El colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció públicamente que la Municipalidad de San Rafael de Heredia no se hizo presente en una audiencia judicial en la que debía defender los derechos colectivos y el interés público, según consta en la resolución N.° 00262-2026, emitida en junio de 2026 por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, II Circuito Judicial de San José.
Según indica CONCEVERDE, esa resolución señala expresamente que la Municipalidad no compareció a la audiencia correspondiente a una apelación que cuestionaba la negativa de acoger una medida cautelar frente a una orden de derribo, dictada por una construcción realizada sin permiso municipal.
La organización cuestiona si esa ausencia responde a un simple descuido o si constituye una señal preocupante sobre el cumplimiento del deber institucional de proteger el bien común, y plantea directamente la pregunta de «¿de qué lado está la Municipalidad?»: si del lado de quienes infringen la ley y buscan lucrar a costa del patrimonio natural y social, o del lado de la ciudadanía que exige respeto a la normativa y defensa de los derechos colectivos.
Para CONCEVERDE, la falta de representación municipal en un espacio de debate formal no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que abre la puerta a la impunidad, calificando cada ausencia como «un mensaje» que «suena a complicidad, a indiferencia, a abandono de responsabilidades».
La organización exige claridad, transparencia y compromiso real de parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, y plantea que esta debe responder ante la ciudadanía, explicar su conducta en este caso y asumir su papel como garante del bien común, advirtiendo que no tolerará que quienes tienen la obligación de defender los derechos colectivos se conviertan en «espectadores pasivos» o «aliados tácitos de los infractores».
¿Apoyar militarmente a Israel como si nada pasara en Gaza? Audiencias en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad. Nicolas Boeglin. https://wp.me/p6rfbZ-A6t
El inicio de la sangrienta dictadura aquel 11 de septiembre de 1973. Freddy Pacheco León. https://wp.me/p6rfbZ-A6m
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Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA le otorga una nota preliminar de 69, con una calificación de “solidez media”.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, presentado por el Gobierno el 25 de agosto, cuenta con una robustez a nivel de planificación y con estimaciones presupuestarias, carece de evidencia de cómo se cumplirán las ocho metas nacionales planteadas; tampoco reflejan un salto del país hacia un desarrollo humano sostenible.
Así lo reveló la auditoría técnica del PNDIP 2027-2030 de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (UNA). En suma, al aplicar una serie de variables a través del “índice EPPS de calidad”, el plan alcanza una nota preliminar de 69 puntos sobre 100 posibles; es decir, se le otorga una calificación de “solidez media”.
Para llegar a tal conclusión, esta unidad académica, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, analizó aspectos como la arquitectura formal de planificación aplicada, la participación, la congruencia del plan con su presupuesto, la posibilidad de logro de las metas, la evaluación, la consideración territorial y la gobernanza y capacidad de ejecución.
“Desde esta Escuela concluimos que el PNDIP 2027-2030 ha avanzado de manera importante en ordenar qué hará el estado, quién lo hará, con qué indicador y con qué estimación de recursos. Su desafío principal consiste ahora en demostrar por qué la suma de esas acciones debería producir las transformaciones nacionales esperadas”, concluye la auditoría.
Más allá de las fortalezas identificadas, “las 169 intervenciones públicas no constituyen una estrategia causal integrada, capaz de producir las ocho transformaciones nacionales planteadas que tengan como resultado un salto al desarrollo humano sostenible”, ampliaron los investigadores en el informe.
Análisis según metas
En general, la Escuela de Planificación sugiere que el Gobierno no establezca metas bajo una lógica binaria de “cumplida” o “incumplida”, en vista de que no puede controlar en toda su dimensión cada una de ellas. En cambio, propone establecer metas de influencia o contribución.
Ese es el caso de la meta de crecimiento económico, cuyo cumplimiento depende de condiciones externas e internas que exceden el control directo del gobierno.
En otras metas como pobreza (pasar de 15.2% a 14.4%), desigualdad (de 0,495 0,491 en el coeficiente de Gini) y de seguridad ciudadana (bajar la tasas de homicidios de 16,8 a 15,3 por cada 100 mil habitantes) se planten objetivos que son relativamente alcanzables, insuficientes o que mantienen una tasa aún elevada al 2030.
En el caso del desempleo (bajar de 6.7% a 6.2%), la auditoría advierte que deberán proponerse otros escenarios como una mayor participación laboral, personas ocupadas o disminución de la informalidad, que reflejen una mejora en el mercado laboral.
Esa necesidad de detallar las metas aplica para otras dos: competitividad (subir el Índice de Competitividad Nacional de 56,2 a 61,2) y la de descarbonización (reducir la razón de emisiones CO2/PIB de 0,293 a 0,180). En la primera de ellas, los investigadores consideran pertinente desagregar cuáles son los aportes según se trate de infraestructura, innovación, regulación, capital humano, financiamiento o desempeño institucional. En la segunda, estiman validar las emisiones netas absolutas y su coherencia con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) que aplica para Costa Rica.
Finalmente, la meta más ambiciosa identificada tiene que ver con la educación (aumentar la tasa de escolaridad de 60% a 76%), y donde se deben tomar en cuenta factores como permanencia, exclusión, reinserción y promoción.
En suma, cuatro de las ocho metas tienen niveles entre “medio-bajo” de riesgo preliminar de cumplimento. Dos tienen un riesgo “medio-alto” y dos (la de educación y la de seguridad) están en riesgo “alto”.
Para llegar a estas metas, la UNA identifica la aplicación de una metodología clara y rigurosa, con la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). El diagnóstico también es un punto alto porque considera las dimensiones económicas, sociales, ambientales regionales, geopolíticas, tecnológicas y demográficas.
También, destaca que el PNDIP integre el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública donde se registran 53 proyectos formalmente incorporados. Otros puntos favorables del plan están en la estrategia de seguimiento que incluye informes semestrales y evaluaciones de diseño y de evaluación.
