(Bloque Verde, 25/4/2022) Durante los últimos días ha circulado una desafortunada frase que se le atribuyen al Ministro de Ambiente y Energía entrante, Franz Tattenbach. El rezo dice algo así como: “La empresa privada no es necesariamente enemiga del ambiente, pero si existen ambientalistas enemigos de la empresa privada.”
El exdiputado condenado por el delito de falsedad ideológica, Otto Guevara; el pastor evangélico ultraconservador Fabricio Alvarado y hasta el gremio sindical de los empresarios la UCCAEP, se han puesto a repetir esta frase difamatoria que ofende a cualquier persona que se precie de amar la naturaleza y protegerla.
Estos señores ofenden a buena parte de una población nacional que identifica con el cuido de los ecosistemas. Dichosamente la opinión pública está de nuestro lado. En mayo del 2021 una encuesta de opinión sobre la percepción de las instituciones en el país, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, revelaba que las organizaciones ecologistas estamos entre las instituciones con más respaldo por parte la población costarricense.
Muy a pesar de lo que dice el señor ministro entrante, ningún ambientalista ha sido condenado por “ser enemigo de las empresas”. Lo que en realidad si existen son empresas condenadas judicialmente por contaminación, deforestación, por invasiones de Áreas Silvestres Protegidas, por secar y desaparecer humedales, por tráfico de vida silvestre, por desviar causes de ríos o quebradas, etc. Incluso hay evidencia de que la empresas piñeras deforestaron casi 6.000 hectáreas con total impunidad y hasta la fecha no existe un proceso judicial en su contra y así incontables delitos haciendo fila en los tribuales de justicia de este país aún sin procesar.
Las organizaciones ambientales sabemos que lo que significa las palabras del ministro entrante Tattenbach. Este gobierno propiciará un clima de impunidad para los delitos ambiental de las empresas y persecución para defensoras y defensores ambientales. Alertamos a todo el país de esto.
El abogado ambientalista Alvaro Sagot en redes sociales ha reaccionado señalando varias interrogantes al respecto que compartimos 1) ¿En general hay ambientalistas enemigos del sector privado o ambientalistas enemigos del sector privado que genera daños ambientales? 2) ¿Estará el nuevo ministro avalando y motivando un enfrentamiento? 3) ¿El Estado no es quién debe ser el primero en enfrentar fuertemente, por disposición legal, a las empresas que generan daños ambientales? Finalmente: 4) ¿Sería el Estado enemigo del sector privado por tratar de aplicar las normas ambientales, que por cierto son las mismas que utilizan los grupos ambientalistas?
La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.
En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.
Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.
Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.
Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.
Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.
Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:
Armando Arauz Arnulfo Carmona Benavides Cecilia González Fernando Gutiérrez Benavides Fernando Guzmán Mata Fernando Volio Jiménez Jorge Luis Villanueva Badilla José Antonio Bolaños José Hine García Matilde Marín Chinchilla Rodrigo Carazo Odio Uriel Arrieta Salas
Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.
Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.
El viernes 24 de abril de 1970, a penas a tres años de haberse inaugurado la Regionalización de la Educación Superior Universitaria; en el Centro Regional Universitario de San Ramón-CRUSR, la que fungía como dirección de lo que sería más tarde la Asociación de Estudiantes de la Sede, convocó a una gran movilización política contra el consorcio imperialista de la Aluminun Company of America-ALCOA.
Una serie de denuncias y protestas se venían GESTANDO, desde hacía cerca de una década. Sin embargo, corresponderá a un buen grupo de vecinos de Pérez Zeledón, dar inicio a los primeros brotes de la protesta social.
La importancia de la bauxita como material estratégico para la guerra imperialista, ocupaba un lugar de privilegio. Dominar un metal precioso o un mineral estratégico era, sin duda, fortalecer el papel geopolítico en el mapa que dibujaba la Guerra Fría.
Aquí en San Ramón, además de la “AESO”, una pléyade de jóvenes muy avezados en su conciencia política: Óscar Barrantes R., Miguel Alvarado A., Omar Jiménez C, Luis Chaves, Jorge E. Sánchez Trejos, entre muchos otros cientos de alumnos del Instituto Superior Julio Acosta García, sumaron sus voces de protesta y participaron de la gran movilización que la FEES, a través de la Juventud Vanguardista Costarricense, entre otros dirigentes que recuerdo, Renier Canales, llamaban a apoyar las manifestaciones populares de los vecinos generaleños.
Voces como las de Óscar Madrigal, J. L. Romero, José Luis Valenciano, Mario Piedra, Vladimir de la Cruz, omito a muchos otros, por la imposibilidad que ofrece este espacio, encienden la llama de los miles y miles de estudiantes que habíamos poblado el Parque Central, rodeando la Asamblea Legislativa. La avenida que conduce a la Asamblea Legislativa tembló al paso de una de las movilizaciones más apoteósicas que conozca la protesta social de Costa Rica.
Alguna persona, de los manifestantes, decidió bajar los breakeres del Parlamento y quebrar un par de vidrios. Eso fue suficiente para que la violencia policial dibujara una página más, de las oscuras que tiene la democracia en este país.
Ajenos, a los gases lacrimógenos, las macanas y las vergas de toro, empleados por los cuerpos represivos, así aprendimos a tatuar nuestra resistencia política.
La iniciativa se archivó en el Congreso. Una segunda derrota al imperialismo norteamericano que se inscribe en los renglones que dieron lugar a los hechos gloriosos de 1856.
Domingo, 24 de abril de 2022
Las fotos son de la Revista Alcoa, publicada en memoria de esa lucha.
Cuando todavía el presidente electo, Rodrigo Chaves Robles no ha revelado los nombres de todas las personas integrantes de su gabinete, queda claro con las ya anunciadas que la orientación neoliberal, es la que marcará el norte del nuevo gobierno.
Los antecedentes de Chaves Robles en el Banco Mundial y, particularmente, por las políticas fijadas a Indonesia desde la oficina que él dirigía, no dejan mucho margen como para pensar que las políticas que impulsará él y su equipo de gobierno, no se saldrán mucho de ese guión. Asimismo su fugaz paso como ministro de Hacienda de la administración saliente también permite pensar que las políticas neoliberales que han erosionado nuestro Estado de Bienestar, seguirán presentes y activas en los próximos cuatro años.
Es como la crónica de una situación tan predecible como anunciada. La deriva neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado es fruto del contubernio entre un gobierno que nunca cumplió con lo prometido en la campaña electoral de 2018 y unas fracciones como las del PLN, PUSC y los evangélicos (de Restauración y Nueva República) que le aseguraron una mayoría calificada al saliente gobierno del PAC. Las leyes aprobadas en este cuatrienio han sido como cuchillos afilados que han sido clavados en nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Le han provocado múltiples hemorragias y la sangre sigue fluyendo.
Lo que le costó a la sociedad costarricense y al país construir en varios decenios del siglo anterior, inició su declive –con zigzagueos– a partir de la década de los años ochenta, con dos administraciones liberacionistas: La de Luis Alberto Monge y, especialmente, la de Oscar Arias. El neoliberalismo que campeaba por sus respetos en Estados Unidos (Ronald Reagan) e Inglaterra (Margaret Tatcher) en esa época, influyó de manera, cada vez más corrosiva, en las políticas del país desde entonces.
El llamado “Consenso de Washington”, que impuso fórmulas económicas neoliberales que impulsaron varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa de la centuria anterior, se convirtió en el catecismo orientador bajo la consigna: ¡Más mercado, menos Estado! De esta manera, empezó una cuenta regresiva para el genuino ESD de Costa Rica, que singularizó nuestro desarrollo relativo y proyectó avances sociales significativos del país, en el contexto latinoamericano e internacional.
La administración que termina el próximo 8 de mayo y «su» fracción ampliamente mayoritaria en el Congreso, aceleraron y profundizaron el daño de nuestro ESD; tal y como lo expresan el incremento de la pobreza, la desigualdad social y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. La pandemia, que provocó que algunos fenómenos se profundizaron, no es la causa de este significativo deterioro del ESD. Es una situación que, desafortunadamente, nos viene de lejos.
Teníamos la leve esperanza de que el presidente electo, a partir de los aprendizajes del mismo Banco Mundial y el FMI sobre los desastres sociales y económicos generados por las políticas neoliberales que han impulsado en diversos países en las últimas décadas, en un afán rectificador, fijara un rumbo distinto a sus políticas acorde a la grave situación social que enfrentan las mayorías del país. Pero no. Todo hace prever que mantendrá el rumbo trazado por el gobierno anterior.
Los nombres ya adelantados del nuevo gabinete tienen una marca política e ideológica que no vaticina un cambio de rumbo nacional. Quien ha sido anunciada como Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, libertaria de origen y tránsfuga de varios partidos, en la campaña anterior hizo todo lo posible por mostrar su credo neoliberal. Ella será el enlace con una Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por fracciones y diputados sin vocación progresista. Es muy posible que ella se entienda muy bien con muchas y muchos de los diputados; incluyendo –desde luego– al que podría convertirse en el presidente del Parlamento este 1º de mayo, Rodrigo Arias Sánchez.
Es predecible que el arismo tendrá un peso muy significativo en la Asamblea Legislativa, tanto por el carácter mayoritario que tiene la fracción del PLN como por el liderazgo que podría protagonizar Arias Sánchez. Esta no es una buena noticia para los sectores populares y mayoritarios del país que aspiran y esperan políticas realmente inclusivas, que empiecen a revitalizar el Estado de Bienestar. Ya son muchos años llevando palo como para seguir recibiendo golpes desesperanzadores.
Aún queda un breve espacio para la esperanza, sea que venga con los nombramientos pendientes en ministerios y otras instituciones como por las políticas que habrá de anunciar Chaves Robles y, algo más importante aún, por las que empezará a aplicar a partir del 8 de mayo próximo. Empero –en mi caso—no me hago muchas ilusiones.
Mi esperanza cierta ha estado y estará siempre centrada, en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, en su vocación progresista y democrática. Vaticino –sin ser necesariamente pitoniso– que la lucha social, en las calles y otros escenarios, estará muy presente en los próximos meses y años, en caso que este nuevo gobierno persista en destruir lo que queda del ESD y no se enrumbe a mejorar las esperanzas y las condiciones de vida de las mayorías excluidas y cada vez más empobrecidas. Porque, al fin y al cabo: No hay mal que dure tantos años, ni cuerpo social que lo resista.
Agradecimientos: Este informe fue escrito por Flora Sonkin con Frédéric Mousseau, Anuradha Mittal y Elizabeth Fraser. Estamos profundamente agradecidos a los muchos donantes individuales y de fundaciones que hacen posible nuestro trabajo. Gracias.
Publisher: The Oakland Institute es un grupo de expertos en políticas independiente que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más apremiantes.
El texto puede usarse de forma gratuita con fines de promoción, campañas, educación e investigación, siempre que la fuente se reconozca en su totalidad. El titular de los derechos de autor solicita que todos estos usos se registren en ellos a efectos de evaluación de impacto. Para copiar en cualquier otra circunstancia, reutilizar en otras publicaciones, o traducción o adaptación, se debe obtener el permiso.
Para más información: The Oakland Institut
PO Box 18978 Oakland, CA 94619 USA
info@oaklandinstitute.org
www.oaklandinstitute.org 3
SOBRE ESTA TRADUCCIÓN
Traducido por el Dr. Fernando Zúñiga Umaña, César Olivares y Manuel Delgado, en San José, Costa Rica, en abril del 2022.
Esta traducción es un trabajo hecho con fines exclusivamente de promoción y campaña. No tiene fines comerciales.
El único texto oficial para citas es la versión en inglés del Oakland Institute.
INTRODUCCIÓN
Indonesia, sede de las reuniones anuales de 2018 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 1[i]ha sido durante mucho tiempo el «campo de pruebas” 2 para sus planes de desarrollo y reformas de políticas. Este año, las dos instituciones de Bretton Woods, responsables de políticas de reestructuración económica ampliamente criticadas,3 tienen la intención de mostrar a Indonesia como un ejemplo exitoso de sus reformas neoliberales. 4
La asociación entre el Banco Mundial e Indonesia ha sido fuerte durante más de cinco décadas con un apoyo inquebrantable a través de cambios políticos, desde la dictadura de Suharto (1967-1998) hasta la reforma democrática en 1998. Entre 1969 y 2017, los compromisos del Banco ascendieron a aproximadamente US$58.700 millones.5
Sin embargo, décadas de intervención política del Banco han convertido a los ciudadanos indonesios y los bosques en víctimas de las prescripciones de política del Banco basadas en el mercado y favorables al sector privado.6 La agenda del Banco Mundial para el mundo en desarrollo, centrada en la liberalización radical de las economías y la inversión extranjera directa (IED), se ha llevado a cabo en Indonesia a través de diversos medios. Estos incluyen asistencia técnica, condicionalidad de la ayuda, programas de ajuste estructural (PAE), servicios de asesoramiento, préstamos para políticas de desarrollo y, más recientemente, los Informes Doing Business (DBR) del Banco.7
El último informe Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs del Banco Mundial elogia Indonesia como uno de los diez principales reformadores del mundo, con 39 cambios de política relacionados con los indicadores adoptados por el DBR en 15 años de clasificación por países.8 Más de la mitad de estas reformas orientadas a «mejorar el clima de negocios» y atraer inversión privada se implementaron entre 2015 y 2018, bajo el liderazgo del presidente Joko «Jokowi» Widodo. Pero, a pesar del objetivo declarado del Banco de poner fin a la pobreza e impulsar una prosperidad compartida, sus reformas que recomienda responden a los intereses de los inversionistas corporativos a expensas de la mayoría de la población. Los recientes cambios de política apoyados por el Banco incluyen recortes en los beneficios sociales de los trabajadores, como el seguro de salud, al tiempo que ofrecen reducciones de impuestos para las ganancias de capital de las empresas privadas y reducen los costos de transferencia de propiedad.9
En Indonesia, donde el desarrollo ha dependido en gran medida de la explotación de su riqueza natural (madera, petróleo, minerales, suelos fértiles, etc.),10 y donde más de 40 millones de indígenas administran tierras boscosas bajo tenencia consuetudinaria, 11 las reformas de las políticas de inversión recomendadas por el Banco Mundial han sido particularmente destructivas. En la carrera por reformar y atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques gestionados consuetudinariamente han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, posicionando a Indonesia como el tercer país más buscado en el mundo para los acuerdos transnacionales de tierras a gran escala.12 Especialmente en el contexto del acaparamiento mundial de tierras,13 la ambición de Indonesia de escalar en la clasificación DBR ha tenido un grave impacto en la población y el medio ambiente. Las regulaciones laxas para que las empresas desarrollen grandes extensiones de tierra han alimentado los conflictos sociales en torno a los recursos naturales14 y la deforestación generalizada con la expansión de las industrias de la palma aceitera, la minería y la tala.15 Mientras las corporaciones continúan talando bosques para expandir las plantaciones y las actividades extractivas, la creciente desigualdad y destrucción ambiental de Indonesia provocan preguntas importantes sobre los verdaderos costos del modelo de «desarrollo», guiado implacablemente por el Banco Mundial.
UNA HISTORIA DE DESARROLLO CONTAMINADA CON DÉCADAS DE INTERVENCIÓN EXTRANJERA
La supervisión del Banco Mundial sobre la ruta de desarrollo de Indonesia comenzó en 1967, cuando los préstamos y la asistencia técnica alimentaron la dictadura de Suharto. Después de un golpe militar organizado, el nuevo régimen recibió un apoyo inquebrantable del Banco Mundial, con más de US$23,1 mil millones desembolsados durante treinta años de dictadura.16
Durante el gobierno militar de Suharto, las reformas de política económica apoyadas por el Banco, incluida la liberalización del comercio y la inversión extranjera directa,17 fueron acompañadas por nuevas regulaciones para explotar los recursos naturales. La Ley Forestal de 1967 afirmó el control del gobierno central sobre todas las áreas forestales, legalizando así el derecho exclusivo de Yakarta a explotar 143 millones de hectáreas de los exuberantes bosques del país, aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total de la nación.18 La Ley sobre las Disposiciones Básicas de Minería, también aprobada el mismo año, legitimó el control del estado sobre todos los recursos minerales y permitió concesiones extranjeras.19
En detrimento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que dependían de los recursos forestales comunes para su sustento, una serie de concesiones cedieron el control de una de las tres áreas más grandes del mundo de bosques tropicales a conglomerados forestales privados con estrechos vínculos con el gobierno.20 Durante la década de 1970, Indonesia se convirtió en el mayor exportador mundial de maderas tropicales.21 Pero tanto la riqueza natural como las ganancias económicas fueron saqueadas del país dado que las corporaciones multinacionales dominaban fuertemente la industria maderera.22 Esta explotación masiva y la mercantilización de los recursos naturales tuvo lugar en nombre del «desarrollo», muy en línea con la visión del Banco: «un rápido crecimiento de las exportaciones mediante el fomento de un entorno favorable a través de la estabilidad macroeconómica»,23 independientemente de los costos sociales y ambientales involucrados. Según el Banco, el Producto Interno Bruto (PIB) de Indonesia creció exponencialmente de US$7,5 mil millones en 1968 a US$242 mil millones en 1996.24 A su vez, el Banco Mundial consideró el entorno favorable al crecimiento y «políticamente estable» de Indonesia como un bastión de sus políticas neoliberales, convirtiéndolo en un «milagro económico de Asia Oriental». 25
Pero el «milagro» no sirvió a todos los indonesios por igual. Según los informes, al menos 500 mil indonesios fueron asesinados durante el baño de sangre anticomunista de Suharto, mientras que los países occidentales no solo permanecieron en silencio, sino que también apoyaron financieramente al régimen dictatorial a través de las instituciones financieras internacionales.26 Uno de los proyectos más escandalosos que hizo posible el financiamiento del Banco Mundial fue el Programa de Transmigración. Consistió en el reasentamiento de millones de personas desde las populosas «islas interiores» de Java, Bali y Madura, a las llamadas «islas exteriores» subutilizadas, con el objetivo de proporcionar mano de obra para plantaciones y minas e impulsar el desarrollo económico.27 Pero los supuestos beneficios económicos asociados con este proyecto de larga duración ocultaron la dolorosa realidad de que muchos grupos indígenas, con sus tierras expropiadas, se vieron obligados a abandonar sus estrategias tradicionales y medios de vida resilientes, como el cultivo itinerante.28 Mientras Indonesia continuaba con su agenda de crecimiento, las administraciones que siguieron el régimen de Suharto adoptaron, con pocas variaciones, el mismo modelo de desarrollo económico intensivo en recursos naturales y favorable a la inversión extranjera.
