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Autor: Hector Ferlini Salazar

¿Por qué negar EL ORO NUESTRO DE CRUCITAS para la salud de 700 mil ancianos?

Freddy Pacheco León

Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias para los habitantes Ciudadanos de Oro que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Decenas de miles de familias han sufrido al ver las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones. Espacios por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad. Hemos sufrido mucho al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal de enfermería que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y hasta camas adecuadas. Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida a los que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por esa penalidad.

Y es que, por más amor aportado, NO tiene nuestro buen sistema hospitalario, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad. A los que les llegó el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen. Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en menos de 30 años, cuando esa población mayor de 65 años rondará la cifra de 1.200.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡SI NO HACEMOS LO CORRECTO HOY! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.

Pero ¿Cómo enfrentar tal problema si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que SÍ CONTAMOS CON RECURSOS FINANCIEROS suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un YACIMIENTO DE ORO que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$180 millones anuales (más de ¢126.000 millones anuales) por más de una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 3 toneladas de oro en lingotes, que estuvimos a punto de perder por una mala concesión. Ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión cual si se tratara de un ente privado. Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea NUESTRO ORO DE CRUCITAS, como una solución complementaria al problema financiero de la Caja.

Rogamos para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “HOSPITAL DEL ORO” sea valorada. Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1043 EBAIS que ya ven superada su capacidad de servicios de primera clase, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para la atención de ese sector de pacientes. Ciudadanos de Oro que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, cuando se puede, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan necesidades especiales y facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.

Los expertos en salud que tenemos en Costa Rica, harían los planes que mejor consideren ADECUADOS en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. En la de menos podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especiales para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales de geriatría o INCLUSO, en uno central especializado en enfermedades predominantes en ese sector de población. No se trata de un hospital, sino de UN SISTEMA hospitalario donde también se habrá de considerar facilidades para los familiares que desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados.

Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se tendrían que ver disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos. Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos, se irán liberando, y por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!

Por lo resumido, creemos tener la grandiosa oportunidad de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones para los costarricenses, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40. Pero para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. No existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus Ciudadanos de Oro, de los que más lo necesitan y, más importante, de los queh lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que por azar político se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?

¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “HOSPITAL DEL ORO” que, por supuesto, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.

Los Presidentes y gobiernos de Costa Rica ante su política exterior y ante el Gobierno de Nicaragua y Cuba

Vladimir de la Cruz

La política exterior del Estado y de la República la decide el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores. Esto está establecido en la Constitución y así se ha respetado siempre, aun cuando frente a decisiones de ese tipo hayan actuado los presidentes, en sus períodos gubernativos, y haya habido ciudadanos que no hubieran compartido sus decisiones.

La realidad política de los países vecinos, Panamá y Nicaragua, y la de los centroamericanos, del resto de Latinoamérica y del Caribe, y la del mundo, en general, es ajena a nosotros, y es resultado de sus propios pueblos tener los gobiernos que tienen, y las formas de gobierno que han establecido. En la vida política, como en la familiar, los vecinos y parientes no se escogen. Se escogen los amigos. Esto puede provocar acercamientos y alejamientos, encuentros y desencuentros, con vecinos, parientes y hasta con los amigos.

Costa Rica desde 1847 inició su proceso de reconocimiento diplomático de países, a la vez que se nos reconocía de la misma forma. Así hemos reconocido para efectos de relaciones diplomáticas, a muchos gobiernos de países, aun cuando no hayamos compartido sus formas internas de organización política y de gobernar. Así se han establecido las relaciones diplomáticas de Costa Rica, hoy con alrededor de 100 país y con alrededor de 50 Embajadas.

Puede no gustarnos el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero es el gobierno de Nicaragua.

Puede no gustarnos la forma de ejercer ese gobierno, la forma en que se ha actuado contra sectores de la oposición política, de la represión directa que viene sufriendo el pueblo nicaragüense, la forma como se ha actuado ilegalizando partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, limitando derechos y libertades ciudadanas, inhabilitando partidos políticos y a líderes opositores, destituyendo diputados y fracciones legislativas completas.

Puede no gustarnos la forma de Ortega y de Murillo de violentar el Estado de Derecho nicaragüense, pero eso lo hace en función de tener controlada la Asamblea Legislativa, por mayoría de diputados, electos en procesos electorales, como sucede con Bukele en El Salvador o con Maduro en Venezuela.

Puede no gustarnos la forma de manipulación y de hacer actuar a los Poderes Públicos, a la Corte de Justicia y al propio Tribunal Electoral de Nicaragua, por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.

Puede no gustarnos la represión y acciones violentas contra el ejercicio libre del periodismo, de los periodistas y el cierre y obligada expatriación de ciudadanos nicaragüenses, periodistas y comunicadores sociales.

Puede no gustarnos la acción del Gobierno contra los disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que han encarcelado, que han hecho morir en prisión y que también los han obligado a marchar de su país porque no les garantizan la vida.

No nos gusta la represión contra intelectuales, escritores, como Sergio Ramírez a quien casi han desnacionalizado, a Ernesto Cardenal, a los hermanos Mejía Godoy, a Carlos y Luis Enrique, a Gioconda Belli, entre muchos.

Puede no gustarnos la existencia de presos políticos en Nicaragua. La forma de presos políticos puede ser variable. Aquí mismo en Costa Rica actuaciones policiales y judiciales contra dirigentes sociales han hecho que se califique algunas detenciones como de “presos políticos”, por parte de los afectados y sus organizaciones políticas o sociales.

El asesinato selectivo de dirigentes indígenas, en Costa Rica, es casi similar a la forma como actúan escuadrones de la muerte en Guatemala y en Colombia, con complicidad de autoridades policiales, que son de gobierno, y con empresarios y acaparadores de tierra locales, interesados en quitarles tierras a los indígenas nacionales.

