No es posible que en la tierra del CHE, se pisoteen tan brutalmente la memoria de Juan Domingo y Evita Perón… Digámoslo de manera menos dolorosa. A veces la memoria colectiva traiciona a nuestros pueblos y el discurso mesiánico, se nos vuelve más terrenal, más tangible y horriblemente peligroso. Me sumo a este luto de nuestra Patria Grande. Lloro, y las milongas golpean mi alma . Una brutal sangría en los Derechos Humanos y un sinsabor al dolor de las Madres de Plaza de Mayo. Se olvidaron de un solo golpe de la Noche de los Lápices. Hoy se vuelve a reescribir la historia con los Mártires de las Malvinas, la sangre de los torturados y el dolor de los desaparecidos. Una sombra del neofascismo cubre la pampa y el mate es intensamente más amargo. PARTIDO VANGUARDIA POPULAR.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.
Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.
A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.
Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:
“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”
El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.
En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.
Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.
La Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, la Cátedra de Centroamérica y el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos protagonizados por el Ministerio Público guatemalteco.
Este viernes 17 de noviembre, inició con una nueva persecución penal y captura de una treintena de personas académicas, políticas del Movimiento Semilla e integrantes de la sociedad civil, quienes han tenido roles protagónicos en el enfrentamiento de lo que se denomina “pacto de corruptos” y a favor de la democracia en su país.
En horas de la tarde, el proceso se extendió con solicitudes de antejuicio contra el presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como contra diputados y diputadas electas.
Como comunidad universitaria denunciamos que el llamado caso “Toma de la USAC: botín político” pretende criminalizar acciones de protesta legítimas que, integrantes de la vida universitaria guatemalteca protagonizaron en defensa de la autonomía universitaria y contra de la corrupción en la elección de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Entre las personas detenidas se encuentran Marcela Blanco, la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla y estudiante de la Universidad Rafael Landívar. También, el Dr. Eduardo Antonio Velázquez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología y académico de la USAC, así como, el estudiante de la USAC Camilo García.
Nos unimos a las múltiples voces que denuncian este evidente acto de criminalización y amedrentamiento del pensamiento crítico y el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Además, alertamos del duro golpe que significan estas capturas para la autonomía universitaria en nuestra región centroamericana.
Por último, no podemos dejar de señalar el abuso de las potestades del Ministerio Público para intervenir en las decisiones tomadas en las urnas y legítimamente, por el pueblo guatemalteco.
La Sala Constitucional tenía en sus manos la consulta de constitucionalidad obligada que la Asamblea Legislativa le envió sobre el Proyecto de Ley de la jornada de trabajo 4-3. A ella se había sumado una acción, una consulta facultativa de constitucionalidad, interpuesta por varios diputados, con el propósito de que la Sala dictaminara en contra de este Proyecto de Ley, por razones de fondo, por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las jornadas de trabajo en el país, especialmente con los alcances de la norma constitucional No. 58, que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.” Del mismo modo, que “el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. La misma norma constitucional establece que estos principios “no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Claro es, que el Proyecto de Ley de la Jornada 4-3 no estaba en la dimensión ni en la excepcionalidad del artículo 58 constitucional. Con este Proyecto se pretende, sin lugar a dudas, establecer un nuevo modelo de trabajo nacional, de 12 horas diarias, por cuatro días, sin pago de reconocimiento de horas extras, porque sus propulsores establecieron claramente que lo que se estaba regulando era el concepto de jornada semanal de 48 horas, distribuidas en 4 días. Igualmente, se pronunciaron muy claramente que en ese extremo no hay necesidad de reconocer “horas extras”, sobre las 8 horas de trabajo diario, que se regulan constitucionalmente. Valoraron en la discusión parlamentaria la jornada semanal de 48 horas, sin demeritar el alcance extremo señalado constitucionalmente. Tan solo la redujeron a cuatro días de trabajo.
