Arabella Salaverry, escritora, actriz y gestora cultural costarricense estará firmando sus libros a quienes así lo soliciten este sábado en la Feria Internacional del Libro. Los detalles en el afiche:
José Luis Pacheco Murillo
Seguimos observando acontecimientos que no concuerdan con lo que se supone es la inteligencia humana y los adelantos tecnológicos que se tienen en este ya avanzado siglo XXI.
– Han pasado seis meses de una guerra de la que no se tiene cifras de la cantidad de muertos, de la cantidad de desplazados y de la cantidad de destrucción que ha dejado. Seis meses de barbarie y de absurdo enfrentamiento, sin hacer esfuerzos para acabar con eso. Al parecer se sienten a gusto los países involucrados y como que se acostumbraron los demás países de tener esa masacre activa y engrandeciéndose. Una guerra de dos en la que intervienen muchos otros países aportando material bélico, pero sin poner muertos, es decir, “tomen, síganse matando, nosotros los vemos como lo hacen”. Eso deja mucho qué pensar sobre la inteligencia humana.
– Todo el mundo sabe que lo más beneficioso para la humanidad es dejar de depender de los hidrocarburos. Sin embargo, cada día se llevan a cabo actividades que dicen lo contrario. La fabricación de vehículos de todo tipo que requieren de esos combustibles no cesa de crecer en comparación con los vehículos cuya movilidad no dependen de esos hidrocarburos. Un contrasentido, pues a estas alturas, en el mundo deberíamos estar libres de la contaminación por esos vehículos y tener mayor accesibilidad a los vehículos eléctricos, pero los intereses económicos siguen prevaleciendo.
– No se logra entender cómo a estas alturas del desarrollo humano tengamos que lidiar con una atención en el área de la salud que está cargada de corrupción y de atrasos en la atención de los que requieren de servicios médicos. Filas interminables para una atención de pocos minutos y tratamientos llenos de elementos químicos que a veces afectan más que la misma enfermedad. La falta de educación sobre alimentación y salud nos tiene enfermos pudiendo evitarse muchos de los padecimientos que tenemos.
Dios quiera que la humanidad vaya más hacia el humanismo y el desarrollo adecuado a mejor calidad de vida y a logros mucho más cercanos a la paz que a la estupidez de una guerra. Ya basta de comportarnos como cavernícolas en el siglo de mayor desarrollo humano y tecnológico.
Jiddu Rojas Jiménez
El 27 de Agosto de 1943 es aprobado en la Asamblea Legislativa (Congreso) el Código de Trabajo, –que tras acaloradas discusiones desde su presentación en Junio–, entrará en vigencia a partir del 15 de Setiembre de 1943.
Hoy como ayer los argumentos «apocalípticos» de la derecha y del gran capital vaticinaban desastres económicos, por estas medidas sociales progresistas. El resultado, obviamente, fue el opuesto.
Curiosamente la fecha coincidía con el Natalicio de Manuel Mora Valverde (27 de agosto). Extraño homenaje, al parecer, de parte del Presidente de turno, Dr. Rafael Ángel Calderón y del Oficialismo (y de su concepción política caudillista), para con el líder y fundador del Partido Comunista de Costa Rica (luego Vanguardia Popular), y entonces Diputado: Lic. Manuel Mora Valverde.
¡Qué mejor forma que celebrar el cumpleaños de Manuel Mora Valverde, que rescatando su memoria histórica y su legado político democrático, auténticamente patriótico, socialista, y verdaderamente humanista!
Para nadie es un secreto, las repercusiones y la trascendencia, de esta maravillosa gesta democrática, que consolida el Capítulo de las Garantías Sociales y el comienzo del Estado Social de Derecho. Y por lo tanto, la calidad de vida del pueblo costarricense.
Justo también es reconocer que el apoyo público al proyecto del Arzobispo Católico, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, fue estratégico. Y por eso encabeza también el desfile popular.
Monseñor Sanabria (1898-1952) fue un sacerdote culto, gran historiador, y además un clérigo sinceramente comprometido con las causas justas y la justicia social.
Una verdadera excepción en un clero conservador, reaccionario y anticomunista, –propio de un Vaticano cercado por Mussolini y el Fascismo italiano–; un personaje singular y adelantado para la Jerarquía de su Iglesia.
Hay sin más, que reconocer que su labor política, fue indispensable para legitimar la aprobación del Código de Trabajo y de las Garantías Sociales, sobre todo frente al Oficialismo y al pueblo costarricense mayoritariamente prejuiciado y muy religioso.
La histórica amistad y empatía de Monseñor Sanabria, –así como su solidaridad efectiva para con Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra (Isabel Carvajal) y para con otros compañeros del PVP histórico–, se mantuvo aún después de la persecución e injusta ilegalización, del Partido Comunista después de la Guerra Civil de 1948.
Lo mismo ocurrió con el discreto, pero patriótico y valiente, contacto personal, entre Manuel Mora Valverde y el líder opositor José Figueres Ferrer. Fortalecido después por el Pacto de Ochomogo (1948), que permitió profundizar las conquistas sociales y el desarrollo posterior del Estado Social de Derecho con la Segunda República (1949).