Podemos igualar el gobierno de Ortega y Murillo a una Dictadura, una Tiranía, a una Satrapía y casi a una Dinastía. Usualmente se le iguala a una dictadura, con las formas de gobernar de los Somoza, que también realizaron elecciones cuando eran gobernantes.

Pueden darnos asco, producirnos repugnancia sus personas y sus figuras, pero son los que representan, a todos los efectos nacionales e internacionales, a las estructuras político institucionales y políticas, ante otros gobiernos con sus relaciones diplomáticas y en los Organismos Internacionales y Regionales con sus representantes. También representan, nos guste o no, a los ojos internacionales al pueblo nicaragüense. De la misma forma los representantes diplomáticos de Costa Rica representan al Presidente, al Gobierno y al pueblo costarricense, y estos pueden no gustar a nacionales, a opositores de los Gobiernos e incluso a sectores políticos, sociales y económicos de otros gobiernos.

En el conjunto de las relaciones históricas, vecinales, políticas y diplomáticas con Nicaragua, la historia no ha sido la mejor, aunque no hemos llegado a un enfrentamiento militar entre países. A tensiones militares sí, pero a conflictos armados no, al menos todavía. Tampoco veo en perspectiva un enfrentamiento militar con Nicaragua. Como ha dicho el Papa respecto a la OTAN y Rusia, los Estados Unidos ha puesto a ladrar a la OTAN en a frontera rusa. Así actúa el gobierno nicaragüense de vez en cuando. Ladra en nuestra frontera.

Siempre ha habido en Nicaragua gobernantes hostiles hacia nosotros, desde que el Partido de Nicoya decidió por su cuenta adherirse, incorporarse, anexarse a Costa Rica, hace ya prácticamente 200 años, en 1824. Celebraremos esa Anexión como lo hicimos con el Bicentenario de la Independencia, le duela o no al Gobierno Nicaragüense.

William Walker fue invitado por Nicaragüenses para que llegara a ese país, en circunstancias de un grave conflicto interno que tenían, y estando allí se impuso como líder militar y como gobernante, e impuso la esclavitud. Nos obligó a marchar sobre Nicaragua, por el peligro que él, Walker, significaba para Costa Rica, por las intenciones que manifestaron el Presidente Rivas y William Walker, a finales de 1855, publicando un mapa de Nicaragua que comprendía toda la Península de Nicoya y extendía su límite desde la desembocadura del Río Tempisque hasta la desembocadura del Río San Juan.

Entramos a Nicaragua pocos días después de haber derrotado a Walker, después de haber ingresado a Costa Rica, en su afán expansionista y conquistador, en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. El 10 de abril le habíamos provocado en Sardinal otra derrota, y unas horas después en la ciudad de Rivas, donde ya estaba el Ejército libertador de Costa Rica, le infligimos la más grave derrota, que postergó su rendición al 1 de mayo de 1857, por la peste del cólera que nos hizo retroceder para luego regresar al terreno de los combates, con el apoyo de los ejércitos centroamericanos, en el segundo semestre de 1856, y que comandamos a partir de enero de 1857.

La liberación que hicimos de Nicaragua de William Walker, y de la esclavitud que les había impuesto, pareciera que en el ADN político de muchos nicaragüenses nos la siguen cobrando, que hubieran preferido haber sido colonia norteamericana bajo un régimen esclavista. El que tiene mentalidad de esclavo sigue siendo a todos lo efectos esclavo.

Luego, a pesar del Tratado Cañas Jerez, de 1858 hasta finales del siglo XIX Nicaragua siguió peleando, incluso en escenarios judiciales internacionales, contra nosotros su soberanía en el Río San Juan, pelea que la llevó hasta el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se metió con tropas en una parte del territorio nacional, en el conflicto, más político diplomático que militar, llamado de Isla Calero, hasta que la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón.

Presidentes nicaragüenses, del Siglo XX, que querían agrupar a los nicaragüenses alrededor suyo, de sus gobiernos y políticas, inventaban un conflicto con Costa Rica para, de esa manera, unir a sus ciudadanos alrededor de sus gobiernos.

En la lucha del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, colaboramos en la década de 1920 no solo solidariamente, contra la ocupación norteamericana de esos años. Igual lo hicimos en la década anterior, la de 1910, en la sublevación del Patriota Benjamín Zeledón contra la ocupación norteamericana de Nicaragua en esos años. Del General Jorge Volio, entre otros se distinguió en esa lucha y solidaridad.

De esta forma de hacer política Daniel Ortega no se ha quedado atrás. Cada vez que puede lo hace, a modo de distraer de los principales problemas de Nicaragua y de la reacción interna contra su gobierno.

La lucha contra los Somoza fue seguida de cerca por los costarricenses. No nos gustaba su ejercicio de Gobierno, pero los gobiernos de Costa Rica, desde 1934, cuando se instauró la dictadura y la dinastía de los Somoza en el Poder, han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. En algunas épocas muy amistosas.

Las relaciones comerciales en cierta forma condicionan las diplomáticas, porque grupos nacionales de empresarios realizan negocios y les va muy bien con ellos en Nicaragua. Basta ver los índices de exportación agrícola nacional a Nicaragua, y ver también el flujo comercial hacia Centroamérica, que se realiza pasando por el territorio Nicaragüense. También Costa Rica se ha beneficiado de inversionistas nicaragüenses, en distintas actividades, entre ellos inversiones de capital del clan familiar de los Ortega Murillo, capital que por invertido en Costa Rica genera socios, aliados e interesados con ese capital, algunos de ellos con ascenso a gobiernos.

Después del ajusticiamiento que se hizo de Anastasio Somoza García, en 1956, siguieron los otros Somoza, los Somoza Debayle, y sus títeres de gobierno. Con ellos se mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales.

El territorio nacional a partir de los años 60s. empezó a utilizarse por combatientes anti somocistas. Los gobiernos de Costa Rica, a veces los toleraban y muchas veces los reprimían y expulsaban del país. José Figueres Ferrer incluso llegó a expulsar a Nicaragua guerrilleros que fueron muertos en ese país. En su oportunidad la Corte Suprema de Justicia sancionó por ello a Figueres y le advirtió que eso no lo podía volver a hacer.