UN EJEMPLO CLÁSICO DE LAS POLÍTICAS DE REFORMAS PROMOVIDAS POR EL BANCO MUNDIAL
La nación del sudeste asiático fue uno de los muchos países en desarrollo que adoptaron los SAP perjudiciales del Banco en la década de 1990. Durante la Reformasi (período de reforma), que procedió al final del gobierno militar y la devastadora crisis económica asiática de 1997, el gobierno indonesio aceptó préstamos condicionados del FMI destinados a hacer que el país fuera más atractivo para los inversores extranjeros.
La crisis financiera asiática de 1997, una secuencia de devaluaciones de la moneda y crisis bancaria que se extendió por los países de Asia oriental, incluida Indonesia, expuso la vulnerabilidad de las economías elogiadas por el Banco Mundial por su rápido crecimiento.29 Pero, una vez más, las instituciones financieras internacionales trataron de resolver problemas económicos profundamente arraigados con las mismas medidas que los crearon: más reformas y desregulación económica y una mayor dependencia de los inversores privados extranjeros. Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras firmado en 1998, a cambio del apoyo financiero del FMI, Indonesia tuvo que implementar una estrategia «para liberalizar aún más el comercio exterior y la inversión, desregular aún más las actividades internas y se acelerara el programa de privatización».30 Esta fue otra oportunidad para expandir el control corporativo sobre la riqueza natural de Indonesia. El acuerdo requería que el gobierno llevara a cabo una serie de reformas políticas y regulatorias, incluida la abolición de la prohibición de inversiones extranjeras en plantaciones de palma aceitera,31 la liberalización del comercio en el sector agrícola, la reducción de los impuestos a la exportación de madera y minerales, y la aceleración de la privatización de las empresas públicas.32 Las reformas políticas de Indonesia garantizaron otro período de afluencia de fondos extranjeros. Después de 1998, los proyectos y préstamos de asistencia técnica del Banco Mundial se dispararon, alcanzando aproximadamente US$4,5 mil millones en 2003. 33
Tras una ola de resistencia mundial contra las instituciones financieras internacionales y las crecientes críticas de que las políticas neoliberales aumentaban la pobreza, la deuda y la dependencia de los países ricos, las protestas contra la interferencia del Banco Mundial barrieron el país en 2003.34 Ese mismo año, el gobierno indonesio declaró que quería liberarse de las dolorosas medidas de austeridad y los compromisos contra los pobres del FMI.35
Sin embargo, el gobierno indonesio y las instituciones financieras internacionales no aprendieron la lección. Incluso con el fin de los PAE, el Banco Mundial siguió desempeñando un papel importante en el impulso de las reformas favorables a las empresas de Indonesia para atraer a los inversores privados. Entre 2009 y 2017, el Banco comprometió más de US$20,6 mil millones en préstamos y garantías para Indonesia,36 de los cuales más del 22 por ciento fueron préstamos destinados a mejorar el clima de inversión a través de reformas normativas y de política, como la reducción de las cargas fiscales, la facilitación de procedimientos de concesión de licencias, las reformas de la administración de tierras, el financiamiento para proyectos de infraestructura comercial, etc.37
Los esfuerzos de Indonesia para hacerse atractiva para los inversionistas han sido elogiados continuamente por el Banco, como se refleja en sus calificaciones del Doing Business. Indonesia subió 34 posiciones en el DBR en solo dos años, de 106 en 2016 a 72, en 2018.38 Como consecuencia lógica de sus reformas proempresariales, Indonesia ha visto aumentar fuertemente las inversiones extranjeras directas en los últimos años. De perder US$ 4,5 mil millones en 2000 a una entrada neta de más de US$ 22 mil millones en 2017.39 Pero la pendiente resbaladiza de las reformas de política favorables a las empresas promovidas por el Banco Mundial está tomando una radical y peligroso giro para alcanzar el ambicioso objetivo del presidente Widodo de llegar al puesto 40 40, a medida que se pone en marcha la eliminación de miles de regulaciones comerciales.45
Las reformas políticas promovidas por el Banco Mundial ganaron más impulso con el fetiche del presidente Widodo por las clasificaciones de Doing Business. Desde que asumió el cargo, en octubre de 2014, ha lanzado 16 paquetes de reformas económicas para acelerar el proceso de hacer negocios en diversos sectores. Además, se han aplicado otras reformas destinadas a mejorar el entorno empresarial, incluida una mayor liberalización del régimen de IED en materia de logística, turismo y agricultura42 y se facilitó la adquisición de tierras.43 Para implementar las medidas de desregulación, el Presidente Widodo creó un Grupo de Trabajo especial en el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, en 2016.44
Operando bajo la lógica del Banco, que presume que los procesos administrativos más rápidos y una reducción de las regulaciones mejorarán el entorno empresarial, el gobierno actual anunció la eliminación de 3.000 regulaciones regionales para acelerar los procesos de concesión de licencias.45
A partir de 2018, el rico archipiélago, hogar de más de 300 grupos étnicos, se erige como la economía más grande del sudeste asiático y la décima economía más grande del mundo en términos de poder adquisitivo.46 En la carrera desesperada para desregular y adoptar las prescripciones políticas del Banco Mundial, las nuevas reformas de Widodo para aumentar el comercio y la inversión podrían promover el crecimiento económico. Pero, como es evidente en las últimas décadas, esto se produce a expensas de los trabajadores indonesios, las comunidades indígenas y el medio ambiente.
CRECIMIENTO DESTRUCTIVO: ATRACCIÓN DE INVERSIONISTAS Y DESCUIDO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS A LA TIERRA
A lo largo de las cinco décadas de asociación, Indonesia ha sido alabada por seguir al pie de la letra las recomendaciones políticas del Banco.47 El último Marco de Asociación con el País del Banco Mundial en Indonesia –el documento más importante en la definición de las orientaciones de políticas y proyectos de desarrollo del Banco para 2016-2020, renueva el papel del Banco en la definición de las políticas económicas de Indonesia. El marco se centra en «reformas consistentes de política pública para apuntalar los fundamentos económicos de Indonesia, ayudando a crear un entorno más propicio para el sector privado que es la principal fuente de crecimiento y creación de nuevos empleos, y haciendo que el crecimiento sea sostenible y compartido más ampliamente».48 Si bien el Banco afirma que las «políticas macroeconómicas sólidas» y el aumento de las inversiones privadas están detrás del crecimiento del PIB de Indonesia49, la suposición de que las inversiones del sector privado generan prosperidad «sostenible» y «compartida» pasa por alto algunas realidades claves.
Detrás de las prósperas inversiones privadas está la biodiversidad de las selvas tropicales de Indonesia, las comunidades locales, cuyos medios de vida dependen de ellas y el medio ambiente.50 Sin embargo, el cambio acelerado de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos para obtener ganancias corporativas ha llevado al desplazamiento de un número masivo de pequeños agricultores y pueblos indígenas.51 Esto ha sucedido especialmente a través de concesiones de tierras consuetudinarias –tierras administradas por pueblos indígenas de acuerdo con su derecho consuetudinario a la tierra (Adat ley) – a las corporaciones, ya que todas las tierras han sido reclamadas durante mucho tiempo por el estado indonesio bajo la ley constitucional.52
Un estudio histórico del 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) llamó la atención sobre la violación sistemática de los derechos a la tierra comunal de las comunidades indígenas (Masyarakat Hukum Adat). En el informe se llegó a la conclusión de que la falta de reconocimiento oficial por parte del Estado de las comunidades indígenas y sus tierras consuetudinarias sigue siendo una de las causas fundamentales de las controversias sobre la tierra. En la práctica, como el conocimiento de los pueblos indígenas con respecto a la ubicación de los límites de sus bosques comunales se basa en la tradición oral, que no es reconocida por el gobierno, el estado indonesio trata arbitrariamente cualquier «bosque» como «bosque estatal». 53 Otra cuestión clave identificada fue que «la política de desarrollo [de Indonesia] para promover el crecimiento económico ha dado prioridad a la concesión de permisos de explotación a empresas económicas a gran escala sobre territorios indígenas, con el aparato estatal y/o las fuerzas de seguridad proporcionando protección a los intereses corporativos». 54
Recuadro 1: Campo de batalla mortal: Resistencia de los pueblos, abusos contra los derechos humanos y asesinato por violencia corporativa
Cada año, el Departamento de Quejas e Investigación de los Komnas HAM se ocupa de al menos 1.000 violaciones de derechos humanos atribuidas a abusos corporativos.55 Como era de esperar, la resistencia y la oposición de los agricultores a las plantaciones privadas, las compañías mineras y los desarrolladores se ha extendido por toda Indonesia en los últimos años, ya que a las empresas locales y multinacionales se les permite apoderar y deforestar tierras consuetudinarias.56
Lamentablemente, las personas que defienden sus tierras, bosques y los ríos contra las industrias destructivas se enfrentan con demasiada frecuencia a una violencia extrema. Abundan los ejemplos recientes de defensores de la tierra asesinados por la seguridad privada de las empresas y las fuerzas estatales. En 2015, Indra Pelani, una activista ambiental y agricultora de 22 años, fue severamente golpeada y asesinada por las fuerzas de seguridad privadas que trabajaban en nombre de una subsidiaria de Asia Pulp and Paper (APP).57 El mismo año, Jopi Peranginangin, un activista que se oponía a la expansión de las plantaciones de palma aceitera, también fue asesinado.58 Nuevamente, en 2015, Salim, un agricultor local y activista contra la minería, fue golpeado hasta la muerte tres días después de organizar una manifestación para protestar contra las actividades de extracción de arena en la playa de Watu Pecak.59 En 2018, los activistas ambientales y los defensores de la tierra continúan siendo atacados y criminalizados.60
Pasando por alto esta situación compleja y profundamente problemática, el gobierno indonesio fue recompensado en 2010 por el DBR por hacer más fácil el registro de la propiedad mediante la introducción de plazos para los procedimientos en el registro de la propiedad, y en 2018, por reducir el impuesto sobre la transferencia de la propiedad.61 Las regulaciones revisadas permiten la revocación de los derechos sobre la tierra «en interés público» y permiten a las empresas adquirir tierras en nombre de las autoridades y ser reembolsadas más tarde.62 Además, se estableció una Agencia Estatal de Gestión de Activos (LMAN) para facilitar la financiación de las adquisiciones de tierras.63 Pero en el contexto de las reclamaciones concurrentes por los derechos sobre la tierra y la falta de reconocimiento estatal de los usos consuetudinarios de la tierra, existe un alto riesgo de que el marco de DBR socave aún más la capacidad de Indonesia para mantener normas sociales y ambientales adecuadas en la administración de la tierra. Al enfocarse en acelerar y reducir los costos de los procedimientos en el registro de tierras, las reformas hechas en el marco de la DB ignoran los problemas de tenencia de la tierra de larga data en Indonesia y, en última instancia, sirven a los intereses corporativos al acelerar el proceso de transferencia de tierras.
Más de 600 conflictos por la tierra registrados en 2011, con 22 muertes y cientos de heridos, evidencian los problemas involucrados en la «racionalización» del entorno regulatorio para hacer negocios y transferir tierras.64 Especialmente en los casos en que se considera necesaria la implementación de procesos largos y sensibles, como los estudios de impacto social y ambiental o el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas, los plazos dificultan la capacidad de verificación del registro de la propiedad antes del desarrollo de proyectos a gran escala en tierras consuetudinarias.
Otro proceso clave orientado a facilitar la inversión en tierras, pero que potencialmente puede obstaculizar los derechos indígenas a la tierra, es el Programa para Acelerar la Reforma Agraria de Indonesia, financiado por el Banco, aprobado en julio de 2018.65 Los documentos del Banco sobre el proyecto atribuye la larga historia de convulsiones y explotación de los territorio indígenas a “una débil gobernanza y administración”, ocultando la herencia de los intereses corporativos sobre la madera, el suelo, aceite y gas y el mercado de consumidores indonesios. Basados en esa visión parcializada, proveen el uso de mapas y registro formal de títulos sobre las tierras como una solución regulatoria adecuada, ignorando el hecho de que la sola oferta de títulos sobre la tierra no resuelve el problema del acaparamiento de tierras. Por el contrario, el programa podría proveer una estrategia legal para la adquisición de tierras a gran escala. Las consecuencias concretas del programa están todavía por verse, pero un primer acercamiento permite predecir grandes riesgos sociales y ambientales, incluyendo el reasentamiento involuntario y la posibilidad de mapear erróneamente áreas de alto valor para la conservación, como humedales y manglares.67 A pesar de asegurar que adopta métodos participatorios para mapear los derechos de tierra, la emisión de títulos formales individuales para demarcar las tierra apoyada por el Banco está fundamentalmente en contradicción con la forma como los pueblos indígenas definen los derechos a la tierra (adat law).68 Esto puede ser explicado por el hecho de que la adat law y el uso de la tierra se basa en la capacidad de los grupos en compartir la tierra para actividades diversas y superpuestas, como forrajeo, pesca y agricultura, etc., incompatibles con el enfoque del Banco de incrementar las inversiones privadas y el crecimiento económico.
Al ignorar el papel de las comunidades indígenas para garantizar la conservación, la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales,69 el camino de desarrollo reclamado por el Banco Mundial de Indonesia socava sistemáticamente sus derechos a la tierra en favor de los intereses corporativos.
EXPANSIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA Y APOYO AL ABUSO DE LAS CORPORACIONES
En el contexto de los complejos y diversos sistemas de tenencia de la tierra de Indonesia y su larga historia de corrupción, los esfuerzos para fomentar el desarrollo de la industria del aceite de palma, regalando tierras boscosas y ofreciendo exenciones fiscales a los inversores privados, no han logrado los resultados deseados.70 En cambio, la expansión de las plantaciones de palma aceitera a gran escala, especialmente por parte de empresas privadas, ha impulsado la deforestación, ha llevado a la pérdida de tierras indígenas y ha avivado el conflicto.71
El auge de la producción de aceite de palma en Indonesia – de 6,9 millones de toneladas en 2000 a 32 millones de toneladas en 2016 72 (véase la Figura 1) – puede atribuirse a las reformas de políticas y a la desregulación de la inversión extranjera y el comercio.73 Las instituciones de Bretton Woods han desempeñado un papel importante en el fomento de la expansión de la agroindustria del aceite de palma mediante la inversión en toda la cadena de suministro.74 Más del 50 por ciento de todos los compromisos del Banco Mundial relacionados con el aceite de palma se destinaron a financiar una serie de proyectos en Indonesia.75 Sin embargo, esto ha tenido un costo muy alto para las personas y el medio ambiente, con la destrucción de hábitats naturales y conflictos con las comunidades locales, que se ven obligadas a abandonar sus tierras para dar paso a las plantaciones.