La foto corresponde a la vez, a una foto de celular (o sea mal tomada) de una de las fotografías originales, propiedad de Manuel Mora Valverde (1909-1943) y luego de su hijo, el Compañero, Manuel Mora Salas. La foto original corresponde al histórico desfile nacional de Celebración, por la entrada en vigencia del Código de Trabajo, el 15 de Setiembre del mismo 1943.
Aparecen en primer plano del desfile, Manuel Mora Valverde, Calderón Guardia y Monseñor Sanabria.
En la esquina de la foto original, se observa la caligrafía de Don Manuel Mora Valverde, marcando la histórica fecha.
Nota histórica previa: El 2 de Junio de 1943 el Congreso aprobó el histórico Capítulo de Garantías Sociales…
Gracias Manuel Mora Valverde y gracias a sus compañeras y compañeros de lucha. ¿Es acaso momento de un nuevo pacto social y popular?
Foto histórica: Desfile del Pacto social de 1943 por la firma del Código de Trabajo. Manuel Mora Valverde (PVP- histórico) con 34 años, Monseñor Sanabria, y Presidente Calderón Guardia… todos Beneméritos de la Patria.
¿Pero qué hay de diferente?
Nota: Ojo al detalle de esta foto. Véase la fecha en la esquina superior izquierda y su caligrafía del propio prócer Manuel Mora Valverde: 15/setiembre/1943. ¡Sin palabras!
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
La convivencia en un país como Costa Rica se ha vuelto compleja, inmanejable, agobiante. La exacerbación de sentidos de exclusión, discriminación y rechazo muestra una cotidianidad conflictuada, alimentada por la laxitud y la proliferación de una comunicación mediada en redes sociales provista de discursos iracundos, acríticos, canceladores de cualquier disidencia, de cual manifestación de la diferencia.
El video que circuló el pasado 18 de agosto en el que se ve a un hombre aceptando ser el asesino del dirigente recuperador bröran del territorio de Térraba Jerhy Rivera, en Costa Rica, es por mucho expresivo de una forma incontenible de racismo, discriminación y exclusión social que se ha venido instalando en la sociedad costarricense en los últimos años, a pasos agigantados.
En el material audiovisual, reproducido en redes sociales de forma viral cientos de miles de ocasiones, se logra apreciar el momento en que un hombre de apellidos Varela Rojas indica haber cometido el asesinato con el que acabó la vida de Rivera.
Por este caso al hombre se le sigue una causa penal aún en proceso.
Lo más dramático de este hecho no es solo la confesión pública, realizada inclusive ante autoridades gubernamentales durante un acto oficial en el que se reunía la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, desarrollada en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, sino los gestos de exclamación y júbilo provenientes de un público en apariencia de acuerdo con el acto cometido.
Los aplausos y la aprobación observados confirman una ruptura del tejido social costarricense en todos sus extremos. Se producen en una fecha que recuerda otro hecho condenable, en la que exactamente cuatro años atrás, el 18 de agosto de 2018, una turba nacionalista y xenofóbica organizara una marcha odiosa y repudiable dirigida hacia el Parque de la Merced ubicado en la ciudad capital, con el objetivo de “expulsar a los nicaragüenses que allí se encontraran”.
Hace apenas unos días un entrenador y exjugador de futbol costarricense, Walter Centeno, fue objeto de insultos y cánticos homofóbicos por parte de una barra rival. Los hechos fueron denunciados, pero hasta la fecha no se conocen acciones reparadoras en este caso.
El escritor argentino Jorge Bocannera en su texto poético “Universo” reflexiona:
“El domador que mete su cabeza dentro de la boca
del león, ¿qué busca?
¿La lástima del público?
¿Que tenga lástima el león?
¿Busca su propia lástima?”
Y de inmediato se pregunta:
“Y el público, ¿está loco? ¿por qué aplaude?”
En tanto el público continúe aplaudiendo frenético ante la muerte, mientras siga sintiéndose empoderado para insultar, ofender y excluir simbólica y físicamente, esta sociedad continuará requiriendo una intervención urgente en su acuerdo social. Hoy más que nunca es necesario un nuevo contrato incluyente y respetuoso de las diferencias. Es impostergable.
German Masís Morales
La participación de la Ministra de Agricultura y Ganadería en la presentación del programa de trabajo del Sector Agropecuario en el Colegio de Agrónomos efectuada este viernes 26 de agosto, permite visualizar su perfil como funcionaria a cargo de este Ministerio y las características que podría tener su gestión al frente del MAG. Con el propósito de ser fiel a sus argumentos se reproducen textualmente parte de sus intervenciones durante la presentación.
En la presentación de la Ministra, se destacaron sus rasgos egocéntricos y arrogantes, de empresaria exportadora, que en su posición Gerencial, ve la participación subsidiaria de los técnicos (Agrónomos) en un equipo de trabajo que estará a su servicio (no al del Ministerio), rasgos evidenciados por el continuo uso de la primera persona (yo) y de la frase “es sumamente importante”, poniendo en evidencia un estilo de dirección centralizado y vertical de planificar y tomar decisiones.
Ya en la introducción misma de la actividad, la ministra de Agricultura muestra su autosuficiencia y su visión utilitarista del papel del Colegio de Agrónomos al agradecer “la oportunidad que me da el Colegio de presentar el programa de trabajo para el sector agropecuario 2022-26, porque considero que tenemos que trabajar articulados, yo voy a ocupar del apoyo de todos Ustedes, ustedes son muy técnicos y estoy totalmente abierta a la ayuda que me puedan dar, aquí hay 80 años, de historia, de conocimiento y es sumamente importante que trabajemos articuladamente desde el Colegio y el Ministerio de agricultura”.