En la década del 60, por el impacto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsó el Mercado Común Centroamericano, para asuntos regionales de comercio, el Consejo de Defensa Centroamericano, que unificó a los Ejército de Centroamérica e integró como observador a Costa Rica de ese bloque militar. El Embajador de Costa Rica, en Guatemala, representa al país ante el CONDECA, que tiene la sede allí.

También impulsaron la ROCAP para uniformar procesos educativos en toda Centroamérica, desnacionalizando y desnaturalizando en esos textos nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia.

Los gobiernos de Costa Rica en esa políticas marcharon juntos con la dictadura Somocista y con toda las dictaduras existentes en Centroamérica. El Gobierno de Abel Pacheco firmó el Acta de agresión militar de Estados Unidos contra Irak como socio y aliado militar en esa intervención norteamericana en Irak, para la que buscó gobernantes serviles que le acompañaran, para una justificación internacional de la agresión.

Aparte de la lucha de Carazo contra los Somoza, el Presidente Oscar Arias es el que ha mantenido más claramente su postura antimilitar y antidictatorial en Centroamérica. Fue quien acogió al Presidente Manuel Zelaya, en el golpe de Estado que le dieron en Honduras, en el 2009, y ha mantenido una pública lucha sostenida contra gobiernos de este tipo. La Presidenta Laura Chinchilla lo ha hecho particularmente con Daniel Ortega.

A finales de la década del 70 importante papel jugó el pueblo y la juventud costarricense en la lucha armada contra la dictadura, incluso participando con columnas militares que de modo importante se desempeñaron en esa caída.

Luego se contribuyó, de igual manera, con combatientes costarricenses, a enfrentar la lucha que contra el nuevo gobierno sandinista se impulsaba, desde Costa Rica, con colaboración del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Alvarez, y con financiamiento de la CIA, del Gobierno de los Estados Unidos, y con el negocio de la droga que se impuso para financiar a las bandas criminales anti sandinistas, que provoco el escándalo Irán-Contras.

La caída de Somoza estuvo presionada principalmente por la lucha de los Frentes guerrilleros, que internamente peleaban en Nicaragua, la oposición interna político, civil y religiosa, y por la presión internacional de bloques de países que en esos últimos años de la década del 70 se constituyeron y sumaron buscando una salida política más que militar.

Del lado costarricense, el Gobierno de Rodrigo Carazo, comparado con los anteriores, respecto a los Somoza, fue definitorio e invaluable en el apoyo a la lucha guerrillera final prestando el territorio fronterizo costarricense para ese propósito.

La década sandinista de gobierno, 1979-1990, no fue fácil. Le bloquearon, sabotearon e impusieron elecciones a Nicaragua, en 1985 y en 1990, como un modelo político a desarrollar, democrático electoral.

La elección de 1990 la perdió Daniel Ortega. Subió al Gobierno Violeta Chamorro, y desde allí hasta el 2006 alternaron en el gobierno nicaragüense otros partidos y políticos.

Durante esos años el Frente Sandinista se mantuvo en la lucha electoral, hasta que recuperó el Gobierno en el 2006.

Desde 1979 hasta hoy, con Nicaragua, todos los gobiernos de Costa Rica han tenido relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Con algunos más tensas que con otros, pero se han mantenido, gusten o no a los gobernantes costarricenses los personajes que gobiernan Nicaragua, entre ellos Daniel Ortega desde el 2006, actualmente con su esposa Rosario Murillo.

En Nicaragua no hay una oposición política unida frente al grupo gobernante de Daniel Ortega.

La oposición existente de manera legal es permitida y está dividida, manipulada y mediatizada por Ortega y por la Murillo.

La oposición disidente de ese control orteguista ha sido obligada al exilio, la repatriación forzada, a la cárcel y represión, a la disolución de sus organizaciones de resistencia.

No hay en Nicaragua, ni fuera de Nicaragua, en Costa Rica, Honduras o el Salvador, grupos de carácter guerrillero que quieran derrocar a Daniel Ortega. En el interior de Nicaragua tampoco hay resistencia militar.

No hay condiciones sociales y organizativas en posibilidad de desarrollar una lucha armada interna contra el gobierno de Ortega y Murillo. En este momento el pueblo nicaragüense no tiene ninguna opción de este tipo existente, ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua.

Tiene el pueblo nicaragüense que hacer esfuerzos heroicos para recuperar espacios políticos internos y de participación electoral, que son los que por ahora darían alguna esperanza en la posibilidad de cambiar el Gobierno. En ese sentido juegan las reglas de la democracia electoral controlada por los Ortega y sus institucionalidad mediatizada y controlada. Lo que se gana por elecciones se puede perder por elecciones. Pero hay que organizarse y unirse, las tareas principales, en esa dirección.

El Ejército de Nicaragua, es grande. No es el más grande de Centroamérica, que lo es en tamaño el de Guatemala siguiéndole Honduras, que son fuerzas militares más grandes que el de Nicaragua.

Las alianzas militares que tiene Nicaragua con Estados Unidos, con los ejército centroamericanos y de otros países, entre ellos Rusia, son propias de países que tiene ejércitos. Costa Rica tiene alianza militar con Estados Unidos, en su lucha contra las drogas y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, desde 1948.

Algunos de los que hoy critican al gobierno de Nicaragua le agregan sus críticas la presencia de unos militares de Rusia, que han llegado en estos día, sin criticar las otras alianzas, y la presencia de militares también de los Estados Unidos, tratando de pintar un peligro mayor de Nicaragua contra Costa Rica. Eso es un error a mi manera de ver. Cualquier país que tenga Ejercito es superior en ese campo a la Fuerza Pública costarricense, por el equipamiento, no tanto quizá por la formación de los mandos policiales nacionales que reciben un entrenamiento de formación militar, y así lo hacen si siguen enviando a policías, a centros de entrenamientos militares, de distintos ejércitos y países.

