica con Rodrigo Chaves y su continuismo.

La “actualización” del imperialismo capitalista en tiempos de crisis fue, es y será el fascismo, y obviamente su economía política es la guerra de rapiña y el caos organizado. Y obviamente su periferia neocolonial, dada su histórica relación asimétrica, será su primer campo de batalla y experimentación.

Pero como alguna vez sentenció Umberto Eco: “Nazismo solo hay uno, pero fascismos hay muchos”. Es variopinto el neofascismo en el siglo XXI. Y se le nombrará como “libertad”, sentenció Umberto Eco de nuevo.

Ya sea el apartheid bóer con su discurso paranoico racista en la vieja Sudáfrica; o el franquista nacional-católico de viejo estilo; o el de nuevo estilo tipo Vox o la internacional Ayuso; o el régimen salazarista de Portugal; o la dictadura de los coroneles griegos (1967-1974); o la dictadura militar turca laica y prooccidental, o la actual islamista de Erdogan; las dictaduras de seguridad nacional impuestas en la periferia latinoamericana o por el neocolonialismo en África; o, a su manera, las satrapías petroleras del Medio Oriente; o el nuevo clásico: el actual sionismo revisionista y su genocidio en Gaza (y su pasada, atroz y también colonial Nakba).

La protagonista June Osborne (interpretada por Elisabeth Moss), ahora sexualmente esclavizada por uno de los nuevos comandantes (interpretado por Ralph Fiennes), no solo es mujer, blanca, hermosa e inteligente; es educada, universitaria, profesional y tenía un trabajo estable y un lindo matrimonio heterosexual interracial, carro y casa, y atención… tenía una hermosa hija.

Esto último le salva la vida cuando trata fallidamente de escapar con su familia a Canadá y es capturada y llevada con las demás “sirvientas”; porque en esta distopía norteamericana hay una especie de extraña pandemia mundial donde no hay fertilidad. Ella, al final del día, es fértil. Es un útero fértil. Y como en “La dialéctica del amo y el esclavo” de La fenomenología del espíritu de Hegel, el esclavo (o esclava) terminará sutilmente administrando su esclavitud y venciendo sobre el amo.

Este apocalíptico tema ya ha sido tratado en otra película distópica, pero británica: Children of Men (2006), Los hijos del hombre (España), o Los niños del hombre (Latinoamérica), de Alfonso Cuarón, con Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine y Chiwetel Ejiofor. Y viendo la tasa de natalidad de algunos países ricos, si no fuese por la inmigración de países pobres periféricos, pronto colapsarían demográficamente.

Spoiler sobre la trama de la serie en cuestión: aprovechando la coyuntura, los fanáticos fundamentalistas crean falsos atentados, o sea de “falsa bandera”, provocaciones al estilo de las Torres Gemelas del 11-S, y se desbordan. Así dividen EE.UU. al estilo de la Confederación sureña esclavista (anticipada por el filibusterismo de William Walker), e implantan un moderno toque de queda permanente, como en El Salvador de Bukele: la “República de Gilead”. Dando pie a un siniestro proyecto político totalitario.

Todo muy propio al próximo cambio del nuevo modo de producción del tecnofeudalismo, anunciado por el economista Yanis Varoufakis. Un nuevo modo de producción —aún peor que el capitalismo tardío, financiero y global— caracterizado por personajes ultramillonarios, barones del tecnofeudalismo tipo Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Bill Gates.

Así las cosas, con las previstas, actuales y próximas guerras imperialistas, con la grave crisis energética en ciernes, con la crisis climática y ecológica, con el sesgo totalitario de la IA, con la desinformación sistemática y con la manipulación de masas del populismo de extrema derecha, que nada nos extrañe… “El futuro es ya”, ironizaba el francés Jean Baudrillard.

Avisados estamos. La distopía, cualquiera sea su nombre, podría estar más cerca. Y Netflix lo “profetiza”.

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El odio a las instituciones democráticas

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Resumen y recreación de lo expuesto por el autor en la Mesa Redonda: Las Tribus del Odio-Odio contra la Justicia. Evento realizado en el Centro de Cultura de España (El Farolito), 6 de mayo de 2026.

1. El concepto

El sentimiento de odio es una pasión humana dirigida a destruir a la persona que enfrenta, identificada como enemiga, de manera simbólica o material. El insulto, la mentira, la manipulación, la deshumanización, la agresión y el exterminio son los medios más frecuentes para alcanzar ese objetivo.

2. La causa

La raíz del odio contra la democracia liberal se debe a que este régimen político ha defraudado a muchísima gente. Hay malestar y resentimiento por las promesas incumplidas, por la mayor desigualdad e inequidad, por la mayor discriminación y pobreza; por no poderse acceder a derechos fundamentales o a los servicios públicos básicos; por no soportarse más la corrupción de políticos coludidos con grandes empresarios.

En el caso del Poder Judicial, a los problemas crónicos como el retardo en el trámite de expedientes o la mala calidad técnica del servicio, se ha unido la renuencia de la cúpula (Corte Suprema) a realizar las reformas urgentes de fondo (separación de gobierno/administración de la función jurisdiccional; despolitización de nombramientos; uniformidad en carrera, escala de puestos y salarios, régimen disciplinario). La desconexión de esa misma cúpula con las necesidades de los usuarios del sistema y la falta de transparencia para rendir cuentas, completan un panorama difícil de defender.

3. El efecto

Emerge como vendaval el populismo demagógico; el “mesías” que promete llevarnos a la tierra que mana leche y miel – tan explícitamente que él mismo se ha comparado con Moisés, Juanito Mora y don Pepe Figueres- ; el mismo “guía” o “conductor” que levanta la nueva promesa; el que convence a importantes mayorías; el que ya no representa sino que encarna al pueblo, su voluntad y aspiraciones. Por supuesto, es quien proclama que “Dios está de su lado” para lo cual cuenta con pastores y sacerdotes dispuestos a manipular la buena fe de la gente. Su ignorancia en casi todos los temas, sin embargo, le impide ver que este camino ya lo trazó, paso a paso, un tal Adolfo Hitler en momentos y con consecuencias trágicas para la humanidad.