Los aditamentos que se señalaron, en la Asamblea Legislativa, por parte de los diputados proponentes y defensores de estas jornadas esclavistas, al estilo del siglo XIX, fueron meramente cosméticos, como cantos de sirena, como por ejemplo el tiempo de descanso diario en la jornada de 12 horas. ¿Acaso la jornada de 8 horas no establece ese descanso diario proporcional a esas 8 horas? Lo que hicieron fue proporcionar el mismo tiempo a las 12 horas que se propone en el Proyecto de las 12 horas. Algunas diputadas incluso razonaron que en los tres días de descanso, de este tipo de contrato, los trabajadores podrían buscar otros empleos para mejorar sus ingresos, con lo cual en la realidad la jornada semanal “ordinaria·”, se extendería más allá de las 48 horas…
La Resolución de la Sala Constitucional, en lo que se ha informado, hace dos días, por un comunicado de prensa, sin que se tenga aún el Fallo completo redactado, ha destacado que el rechazo al Proyecto es tan solo de formalidad procesal, que puede subsanarse. Fue rechazado por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, porque fue discutido en una Comisión Legislativa que no era la facultada para hacerlo, cuando empezó su trámite de aprobación en el 2019, puesto que debía haberse iniciado esa discusión en una Comisión especializada, como es la de Asuntos Jurídicos, y no la Asuntos Hacendarios.
Las Comisiones de Asuntos Hacendarios, generalmente se integran por mayoría de diputados de las fracciones que son gobierno. Esto para facilitar el trámite de los Proyectos de Presupuestos Nacionales, con aprobación mayoritaria de la Comisión que los estudia, para que así se envíe al Plenario Legislativo, con alguna ventaja de discusión; con menor oposición y con dictámenes de minoría, los que de hecho no tienen la trascendencia para el debate siguiente. En la historia parlamentaria a veces los dictámenes de minoría se han impuesto en el Plenario Legislativo. Pero lo usual es que pasan de lado.
El grupo de diputados chavistas, que llaman de gobierno, y los que se sumaron a ellos, han declarado que revivirán el Proyecto de Ley. La diputada experta en asesorar ministros y otras autoridades en mentir, ha dicho claramente que analizará, con el Presidente Chaves, la posibilidad de volver a relanzar el Proyecto de Ley a trámite de aprobación. Diseñarán la estrategia de la mentira ante la nueva discusión parlamentaria, si llega a suceder.
El retroceso en la legislación laboral y constitucional, de las garantías sociales, sigue en pie de lucha. Quienes nos hemos opuesto a este Proyecto, desde las tribunas de la opinión pública, y desde la práctica sindical, no debemos replegarnos de alegría por el fallo de la Sala Constitucional. Puede ser tan solo, como dice nuestro pueblo, un simple alegrón de burro.
No debe interpretarse el fallo de la Sala Constitucional como un golpe contra el gobierno del Presidente Chaves, ni como un triunfo sindical, hasta este momento. Este Proyecto de Ley se inició en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, que estuvo de acuerdo con su trámite y aprobación, siendo el conductor de ese trámite legislativo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Por ahora, es tan solo un frenazo a su aprobación parlamentaria. El riesgo de su aprobación está latente.
Lo resuelto por la Sala Constitucional anula lo actuado desde que se cometió el error de trámite legislativo. Ha dejado al paciente de una cirugía con el tórax abierto mientras se dispone qué camino seguir, en cuanto se conozca el Fallo completo. El paciente del Proyecto de Ley de la jornada de 12 horas diarias no ha muerto todavía. Está en un coma inducido. Puede vivir.
Cuando se reciba el Fallo en la Asamblea Legislativa se pasará a su estudio a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí se recomendará el camino a seguir… hacer los cambios correspondientes o enviar al Archivo el Proyecto de Ley.
Es también un tema de oportunidad política su discusión. O se aprueba el Proyecto de la Jornada de 12 horas en el 2024 o se deja para el 2026, pasadas las elecciones nacionales, como un proyecto para el nuevo gobierno.
En el 2025 por ser año electoral ese Proyecto no se someterá a discusión parlamentaria, por el riesgo político que eso tiene para los partidos y dirigentes políticos que lo apoyen, ante el proceso electoral nacional de ese año.
Sucederá igual que con la discusión del Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Centroamérica, que terminó aprobándose hasta el 2007, cuando el Presidente Abel Pacheco lo había aprobado en el 2004.