En la década del 50 operó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que estuvo presidida por el costarricense Marco Tulio Zeledón Cambronero, un anticomunista de marca. La ODECA evolucionó a la Secretaría de Integración Centroamericana, que hoy es el organismo político institucional más importante de la región junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La participación de países en estos organismos es soberana. Está el que quiere estar y es aceptado para estar.

En la OEA estamos desde su fundación, junto con los países del continente, que desde 1948, se fue ampliando en miembros.

En la SICA como en la OEA, desde sus fundaciones, hemos compartido sillas con representantes de gobiernos dictatoriales, tiránicos, despóticos, genocidas, violadores de Derechos Humanos, surgidos de golpes de Estado, sin que nosotros avaláramos lo que esos gobiernos hacían y representaban, y pocas veces criticando sus actuaciones.

Con motivo de la Revolución Cubana, los gobiernos representados en la OEA, actuando como un organismo de colonias de los Estados Unidos, expulsaron a Cuba de esa organización, exceptuando al Gobierno de México que se opuso a esa expulsión y mantuvo las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Mario Echandi en 1958 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, las que se mantuvieron rotas hasta el año 2008 que las restableció el Presidente Oscar Arias, quedando en ese momento solo tres países del continente que no las tenían, entre ellos Estados Unidos. Durante todos esos años los gobiernos de Costa Rica, que siguieron al de Echandi, no tuvieron relaciones con Cuba, mientras mantuvieron relaciones con las dictaduras de todo el continente, países que empezaron a salir de esas dictaduras a partir de 1990.

El Gobierno de Barak Obama estableció las relaciones con Cuba. Débilmente se mantuvieron con Trump y se mantienen con Biden. Hubiera sido muy vergonzoso para Costa Rica haberlas restablecido después de Estados Unidos, hubiéramos parecido como un perrito faldero de ese país.

Poco tiempo después la OEA reconsideró la situación de Cuba, le abrieron las puertas a su retorno, condicionándole su ingreso y soberanamente Cuba dijo que no le interesaba regresar a la OEA. La reunión de la Cumbre de América, recién celebrada en California, fue una derrota diplomática para los Estados Unidos, por el aislamiento que impuso de invitados a esa Cumbre que hizo desistir de asistir, con sus Presidentes y Jefes de Estado, a países latinoamericanos y algunos de ellos enviaron funcionarios de segundo orden diplomático.

En el recién pasado Gobierno de Carlos Alvarado se firmó con el Gobierno de Cuba una Carta de Intenciones en el campo educativo, que no ha tenido ninguna eficacia ni puesta en ejecución. No produjo ningún resultado práctico, efectivo ni para Cuba ni para nosotros. Era eso “intenciones”.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en sus primeros actos como Presidente anuló, canceló, dejó sin efecto esa Carta de Intenciones. Para mí hizo mal y solo el ridículo de su acto, de colocarse innecesariamente en una pose, para la foto, de actuar “contra Cuba”, con un acto que no había tenido a ese momento ninguna trascendencia. Pudo haber dejado “congelada” esa Carta de Intenciones como estaba y nada hubiera pasado. Pero, hay en el Presidente Chaves un gusanillo que lo llama constantemente a mandar mensajes “anticomunistas”, dentro de esta nueva Guerra Fría que se está desarrollando, con muchas aristas, una de ellas alertando del “peligro comunista”, como también ha hecho referencias, en igual sentido anticomunista, post elecciones refiriéndose a la pasada campaña electoral, como si en esa campaña hubiera habido un real peligro comunista participando en elecciones.

LA SICA como organismo colectivo centroamericano acordó por los Presidentes de Centroamérica, mecanismos de dirección colectiva, desde hace muchos años, estableciendo una rotación de su principal Director o Secretario Ejecutivo. De esta manera se impuso la rotación por país, lo que inevitable, que en esta ocasión le corresponda a Nicaragua. Puede ser no deseable a los ojos costarricenses, o de algunos costarricenses, pero así es. Este año le corresponde a Nicaragua ejercer la Dirección de la SICA. En Costa Rica se ha desatado una reacción, principalmente por parte de los expresidentes de la República, presionando al actual Presidente Rodrigo Chaves Robles para que no apoye y rechace el candidato propuesto por Nicaragua. El candidato propuesto actuó beligerantemente en el conflicto de Isla Calero contra nosotros, y eso es lo que más se le cobra. Si a él lo ha propuesto el gobierno nicaragüense no lo podemos evitar. Es su derecho, que nos toca respetar. No se le puede pedir al Gobierno nicaragüense que proponga otra persona, como se hace cuando se nombran Embajadores, que los gobiernos, en esos casos, sí pueden objetar a los candidatos que se les proponen.

Con Nicaragua mantendremos diferentes núcleos de contradicciones. La SICA puede ser un escenario para llamar la atención sobre lo que al Gobierno de Costa Rica no le parezca de las actuaciones del gobierno nicaragüense.

El candidato puede no gustarnos. Podemos criticar de él posturas anti costarricenses que ha tenido defendiendo su país. Podemos criticar que el Gobierno de Nicaragua lo haya postulado, como decisión soberana que tiene de hacerlo.

La SICA hasta ahora ha actuado en Centroamérica, República Dominicana y Panamá bastante bien. No tiene por qué cambiar esas políticas por la presencia de un Nicaragüense, que no nos gusta, cuando allí hay representantes de otros siete países que toman decisiones colectivas, dentro de sus objetivos fundamentales de asegurar y fortalecer la Región con la Paz, la Libertad, la Democracia y el Desarrollo, todo dentro de su misión institucional de contribuir al proceso de integración económica.

