José Manuel Arroyo Gutiérrez
Estimadas y estimados:
Esta semana quiero compartir con ustedes la presentación que hice en el lanzamiento público del libro del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño cuyo título se especifica abajo. El tema es de enorme actualidad y promete seguir estando en las agendas de la investigación académica y en el debate político nacional.
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Presentación del libro “Costa Rica: La Democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño.
Presentador: Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez.
El libro que se reseña es el resultado, en primer lugar y por supuesto, del destacado aporte investigativo de su autor, el Profesor Manuel Antonio Solís Avendaño, con el patrocinio de la Universidad de Costa Rica a través del Instituto de Investigaciones Sociales, y de la Editorial de la UCR, quienes propiciaron la edición y divulgación de los resultados de este trabajo intelectual, del más alto nivel, y que me atrevo a decir, constituye un aporte histórico, con el que las actuales y futuras generaciones podrán conocer y entender mucho mejor algunas de las claves, no sólo del nombramiento de jerarcas de otros poderes e instituciones a cargo de la Asamblea Legislativa, sino de la dinámica funcional misma, con sus vicios y limitaciones, de la democracia costarricense.
Se impone en esta presentación, a mi juicio, hacer dos o tres señalamientos formales:
(a) Primero, el hecho cierto de que estamos ante una investigación socio-histórica y jurídica cuyas fuentes son, por cierto, una amplísima bibliografía convencional con referencia a autores que teorizan, en general, sobre temas epistemológicos; pero bibliografía que también repara en textos, estudios, análisis, informes, atinentes todos al tema que se focaliza; y principalmente, una bibliografía que hurga, a lo Foucault, en notas periodísticas del momento, actas de sesiones de la Asamblea Legislativa, su Comisión de Nombramientos, y actas de la Corte Suprema de Justicia, así como expedientes legislativos y administrativos de ambas instituciones;
(b) Segundo, la investigación realizada, en el plano metodológico, obliga casi inevitablemente a toparse con la analogía de un examen arqueológico, donde Solís Artavia, herramientas en mano, se mueve con destreza obsesiva, del tema particular al general (en dirección inductiva) y viceversa, de lo general a lo particular (en dirección deductiva), varias veces, de un capítulo al siguiente, de una página a la precedente y a la que le sigue, desnudando estrato por estrato, capa a capa, las conexiones y relaciones entre hechos que, en principio, nos pueden parecer sin conexión alguna, como meras casualidades, pero que sin embargo van develando poco a poco su escondida trama, su verdad secreta. Es de igual manera inevitable imaginar al autor cual Diógenes, alumbrando con su lámpara los rincones de una reciente historia patria que choca con frecuencia con lo infranqueable: lo que no se consignó en el acta, las razones que no se dieron y jamás conoceremos, las componendas debajo de la mesa, los silencios que se fraguaron o se consintieron. Y es entonces cuando el Doctor Solís nos arroja preguntas, para que ayudemos, o al menos intentemos respondernos como ciudadanos o simples lectores. Porque debe saberse que este texto vale tanto por lo que dice, explica y revela, cuánto por lo que deja entre paréntesis, interroga y deja al lector para que reflexione y responda por sí mismo.
(c) Hay un tercer rasgo relevante en esta investigación y es el encuadre que se hace en el contexto político nacional e internacional. Es importante anotar que este es un trabajo que procura ubicarnos en los temas de fondo, en el contexto de las determinantes socio-políticas de cada momento, tanto en cuanto al ámbito nacional, como en cuanto al internacional. Cuestiones que pueden verse, descuidadamente, como fenómenos aislados o compartimentalizados, resulta que adquieren especial tonalidad y relevancia cuando se relacionan con las cosas más puntuales y particulares que se están analizando. Tal el caso del secuestro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en 1992, la movilización social contra el llamado “Combo del ICE”, o la solidaridad interna y externa al ámbito judicial por la no reelección del Magistrado Cruz Castro en 2012. También el encuadre tiene que ver con momentos internacionales de especial relevancia, como la vuelta a la democracia en América Latina a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, las estrategias de legitimación y democratización de las instituciones públicas como resultado natural de ese fenómeno, o bien las estrategias de financiación de reformas, más o menos logradas, más o menos frustradas, con inversiones cuantiosas por parte de agencias estadounidenses y europeas de ayuda en nuestros países.