En el 2005 Abel Pacheco no lo envió a la Asamblea Legislativa porque era el año electoral, y podía dividir al país, como sucedió en el 2006 y 2007 a favor y en contra, que para efetos electorales hubiera tenido un saldo muy negativo para los que apoyaban ese Tratado. Si así hubiera ocurrido quizá Oscar Arias Sánchez no hubiera llegado a su segunda Presidencia.
Abel Pacheco introdujo al debate parlamentario el Tratado en diciembre del 2005, cuando la Asamblea estaba en receso legislativo por las elecciones y nadie le ponía atención. Al resultado de las elecciones, ya con el ganador, por poco margen, la Asamblea tenía el Tratado para su ratificación, lo que se heredó al siguiente gobierno, que la vio fea en el 2006 y el 2007, para su gestión de gobierno, hasta que por la vía del Referéndum, convocado por Oscar Arias, se resolvió por un estrecho margen a su favor.
Con los aires populistas que hay en el continente, y en el mundo, no sería nada raro que frente a un proyecto de Ley, como éste de las 12 horas, electoralmente, pueda levantase alguien con la Presidencia y el apoyo popular, barriendo más a los partidos tradicionales, abriendo una brecha hacia partidos de nuevo tipo, como Acción Ciudadana y el que llevó al Presidente Chaves a Zapote. Esta es la realidad.
Por eso, el movimiento popular no puede descansar, ni dejarse llevar por los aplausos que generó este Fallo. Hay que seguir alerta ante la redacción total del Fallo y ante la iniciativa parlamentaria de la diputada Pilar Cisneros de mantener vivo el Proyecto en trámite legislativo.
No estoy seguro de que la Asamblea Legislativa aguante otra vía rápida, de tipo triturador, contra los legisladores que se opongan a la aprobación de esta Jornada de 12 horas. Pero, todo puede suceder.
Por ahora, las banderas de lucha contra este Proyecto de Ley no deben arrearse. Deben mantenerse izadas.
Invitamos a todas las organizaciones pacifistas, ecologistas, universidades, organizaciones gremiales, iglesias, comunidades de espiritualidades, y personas que crean en la paz y la noviolencia a unirnos para construir la Declaración de Intenciones y el Manifiesto de la 3era Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia.
Esta Marcha quiere lanzar un grito de ¡Basta ya de Guerras!, que iniciará en Costa Rica con la esperanza de que se expanda por todo nuestro Planeta.
También quiere servir para apoyar, visibilizar y dar voz a los que no tienen voz, uniéndonos para resistir y trabajar en la eliminación de todos los tipos de violencia y en pro de la paz, la justicia, la libertad y la noviolencia activa.
Por favor confirmar su asistencia incluso el mismo día, al WhatsApp 506+85100835
Les invitamos al Programa Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica de este jueves 16 de noviembre de 2023, en la frecuencia 96.7 FM, a las 7 a.m. por Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y por Facebook Live de Radio Universidad.
TEMA: Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033. Una lectura desde la ciudadanía organizada de mujeres mayoras.
El 7 de noviembre se presentó la política de Estado que regirá durante los próximos 10 años las acciones institucionales y de gobernanza con relación al envejecimiento y la vejez.
El documento expone el marco normativo, el institucional, la situación de la población de la persona adulta mayor (PAM), los procesos de envejecimiento, los núcleos problemáticos, los principales ejes de intervención y las acciones y el modelo de gobernanza.
En el programa haremos una lectura de la política incorporando una perspectiva de género y específicamente desde la visión de mujeres adultas mayoras. Esta lectura nos permitirá ampliar la visión de la problemática y las potencialidades de acción que, tanto como otras políticas, deben incluir para una mayor capacidad de incidencia en la vida de la gente y en la dinámica institucional.
INVITADAS: Liliana Quesada Saravia, socióloga y Secretaria Ejecutiva de la ONG Planeta Interno Mujeres por una Vejez Digna.
Lorena Camacho de la O, socióloga, feminista y ctivista por los Derechos Humanos de las Mujeres.
CONDUCEN: José Carlos Chinchilla Coto, Roberto Pineda Ibarra y Mayte Capra Puertas