Ese perfil de “outsider” que llega al Ministerio por petición del Presidente, se reafirma al hablar de su origen y trayectoria en la actividad agrícola, cuando expresa “para los que no me conocen quiero decirles que yo en la sangre llevo la agricultura, vengo de una familia de zona rural, que con mi padre siempre nos dedicamos a la agricultura, he pasado de tomates, apio, gallinas, vendimos huevos, hasta que finalmente empezamos con el tema de chayote, yuca, malanga, jengibre, he tratado con papaya, luego también el valor agregado, que es sumamente importante, tengo 16 años en la Cámara de Exportadores y 9 de ellos liderando la Cámara”.
A partir de esa referencia a su origen y trayectoria, es que comienza a hacerse presente el sesgo empresarial y exportador, de su visión de la problemática del sector agropecuario, del papel preponderante de la agroexportación, el único motor que arrancó y que es el que genera las divisas y la riqueza; el otro es la agricultura nacional relegada a la producción de alimentos, que considera necesaria (porque es la comida) y que por el que dice pretende luchar.
En ese sentido argumenta “veo a la agricultura como dos motores, un motor que arrancó que es el sector agroexportador, también tenemos una agricultura que es la agricultura nacional, que ahí es donde deben estar todas nuestras fuerzas y la lucha por esos pequeños agricultores, pero también sin descuidar al agroexportador, porque creo que tenemos unas tierras benditas, tenemos los dos océanos y lo más importante es que tenemos una excelente imagen en el exterior, que vendemos productos de calidad, que hemos trabajado certificaciones, hemos avanzado mucho con ese tema”.
Dado este panorama, agrega, “veo muchas posibilidades y mucho futuro, lo que tenemos que hacer es que producir, producir y producir para generar empleo y por supuesto generar alimento, digo que el Ministerio tiene que ser uno de los más importantes, cada tres horas nos da hambre y quienes damos la comida somos todos los agricultores del país, tengo un gran compromiso de ver como le subimos el nivel que el Ministerio tenga la importancia que se merece, podemos tener el mejor metro, el 5G pero con hambre a uno le dan unas chichas, cuando uno tiene hambre de ahí la importancia».
En otra de sus intervenciones, la Ministra deja claro su perfil estrictamente gerencial y el lugar que tendrá su equipo de trabajo, al decir que en “estos 100 días he llegado al Ministerio a hacer lo que he hecho toda mi vida, que es Gerenciar, gerenciar empresas, porque para eso tengo a los técnicos y a mi equipo y eso es lo que hecho a través de la cámara de exportadores y la empresa B y C y Bajo cero, lo primero que hice fue trabajar con planificación estratégica en un trabajo en equipo articulado, hemos escogido 5 ejes estratégicos para el plan del sector agropecuario 2022-26, que son: productividad, producción sostenible, comercialización seguridad alimentaria y nutricional y el fortalecimiento de la institucionalidad y también dos ejes transversales, que son la inclusión y el financiamiento.
Luego entrando propiamente en la presentación de las orientaciones del programa de trabajo que realizará el Ministerio, se extraña la ausencia de evaluación y diagnóstico de la situación del sector y sobre el quehacer de la institución en los períodos anteriores y sobre todo la ausencia de SEPSA en la formulación de los ejes de trabajo y los lineamientos del programa, generando por el contrario dudas y controversias sobre el enfoque de cada uno de ellos y si éstos constituyen una verdadera política sectorial agropecuaria.
En la exposición de los ejes y objetivos específicos del programa, destaca la particular perspectiva que tiene sobre cada uno de ellos y los aspectos en que enfatiza para avanzar en su ejecución, como en el eje de productividad, la importancia del registro de agroquímicos sin mayor referencia al tema de la tecnología agropecuaria y la exigencia de una extensión agrícola moderna, pero con escasos recursos humanos y financieros.
Dice la Ministra, “en el eje de productividad, de las primeras metas que tenemos es la extensión agropecuaria, necesitamos una extensión agropecuaria moderna, pero principalmente una extensión agropecuaria que llegue a ayudar a los productores y no que llegue a ponerles trabas, hay limitación de personal y de financiamiento pero con eso tenemos que trabajar, he estado acostumbrada a trabajar sin plata”.
Uno de los temas prioritarios “es la simplificación de trámites, vamos a digitalizar, estamos trabajando con el IICA y le hemos solicitado aplicaciones para que sea más accesible al agricultor, el segundo tema es el registro de agroquímicos, que estoy liderando personalmente y ya se trabajó un decreto para optar por el registro de ingredientes activos mediante el reconocimiento de los países miembros de la OCDE, es una necesidad prioritaria, en estos momentos es indispensable con lo que estamos sufriendo con los altos precios de las moléculas y este país requiere de nuevas moléculas”.
Al respecto, llama la atención la visión sobre la producción sostenible, en la que como indica no sólo es importante la parte ambiental y en el que sus actividades parecen estar restringidas a la producción orgánica y de bioinsumos, sin profundizar en el uso sostenible de los recursos suelo, agua y recursos de la finca, frente a la dependencia de insumos químicos importados y prácticas productivas fijadoras de CO2, que no favorecen la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, a pesar de que se amplíen los programas Nama’s a otros actividades.