La tarea demoledora hasta ahora ha resultado sencilla, aunque de la reconstrucción se dice poco y se hace menos. No se va más allá de las consignas: acabar con la corrupción (lo que suena a estas alturas cínico, dadas las decenas de denuncias penales bajo investigación); resucitar la “mano dura” (estrategia fracasada en todo tiempo y todas partes); impulsar una “tercera república” (cuyo contenido nunca lo hemos conocido). Lo evidente es la ambición por acabar con las instituciones, ocupar o remover los órganos de control, concentrar todos los poderes en su persona, y estar en condiciones de hacer lo que le dé su santa gana. En resumen, cambiar la democracia por la dictadura.

4. El método

Hay una estrategia política que tiene dos propósitos: (a) ocultar la incapacidad –ya manifiesta, porque han gobernado por 4 años sin poder exhibir nada relevante-, y (b) esconder la inexistencia de una visión del país a mediano o largo plazo.

Este pasado 8 de mayo hemos alcanzado la cúspide de la ola. A partir de este momento ya no vale echar la culpa a otros, decir que no los han dejado gobernar, mentir para no reconocer ineptitudes y errores. Todos las y los oportunistas, viejos militantes de tiendas tradicionales –empezando por la propia presidenta-, se han subido al barco ganador. Es gente sin escrúpulos ni principios. Lo único que les ha movido son sus propias carreras políticas y las migajas de poder que puedan recoger del suelo. Con la misma facilidad con la que se han subido a bordo, no dudarán en tirarse de cabeza al agua cuando las primeras fisuras de la nave se abran. Si creen que las genuflexiones y reverencias los ponen a salvo, ignoran que el autócrata no tiene amigos ni conoce de lealtades, en el momento que haga falta los tirará por la borda.

5. Odio contra instituciones de control democrático

Hay una estrategia de sobrevivencia. Al mejor estilo nazi-fascista, el delirio embelesador de las masas se sostiene con una retórica incendiaria y un aparato mentiroso de propaganda y manipulación bien aceitado. En este plano, el objetivo es identificar enemigos, deshumanizarlos y en cualquier caso inocular odio en su contra. También se trata de negar méritos ajenos y exagerar, cuando no inventar, logros propios.

No podemos olvidar el itinerario de las campañas de descalificación y odio contra los mecanismos e instancias de control, propios del sistema democrático y su Estado de Derecho. Aquí menciono sólo algunos de los ejemplos más relevantes:

a. Primero fue la denuncia en ciertos medios de prensa, en plena campaña política del 2021-2022, de la condena por abusos y acoso sexual contra el candidato Chaves Robles en el Banco Mundial. De ahí se derivó lo de “prensa canalla” y la burda venganza contra La Nación por el Parque Viva, una vez asumido el gobierno.

b. Primero se dieron las denuncias por manejos presuntamente irregulares e ilícitos en esa misma campaña, así como la declaratoria de inviabilidad del referéndum para la llamada Ley Jaguar. Ante las decisiones ineludibles del Tribunal Supremo de Elecciones, vino la andanada de descalificaciones, insultos y calumnias contra esta institución y sus jerarcas, sembrando incluso dudas sobre su integridad y objetividad.

c. Primero fue la presentación chapucera e ilegal de los proyectos de “Ciudad Gobierno” y la marina de Limón, que no pasaron el examen fundado de la Contraloría, y después vino la andanada de improperios y humillaciones dirigidos contra la señora Contralora y la institución a su cargo.

d. Primero fueron las denuncias penales interpuestas contra Chaves y algunos de sus ministros y asesores por supuestos delitos contra la probidad en la gestión pública y, ante la obligada intervención del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, no se hizo esperar la avalancha de improperios, infundios, descalificaciones y calumnias contra esas instituciones y sus jerarcas.

e. También fue primero el rechazo de los rectores al intento de desfinanciar la educación pública superior a propósito de la negociación del FEES, y después los ataques personales y los intentos por denigrar al entonces rector de la UCR.

En fin, se dieron cronológicamente con anterioridad las conductas indebidas e inaceptables en la gestión de Chaves Robles; actuaciones arbitrarias, ineficaces y hasta presuntamente ilícitas, y luego se activaron, por obligación de la Constitución y las leyes, los mecanismos de control propios de un Estado de Derecho. Sólo en la mente de “El Señor Presidente”, de “Yo, el Supremo” y de “El Tirano Banderas”, existieron las conspiraciones de sus enemigos, las motivaciones políticas espurias y las estrategias de persecución.

6. Lo peor: de los dichos a los hechos

No conviene repetir aquí la lista interminable de insultos que han salido de boca de Chaves Robles contra personas que lo critican o lo controlan. No conviene caer en la tentación de rebajar el debate público a una guerra de descalificaciones, ni es políticamente acertado quedarse en ese nivel, mientras los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse.

Pero debemos dejar constancia de una preocupación mayor, relacionada con el hecho de que la agresividad, las amenazas y el odio verbal han ido más allá, para transformarse en reales atentados a las libertades y derechos de las personas. Y lo que resulta más grave aún: para consumar esos atentados, se ha hecho uso de las instituciones públicas. Estoy seguro que muchos hechos se me quedan por fuera:

a. Utilización de Tributación Directa. La acusación falsa de que un empresario de la comunicación opositor al gobierno (L. Baruch), había perpetrado una enorme evasión fiscal, escándalo originado en rencillas personales y venganzas por críticas hechas al gobierno.

b. Utilización del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En plena campaña electoral del 2026 se aprovechó la manifestación, por lo demás legítima, de la hija del candidato Álvaro Ramos, para allanar, aislar, interrogar y amedrentar a esa persona menor de edad y a su familia.