En el ámbito presupuestario, el plan incluye estimaciones, que están vinculadas con la planificación institucional y con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, desde la Escuela de Planificación consideran conveniente identificar seis categorías: gasto existente, recursos nuevos, gasto recurrente, transferencias, inversión de capital y financiamiento condicionado o no asegurado.
Donde existen brechas es en el campo de la territorialización. Solo tres de 49 metas sectoriales tienen desagregación territorial y 72 de 246 metas de intervención regionalizadas. “El PNDIP no está suficientemente territorializado en su sistema de resultados. Esto es evidente al no constatarse en el plan una relación directa con los planes de desarrollo humano local y, en general, con el sistema de planificación local.
Otro oportunidad de mejora está en el análisis de aspectos sobre equidad e inclusión. La auditoría registró 57 de 246 metas de intervención con criterio de género, equivalentes al 23.2% del total.
Recomendaciones
A nivel de recomendaciones, el informe propone la publicación de 49 metas sectoriales y las 169 intervenciones. Además, mapear las ocho metas nacionales hacia sectores, productos y efectos.
Por otra parte, se plantea desagregar por regiones y territorios las acciones, establecer un índice de ejecutabilidad de inversiones, revalidar metas macroeconómicas, incorporar pruebas de calidad y verificación desde el primer año y complementar el cumplimiento físico y presupuestario con resultados, calidad de servicio, brechas territoriales, sostenibilidad y valor agregado para la población.
La Escuela de Planificación de la UNA aclaró que no formó parte de ninguna etapa del plan de construcción del PNDIP 2027-2030, “por lo que la valoración que hacemos es independiente y tiene como objetivo ofrecer argumentos, comentarios y sugerencias desde el interés de mejorar la formulación, ejecución y resultados que se esperan entregar al país”.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El efecto etanol y los bajos instintos durante la celebración de la independencia en Costa Rica. Abelardo Morales Gamboa. https://wp.me/p6rfbZ-A5W
El surgimiento del populismo autoritario en Costa Rica. Roberto Salom E. https://wp.me/p6rfbZ-A67
Entre el paraíso perdido y la tierra prometida: San Farol, los evangelios políticos y la democracia que no terminamos de construir. Rodrigo H. Campos Hernández. https://wp.me/p6rfbZ-A5U
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En días recientes, el actual director del Conservatorio de Castella, Dr. Luis Cascante Fernández, tomó la decisión de impedir el ingreso al colegio, de la Cónsul Honoraria del Estado de Palestina, señora Wajiha Sasa Marín; quien había sido invitada por la misma institución a participar en un cine foro estudiantil en el que se proyectaría un documental sobre Gaza. Esta actividad se realiza con regularidad como parte del programa pedagógico del colegio y siempre invita voces autorizadas a conversar con las personas estudiantes, con el fin de ampliar su horizonte crítico. En este caso, se impidió la participación de la Cónsul y la actividad se realizó sin su presencia.
Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria del Estado de Palestina
La motivación de estos hechos lamentables no ha sido suficientemente aclarada y tiene todas las características de un acto de censura. Sin embargo, también nos permite convocar el legado histórico del Conservatorio de Castella y reflexionar sobre él.
La institución, fundada por Arnoldo Herrera González en 1953, es considerada un modelo educativo excepcional, pero NO porque su plan académico incluya materias artísticas, sino por lo que el arte hace en las personas. El ejercicio artístico cultiva, en la mente y en el cuerpo, una sensibilidad curiosa, disciplinada y vital para la observación crítica del mundo. Los y las artistas se hacen preguntas constantemente. Traducir esa humanidad en un lenguaje poético, es el centro de nuestra formación en el Conservatorio de Castella.
Quienes conocimos a don Arnoldo, presenciamos su pluralidad y su capacidad para conversar con cualquiera, sin dogmatismos, más allá de su pensamiento político. Lo vimos crear un universo de libertad de acción y pensamiento para sus estudiantes, resistente a las mezquindades y presiones de turno. En las peores décadas de las dictaduras militares latinoamericanas, le tendió la mano a muchísimos artistas exiliados por la persecución política de sus ideas. Profesores de teatro, danza, música, y artes plásticas, provenientes del sur de América, contribuyeron con su pedagogía a formar a generaciones de estudiantes.
La visión humanista de la comunidad pedagógica del Castella no es una excepción en el mundo de las artes. Experiencias como la impulsada por el músico Daniel Barenboim y el escritor Edward Said, demuestran cómo la cultura puede tender puentes incluso en medio de conflictos profundos.
En 1999, Barenboim y Said crearon la West-Eastern Divan Orchestra, integrada en su mayoría por músicos israelíes y palestinos. Su propósito era demostrar que el encuentro y la escucha son posibles incluso entre personas marcadas por un conflicto histórico. La existencia misma de esta orquesta constituye una defensa de la convivencia frente a la exclusión y el silenciamiento. Si bien el arte no puede salvar al mundo, está ahí para rescatar su humanidad y la belleza que nos une, sin fronteras; y rechazar la violencia en todas sus formas.
A la luz del ejemplo de los maestros Herrera, Barenboim y Said, es que repudiamos lo sucedido con la representante del Estado palestino en las instalaciones del Conservatorio de Castella.
Si, tal y como ha señalado su director, Luis Cascante Fernández, no hubo motivación por razones políticas, ideológicas o de nacionalidad, entonces existe una valiosa oportunidad para reafirmarlo públicamente. En ese sentido, como un acto de desagravio, le solicitamos que se vuelva a invitar al colegio a la señora Wajiha Sasa Marín, y así honre la tradición de diálogo crítico y pluralismo que constituye parte esencial del Castella. La dirección del colegio también debe defender el deseo del estudiantado de solidarizarse con un pueblo que sufre el asedio, la destrucción de su territorio, el despojo, la aniquilación de su cultura y el exterminio sistemático de sus ciudadanos, tal y como han denunciado los máximos foros multilaterales.
