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Autor: Hector Ferlini Salazar

Día Mundial contra el Cáncer

José Luis Pacheco Murillo

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia (cáncer en la sangre). Si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo diseminándose a otros órganos y tejidos.

Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año.

Con estas cifras, es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra familia tengan cáncer en algún momento de sus vidas. Por eso se trata de una cuestión que nos afecta a todos.

Lo que resulta preocupante es que a pesar del avance de la ciencia y de la tecnología no se haya descubierto una solución para prevenir el cáncer o para que su cura sea pronta y no cause tantos estragos en los seres humanos.

Hay quienes juzgan que el cáncer se ha convertido, como muchas otras enfermedades, en un negocio para las farmacéuticas y para muchas clínicas médicas y que por eso mejor que no haya la solución que todos deseamos y esperamos.

Sería un acto inhumano el tener conocimiento de cómo acabar con el cáncer y no divulgarlo tan solo por hacer dinero y más dinero.

Se sabe que se puede prevenir con actitud y una buena alimentación además de ejercicio. Pero sobre todo con el optimismo con el que enfrentamos la vida. Además, con un diagnóstico temprano también es posible su remisión y cura.

Dios quiera que pronto se pueda divulgar los adelantos en materia de estudios para atacar el cáncer en todas sus manifestaciones.

Invitan a concentración en solidaridad con el pueblo peruano y contra el gobierno golpista

SURCOS comparte el siguiente llamado:

Les invitamos a participar este lunes 6 a las 2 pm.

El 7 de diciembre, 2022 el presidente de Perú Pedro Castillo -maestro e hijo del campesinado y elegido por voto popular- sufre un golpe de Estado. A partir de ese día, el gobierno encabezado por Dina Boluarte desata una ola creciente de represión y muerte, en especial, contra estudiantes, campesinado y pueblos indígenas, quienes se manifiestan en contra de dicho golpe y la imposición de un gobierno represor y criminal.

La lucha en defensa de los Derechos Humanos NO TIENE FRONTERAS. Por eso, el MTC se ha unido a diversas ¡ornadas que ha impulsado el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

Juzgado rechaza demandas agrarias contra familias Cabécares recuperadoras de Kono Jú y Kelpegö

Comunicado

Viernes 3 de febrero de 2023. El Juzgado Civil, Trabajo y Familia (materia Agraria) rechazó las demandas ordinarias agrarias interpuestas por Alfonso Gerardo Naranjo Mena y Hacienda La China RYL S.A contra las familias recuperadoras de Kelpegö y Kono Jú respectivamente.

En resolución N. 2023000005 del 27 de enero de 2023 (Exp. 18-000089-1129-AG-1) el Juzgado mencionado resolvió “Se declara que la finca…está dentro del territorio indígena de China Kichá. En ese tanto, por no ser persona indígena cabécar el Señor Naranjo Mena no puede ostentar derecho de propiedad o posesión en este inmueble dada la protección especial que tienen las comunidades indígenas en su derecho a la tierra”.

Y en el Por Tanto indica el ente juzgador: «Se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva que interponen los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria agraria de Alfonso Naranjo Mena contra ADITI China Kichá y otros».

Este terreno fue adquirido por Naranjo Mena mediante compra – venta en el 2007 y fue el primer terreno recuperado por familias del Pueblo Cabécar de China Kichá el 14 de setiembre de 2018, iniciándose así, el proceso de recuperación y liberación del territorio que se encontraba ocupado ilegalmente por personas y empresas en un 98%.

El 1 de febrero anterior, el mismo ente jurisdiccional emitió la resolución N. 2023000006 (Exp. 19-000033-1555-AG-0) que en su parte dispositiva dispone “se declara que la finca…está dentro del territorio indígena de China Kichá. Se acogen las defensas de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por los demandados. En consecuencia, se declara sin lugar en todos los extremos la demanda ordinaria agraria de Hacienda La China RYL S.A.”.

Kono Jú fue recuperado el 25 de mayo de 2019 por familias del Pueblo Cabécar y se encontraba ocupada ilegalmente por Ángel Marín Espinoza por medio de la empresa Hacienda La China RYL S.A quien había adquirido el terreno en el 2006 por medio de compra y venta.