c. Utilización de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Contra diputaciones de la Asamblea Legislativa, mediante la ejecución de seguimientos ilegales, se dejaron mensajes implícitos de amenaza y control

d. Presiones desde Casa Presidencial para dejar sin trabajo al esposo de la ex ministra de Comunicación del propio Chaves, cuando ésta denunció supuestos actos de corrupción en casos específicos.

e. Propaganda desde la misma Casa Presidencial señalando y burlándose de las decisiones de una Jueza de Ejecución de la Pena, identificándosela con nombres, apellidos y lugar de residencia, y acusándola de tomar decisiones complacientes con los delincuentes y el crimen organizado. La señora jueza terminó siendo víctima de una agresión brutal (Tentativa de Homicidio) por parte de un sujeto fanatizado.

f. Utilización de la Embajada Trumpista en el país para cancelar o denegar visas a los Estados Unidos de América, contra, ¡Oh, casualidad! diputaciones, magistraturas, dueños de medios de comunicación, identificados como opositores al gobierno.

No sé si los costarricenses estamos midiendo la gravedad de estas actuaciones, lo cerca que estamos de dejar de ser un Estado de Derecho y sumirnos en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Los que se arrastran solícitos no son los únicos responsables. También lo son quienes vuelven a ver para otro lado, y los que simplemente guardan silencio, por cálculo o cobardía.

 

Perú: ¿Es posible recuperar la democracia?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

SERVINDI / pressenza

“La democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa”.

XXI Encuentro de Derechos Humanos: ¿es posible recuperar la democracia?

Texto del IDEHPUCP*

Idehpucp, 5 de mayo, 2026.- Esta semana se desarrolla el Encuentro de Derechos Humanos que desde hace veintiún años organiza el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Este año el encuentro está enfocado, como no podía ser de otro modo, en las perspectivas que se delinean a partir del proceso de elecciones generales. Esas perspectivas motivan, evidentemente, una extrema inquietud respecto del futuro de la democracia en el Perú.

Los cinco años pasados, en los que hemos presenciado una sistemática destrucción de la institucionalidad democrática por parte de los grupos que ocupan el Congreso, pintan ese futuro con matices muy oscuros. Esto ha llegado al punto de que diversos observadores –individuales o institucionales, nacionales o extranjeros– han puesto en discusión que el régimen actual pueda seguir llamándose una “democracia” en sentido estricto.

La realización de la primera vuelta electoral subraya de una manera bastante clara esta crítica situación. Por la negativa de uno de los perdedores –el candidato López Aliaga– a aceptar los resultados, se ha desencadenado un conato de desestabilización institucional en el cual el Estado de Derecho ha sido transgredido o puesto en cuestión de variadas maneras por todos los coaligados en la tesis del “fraude”.

Como ya se ha comentado antes, más allá de la intemperancia y los reflejos autoritarios y violentos del candidato perdedor y su entorno, esa desestabilización, centrada ahora en la interferencia con el sistema electoral, ha contado con el concurso de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

A ello se ha sumado en los últimos días el alcalde de Lima encargado (tras el abandono del cargo por López Aliaga), quien, utilizando recursos de la comuna, ha empezado a operar como una pieza más del mecanismo planteando acciones legales sin ningún fundamento –y sin que esto sea tarea de la autoridad municipal.

Esta circunstancia, que es un último ejemplo de la descomposición política mencionada, refuerza la importancia de la reflexión que el Idehpucp ha propuesto para su XXI Encuentro de Derechos Humanos. Este ha sido concebido como un llamado a reconocer que la supervivencia de la democracia está en juego y a preguntarse de qué maneras sería posible evitar un hundimiento más profundo en el autoritarismo –y en sus nexos con la corrupción y el crimen organizado– que ha sido la tónica del último lustro.

Con el título de «Recuperar la democracia. La urgencia del Estado de Derecho» el Encuentro desarrolla estas cuestiones en tres ejes. El primero –“¿Qué democracia estamos habitando?”– propone tomar una medida realista o incluso descarnada de la situación presente. Se trata de analizar las diversas formas de desmantelamiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática llevado a cabo por el Congreso con la anuencia o complicidad del Poder Ejecutivo. Además de eso, en este eje se analizará lo que nos dicen los resultados de la primera vuelta en términos de una reacción democrática –o ausencia de ella– frente a este panorama.

El segundo eje –“La esfera pública en crisis”– constituye un acercamiento a las transformaciones sociales que se conjugan con esa descomposición o que, eventualmente, podrían servir para revertirla. Es imprescindible, en este punto, observar los cambios en el discurso público marcados por la proliferación de la desinformación y los discursos de odio, todo ello amplificado, o, de hecho, posibilitado por la imparable revolución tecnológica de los canales de comunicación. Las redes en plataformas digitales son el carril por donde circulan las mentiras oficiales o masivas y la polarización: ¿será posible hallar en ellas, también, un antídoto contra esas tendencias?

Preguntas como esta son la materia del tercer eje titulado “Ciudadanías en movimiento y prospectiva democrática”. Si es imprescindible reconocer la magnitud de la crisis, también lo es detectar los medios que tiene la sociedad para hacerle frente. Por ello se hará aquí una reflexión sobre los sentidos de la movilización social y sobre cómo la defensa de los derechos humanos es un ideal y a la vez un recurso para la recuperación política del país.

Como señaló en su conferencia inaugural el jurista Antonio Maués, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal do Pará (Brasil), la democracia es mejor entendida como un régimen en constante construcción, sujeto a retrocesos y avances, y que requiere para su concreción de una ciudadanía vigilante y activa. Este Encuentro, al poner el acento sobre el proceso de deterioro y los diversos factores que hoy en día conspiran contra la democracia en el Perú y en muchas otras naciones y regiones, se plantea no como un llamado a la resignación, sino como una señal de alerta que, precisamente, reactive o refuerce la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en nuestra comunidad.

