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Autor: Hector Ferlini Salazar

SANTIAGO – Estreno en Teatro Vargas Calvo

Estreno de «Santiago» en el Teatro Vargas Calvo, una obra dirigida por Kyle Boza, con la participación de los actores Carlos Alvarado A, Leonardo Perucci y Cristian Esquivel Ramírez.

Kyle Boza, director de la obra comentó que la puesta en escena nace a partir de un proceso de investigación del actor Cristian Esquivel sobre una vivencia que tuvo de joven en San Carlos. Producto de este proceso de investigación queda un material que utilizan para construir la obra que se pudo montar gracias al fondo Proartes y que se estrenó en San Carlos a principio del año.

Puede adquirir sus entradas en el sitio www.teatronacional.go.cr.

El precio del tiquete es de ₡8.000,00 entrada general y ₡5.500,00 adultos mayores y estudiantes con carné.

Entrarle de lleno a la evasión fiscal: Una bronca que Rodrigo Chaves no se quiere comer

Luis Fernando Astorga Gatjens

Sin duda que hay broncas que el Presidente Rodrigo Chaves no se quiere comer. Ya hay varias y en el futuro, con certeza, vendrán más. Porque no es lo mismo enunciarlas en campaña electoral o en los primeros cien días de su gobierno, (que han sido una prolongación de su campaña electoral, en múltiples aspectos), que convertirlas en decisiones y acciones de gobierno.

Cuando Chaves Robles al despedirse del cargo como efímero Ministro Hacienda de la administración anterior, expresó mediante una carta, que “mantengo las banderas que enarbolé cuando asumí el Ministerio, es decir un compromiso genuino con la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilícito, la corrupción y en favor de la responsabilidad fiscal. Sin duda, estas son áreas que tocan intereses y sensibilidades profundas”.

Asimismo cuando todavía era el candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en disputa verbal con Carlos Alvarado, expresó: «¿por qué no ha luchado por eliminar destinos específicos, regalos de las parafiscales, las exoneraciones a los grupos poderosos y reducir la evasión fiscal que nos cuesta casi $5 mil millones al año…».

Desde luego, eran otros tiempos. Tanto en el balance de sus primeros cien días como en los anuncios programáticos de medidas que impulsará, no apareció en ningún momento el compromiso de luchar contra la evasión fiscal, la elusión y el contrabando, que hace que el fisco deje de percibir más de cinco mil millones de dólares al año. Es decir, un monto similar a tres veces el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como se puede apreciar, estas fuentes relacionadas con el no-pago de impuestos, son a las que el país debe acudir para obtener recursos que ayuden a paliar la deuda pública y afrontar el impostergable impulso de iniciativas que formen parte de la reactivación económica y social.

El Presidente Chaves mostrando un estilo belicoso y efectista ha logrado un respaldo popular bastante significativo. Según una encuesta de OPOL (sospechosa de sesgo) este apoyo alcanzó una cifra del 91, 5 %. mientras un estudio más confiable del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR), concluyó que siete de cada 10 costarricenses califica la labor del presidente Chaves como “buena” o “muy buena” al cumplirse dos meses y medio desde el inicio de su gobierno. No obstante que han aparecido otros estudios que bajan tal porcentaje, es indudable que Chaves y su gobierno, han arrancado con un respaldo significativo de la población.

El estilo «ejecutivo», práctico, confrontativo y hasta calculadamente chabacano que ha exhibido hasta el presente, el Presidente Chaves, al mismo que le acompaña una intensa campaña para promover el respaldo popular (haciendo uso eficiente de redes sociales), le ha traído buenos frutos políticos.

Cuando todavía no se disipa la “luna de miel” con la población, este sería un buen momento para anunciar medidas orientadas a recaudar recursos tocando los privilegios de las élites económicas y los grupos poderosos, que han evadido y eludido el pago de impuestos.

Ya ha tenido enfrentamientos con representantes de esas élites. Un caso concreto es el protagonizado con el “Grupo Nación”, relacionado con las restricciones al uso del Parque Viva. Pero hasta ahora, más parece una vendetta («una sacada de clavo») que una diferencia sustantiva en la visión económica y política de lo que debe hacerse en el país.

Mal que bien, está claro que tanto a estas élites privilegiadas como al Gobierno de Chaves les unen diagnósticos y soluciones, enmarcadas dentro de la doctrina neoliberal que ha imperado en las últimas administraciones, desde el decenio de los años ochenta del siglo anterior.