Argumenta la ministra, “Cuando hablamos de producción sostenible, no solo hablamos de la parte ambiental, sino también de la parte económica y social, ya se trabajó en la ruta orgánica, que Costa Rica tiene una gran oportunidad, ya se hizo el lanzamiento, estamos trabajando en el tema de producción de bioinsumos, ya se comenzó con las capacitaciones en las oficinas regionales y tenemos como meta hacer 86 capacitaciones y 148 biofábricas, esa es nuestra meta en lo que se refiere a productos sostenibles, otras de las metas son el aumento del valor agregado y la trazabilidad de productos agropecuarios y comentarles de los Nama’s, darles el seguimiento a los ya implementados que queremos hacer a nivel nacional y tenemos cuatro en proceso, dentro de esos hay mucho interés por incluir la piña y también la caña”.
Con respecto al eje de comercialización, es válida la preocupación por el funcionamiento del Cenada como centro mayorista de acopio y formador de precios para el comercio de productos agrícolas, pero es fundamental la participación de los productores en su gestión y el fortalecimiento de los otros canales de comercialización como las ferias del agricultor, las mercados regionales y la intervención del programa de Abastecimiento institucional (PAI), como mecanismos de comercio para incrementar la participación de los productores y para reducir el papel de la intermediación agrícola.
La ausencia de esos temas se observa al abordar la importancia de las instituciones del sector en el tema de canalizar la oferta y la demanda de productos, ya que nuevamente la referencia es a la posibilidad de mejorar la oferta de productos para exportación y el papel que podría tener PROCOMER en esa labor y no en el mejoramiento de los canales de comercialización interna.
Apunta, “Otro de los ejes es la comercialización, ahí hay un grave problema, ese es otro de los temas que estoy liderando, lo que estamos haciendo es hacer una transparencia en la formación de precios, ordenar la casa que es el Cenada, siempre se ha dado una queja del margen de intermediación y estamos definiendo si vamos a utilizar subasta o mesas electrónicas, porque afecta a las ferias y a los precios que llegan a los consumidores; en la transparencia en el PIMA, van a estar disponibles los precios en la página de esa institución y ahí va estar el boletín disponible, también es importante el reacomodo de los dispositivos de entrada, hemos reducido que la plaza sean solo 8 horas, estamos en estudio para ver la factibilidad económica”.
También dice es “importante la capacidad institucional para canalizar la oferta y la demanda, esto es nuevo en el Ministerio hemos contratado un economista agrícola, que nos haga estudios de las necesidades de la industria principalmente y hacer la conexión con los productores, el ejemplo más clásico es del plátano, hay 6 industrias que ocupan plátano en el país y muchas veces no hay plátano y a veces si hay, esa persona debe hacer ese clic entre la oferta y la demanda y no perder mercados por quedarle mal al cliente internacional y también vamos a trabajar la diversificación de la oferta”.
Sin embargo, lo más inquietante de la presentación del programa es la visión (o la ausencia de ella) sobre la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), cuya intervención se limita a la revisión y modificación del Plan nacional de la SAN y la nula referencia a la perspectiva del Ministerio y las demás instituciones del sector sobre el tema y mucho menos retomar el proyecto de ley sobre seguridad y soberanía alimentaria, existente en la legislatura anterior y considerado estratégico por los actores de la SAN.
Al respecto la ministra expone, “Sumamente importante este tema, por lo que está viviendo el mundo, en relación con este tema hay un Plan de SAN del sector agropecuario, pesquero y rural 2021-25 que se está revisando y se está modificando y vamos a presentarlo para el mes de octubre, este es uno de los temas fuertes que va a trabajar esta administración por lo que está pasando el mundo entero”.
Con similares dudas se plantea el eje sobre el fortalecimiento institucional del sector, dada la afirmación sobre la pérdida de Rectoría del MAG, que no considera los esfuerzos de los gobiernos anteriores por fortalecer la rectoría y lograr una mayor articulación y coordinación, que tal vez haya resultado insuficiente, pero debe ser valorado como punto de partida y también las dudas sobre la intervención de MIDEPLAN (dejando prácticamente fuera a SEPSA) en el proceso de articulación institucional. También resulta cuestionable que la solución al problema de desarticulación institucional esté en la formulación de un proyecto de ley para mejorar las competencias y maximizar los recursos, cuyas causas se deben principalmente a la conformación del sector en varias instituciones con leyes constitutivas diversas y al papel que se le ha asignado a la institucionalidad del sector en la economía y el Estado costarricense desde la década de los 80.
La ministra manifiesta la importancia del Fortalecimiento institucional, ya que “se ha perdido la rectoría en el sector, son varias instituciones y eso es muy grande, vamos a trabajarlo, queremos dialogar y consensuarlo, contamos con ustedes, estamos trabajando con MIDEPLAN para mejorar esa articulación y próximamente vamos a presentar un proyecto de ley para mejorar las competencias del sector agropecuario y articular la planificación para la maximización de los recursos”.