Una gran parte del crecimiento económico de Indonesia se ha atribuido al «éxito» de sus exportaciones de biocombustibles a base de aceite de palma y aceite de palma.76 Pero mientras los países de altos ingresos, como los miembros de la UE, han instituido políticas para aumentar el uso de biocombustibles, los países en desarrollo, como Indonesia y Malasia, que representan alrededor del 85 al 90 por ciento del suministro mundial de aceite de palma,77 han pagado el peaje.78
La selva tropical de Indonesia, superada en superficie solo por la de Brasil y la República Democrática del Congo,79 alberga entre el 10 y el 15 por ciento de las plantas, mamíferos y aves conocidas en el mundo.80 Pero un aumento de la IED y un mejor «clima de negocios» también han significado que solo entre 1995 y 2015, un promedio de 117 mil hectáreas de bosque, un área más grande que Hong Kong, fueron taladas cada año para dar paso a las plantaciones de palma aceitera.81 Según datos de la Agencia de Estadísticas de Indonesia, el área total de plantaciones de palma aceitera en Indonesia fue de alrededor de 14 millones de hectáreas en 201782, un área más grande que el tamaño de Grecia. Y a pesar de las promesas del gobierno de detener los nuevos permisos de palma aceitera,83 se espera que el área de plantación continúe aumentando a medida que el país planea aumentar su producción para 2020.84
La expansión de las plantaciones de palma aceitera y la deforestación y la degradación asociadas a ella han convertido Indonesia en uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo (véase la Figura 2).86 La investigación muestra que las empresas privadas de plantaciones de palma aceitera son las culpables de la mayor parte de los impactos ambientales en el país, siendo responsables de aproximadamente el 90 por ciento de las emisiones totales de CO2 de Indonesia entre 2000 y 2010, en comparación con el 10 por ciento de las emisiones de los pequeños agricultores.87
Como el principal productor y exportador de aceite de palma del mundo, Indonesia depende de casi US$20 mil millones de ingresos anuales de las exportaciones de productos básicos.88 A su vez, las inversiones privadas en plantaciones de palma aceitera son presentadas por empresas y funcionarios gubernamentales como un medio para crear empleo y construir carreteras, escuelas y vivienda. Pero la expansión de las plantaciones a gran escala también amenaza la supervivencia de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos forestales menores de Indonesia para su sustento.89
Una serie de estudios y quejas de la comunidad han documentado el alcance de los impactos perjudiciales de las plantaciones de monocultivos a gran escala en las personas y el medio ambiente en el país.90 Un estudio reciente en profundidad de las plantaciones en Kalimantan Occidental descubrió la violencia cotidiana y la devastación de las vidas de los pequeños agricultores por las fincas corporativas de palma aceitera.91 La investigación reveló un sistema depredador de adquisición de tierras para plantaciones, que limitaba el acceso de las personas a los recursos naturales y reducía la capacidad de los trabajadores para organizarse. Comienza con la demolición o, a veces, el incendio para eliminar toda la cubierta arbórea para transformar permanentemente el paisaje en un campo abierto, una pizarra en blanco lista para plantar palma aceitera.92 Luego, las estrategias utilizadas por los operadores de plantaciones incluyen la destrucción de pequeñas aldeas, campos de arroz y tumbas, que se encuentran dentro de los límites de su concesión, así como la contratación de trabajadores de otras regiones que carecen de vínculos de parentesco con la población circundante.93 En resumen, la producción industrial de palma aceitera implica detener la capacidad de las personas para proveer para su propia subsistencia, utilizando coerción, amenazas y destrucción material para mantener el control sobre los recursos de subsistencia (tierras de cultivo, bosques, espacios habitables, fuentes de agua, oportunidades de ingresos).94 Como era de esperar, solo en 2017 se registraron más de 200 conflictos de tierras directamente relacionados con las plantaciones.95
A pesar de la amplia evidencia que desacredita la creencia de que las inversiones privadas en agronegocios a gran escala conducen a beneficios compartidos para las comunidades locales, el Banco Mundial ha apoyado sistemáticamente este modelo de desarrollo perjudicial (véase el recuadro 2).96
Recuadro 2: Las malas inversiones de la CFI en aceite de palma
La CFI, el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial, se ha involucrado ampliamente en el sector del aceite de palma, con inversiones en plantaciones (Indonesia, Tailandia, Ghana, Nicaragua), refinación de aceite de palma (Indonesia y Ucrania) y comercio de aceite de palma (Indonesia y Singapur).97 Desde 2003, el Grupo Wilmar, uno de los conglomerados agroindustriales más grandes del mundo especializado en la producción y el comercio de aceite de palma, ha recibido apoyo financiero de la CFI para la producción en Indonesia con una garantía de US$33,3 millones y un préstamo de US$17,5 millones.
Entre 2007 y 2011, las quejas de las comunidades de tres regiones diferentes –Kalimantan Occidental,98 Sumatra,99 y Jambi100– se presentaron ante el Ombudsman Asesor de Cumplimiento (CAO) de la CFI, un mecanismo de recurso independiente del Banco Mundial. Todas las quejas contra el Grupo Wilmar y sus subsidiarias de propiedad total (otras plantaciones de aceite de palma) plantean preocupaciones similares en torno a los impactos ambientales y sociales que enfrentan las comunidades locales, que incluyen:
1. Limpieza de tierras sin la aprobación apropiada de la comunidad o la finalización de los procesos de Análisis de Impacto Ambiental (EIA);
2. Violación de las regulaciones y leyes nacionales, así como de los protocolos de certificación de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible;
3. Cumplimiento inadecuado de los procedimientos operativos y los requisitos de diligencia debida de la CFI; y,
4. Uso de medidas coercitivas por parte de las fuerzas gubernamentales y el personal de la compañía para desalojar a las familias y destruir viviendas en tierras en disputa.101
Estas quejas condujeron a dos auditorías que encontraron un incumplimiento importante de la política de la CFI,102 y posteriormente del marco del Grupo Banco Mundial para invertir en aceite de palma.103 A pesar de estas revelaciones, en el Marco de Asociación de País 2016-2020 con Indonesia, el Banco se refiere a los servicios de asesoramiento de la CFI en el negocio del aceite de palma como una práctica óptima, que debe continuar. También reafirma las inversiones de la CFI en las principales empresas forestales y de plantaciones de aceite de palma como su principal estrategia del sector privado.104 Mientras tanto, una investigación de Greenpeace International de 2018 reveló que Wilmar International todavía está vinculada a la destrucción de bosques para el aceite de palma casi cinco años después de comprometerse a poner fin a la deforestación.105
Las organizaciones indonesias se han movilizado para denunciar las violaciones de derechos humanos de larga data, el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente generadas por la industria del aceite de palma. En mayo de 2018, más de 230 grupos, incluidas organizaciones de pueblos indígenas, sindicatos de agricultores, agricultores, trabajadores, defensores de los derechos humanos y activistas ambientales, se unieron para instar al gobierno indonesio a tomar medidas y llamar la atención internacional sobre los impactos devastadores de las plantaciones de palma aceitera.106 Describieron este impacto en una carta abierta al presidente de Indonesia, el presidente del Consejo de la UE, y líderes de los Estados miembros de la UE: «Hemos […] perdido nuestras tierras de la aldea (porque nuestros derechos de gestión de la tierra han sido ocupados por plantaciones de palma aceitera), nuestras fuentes de alimentos, medios de vida, fuentes de medicina herbal, vegetación rara y plasma germinal, así como nuestras formas de vida colectivas basadas en nuestra sabiduría local y conexiones con nuestros lugares ancestrales que forman parte integral de nuestra identidad y patrimonio cultural. […] Nuestros territorios consuetudinarios ahora sufren desastres ecológicos a largo plazo, como sequías, incendios forestales, contaminación del agua y la disminución de las poblaciones de peces, pérdida de seguridad alimentaria». 107 Los grupos denuncian además el aumento de los conflictos por la tierra, el acoso, la criminalización y la negación de los derechos laborales asociados con la expansión de estas plantaciones.108
Estos relatos de las luchas cotidianas de las comunidades indonesias contrastan con el barniz positivo de «desarrollo económico» y «oportunidad de empleo» utilizado por el Banco para describir el negocio de las plantaciones.109 Un discurso similar es utilizado por el Banco para retratar el sector minero, 110 otro importante impulsor de la deforestación y los daños sociales y ambientales en Indonesia.
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: EXPLOTACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL Y OBSTACULIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Banco Mundial desempeña un papel clave en el apoyo a las actividades mineras en Indonesia, especialmente a través de la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Según el Banco, «los ingresos de las industrias extractivas pueden tener un impacto en la reducción de la pobreza y en el impulso de la prosperidad compartida, respetando al mismo tiempo las necesidades de la comunidad y el medio ambiente». 111 En la práctica, si bien la minería contribuye financieramente a la economía a corto plazo a través de los ingresos fiscales, también tiene repercusiones irreversibles en los medios de subsistencia y el medio ambiente a través de la deforestación, la contaminación del agua y el desplazamiento de las comunidades locales.
En la provincia de Maluku del Norte, el proyecto PT Weda Bay Nickel, garantizado por MIGA,112 cubre una proporción significativa de la isla de Halmahera y alrededor del 21 por ciento del área minera de la compañía se encuentra dentro de áreas forestales protegidas.113 Para dar paso al proyecto minero, las comunidades étnicas Sawai quedaron sin acceso a los bosques y las tierras agrícolas que han cultivado durante generaciones, perdiendo así su principal fuente de sustento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia concluyó que las comunidades afectadas no dieron su consentimiento libre, previo e informado antes de que comenzaran las actividades de la empresa y que los miembros del brazo paramilitar de la policía indonesia participaron en la intimidación de los miembros de la comunidad para que firmaran acuerdos.114
En Papúa Occidental, una región ocupada por Indonesia desde el final del dominio colonial holandés en 1963,115 las fuerzas de seguridad indonesias han asegurado el control corporativo sobre los recursos naturales a través de abusos generalizados de los derechos humanos y degradación ambiental. Desde que el ejército indonesio tomó el control de la región, el pueblo de Papúa Occidental ha sufrido violencia, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición, detención arbitraria, violación y otras formas de lesiones mentales y corporales graves.116 El gobierno indonesio ha obligado sistemáticamente a los papúes occidentales a abandonar sus tierras (incluidos los desplazamientos resultantes del plan de transmigración), ha explotado sus recursos y socavado las prácticas tradicionales de subsistencia. Estas acciones han llevado directamente a enfermedades generalizadas, desnutrición y muerte entre los papúes occidentales.117
Es en Papúa Occidental donde Suharto entregó una montaña entera, el depósito de oro más grande del mundo y el tercero más grande de cobre, a inversores extranjeros.118 La mina Grasberg es operada por PT Freeport Indonesia, una subsidiaria del gigante minero estadounidense Freeport McMoRan. Como parte de la ola inicial de inversión extranjera que siguió después de que Indonesia liberalizó sus regulaciones de inversión en 1967, las operaciones de la mina Grasberg se encuentran en tierras consuetudinarias de los pueblos indígenas. Específicamente, los Amungme en las tierras altas y los Kamoro en las tierras bajas costeras se consideran propietarios tradicionales de la zona, junto con Dani, Damal, Moni, Mee y Nduga.119
La mina a cielo abierto se hizo tan grande que cambió los límites del adyacente Parque Nacional Lorenz, un área catalogada por la UNESCO en 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Sus impactos sociales y ambientales generalizados son de gran preocupación, aunque difíciles de cuantificar debido a la falta de monitoreo independiente. La mina descarga hasta 200 mil toneladas de desechos todos los días en los ríos circundantes, que han contaminado completamente las tierras que alguna vez fueron fértiles y las aguas claras río abajo hasta las áreas costeras.120 Lo que una vez fue una fuente de seguridad alimentaria para la población local se convirtió en tierras baldías por la minería.121 Aunque los métodos fluviales de eliminación de desechos están prohibidos en todos los países desarrollados, Freeport y Rio Tinto, las dos partes interesadas mayoritarias actuales en las operaciones mineras de Grasberg, sostienen que la eliminación de relaves fluviales es la mejor solución.122
A pesar de la resistencia de las comunidades locales contra las operaciones mineras explotadoras, que planean continuar al menos hasta 2041, el Banco Mundial sigue siendo uno de sus partidarios. En 2006, la CFI adquirió una participación accionaria del cinco por ciento en otra de las operaciones mineras de Rio Tinto,123 mientras que el Banco elogia a Freeport por «compartir beneficios» con las comunidades locales alrededor de la mina Grasberg a través de sus fondos fiduciarios establecidos para el desarrollo comunitario.124
Para una institución con el mandato de combatir la pobreza, el apoyo del Banco Mundial a las industrias extractivas plantea serias preocupaciones. Los ingresos de la industria minera apenas han beneficiado a la población local de las regiones donde las minas han prosperado. En cambio, obstaculizan drásticamente la capacidad de las comunidades para satisfacer sus propias necesidades. Esta sombría situación corre el riesgo de un mayor deterioro con la continua desregulación para atraer a los inversores extranjeros mediante la reforma de las políticas de acuerdo con los indicadores Doing Business del Banco.
Mientras las instituciones de Bretton Woods se preparan para reunirse en Bali en las Reuniones Anuales de 2018, la estrategia del Banco para el crecimiento económico de Indonesia sigue dependiendo de las inversiones extranjeras para la explotación de los ricos recursos naturales del país.125 En 2018, se aprobó un nuevo proyecto del Banco Mundial por valor de US$300 millones para el desarrollo del turismo «con el fin de mejorar la calidad y el acceso a la infraestructura relevante de turismo y a los servicios, fortalecer los vínculos de la economía local con el turismo y atraer inversiones privadas en determinados destinos turísticos de Indonesia.»126
UNA NUEVA FRONTERA PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: ABRIR TIERRAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y LA EXPANSIÓN DEL TURISMO
Dos propuestas centrales del Banco Mundial en su marco de asociación actual con Indonesia consisten en desarrollar infraestructura y aprovechar el «potencial turístico no realizado». 127 Aunque alejarse de la economía de exportación de productos básicos puede sonar como una buena idea, confiar en la construcción de nuevos aeropuertos y la expansión del turismo de lujo para «compartir la prosperidad» con las comunidades locales es probable que sea otra falsa promesa. Guiado por el Banco Mundial, el gobierno del presidente Widodo cuenta con la entrega de megaproyectos rentables de mega infraestructura a inversores privados extranjeros para acelerar el crecimiento económico de Indonesia.128
Para mejorar su clasificación en el DBR del Banco y alcanzar los ambiciosos objetivos de infraestructura, las reformas de política emprendidas por el gobierno para atraer nuevos inversores han sido drásticas. En 2017, el gobierno central de Indonesia prometió crear grupos de trabajo regionales para mejorar la «facilidad de hacer negocios». Para agilizar los procesos para iniciar un negocio, el presidente amenazó con castigar a las administraciones regionales que no aceleraran los procedimientos de concesión de licencias.129 Otras reformas favorables a las empresas incluyen una política de amnistía fiscal y la reducción de las restricciones para la propiedad extranjera en los nuevos proyectos de infraestructura, incluida la expansión de la red nacional, 1.000 kilómetros de nuevas carreteras de peaje, 3.258 kilómetros de nuevos ferrocarriles, 15 nuevos aeropuertos, diez mejoras aeroportuarias y 24 nuevos puertos marítimos.130
De acuerdo con esta estrategia, la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia (BKPM) y el Ministerio de Turismo asignaron destinos paradisíacos en la costa para nuevos inversores privados.131 Los lugares turísticos prioritarios se ofrecieron como proyectos altamente lucrativos y «fáciles» de desarrollar, con BKPM llevando a cabo una rápida autorización para garantizar la adquisición de tierras, el proceso de obtención de permisos y las regulaciones locales no son obstáculos para los inversionistas extranjeros.132
Mientras tanto, los megaproyectos de infraestructura para el desarrollo turístico llevados a cabo por el gobierno con el apoyo del Banco133 ya han tenido consecuencias problemáticas. El proyecto de construcción de la carretera Batang-Semarang, en Java Central, condujo al acaparamiento de tierras y al desplazamiento de comunidades de las nueve aldeas de Ngawensari, Galih, Sumbersari, Rejosar, Tunggulsari, Kertomulyo, Penjalin, Magelung y Nolokerto en abril de 2018.134 Una declaración de La Vía Campesina confirmó que el proyecto de construcción de la carretera, parte de los ambiciosos objetivos de infraestructura del gobierno del presidente Widodo, ha traído miseria a cientos de familias campesinas.135
El consejo del Banco de desplegar la alfombra roja para los inversionistas extranjeros en los sectores de infraestructura y turismo se basa en una mayor explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia.136 Pero el fanatismo de atraer inversionistas para la nueva frontera del desarrollo pasa por alto los graves impactos en los medios de vida de la población local y el medio ambiente (véase el recuadro 3).137
Recuadro 3: resistiendo el turismo extractivo. El caso de Benoa Bay
Durante varias décadas, el Banco Mundial ha financiado proyectos de desarrollo de infraestructura, que transformaron Bali en el principal destino turístico de Indonesia.138 Ahora, el anfitrión de las Reuniones Anuales 2018 del Banco Mundial y el FMI está a punto de liberar alrededor de 800 hectáreas para la creación de islas artificiales en las aguas de la Bahía de Benoa , anteriormente un área de conservación.139 Benoa Bay es una de las últimas zonas que quedan en Bali donde todavía se practican métodos de pesca tradicionales, pero esta estrategia de medios de vida sostenibles ahora está amenazada por un complejo turístico de lujo.140
El proyecto, con investigación y asesoramiento del Banco Mundial,141 tiene inversiones prometidas por un gran consorcio dirigido por un desarrollador PT Tirta Wahana Bali Internacional (TWBI). TWBI planea construir un resort de lujo de US$3.000 millones, que incluye villas, apartamentos, hoteles, un parque temático e incluso un circuito de carreras de Fórmula Uno, todo en un terreno que se recuperará para «revitalizar» la Bahia de Benoa.142
No es de extrañar que la propuesta haya estimulado uno de los movimientos ambientales más grandes en la historia de Indonesia: Bali Tolak Reklamasi (Bali Rechaza la Recuperación, conocido como ForBALI).143
Las manifestaciones masivas han traído a miles de manifestantes de diferentes partes de Bali desde que se hizo público el proyecto de recuperación. Sus principales preocupaciones son que el proyecto inundará y destruirá más de 60 sitios naturales y 24 templos que son sagrados para la población predominantemente hindú de la isla, así como obstaculizará los medios de vida de cientos de pescadores que se reúnen en alta mar durante la marea baja para recolectar peces, camarones, cangrejos y algas marinas.144 Hasta que se derogue el Proyecto, el movimiento se ha comprometido a mantener su fuerte Resistencia para defender al pueblo de Bali y al medio ambiente de este absurdo plan de Desarrollo.
CONCLUSIONES
La elección de Bali para las Reuniones Anuales afirma la perspectiva positiva del Banco Mundial hacia Indonesia. Pero la trayectoria de desarrollo de la nación del sudeste asiático es un excelente ejemplo de cómo la orientación del Banco sobre reformas regulatorias genera consecuencias desastrosas para las comunidades locales, los medios de vida de las personas y la seguridad alimentaria, y el medio ambiente.