*Boletín semanal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP):
https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-xxi-encuentro-de-derechos-humanos-es-posible-recuperar-la-democracia/

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

Más que la noticia, lo verdaderamente inquietante fueron las reacciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En las últimas horas circuló ampliamente una noticia sobre una manifestación convocada contra la visita oficial del presidente de Israel durante el acto de traspaso de poderes en Costa Rica. Más allá de las posiciones que cada persona pueda tener sobre el conflicto en Gaza, sobre Israel, Palestina o sobre el Frente Amplio, hubo algo que me dejó profundamente preocupado: la enorme cantidad de comentarios que pedían abiertamente represión, violencia, encarcelamientos y agresiones contra quienes participarían en una protesta pública.

Pero incluso antes de leer los comentarios, hay algo más que merece atención: la forma en que la noticia fue presentada. El lenguaje utilizado por algunas páginas y medios no fue neutral. Expresiones como “sombra al acto oficial”, “operativo de seguridad bajo alerta máxima”, “empañar la fiesta patria” o “la izquierda busca hacer retumbar su voz” no solamente describen un hecho: construyen una narrativa donde la protesta aparece asociada al desorden, al peligro o a una amenaza contra la estabilidad nacional.

Y eso importa muchísimo, porque las palabras nunca son inocentes. Antes de que miles de personas comentaran la publicación, ya existía un encuadre emocional previo que presentaba la manifestación no como un ejercicio democrático protegido constitucionalmente, sino como un posible foco de caos o provocación. Cuando la protesta comienza a representarse mediáticamente como amenaza, resulta mucho más fácil que parte de la ciudadanía termine justificando respuestas autoritarias o violentas contra quienes participan en ella.

No se trató únicamente de desacuerdos políticos. Lo que apareció fue algo más profundo y más grave: una parte importante de la ciudadanía comenzó a hablar del adversario político como si no fuera un ciudadano con derechos, sino una amenaza que debe ser eliminada, golpeada, “limpiada”, silenciada o encerrada.

Los comentarios hablaban de “gas”, “garrote”, “agua”, “cárcel”, “basura”, “peste”, “cucarachas”, “escorias” y “lacras”. Muchos incluso celebraban anticipadamente la posibilidad de que hubiese violencia policial contra personas manifestándose. Lo más preocupante no es que existan comentarios extremos —eso siempre ha existido—, sino la naturalidad con la que hoy se expresan.

Y aquí aparece una contradicción enorme: muchas de esas mismas personas aseguraban estar “defendiendo la democracia”.

Pero una democracia no es solamente votar cada cuatro años, celebrar actos patrios o asistir a un traspaso de poderes. Eso es apenas su dimensión ceremonial. Una democracia constitucional también implica tolerar el disenso, aceptar la crítica, proteger las minorías y reconocer el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando incomoda o cuando no coincide con nuestras ideas.

Precisamente por eso existen las constituciones políticas y los derechos fundamentales.

En Costa Rica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pacíficamente forman parte del núcleo básico del Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 28 de la Constitución Política establece que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones”, mientras que el artículo 26 reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea en espacios privados o públicos. Del mismo modo, el artículo 29 protege la libre comunicación del pensamiento por palabra o por escrito.

Esto significa algo muy importante: la protesta pacífica no es una concesión del gobierno de turno ni un privilegio ideológico. Es un derecho constitucional.

Incluso el Código Civil costarricense, en su artículo 18, recuerda que la existencia de la ley obliga independientemente de que las personas la conozcan o no. Sin embargo, el problema actual pareciera ser todavía más profundo: no solamente existe desconocimiento de las normas jurídicas, sino también un debilitamiento progresivo de la cultura democrática que les da sentido.

Y ahí es donde veo uno de los problemas más serios de nuestro tiempo: mucha gente ya no comprende qué significa vivir en una democracia constitucional. Se piensa que si una mayoría ganó elecciones, entonces cualquier crítica posterior es una amenaza al país. Se confunde democracia con unanimidad. Se interpreta la protesta como traición. Se cree que disentir es “odiar Costa Rica”.

Pero una sociedad democrática madura no elimina el conflicto político: aprende a convivir con él sin destruir al otro.

Lo que revelan estos comentarios no es solamente polarización política. Revelan una profunda crisis de cultura democrática.

Y esa crisis no nació de la nada.

Durante décadas, la educación pública fue reduciendo progresivamente los espacios dedicados a la educación cívica, la filosofía, la historia política y el pensamiento crítico. Poco a poco dejamos de formar ciudadanía y comenzamos a formar únicamente individuos funcionales al mercado. Hoy muchas personas desconocen por completo qué dice la Constitución Política, cuáles son sus derechos o por qué existen límites al poder estatal.

El resultado es una ciudadanía que muchas veces reacciona desde el miedo, el enojo o la identidad tribal, pero no desde la reflexión democrática.

Y eso abre una situación peligrosa: cuando la población comienza a percibir los derechos fundamentales como obstáculos y no como garantías civilizatorias, el autoritarismo deja de venir únicamente desde arriba y empieza a surgir desde abajo, desde la propia ciudadanía.

Ese quizá sea el aspecto más inquietante de todo esto.

La crisis democrática no comienza solamente cuando un gobierno restringe derechos. También comienza cuando las personas empiezan a pedir voluntariamente que esos derechos desaparezcan para quienes piensan distinto.

Y eso debería preocuparnos muchísimo más que cualquier manifestación.

Hoy son visas. Mañana será nuestra voz

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Hay una señal peligrosa: cuando el poder deja de discutir y empieza a condicionar, la libertad y los derechos entran en riesgo.

No estamos ante un pleito más entre un gobierno y un medio que ha sido parte del establishment dominante y de cierta pluralidad a la tica. Tampoco se trata de simples visas para ingresar a un país, por importante que ese destino haya sido en la historia reciente de nuestras élites. Reducir el episodio a un trámite migratorio sería, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, cómplice. Lo que está en juego no es la movilidad de un grupo empresarial, sino el clima de libertades y el ejercicio de los derechos para todos los demás en el país.