Dentro de lo acreditado por el Juzgado en el caso de Kono Jú “se considera que Hacienda la China RYL S.A no tiene legitimación activa por que el ordenamiento jurídico le niega la posibilidad de poder ostentar derecho de propiedad o de posesión sobre el territorio indígena mientras no tenga la condición de persona indígena cabécar de China Kichá”.

En el mismo sentido indica la resolución “Así las cosas, no pueden comportarse como dueño la actora ni puede el ordenamiento jurídico darle ese reconocimiento para reivindicar cuando el mismo bloque jurídico prohíbe posesión en esas tierras”.

Ambas resoluciones fueran emitidas por el Juez Jean Carlos Céspedes Mora, quien ha dictado 6 resoluciones contra familias recuperadoras de los Pueblos Bribri, Naso Brörán y Cabécar; contra las mismas familias de Kono Jú había ordenado su desalojo como medida cautelar en marzo de 2020, medida que modificó en junio de 2021.

Las familias recuperadoras celebran estas sentencias y esperan que el citado Juez y demás entes jurisdiccionales resuelva los casos que conoce con respecto a los Territorios Indígenas de acuerdo a la historia, culturas, cosmovisiones y derecho propio de los Pueblos Originarios, conforme al bloque de constitucionalidad, los Derechos Humanos de estos Pueblos y al fallo de la Sala Constitucional No 2022024725 del 19 de octubre de 2022 que declara absolutamente nulas las compra-ventas de tierras indígenas realizadas por personas no indígenas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Indígena 6172 de 1977 y de acuerdo a un necesario pluralismo jurídico existente pero que no ha querido ser aplicado por el Estado de Costa Rica en este tema.

Estas resoluciones refuerzan los procesos de recuperación de sus Tierras – Territorios que realizan los Pueblos Originarios en el ejercicio de su derecho colectivo a la tierra.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Analizarán logros del Comité Cívico de Limón

Convocatoria

Se convoca a todos los exmuelleros y a la sociedad civil en general, a una reunión este viernes 3 de febrero en el Gimnasio Eddy Bermúdez, a partir de las 10am.

Se analizarán los resultados de la agenda del Comité Cívico, así como acciones de lucha a seguir.

No falten el futuro lo forjamos juntos.

Convoca Bloque Cívico del Cantón Central de Limón.

Información compartida con SURCOS por María Miranda.

Cosas raras

Oscar Madrigal

La política es como un iceberg, solo alcanzamos a ver una pequeña parte. El resto se encuentra sumergida y hay que bucear para apreciarla. En la política también hay que “bucear” para intentar conocer qué fuerzas o intereses se mueven detrás o por debajo de determinadas acciones que se hacen públicas.

De ahí la importancia de hacerse preguntas o simplemente no tragarse los acontecimientos como los presentan. O tal vez sirva solamente para explicitar la duda.

1-. Mayulí Ortega es una señora que tenía 30 años de vivir en Méjico donde se ligó con personas y grupos de dudosa reputación, incluso algunos que están actualmente encarcelados. Fraudulentamente quiso elegirse usando documentación falsa en alguno de los estados mejicanos con mayor influencia del narcotráfico. Esta señora, ausente del país por 3 décadas, aparece hoy como la presidenta de un partido político que promueve la figura de Rodrigo Chaves y ocupa un puesto de confianza en casa presidencial muy ligado al Presidente Chaves. No tiene ningún atestado político nacional, ni experiencia en el país que la haga acreedora de tal confianza. ¿Qué fuerzas se ocultan detrás de Mayulí? ¿Cómo adquirió esa influencia política? El proyecto político de Chaves y su grupo, evidentemente, se proyecta para las próximas elecciones municipales y a una eventual continuidad en el gobierno en el 26, con un partido político de su dominio total y con fuentes importantes de financiación.

2-. Es evidente que la Ministra de Salud, Joselyn Chacón, no tiene las competencias o pericias suficientes para gestionar y dirigir uno de los ministerios más importantes, especialmente en momentos de pandemia y postpandemia. Además, su dominio y relación con la ciudadanía ha sido desacertada, solo comparada con su prepotencia y seguridad en sí misma. Contra y viento y marea se mantiene en el cargo. ¿Por qué? No me refiero, por supuesto, a ninguna cosa morbosa o malsana.