La SICA como organización tiene países fundadores, los que siguieron adhiriéndose e integrándose, para un total de ocho. A ellos se suman once países Observadores Regionales, entre ellos Estados Unidos, y 21 países como Observadores Extrarregionales, entre ellos Rusia. Ese es un mundo amplio y ajeno…

La rotación de los Directores ha sido establecida y aceptada en su funcionamiento. Le corresponde a Nicaragua este período.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves ha decidido apoyar la candidatura ofrecida por el Gobierno de Nicaragua, como acto soberano nacional y como potestad constitucional que tiene. Con rechazar la candidatura del propuesto no se evita que lo sustituyan por otro, porque a Nicaragua le corresponde la Dirección en este momento. Todos los demás gobiernos aceptan el candidato propuesto. Con rechazarlo no se va a caer el Gobierno de Ortega y de la Murillo. Esta es la realidad política.

El Presidente Oscar Arias cuando estableció relaciones con la República Popular China tuvo una reacción muy fuerte interna de sectores empresariales, de empresarios en particular, de políticos que habían viajado a Taiwán invitados por el gobierno taiwanés y que tenían muchos compromisos con Taiwán, con artículos y anuncios pagados en contra de su decisión. Se impuso el Presidente como debía ser.

A la llegada de los representantes de la República Popular China se produjo una reacción al revés, en favor de esa nueva relación, especialmente de la comunidad china. Hoy se ve que fue un acierto esas relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Cuando a finales de los 60s, en el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, y a principios del gobierno de José Figueres, en 1970-1971, ambos presidentes, representando grupos empresariales de la producción, y el comercio de café y luego de azúcar, le pidieron a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, que actuara de Agente Comercial del Gobierno, para tratar de “vender”, “colocara” el café y el azúcar costarricense en los países socialistas, no se objetó por la necesidad económica de los productores y comercializadores que se vendiera café y azúcar a la URSS y a los países socialistas. Cuando como resultado de esas negociaciones se consideró por parte de José Figueres Ferrer, restablecer las relaciones diplomáticas que con la URSS había establecido Rafael Angel Calderón Guardia, que el suspendió durante la Juna de Gobierno, se desató en el país una campaña feroz contra un acto legítimo del Presidente Figueres. Una campaña por el NO para las relaciones diplomáticas, y otra por el SI para esas relaciones.

Por la representación de Nicaragua en la SICA nadie va a mover un dedo en el país probablemente. Pero, las valoraciones políticas de las relaciones que ha hecho el Presidente Chaves son válidas de su ejercicio de Gobierno. Ni la Asamblea Legislativa puede imponerle su voluntad. Pueden opinar los diputados, los ciudadanos, como lo hago yo, en favor o en contra de la decisión del Presidente Chaves, pero es su decisión legítima y constitucional, que él tiene de las relaciones internacionales del país.

El comercio con Nicaragua y con Centroamérica aprovechando el territorio de ese país es importante para el país y para el sector productivo y comercial de Costa Rica. Si mantenemos relaciones diplomáticas de bajo perfil con este nombramiento no se van a alterar. Si se llegara a establecer un Embajador en Nicaragua, gana también Costa Rica, si no rompemos las relaciones diplomáticas.

Apoyar el candidato de Nicaragua no le impide al Presidente Chaves criticar lo que le corresponda, y cuando él lo considere pertinente, de las políticas de gobierno, especialmente en el plano interno, respecto a libertades y derechos, represión y violación de Derechos Humanos.

He sido un crítico del Gobierno de Ortega y de la Murillo, en distintos medios, como lo he sido del Presidente Chaves, pero en este asunto le doy la razón al Presidente Rodrigo Chaves. El decide las relaciones internacionales de Costa Rica, nos guste o no cómo las maneje.

El mundo de hoy, el surgido y desarrollado después de la caída del mundo socialista, de superada la Guerra Fría del período 1945-1991, del surgimiento de nuevas relaciones internacionales, es muy complejo, es más que un nudo de contradicciones. Ahí estamos y tenemos que saber caminar, en mucho, con pragmatismo, oportunidad y sentido de la realidad, afirmando nuestra Soberanía y los ejes que han guiado la Política Exterior costarricense desde hace muchos años.

Que vivir con aire no sea una excepción

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Desde hace dos años y un poco más estamos sin aire. Nos ahogamos. Nos asfixiamos. Floyd dijo no puedo respirar y aún así la gendarmería securitaria continuó apretándole la garganta hasta matarlo. Lo asesinaron. Por negro. Porque si.

Si hay algo que le ha pasado a este planeta en los últimos tiempos es que le hemos llevado al ahogo. Por eso cada vez más el clima, el ambiente, nos está cobrando justo esos modos de consumo, esas prácticas desinteresadas del descarte. Lo descartamos todo y lo tiramos a la basura. Hasta los mismos seres humanos nos convertimos en seres descartables.

Durante la última semana hemos observado con estupor cómo la acción contra seres humanos es cada vez más atroz, más bárbara, más posmoderna.

Los asesinatos, porque no hay otra forma de llamarlos, cometidos por la seguridad marroquí y las devoluciones en caliente, protagonizadas por la policía española contra migrantes africanos que intentaron entrar a aquel país por la frontera con Marruecos, concretamente en el paso fronterizo de Melilla donde desde hace muchos años se practican los llamados “Saltos” que consisten en intentos de cruce de una valla fronteriza enorme, deberían ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

Las imágenes son elocuentes. Organizaciones de derechos humanos y protección de migrantes han contabilizado 37 personas fallecidas, muchas de ellas muertas por asfixia en una avalancha formada en suelo marroquí como consecuencia de la acción brutal de la seguridad por ambos lados. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha saludado la acción marroquí y la ha catalogado como una operación “bien resuelta”.

Me quedo sin aire ante estas palabras. Pero más allá de mi, pienso que nos estamos asfixiando. Como planeta, como sociedad, como civilización.

En un camión de transporte de carga, un truck, truco en el lenguaje coloquial del norte regional, encontrado en San Antonio Texas, fueron hallados fallecidos a finales de junio 53 personas migrantes mexicanas, guatemaltecas y hondureñas, como consecuencia del calor y la deshidratación a las que se expusieron en ese viaje.