Y es aquí donde me atrevo a ensayar, un poco prematuramente, una respuesta al último de los cuestionamientos que el autor nos enrostra en la página final de su libro. No, don Manuel Antonio, yo no creo posible cambio auténtico alguno, de nuestro Poder Judicial y en general de nuestra institucionalidad, sin una profunda transformación de la cultura política dominante y sin una radical transformación de nuestra democracia. Las razones para que nada cambie, y por el contrario, para que las transformaciones democráticas sean inviables, están en un modelo económico que privilegia con exclusividad el libre mercado, la salvaje consigna de la competitividad a cualquier precio, el debilitamiento del Estado y sus instituciones como agentes de equilibrio social, la privatización a ultranza de servicios básicos y estratégicos, y el menoscabo del concepto mismo de lo público; con decisiones y políticas públicas que nos tienen en caída libre hacia una sociedad cada vez más desigual y violenta, con sectores cada vez más amplios que no pueden sentarse a la mesa del reparto mínimo; con obsesivos señalamientos de que la causa de todas nuestras desdichas tiene que ver con salarios, pensiones y derechos laborales, precisamente los presupuestos que más bien sustentan a los sectores medios , soporte de toda democracia, dejando en la penumbra a quienes evaden y eluden al fisco cifras con las que bien podría paliarse esa inequidad creciente y esa violencia estructural.
Después de leer el libro del Doctor Solís, tengo la impresión, muy personal, de que en Costa Rica se debate y decide en nuestros días una disyuntiva vital entre dos conceptos diferentes de democracia: la herencia de un régimen más formal que real, con una institucionalidad electoral todavía fuerte y creíble, pero que no alcanza ya para una convivencia democrática de largo aliento; una modalidad de democracia donde las élites se han desligado casi por completo de sus bases, donde el juego electoral apenas da para sostener una institucionalidad precaria, en grave riesgo y, para decirlo en los términos del autor, “de razones débiles”, a la hora de articular su legitimidad en la práctica. Cuando los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al momento de frenar reformas de mayor calado en los procedimientos para nombrar jerarcas que le competen, apelan a que esa Asamblea es soberana y representante exclusiva del pueblo, -precisamente para consolidar sus poderes y prerrogativas-, lejos de ayudar a la democratización, la erosionan, amplían la brecha entre la gente y sus representantes, entre quienes toman decisiones más o menos arbitrariamente y la sociedad que sólo las contempla o las padece.
He aquí la principal causa del desgaste de los partidos políticos tradicionales y el reto que tienen los partidos políticos emergentes, cualquiera sea su impronta ideológica. Es un problema centrado en cómo se ejerce el poder en una democracia, cuánto puede abusar el representante de sus representados y cuánto se puede actuar y decidir sin razones legítimas y de peso. Frente a esa democracia de las formas hay que construir la democracia de la participación ciudadana efectiva. ¿No fue acaso, como bien lo señala Solís Avendaño, la movilización social por el “Combo del ICE”, lo que impidió que se dilapidara un patrimonio colectivo que llevaba décadas de atesorarse? ¿No fue acaso la movilización a lo interno del Poder Judicial, con el apoyo externo de diversos sectores, lo que influyó para que no se consumara el atropello contra el Magistrado Cruz y la judicatura independiente, no ya con razones débiles, sino con desvergonzados y absurdos pretextos? Aunque el autor no lo diga con estas palabras, creo que coincidiremos si digo, bajo mi responsabilidad, que no fueron precisamente las tensiones entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional las que se expresaron en la no reelección de un magistrado probo, sino la prepotencia de sectores políticamente dominantes dispuestos a imponer, al precio que sea, su modelo socio-económico con el fervor propio de un fanatismo religioso; dispuestos a darle, como lo confesaron, “una lección” al Poder Judicial respecto de quién manda en este país y cuál es el precio que pueden pagar jueces independientes y críticos. Está más que probado que esos sectores no sólo quieren la mayoría en todas las instancias decisorias, -que como sabemos la han tenido- sino que quieren la unanimidad; no toleran la disidencia, aunque sea minoritaria. Buscan una judicatura sumisa y de rodillas. Ya podrán adivinar ustedes qué fuerzas se mueven a la hora de escoger un miembro de la Corte Suprema a partir de estas realidades subyacentes.