Por su parte, los ejes transversales de Inclusión y Financiamiento aparecen como meros apéndices y tímidos acercamientos a la problemática de la participación de los jóvenes y de la mujer en los procesos productivos agropecuarios y en los espacios rurales, cuya exclusión en las actividades y en el acceso a los recursos como la tierra y los activos, no se resuelven con un programa de capacitación. Señala sobre el financiamiento, que su participación en la junta Directiva de la Banca de Desarrollo puede ser muy positiva, aunque se desconoce si podría conducir a una reforma a este sistema para crear un fondo de crédito agropecuario.
Con el propósito de poner en perspectiva la presentación del programa de trabajo para el sector agropecuario, vale la pena confrontar lineamientos de este programa con la posición de actores y grupos involucrados en el desarrollo del sector agropecuario en los últimos años, como por ejemplo la posición del Exministro Arauz sobre los cambios necesarios en el mismo, cuando señala “una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”.
Agrega el Exministro, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022).
Igualmente es oportuno confrontar el programa, con los planteamientos efectuados por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.
En su propuesta, incluyen además fortalecer la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria. (Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.).
La presentación del programa presentado por la Ministra, deja la sensación de un ejercicio de la planificación agropecuaria apresurado y que de constituirse en la política agropecuaria para el período, tendrá probablemente un sesgo hacia la agroexportación y la empresariedad ligada a ésta, en tanto que la pequeña producción familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno tendrán una atención parcial y subsidiaria, mientras que la prioridad de la acción institucional será la productividad y la eficiencia de las actividades no tradicionales y en menor medida la comercialización (sobre todo la que se dirige al mercado externo).
Una referencia contundente respecto a la posición de la Ministra es cuando afirma que “yo creo en las políticas públicas del país, porque provengo de la política Volver a la tierra, cuando pasamos de los productos tradicionales a los productos no tradicionales y siempre me he quejado porque una vez lo hicimos, fuimos exitosos, sabemos hacerlo y no lo volvimos a hacer; cuando PROCOMER sacó el programa Descubre me identifiqué montones porque siento que es el equivalente (a aquel programa), eran 10 productos y ahora incluimos el aguacate, tenemos 11 productos, vamos a trabajar desde el Ministerio muy articuladamente con PROCOMER que es quién conoce los mercados, tiene para hacer inteligencia comercial, tiene fondos disponibles para que nos ayude para hacer más variedad de productos a la hora de comercializar”.
De acuerdo a lo anterior, poca o limitada atención tendrá avanzar hacia una agricultura más sostenible, con agregación de valor y seguridad alimentaria y nutricional, a las que sólo se atribuyen acciones puntuales, que al igual que en el fortalecimiento institucional, estará supeditado a la formulación e implementación de un plan, un proyecto de ley o la intervención de otros entes como MIDEPLAN.
Quedará para el análisis de los productores y las organizaciones del sector agropecuario si el tipo de planificación sectorial realizado es apropiado para resolver los problemas del sector y si será pertinente gerenciar el Ministerio de Agricultura, como gerenciar empresas exportadoras.
Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza, docente y ciudadana
Corte Plena, para quienes no lo saben, está constituida por 22 magistraturas nombradas por la Asamblea Legislativa. Es el órgano superior del Poder Judicial por disposición constitucional (artículos 152 a 156 de la Carta Fundamental) y tiene, entre sus funciones, resolver conflictos planteados por cualquier persona en última instancia. Aunque esta sería su labor principal, es lo que menos suele hacer, pues —como desde los años 80 indicara don Carlos José Gutiérrez y, más recientemente, lo mostrara el III Informe del Estado de la Justicia— la mayor parte del tiempo de sus integrantes se consume en las funciones administrativas que, por arte de prestidigitación, han pasado a llamarse “de gobierno” (y se despliegan en más de 50 comisiones) pues esto tiene más prestancia y está más a tono con lo de “corte” (así, en minúscula) y la autopercepción que allí rige.
Otras funciones de ese órgano, no menos relevantes, son las de designar magistraturas electorales, magistraturas suplentes del propio Poder Judicial, elegir a quien ostente la Fiscalía General de la República, a jueces y juezas 4 y 5 en todas las materias, así como sancionar a toda la judicatura. Estas son parte de las tareas de “gobierno” que más gustan a algunos y algunas de quienes detentan la magistratura. Y, como de entre estos-as, hay quienes aspiran a tener cortesanos-as (es decir, personas al servicio de la corte que no examinen críticamente su hacer), cada vez que pueden declaran sus sesiones secretas y se amparan en un artículo (59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer también secretos sus votos.
Cabe indicar que la citada ley que aquello dispone, la No. 8, data del 29 de noviembre de 1937, es decir, fue emitida en el gobierno de León Cortés Castro, 1936-1940, época signada por los guiños al fascismo europeo) y el numeral original (antiguo 71 inciso 3 de la LOPJ) no ha sido modificado en su contenido respecto a ese secreto, aunque sí ha sido corrida su numeración. Es decir, la ley en que se ampara la votación secreta surge antes de la Constitución Política de 1949 que, en su artículo 11 actual (con reformas del año 2000) dispone: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal…” (sic, el masculino es del original, la negrilla es suplida). De este texto y del artículo 30 constitucional (que establece libertad de acceso a la información estatal de interés público, salvo los secretos de ley) derivan los principios constitucionales de publicidad y transparencia.