El aire les faltó. Les faltó la protección. Le fallaron de nuevo sus gobiernos de origen. Y como consecuencia de estas condiciones se entregan como fácil presa a las redes de tráfico de migrantes que les cobran en promedio 8.000 dólares para transportarlos en condiciones deplorables, indignas, inhumanas y dejarlos en la frontera.

Quizá lo correcto del lenguaje sea que estos migrantes no fallecieron: los asesinó la necropolítica y sus agentes, medios de comunicación, academias displicentes y audiencias atolondradas y mal orientadas incluidos.

Vivir con aire debería ser catalogado ahora como uno de los derechos humanos más elementales. Poder respirar. Abrir el pecho. Debería volver a ser una actividad más de nuestra vida cotidiana. No la excepción.

Subvencionar para detener el aumento del costo de la vida

Oscar Madrigal

El ministro del MOPT anuncia que el Gobierno se propone subvencionar los pasajes de buses. La medida me parece bastante positiva ya que iría en beneficio del más de millón de personas que cotidianamente se movilizan en trasporte público. Además, si esa subvención va acompañada por la transformación de los buses de gasolina a eléctricos y a un cambio organizacional del trasporte (sectorización o centros modales), bien vale la pena. Es cierto, también, que el trasporte público en casi todo el mundo es subvencionado. Será un alivio para los consumidores.

La subvención es una forma de control de precios, porque se propone que los servicios y los bienes no aumenten de precios o lo hagan de forma controlada o racional.

Como la inflación es un aumento general de la gran mayoría de los precios de los artículos y servicios, el mecanismo de subvencionar es una excelente medida para controlar la inflación y con ello el aumento en el costo de la vida. Es lo que están haciendo en muchos países de Europa como Alemania o Suiza.

El control de precios mediante la subvención debería ser la medicina que utilice el gobierno para controlar el aumento de los precios y la especulación. Para eso es el Estado aunque a los neoliberales les pare los pelos.

El gobierno podría subvencionar los artículos de la canasta básica, los precios de la gasolina o los medicamentos más populares, lo cual frenaría la inflación y con ello defendería el valor adquisitivo de los salarios.

¿De dónde saldrían los recursos para ello? Puede haber dos caminos: un tributo solidario de los grandes capitales y grandes empresas como está proponiendo actualmente el gobierno de Chile o tomando los créditos aprobados para subvencionar a los productores nacionales. Estas medidas aumentarían la producción y aliviarían la situación acongojante de miles de familias costarricenses.

Solo falta voluntad política y decisión.

¿Es posible hablar de hitos en la gestión gubernamental del sector agropecuario?

German Masís Morales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha divulgado el documento Hitos del Sector Agropecuario, Administración 2018-2022, en la que presentan los resultados de la gestión del Ministro Alvarado y su equipo en ese período.

La primera observación al documento se refiere a su nombre, ya que el concepto de hito, refiere a “acontecimientos significativos que marcan momentos importantes en un proceso histórico” (diccionario de la LE), por lo que habría que determinar si las acciones realizadas por las instituciones del sector agropecuario en efecto marcan momentos relevantes en la historia reciente de ese sector.

Probablemente sería más adecuado mencionar que las acciones en el documento, corresponden más como se expresa en la misma presentación, a “logros alcanzados como resultado de la acción integral (…) de las instituciones del sector ”(MAG,Hitos del Sector Agropecuario,mayo, 2022,p.5).

Lo anterior es fundamental establecerlo, ya que como lo indicamos en un artículo anterior, los gobiernos cumplen con gestionar el sector y ejecutan acciones en varias áreas de la actividad agropecuaria que poco se diferencian de una Administración de otra. De ahí que al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que éste requiere.(alterdescr,abril,2022)

Entre las acciones ejecutadas, de inversión en infraestructura agropecuaria, de comercialización y valor agregado, agricultura inteligente y tecnología para generación de datos, innovación y transferencia de tecnología, acceso a recursos: tierra y crédito y apoyo a las metas de la agenda agro-ambiental, habría que analizar no sólo si se constituye algún hito, si no si se logra un avance sustantivo que supere lo realizado en períodos anteriores.

Ya que las acciones de impacto en la protección fitosanitaria, en la calidad de las semillas para el sector, en la política de género y en oportunidades para el crecimiento del sector pesquero y acuícola, responden principalmente a las actividades tradicionales de todos los gobiernos en la gestión del sector.

Decíamos en un artículo anterior, que es fundamental identificar los grandes retos y las grandes transformaciones pendientes en el sector, a nivel tecnológico, comercial, financiero, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, de apoyo a los micro y pequeños agricultores familiares y el mayor de los desafíos, el impulso de una agricultura más sostenible e inclusiva.(alterdescr,abril 2022)

Afirmábamos apoyados en lo expresado por el exministro Felipe Arauz, en un reciente foro de la UCR, que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agro productivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agregaba el exministro que “tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria”, aspecto que resulta crucial en un momento como el actual de aumento en los precios de los agroquímicos debido a la guerra en Ucrania.

En ese sentido es importante valorar el aporte de la gestión anterior, hacia la reducción del uso de insumos importados (uno de los más altos en el continente americano) y en procura de la generación y el uso de insumos locales más baratos y menos contaminantes. Arauz apuntaba que “debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, y minimizar los impactos ambientales.”(semanariouniversidad.com,19-4-2022)

Así mismo, en el citado artículo se sugería valorar los resultados de la gestión a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, en el grupo de Políticas agrícolas los cuales propusieron establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, reorientación del INTA hacia esa labor y promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático. como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible.