Prueba de ello es que cuando se busca reducir el monto de la deuda pública, el Presidente Chaves proponga como solución la venta de activos del Estado. Lo que más «ruido» ha generado del todo lo anunciado por el Presidente el 16 de agosto, ha sido su propósito de vender el Banco de Costa Rica, el BICSA y casi la mitad del Instituto Nacional de Seguros (INS). Es seguro que como reacción inmediata algunos representantes de esos grupos poderosos de los que ha hablado Chaves, ya se frotan las manos por los pingües negocios que harían con las eventuales compras de tales activos. Mal negocio para el país; magnífico para quienes han venido esquilmándolo.

Con el respaldo con que cuenta en el presente el gobierno, el Presidente Chaves podría impulsar medidas más audaces y justas, para mejorar la situación económica y fiscal del país, pero algunas de ellas (como iniciativas radicales contra la evasión fiscal) habrían de tocar «intereses y sensibilidades profundas». Entonces ha preferido un camino que, en muchos aspectos, es bien visto por esas élites y cuenta con su bendición y aquiescencia. Al fin y al cabo, en materia de orientaciones neoliberales son coyotes de la misma loma.

También haciéndose eco de ese respaldo social inicial, el Presidente Chaves podría impulsar un proyecto de valor social dirigido a luchar contra la pobreza y desigualdad que afecta a sectores mayoritarios de la población nacional, pero no lo ha hecho. Sigue anunciando medidas para bajar el costo de la vida, cuyos dudosos resultados podrían concretarse en varios meses y estarían muy lejos de lo que se espera en impacto real significativo. Está claro que el enorme deterioro de nuestro Estado Social de Derecho no forma parte de las preocupaciones de Chaves y su gobierno.

Este respaldo de hoy caerá inevitablemente en los próximos meses. Mientras más se aleje de este momento de anuncios esperanzadores y efectistas, el respaldo social –a pesar de campañas en redes sociales (con la legión de troles incluidos) –, empezará a difumarse y debilitarse. El límite de esta caída de esperanzas perdidas, lo fijará el estómago de amplios sectores sociales y poblacionales.

La vertiginosa inflación, generada tanto por causas internacionales como internas, hará que el elevado costo de la vida acabe por impacientar a miles de hogares cuando la desesperación y el hambre, toque sus puertas. Entonces es muy probable que la bronca que no quiso comerse el Presidente Chaves con estas élites avariciosas, tendrá que comérsela con un pueblo en las calles, al que se le habrá acabado la paciencia.

(20 de agosto, 2022)

Foro de Justicia llama a recapacitar y apoyar voto público legislativo

El Foro de Justicia Costa Rica expone en un breve audio la necesidad de que las diputados y los diputados recapaciten y aprueben la reforma reglamentaria para transparentar mediante el voto público algunas de las votaciones lesgislativas, pues este «es un derecho».

Marcia Aguiluz, en representación del Foro de Justica explica que algunos argumentos como amenazas que han recibido y por ello prefieren el voto secreto no son aceptables. Si eso ocurre «deben ser denunciadas ante los organismos competentes para identificar a quienes hacen intimidaciones, pero eso no puede justificar que las votaciones sigan siendo secretas», dijo. Principios constitucionales como la publicidad de lo que se acuerda así como la transparencia y rendición de cuentas son base para que esta reforma se apruebe.

«El país necestia esa reforma para proteger y fortalecer la institucionalidad» señaló Marcia Aguiluz. SURCOS le invita a escuchar y compartir el audio de unos dos minutos y medio.

CIDH da curso a petición contra estado costarricense por inadecuados procesos de elección de magistraturas

  • Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial

El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.

Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.

Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.

Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.

Información relevante sobre el caso:

¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?

Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?

Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?

Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.

Presunto asesino de Jerhy Rivera es aplaudido y vitoreado mientras confiesa el asesinato en una actividad oficial en Buenos Aires, Costa Rica

Comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Jueves 18 de agosto 2022. Los lamentables hechos se dieron durante una reunión entre una comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, el día de ayer en la noche en la Escuela Rogelio Fernández, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

Como se puede apreciar en el video de Radio Cultural Buenos Aires que acompaña esta nota, en la reunión mencionada, el presunto asesino de Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela Rojas fue presentado por Leonel Arburola Flores como una víctima. Posteriormente Varela Rojas expresa con orgullo y emoción “yo fui el que lo maté”, miente abiertamente sobre las circunstancias del asesinato y durante su elocución es aplaudido y vitoreado de forma eufórica en 5 ocasiones por el público presente.

El público presente eran las y los miembros y seguidores de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, organización que ha participado y promovido múltiples actos de agresión, discursos de odio, racismo y discriminación contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, por lo cual ha sido denunciada públicamente y algunos de sus miembros denunciados judicialmente.