Una de las conclusiones principales de la investigación que comentamos, es que la Asamblea Legislativa ha sido incapaz de renunciar, o al menos de transparentar el ejercicio de nombrar a magistrados de la Corte y a otras autoridades de control político estratégico, como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, entre otras. Ante esta realidad, ahora científicamente comprobada, no veo más salida que, en el contexto de una nueva cultura política y democrática, la ciudadanía costarricense se organice y vigile estos procesos legislativos, demande transparencia y ejerza un control que si bien informal, pueda contribuir a evidenciar las cosas que se hacen mal.
Del largo elenco de vicios enunciados por el autor y perpetrados por la Asamblea Legislativa en los nombramientos a su cargo, podemos hacer un resumen acotado, sabiendo que a no dudarlo se nos quedarán por fuera algunas cosas importantes. El nombramiento de jerarcas institucionales, constitucionalmente depositados en la Asamblea Legislativa, han transitado, desde los dorados tiempos del monopartidismo, donde el Partido Liberación Nacional ejerció prácticamente un monopolio gracias a sus mayorías legislativas (décadas cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado y que en el libro del Dr. Solís no se analizan); al tiempo del bipartidismo en las dos últimas décadas del siglo XX (donde arranca la investigación), y en las que la lógica que se impuso fue el reparto equitativo (en coloquial: uno para vos, otro para mí); hasta ingresar en un siglo XXI con la emergencia de nuevas fuerzas políticas (principalmente el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario), que no trajeron en realidad cambios importantes en la dinámica legislativa en esta materia. Aún en esas dos primeras décadas del siglo XXI, las fuerzas del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, a veces haciendo concesiones a otros sectores minoritarios, pero en la mayoría de los casos imponiendo sus fichas, han jugado a proponer cambios estructurales de importancia pero con paupérrimos resultados. Únicamente se instituyó la Comisión de Nombramientos; se ensayaron metodologías para los procesos de designación, pero prácticamente uno para cada caso; y se logró una reforma constitucional en el año 2003 con la que se aumentó el número requerido para elegir magistrado de Corte a 38 votos, igual cantidad requerida para la no-reelección con esa misma mayoría de votos, pero en contra.