Mientras el Banco trata de convencer al mundo de que el modelo económico de Indonesia ha llevado a un crecimiento milagroso y a la reducción de la pobreza, el país enfrenta enormes desafíos sociales y ambientales en medio de una creciente desigualdad.145
Las plantaciones de palma aceitera y la minería continúan expandiéndose bajo concesiones a gran escala, empeorando la contribución de Indonesia a la crisis climática mundial e impactando negativamente los medios de vida de millones de pueblos indígenas y pequeños agricultores.
Con su impulso por un crecimiento sin fin y ganancias para las élites, la carrera de Indonesia para reformar de acuerdo con el DBR del Banco facilita el camino para los inversores, al tiempo que permite un mayor saqueo de los recursos naturales del país. En lugar de invertir en proyectos y orientar políticas que contribuyan a su misión declarada de «poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida»,146 las reformas apoyadas por el Banco Mundial, como las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas, las normas laborales socavadas y los procesos de transferencia de tierras más rápidos, han llevado a la erosión de los derechos de las comunidades cuyos medios de vida dependen de las tierras y los recursos naturales codiciados por los inversores ricos.
Las prescripciones políticas del Banco Mundial y los planes de desarrollo vacíos para Indonesia lo han convertido en un milagro fallido de Asia Oriental. Por lo tanto, ya es hora de que las políticas centradas en las personas, en lugar de centradas en las empresas, guíen el camino del desarrollo de Indonesia.
Notas
1República de Indonesia. País anfitrión de las Reuniones Anuales FMI-GBM de 2018. http://www.am2018bali.go.id/ (consultado el 28 de junio de 2018).
2Banco Mundial. Marco de Asociación con el País banco mundial-Indonesia 2016-2020. http://documents.worldbank.org/curated/en/195141467986374707/ Indonesia-Country-partnership-framework-for-the-period-FY16-20 (consultado el 8 de junio de 2018).
3Véase, por ejemplo: Thomson, M., Kentikelenis, A. y T. Stubbs. «Los programas de ajuste estructural afectan negativamente a las poblaciones vulnerables: una revisión sistemática-narrativa de su efecto en la salud infantil y materna». Revisiones de salud pública Vol 38, 13 (2017). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ artículos/PMC5810102/ (consultado el 22 de agosto de 2018); Rodwan Abouharb, M., y D.L. Cingranelli. «The Human Rights Effects of World Bank Structural Adjustment, 1981–2000». International Studies Quarterly Vol. 50, Número 2 (junio de 2006): 233–262. https://www.ucl.ac.uk/political-science/people/ academic/rodwan-abouharb/A_CISQ2006.pdf (consultado el 22 de agosto de 2018).
4República de Indonesia. País anfitrión de las Reuniones Anuales FMI-GBM de 2018. Op. Cit. monto aproximado alcanzado al sumar todos los compromisos en las operaciones del Banco Mundial por año fiscal, recuperado en: http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm =&countrycode_exact=- ID (consultado el 28 de junio de 2018). 5 5Incremento de los compromisos del Banco Mundial
6Uno de los primeros proyectos del Banco Mundial en Indonesia, consistente en asistencia técnica para el desarrollo económico del país, fue aprobado en 1968. Véase: Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Proyectos y Operaciones. http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countryco de_exact=ID (consultado el 8 de junio de 2018). Esto incluye proyectos que apoyaron la explotación de los recursos naturales de Indonesia. Véase, por ejemplo, la asistencia técnica del Banco Mundial para el desarrollo de la industria de la celulosa y el papel a gran escala de Indonesia: http://documents.worldbank.org/curated/ en/831331468044129136/pdf/multi0page.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
7 El Informe Doing Business del Banco Mundial, la publicación emblemática del Banco, se lanzó en 2002 para «alentar a las economías a competir hacia una regulación más eficiente» y «mejorar el clima de inversión» para las empresas. Véase: Banco Mundial. Haciendo negocios. http://www.doingbusiness.org (consultado el 21 de junio de 2018); Ver también: Martin-Prével, A. Ceguera deliberada: cómo las clasificaciones de países del Banco Mundial empobrecen a los pequeños agricultores. El Instituto Oakland, 2014. https://www.oaklandinstitute.org/willful-blindness-howworld-banks-doing-business-rankings-impoverish-smallholder-farmers (consultado el 13 de septiembre de 2018). Para estudios de casos de países sobre los impactos perjudiciales de las reformas de Doing Business del Banco, véase: Our Land Our Business. Hojas informativas por países. https://ourlandourbusiness.org/reports-and-info/ country-reports/ (consultado el 6 de agosto de 2018).
8 Banco Mundial. «Indonesia continúa con un fuerte ritmo de reformas para mejorar el clima de negocios: Doing Business». 31 de octubre de 2017. https://www. worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/indonesia-continuesstrong-pace-of-reforms-to-improve-business-climate-doing-business (consultado el 6 de agosto de 2018).
9Banco Mundial. «Reformas empresariales en Indonesia». Haciendo negocios. http://www. doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/ indonesia (consultado el 20 de julio de 2018).
Véanse los cinco principales productos de exportación de Indonesia: World Integrated Trade Solution. «Indonesia Trade at a Glance: Most Recent Values.» https://wits.worldbank. org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/Summary (consultado el 28 de junio de 2018).
11 Fisher, R.J., Srimongkontip, S., y C. Veer. Números de pueblos «dependientes» de los bosques y tipos de personas Relaciones forestales. FAO, 1997. http://www.fao. org/docrep/w7732e/w7732e04.htm (consultado el 25 de julio de 2018).
13. Daniel, S. y A. Mittal. El gran acaparamiento de tierras: la prisa por las tierras agrícolas del mundo amenaza la seguridad alimentaria de los pobres. El Instituto Oakland, 2009. https:// www.oaklandinstitute.org/great-land-grab-rush-world’s-farmland-threatensfood-security-poor (consultado el 30 de abril de 2018); Daniel, S. y A. Mittal. (Mis) Inversión en agricultura: el papel de la institución financiera internacional en el acaparamiento de tierras. El Instituto Oakland, 2010. http://www.oaklandinstitute.org/ sites/oaklandinstitute.org/files/misinvestment_web.pdf (consultado el 30 de abril de 2018).
14 Wenda, B. «Todos se benefician de Papúa Occidental, excepto los papúes». The Guardian, 12 de octubre de 2011. https://www.theguardian.com/ commentisfree/2011/oct/12/west-papua-striking-miners-indonesia (consultado el 10 de julio de 2018); Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». The Guardian, 25 de mayo de 2013. https://www.theguardian.com/world/2013/ may/25/indonesia-new-corporate-colonialism (consultado el 10 de julio de 2018). Para otros estudios de casos de países, informes e informes de políticas sobre los impactos generalizados de las reformas de políticas guiadas por las clasificaciones Doing Business del Banco Mundial, véase: The Oakland Institute. Nuestra campaña Tierra Nuestro Negocio. https://www.oaklandinstitute.org/our-land-our-business (consultado el 24 de julio de 2018).
15 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. «Carta abierta: El aceite de palma para biocombustibles aumenta los conflictos sociales y socava la reforma agraria en Indonesia». 26 de enero de 2007. https://wrm.org.uy/all-campaigns/open-letter-palm-oil-for-biofuelsincreases-social-conflicts-and-undermines-land-reform-in-indonesia/ (consultado el 28 de junio de 2018); Siniwi, R.M. y M. Al Azhari. «El daño ambiental y los conflictos sociales eclipsan el futuro del sector del aceite de palma de Indonesia». Jakarta Globe, 21 de marzo de 2017. http://jakartaglobe.id/business/ environmental-damage-social-conflicts-overshadow-future-indonesias-palmoil-sector/ (consultado el 28 de junio de 2018); Biblioteca de la plataforma ECC. Protestas contra el aceite de palma en Indonesia. https://library.ecc-platform.org/conflicts/palm-oilindonesia (consultado el 28 de junio de 2018).
16 Importe aproximado alcanzado por la suma de todos los compromisos del Banco Mundial con Indonesia entre 1969 y 1997. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
17 Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Banco Mundial, 2004. http://documents.worldbank.org/curated/ pt/576941468774895009/pdf/307800IND0country01see0also0307591.pdf (consultado el 19 de julio de 2018); Thee, K.W. «Política industrial y de inversión extranjera en Indonesia desde 1967». Estudios del Sudeste Asiático, Vol. 25. Nº 3 (1987): 383-396. https://kyoto-seas.org/pdf/25/3/250305.pdf (consultado el 24 de julio de 2018).
18 Barr, C. Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. CIFOR y WWF, 2001. http://www.cifor.org/ publications/pdf_files/Books/cbarr/Banking.pdf (consultado el 10 de julio de 2018), p. 20.
19 Ministerio de Minas y Energía. Ley 11/1967 de Disposiciones Básicas de Minería. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/77114/81602/ F847614695/IDN.77114.pdf (consultado el 20 de julio de 2018); Zulfan Tadjoeddin, M. Una futura maldición de los recursos en Indonesia: la economía política de los recursos naturales, el conflicto y el desarrollo. Centro de Investigación sobre Desigualdad, Seguridad Humana y Etnicidad, Universidad de Oxford, 2007. https://assets.publishing.service. gov.uk/media/57a08c05ed915d3cfd001100/wp35.pdf (consultado el 20 de julio de 2018).
20 Ompusunggu, M. «Las elecciones regionales de Indonesia afectan al medio ambiente». The Jakarta Post, 4 de mayo de 2018. http://www.thejakartapost. com/news/2018/05/04/indonesias-regional-elections-take-toll-onenvironment.html (consultado el 15 de junio de 2018); Okamoto, S. «El movimiento y las actividades de las ONG ambientales en Indonesia». Policy Trend Report, 2001: págs. 13 y 23.
21 Barr, C. Banking on Sustainability: Structural Adjustment and Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. Op. Cit.
22 Jakfar, F. e Y. Murashima. «Desarrollo de la industria maderera y el comercio en Indonesia». Journal of Forest Economics, Vol. 45 No. 3 (1999): 9-15. https:// www.jstage.jst.go.jp/article/jfe/45/3/45_KJ00004956857/_pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).
23 Birdsall, N.M. et al. 1993. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Nueva York: Oxford University Press.
http://documents.worldbank. org/curated/en/975081468244550798/pdf/multi-page.pdf (consultado el 25 de julio de 2018); Ver también: Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Op. Cit.; Dang, G. y L. Sui Pheng. 2016. «Teorías del Desarrollo Económico». En Inversiones en Infraestructura en Economías en Desarrollo. Singapur: Springer.
24 Soetjipto, T. «Indonesia: 20 años después de la caída del General Muhammad Soeharto.» Al Jazeera, 21 de mayo de 2018. https://www.aljazeera.com/ indepth/features/indonesia-20-years-downfall-general-muhammadsuharto-180519141225082.html (consultado el 15 de junio de 2018); World Integrated www.oaklandinstitute.org 17 Trade Solution. «Indonesia Trade at a Glance: Most Recent Values.» https:// wits.worldbank.org/ CountrySnapshot/en/IDN/textview (consultado el 28 de junio de 2018).
25 Birdsall, N.M. et al. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Op. Cit.; Hofman, B., Rodrick-Jones, E., y K.W. Thee. Indonesia: Rápido crecimiento, instituciones débiles. Op. Cit.
26 Beech, H. «Estados Unidos se mantuvo al margen mientras Indonesia mataba a medio millón de personas, según muestran los periódicos». The New York Times, 21 de mayo de 2018. https://www.nytimes. com/2017/10/18/world/asia/indonesia-cables-communist-massacres.html (consultado el 15 de junio de 2018).
27 Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Con los pies en la tierra, 2001. http://www.downtoearth-indonesia.org/story/ indonesia-s-transmigration-programme-update (consultado el 10 de julio de 2018); Sobre cómo el papel del Programa de Transmigración ayudó al inicio y la difusión de las plantaciones de palma aceitera, ver: Gatto, M., Wayne, M. y M. Qaim. Auge de la palma aceitera y dinámica del uso de la tierra en Indonesia: el papel de las políticas y los factores socioeconómicos. Georg-August-Universität, 2014. http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/ mon/sfb990/dp-6.pdf (consultado el 26 de agosto de 2018).
28 El desplazamiento de millones de personas de las islas de Java y Sumatra a las islas exteriores del archipiélago se originó durante el dominio colonial holandés, cuando se llamó el programa de «colonización». Después de la independencia, el gobierno indonesio mantuvo esta política como una herramienta para promover el «desarrollo regional» y la «construcción de la nación». Véase Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Op. Cit.; Abdoellah, O.S. «Transmigration Policies in Indonesia: Government Aims and Popular Response». Centro de Estudios Migratorios, 1987, pp. 180-196. Sobre los impactos en los pueblos indígenas, ver: Departamento de Evaluación de Operaciones. Transmigración en Indonesia. Banco Mundial, septiembre de 1994. http://documents. worldbank.org/curated/ en/187401468042260249/pdf/28489.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).
29 Birdsall, N.M. et al. El milagro de Asia Oriental: crecimiento económico y políticas públicas. Op. Cit.
30 Fondo Monetario Internacional. Indonesia—Memorando de Políticas Económicas y Financieras. FMI, 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm (consultado el 21 de junio de 2018),
31 La palma aceitera se refiere a la palmera de la que se extrae el aceite de palma.
32 Fondo Monetario Internacional. Indonesia—Memorando de Políticas Económicas y Financieras. Op. Cit.; Fondo Monetario Internacional. Apéndices I a VII. FMI, 1998. http://www.imf.org/external/np/loi/041098.pdf (consultado el 21 de junio de 2018).
34 Francis, S. «La batalla de voluntad de Indonesia con el FMI». Foro Mundial de Políticas, 25 de febrero de 2003. https://www.globalpolicy.org/component/content/ article/209/43040.html (consultado el 15 de junio de 2018).
35 Ibíd.
36 Importe aproximado alcanzado por la suma de todos los compromisos contraídos por el Banco Mundial en sus operaciones entre los ejercicios fiscales 09 y 17. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
37 La suma en miles de millones se alcanzó al agregar todos los costos del proyecto DPL entre FY09 y FY17. Banco Mundial. «Proyectos – Indonesia». Op. Cit.
38 Banco Mundial. Facilidad para hacer negocios en Indonesia. 2018. http://www. doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/indonesia (consultado el 21 de junio de 2018).
39 Banco Mundial. Inversión extranjera directa, entradas netas (en millones, US$ corrientes). https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ID (consultado el 20 de julio de 2018).
40 Sundaryani, F.S. «Jokowi quiere a Indonesia en el puesto 40 en el índice doing business». The Jakarta Post, 15 de marzo de 2017. http://www.thejakartapost.com/ news/2017/03/15/jokowi-wants-indonesia-in-40th-place-on-doing-businessindex.html (consultado el 1 de julio de 2018)
41 Ribka, S. «BKPM to standardize investment procedures, forms». The Jakarta Post, 25 de febrero de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/25/ bkpm-to-standardize-investment-procedures-forms.html (consultado el 1 de agosto de 2018).
42 FMI. Indonesia: Cuestiones seleccionadas. Fondo Monetario Internacional, 2018. https:// www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/02/06/Indonesia-SelectedIssues-45615 (consultado el 30 de agosto de 2018), p. 21
43 US – ASEAN Business Council. «Las empresas estadounidenses involucran al gobierno indonesio para impulsar la cooperación en torno al comercio y la inversión». 15 de marzo de 2018. https://www.usasean.org/press-release/2018/03/15/us-businessesengage-indonesian-government-boosting-cooperation-around (consultado el 11 de julio de 2018).
44 Servicio Europeo de Acción Exterior. Indonesia Inversión y Perspectivas Económicas 2018. 8 de febrero de 2018. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180208_ press_release_en.pdf (consultado el 8 de agosto de 2018); SSEK Consultores Legales Indonesios. «Indonesia lanza un nuevo paquete de política económica». 18 de septiembre de 2017. http://blog.ssek.com/index.php/2017/09/indonesialaunches-new-economic-policy-package/ (consultado el 11 de julio de 2018).
45 Hayden, S. «Con una docena de paquetes de reforma económica en su haber, Jokowi de Indonesia se instala». Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 26 de mayo de 2016. https://www.csis.org/analysis/dozen-economic-reformpackages-under-his-belt-indonesia’s-jokowi-settles (consultado el 8 de junio de 2018).
46 Banco Mundial. «Visión general». El Banco Mundial en Indonesia. http://www. worldbank.org/ en/country/indonesia/overview (consultado el 15 de junio de 2018).
47 Unidjaja, F.D. y Z.P. Hakim. «El gobierno de Indonesia despliega una alfombra roja para los inversores». The Jakarta Post. https://www.oaklandinstitute.org/indonesiagovernment-rolls-out-red-carpet-investors (consultado el 8 de junio de 2018).
48 Para implementar estas reformas, el Banco se comprometió a continuar brindando asesoramiento técnico, así como otros US$2 mil millones en préstamos para 2020. Banco Mundial. Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit.
49 Banco Mundial. Indonesia sigue construyendo sobre un sólido crecimiento económico. 27 de marzo de 2018. http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/27/ indonesia-continues-to-build-on-solid-economic-growth (consultado el 14 de agosto de 2018).