Quienes estudiamos derecho sabemos que el dogma básico del sistema jurídico moderno (de cuño romano-germánico) es el de jerarquía de las normas pues, de esta deriva la supremacía constitucional y le da soporte a la convencional (al prever la jerarquía de tratados y su valor, que luego se desarrolla en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados que, a su vez, impide a los gobiernos alegar su derecho interno para desconocer un convenio internacional). Eso significa que una norma de rango inferior no puede contradecir una de superior grado. Así, las directrices y reglamentos no deberían contradecir la ley (y si lo hacen son ilegales), las leyes no deberían ser contrarias a las normas y principios constitucionales y de tratados (y, si lo hacen, son inconstitucionales o inconvencionales).
Como el funcionariado público presta juramento (artículo 195) de respetar la Constitución Política (que es la que establece aquel principio), está obligado a ser vigilante de que esa jerarquía no se viole. Por eso, el voto público y motivado (ambos efectos de la rendición de cuentas y la transparencia) no debería requerir reforma reglamentaria o legal para ser aplicable, o deberían ser cuestionadas y rápidamente resueltas las normas que lo contemplen…si las cosas funcionaran como deben.
Para el cantante y poeta ya fallecido Leonard Cohen “hay una grieta en todo, así es como entra la luz” pero, también, por la grieta, entra la niebla. Sabemos que el oscurantismo no es propio de la Edad Media y de los sistemas inquisitivos puros, sino que, como parte de una cultura arraigada que es dinámica y cambiante, se mimetiza. También por las grietas de las instituciones y de las normas entra la niebla que impide tener una adecuada visión.
A las personas les extraña que la cúpula del Poder Judicial en ocasiones haga públicas las votaciones (por ejemplo en la elección de la anterior fiscal general: ver sesión de Corte Plena 10-2018[1], artículo XVII así dispuesta ante la presión de prensa y popular ante las circunstancias que se vivían) y en otras se limite a “aplicar la ley”, como lo ha dispuesto, para esta elección, en la que el fundamento jurídico es similar y se omite hacer el análisis jerárquico de reglas y se aplica solo la ley.
Entonces, la conclusión, es que la decisión depende no de la correcta aplicación del derecho sino de si las cambiantes mayorías (que, a su vez, suelen variar según sea el voto de los y las magistraturas suplentes) dado que, inclusive, si en la CSJ existise la preocupación de estimarse incompetentes para hacer la aplicación directa de la norma superior, a lo menos efectuarían la consulta de constitucionalidad correspondiente, que tampoco se vislumbra. Es claro que tanto para la votación pública como para la secreta en el seno de la CSJ hay argumentos jurídicos, pero, como se ha podido constatar, algunos son más sólidos que otros.
Para la designación de quien presidirá la corte en los siguientes y difíciles años (y probablemente para la designación de quien resulte fiscal general) se ha tomado como parámetro la circular 88-2017 (que, a su vez, es un cambio a la circular 69-14, ambas emitidas por la misma corte, reglas esas que no tienen la virtud de dejar sin efecto los principios constitucionales de publicidad y transparencia, sino que, más bien, deberían aplicarlos).
Tanto esta circular como la Ley Orgánica del Poder Judicial son inconstitucionales e inconvencionales. Lo ha resuelto así la misma Sala Constitucional para normas reglamentarias de la Asamblea Legislativa (y hay paridad en las razones para extender el razonamiento a este caso): “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho (…) el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley 8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos (…) y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una consecuencia inherente a una democracia mixta. Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera.” Sala Constitucional, voto número 4182-14.
Conviene recordarlo de cuando en vez. Convendría, también, que del mismo modo que —gracias a los medios de prensa y de la población vigilante de los asuntos públicos— se modificó un reglamento legislativo para lo cual, en otros momentos, no hubo voluntad ni legislativa ni de la misma Sala Constitucional (cuya acción de inconstitucionalidad, después de varios años, sigue sin ser resuelta, aunque la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula una duración, para ello, no superior a un mes después de finalizado el trámite que es descrito puntualmente: artículo 86) del mismo modo, decía, esos u otros actores, como la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, hagan uso de las potestades que brindan los artículos 73 y 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para —alegando los primeros un interés difuso o colectivo y las últimas instituciones su rol legal— plantear, expresamente, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial o bien aprobarse, exentas de trámites dada la evidencia jurisprudencial existente, las modificaciones normativas que correspondan.
Para quienes siguen opinando que la votación secreta es propia del funcionariado público…¡Que la Patria os lo demande!
[1] Así votaron en esa ocasión, de las actuales magistraturas titulares, Rivas, Rojas, Varela, Sánchez, Ramírez, Cruz, Castillo, Rueda, Salazar y de suplentes Allón Zúñiga, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez, entre otros que ya no integran dicho órgano.
Foto: UCR
Por Freddy Pacheco León
Hace cinco años saludábamos a DANIEL CAMACHO, ese costarricense siempre ejemplar, como académico, como patriota, como amigo, como persona a carta cabal.
Excelente compañero en el añorado Grupo Soberanía, donde con él aprendimos tanto al lado de otros GRANDES como Isaac Felipe Azofeifa, Manuel Formoso, Samuel Rovinski, Carmen Naranjo, Walter Antillón, Yolanda Rojas, José Rafael Cordero Crocceri, Carlos Morales, Julio Jurado del Barco, Lilly Guardia, Cristina Zeledón, Jacinto Ordóñez, Gilberto Lopes, Luis Guillermo Herrera, Marina Volio, Laura Vargas, Milton López.