El caso por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera fue elevado a juicio por el Juzgado Penal de Buenos Aires el 18 de octubre del 2021 y se conoce bajo el expediente 20-000108-0990-PE. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos precisó que Varela Rojas es acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

El asesinato de Rivera se dio en el territorio Bröran de Térraba cuando se  llevaban a cabo procesos de recuperación de tierras y las y los recuperadores fueron asediados, amenazados y agredidos por una turba de 150 personas, organizada por terratenientes que ocupan ilegalmente terrenos dentro de varios territorios de los Pueblos Originarios de la zona Sur; fue en medio de un ataque organizado de 2 días (23 y 24 de febrero de 2020) que se dio el asesinato de Jerhy Rivera.

Según indicó el Ministerio Público, en comunicado que emitió después de la audiencia preliminar, “Según la acusación, en medio de la muchedumbre, al menos tres personas no individualizadas sujetaron a Rivera, y, aprovechando su estado de indefensión, Varela, un indígena de la etnia boruca, utilizó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones al ofendido”, los disparos impactaron en el dorso y brazo izquierdo de Rivera, causándole la muerte.

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur, lamentamos y condenamos estos actos y manifestaciones de racismo y odio, tan frecuentes en ciertos grupos del cantón de Buenos Aires y requerimos que las autoridades competentes toman las acciones necesarias para terminar con este racismo y violencia hacia los Pueblos Originarios.

Solicitamos a las instancias respectivas del Poder Judicial, investigar el supuesto actuar delictivo de la Asociación Multiétnica y Pluricultural y sus miembros (as). Y se resuelvan los casos de asesinato de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Este es el video publicado en Facebook por la Coordinadora de Lucha Sur Sur:

Compartido con SURCOS por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

FEES: MEP condiciona continuidad de negociación

SURCOS comparte la siguiente carta enviada por el rector de la UNA:

CIRCULAR

UNA-R-CIRC-076-2022

PARA: Comunidad Universitaria

DE: Rectoría

ASUNTO: FEES, MEP condiciona continuidad de negociación

FECHA: 17 agosto del 2022

Estimada comunidad universitaria:

 Ayer martes 16 de agosto, frente a los miembros de la Comisión de Enlace, de la comunidad universitaria y nacional, la señora Ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro se comprometió públicamente a retomar el diálogo este miércoles 17 de agosto, a las 2:30 p.m. en las instalaciones del Conare, para dirimir lo tocante al porcentaje por inflación que debe contener el presupuesto del FEES, tal como lo sustenta la Constitución Política.

Lamentamos informar que dicha sesión no solo fue cancelada en horas de la mañana, sino condicionada a información complementaria que se nos solicitó al Conare, sobre acciones que pueden emprender las universidades para apoyar el desarrollo nacional y social. Esta solicitud, ha sido presentada desde el primer día de las negociaciones y en el marco de la autonomía constitucional, cuenta con el respaldo de las universidades públicas y así se lo hicimos saber a la señora Ministra.

Les comunico que la información ha sido enviada a eso de las 4pm. No obstante, es funda-mental explicar que la información que solicitan es muy delicada y no puede ser enviada con ligereza dado que pretende condicionar el FEES a metas que el Gobierno pretende imponer. Es muy importante insistir que estamos en frente de una postura de mucha intransigencia para orientar a recortar e incumplir lo contemplado en la Constitución Política respecto a la Educación Superior. ¡Muy dura la situación que enfrentamos Comunidad Universitaria!

En un ejercicio de transparencia hacemos de su conocimiento este cambio unilateral en el proceso de negociación, pero también con el fin de que sigamos alerta ante nuevos tropiezos que ponen en riesgo la asignación y aprobación de los Fondos de Educación Superior 2023.

Seguimos en lucha…
Cordialmente,

Francisco González A.lvarado
Rector

Reformar al BCR, al BICSA y al INS para ponerlos por completo al servicio del Pueblo

Luis Ángel Salazar Oses

El señor Rodrigo Chávez, en vez de reformar al BCR, al BICSA y al INS para ponerlos por completo al servicio del Pueblo, por cierto su único dueño, ahora descaradamente pretende quitárselos, y, siguiendo los dictados de los grandes ricos a través de sus agencias la OCDE, el FMI y el BM, se los ofrece como suculento manjar a esos sus patronos archimillonarios, en vez de imponerle a estos últimos el pago de los impuestos justos que deben pagar y, con los cuales, sí que se empezarían a resolver los problemas fiscales que esas mismas argollas han provocado.