Sin embargo, es bueno destacar que el aspecto de tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, si representa uno de los avances de la gestión Alvarado (a pesar de que no fue mencionado en el documento Hitos), ya que se han divulgado los logros de la Estrategia nacional de Ganadería baja en carbono y el proyecto NAMA Ganadería con la inclusión de más de 1000 fincas(comunicado del Gobierno de la República,11-9-2020)

Por su parte el ámbito de inversión en infraestructura agropecuaria en riego, drenaje, comercialización y valor agregado, es probablemente uno de los mayores logros de la Administración Alvarado, en buena medida con la intervención del INDER, entidad que en noviembre del 2021 había informado que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.(alterdescr,noviembre 2021)

No obstante, el ámbito de menor avance relativo a los grandes retos del sector, se refiere al mejoramiento del sistema de comercialización de productos agropecuarios, que en la propuesta del grupo de Política incluía la reestructuración y modernización del CENADA, de las ferias del agricultor y del programa de Abastecimiento Institucional, la creación de un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo y de un sistema de seguro agrícola(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

En definitiva, se podría concluir que la gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, presenta no solo logros parciales aún distantes de las grandes transformaciones necesarias, si no que es aventurado e inexacto afirmar que se trata de hitos en la ejecución de políticas agropecuarias y en el desarrollo del sector.

De cómo el poder político se quita la máscara (55% para la entrevista)

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La nueva Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa ha decidido, en la metodología a seguir para el nombramiento de un magistrado (a) de la Sala Penal de la Corte Suprema, asignar un 45% a los atestados del candidato (a) y un 55% a la entrevista que harán a cada aspirante.

Las entrevistas en los procesos de nombramientos a cargo de los parlamentarios ha sido, históricamente, uno de los temas más cuestionados por arbitrarias, subjetivas, abusivas y hasta corruptas. Se ha asignado un valor a la entrevista sin ningún criterio técnico; se ha calificado a las personas con la mejor o la peor nota, sin dar ninguna explicación justificada; y se ha utilizado este mecanismo para “sacar del juego” a quienes por su excelencia curricular, obtienen los mejores resultados, pero por razones que sólo los políticos conocen, son relegados o excluidos.

Todos estos vicios han sido cubiertos por el velo del secretismo (nadie sabe quién vota por quién), y en medio de la más absoluta arbitrariedad (no se dan las justificaciones o razones del caso).

Un 55% de nota en la entrevista va a convertirse en el parámetro decisivo. Para quienes conocemos lo que ha sucedido en el pasado, lo único que pretenden los diputados y diputadas electores es eludir la obligación de dar cuenta de por qué se escoge a postulantes que no obtienen las mejores calificaciones en los rubros objetivos, y por qué todo el proceso se convierte en una burla para quienes participan de buena fe, siendo que desde un inicio lo único que cuenta es la cercanía político-partidaria y no los méritos del aspirante.

El “razonamiento” es realmente lamentable: “como los atestados, títulos, capacitación, experiencia académica, publicaciones y dominio de idiomas no garantiza la idoneidad de una persona, entonces… nosotros, que somos personas serias, podemos asegurar la mejor elección.” En primer lugar, la inclusión de parámetros objetivos se hizo precisamente para neutralizar un poco el subjetivismo de las entrevistas, cuestión que ha puesto en evidencia el uso abusivo del poder cuando los méritos han sido echados a la basura ante otros intereses no confesables. En segundo lugar, si una persona con atestados no garantiza idoneidad, ¿qué nos garantiza que un aspirante sin un buen currículum la tiene?. En tercer lugar, qué nos asegura que más allá de la idoneidad percibida por los miembros de la comisión, no es sólo la apreciación subjetiva de que este candidato resolverá los asuntos “como a mí me parece” que deberían resolverse? En otras palabras, un valor tan desproporcionado como el 55% para uno solo de los aspectos a ponderar, dará como resultado claro que será escogido el candidato o candidata que tenga la habilidad de decir lo que la mayoría de los diputados quieran oír. Sobre la mesa están, por ejemplo, fundamentalismos religiosos que ahora ven “pecado” en las luchas por los derechos fundamentales de algunas personas; o ven “canalladas” en las denuncias penales interpuestas para investigar si se han cometido graves delitos por parte de políticos relevantes; o ven como idóneo sentar en la Corte a algún litigante, de bufete reconocido, que hasta el día de ayer tenía asuntos suyos y de sus colegas pendientes de resolución en una Sala de este alto tribunal.

Está por verse, además, la efectiva realización de entrevistas con profesionalidad, responsables, razonables y profundas. Eso no es lo que ha habido en el pasado, ni hay seguridad de que lo haya en el presente. Los valores morales de valentía, integridad, compromiso, honestidad, independencia y pensamiento crítico, son meras abstracciones si no se revisan los antecedentes de una persona, en qué universidades obtuvo sus grados y posgrados (¿Universidades de verdad o de garaje?), con qué calidad de tesis, con qué promedio de notas, quiénes fueron sus profesores tutores, cuán actualizado, es decir, cuánta capacitación ha recibido después de graduado, cuánta reflexión especializada ha realizado en libros y artículos, cuáles han sido sus mejores escritos o sentencias, en fin, a cuántos tribunales de idoneidad se ha sometido antes de presentarse ante una Comisión de Nombramientos. A esto es lo que se denomina “hoja de vida” o currículum vitae y no puede rebajarse a menos de la mitad del porcentaje de calificación general para decidir una designación que afectará, para bien o para mal, a todos los costarricenses.

Lo cierto es que la clase política de este país sigue exhibiendo una miopía proverbial. No hay mejor garantía de objetividad e independencia que una judicatura preparada y competente, respetuosa de los derechos y libertades constitucionales, conocedora del derecho internacional de derechos humanos y el deber sagrado de respetarlo. Pero se nota una especie de fobia entre los políticos a la excelencia académica y los méritos acumulados en una carrera profesional ejemplar; también, de forma inaudita, se percibe como una amenaza el perfil de candidatas y candidatos íntegros e independientes.

Al fin de cuentas, este 55% para la entrevista le quita la máscara de objetividad a procesos de nombramiento que nunca han podido explicar la enorme contradicción que existe entre descartar a los mejor calificados para designar al décimo de la lista. La República está enferma cuando sacrifica a los mejores ciudadanos del ejercicio de los cargos públicos de mayor responsabilidad.