Siempre dispuesto a extender su mano solidaria, sin esperar nada a cambio. Para entonces había sido honrado con el PREMIO RODRIGO FACIO, por la Benemérita Universidad de Costa Rica, que al honrarlo se honró a sí misma, y nos conmovió a los muchísimos compatriotas que lo sentimos como el amigo fiel que valoramos merecidamente su ejemplo de vida.
Reiteramos nuestro GRAN ABRAZO A DANIEL.
El jueves 25 de agosto de 2022, la Comisión de Enlace firmó el Acuerdo de financiamiento para la Educación Superior 2023. Como se adelantó de sesiones anteriores, la base de cálculo para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2023 fue la presupuestada para 2022. En este sentido, las universidades revirtieron la intención de recorte planteada por el Poder Ejecutivo a inicios de mes.
Asimismo, un aspecto positivo que destaca del acuerdo es la inclusión de los fondos correspondientes a la Universidad Técnica Nacional (UTN) en el FEES. Esta decisión permite consolidar la estabilidad de los recursos de esta universidad y garantizar su adecuada operación en el tiempo.
Sin embargo, existieron dos puntos en los que la Comisión no logró consenso: el cumplimiento del artículo 78 constitucional y el aumento por concepto de inflación. En este sentido, la Universidad de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) remitieron al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) una propuesta el pasado viernes 19 de agosto. Esta propuesta contemplaba el reconocimiento de la inflación interanual a mayo calculada en un 8,71% y, de este monto, un aporte de las universidades públicas al rezago educativo por 26 mil millones de colones. Sin embargo, la propuesta no fue adoptada en el seno de CONARE.
En este sentido, se propuso incluir una cláusula de firma bajo protesta en el convenio que indicaba lo siguiente: “El Rector de la Universidad de Costa Rica deja constancia que firma bajo protesta este acuerdo, en virtud del criterio mayoritario de todos sus colegas rectores y la representación estudiantil de las otras cuatro universidades.
Considera que este acuerdo incumple con lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política y está en desacuerdo con el monto incluido por concepto de ajuste de inflación”.
Sin embargo, ante la negativa del Poder Ejecutivo, la cláusula finalmente no fue incluida.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, lamentó la situación:
“Consideramos que la negociación fue adversa en sus diferentes etapas. Sin embargo, ante un escenario incierto en la Asamblea Legislativa y la falta de apoyo en seno de CONARE a las propuestas planteadas por la Universidad de Costa Rica, nos hemos visto en la obligación de firmar el acuerdo tal cual fue presentado en la Comisión de Enlace. Seguiremos en defensa permanente de la educación pública en todos sus niveles”.
Información de la ODI.
Recientes eventos acaecidos en las últimas semanas alertan sobre amenazas latentes a la estabilidad, el buen vivir y al cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
1. La defensora de los habitantes Catalina Crespo en declaraciones al periódico La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve) censuró al movimiento de recuperaciones de tierra y territorio por la vía de hecho: “Esto es ilegal”. Esta toma de posición resulta de una visita a un grupo de personas reconocidas por su posición contraria y enemistad con los pueblos indígenas de la región, no solo del territorio de Salitre donde ocurrió la reunión. No se conoce que haya visitado otros grupos sociales para tener un panorama más amplio del conflicto. Con esta manifestación parcializada Crespo se convierte en “defensora” de un grupo anti-indigenista.
2. La señora Crespo asume el discurso malintencionado de que los indígenas recuperadores de tierra son violentos. Sin embargo, se le recuerda a la Defensora que son los indígenas los que han sido asesinados y agredidos de muchas formas en los últimos 10 años. (80 agresiones en el año 2020 y 86 agresiones en 2021según reporta la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur. Semanario Universidad, 7 julio, 2021)
3. Las declaraciones de la defensora ocultan el hecho de que la omisión del Estado en cumplir la ley indígena No. 6172 de 1977 es un acto de violencia que se prolonga por 45 años. El letargo del Estado costarricense es complaciente con las invasiones de no indígenas y además parece potenciar la compra y venta de tierras en territorios indígenas; El hecho fomenta la ilegalidad y la impunidad de delitos contra los derechos humanos. (Asesino de Jerhy Rivera confiesa crimen. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/ Seminario Universidad, 18 de agosto 2022).
4. Las recuperaciones de hecho de los últimos doce años son un clamor desesperado de indígenas costarricenses ante la no aplicación de la ley que los lleva a hacer justicia por su propia mano. El movimiento indígena que realiza las recuperaciones de tierra/territorio está haciendo una acción que le concierne al Estado (Artículo 5 Ley Indígena 6172) pero enfrentando violencia, racismo y asesinatos.
5. El 9 de agosto, el presidente en ejercicio y su ministro de Justicia y Paz firmaron una directriz que busca crear una ruta para mejorar la atención de la población indígena de Costa Rica. Para tal fin se creó la Mesa Técnica Interinstitucional. Sin embargo, su modo de operar es violatorio del derecho indígena. Dicha Comisión hizo una ronda de reuniones durante el presente mes de agosto del 2022 en los territorios indígenas del país en las cuales se permitió la participación y el protagonismo de personas terratenientes no indígenas, esa situación condujo al silenciamiento de los que debían ser escuchados, así como al descredito y desconfianza de que el producto de esas reuniones pueda “mejorar la atención de la población indígena”.