La medida contra directivos del diario La Nación —más allá de su discutible papel histórico como vocero de sectores dominantes— introduce un elemento inquietante: el uso de mecanismos externos para dirimir diferencias internas. No es solo un gesto de represalia contra un actor poderoso; es una señal. Y las señales, en política, rara vez son inocentes. Podría tratarse también de una pugna entre distintas fracciones del mismo establishment. Hay que reconocer que el periódico ha sido crítico con el actual gobierno costarricense y, por eso, está pagando un costo. Alegrarse por ello no tiene nada que ver, en absoluto, con la transformación de las relaciones de dominación.

Lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Chaves ya había intentado presionar a ese medio, afectando sus fuentes de ingreso —como en el caso de Parque Viva— y retirando pauta publicitaria estatal a otros. Pero ahora la lógica escala: no solo se ejerce presión económica desde dentro, sino que se activan vínculos externos. El mensaje es brutal en su simpleza: quien no se alinea, paga costos.

No sabemos si la correlación de fuerzas entre La Nación y el actual grupo en el poder ha cambiado respecto de contiendas anteriores. Ese grupo periodístico incidía, sin demasiadas mediaciones, en decisiones políticas relevantes. No era posible coincidir con muchos de sus excesos, sobre todo frente a demandas sociales legítimas. Actuaba en consonancia con otros grupos de poder económico. Hoy, esos viejos aliados guardan silencio: o les gana el miedo —y tienen mucho que perder si hablan— o calculan que tienen más que ganar si se alinean.

Lo relevante, sin embargo, no es el blanco de la medida, sino su alcance. Si esto ocurre con un actor que históricamente ha sido parte del establishment, la pregunta no es por qué le ocurrió, sino qué puede ocurrir con quienes no tienen ese poder. Ahí es donde el episodio deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Adquiere otra dimensión política. No debería preocuparnos la suerte de los directivos en sí, sino la de todos los demás: sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, intelectualidad crítica, medios independientes, alternativos y críticos y liderazgos políticos disruptivos.

Costa Rica no está sola en este giro. En Guatemala, periodistas han sido encarcelados mediante procesos judiciales cuestionados. En Nicaragua, el cierre de medios independientes eliminó prácticamente toda pluralidad informativa. En El Salvador, la presión fiscal, judicial y simbólica ha empujado al exilio a voces críticas. Son contextos distintos, pero comparten una misma lógica: no siempre se clausura la prensa; a veces basta con intimidarla. Y por ahí suelen comenzar cosas peores. Esa sombra recorre ya buena parte de América Latina.

Pero en el caso de Costa Rica hay un elemento adicional que lo vuelve más inquietante. Además de este grupo empresarial, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el ingreso a su país a dirigentes políticos, magistrados, funcionarios públicos y a otro empresario que no son una amenaza para ese país En varios casos, según se ha señalado, a solicitud del propio gobierno costarricense. Se trata de una forma particularmente opaca de trasladar conflictos internos al terreno externo. Por eso, la pregunta que no se formula con suficiente fuerza es: ¿qué está dispuesto a dar o a conceder el gobierno de Costa Rica a cambio? No parece verosímil que se trate de simple lealtad sin costo.

Lo que comienza a perfilarse en la región no es un retorno mecánico a las dictaduras del siglo XX, sino algo más sofisticado: democracias que conservan sus formas mientras erosionan sus contenidos. Ya no se proscriben partidos ni se decreta la censura abierta; se construyen entornos donde disentir tiene costos crecientes.

En ese marco, el uso de instrumentos internacionales —como la restricción de visas— apunta a una dimensión adicional: la externalización del conflicto político y la posible articulación de afinidades más allá de las fronteras nacionales. No hace falta invocar conspiraciones para reconocer una convergencia de estilos: gobiernos que, desde distintos signos, comparten una relación cada vez más instrumental con la institucionalidad democrática y están dispuestos a violentarla.

Costa Rica, que durante décadas se pensó a sí misma como excepción, empieza a parecerse demasiado a su entorno. Y esa es, quizás, la señal más preocupante. No porque hayamos dejado de ser distintos, sino porque estamos dejando de defender aquello que nos hacía serlo.

Las visas, al final, son lo de menos. Se otorgan, se negocian o se recuperan. Más temprano que tarde, los sancionados volverán a disfrutar de sus visas. La libertad y los derechos perdidos por todos los demás, muy posible que no. Estos se ejercen o se pierden. Y cuando empiezan a condicionarse —aunque sea en los márgenes— conviene entender que el problema ya no es de quienes se quedaron sin entrada a un país, sino de todos los que aún creemos que vivir en libertad no debería tener precio.

Hoy son visas a empresarios, políticos y funcionarios. Mañana será el silencio de todos. Y cuando el silencio se vuelva costumbre, ya no hará falta prohibir nada: habremos aprendido, por nosotros mismos, a callar, algunos por miedo, otros por complicidad.

Visa para la censura: autoritarismo criollo y complicidad imperial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Instituto sindical de formación política

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

La reciente anulación de visas a los directivos del periódico La Nación marca un antes y un después en la historia de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Estados Unidos. Lo que debería ser un trámite administrativo rutinario se ha convertido, bajo la administración de Rodrigo Chaves, en un mecanismo más de persecución política. Pero lo más preocupante no es solo la maniobra vengativa del mandatario costarricense para acallar a la prensa crítica, sino el triste y bochornoso papel de los Estados Unidos, que al prestarse a este juego se transforman en cómplices del autoritarismo tropical. El imperio que presume de ser guardián de la democracia se ha convertido, irónicamente, en notario de la represión.