Podríamos haber olvidado algunas enseñanzas del maestro Herrera, pero otras fundamentales siguen vivas entre nosotros: el intercambio de ideas jamás será una amenaza, mucho menos cuando se trata de crear y compartir nuevos escenarios de solidaridad y empatía.
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La encuesta del CIEP lleva a algunas primeras conclusiones:
1-. Los primeros 100 días de un gobierno son llamados de luna de miel, porque todas las fuerzas políticas le dan un margen de acción al nuevo gobierno para el desarrollo de sus propuestas. Partiendo de este hecho el apoyo recibido por la presidenta Laura de un 64% está por debajo de esa tradición, incluso del recibido al inicio de Rodrigo Chaves que fue del 79%, sea 15 puntos porcentuales más.
2-. Este gobierno que se ha llamado de la continuidad no ha mejorado la popularidad respecto a cómo terminó el anterior. Es decir, que el cambio en la dirección de la presidencia no significó mejoría en la percepción positiva de la gente. En síntesis, el apoyo al gobierno está estancado.
3-. La política principal de los gobiernos chavistas ha estado dirigida a desprestigiar a las instituciones que consideran las menos cercanas a sus posiciones y que son consideradas como obstáculos a su propósito autoritario, como son las universidades, el poder judicial, el OIJ o el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según la encuesta, las instituciones mejor valoradas por los costarricenses son precisamente la UCR, el TSE, el OIJ, el Poder Judicial, lo cual indica que las campañas del chavismo contra ellas no han mermado el apoyo de los costarricenses. En conclusión, las instituciones democráticas son apreciadas por la ciudadanía y la democracia hace frente a las políticas del gobierno con cierto éxito, indicando que aún hay reservas democráticas en el pueblo que no han sido erosionadas por políticas de odio y autoritarias.
4-. Resaltan líneas rojas que la ciudadanía considera que de llevarse a la práctica desprestigiarían grandemente al Gobierno. Ellas son el comprobarse casos de corrupción en el Ejecutivo, aumento del IVA a la canasta básica, recorte de presupuesto a las universidades o no acatar una decisión de la Sala Constitucional. Menos efecto en el apoyo al Gobierno tendrían acciones como la reelección continua, la minería a cielo abierto, así como si las condiciones de vida de la gente se mantienen igual, sea que no mejoren. Como se aprecia, todas las medidas que desmejorarían el apoyo al gobierno son políticas prioritarias del Gobierno de doña Laura que, en consecuencia, se encontraría ante la disyuntiva de si son rechazadas, la oposición triunfa, y sin son aprobadas el apoyo al Gobierno disminuye.
5-. Para el 43% de los costarricenses la situación económica es mala o muy mala, lo cual marcará el futuro del país en los próximos años.
El panorama político que se desprende de la encuesta refleja una sociedad llena de contradicciones e incertidumbres, que resiste a los embates autoritarios, donde se tiene un criterio positivo de las instituciones que quiere desbaratar el chavismo y que éste no tiene gran margen de maniobra en las reformas que pretende impulsar.
La sociedad vive un momento de incertidumbre, la partida está abierta con una leve ventaja de la oposición.
Quizá dentro de algunos años, cuando intentemos recordar este extraño momento de la historia costarricense, no sean los grandes discursos políticos los que primero regresen a nuestra memoria. Tal vez recordemos una frase infantil:
“Lero, lero, calzón de cuero”.
Pronunciada por Rodrigo Chaves ante un ciudadano que cuestionaba por qué debía mostrar su cédula para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago durante los actos de celebración de la Independencia, la expresión provocó indignación, risas, memes y comentarios de toda naturaleza.
Podríamos quedarnos allí. Podríamos responder a la burla con otra burla, fabricar el meme correspondiente y continuar la interminable batalla de las redes sociales.
Pero también podemos hacer algo diferente.
Podemos queerizar el lero lero.
Queerizar, en este caso, significa tomar aquello que pretendía ridiculizar, desplazarlo de su lugar original y devolverlo convertido en pregunta. Quitarle a la burla su capacidad de humillar y utilizarla para mirar críticamente las relaciones de poder que hicieron posible aquella escena.
Entonces el “lero lero” deja de ser una simple ocurrencia presidencial y comienza a preguntarnos cosas.
¿Cuándo dejamos de escucharnos?
La escena es sencilla.
Un ciudadano interpela a una autoridad pública. Pregunta por qué debe presentar su identificación para ingresar a un espacio donde se desarrolla una celebración nacional. La respuesta termina convertida en sarcasmo.
Podemos discutir si la pregunta era adecuada, si el ciudadano estaba molesto, si existían razones de seguridad para los controles o quién había tomado la decisión.
Pero queda una cuestión anterior a todas ellas:
¿qué sucede con la conversación democrática cuando quien pregunta deja de ser interlocutor y se convierte en objeto de burla?
La pregunta importa porque el episodio no ocurrió aisladamente.
Llegó después de meses de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, cuestionamientos al Poder Judicial, conflictos presupuestarios, acusaciones cruzadas, manifestaciones, discursos sobre seguridad, criminalidad y enemigos políticos.
Y ocurrió precisamente durante la celebración de la Independencia.
La fotografía de Cartago
Quizá la imagen más poderosa de aquella noche no sea ninguna declaración.
Es una valla.
De un lado estaban autoridades y simpatizantes gubernamentales dentro de la Plaza Mayor. Del otro, manifestantes contrarios al Gobierno que habían participado en la llamada faroleada por la democracia.
Hubo policías, controles, revisiones y restricciones de acceso.