50 Indonesia, como muchos otros países tropicales, ha experimentado un rápido agotamiento de sus recursos forestales en favor de un sector agrario en expansión orientado a la exportación. La mayor parte de la deforestación es causada por las empresas de plantaciones y minería, aproximadamente el 88 por ciento del área total deforestada en el país. Ver: Krishna et al. «Mercados de tierras, derechos de propiedad y deforestación: Perspectivas de Indonesia». Desarrollo Mundial, Volumen 99 (2017): 335-349. https://www.sciencedirect.com/science/ artículo/pii/S0305750X17301808 (consultado el 25 de julio de 2018); Sobre los vínculos recientes entre la corrupción, la política, las inversiones en agronegocios y la destrucción del medio ambiente, véase: Ompusunggu, M. «Las elecciones regionales de Indonesia tienen un costo para el medio ambiente». Op. Cit.
51 Aunque no hay datos completos sobre el número reciente de personas desplazadas en todo el país, se puede hacer una estimación aproximada al observar el número de personas desplazadas durante el Programa de Transmigración, que tenía como objetivo expandir el desarrollo de la agroindustria en todo el país. En noviembre de 2000, había 240.333 familias de refugiados, o 1 millón de personas desplazadas, que huían de sus hogares debido a conflictos relacionados con el programa. Ver: Adhiati, M., Sri, A. y A. Bobsien. Programa de transmigración de Indonesia: actualización. Op. Cit.; Ver también: Wildes, S. «Las comunidades forestales de Indonesia son víctimas de ‘acaparamiento legal de tierras'». Inter Press Service, 15 de noviembre de 2013. http://www.ipsnews. net/2013/11/indonesias-forest-communities-victims-of-legal-land-grabs/ (consultado el 25 de julio de 2018).
52 Gellert, P. «Expansión del aceite de palma en Indonesia: acaparamiento de tierras como acumulación por desposesión». Acomodación, facilitación y resistencia a las perspectivas actuales de la globalización en la teoría social Volumen 34, (2015): 65-99; Menon, M., Kapoor, M. y V. Viswanathan. Maniobras a mitad de curso: estrategias comunitarias y remedios para los conflictos de recursos naturales en Indonesia. Center for Policy Research – Namati Environmental Justice Programs, 2018. https://namati.org/resources/midcourse-manoeuvres-community-strategiesremedies-natural-resource-conflicts-indonesia/ (consultado el 25 de julio de 2018), pp. 6-14.
53 Salim, T. y M.S. Aritonang. «El gobierno aún no ha otorgado derechos a las comunidades indígenas». The Jakarta Post, 17 de marzo de 2016. http://www.thejakartapost. com/news/2016/03/17/govt-yet-grant-rights-indigenous-communities. html#sthash.gzhlOSvw.TcIKjVrt.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/ AxjeiN39Ed (consultado el 10 de agosto de 2018).
54 Komnas HAM. Investigación Nacional sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas en sus Territorios en las Zonas Forestales. 2016. http://rightsandresources.org/wp- www.oaklandinstitute.org 18 content/uploads/2016/04/Komnas-HAM-National-Inquiry-on-the-Rightsof-Customary-Law-Abiding-Communities-Over-Their-Land-in-Forest-Areas_ abril-2016.pdf (consultado el 23 de julio de 2018).
55 Rinwigati Waagstein, P. Empresas y derechos humanos en Indonesia: de los principios a la práctica. Centro de Recursos de Derechos Humanos, 2015. http://hrrca.org/ wp-content/uploads/2015/05/BHR-in-Indonesia.pdf (consultado el 24 de julio de 2018), p. 8. 56 Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». Op. Cit.; Para un resumen del complejo marco de tenencia de la tierra de Indonesia, véase: Kapoor, M., Menon, M. y V. Viswanatham. Maniobras a mitad de curso: estrategias comunitarias y remedios para el conflicto de recursos naturales en Indonesia. Op. Cit. 57 Amigos de la Tierra Internacional. «Activista ambiental asesinado en Indonesia». Febrero 2015. https://www.foei.org/news/environmentalactivist-killed-indonesia (consultado el 21 de agosto de 2018). 58 Jacobson, P. «Activista del aceite de palma asesinado en Yakarta». Mongabay, 23 de mayo de 2018. https://news.mongabay.com/2015/05/palm-oil-activist-murdered-injakarta/ (consultado el 21 de agosto de 2018). 59 Boediwardhana, W. «Activista antiminería golpeado hasta la muerte en Java Oriental». The Jakarta Post, 28 de septiembre de 2015. http://www.thejakartapost.com/ news/2015/09/28/antimining-activist-beaten-death-east-java.html (consultado el 21 de agosto de 2018). 60 Harsono, A. «La ley ‘anticomunista’ de Indonesia utilizada contra activistas ambientales». Human Rights Watch, 12 de enero de 2018. https://www. hrw.org/news/2018/01/12/indonesias-anti-communism-law-used-againstenvironmental-activist (consultado el 26 de agosto de 2018). 61 Banco Mundial. «Reformas empresariales en Indonesia». Op. Cit. 62 FMI. Indonesia: Cuestiones seleccionadas. Op. Cit. 63 Ibíd. 64 Vidal, J. «Indonesia está viendo un nuevo colonialismo corporativo». Op. Cit. 65 Banco Mundial. Indonesia – Programa de Aceleración de la Reforma Agraria (Proyecto Un Mapa). http://documents.worldbank.org/curated/en/393931532143851037/ Indonesia-Program-to-Accelerate-Agrarian-Reform-One-Map-Project (consultado el 13 de agosto de 2018). 66 Ibíd., págs. 9 y 67 Ibíd., págs. 22 y 25. 68 Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de administración de tierras. http://documents. worldbank.org/curated/en/791061468266180238/Indonesia-LandAdministration-Project (consultado el 25 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de gestión de tierras y desarrollo de políticas. http://documents. worldbank.org/curated/en/407951468278683358/Indonesia-LandManagement-and-Policy-Development-Project (consultado el 26 de julio de 2018). 69 Garnett, S.T. et al. «A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation.» Nature Sustainability, julio de 2018, pp. 369-374. https://www.nature.com/articles/s41893-018-0100-6.epdf?author_access_to ken=ZAToIUuNYxVkZk7d3hQ7M9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Nlxfg9aDwpfTJ NvkjtOhlOfFlXDVJWZFueKjrvz_ddjYPdyZUDeslOuUlLw0kxM40S57aYeeIfxx5OnZm1_hkRRK99bTVuwMuTfscdzwTwg%3D%3D (consultado el 10 de agosto de 2018). 70 Arezki, R. et al. ¿Qué impulsa la «fiebre de la tierra» global? Banco Mundial, 2011.
http:// documents.worldbank.org/curated/pt/229581468337294753/pdf/WPS5864. pdf (consultado el 13 de agosto de 2018), pp. 5-6. 71 Ibíd. Sobre la deforestación impulsada por la palma aceitera, especialmente por parte de empresas privadas, ver: Lee, J.S.H., et al. «Los impactos ambientales de las empresas de palma aceitera a gran escala exceden los de las pequeñas explotaciones en Indonesia». Conservation Letters, 7 (2014): 25-33.
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AObidzinski1301. pdf (consultado el 26 de agosto de 2018). 72 Para los datos sobre la producción de aceite de palma de Indonesia en 2000, véase: Teoh, C. Key sustainability issues in the palm oil sector. Banco Mundial e IFC, 2010. http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/
Resources/226271-1170911056314/Discussion.Paper_palmoil.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018). Para los datos más recientes sobre la producción de aceite de palma (2016), véase: Indonesia Investments. Aceite de palma. https://www.indonesia-investments. com/business/commodities/palm-oil/item166 (consultado el 10 de agosto de 2018). 73 Simms, A. «Los bancos y los fondos de pensiones continúan financiando la deforestación y el acaparamiento de tierras». The Guardian, 30 de abril de 2015. https://www.theguardian.com/ sustainable-business/2015/apr/30/deforestation-land-grabs-banks-pensionfunds-palm-oil-credit-suisse-mitsubishi (consultado el 13 de agosto de 2018); Véase también el gráfico 1 sobre la expansión exponencial de las plantaciones de palma aceitera desde el paquete de liberalización firmado entre Indonesia y el FMI en 1998. 74 Teoh, C. Cuestiones clave de sostenibilidad en el sector del aceite de palma. Op. Cit. 75 Entre 1965 y 2014, el Banco Mundial comprometió casi US$1.000 millones en 35 proyectos en el sector del aceite de palma, en 12 países de África, América Latina y el sudeste asiático – US$500,6 millones se destinaron a proyectos en Indonesia. Véase Teoh, C. Cuestiones clave de sostenibilidad en el sector del aceite de palma. Op. Cit. p. 11 76 Rusmana, Y. y E. Listiyorini. «Las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a la India se ven en un récord de demanda». Bloomberg, 4 de febrero de 2018. https://www.bloomberg. com/news/articles/2018-07-20/ripple-effect-of-fifa-world-cup-eggs-getcostlier-in-indonesia (consultado el 18 de julio de 2018). Si bien la evidencia científica muestra que el uso a gran escala de aceite de palma importado en la producción de diesel en la UE no puede justificarse por menores costos de emisión de gases de efecto invernadero, las políticas reales de biocombustibles en la UE fomentan la producción de diesel a base de aceite de palma . Véase Saikkonen, L., Ollikainen, M. y J. Lankoski. «Aceite de palma importado para biocombustibles en la UE: rentabilidad, emisiones de gases de efecto invernadero y efectos en el bienestar social». Biomasa y Bioenergía 68 (2014): 7-23. https://www. sciencedirect.com/science/article/ pii/S0961953414003018 (consultado el 25 de junio de 2018). En el marco de la Estrategia de 2006 sobre biocombustibles de la Unión Europea (UE) y la Directiva de Energía Renovable (RED) de la UE de 2009 y otros sistemas reconocidos por la UE, se ha fomentado el uso de biocombustibles como sustituto de los combustibles fósiles. Desde entonces, el consumo de aceite de palma de la UE para alimentar el transporte ha aumentado significativamente en los últimos años. Véase Transporte y medio ambiente para más datos y cifras sobre la UE y el aceite de palma para el combustible: https://www. transportenvironment.org/what-we-do/biofuels/10-facts (consultado el 1 de julio de 2018). 77 Indonesia Inversiones. Aceite de palma. Op. Cit. 78 Desde la introducción de una ley de la UE para promover los biocombustibles en 2009, el aceite de palma utilizado para fabricar biocombustibles ha aumentado constantemente de 825.000 toneladas en 2008 a 3,9 millones de toneladas en 2017. Ver: Transporte y Medio Ambiente. «Los automovilistas obligados a quemar más selva tropical para cumplir con los objetivos de energía verde de la UE: cifras de 2017». 6 de junio de 2018. https://www.transportenvironment.org/press/motorists-forced-burnmore-rainforest-meet-eu-green-energy-targets-2017-figures (consultado el 28 de junio de 2018). 79 Rainforest Action Network. Las selvas tropicales de Indonesia: biodiversidad y especies en peligro de extinción. https://www.ran.org/indonesia_s_rainforests_biodiversity_and_ endangered_species/ (consultado el 10 de agosto de 2018); Banco Mundial. Superficie forestal (kilómetros cuadrados). https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?name_ desc=false (consultado el 10 de agosto de 2018). 80 Greenpeace. Bosques de Indonesia. https://www.greenpeace.org/usa/forests/ indonesia/ (consultado el 20 de agosto de 2018). 81 Véase: Austin, K.G. et al. 2017. «Los patrones cambiantes de deforestación impulsada por la palma aceitera en Indonesia y las implicaciones para los compromisos de deforestación cero». Política de Uso de la Tierra Vol. 69 (Diciembre 2017): 41-48. https:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717301552 (consultado el 20 de agosto de 2018). 82 Estadísticas indonesia. https://www.bps.go.id (consultado el 26 de agosto de 2018). 83 Chan, F. y W. Soeriaatmadja. «Jokowi anuncia moratoria sobre nuevos permisos para plantaciones de palma aceitera, actividades mineras». The Straits Times, 15 de abril de 2016. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jokowi-announcesmoratorium-on-new-permits-for-oil-palm-plantations-mining-activities (consultado el 26 de agosto de 2018); Radio NZ. «Indonesia emite nuevos permisos de aceite de palma en las provincias de Papúa». 7 de febrero de 2018. https://www.radionz.co.nz/ international/pacific-news/349845/indonesia-issues-new-palm-oil-permits-inpapua-provinces (consultado el 26 de agosto de 2018). 84 «Jokowi inicia un programa de replantación de palmeras aceiteras». The Jakarta Post, 13 de octubre de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/13/jokowi-kicks-offoil-palm-tree-replanting-program.html (consultado el 26 de agosto de 2018); FAO. Hoja informativa por país sobre las tendencias de la política alimentaria y agrícola: Indonesia. Agosto de 2017. http://www.fao.org/3/a-i7696e.pdf (consultado el 17 de julio de 2018). 85 Los datos de 1999 a 2009 son estimados por la FAO. 86 Banco Mundial. Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit. 87 Lee, J.S.H., et al. «Los impactos ambientales de las empresas de palma aceitera a gran escala exceden los de las pequeñas propiedades en Indonesia». Op. Cit. www.oaklandinstitute.org 19 88 Indonesia Investments. Aceite de palma. Op. Cit.; Bovarnick, A. y S. Newport. «Las multinacionales no pueden prevenir la deforestación del aceite de palma por sí solas». The Guardian, 13 de mayo de 2015. https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2015/may/13/palm-oil-indonesia-collaboration-smallholdersmultinationals-government-ispo (consultado el 10 de agosto de 2018). 89 Fisher, R.J., Srimongkontip, S., y C. Veer. Números de pueblos «dependientes» de los bosques y tipos de personas Relaciones forestales. Op. Cit. 90 Li, T.M. «Después del acaparamiento de tierras: violencia de infraestructura y el «sistema mafioso» en las zonas de plantaciones de palma aceitera de Indonesia». Geoforum, 2017; Sirait, M.T. Pueblos indígenas y expansión de plantaciones de palma aceitera en Kalimantan Occidental, Indonesia. Universidad de Ámsterdam y Cordaid, 2009. http://www. worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/RP16385.pdf (consultado el 8 de agosto de 2018); Johnson, T. «Las compañías de aceite de palma explotan al pueblo de Indonesia y a su maquinaria política corrupta». The Guardian, 11 de junio de 2015. https:// www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jun/11/palm-oil-industryindonesia-corruption-communities-forests (consultado el 10 de agosto de 2018). 91 Li, T.M. «Después del acaparamiento de tierras: violencia de infraestructura y el «sistema mafioso» en las zonas de plantaciones de palma aceitera de Indonesia». Op. Cit. 92 Ibíd. 93 Ibíd. 94 Ibíd. 95 «Los casos de conflicto agrario aumentan en 2017: Consorcio». The Jakarta Post, 28 de diciembre de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/28/casesof-agrarian-conflict-increase-in-2017-consortium.html (consultado el 22 de julio de 2018). 96 Véase Martin-Prével, A. Unfolding Truth: Dismantling the World Bank’s Myths on Agriculture and Development. El Instituto Oakland, 2014. https:// www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OurBiz_Brief_ UnfoldingTruth.pdf (consultado el 23 de julio de 2018). 97 Teoh, C. Cuestiones clave de sostenibilidad en el sector del aceite de palma. Op. Cit. 98 Ombudsman Asesor de Cumplimiento. «Indonesia / Wilmar Group-01/ Kalimantan Occidental». 1 de julio de 2007. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_ detail.aspx?id=76 (consultado el 18 de julio de 2018). 99 Compliance Advisor Ombudsman. «Indonesia / Wilmar Group-02 / Sumatra». 1 de diciembre de 2008. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail. aspx?id=79 (consultado el 18 de julio de 2018). 100 Compliance Advisor Ombudsman. «Indonesia / Wilmar Group-03 / Jambi.» 9 de noviembre de 2011. http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail. aspx?id=177 (consultado el 18 de julio de 2018). 101 Ver Forest Peoples Programme. 3rd Complaint about Wilmar International. 9 de noviembre de 2011. http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/ documents/FPPandalliestoIFCCAO3rdcomplaintreWilmarNov2011.pdf (consultado el 10 de agosto de 2018). 102 CFI. Normas de Desempeño. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policiesstandards/performance-standards/performance-standards (consultado el 18 de julio de 2018). 103 Balaton-Chrimes, S. y K. Macdonald. El Ombudsman Asesor de Cumplimiento para el IFC/MIGA: Evaluación del potencial de reparación de los derechos humanos. Investigación de Responsabilidad Corporativa, 2016. http://corporateaccountabilityresearch.net/ njm-report-xvii-cao/ (consultado el 19 de julio de 2018). 104 Banco Mundial. Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit. 105 Greenpeace Internacional. «Rogue Trader: Mantener la deforestación en la familia». 25 de junio de 2018. https://www.greenpeace.org/international/ publication/17241/rogue-trader-indonesia-deforestation-wilmar-gama/ (consultado el 10 de agosto de 2018). 106 «Carta abierta al Presidente de la República de Indonesia, al Presidente del Consejo de la Unión Europea y a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea: en relación con el impacto de la plantación de palma aceitera, a saber, la destrucción de bosques, el acaparamiento de tierras, la violación de los derechos humanos, la corrupción y los desastres ambientales». 22 de mayo de 2018. https://walhi.or.id/wp-content/ uploads/2018/05/Open-Letter-to-President-and-EU-Commision_220518.pdf (consultado el 1 de julio de 2018). 107 Ibíd. 108 Véase Jong, N.H. «Indonesia investigará la muerte de un periodista detenido por difamar a una empresa de aceite de palma». Mongabay, 21 de junio de 2018. https://news. mongabay.com/2018/06/indonesia-to-investigate-death-of-journalist-beingheld-for-defaming-palm-oil-company/ (consultado el 19 de julio de 2018). 109 Banco Mundial. Marco de Asociación con el Banco Mundial e Indonesia 2016-2020. Op. Cit., págs. 8 y 14. 110 Banco Mundial. Industrias extractivas. http://www.worldbank.org/en/topic/ industrias extractivas (consultado el 23 de julio de 2018). 111 Ibid. 112 «El 11 de agosto de 2010, MIGA emitió una garantía de US$207 millones a Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd de Singapur por su inversión de capital en el PT Weda Bay Nickel Project. Strand Minerals es propiedad conjunta de Eramet SA de Francia y Mitsubishi Corporation de Japón. La cobertura fue inicialmente por un período de hasta tres años contra los riesgos de restricción de transferencia, expropiación, incumplimiento de contrato y guerra y disturbios civiles. El 9 de agosto de 2013 el contrato se extendió dos años más. MIGA. «Resumen del proyecto. PT Weda Bay Nickel (Indonesia).» https://www.miga.org/pages/ projects/project.aspx?pid=828 (consultado el 20 de julio de 2018). 113 Balaton-Chrimes, S., Macdonald, K. y S. Marshall. Estudio de caso del enfoque de la CAO a la queja de pt Weda Nickel Mine: Barreras a la mediación en un clima de miedo. Investigación de Responsabilidad Corporativa, 2016. 114 Ibíd. 115 Woodman, C. «Papúa Occidental: Cinco hechos sobre la ocupación de Indonesia». Campaña Papúa Occidental Libre, 20 de septiembre de 2017. https://www.freewestpapua. org/2017/09/20/west-papua-five-facts-about-indonesias-occupation/ (consultado el 18 de julio de 2018). 116 Brundige, E. et al. Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control. Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic Yale Law School, 2004. https://law.yale.edu/system/files/documents/pdf/news/westpapuahrights. pdf (consultado el 19 de julio de 2018). 117 Ibíd. Véase también Human Rights Watch. «Indonesia: Eventos de 2017». Informe Mundial 2018. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/ indonesia (consultado el 13 de septiembre de 2018). 118 «How Freeport Reached a Mining Deal in Indonesia». The New York Times, 25 de agosto de 2014. https://www.nytimes.com/2014/08/26/business/ international/how-freeport-reached-a-mining-deal-in-indonesia.html (consultado el 25 de julio de 2018). 119 Freeport-McMoRan. Sostenibilidad. https://www.fcx.com/sustainability/ communities#land-use-customary-rights (consultado el 23 de julio de 2018). 120 Schulman, S. «The $100bn gold mine and the West Papuans who say they are counting the cost». The Guardian, 2 de noviembre de 2016. https://www. theguardian.com/global-development/2016/nov/02/100-bn-dollar-goldmine-west-papuans-say-they-are-counting-the-cost-indonesia (consultado el 3 de septiembre de 2018).