La fachada del “imperio de la ley”

Washington ha justificado la medida bajo el argumento técnico del cumplimiento migratorio. Una excusa tan frágil como un papel mojado. El gobierno de Chaves, experto en disfrazar de legalidad lo que es pura arbitrariedad, ha encontrado en la desgastada “democracia” del norte un socio silencioso. Al no intervenir ni cuestionar el fondo político de la decisión, Estados Unidos valida implícitamente la estrategia de un presidente que utiliza las herramientas del Estado como látigo contra quienes denuncian sus desplantes autoritarios.

No es un hecho aislado: es la continuación de una política de hostigamiento. Recordemos que en octubre de 2025 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente por 15 denuncias de “beligerancia política”. ¿Y cuál fue la reacción de Chaves? Insultar al Tribunal, acusarlo de “parcialidad” y advertir sobre una supuesta “guerra de sangre”. La ironía es brutal: un presidente que se proclama defensor de la ley, pero que la trata como papel higiénico cuando le incomoda.

La “pedagogía de la crueldad”

¿Qué intenta esconder Chaves al atacar a medios como La Nación? La respuesta está a la vista. Detrás de la retórica populista y las estupideces histriónicas con las que entretiene a sus seguidores, se esconde una gestión marcada por la opacidad y el debilitamiento institucional. Basta con observar cómo el Poder Judicial advirtió que sus afirmaciones sobre “fiscales corruptos” allanan el terreno para prácticas autoritarias.

El presidente parece seguir un manual clásico del populismo autoritario: cuando no puede gobernar con los votos —recordemos que no logró los 38 votos para quitarse la inmunidad en el caso BCIE—, intenta destruir a quienes lo fiscalizan. La anulación de visas a los directivos de La Nación es un escupitajo a la libertad de expresión. Es el gesto desesperado de un gobernante que ya no se molesta en ocultar su desprecio por la democracia, utilizando a Estados Unidos como ariete.

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

El silencio de Washington es ensordecedor. Mientras predica democracia en foros internacionales, en la práctica facilita que un mandatario centroamericano persiga a la prensa crítica. Este precedente es peligroso: se le dice a la región que se puede quebrantar el estado de derecho siempre que se tenga el visto bueno de la potencia hegemónica.

No estamos ante una “cruzada contra la corrupción”, como intenta vender Chaves con sus discursos soeces llenos de alabanzas a Dios y ataques vulgares. Estamos ante una cacería antidemocrática contra quienes se atreven a señalar que el Rey va desnudo.

La historia juzgará con severidad tanto a los funcionarios estadounidenses que firmaron estas órdenes de visa, como también a Rodrigo Chaves por su afán de acabar con la libertad de expresión. Mientras tanto, los costarricenses que aún creemos en la República debemos alzar la voz: no permitiremos que nos callen con visas ni con decretos. La prensa no se rinde, y los pueblos que lucharon por sus libertades no están dispuestos a cambiarlas por el capricho de un gobernante vengativo.

Primero de mayo en Costa Rica: Entre devoción y afanes autoritarios o salir del conformismo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Abelardo Morales Gamboa

El primero de mayo en Costa Rica expuso algo más que una jornada de conmemoración: reveló las tensiones entre poder político, discursos religiosos y capacidad de movilización social, en un momento que podría marcar un punto de inflexión para la democracia.

Puede ser que hoy día la relación con la política sea emocional más que racional. Esto puede manifestarse no solo en la acción, sino también en el análisis: uno mismo no escapa a ello. Sin embargo, el intento de reflexionar y opinar racionalmente —aunque sea eso, un intento— sigue teniendo valor.

Este primero de mayo se celebraron tres actos importantes. Por un lado, la misa en la Catedral Metropolitana, en la cual el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, se pronunció —como lo ha venido haciendo la Conferencia Episcopal— en defensa de los derechos de los trabajadores, así como de la seguridad social y el acceso a la salud.

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, sin mayores sorpresas, el partido de gobierno capturó todos los puestos del directorio. Lo más significativo en ese recinto fue la formación de un bloque conjunto de los partidos de oposición para enfrentar al oficialismo, sumando un total de 26 diputados. Es un bloque con mucho potencial, si se cuenta con estrategia mas allá de la cantidad de votos.

En las calles, por su parte, se realizó la marcha en conmemoración del Día de los Trabajadores, con gran participación de organizaciones sindicales, sociales y universitarias.

Pero debemos llamar la atención: este no fue un primero de mayo cualquiera. Estamos ante la posibilidad de un parteaguas. Una de las posibilidades es que se profundice una intentona política de concentración de poder, con una particularidad: asoma en el panorama una alianza entre una élite política que busca consolidarse y una secta vinculada al protestantismo neoconservador. Detrás de ello no solo hay intereses por concentrar poder y aprisionar instituciones.

Existe, además, una turbia red de intereses político-económico-religiosos que desafían las fronteras de los negocios legítimos, junto con mecanismos de encubrimiento e impunidad, incluso frente a supuestos delitos graves. No se trata solo de negocios turbios, sino también de violencia y agresión sexual.

Por eso, la marcha de este día podría servir como un proxy imperfecto de la resistencia social. Hay que decirlo sin candor: la fuerza todavía no es suficiente. Si bien se intenta mostrar músculo, faltó energía. La movilización no sumó mayores contingentes de trabajadores y grupos sociales a los vistos en años anteriores. No contamos con evidencia dura; es una percepción. Sin embargo, el desfile mostró entusiasmo, emoción y entrega; pero no se muestran cambios en la movilización.

Como siempre, destacaron organizaciones gremiales que consistentemente suman y crecen. Los maestros y profesores, no por casualidad, fueron la excepción que confirma la regla: seguimos siendo un país de maestros y no de soldados. Esa sigue siendo Costa Rica, pese a las traiciones del gobierno hacia los pensionados.

Pero otros sindicatos ni asomaron: grandes organizaciones que anteriormente destacaban por su combatividad. ¿Dónde están? ¿A qué responde su silencio? Se pudo observar una variedad de otras organizaciones sindicales con una representación que no superaba en mucho al número de integrantes de sus juntas directivas, entre ellas algunas de las universidades públicas, que hoy demandan apoyo popular para su lucha presupuestaria. Nuevamente, los jóvenes estudiantes universitarios no solo agregaron consignas sino combatividad.