También hubo autobuses que trasladaron simpatizantes gubernamentales desde diferentes regiones del país y distribución de alimentos, capas y banderas.
Las redes hicieron inmediatamente su trabajo y apareció uno de esos productos inevitables del humor político costarricense: el “escuadrón arroz con pollo”.
Podemos reírnos.
Pero después de la risa queda la fotografía:
unos adentro, otros afuera y una valla en medio.
No necesitamos afirmar que alguien diseñó deliberadamente aquella imagen para reconocer su enorme potencia simbólica.
Era Cartago.
Era la Plaza Mayor.
Era la Antorcha.
Era la víspera del 15 de septiembre.
Era una celebración que supuestamente nos recordaba aquello que compartimos.
Y aparecimos separados físicamente.
La escenografía del poder
Hay otro elemento que merece atención.
La política no solamente habla.
También se viste, camina, gesticula, organiza espacios, construye escenarios y produce imágenes.
Erlin Rojas llamó recientemente la atención sobre la vestimenta presidencial y recuperó una provocadora categoría contemporánea: el fascismo-core. Partiendo de la conocida reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política, la categoría permite preguntarnos cómo determinadas imágenes de autoridad, disciplina, seguridad y orden pueden circular culturalmente antes incluso de convertirse en formulaciones ideológicas explícitas.
Conviene ser prudentes.
Una capa azul no convierte a nadie en fascista.
Un despliegue policial tampoco demuestra por sí mismo la existencia de un régimen autoritario.
Y atribuir intenciones políticas precisas a una elección de vestuario sin evidencia sería sustituir análisis por especulación.
Pero observar la escena completa sí resulta legítimo.
Vestimenta presidencial austera. Policía. Vallas. Controles. Autoridades protegidas. Símbolos patrios. Discursos sobre seguridad. Ciudadanos separados.
El objeto de análisis deja entonces de ser una prenda.
Es la escenografía del poder.
La pedagogía de la excepcionalidad
Durante los últimos meses hemos utilizado una expresión para intentar comprender algunos de estos acontecimientos: pedagogía de la excepcionalidad.
No significa que Costa Rica viva necesariamente bajo un régimen de excepción.
Significa algo más sencillo y quizá más difícil de percibir: la posibilidad de que determinadas prácticas inicialmente extraordinarias vayan incorporándose paulatinamente a nuestra experiencia cotidiana.
Primero sorprenden.
Después se repiten.
Finalmente dejan de sorprender.
La pedagogía puede operar mediante discursos: inseguridad, amenazas, enemigos, crisis.
Puede materializarse mediante prácticas: escoltas, barreras, controles, dispositivos policiales.
Y ahora advertimos una tercera dimensión:
la estética.
También aprendemos mediante imágenes.
Aprendemos cómo luce la autoridad.
Cómo luce el peligro.
Quién debe ser protegido.
Quién debe ser vigilado.
Quién ocupa el centro.
Quién permanece afuera.
Pero aquí aparece una cuarta dimensión todavía más preocupante:
aprender quién merece ser escuchado.
Cuando al adversario político se le responde mediante la ridiculización, la lección puede ser sencilla: con determinadas personas ya no hace falta discutir.
Basta reírse.
Pero cuidado: el miedo también puede enseñarse desde la oposición
Aquí necesitamos detenernos.
Sería demasiado cómodo observar exclusivamente al Gobierno.
Durante meses, sectores opositores han advertido sobre autoritarismo, deterioro institucional, amenazas a la división de poderes y eventualmente tendencias fascistas.
Algunas advertencias se apoyan en acontecimientos concretos que merecen escrutinio.
Pero también debemos preguntarnos qué ocurre cuando cada nuevo acontecimiento es interpretado como confirmación definitiva de que la democracia está a punto de desaparecer.
Una hipótesis que explica absolutamente todo corre el riesgo de volverse imposible de refutar.
Si el Gobierno confronta, confirma el autoritarismo.
Si retrocede, fue porque la resistencia lo obligó.
Si aumenta la seguridad, confirma la excepcionalidad.
Si modera el discurso, podría interpretarse como estrategia.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿qué evidencia nos haría cambiar de opinión?
La pregunta vale para todos.
También para nosotros.
Nosotros también sentimos el miedo
Esta reflexión no nace desde una supuesta neutralidad exterior.
Quienes observamos críticamente estos acontecimientos también podemos experimentar indignación, cansancio y temor.
Después de Cartago resulta comprensible que algunas personas piensen:
“Hasta aquí. Hay que hacer algo más fuerte”.
Pero precisamente ahí debemos observarnos.
Porque del otro lado puede estar ocurriendo exactamente el mismo proceso.
Algunos simpatizantes gubernamentales consideran que el Gobierno intenta transformar el país y que determinados sectores institucionales y políticos impiden hacerlo.
En redes sociales aparecen entonces palabras como “antipatriotas”, “traidores”, “zurdos” o “enemigos”.
Mientras tanto, desde sectores opositores aparecen “fascistas”, “dictadores” y otras categorías igualmente absolutas.
Las posiciones son distintas y sus fundamentos deben examinarse por separado. Pero pueden producir una emoción semejante:
miedo al otro.
Y cuando cada grupo comienza a considerar al otro una amenaza existencial, la política cambia.
Ya no discutimos sobre cuál Costa Rica queremos.
Comenzamos a discutir sobre quién tiene derecho a pertenecer a Costa Rica.
La ternera
Existe una expresión popular bastante menos académica que quizá explique mejor el problema:
tanto se le jala el rabo a la ternera que termina pateando.
Y cuando patea, poco importa hacia dónde.
Patea.
Una sociedad sometida permanentemente a tensión puede llegar a un punto donde un acontecimiento relativamente pequeño produzca consecuencias enormes.
Una provocación.
Una detención.
Un empujón.