121 Ibíd.
122 Taylor, N. «West Papua: A History of Exploitation». Al Jazeera, 19 de octubre de 2011. https://www.aljazeera.com/indepth/ opinion/2011/08/201182814172453998.html (consultado el 25 de julio de 2018); Bochove, D. y D. Stringer. «Una mina gigante que arroja desechos se convierte en un campo de batalla en Indonesia». Bloomberg, 4 de junio de 2018. https://www. bloomberg.com/news/articles/2018-06-05/giant-waste-spewing-mine-turnsinto-battleground-in-indonesia (consultado el 25 de julio de 2018).
123 CFI. «IFC adquiere participación en el proyecto guineano de mineral de hierro para apoyar el desarrollo sostenible de la mina». 5 de septiembre de 2006. https://ifcextapps.ifc.org/ifcext/ sala de prensa/ifcpressroom.nsf/0/2D31B336E8B596A9852 571E0006F5F06? OpenDocument (consultado el 25 de julio de 2018).
124 World Bank. Invertir en el futuro de Papúa y Papúa Occidental: Infraestructura para el Desarrollo Sostenible. 2009. https:// siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/ Publication/280016-1235115695188/5847179-1263873728984/infrastructure. es.pdf (consultado el 25 de julio de 2018); Banco Mundial. Sharing Mining Benefits in Developing Countries, 2011. http://documents.worldbank.org/curated/pt/359961468337254127/pdf/624980N WP0P1160ns00trusts0and0funds.pdf (consultado el 25 de julio de 2018). www.oaklandinstitute.org 20
125 Banco Mundial. «Casi tres millones de indonesios se beneficiarán del proyecto turístico». 30 de mayo de 2018. https://www.worldbank.org/en/news/ press-release/2018/05/30/nearly-three-million-indonesians-to-benefitfrom-tourism-project (consultado el 22 de julio de 2018); Salna, K. «Así es como el Banco Mundial piensa que Indonesia puede estimular la inversión extranjera». Bloomberg, 9 de noviembre de 2017. https://www.bloomberg.com/news/ articles/2017-11-09/world-bank-urges-reboot-of-indonesian-local-contentregulations (consultado el 22 de julio de 2018).
126 Banco Mundial. Desarrollo Integrado de Infraestructura para Áreas Estratégicas Nacionales de Turismo (Proyecto de Desarrollo Turístico de Indonesia). http://projects. worldbank.org/P157599?lang=es (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. «Casi tres millones de indonesios se beneficiarán del proyecto turístico». Op. Cit.
127 Banco Mundial. Marco de Asociación con el País banco mundial-Indonesia 2016-2020. Op. Cit.; Véase también: Sheany. «El Banco Mundial estudia ayudar a Indonesia a impulsar el turismo y abordar la pobreza en las zonas costeras». Jakarta Globe, 10 de noviembre de 2017. http://jakartaglobe.id/news/world-bank-studies-help-indonesiaboost-tourism-tackle-poverty-coastal-areas/ (consultado el 18 de julio de 2018).
128 «Indonesia busca cerrar la brecha de US$157 mil millones en el plan de construcción de la nación». The Straits Times, 26 de enero de 2018. https://www.straitstimes.com/asia/ se-asia/indonesia-seeks-to-plug-us157-billion-gap-in-nation-building-plan (consultado el 23 de julio de 2018); Banco Mundial. «La inversión privada en infraestructura en los países en desarrollo mostró signos de recuperación en 2017». 17 de abril de 2018. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/17/privateinvestment-in-infrastructure-in-developing-countries-showed-signs-ofrecovery-in-2017 (consultado el 18 de julio de 2018).
129 «Indonesia prepara grupos de trabajo sobre la facilidad para hacer negocios». The Jakarta Post, 3 de noviembre de 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/03/ indonesia-prepares-ease-of-doing-business-task-forces.html (consultado el 18 de julio de 2018).
130 Sinaga, D.A. «Jokowi promueve ‘Ten New Balis’ a los inversores en Hong Kong». Jakarta Globe, 2 de mayo de 2017. http://jakartaglobe.id/news/jokowipromotes-ten-new-balis-to-investors-in-hong-kong/ (consultado el 8 de junio de 2018); Rahadiana, R., Kutty Abraham, T., y R. Mathieson. «Indonesia busca inversores para proyectos por valor de cientos de miles de millones». Bloomberg, 16 de octubre de 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-16/ jokowi-roots-for-private-investment-as-freeport-dispute-lingers (consultado el 18 de julio de 2018); Personal de Reuters. «Indonesia promete una mayor flexibilización de las reglas para atraer a los inversores extranjeros». Reuters, 20 de junio de 2017. https://www.reuters. com/article/indonesia-investment-regulation/update-1-indonesiapromises-more-easing-of-rules-to-attract-foreign-investors-idUSL3N1JH3H5 (consultado el 18 de julio de 2018).
131 Indonesia Investments. «Alfombra roja para inversores privados en el sector hotelero de Indonesia». 17 de octubre de 2017. https://www.indonesia-investments. com/news/todays-headlines/red-carpet-for-private-investors-in-indonesias-hospitality-sector/item8289 (consultado el 19 de julio de 2018).
132 Ibíd.
133 Banco Mundial. «El Banco Mundial aprueba un nuevo financiamiento para apoyar el desarrollo de infraestructura en Indonesia». 13 de marzo de 2017. http:// www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/03/13/world-bankapproves-new-financing-to-support-infrastructure-development-acrossindonesia (consultado el 19 de julio de 2018); Banco Mundial. Desarrollo Integrado de Infraestructura para Áreas Estratégicas Nacionales de Turismo (Proyecto de Desarrollo Turístico de Indonesia). http://projects.worldbank.org/P157599?lang=en (consultado el 18 de julio de 2018).
134 La Vía Campesina. «La Ley de Adquisición de Tierras y Construcción de Carreteras está dando como resultado el acaparamiento forzoso de casas y tierras campesinas: SPI, Indonesia». 28 de abril de 2018. https://viacampesina.org/en/law-on-landprocurement-highway-construction-is-resulting-in-peasant-houses-andlands-being-forcefully-grabbed-spi-indonesia/ (consultado el 19 de julio de 2018). El Banco Mundial prestó 208 millones a Indonesia para el desarrollo de la infraestructura vial entre 2006 y 2014. Véase: Grupo de Evaluación Independiente. Proyecto estratégico de infraestructura vial. 2015.
135 Ibíd.
136 Sinaga, D.A. «Jokowi promueve ‘Ten New Balis’ a los inversores en Hong Kong». Op. Cit.; Salna, K. «¿Como Bali? Indonesia quiere crear 10 de ellos para atraer a turistas chinos». Bloomberg, 19 de octubre de 2017. https:// www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-19/creating-10-new-balisindonesian-tourism-plan-starts-with-china (consultado el 19 de julio de 2018).
137 Geddie, J. y A.S. Lefevre. «Las idílicas islas del sudeste asiático se doblegan bajo la presión del turismo». Reuters, 6 de abril de 2018. https://www.reuters.com/article/usasia-environment-beaches-analysis/southeast-asias-idyllic-islands-buckleunder-tourism-strain-idUSKCN1HD0KL (consultado el 19 de julio de 2018).
138 Banco Mundial. Indonesia – Bali Tourism Project (Inglés). 1974. http:// documents.worldbank.org/curated/en/705041468040578881/IndonesiaBali-Tourism-Project (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali. 1997. http://projects.worldbank.org/P036047/ bali-urban-infrastructure-project?lang=en (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali (inglés). 2005. http:// documents.worldbank.org/curated/en/625231468258305456/IndonesiaBali-Urban-Infrastructure-Project (consultado el 18 de julio de 2018); Banco Mundial. Indonesia – Segundo Proyecto de Desarrollo Urbano de Java Oriental, Proyecto de Infraestructura Urbana de Bali y Proyecto de Innovaciones Municipales (inglés). 2006. http://documents.worldbank.org/curated/en/794301468283544395/ Indonesia-Second-East-Java-Urban-Development-Project-Bali-UrbanInfrastructure-Project-and-Municipal-Innovations-Project (consultado el 18 de julio de 2018).
139 Benoa Bay, cerca del aeropuerto internacional de Depansar , fue designada como zona de conservación en 2011. Sin embargo , una regulación presidencial, firmada por el ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono justo antes de dejar el cargo en 2014, cambió su estatus. Sobre el proceso de definición de la Bahía de Benoa como un sitio de conservación, ver: De Suryiani, L. «Bahía de Benoa propuesta como Sitio de Conservación del Agua». The Jakarta Post, 5 de septiembre de 2013. http:// www.thejakartapost.com/news/2013/09/05/benoa-bay-proposed-waterconservation-site.html (consultado el 20 de julio de 2018). Sobre el estado cambiante de la bahía y la resistencia de la sociedad civil contra el proyecto de recuperación, ver: Langenheim, J. «Mounting Opposition to Bali Mass Tourism Project». The Guardian, 22 de marzo de 2016. https://www.theguardian.com/environment/ the-coral-triangle/2016/mar/22/mounting-opposition-to-bali-masstourism-project (consultado el 20 de julio de 2018).
140 Fitria, P. «Trouble Brewing in Paradise Over Fate of Bali’s Benoa Bay.» Jakarta Globe, 19 de enero de 2014. http://jakartaglobe.id/news/troublebrewing-in-paradise-over-fate-of-balis-benoa-bay/ (consultado el 26 de julio de 2018).
141 Juniarta, I.W. «El gobierno ordena otro estudio sobre el proyecto de recuperación de la bahía de Benoa «. The Jakarta Post, 23 de febrero de 2017. http://www. thejakartapost.com/news/2017/02/23/government-orders-another-studyinto-benoa-bay-reclamation-project.html; Motoki, C. «Indonesia: la resistencia de lo sagrado en Bali a la «revolución verde» y la industria del turismo». Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales [blog], 29 de abril de 2018. https://wrm. org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/indonesia-the-resistanceof-the-sacred-in-bali-to-the-green-revolution-and-the-tourism-industry/ (consultado el 26 de julio de 2018).
142 Langenheim, J. «Creciente oposición al proyecto de turismo masivo de Bali». Op. Cit.
143 ForBALI. http://www.forbali.org/en/ (consultado el 20 de julio de 2018).
144 Ibíd.; Topsfield, J. y A. Rosa. «El proyecto de islas de $ 3 mil millones para la bahía de Benoa en Bali tiene a los lugareños en armas». The Sidney Morning Herald, 29 de febrero de 2016. https://www.smh.com.au/world/3-billion-islands-project-for-balis-benoabay-has-locals-up-in-arms-20160228-gn5m1p.html (consultado el 26 de julio de 2018).
145 Wicaksono, E., Amir, H., y A. Nugroho. Las fuentes de desigualdad de ingresos en Indonesia: una descomposición de la desigualdad basada en la regresión. Instituto del Banco Asiático de Desarrollo, 2017. https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/229411/adbi-wp667.pdf (consultado el 13 de agosto de 2018).
146 Banco Mundial. Poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. 19 de abril de 2013. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity (consultado el 6 de agosto de 2018).
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Como si ya estos tiempos posmodernos no fueran complejos y comprometieran las estructuras de las relaciones sociales y supusieran un desafío importante para la persona, su identidad, su estabilidad emocional y sus capacidades colectivas, la pandemia y lo que supuso terminó por hacer más complejos los escenarios para todos, para todas.
Los supuestos de convivencia, construcción de conjunto, capacidades para contender los riesgos y las amenazas dieron paso a la incertidumbre, el temor, el “reseteo” de las formas existentes para comportarnos de forma razonable, equilibrada, buscando el bien común.
Ciertamente muchas cosas llegaron para quedarse en estos dos años de pausa civilizatoria.
Entre ellas la posibilidad de mirar con ojos distintos a la ciencia y sus aportes, el uso de las nuevas formas comunicativas (lo virtual, lo remoto, lo asincrónico), el acercamiento de muchos públicos y audiencias a nuevas formas de conocimiento, estéticas, arte, expresividad.
Pero también llegó para permanecer de forma prolongada, la interrupción del proyecto colectivo, las rutas para fortalecer de nueva cuenta la capacidad de habla y la escucha asertiva. Pareciera que a esta hora, la humanidad toda debiera aprender a caminar de nuevo, como acto reflejo ante lo que recién inicia, pero particularmente, frente a la subjetividad clausurada y confinada que se ha instalado a toda marcha.
A la generación joven de los años ochenta se le denominó “la generación perdida” por los déficits en materia educativa. Pero el rezago que se advierte en todos los órdenes de la vida social como producto del apagón societario de los últimos dos años es inminente, si no se activan desde ya las estrategias para reescribirnos como seres humanos.
Por ello es importante reponer de nuevo la vida pública, el espacio público habermassiano, el detalle de compartir, como conversaba con mi querido profesor, compañero de trabajo y con quien he compartido caminar por la región que somos, Abelardo Morales Gamboa o impulsar procesos de “acupuntura social” como bien se lo he escuchado mencionar varias veces al artista plástico y Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA) de la Universidad Nacional, en Costa Rica.
Ambas propuestas son claras. Para abrir esa subjetividad clausurada, es urgente reinventarnos.
“Vamos a hacer un país de propietarios y no de proletarios”, repetía una y otra vez Luis Alberto Monge en las décadas del 70 y 80. Era el mensaje de la socialdemocracia frente a los marxistas y comunistas; era también el auge del cooperativismo y la distribución de la tierra, de las “jugosas” convenciones colectivas del sindicalismo liberacionista, del poderoso movimiento comunal. De ese mensaje ya no queda nada.
Liberación Nacional apuesta ahora por la proletarización de los costarricenses mediante los proyectos de zonas francas que extenderán a las zonas rurales, fronterizas y costeras. El PLN hace ahora un país de proletarios y no de propietarios, invirtiendo su lógica social, con la consiguiente pauperización de las condiciones sociales.
El proyecto de ley para extender las zonas francas fuera del GAM se propone, según él, llevar trabajo y progreso a las regiones más pobres del país. Después de lo que escribí ayer sobre este tema, me quedó una duda: ¿por qué esas zonas son tan pobres? ¿Qué las hace ocupar los últimos lugares del índice de desarrollo humano? ¿Es que en ellas no se produce nada, no hay empresas o inversión?
Integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década, se dice en los informes del Atlas de Desarrollo Humano.
Los cantones más pobres del país son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Osa y Matina, según el Atlas de Desarrollo Humano de 2021.
Si el análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional de pobreza. En otras palabras, Limón es la provincia más pobre de Costa Rica.