6. El Consejo de Mayores de Salitre (CODIAW), se abstuvo de participar de la reunión de su territorio por sentir “la amenazante presencia de personas no indígenas usurpadoras en diferentes territorios” en un mismo recinto; según manifestaron en su pronunciamiento público del 17 de agosto del 2022.
7. Denuncias similares se recibieron de las reuniones de la Mesa Técnica realizadas en los territorios Cabécar de Ujarrás y Bribri de Cabagra. En esas reuniones se impuso la voz de terratenientes no indígenas, ocupantes irregulares de territorios indígenas y fue silenciada la voz de representantes indígenas.
8. La reunión realizada en la noche del miércoles 17 de agosto del 2022 en la Escuela Rogelio Fernández, en Buenos Aires de Puntarenas, por parte de la Mesa Técnica y con la presencia del viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, fue escandalosa, repugnante y evidencia la amenaza latente a la vida, al derecho indígena y a la paz social del cantón de Buenos Aires. En esa reunión de trabajo un hombre de apellidos Varela Rojas confesó haber asesinado al líder indígena y defensor del ambiente Jerhy Rivera Rivera ante el aplauso de la mayoría de los convocados y la indiferencia de la mesa presidida por el viceministro de Paz. (https://semanariouniversidad.com/pais/comisionado-de-inclusion-social-estuvo-en-reunion-en-la-que-hombre-confeso-haber-asesinado-a-indigena-yehry-rivera/).
9. Instamos vehementemente al gobierno del presidente Chaves y su ministro de Justicia y Paz para que la definición de una política indígena se realice mediante la escucha y consulta exclusiva a los pueblos indígenas y sus organizaciones propias según sus culturas.
10. Las asociaciones de desarrollo indígena (ADI) lesionan la autonomía indígena, no son representativas y funcionan como una agencia del Estado en los territorios indígenas. Tienen mucho poder y son espacios de clientelismo político. El presidente Chaves las calificó como “club de amigos” por su débil representación de los territorios. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479170/-las-adi-son-un-club-de-amigos-
11) La acción del Estado debe apuntar a saldar la deuda de 45 años con los pueblos originarios. Debe ser prioridad absoluta del Estado costarricense la devolución de las tierras invadidas a sus legítimos dueños los indígenas que habitan sus territorios desde tiempos precolombinos.
Heredia, 24 de agosto del 2022
Rodrigo Aguilar Arce
El imperativo de toda organización social que forma parte del acontecer político y económico es la transformación, la modernización y el cambio.
Los sindicatos no escapan a esa realidad incuestionable y de hecho enfrentan sin número de retos producto de las grandes transformaciones ocurridas en las últimas décadas a nivel planetario.
La globalización de los mercados, los acuerdos de integración económica, la internacionalización de los capitales, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos y a la cultura en general son, entre otras, manifestaciones del nuevo paradigma imperante.
Las repercusiones para los trabajadores son muchas y no todas positivas; por ejemplo: los cambios ocurridos en los mercados del trabajo se caracterizan por las altas tasas de trabajo informal, trabajo precario, tercerización y pobreza; así mismo, ha propiciado la incorporación cuantitativa y cualitativa de las mujeres, pero no siempre económicamente en forma equitativa ni de respeto a los mismos derechos que asiste a los hombres; no hay la menor duda que existen pocas oportunidades de puestos de trabajo decente para una juventud que en muchos campos se siente excluida y sin futuro.
Lo constatable es que el mundo cambiado y cambiante pone en aprietos los esquemas clásicos de organización sindical, el perfil del dirigente como sus orientaciones políticas, los valores y las formas de operar.
Tomando ese escenario como telón de fondo y siguiendo las orientaciones de la CSA y la CSI la CTRN y sus principales organizaciones afiliadas han venido realizando una serie de eventos de capacitación y “encerronas”, con el convencimiento de que hay que estimular el debate interno respecto a los esquemas de trabajo que se siguen, las concepciones político-sindicales prevalecientes, sobre las estructuras orgánicas establecidas y las formas de gestión acostumbradas. El fin último es impulsar un proceso que conduzca paulatinamente a hacer modificaciones, restructuraciones y formas de pensar acordes a las exigencias de los nuevos escenarios.
La CTRN propugna por la unidad de los trabajadores/as como condición necesaria para protagonizar el perfeccionamiento de una democracia participativa.
Defiende el Estado Social de Derecho como marco jurídico indispensable para la justicia social.
Alienta políticas económicas que tengan a la persona humana como punto de partida del desarrollo y que sean justas, equilibradas y sostenibles.
Respeta el Estado de Derecho siempre y cuando tenga sustento en el respeto de los Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y donde las leyes laborales sean realidad y no expectativas especialmente en lo concerniente a la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga
La CTRN avala, defiende, participa y promueve la democracia política, el respeto al Estado de Derecho en el tanto que salvaguarde la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga como condición insustituible para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus afiliados/as y de los trabajadores/as en general; así mismo, propugna por el mejoramiento de las políticas públicas y la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad costarricense.
La CTRN, la confederación sindical más representativa del país incide como agente político por la construcción de un mejor país con una cultura de tolerancia, el respeto de los derechos socio–laborales y la consolidación de una democracia abierta, plural, sin exclusiones, justa, equitativa y protectora del medio ambiente