El universo de democracia formal al que nos referíamos, según lo reseña el autor, se ha desplazado desde iniciativas bien intencionadas para despolitizar, o mejor dicho despartidarizar, los nombramientos de jerarcas, hacia una serie de maniobras truculentas en la práctica, y entre las que don Manuel Antonio destaca: cambios constantes en la metodología de trabajo a lo interno de la Comisión de Nombramientos y directamente relacionados con los aspectos a calificar, el valor en la puntuación de cada ítem, el porcentaje a distribuir entre los aspectos objetivos y subjetivos, éstos últimos centrados en una entrevista a los candidatos y candidatas, que se ha prestado para todo tipo de abusos, sobre todo el asignar máximas calificaciones para ayudar a ciertos postulantes rezagados a ascender en la escala de la nómina, y, a contrario, asignar puntajes bajos y hasta nulos a postulantes posicionados en los primeros puestos, con la evidente intención de rebajar sus posibilidades; también se ha abusado del número de integrantes de las nóminas que traslada la Comisión al Plenario, a veces ungido único, a veces tres, cinco, diez o más, según se quiera dar oportunidad a quienes no encabezan las listas; se ha integrado a las nóminas de elegibles candidatos o candidatas con evidentes ventajas de entrada, como pertenecer al mismo Poder Legislativo, a cúpulas partidarias o a parientes o amigos cercanos de esas cúpulas; maniobras dirigidas a propiciar reelecciones automáticas para evitar rendiciones de cuentas y, al contrario, exigir votaciones en casos que quieren complicarlas; la cereza del pastel lo constituye la designación de personas que no han pasado por el concurso, ni por el filtro de la Comisión, maniobra que se ha podido prestar a verdaderos actos de corrupción por eludir eventuales cuestionamientos al candidato finalmente designado. La seguidilla de gazapos continúa en el Plenario Legislativo con algunos casos de votaciones sin siquiera una presentación de los recomendados, sin discusión alguna de sus méritos y en ocasiones sin que se tenga a mano al menos un currículum de la persona propuesta. Todo esto, y más, por supuesto, en la máxima opacidad, sin la mínima transparencia y sin que se legitimen las designaciones con buenas razones, las que permitirían conocer por qué se está nombrando a una persona y no a otra, por qué es ésta la idónea y no otra para ocupar la silla en disputa. Más bien, tanto en la Comisión como en el Plenario, los diputados se han aferrado al voto secreto y no fundamentado.
Esa (in)cultura política, conformada por prácticas y decisiones arbitrarias y claramente antidemocráticas, es lo que hay que cambiar. Y si hoy vivimos en una democracia que decide quiénes sí y quiénes no van a la Asamblea Legislativa, dejando esas trascendentales decisiones en manos de asambleas partidarias, reducidas, crípticas y controladas por círculos mínimos, cuando no por un dueño del partido, en el marco del más anacrónico caudillismo, es hora, conforme lo investigado por el Profesor Solís, de intentar cambiar también eso. ¿Qué magistrados, qué contralores generales, qué defensores de los habitantes podemos esperar de asambleas legislativas así integradas? ¿Qué precio pagan algunos representantes populares para sentarse en el Congreso? ¿Qué impide que éstos quieran imponerle ese mismo precio a quien aspira a ser Magistrado, Contralor o Defensor? ¿Podemos, como ciudadanos y para traducir el dicho a Tiquicia, seguir apostando a que el güitite nos dé aguacates? Por eso, la única salida que puedo intuir es la construcción de una verdadera cultura de participación ciudadana, todavía pendiente en esta Costa Rica de mítica democracia consolidada.
Por supuesto que aquí la última palabra la tendrán las nuevas generaciones. En las últimas elecciones generales (febrero-abril 2018), de manera espontánea, precisamente porque es una necesidad sentida, hubo grupos que se organizaron y tuvieron un peso decisivo en los resultados finales. En el 2000 manifestaciones populares impidieron la rapiña sobre la cosa pública; y en el 2012, se libró la más importante batalla por la independencia judicial al impedirse que la silla de Fernando Cruz fuera usurpada. Ese es el norte. Como igualmente, el norte será vigilar y controlar desde los medios de opinión pública, desde las organizaciones gremiales, desde todas las instancias ciudadanas posibles, la forma y manera en que se harán las cosas de ahora en adelante. Está pendiente en la Asamblea Legislativa el nombramiento de ocho plazas de magistrado o magistrada. Eso es más de un tercio de la Corte Plena. Probablemente será la Corte que integre la cúpula del Poder Judicial en los próximos veinte años. No podemos permitir que estos procesos que se avecinan culminen con designaciones sustentadas en razones débiles ni en pasajes ocultos, que se abran y cierren portillos a los aspirantes a puestos de control político, según los ilegítimos criterios del compadrazgo y las encomiendas pactadas.