Una actuación policial equivocada.
Una imagen difundida fuera de contexto.
Un video viral.
Después cada grupo podría decir:
“¿Ven? Nosotros teníamos razón”.
Y atribuir al otro toda responsabilidad.
Por eso quizá deberíamos preguntarnos si la principal amenaza inmediata no reside únicamente en determinadas acciones gubernamentales, sino también en la pérdida progresiva de nuestra capacidad colectiva para procesar democráticamente el conflicto.
¿Se rompió la excepcionalidad costarricense?
Durante décadas nos contamos una historia.
Costa Rica era diferente.
La Suiza centroamericana.
El país sin ejército.
El país del diálogo.
El país donde los conflictos se resolvían institucionalmente.
Esa representación siempre fue parcialmente mítica. Nuestra historia contiene desigualdad, exclusión, violencia y enfrentamientos sociales.
Pero los mitos nacionales también cumplen funciones sociales.
Quizá lo que se está quebrando no sea necesariamente la democracia costarricense, sino la representación que teníamos de nosotros mismos.
Nos miramos y ya no reconocemos aquella fotografía.
El 14 de septiembre Cartago ofreció otra:
dos grupos de costarricenses separados por una valla.
Y al día siguiente, durante otra ceremonia de Independencia, volvimos a observar enfrentamientos verbales entre autoridades nacionales y municipales.
Algo está ocurriendo.
Reconocerlo no exige anunciar una dictadura.
Pero negarlo tampoco parece sensato.
¿Pacifismo o blandenguería?
Entonces aparece otra vieja pregunta costarricense.
¿Nuestro pacifismo constituye una fortaleza democrática o simplemente hemos aprendido a soportarlo todo?
Probablemente pueda ser ambas cosas.
Existe un pacifismo que significa:
“Mejor no meterse”.
Eso puede convertirse en pasividad.
Pero existe otro:
“Estoy profundamente en desacuerdo con usted, protestaré contra usted y utilizaré todos los mecanismos democráticos disponibles, pero no necesito destruirlo para hacerlo”.
Eso no es debilidad.
Es una forma exigente de fortaleza democrática.
Protestar no contradice la paz.
Fiscalizar tampoco.
Denunciar abusos no destruye la convivencia.
Recurrir ante tribunales, organizarse, marchar, investigar, escribir, cuestionar y exigir explicaciones forman parte de una democracia viva.
La pregunta es cómo hacerlo sin reproducir aquello mismo que denunciamos.
Quizá no necesitamos unidad
Durante mucho tiempo hemos repetido otra expresión hermosa:
unidad en la diversidad.
Pero quizá estamos pidiéndole demasiado a la democracia.
No necesitamos estar unidos.
No necesitamos pensar parecido.
Ni siquiera necesitamos caernos bien.
Podemos sostener proyectos de país profundamente incompatibles.
Lo indispensable es algo anterior:
reconocimiento mutuo de legitimidad.
Yo acepto que usted pertenece legítimamente a esta comunidad política aunque quiera una Costa Rica distinta de la que deseo.
Y usted reconoce exactamente lo mismo en mí.
Mientras eso exista, tenemos adversarios.
Cuando desaparece, comenzamos a fabricar enemigos.
Quitar la valla
Al principio parecía sencillo decir:
hay que quitar la valla.
Ahora sabemos que no basta.
Primero debemos preguntarnos si quienes están a ambos lados desean quitarla.
Porque ninguna convivencia democrática puede reconstruirse unilateralmente.
Tampoco significa tolerarlo todo.
Diálogo no significa sometimiento.
Pacifismo no significa pasividad.
Pluralismo no significa aceptar la destrucción del pluralismo.
Esperanza no significa ingenuidad.
Quizá necesitamos algo bastante más difícil:
vigilancia democrática sin pánico; resistencia sin odio; movilización sin violencia; denuncia sin exageración; esperanza sin ingenuidad.
No porque exista una vía correcta perfectamente trazada.
Precisamente porque no existe.
Volvamos al “lero lero”
Y entonces regresamos al comienzo.
Lero, lero, calzón de cuero.
Queericemos la frase.
Quitemos al insulto su capacidad de cerrar la conversación y obliguémoslo a abrirla.
Que ya no signifique:
“No merezco responderle”.
Que nos obligue, por el contrario, a preguntar:
¿cuándo dejamos de escucharnos?
¿En qué momento convertimos al adversario en enemigo?
¿Qué estamos aprendiendo a considerar normal?
¿Qué límites democráticos no estamos dispuestos a abandonar?
¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos nuestra interpretación de los acontecimientos?
¿Podemos protestar sin odiarnos?
¿Podemos defender nuestras instituciones sin convertir el miedo en nuestra principal herramienta política?
¿Podemos disentir radicalmente y continuar reconociéndonos como costarricenses igualmente legítimos?
Quizá la democracia no dependa de encontrar respuestas idénticas.
Tal vez dependa de conservar el espacio donde todavía podamos formularnos juntos esas preguntas.
Porque el verdadero problema no comenzará cuando desaparezca la valla de la Plaza Mayor.
Comenzará si algún día descubrimos que la valla ya no necesita estar allí porque la llevamos instalada dentro de nosotros.
«La excepcionalidad democrática no es un objeto de vitrina que se hereda intacto; es un pacto social vivo que se destruye silenciosamente cuando el crecimiento económico se divorcia de la justicia social y la redistribución»
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
A propósito del reciente análisis de la politóloga Alicia Lissidini en la prensa internacional; una mirada al espejo de nuestra degradación institucional y el peligro de habituarnos al odio selectivo y la desconexión democrática en Costa Rica.