¿Hay producción y empleo en esos cantones? Llama la atención que las grandes producciones de piña y banano se encuentran en esas regiones, las más pobres del país. La principal zona productora de piña es la Región Huetar Norte, donde están los cantones de Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí y Buenos Aires de la Región Brunca, entre los 15 más pobres.
Los principales cantones que actualmente producen banano son Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, siendo que la mayor concentración de producción del Banano se ubicada en la zona del Caribe, generando con esto alrededor de un 76% de la mano de obra local. Estos también están entre los cantones más pobres del país.
La producción de banano, según Corbana, genera el 76% de la mano de obra de Limón, lo cual significa que tres cuartas partes de los trabajadores limonenses trabajan en las plantaciones bananeras. Sin embargo, Limón es la provincia más pobre del país.
¿Por qué las producciones de banano y piña no producen desarrollo humano, sino más bien pobreza? Esa es la cuestión a plantearse y no la de llevar más salarios de hambre con zonas francas. No hay ningún indicio y estudio de que nuevas zonas francas en zonas rurales puedan cambiar esa realidad de pobreza en esas regiones, a menos que el Estado y su Gobierno se involucren en políticas de apoyo a los sectores poblacionales más empobrecidos.
Como ha escrito German Masís en SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-dgc): “En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020)”. Agregaría que es impostergable la revisión por parte del Gobierno de las políticas salariales en ese sector productivo y los derechos laborales.
Las zonas francas no son la solución, son parte del problema. La OCDE y el presidente Biden (que aclaro que NO son comunistas para orientación de algunos despistados) han recomendado la eliminación de las exoneraciones fiscales como método de atracción de inversiones. El camino, han dicho, es que esas empresas tributen. Pero aquí andamos por el camino inverso. Mientras el mundo viene, nosotros vamos.
Este martes 19 de abril a las 2:00 p.m. el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, realizará el conversatorio: “Plan de recuperación de territorios indígenas: ¿avances?, cuestionamientos y desafíos, 2016 -2026. Se contará con la participación de:
Líderes y lideresas indígenas: Doris Ríos, Clarita Quiel, Pablo Sibar, Lésner Figueroa, Aida Elizondo, de los territorios China Kichá, Térraba, Cabagra, Salitre y Guatuso.
Lic. Oscar Retana Montenegro, Consultor en Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
Msc. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Investigador CICDE-UNED
Msc. Luis Diego Aguilar Monge, Presidente Ejecutivo del INDER
Mag. Xinia Zúñiga Muñoz, Investigadora del CICDE-UNED
Eran los tiempos cuando Putin era recibido y hablaba ante el Parlamento alemán y hacía citas de Kant en un perfecto alemán y Merkel hablaba en Moscú en un perfecto ruso. Ambos coincidían en casi en todo, los gaseoductos, el comercio, menos en la aversión enfermiza de Merkel por los perros.
Putin era importante amigo de casi todos los líderes del mundo, protegido en sus políticas de privatización y explotación de los recursos naturales y fuente indispensable de materias primas de eso que llaman Occidente.
Confiesa el propio Putin que en la última visita del presidente Clinton a Moscú, entre en serio y en broma, le manifestó la posibilidad del ingreso de Rusia a la OTAN. Las relaciones entre Rusia y la OTAN eran cordiales, tenían un convenio entre ellos e incluso se constituyó el Consejo Rusia-OTAN. El asunto podía ir en esa dirección.
Sin embargo, las cosas después comenzaron a empeorar. Putin “descubrió” que había 25 millones de rusos regados por todo lo que había sido el territorio de la URSS y el campo socialista y que había que proteger y defender. Redujo a sangre el propósito de Chechenia, invadió Georgia para proteger a dos territorios y se anexó Crimea como si se trata de dar y quitar jocotes o guayabas. La OTAN por su parte bombardeó Kosovo de manera sangrienta violentando el derecho internacional y sus propios fundamentos.
El resultado de todo fue que las relaciones de Rusia y la OTAN se debilitaron. En ese periodo la OTAN se hizo el doble de grande ya que se adhirieron muchos nuevos países. Debería llamar a la reflexión que de los 30 países que hoy forman parte de ese Tratado, 14 son países exsoviéticos o que fueron parte del llamado campo socialista. ¿Por qué todos ellos corrieron a esconderse en el paraguas de la OTAN y no de Rusia?
Putin cumple 20 años en el poder, está a punto de romper la marca de Stalin. Convirtió a la Iglesia Ortodoxa en el fundamento ideológico de su régimen, persiguió a los homosexuales, prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminó a la oposición política, fortaleció su poder a base de un nacionalismo extremo.
La guerra en Ucrania está en una escalada muy peligrosa, incluso se plantea el uso de armas atómicas con carácter táctico. Los EEUU no tienen el menor interés en una salida negociada; probablemente presionen al gobierno de Ucrania para que no llegue a ningún compromiso. Mientras los muertos sean ucranianos y rusos, los EEUU pretenden alargar el conflicto, sabiendo de antemano que es imposible vencer militarmente a Rusia. Las conversaciones para un arreglo están cada vez más complicadas, a pesar de que ya Ucrania aceptó convertirse en un país neutral, pero no se sabe mediante qué condiciones.
A situaciones complejas, soluciones sencillas: lo propio es que Rusia ingrese a la OTAN.
Si en el pasado Putin lo consideró, tal vez ahora pueda volver sobre la idea. Ello le garantizaría a Rusia que un ataque a su país se tomaría como un ataque a todos los países miembros. Estaría garantizada su seguridad.
En América Latina también podría ampliarse el TIAR con EEUU, para, cuando este y otro país agreda o invada a otro, se tome como una agresión contra todos sus miembros.
Los llamados “sapiens” como que solo sabemos convivir en un contexto de fuerza, principalmente militar. La disuasión entre unos y otros parece solo posible mediante el equilibrio de fuerzas. Quizás la incorporación de Rusia a la OTAN salvaguarde la seguridad para todas las potencias.
Que esa idea es una locura… Probablemente. Pero así está el mundo.
Ponencia ante el Tribunal Internacional de Opinión*
Los hechos sucedieron el día 28 de marzo de 2.022
BREVE RECUENTO DE LOS HECHOS.
En el Departamento de Putumayo, su capital es Mocoa y su ciudad más poblada es Puerto Asís. Está ubicado al suroeste del país, en la región Amazónica, limitando al norte con Cauca y Caquetá, al este con Amazonas, al sur con Perú y Ecuador, y al oeste con Nariño. uno de los principales tributarios fluviales del río Amazonas: el río Putumayo. Los principales puertos sobre el río Putumayo son Puerto Asís y Puerto Leguizamo.
La comunidad de la vereda El Remanso, del municipio de Puerto Leguizamo, a orillas del caudaloso río Putumayo, que es tributario del río Amazonas; programó un bazar para recoger fondos para el mantenimiento de una vía terrestre y la compra de un motor para lancha, necesario para el trasporte de los habitantes. El campeonato de fútbol había iniciado dos semanas atrás y para la final habían invitado a la comunidad de las demás veredas. El volante de invitación decía: «El cabildo Alto Remanso tiene el gusto de invitarlos a un sensacional bazar que se llevará a cabo el sábado 26, domingo 27 y gran remate el lunes 28 de marzo, hora de inicio a las 10:00 AM».
En la invitación entregada al medio de emisoras se alcanza a leer «Habrá encuentro deportivos masculino y femenino valor puesto planilla equipo masculino 100.000 pesos. Valor puesto planilla equipo femenino 70.000 pesos. La premiación será de acuerdo a los equipos participantes».
El organizador del bazar lo fue el presidente de la Junta de Acción Comunal Divier Hernández, quien junto en colaboración con su esposa Ana María Sarria, se dedicaron a la venta de comida, para recolectar fondos. Se dispuso la venta de licor; se organizaron pelea de gallos y eventos deportivos en la cancha de fútbol con participación de tres equipos integrados por habitantes de Ecuador, Perú y Colombia. El acontecimiento contó con suficiente propaganda y divulgación, conociéndose en esa región los tales festejos, a llevarse a cabo durante los días señalados, de tal manera que el día 28 de marzo, muchos de los pobladores habían bailado hasta el amanecer y se preparaban paras pasar el río y así asistir al final del campeonato de fútbol.
El número de concurrentes, durante los tres días de jolgorio sobrepasaron las 500 personas. La vereda cuenta con polideportivo de cancha de basquet; cancha de fútbol, al otro lado del río; un escaso número de casas entre las que se encuentran un galpón, destinado a elaboración de alimentos; una casa de madera de dos pisos, destinado a bar y hospedaje, un área de espació amplio y libre, con piso de cemento y techo de hierro y láminas de zinc, habilitado como pista de baile y sitio con mesa y sillas. Destacaba la presencia del gobernador indígena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso, en Puerto Asís y también en Puerto Leguizamo, Pablo Panduro Coquinche, muy apreciado y querido en la comunidad por su comportamiento “recochero” en trato y confianza; quien se destacaba en su trabajo por revitalizar la lengua Kicwa y la re unificación del pueblo indígena Kicwa, en vía de desaparecer. Lo conocían como “Pantalón”. De él recuerdan y destacan, que era el médico tradicional de la comunidad, que enseñaba religión a los niños y que le gustaba el fútbol. A eso habría ido al bazar. Panduro participó en el campeonato de fútbol y se quedó tomando licor la noche del domingo 27, motivo por el cual amaneció recostado en una de las mesas, el día 28 de marzo, fecha de los funestos sucesos que nos ocupa relatar.
Ya aclarado el día, se escuchó un primer disparo que provenía de una de las casas al fondo del patio en techado y los habitantes de la vereda acostumbrados, se alertaron sobre que podía ser. Acto seguido aparecieron hombres armados, vestidos de negro, con gorros de lana disparando, observando que uno de los así uniformados, ingresó al galpón y desde una ventana abrió fuego contra los pobladores del lugar, que comenzaron a correr despavoridos y a esconderse. En tanto otro número de sujetos de negro, rodearon todo el caserío, tendidos en el suelo. Quien disparaba desde el galpón mantenía a raya a los asustados habitantes, acertando con sus disparos en la humanidad del gobernador indígena, quien había huido a esconderse en la base de una palmera. Cerca a unas piedras llegó a esconderse Ana María Sarria, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal, con deseos de socorrerlo, al enterarse que su esposo, Divier Hernández, se encontraba tirado en el suelo herido por las balas de los asaltantes, quienes gritaban “somos de la guerrilla”, ostentando melena y barba tupida, a la usanza de algunos guerrilleros del Frente 48 de las Farc. Una testigo que se encontraba parapetada, en el suelo y troncos, para protegerse de las balas, escuchó cuando Ana María gritó “me dieron”, relatando sobre el sufrimiento y los gritos de dolor de ella, pidiendo auxilio y que le ayudaran a llegar a donde estaba su esposo herido, tirado en el piso y sin signos de vida. Ana María, de 24 años, embarazada y madre de dos niños de poca edad, no fue atendida y murió sin poder llegar a socorrer a su esposo. Él recibió un disparo en la frente y ella, según fuentes forenses, murió desangrada por un tiro entre las piernas. La testigo relata que reptando fue saliendo del lugar, silbando las balas sobre su cabeza, hasta llegar al río, a donde se bota y casi se ahoga, debiendo despojarse de sus botas. Otro testigo narra que vio cuando el joven de 16 años Brayan Santiago Pama corrió a refugiarse a la casa de hospedaje, cayendo al recibir un disparo en la espalda. Otros dos civiles: Oscar Oliva Yela y José Antonio Peña Otaya, murieron a bala en el lugar de los hechos y sus cuerpos aparecieron en el cementerio de Puerto Asís; una estructura en construcción y que demuestra la manipulación de la escena del crimen. Se sabe de cuatro personas heridas, que fueron levantadas del lugar y transportadas en helicópteros del ejército a centros hospitalarios.
Los pobladores aseguran que los soldados llegaron vestidos de negro y con los rostros tapados y que antes de empezar a disparar encerraron a algunas mujeres en casas de madera. Las balas disparadas por los militares perforaron ventanas y las estructuras de las viviendas construidas en madera. Que una vez calmados los disparos que se sucedieron entre 6.45am a 7.20 am. Los militares arrancaron las cortinas rojas del bar y envolvieron los cadáveres que fueron recibidos por funerarias en el municipio de Puerto Asís. A otros cadáveres los envolvieron en bolsas plásticas blancas y llevados a un helicóptero, horas más tarde. Luego, sacaron a la comunidad y la concentraron sentada en la cancha por cuatro horas sin permitirles mirar hacia atrás. “Con esas armas nos apuntaban a todos nosotros”, dijeron.
Ese día tuvieron como a 60 personas retenidas en la plaza; entre ellos el señor Argemiro Hernández, padre de Divier, el presidente de la Junta de Acción Comunal. El relata que ante esa situación se reveló, gritándoles a los soldados: “maten me si me quieren matar’ pero tengo que ver a mi hijo”, levantándose y yendo al lugar. “Ahí lo vi con un disparo en la sien, lo abracé”, narró. La pareja dejó dos niños, de 2 y 6 años, hoy a cuidado de su abuelo paterno.
Un conocedor de la zona, Campo Elías de la Cruz, sacerdote en el Putumayo, reconstruyó con testigos los hechos en el que murieron violentamente 11 campesinos, que estaban desarmados. Que por lo menos seis de los muertos eran personas muy conocidas de la región, que no pertenecían a guerrilla alguna y cuatro resultaron con graves heridas. Cabe destacar que periodistas independientes de tres medios informativos acudieron al lugar de los hechos y con sus averiguaciones reconstruyeron los sucesos de la masacre en relato.
REPASO DE LO RELATADO
En aras de revisar lo dicho, para asegurar una visión correcta de los acontecimientos, resumamos que, en el operativo militar desarrollado, más de 50 efectivos del ejército intervienen en un bazar de la comunidad, irrumpiendo disfrazados, con abundante barba y haciéndose pasar por miembros de las guerrillas de la FARC, frente 48 o también conocidos como “Comando de Frontera”. El cura del Putumayo habla y afirma: “No era un campamento guerrillero, era un caserío repleto de campesinos”:
En la comunidad no niegan que en ese caserío permanentemente notan la presencia de al menos una persona armada; pero que eso no sucedió en los días del bazar y mucho menos el día del tiroteo. que así como hay armados, también se conocen los cultivadores de siembras de coca. Los asistentes al evento señalaron que el mismo, “se trató de un operativo altamente desproporcionado para el contexto en el que se dio (un bazar comunitario)” que fue, además, un falso positivo, La defensora de derechos humanos y directora Asociación Minga, de apellido Sánchez “Se trató de un falso positivo inocultable, pues los cuerpos de las 11 personas fueron manipulados y presentados a la opinión como criminales de disidencias de las FARC”. Se destaca que en modo alguno hubo combates ese 28 de marzo en el lugar de los hechos y que las fuerzas militares no precisan a que horas iniciaron el operativo; indicando unas veces que a las 6.30 am y en otras que a las 7.30 am. Un combate se predica con enfrentamientos en los que intervienen fuerzas militares de ambos lados. Se destaca que hasta las 2pm se hicieron presentes agentes de la Fiscalía y del CTI, resaltando la familiaridad y amiguismo que presentaron los de la fiscalía, saludándose de abrazo, con los miembros del ejército, que ya se habían colocado el uniforme camuflado, sobre el las sudaderas negras con las que incursionaron.
También denuncian el pasaje de un vídeo en que un funcionario del CTI se pone un casco y se muestra insensible ante las suplicas de una madre que implora le dejen ver el cadáver de su hija. Una cadena de sucesos desgarradores que plantean el interrogante del por qué un operativo sabiendo que en la escena había civiles, niños, embarazadas, adultos de la tercera edad. Existen pruebas de que el ejército manipuló cuerpos, cambiándolos de lugar, de sitios de ubicación; a unos colocándoles armas; a otros no; dejando muestras que los cuerpos inertes fueron arrastrados, para simular huellas de combates. Al menos unos de los cuerpos, el de menor de edad Brayan, fue movido en la escena en dos oportunidades. Todo esto lo niega el ejército. En sus versiones “Hay inconsistencias” falta de fundamento y coherencia Son una cantidad de evidencias que contradicen la postura oficial sobre estos hechos. Lo muertos son 11; los heridos 4 y el ejercito solo reporta 6 armas. No verificaron la prueba del guante para saber si habían disparado armas, los muertos…
Ese 28 de marzo era la final del Campeonato Tripartito (tres países: Ecuador, Perú, Colombia) del campeonato de fútbol, que se diputaría en la cancha situada a la otra orilla del río. Había movimiento de personas para alcanzar las lanchas con ese objetivo y el ejercito estimó que iban a partir del lugar o “huir” y arremetió, en esas horas de la mañana, iniciando el operativo macabro; a lo cual corresponde agregar la denuncia de ciudadanos ecuatorianos y peruanos, como desaparecidos…Existen versiones que muchos se lanzaron al río para salvarse.
Por todo ello es desafortunado, por decir lo menos, el tuit del presidente Duque que dizque “neutralizaron 11 integrantes de disidencias”. De la misma manera lo afirmado por el ministro Molano de ser una “operación legitima”; reiterada al cansancio por el general Zapateiro.