3-. El ministro de Hacienda investiga, según sus palabras, denuncias anónimas de fraudes fiscales. El llamado megacaso y otros surgen porque alguien denunció la sinvergüenzada. Eso significa que, por trabajo propio, que corresponda exclusivamente a Tributación, no se le ha llegado a ningún fraude fiscal. ¿Cómo es esto posible? Entonces, ¿qué hacen los auditores e inspectores de Hacienda y Tributación? Perfectamente se podría concluir o que en Costa Rica no hay evasión fiscal o Hacienda no está haciendo su trabajo, o lo que sería peor aún, se hacen de la vista gorda.

4-. El gobierno de Chaves claramente cambió la forma tradicional de gobernar, asemejándose mucho a los gobiernos de extrema derecha de Trump, Bukele o Bolsonaro. Entre algunas características que se pueden apreciar están las de considerar que el que no está conmigo es mi enemigo, el abuso de su mayoría transitoria, el avasallante papel del “líder”, la deformación de las instituciones y de algunas características del régimen republicano, el ataque a la prensa, el peso de la religión, el propósito de un gobierno eficiente y de orden más que de prosperidad y democracia. La denuncia del ministro Nogui resultó un fiasco, pero terminó con la sustitución de la fiscala del caso y ella en la Inspección Judicial, por ejemplo. Este asunto pone de manifiesto que se aplicaron acciones gubernamentales como tomadas de un Manual, mismas que usa la extrema derecha o el llamado populismo de derecha en todo el mundo. ¿Quién o quiénes están detrás, dirigiendo toda esta metodología y formas de acción? Porque esto no sale de la cabeza de algún abogado penalista o funcionario presidencial.

Como decía un amigo, hay que afinar el lápiz y también el cerebro.

Dos “magníficas” noticias económicas

Luis Paulino Vargas Solís

Nos anticipa el Banco Central que, al concluir este año, la inflación habrá caído por debajo del 4%, pero, además, nos confirma tan importante entidad pública, que el año pasado se registró un “superávit primario” en las cuentas del gobierno.

Son grandes nuevas, ¿cierto? La verdad, tengo mis dudas.

Empecemos por el segundo aspecto mencionado. Aclaremos, primero, una cosa: decir que hay “superávit primario” no equivale a decir que hay “superávit fiscal”. El “superávit primario” se da si los ingresos exceden de los gastos, pero sin incluir en esos gastos los intereses de la deuda pública. Aunque esto aparenta ser un detalle técnico, en realidad es una burda estratagema ideológica, cuyo propósito es enfocar los recortes y tijeretazos en “todo lo demás”, excepto los pagos por intereses.

Posteriormente sí se consideran los intereses. Volvemos, entonces, a hacer la resta: ingresos menos gastos, pero, ahora sí, incluimos los intereses. Sucede, entonces, que el “superávit primario” se transfigura en “déficit fiscal” (o “déficit financiero”, como le llaman también). Los intereses son los que se encargan de hacer que los números positivos pasen a ser negativos.

Pero aquí lo relevante es que los pagos por intereses son sagrados e intocables. El “dios mercado” decide las tasas de interés, y estas deciden cuánto deba pagarse. Nada más se diga al respecto. Recordemos que ya de previo los machetazos habían caído sobre “todo lo demás”. Algunos ejemplos de “todo lo demás” son: becas estudiantiles, comedores escolares, servicio 911, vivienda popular, albergues infantiles, hogares para personas mayores, instalaciones educativas, etc. etc.

O sea: cuando alguien celebra el tal “superávit primario”, lo que está celebrando es esa salvaje operación de recorte.

Y en cuanto a la inflación: siempre fue clarísimo que el origen de esta era externo, o sea, que era una inflación importada. Por ello mismo, siempre fue clarísimo que, en cuanto la inflación internacional empezara a ceder, también cedería en Costa Rica. Exactamente eso es lo que estamos observando.