Alicia Lissidini
Resulta profundamente doloroso mirarse en el espejo cuando el reflejo muestra el rostro de la decadencia. Durante décadas, los costarricenses nos jactamos ante el mundo de nuestra «excepcionalidad democrática». Nos autoproclamamos la «Suiza de América», orgullosos de un Estado social de derecho robusto, una estabilidad republicana envidiable y la histórica abolición del Ejército en 1948.
Hoy, sin embargo, esa etiqueta de prestigio se ha desvanecido en la prensa internacional. En su lugar, prestigiosos análisis académicos del Cono Sur, como el publicado recientemente por la politóloga Alicia Lissidini en La Diaria de Uruguay, nos retratan de una manera radicalmente distinta: Costa Rica es hoy el gran laboratorio latinoamericano del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical de rasgos autoritarios.
¿Cómo perdimos nuestra excepcionalidad? La respuesta que la comunidad internacional observa con preocupación no radica en un accidente político, sino en el quiebre sistemático de nuestro pacto social. Costa Rica dejó de ser la excepción igualitaria de la región para convertirse en una de las economías más desiguales del planeta. El desmantelamiento y castigo presupuestario a la educación y la salud públicas terminaron por triturar la movilidad social.
Los informes del Estado de la Nación confirman que el estancamiento de la inversión social por habitante incubó un descontento estructural legítimo. En ese caldo de cultivo, los discursos que prometen «poner orden» y castigar a las élites se vuelven sumamente atractivos, abriendo las puertas a liderazgos personalistas que juegan dentro de la democracia, pero recortan sus componentes liberales.
La gran paradoja costarricense es que la bonanza macroeconómica se ha vuelto un espejismo lejano para las mayorías. En los últimos años, el país registró tasas de crecimiento admirables ante la OCDE, logrando incluso reducir algunos indicadores de pobreza por puros efectos de rebote e inflación baja. Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que este repunte es frágil, desigual y territorialmente concentrado.
El crecimiento sin redistribución no genera empleo formal y deja intacta la precariedad estructural. Cuando la ciudadanía percibe que «la política no llega» y que la opulencia de unos pocos coexiste con el endeudamiento de los hogares, el avance del crimen organizado y el deterioro ambiental, los partidos tradicionales pierden credibilidad y las urnas se vacían. El auge del «partido abstencionista» —que ya supera el 40% en los balotajes— refleja una peligrosa retirada silenciosa de la competencia electoral.
El vacío dejado por la desafección ciudadana ha sido ocupado de forma agresiva por la polarización afectiva y la instrumentalización dogmática. Costa Rica atraviesa una alarmante escalada de discursos de odio y discriminación en redes sociales que han crecido más de un 1000% en temas de realidad nacional, dirigidos a demoler la legitimidad de la Asamblea Legislativa, las universidades públicas, el Poder Judicial y la prensa independiente.
A este fenómeno se suma la peligrosa confluencia de redes religiosas conservadoras que pretenden trasladar sus dogmas al aparato estatal. Cuando las políticas de derechos humanos o la laicidad se transforman en guerras morales exclusivas, la igualdad ante la ley se dinamita. La laicidad no es un adorno técnico; es la única garantía republicana de que ninguna moral particular capture los recursos y el poder de la colectividad.
El espejo que nos devuelve la mirada desde el exterior no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia severa para nuestra propia supervivencia cívica. Si la población costarricense asume con resignación que la protesta social no genera cambios y que las urnas tampoco, terminaremos validando a caudillos que prometen «pasar por encima de los controles» del Estado de derecho.
El gran desafío de nuestra sociedad es recomponer urgentemente el contrato social y rescatar la ejemplaridad de las instituciones. Necesitamos una narrativa de porvenir que vuelva a hacer deseable, defendible y habitable una democracia inclusiva.
Costa Rica debe apagar de una vez por todas la estridencia del agravio y entender que la paz pública no se sostiene con consignas publicitarias, sino con justicia social, equidad distributiva y el respeto absoluto a la dignidad humana.
Después del 3 de enero 2026, comenzó a circular con fuerza, y continúa circulando, una idea que merece ser discutida seriamente desde la izquierda, y es que Venezuela debió responder a la intervención militar de EEUU con una guerra abierta, sin importar el costo, y que, llegado el caso, se debía combatir “hasta la inmolación”.
La frase puede sonar heroica y despertar sentimientos legítimos de dignidad, soberanía y rechazo al imperialismo. Pero una cosa es defender la soberanía de un país, y otra muy distinta confundir soberanía con el sacrificio de su pueblo.
Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana seria, hay que decirlo sin rodeos, una guerra convencional entre Venezuela y EEUU habría significado una derrota militar prácticamente segura para Venezuela, y podía haber transformado esa derrota en una catástrofe nacional. No se trata de rendirse ante el imperialismo, sino de distinguir entre resistencia y suicidio político.
El 3 de enero de 2026, EEUU realizó una operación militar en Venezuela, capturaron y secuestraron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Reuters informó que EEUU había atacado el país y que Donald Trump incluso habló de que el Estado norteamericano administraría Venezuela durante una transición. La operación provocó condenas internacionales y preocupación en Naciones Unidas por el precedente que representaba.
Pero una cosa es esa agresión y otra declarar una guerra convencional contra EEUU. La pregunta debe hacerse con los pies en la tierra, ¿qué habría ocurrido?
Es conocido que EEUU posee una superioridad militar enorme en aviación, marina, inteligencia satelital, drones, guerra electrónica, logística, armamento de precisión y experiencia militar. Venezuela sencillamente no podría igualar esas capacidades; reconocerlo no es ser “proimperialista”; es reconocer una realidad.
El problema aparece cuando algunos sectores hablan de “resistir hasta la muerte” como si una guerra fuera una escena de película heroica en la que unos pocos se sacrifican y el pueblo finalmente obtiene la victoria. Las guerras reales no funcionan así; mueren también el trabajador, la campesina, el maestro, el jubilado, el niño que necesita un hospital y la familia que simplemente quiere vivir en paz.