El primer paso está ya ante nuestros ojos. Una nueva metodología ha sido recientemente acordada para los nombramientos que se vienen. Tomemos la lupa, critiquemos y advirtamos los riesgos que pueda tener esa novísima metodología. De entrada, un 40% para la entrevista es ya indicio de que pueden colarse subjetivismos y maniobras. Exijamos pues a los diputados y diputadas que nos expliquen por qué califican bien o mal a un postulante; apuntemos con esa lupa a quienes quieren colocar fichas en razón de afinidades partidarias, ideológicas o religiosas; no permitamos que se anulen excelentes postulantes sin exponerse con claridad las razones para que cualquier ciudadano pueda valorar si se trata de un argumento legítimo o es una mera arbitrariedad. Y así, en todos y cada uno de los pasos en que la instancia legislativa terminará tomando las decisiones que nos afectarán a todos. En el libro del Dr. Solís Avendaño, nos muestra lo mal que se han hecho las cosas, nos interroga e interpela, es hora de aprovechar todo ese bagaje teórico y transformarlo en acciones efectivas, por el bien de esta república y para hacer honor a lo mejor de la herencia de los abuelos.
Resta un tópico que no quisiera dejar por fuera de esta presentación. Tiene que ver directamente con la cultura política y el concepto de democracia manejable. Se trata del carácter de la reforma o las reformas que se han intentado en el Poder Judicial costarricense. Aquí la disyuntiva es de acentos, entre una reforma que prioriza la modernización y avances tecnológicos en la organización de los despachos y la prestación eficiente del servicio público justicia, en procura de superar, lo que el autor refiere claramente de otros con una herencia colonial y decimonónica (modelo napoleónico de organización y funcionamiento); reforma cuya impronta es sobre todo tecnocrática, cuyo adalid fuera el ex presidente Luis Paulino Mora Mora; y frente a esto una reforma mucho más cualitativa, que revise precisamente esas herencias coloniales y decimonónicas, pero para tomar en cuenta aspectos sustanciales que nos acerquen no sólo a una justicia de calidad, sino esencialmente democrática, inscrita en una nueva cultura democrática. Entiendo que aquí también hay más preguntas que respuestas, pero el terreno ha sido suficientemente preparado por el análisis del Profesor Solís como para empezar a sembrarlo.
Digo finalmente quizá una verdad de sobra conocida, pero no por ello menos pertinente y bajo mi exclusiva responsabilidad. Todo sistema autoritario o autocrático comienza por intentar controlar a sus jueces. El asunto es complejo, se da con regímenes políticos de todo signo ideológico, sea que nos ubiquemos en la tradicional separación entre izquierdas y derechas, sea que nos refiramos a democracias precarias o consolidadas. Puede darse a partir de formas burdas y descaradas como cuando un magistrado de Corte se sube a la tarima de un candidato a presidente de la República, o puede darse a través de formas más sutiles y refinadas. Me temo que Costa Rica ha ido perdiendo el tacto de la sutileza para avanzar en el terreno de la impudicia y el descaro. En el fondo, quizá la cuestión es sencilla: cómo legitimamos el poder despótico, cómo damos la apariencia de democracia a lo que es esencialmente antidemocrático. Si al final un juez manipulable y dócil termina bendiciendo las decisiones del ejecutivo o el legislativo en defensa de ciertos intereses particulares, se tendrá el argumento idóneo para defender un estado de cosas, pero a la larga, jamás encontrará la legitimidad que puede hacer perdurar los valores que sustentan un sistema democrático auténtico. Estaríamos en el punto sin retorno para un necesario cambio radical, pero no sabemos a qué costo.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca,
agosto de 2018.
Post Scriptum: está en prensa la segunda parte del libro del Dr. Solís Avendaño sobre estos temas. En el ínterin, la Asamblea Legislativa ha realizado todos los nombramientos pendientes a la fecha en que esta presentación se realizó (mediados del 2018). Baste decir que la segunda parte llevará el título: “Sin propósito de Enmienda”.