Pero lo absurdo de esto es que el Banco Central nos ha sometido a una innecesaria, y perfectamente prescindible, dieta de latigazos, al forzar a una grosera alza de las tasas de interés, lo que, en este contexto, equivale a castigar a Pedrito, por travesuras que hizo Juancito.

Queda claro lo que es bueno para el Banco Central, es dañino para la gente.

Obligación ética y ambiental de Costa Rica de ratificar el Acuerdo de Escazú

Consideramos:

1) La extrema gravedad de la crisis ambiental que hoy la humanidad enfrenta, la cual se manifiesta tanto en el cambio climático, con todas las devastaciones que éste acarrea, como en la extinción masiva de especies animales y vegetales. Obliga invocar el derecho constitucional de un Estado Participativo, como lo establece nuestra constitución política en la gran reforma del 2003, en su Artículo 9.

2) Estamos ante una crisis socio ambiental civilizatoria multidimensional provocada por modelos de desarrollo y estilos de vida que amenazan la base natural, por consiguiente, afectan los factores de producción y las relaciones sociales. El creciente deterioro ambiental ha generado un desequilibrio que repercute en el surgimiento de pandemias, desastres antrópicos con efectos naturales y humanos que ponen en riesgo la vida en la Tierra.

3) Con el amparo de la Constitución Política de la República de Costa Rica toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (Artículo 50). El ambiente y la ecología del país deben primar sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales y de los denominados comunes globales de la tierra, aguas y el aire, en todo el territorio nacional incluido el territorio marítimo.

4) La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Artículo 6) le delega al Estado el fomento de la participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y en la protección del ambiente.

5) Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el fruto de una iniciativa que surgió originalmente durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en junio de 2012. Fue impulsado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), y cristalizó después de un proceso de diálogo y negociación entre los países latinoamericanos, el cual fue liderado por nuestro país en conjunto con Chile.

6) Que el acuerdo ha sido firmado por 24 países, incluida Costa Rica, pero paradójicamente y contradictoriamente nuestro país no forma parte del grupo de 14 países que ya lo ratificaron.

7) El Acuerdo de Escazú tiene como objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, lo cual es congruente con la normativa nacional e ideales de sostenibilidad socioambiental y defensa de los derechos humanos.

8) Que hoy es urgente democratizar la información sobre temas ambientales, propiciar la más amplia educación ciudadana sobre esos asuntos, garantizar mecanismos confiables y transparentes en materia de justicia ambiental, y proteger la vida, y la integridad física y emocional, de quienes se organizan y se expresan a favor del medio ambiente y la naturaleza y por los derechos de la población a un ambiente limpio y saludable, teniendo presente que sus vidas enfrentan múltiples amenazas.

9) Que todas los anteriormente citados son objetivos que animan este Acuerdo de Escazú.

10) Que Costa Rica ha ganado prestigio internacional como un país verde, comprometido con el cuido del medio ambiente y la convivencia respetuosa y equilibrada con la naturaleza.

Por lo tanto, expresamos:

  1. Formular una respetuosa y muy vehemente excitativa a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que, a la mayor brevedad posible, ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en bien de nuestra imagen internacional como país comprometido con la naturaleza, y a fin de introducir mejores dispositivos institucionales y regulatorios, que protejan la naturaleza y la vida.
  2. Dar seguimiento a la presente petición para una oportuna respuesta, coordinando con el movimiento social nacional e internacional, sean organizaciones gremiales, ecologistas, comunales, ONGs y autoridades académicas, con el fin, de ser necesario, poder concretar diferentes acciones en caso de una respuesta negativa.
  3. Publicar este manifiesto por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación masiva.

   San José, Costa Rica, 30 de enero del 2023.

Mujeres por Costa Rica suscribe llamado para mantener en corriente legislativa el proyecto Acuerdo de Escazú

El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.

Lunes 30 de enero de 2023

Señoras/es diputadas/os

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.

Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.

Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.

Como es sabido por ustedes,

En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante   participación de la sociedad civil.

En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.

Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.

En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.

Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:

Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.

Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.

Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.

Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).

Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.

Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.

Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.

Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.

Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:

Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.

Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.

Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.

Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.