Se destruyen hospitales, carreteras e instalaciones eléctricas; se paralizan transportes y empleos; se interrumpe el suministro de alimentos; aumenta la inflación y se producen desplazamientos masivos. Por esto, ante quienes hablan de “inmolación”, habría que hacer una pregunta sencilla, ¿quiénes se inmolan? Casi nunca son quienes pronuncian esta consigna desde un despacho o cualquier otro escenario. Son los hijos de los trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los sectores populares, precisamente quienes ya han soportado años de crisis.
Segun una investigación que hicimos, debemos aprender de algunas lecciones de la guerra. La historia reciente ofrece ejemplos que deberían ser obligatorios para cualquier izquierda que quiera hablar seriamente de imperialismo.
En Irak, EEUU ganó rápidamente la guerra convencional de 2003, derrotó al ejército iraquí y ocupó Bagdad. Pero la victoria militar no resolvió el problema. La ocupación, la insurgencia y los conflictos posteriores provocaron enormes costos humanos, económicos y sociales. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown, ha estimado más de 940.000 muertes directas asociadas a las guerras posteriores al 11 de septiembre en distintos países, además de las muertes indirectas producidas por la destrucción de sistemas sanitarios, economías e infraestructura. La lección no es que Irak debió rendirse, es otra, una guerra puede derrotar a un ejército y destruir al mismo tiempo a una sociedad.
Libia resulta todavía más relevante para Venezuela, porque ambos países poseen enormes recursos petroleros. Antes de la guerra de 2011, Libia producía alrededor de 1.7 millones de barriles diarios. Durante el conflicto, la producción cayó drásticamente y su economía sufrió una enorme contracción. La caída de Gadafi tampoco significó el final del conflicto, llegaron la fragmentación política, las milicias, los enfrentamientos internos y las disputas por el control del petróleo. El petróleo, por tanto, no protege a un país de la guerra. Puede convertirlo, precisamente, en un objetivo estratégico.
En el caso de Venezuela, ¿Qué habría ocurrido con su petróleo? Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, pero el petróleo no sale de la tierra por sí solo. Para producirlo hacen falta trabajadores especializados, electricidad, oleoductos, carreteras, puertos, refinerías, transporte e infraestructura. Una guerra prolongada habría puesto en peligro todo este sistema. Y la contradicción sería enorme, quienes quisieran defender la soberanía sobre el petróleo podrían terminar destruyendo la capacidad material necesaria para producirlo. Y el petróleo continúa teniendo un enorme valor geopolítico. Reuters ha informado que, después de la operación de enero, Washington buscó ampliar su acceso no solamente al petróleo venezolano, sino también a otros recursos minerales.
Precisamente por esto había que actuar con inteligencia. Los recursos estratégicos deben defenderse, no convertirse innecesariamente en víctimas de una guerra que Venezuela difícilmente podía ganar.
Otro punto fundamental es que una guerra no habría sido una confrontación entre “chavistas y gringos”. Habría ocurrido sobre territorio venezolano, donde viven más de 30 millones de personas, donde hay chavistas, opositores, personas que no votan, ciudadanos cansados de unos y de otros, trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y familias que simplemente quieren vivir y sacar adelante a sus hijos. ¿Todos ellos tendrían que morir para demostrar una posición política?
Esto no puede ser un programa de izquierda. La izquierda nació, entre otras cosas, para defender la vida y la dignidad de los trabajadores y de los pueblos, no para convertirlos en carne de cañón. Además, una guerra prolongada podría destruir al propio Estado. Y cuando las instituciones pierden el control del territorio, el vacío puede ser ocupado por bandas criminales, milicias, grupos paramilitares, estructuras de narcotráfico o caudillos regionales. Venezuela ya enfrenta problemas relacionados con economías ilegales, grupos armados y fronteras complejas. Una guerra difícilmente habría mejorado esta situación.
La experiencia de Irak y Libia, demuestra además que hay una diferencia entre ganar una batalla y ganar una guerra, y una diferencia todavía mayor entre ganar una guerra y construir un país después de ella.
Asi mismo, supongamos, hipotéticamente, que después del 3 de enero una parte importante de las Fuerzas Armadas y sectores civiles hubieran decidido continuar la lucha. En una primera etapa, las principales capacidades militares venezolanas habrían sido neutralizadas y las instalaciones estratégicas atacadas. La producción petrolera y la economía se habrían reducido, mientras aumentaban los desplazamientos de población. Posteriormente podría haber surgido una resistencia prolongada basada en sabotajes, ataques y enfrentamientos locales. EEUU podría ganar las grandes batallas y, aun así, encontrar dificultades para estabilizar el país. Pero aquí aparece una cuestión que suele olvidarse, Venezuela también se convertiría en un caos. Con el tiempo, una resistencia inicialmente política podría fragmentarse. Aparecerían disputas por territorios, contrabando, combustible, minería ilegal, narcotráfico, armas y control de recursos. Lo que comenzó como una lucha por la soberanía, podría terminar convertido en una lucha por el territorio.
Asi mismo, los países vecinos tendrían fuertes incentivos para buscar una salida. Colombia y Brasil enfrentarían nuevas olas migratorias; otros gobiernos latinoamericanos presionarían por una negociación, mientras potencias como China y Rusia intentarían limitar la expansión de la influencia estadounidense. Finalmente, Venezuela podría encontrarse ante dos caminos, una negociación política con garantías internacionales o una fragmentación mucho más peligrosa, con un Estado debilitado, millones de desplazados y una economía petrolera incapaz de recuperar su capacidad anterior. ¿Sería una victoria? No creemos.