En el pos triunfo

Por Carlos Meneses Reyes

A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.

Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.

Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.

Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.

El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).

Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).

Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.

El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.

Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.

Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.

No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.

A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.

Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,

LO DE IMPLEMENTACIÓN

Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.

Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.

Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.

Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.

Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS

Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:

  1. La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
  2. Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
  3. Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
  4. Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
  5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.

LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.

La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.

En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.

Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.

Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.

LO DEL CONFLICTO SOCIAL

No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.

Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.

No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.

El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.

Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.

Voto público en la elección de las magistraturas y otros altos cargos – Mitos y realidades

Foro de Justicia1
Firma responsable: Rosaura Chinchilla Calderón
forodejustiacr@gmail.com

A junio de 2022, hay tres nombramientos de magistraturas pendientes en el Plenario Legislativo, para las vacantes en la Sala Constitucional, la Sala Tercera y la Sala Primera. Las ternas para hacer la selección están a cargo de la Comisión Especial Permanente de Nombramientos (CPEN), y la selección final recae en el Plenario. Ambas votaciones se realizan de forma secreta, generalmente sin fundamentación alguna y luego de un proceso de selección con un fuerte componente de discrecionalidad. Así, la ciudadanía se ve impedida de conocer los fundamentos de las decisiones de sus representantes, de pedirles cuentas y responsabilizarles por su decisión.

Esta práctica contradice los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad; y además, perjudica no solo las imágenes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sino también las de las personas que se eligen y las de aquellas que sometieron sus nombres al proceso.

Diversos esfuerzos desde la ciudadanía y entes especializados demandan que se haga público y fundamentado el voto para nombrar altos cargos públicos. véase, por ejemplo, el pronunciamiento del Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, la campaña de redes sociales #VotoPúblicoYA del colectivo Foro de Justicia, el compromiso firmado por el actual Presidente de la República con la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), y el compromiso de varios de las actuales diputaciones con el medio Delfino.cr, entre otros.

Para oponerse a esta amplia demanda ciudadana de transparencia suelen esgrimirse algunos argumentos que, como se demostrará, son excusas y mitos.

Mito 1. La publicidad está contra la ley y la normativa vigente. Realidad: Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de las diputaciones que integran dicha comisión, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, en el Plenario legislativo el mecanismo se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Y aún sin dicha reforma, las diputaciones que así lo deseen pueden publicitar su voto, en virtud de los principios constitucionales, de más alto rango que el citado reglamento, de publicidad, representatividad, transparencia y rendición de cuentas que los obliga y en ejercicio de su libertad de expresión. En este sentido, por ejemplo, se encuentra el antecedente de la propia Corte Suprema de Justicia cuando decidió votar de manera pública durante el proceso de selección de fiscalía general en 2018.

Mito 2. El voto secreto es una garantía para quien vota. Realidad: Esto es así para el ciudadano o la ciudadana frente a los eventuales abusos del poder, pero no aplica para quienes representan a otras personas o quienes desempeñan la función pública, quienes, por mandato constitucional, deben rendir cuentas de lo que hacen ante sus electores; y si persisten en recurrir al secretismo y la opacidad es para ocultar intereses contrapuestos, negocios, corrupción, etc. que carcomen la democracia y la institucionalidad (quien actúa por principios no tiene nada que ocultar).

Mito 3. La publicidad expone a diputados y diputadas a riesgos en su seguridad personal o integridad física. Realidad: Aceptar este argumento significa dar por hecho que la institucionalidad está cooptada por grupos criminales que serían capaz de recurrir a ese nivel de violencia, cosa que no ha pasado nunca, ni de ello hay evidencia alguna en el país a la fecha, pero que sí podría irse generando de fomentar la opacidad en el ejercicio del poder. Además, en caso de haber amenazas en este sentido, la visibilización y combate de las causas serían el curso de acción adecuado y no la limitación de un derecho de la ciudadanía de conocer cómo votan sus representantes. En todo caso, los amenazadores tendrían hoy en día muchas formas de saber cómo vota cada diputado (fotos por ejemplo desde el celular), aún cuando este voto sea secreto.

Mito 4. La publicidad abre el portillo para la presión de grupos poderosos. Realidad: Al contrario, el secretismo es el caldo de cultivo de las componendas entre corruptores y corruptos. En cambio, la publicidad transparenta los eventuales intereses en juego y facilita su control cívico. Aceptar aquel argumento implicaría que también las leyes deberían seguir ese mecanismo, lo que es absurdo y antidemocrático. En todo caso, quien legisla debe entrenarse y prepararse para enfrentar estas presiones que tendrán en prácticamente todas las decisiones que tomen.

Ciertamente, el voto público no resuelve los problemas y debilidades que tiene el proceso de nombramiento de los altos cargos y, en particular, de las magistraturas, pero sí se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente e imparcial que salvaguarde los derechos de toda la población, sin discriminación alguna.

Instamos al Parlamento (pero también a la Corte Suprema de Justicia en las designaciones a su cargo) a usar y fomentar este mecanismo en los asuntos de su competencia.

1 Foro de Justicia es una organización que busca el fortalecimiento de la justicia independiente y democrática y está integrada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la Asociación Americana de Juristas, rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica Íntegra, la Facultad de derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Programa Estado de la Nación y por personas expertas independientes.

Un Fiscal General para Costa Rica. Hallazgos del Panel Independiente de Personas Expertas para el fortalecimiento del proceso de selección – Conversatorio

Este viernes 24 de junio a las 10:00 am, el Foro de Justicia Costa Rica llevará a cabo el conversatorio: Fiscal General para Costa Rica. Hallazgos del Panel Independiente de Personas Expertas para el fortalecimiento del proceso de selección.

Se contará con la participación de Manuel Antonio Solís, investigador quien ha trabajado a profundidad el tema del Poder Judicial en Costa Rica.

Puede seguir la transmisión mediante el Facebook del Foro de Justicia. Este es el enlace: https://bit.ly/3ycwnD1