Pero hay una paradoja: la homilía del arzobispo de San José advierte sobre un riesgo inminente, el deterioro de los derechos laborales. La reciente Carta Pastoral de la Iglesia Católica, pasó lista por importantes desafíos sociales.

Desde nuestra perspectiva, entre los primeros derechos amenazados estarán los beneficios otorgados por convenciones colectivas, de los que disfrutan muchos que hoy pasaron por alto su participación en la manifestación. Cada marcha es no solo una conmemoración, sino también un acto de presencia en el que se planta cara en defensa de nuestros derechos laborales y sociales.

El acuerdo entre fuerzas de oposición en el Congreso, mientras tanto, abre una perspectiva para el optimismo. Pero no es suficiente. Las contradicciones con la alianza en el poder no se reducen al Parlamento ni al Poder Ejecutivo; tampoco se agotan en los demás poderes del Estado. Se trata de una lucha social que desborda lo institucional y se proyecta en los territorios, en los sectores y en las comunidades.

Por eso, hoy no solo hizo falta mayor capacidad de movilización: queda en evidencia que seguimos ayunos de organización, de formación y de educación política, así como de niveles más altos de conciencia social. Este déficit obliga a algo más que a salir a la calle: exige transformar nuestras formas de organizarnos, de hacer política, de resistir y de construir alternativas. Al entusiasmo y la emoción debemos sumar mayor capacidad de reflexión y de acción.

Porque el desafío no es únicamente resistir, sino reconstruir. Y aunque hoy las fuerzas parezcan dispersas, en cada espacio donde se organiza la gente, donde se defiende un derecho o se teje comunidad, ya está germinando el país distinto que aún es posible construir.

“Ya tomamos el Ejecutivo y el Legislativo, ahora vamos por el Poder Judicial”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Por si alguien tenía dudas, el presidente Chaves lo dijo con claridad: “ya tenemos el poder ejecutivo y el legislativo nos falta el Poder Judicial”.

Lo dijo ante uno de los sectores más reaccionarios del país, el grupo de pastores evangélicos. Chaves quiere controlar todos los poderes del Estado para impulsar sus políticas autoritarias.

El autoritarismo de extrema derecha se llama en Costa Rica Rodriguismo, que es el calificativo que le han puesto sus propios seguidores.

El autoritarismo rodriguista quiere controlar y dominar los tres poderes de manera absoluta, es decir, sin minorías que estorben sus políticas.

Tampoco esconden sus propósitos políticos de crear un régimen que imponga limitaciones e incluso suspensión de las libertades públicas en los lugares que consideren necesario, limitar al máximo las garantías judiciales, restringir la libertad condicional, así como las medidas cautelares o provisionales, perseguir a los disidentes; realizar contrataciones sin licitaciones, imponer las jornadas de 12 horas y brincarse cualquier prohibición o respeto por los derechos ambientales, restringir cada vez más los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, para citar solo algunas restricciones.

Lo que parecía un imposible hace 10 años es una realidad actualmente. Estamos en presencia real de que en Costa Rica se imponga un régimen parecido al de Bukele en El Salvador, con características nacionales, aunque esencialmente igual.

Pero como se refleja del resultado de las pasadas elecciones, la mayoría de costarricenses rechaza este proyecto. El rodriguismo solo obtuvo cerca de un tercio de los votos del padrón electoral.

Sin embargo, la iniciativa política la tiene el llamado rodriguismo.

Muchos ciudadanos tienen miedo de opinar y de actuar por temor a represalias laborales o de ataques personales. El reciente caso de la jueza de ejecución de la pena lo evidencia.

Muchos ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el país están temerosos, paralizados, ya sea por el miedo o por cálculo, sin comprender que el autoritarismo rodriguista no se detiene ni tiene consideración por nadie. Chaves solo acepta la incondicionalidad absoluta, en el instante en que haya algún signo de criticidad, será convertido en mafioso, rata, chicharronero, estúpido y sometido al escarnio incluyendo a su familia. Este es el único sistema que acepta Chaves, el silencio, la abyección, la ignominia, la humillación, el vasallaje. Hemos tenido 4 años de ello por lo que no es invento.

Desgraciadamente muchos de sus seguidores han confundido mentira, ofensa o calumnia, malacrianza, con verdad y valentía. Piensan que eso es lo correcto, aunque no reparan en que el autoritarismo no es bienestar popular sino beneficios para unos pocos.

Ante esta guerra que está claramente anunciada para someter a todas las instituciones al capricho o órdenes de un señor, los sectores más conscientes política y socialmente tendrían que forjar un frente común contra el autoritarismo rodriguista.

Ese frente común deberá iniciar en la Asamblea Legislativa donde desde ahora se avizoran actuaciones contrarias al reglamento y las leyes. El PLN, el FA, la Unidad y el CAC, deberían firmar un compromiso claro contra el autoritarismo, un escudo contra los cantos de sirena de la unidad nacional que es el camuflaje para engañar a muchos. En los primeros meses la presión del Ejecutivo, de los diputados oficialistas y de grupos civiles, será descomunal.

Por ello solo un compromiso claro podrá asegurar la unidad, el rechazo a las tesis autoritarias y la aprobación de proyectos para el bienestar de la gente.

Ese frente debería tener como complemento, a las organizaciones sociales, los sindicatos, estudiantes, campesinos, comunales, ya que serán los que sufrirán el golpe a sus condiciones de vida. Frente al autoritarismo, la lucha y la defensa de los interese del pueblo, la Caja, los seguros, los aumentos de salario, la educación pública, las garantías para el productor agrícola, la defensa del medio y los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual.

Un frente común que incluya a todos los ciudadanos que están en contra del autoritarismo rodriguista.

Parece ser esta es la tarea política más importante en este momento histórico.