El diario El TIEMPO dialogó con varias personas en Putumayo, entre asistentes al bazar y familiares de los fallecidos, para conocer su versión de los hechos que varía radicalmente de la presentada por la institución castrense. Con relación a la presencia del jefe guerrillero ‘Bruno’, (Carlos Emilio Loaiza Quiñones) , coinciden en afirmar “que todos sabemos quién es él. No vamos a tapar el sol con un dedo”; mas son enfáticos en afirmar que en modo alguno estuvo presente el día del operativo militar. Esto descalifica la foto tomada por un Tap, presuntamente a Bruno, en el que aparece un hombre armado, con fusil terciado a la espalda y afirman se trata de él. En gracia de discusión, de aceptarse la veracidad de esa Tap tomada, hubo de ser en fecha anterior al día de los sucesos; de conformidad con la reiterada afirmación de los testigos, de no hallarse ese día en el lugar del operativo denunciado.
De antemano era de público conocimiento que se efectuaría un bazar o festejos en la vereda El Remanso. Por obligación social y de costumbre todos obligatoriamente colaboran. Al ocurrir el operativo la fuerza militar agresora no permitió socorrer a los heridos y al menos tres de ellos murieron suplicando ayuda. También se afirma que hubo acción de francotiradores; demostrándose que no hubo muertos en fuego cruzado.
De otro lado se denuncia la perdida de dinero y el robo de bienes por parte de miembros del ejército agresor. Se perdieron bienes y dinero producto de ganancias del bazar, que asciende a $10 millones, denunciando que entraron los militares al galpón y se llevaron ese dinero producto de las ventas del bazar. Que a un particular le robaron la suma de $36 millones, producto de la venta de una finca. Lo amenazaron, que por esa suma lo podían denunciar; que continuara, por tanto, caminando derecho y sin o volver la vista atrás y que al hacerlo, observó que ya los militares no estaban, ni tampoco el dinero. Al dueño del hotel y bar se le llevaron $5 millones y 8 cajas de whisky, despareciendo así 96 botellas de Buchana’s; perdiendo además $50 millones. De todos estos decomises el ejercito solo reportó 9 millones de pesos por lo que se tipifica el robo y delitos a la población civil. Además, los militares llegaron sin uniforme muchos de ellos barbados y gritaban que eran de la guerrilla…Solo después del control por las muertes se vistieron con el uniforme del ejército. Ante todo, ellos aseguran que eso es permitido en Colombia; lo cual es infundado.
DE LA ACUSACIÓN CONTRA EL ESTADO Y EL EJERCITO DE COLOMBIA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Violaciones al Nuevo Código Penal Militar, Ley 1407 de 2.010. Ley 5522 de 1999, relativo a Normas Rectoras de la Ley Penal Militar. Ley 1765 de 2.015, que reestructura la Justicia Penal y Militar. Violaciones al Código Penal colombiano. Desconocimiento de las Normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
De lo sucintamente relatado, puesto que existe innumerable material sobre las versiones y el desgastado argumento oficial de haber sido un operación militar lícita, se tipifican conductas penales, de violación de la nominativa penal militar, de afrenta al espíritu constitucional y de desconocimiento del Derecho Penal Humanitario, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el cuerpo normativo de vigencia internacional y consuetudinaria, en relación con el tema de los conflictos armados internos, en un Estado-Parte de la Comunidad Internacional.
El operativo militar, cual comportamiento de ejército invasor y violador, incurrió en Delitos Contra la Población Civil, al generar devastación contra las humildes edificaciones de vivienda en la vereda; practicar saqueo al apoderarse de bienes muebles, sin justa causa; al imponer requisitos al propietario de los $36 millones, incurriendo en Requisición arbitraria; delito de exacción, al abusar, obligando a personas de la población civil a entregar cualquier clase de bienes. Lo relacionado con el uso indebido de uniformes e insignias, está contemplado en delitos contra la seguridad de la fuerza pública, al no portar los uniformes camuflados de rigor y que no le corresponden, conforme lo previsto en la norma, a contrario sensu.
Como sustentaré mas adelante, las conductas delincuentes del ejército colombiano, en el caso del operativo en la vereda El Remanso, de Puerto Leguizamo, Putumayo, van en contrario a las finalidades del Derecho Internacional Humanitario, tanto en lo relacionado con la protección, vigencia, eficacia de tales cuerpos normativos y consuetudinarios; violando sus Principios esenciales como son: Principio de Limitación, Principio de Necesidad Militar, Principio de Humanidad, Principio de Distinción, Principio de Proporcionalidad y Principio de Protección al Medio Ambiente.
Corresponde contribuir a definir aquellas directrices universales, reconocidas por las naciones civilizadas obligatorias para los Estados en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 e inspiran un trato civilizado de los conflictos armados internos.
DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)
Principio de Necesidad Militar. El principio de necesidad militar está íntimamente relacionado con el objetivo primario del conflicto armado, cual es el sometimiento total del enemigo lo más pronto posible, con el mínimo de gasto de personal y recursos. En igual sentido destaca el artículo 23 del Anexo IV al Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 relativo a las Leyes y Costumbres de Guerra Terrestre, pues en su letra g) prohíbe destruir o tomar propiedades enemigas a menos que tales
destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra. Estos presupuestos los contempla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de 2002,
El Principio de Humanidad. Es aquel en virtud del cual toda persona que no participa o que ha dejado de participar, con las armas en la mano, en las hostilidades debe ser tratada humanamente y no puede ser objeto de atentado contra su vida. Esta cláusula conocida como Cláusula de MARTENS fue consagrada en el artículo 1.2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977 que prescribe que en los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.
Principio de La Doctrina de la Necesidad Militar. Indica además que el principio de humanidad, complementa y limita inherentemente la doctrina de la necesidad militar. Este principio prohíbe infligir sufrimiento, lesión o destrucción que no sean actualmente necesarios, es decir, proporcionados para la realización de propósitos militares legítimos (subrayo). Así lo consagra el Convenio de Ginebra.
Principio de Distinción. En virtud de este principio existe el deber de distinguir entre las personas que participan en las hostilidades- esto es, los combatientes- y las personas civiles -no combatientes- y, a la vez, entre los bienes u objetivos civiles y objetivos militares; con la precisa finalidad que sólo los combatientes y objetivos militares sean objeto de ataque. Este principio fue recogido en el artículo 48 del Protocolo Adicional I y en el artículo 13 del Protocolo Adicional II. En efecto, el artículo 48 del Protocolo I ubicado en la Sección I relativa a la Protección General contra los efectos de las hostilidades que prescribe que a fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes diferenciando entre bienes de carácter civil y objetivos militares; de tal manera que las operaciones se dirigirían únicamente contra objetivos militares. (Artículo 13.1, del Protocolo Adicional II relativo a la Protección de la Población Civil, Capítulo IV; el artículo 52 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra). En el caso que nos ocupa está claro que no existe duda alguna sobre el carácter prioritario de los bienes en uso, bajo este principio.
El Principio de Proporcionalidad. Sostiene que la acción militar es proporcional en la medida que el ataque a un objetivo militar ocasione bajas y daños civiles que no son excesivos en comparación al resultado global. Exige, por consiguiente, que los medios de combate resulten razonables, proporcionados y ajustados a la ventaja militar directa y concreta que se pretende obtener, incluyendo la prohibición de causar daños incidentales contra la población o bienes civiles, excluyendo toda forma de violencia excesiva o que no resulte indispensable para debilitar al adversario. Un blanco militar no necesariamente implica una licencia ilimitada para atacarlo. En el caso que nos ocupa, sobre los bienes que los militares se robaron, no existen presupuesto para aplicar el principio de proporcionalidad, pues a todas luces se trata de bienes de civiles y sin lugar a dudas, ni presunción alguna. Este principio de distinción prohíbe, entre otras cosas, el lanzamiento de ataques contra la población civil u objetivos civiles y exige que las partes en un conflicto armado distingan en todo momento entre los miembros de una población civil y las personas que forman parte activa de las hostilidades o entre objetivos civiles y militares, y dirijan sus ataques sólo contra las personas que participan activamente en las hostilidades y otros objetivos legítimos, previniendo daños, muertos, heridos.
Principio de Protección al Medio Ambiente. Propugna y tiende, a que en todo combate se garantice su protección; a no utilizar técnicas de modificación ambiental que traigan efectos devastadores, permanentes, para alcanzar objetivos militares.
SOBRE EL TEMA DEL TERRORISMO DE E STADO.
Tema difícil para abordar tanto por el espectro globalizado de un entarimado dispuesto a aplicar una solución salomónica difícil de acolitar en el consenso de múltiples implicados e interesados. El indiscutible efecto de inseguridad colectiva que genera su accionar; lo cual implica la distinción del bien jurídico tutelado, que primordialmente será el Derecho Internacional Humanitario (DIH); sin descartar la contradicción o rechazo a medios o métodos ilegales, por el carácter de delito pluriofensivo “ya que la acción del autor ofende a la vez mas de un bien jurídico”.
En el entorno diagnosticado de la situación colombiana, corresponde delicada disección ante conductas punibles como la de los delitos de rebelión, sedición y asonada y el tema de sus conexidades. Aquí prima la óptica socio jurídico y política, bajo el predominio de un conflicto interno armado, desde lo militar, político, económico, social, ecológico. En esto la doctrina jurídica nacional e internacional aporta en la diferencia entre el concierto para delinquir y la coautoría en delitos de terrorismo, salvando el principio universal del non bis in ídem, consistente en que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Presupone que la acción ilícita del comportamiento de fuerza militar, asimila a asociación para derrelinquir.
DEL DELITO DE TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.
LEY 599 DE 2000 (julio 24) por la cual se expide el Código Penal. El Congreso de Colombia. TITULO XII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA CAPITULO PRIMERO. Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación. Artículo 343. Terrorismo. “El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, …”
El artículo 344 (ibidem) contempla las circunstancias de agravación punitiva. Entre ellas: 4. El autor o partícipe sea miembro de la Fuerza Pública o de organismo de seguridad del Estado.
El mismo artículo 343 tipifica el delito de terrorismo y sus conexos más habituales como son: el concierto para delinquir y la instigación a cometer delitos de terrorismo, etc. Al estudiar ese tipo penal radican el bien jurídico tutelado o protegido en la seguridad pública; destacándose el derecho objetivo de los colombianos “a no ser víctimas de actos potencialmente capaces de ocasionar intranquilidad colectiva”. A ese aspecto de Seguridad publica atina el desarrollo de la gobernabilidad, la no implementación de métodos y medios de guerra ilícitos (el genocidio, la selección sistemática de asesinato de líderes sociales); destrucción y apropiación de bienes, para aludir a la utilización de métodos ilegales (falsos positivos) por parte del Estado. Destacándose que no es por el accionar de delincuentes( en asociación para delinquir) , sino que abarca formas -no tan indirectas con la utilización de la seguridad pública – de mantenimiento y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos , en el conflicto armado interno, con miras a que por ningún motivo haya justificación moral a la violencia en nombre de la seguridad pública; justificándose esa violencia institucional dizque en mandatos de monopolio de la fuerza pública (caso ESMAD) justificando la criminalidad perpetrada por ella.
Corresponde bajo la visión de juristas abarcar una comprensión justada a la realidad del contenido del Código Penal colombiano y de su artículo 343 bajo la premisa del “concierto para delinquir”.
Artículo 144. Actos de terrorismo. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. Este articulo hace alusión a la ausencia del elemento subjetivo. Por ende, en estricto sentido, se haría atípica la conducta terrorista. Se trata de un sujeto activo indeterminado. Los daños colaterales por estado de zozobra no son cuantificables, determinables, identificables in genere. Por asimilación doctrinaria al aludir a terrorismo tipificamos los que van contra las personas, contra el DIH, todas dentro de las infracciones, atinentes al Derecho Internacional de los Conflictos Armados.
Artículo 145. Actos de barbarie. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos y sancionados con pena mayor, realice actos de no dar cuartel, atacar a persona fuera de combate, de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales ratificados por Colombia incurrirá…
Por mandato del artículo 214 de la Constitución Política del 91, en Colombia se castigan las acciones de sujetos tipificadas en las normas anteriormente analizadas. “En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario.”
DEL APORTE JURISPRUDENCIAL EN COLOMBIA. Resumiríamos: Por su parte la Corte Constitucional considera que: «el “terrorismo” es un delito dinámico y se diferencia por tanto de los demás tipos. Como conducta responde a unas características diferentes de cualquier tipo penal, por lo siguiente: Primero, es pluriofensivo pues afecta o puede llegar a afectar varios bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal. Segundo, obedece a organizaciones delincuenciales sofisticadas. Tercero, el terrorista demuestra con su actitud una insensibilidad frente a los valores superiores de la Constitución Política, que son un mínimo ético, al atentar indiscriminadamente contra la vida y dignidad de las personas» (Corte Constitucional, 1993).
«El acto terrorista puede ser realizado con dolo indirecto o eventual y éste se deduce del medio utilizado, del lugar en que se ejecuta el hecho y de la indiferencia del autor, no obstante, que es claro, ostensible y evidente que con esa conducta se generará una situación de terror, zozobra y alarma colectiva» (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 1994).
La Sentencia CC574 de 1994 «Las reglas del Derecho Internacional Humanitario son hoy – por voluntad expresa del Constituyente – normas obligatorias per se sin ratificación alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria. Y lo son “en todo caso” como lo señala significativamente la propia Carta» (Corte Constitucional, 1994). Derivada de esa cobertura Constitucional y legal se hace efectiva su aplicación, en vista de asegurar la protección de aquellos comportamientos que se realizan “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado” sobre las personas y los bienes protegidos por el DIH.
Para no incurrir en conceptualizar lo de las personas protegidas en desarrollo del conflicto interno armado (artículo 135 código penal), son ellas las que de conformidad con el DIH se establecen como: – integrantes de la población civil. – Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa. – Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate. – El personal sanitario o religioso. – Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados. – Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga. – Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados. – Cualquier otra persona que tenga tal condición en virtud de los Convenios I. II. III y IV de Ginebra 1949 y los Protocolos adicionales I y II de 1977 y cuantos se hayan ratificado desde entonces.
Según el protocolo I de los Convenios de Ginebra se define como población civil las personas que no pertenecen a ninguna de las categorías de combatientes y que no participan en hostilidades. Ya que puede suceder que el acto de terrorismo no sea contra persona o bien protegida por el DIH, sino que sea contra un objetivo militar, o no se esté en medio del conflicto armado, en ese evento, el artículo 343 del código penal tipifica “el estado de zozobra”, avalándose la tipificación de la normativa internacional, como lo hemos estado esbozando.
Los artículos 48,50 y 52 del Protocolo en cita expresan el principio de distinción entre persona civil y militar. El artículo 43. Fuerzas Armadas. 1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas (subrayo), grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.
2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.
3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto
CITAS. Reglas de la Guerra o Derecho de Guerra. Rama del derecho que define las prácticas aceptables mientras se está en guerra. Sus disposiciones se aplican a todas las partes en conflicto, independientemente de los motivos del conflicto y de la justicia de la causa.
Artículo 6 de los Convenios I, II y III y el 7 del IV Convenio de Ginebra de 1949.
SE REQUIERE UN ALTO NIVEL DE COMPRENSIÓN O DEL SABER.
Al explorar la Verdad corresponde distinguir:
Verdad demostrativa, alude a la verificación de un hecho. Aplica a la efectividad de todos los medios de prueba. La verdad demostrativa y la verdad de los escritos o afirmado no pueden estar en conflicto. Opera en el administrador de justicia que influye más, si lo deductivo o lo inductivo.
La Verdad retórica, utiliza los sofismas para la obtención del convencimiento y por imposición del argumento y en esto sacrifica hasta el mismo argumento para lograr el convencimiento. Dice probar; pero se ocultan o ignoran aquellas evidencias que resultan evidentes; pero invalidan. Resulta una falacia conocida como la verdad a medias.
La falacia de la verdad a medias o medias verdades. Conlleva lo engañoso o falso, para hacerlo creíble. Aportando argumentos confluyen a una conclusión; pero ocultan o ignoran evidencias que al salir a flote resultan negativas o invalidan lo alegado o presuntamente probado.
La Parresia griega, que aparece con Eurípides, consistente en que se puede decir todo; hablar con atrevimiento, libremente. Inclusive so perjuicio de sacrificar la autonomía individual. Alude a franqueza, valentía. Libertad confiada. Semeja a lo locuaz, audaz.
PLANTEAMIENTO DEL CARGO DE ACUSACIÓN.
Con la observación procedimental de investigación prevista para el funcionamiento del presente Tribunal Internacional de Opinión- TRINO; en Función de Fiscal y como representante del ministerio público en este Tribunal, opto por el impulso de la persecución penal contra el Estado colombiano y en correlación contra el ejército de Colombia, como integrante de las Fuerzas Armadas. En tal sentido LO ACUSO de crimen de lesa humanidad; de violación a los Principios del Derecho Internacional Humanitario; violación a la legislación vernácula colombiana y a su Constitución Política, por los actos ilícitos que origino en el procedimiento militar ocurrido en la Vereda El Remanso, Municipio de Puerto Leguizamo, Departamento de Putumayo, de la República de Colombia.
CARLOS MENESES REYES
Tarjeta Profesional de Abogado colombiano 14690.
Tarjeta de Abogado costarricense carné número 9856.
Santa Fe de Bogotá. DC, 13 de abril de 2022
* Tribunal Internacional de Opinión (TRINO) en la sesión del día 13 de abril de 2022, convocado por distintas agrupaciones comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos, Juntas Comunales y organizaciones de la sociedad civil de distinto origen, recibió testimonios verbales, documentales y visuales verídicos que fundamentan la información vinculada a la masacre perpetrada en el Alto Remanso, Puerto Leguizamo, Putumayo, Territorio Amazónico, de la cual conocemos 11 víctimas asesinadas, 4 heridos y un número incierto de desaparecidos.