Incluso si una resistencia prolongada obligara finalmente a EEUU a retirarse, habría que preguntar ¿qué quedaría de Venezuela? miles, o potencialmente decenas de miles de muertos, millones de desplazados, infraestructura destruida, hospitales y escuelas deteriorados, una economía devastada y una sociedad más violenta. Y no llamaríamos a esto una victoria revolucionaria.
Por otro lado, si algo debería enseñar la experiencia latinoamericana es que la soberanía no consiste únicamente en tener un ejército. También significa tener comida, hospitales, escuelas, electricidad, industrias, trabajadores, científicos, campesinos produciendo, instituciones funcionales y una economía capaz de sostener al país, y todo esto también es independencia.
Una estrategia que, en nombre de la independencia, terminara destruyendo estas capacidades sería contradictoria. La defensa de Venezuela debería buscar, ante todo, proteger las condiciones que permitan a su pueblo seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Para ello, pueden ser necesarias distintas formas de acción: la resistencia popular, la defensa de la soberanía, la denuncia del imperialismo, la solidaridad de otros países y la movilización internacional.
Pero “morir todos antes que ceder” no es un programa político, es una consigna de desesperación. Una revolución que necesita destruir a su propio pueblo para demostrar que es revolucionaria, ha dejado de preguntarse para quién hace la revolución.
Hay una izquierda latinoamericana que conoce profundamente la palabra resistencia. Cuba, Nicaragua, El Salvador, Chile, Colombia y Argentina conocen el significado de enfrentar poderes enormes. Pero precisamente por esto deberíamos saber también que la vida humana tiene un valor político superior, al de cualquier consigna.
Aquí llegamos a una cuestión más incómoda, ¿qué está haciendo hoy el gobierno venezolano después del 3 de enero? ¿Está sobreviviendo? ¿Está resistiendo? ¿Está negociando? ¿Está tratando de ganar tiempo? Probablemente exista un poco de todo. Después de una agresión de semejante magnitud, la política deja de ser una cuestión de consignas, nimiedades y se convierte en una cuestión de supervivencia. Sobrevivir no necesariamente significa rendirse. Resistir no necesariamente significa disparar. Negociar no necesariamente significa traicionar.
Un gobierno puede intentar conservar las instituciones, el territorio, la población, la economía, la industria petrolera y las relaciones internacionales, mientras mantiene abierta la posibilidad de que Venezuela vuelva a decidir su propio destino. Desde esta perspectiva, aquello que algunos consideran “falta de radicalidad” podría ser una forma diferente de resistencia.
Lo fácil habría sido disparar y convertir el país en un campo de batalla. Lo difícil es evitarlo, no destruir las instalaciones petroleras, no provocar una nueva ola gigantesca de migración, no entregar el país al caos de las armas y no permitir que una confrontación política termine transformándose en una guerra entre venezolanos/as. Esto también es resistencia.
Quizás incluso sea una de las formas más difíciles, porque es mucho más fácil pronunciar “hasta la muerte” que asumir la responsabilidad de que millones de personas tengan comida, medicinas, electricidad, empleo y seguridad. Por supuesto, las decisiones del gobierno pueden y deben ser criticadas. Se pueden cuestionar sus errores, negociaciones, silencios y contradicciones. Pero hay que tener cuidado con exigir desde fuera y desde dentro una guerra, cuyos costos pagarían principalmente todos/as los venezolanos/as.
La pregunta no debería ser si un gobierno está dispuesto a morir. La pregunta es si el pueblo tiene posibilidades de seguir viviendo, organizándose y decidiendo su propio futuro. Compañeros y compañeras, no necesitamos mártires, necesitamos futuro. Quizás aquí esté la diferencia entre una izquierda que solamente quiere tener razón y una izquierda que realmente quiere transformar la realidad.
El heroísmo puede producir mártires. La política debería producir futuro. Venezuela no necesita convertirse en una gigantesca tumba antiimperialista. Necesita estar viva, ser soberana y tener capacidad para reconstruirse. Necesita que su petróleo pueda financiar educación, salud, vivienda e infraestructura; que su clase trabajadora tenga futuro; que sus jóvenes puedan quedarse porque quieren, y que la soberanía sea una realidad económica, social y política, no solamente una bandera.
Frente a quienes dicen que Venezuela debió responder al 3 de enero con una guerra hasta la inmolación, la pregunta correcta no es quién tuvo más coraje. Es otra, ¿Qué estrategia habría permitido preservar la soberanía venezolana, proteger a su población y mantener abierta la posibilidad de reconstruir el país? Si una estrategia puede dejar millones de desplazados, destruir la economía, paralizar la producción petrolera, devastar infraestructura y convertir al país en un escenario permanente de guerra, hay que tener el valor de decirlo, esto no es una estrategia revolucionaria; es una apuesta al desastre, al caos.
La izquierda latinoamericana debe ser suficientemente antimperialista para denunciar una intervención extranjera, pero también suficientemente racional para no convertir esa denuncia en una invitación al suicidio colectivo. Porque el objetivo de una revolución debería ser que el pueblo viva mejor, no que muera solamente con una consigna heroica en los labios.
Irak, Libia y las guerras interminables de las últimas décadas nos enseñan que ganar una batalla puede ser relativamente fácil; reconstruir un país después de haberlo destruido puede tomar generaciones.
Venezuela no necesita una generación perdida, necesita sobrevivir. Y sobrevivir, en determinadas circunstancias históricas, también puede ser una forma de resistencia. Por esto, quizá la palabra más importante hoy no sea inmolación, sino paciencia. No se trata de ignorar los problemas ni de justificar cada concesión o cada decisión del gobierno. Se trata de mirar el bosque y no perderse en los árboles; de entender que preservar las fuerzas sociales, económicas y políticas de un país puede ser más importante que satisfacer la necesidad inmediata de demostrar quién es más radical. No necesitamos demostrar quién está dispuesto a morir, necesitamos demostrar quién tiene la capacidad de construir. Venezuela necesita futuro.
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