No basta con resistir al chavismo, hay que pasar a la ofensiva.

El pulso continental y nuestra última trinchera: el progresismo democrático

Escrito en . Publicado en Análisis.

Entre Verdades y Opiniones

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Hoy, al mirar el mapa de nuestra América Latina, la historia nos vuelve a contar esa película de tensiones y encrucijadas que tan bien conocemos. De un lado, el progresismo democrático que intenta sostener la dignidad de las mayorías; del otro, un populismo de derecha radical que no propone reparar la casa, sino prenderle fuego.

La coincidencia en el poder de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia y el reciente triunfo de Yamandú Orsi con el Frente Amplio en Uruguay, no es un mero accidente electoral. Representa la urgencia de rescatar la soberanía frente a un norte que, con el retorno de Donald Trump, viene desempolvando su vieja Doctrina Monroe e inyectándola de esteroides.

La batalla de los relatos y el avance neofascista

El proyecto progresista coexiste con un avance innegable del neoconservadurismo y el “plutopopulismo”. Vemos con estupor el retroceso en Argentina, donde Milei, bajo la falsa bandera de la “libertad”, desmantela el Estado para entregárselo a los mercados y precarizar la vida de la base social que paradójicamente lo apoya. En Chile, el fantasma de Pinochet renace con el triunfo de Kast y sigue amenazando con regresarnos a las horas más oscuras del autoritarismo corporativo. Y en Ecuador, la crisis de seguridad es rehén de una pugna entre un correísmo polarizante y el fenómeno de Noboa, que insiste en la vieja receta del hiper-liberalismo de élites.

México y Colombia: los faros y sus deudas

En medio de este torbellino, México y Colombia son nuestros campos de prueba más esperanzadores y desafiantes. El fenómeno de Morena —hoy liderado por Sheinbaum— demostró que es posible desplazar a la élite corrupta del PRI, el PAN y sus partidos satélites, partidos tradicionales que cavaron su propia tumba al desconectarse por completo del pueblo mexicano. Los emporios televisivos y corporativos, rabiosos por perder sus privilegios históricos, se apresuran a colgarles la etiqueta de “populistas”, que se cae solo con ver la seriedad, simpleza, diplomacia y uso de la técnica y ciencias sociales, contra los discursos violentos y efectistas de sus críticos.

Sin embargo, Morena tiene una deuda de sangre pendiente: el narcotráfico. El control territorial y la pacificación del país son el monstruo que deben someter si quieren que el proyecto social sobreviva, reconociendo un buen inicio con la operación de alto impacto en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la misma línea, desde el sur miramos a Colombia cruzando los dedos para que las reformas estructurales de Petro —salud, pensiones y el anhelo de la Paz Total— no mueran asfixiadas por el boicot sistemático de una oligarquía que se resiste a ceder un centímetro de poder.

Entre la incógnita, la traición y la dignidad diplomática

Para que la socialdemocracia tenga autoridad moral, debe hablar con honestidad de sus propias heridas. El caso de Cuba sigue siendo la gran incógnita. Sí, existen deudas innegables en derechos humanos y apertura, pero ¿cómo juzgar de manera justa a una isla que lleva más de seis décadas siendo asfixiada por un bloqueo estadounidense salvaje e inhumano? El imperio le extirpó a Cuba la posibilidad de ser lo que pudo haber sido sin esa asfixia constante, para bien o para mal.

Muy distinto y doloroso es el caso de Nicaragua y Venezuela. Allí no hay bloqueo que justifique que sátrapas corruptos como Daniel Ortega y Nicolás Maduro hayan traicionado a sus pueblos. Se atrincheraron en regímenes autocráticos, convirtiendo el poder en un fin en sí mismo y manchando de sangre cualquier ideal legítimo de justicia social que alguna vez prometieron defender.

Sin embargo, aquí hay que trazar una línea roja inflexible: ni la tragedia del autoritarismo en Nicaragua o Venezuela, ni el complejo panorama cubano, excusan o legitiman bajo ninguna circunstancia las amenazas de Donald Trump de emprender acciones ilegales, militares claramente colonialistas ante el Derecho Internacional. Cualquier maniobra que pretenda saltarse las vías estrictamente políticas y diplomáticas es inaceptable.

Es precisamente en este punto donde brilla el progresismo democrático. Frente a los arrebatos imperialistas de Trump, son Lula, Sheinbaum y Petro quienes nos ofrecen un verdadero manual de dignidad republicana. Han sabido negociar y plantársele a Washington con diplomacia de Estado, exigiendo respeto sin subordinarse, y recordándole al norte que América Latina, parte de un Sur Global ya revelado, no es su patio trasero, sino una región soberana.

El llamado a nuestra propia trinchera: Costa Rica

Todo este ajedrez continental nos devuelve a nuestra propia casa, a la Costa Rica donde también nos intentan vender la idea de que nuestro Estado Social de Derecho fue una farsa y que nuestra democracia es desechable frente a la promesa de la “mano dura”.

Hoy, la responsabilidad de detener este desmantelamiento institucional recae en la oposición progresista y socialdemócrata, concentrada principalmente en el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA). Como última esperanza y línea de defensa de nuestra democracia centenaria, tienen un mandato ciudadano claro: es el momento de la madurez.

El FA debe superar el purismo ideológico y ese sectarismo que le impide construir mayorías, y el PLN debe reconectar urgentemente con sus raíces sociales, alejándose de una vez por todas de las cúpulas neoliberales. Si no logran encontrar puntos de convergencia para defender nuestro Estado Social de Derecho y lo que nos hizo una rareza luminosa en el mundo —nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra educación pública y la equidad social—, le estarán abriendo la puerta de par en par a los pregoneros del caos.

Costa Rica no necesita mesías autoritarios que, encima, usen la soberanía y dignidad como nación para venderse al Washington trumpista. Necesita ciudadanos despiertos y líderes que entiendan que la democracia no se entrega por despecho. Que no nos vuelvan a engañar.