En fin, cleptocracia y plutocracia en plena acción. ¡Unidad y Poder Popular ya!

EPIDERMIS

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

Tomo un asiento en primera fila. Es un autobús repleto de estudiantes. “Soy estudiante”, me digo para tranquilizarme. Estoy en medio de la escritura de mi tesis doctoral y eso me acredita para ir en este autobús que nos llevará desde Heredia, donde está la sede central de la Universidad Nacional hasta la Rotonda de la Hispanidad, centro neurálgico que igual acoge manifestaciones por la defensa de derechos y manifestaciones colectivas de felicidad gracias a un triunfo deportivo.

Felicidad y expectativa es lo que escucho en las conversaciones de quiénes son mis acompañantes de viaje. Muchachas y muchachos identificados con signos vinculados a la Federación de Estudiantes de la UNA. Se repiten una y otra vez la información importante que debe manejarse en caso de que haya un momento de tensión con las autoridades policiales (antimotines es la palabra más mencionada) y sean detenidos: nombre completo y número de cédula.

Esa parte del viaje me abstrae por momentos.

Voy urgido, un lunes de agosto a las 7:30 de la mañana, por llegar a San Pedro a las instalaciones de la televisora universitaria Quince Televisión, de la Universidad de Costa Rica, donde he sido invitado a acompañar como analista-observador una transmisión especial acerca de la jornada convocada por las universidades públicas en defensa del derecho constitucional a la educación.

El viaje me resulta premonitorio. “Estamos a las puertas de algo grande”, pienso. Mientras sigo escuchando con atención las expectativas de mis compañeros de viaje: “la ministra se equivocó”, “la ruta de la marcha la enviaron en un mensaje de WhatsApp”, “esperemos mucha gente”.

Llegamos. La urgencia me baja del autobús con la misma ligereza con que subo tres o cuatro cuadras hasta las instalaciones de la televisora universitaria. Voy a contrasentido de mucha gente que camina hacia el punto de reunión acordado: la fuente (reservorio, fluidez, energía) de la hispanidad (identidad: ¿quiénes somos? ¿Centroamericanidad, tal vez?).

De repente alguien repara en las tres letras en blanco puestas arriba y en mi pecho sobre una camisa en rojo: UNA. Es mi insignia, mi sello.

Sigo avanzando. Me anuncio en la puerta: vengo a la transmisión. Paso directo a la sección de “enderezado y pintura” que no es ni más ni menos que un favor que la maquillista del canal hace por mi cara. Me pregunta mi percepción: “fea”, le digo a esa hora de la mañana, basado en la incuestionable mayoría de apoyo popular que el gobierno ha logrado aglutinar en sus primeros 99 días de gobierno. “la tenemos difícil”, le digo. “me vine con La Roja puesta”, le reafirmo. “así es como hay que venir”, me apoya.

Somos convocados al set. Este set que ya aprendo a observar con detenimiento luego de tantas jornadas como observador participante: tres cámaras, un apuntador, 4 sillas y mucho empeño. Mucho vigor y ganas. Esta es la universidad en su esencia. Esto es lo que debemos defender. Lo que defendemos.

Es una transmisión amplia, cimentada en datos desmitificadores, en guiños a la marcha que incesante sigue su paso. Pienso en la acción comunicativa. En lo que implica esa responsabilidad. Me declaro absoluto ante esta confirmación: mi rol en este tiempo es comunicar. A eso me dedico: a comunicar.

Terminamos con una satisfacción compartida con la producción. Se puede hacer televisión de calidad desde nuestras trincheras universitarias. Saludo y agradezco. Salgo despavorido tratando de alcanzar la marcha o lo que queda de ella. Otra vez camino a contrasentido. Gente que ya viene y yo apenas voy. Pero voy. Llego.

Mi epidermis es delgada. Y por eso de ella salen cosas parecidas a la emoción, a una energía inexplicable. Lo que veo me gusta: pancartas, color, baile. Baile: una cosa parecida a un corazón diría Víctor Manuel, que suena duro y ancho, contundente. Es una batucada. Llena de estudiantes. Yo le pondría de nombre epidermis: piel. Se me levanta al escucharla.

Luego el rito del anuncio. La felicidad colectiva. Por un momento olvido mi investidura eventual en mi querida Facultad de Ciencias Sociales de la UNA y me declaro estudiante. Me incluyo en las alertas que anuncian el músculo del movimiento estudiantil. Estoy con ellos. En su cadencia. En su piel.

Hoy ha sido un día amplio. Ancho. Epidérmico. “estamos a la puerta de algo grande”, confirmo: hoy una vez más se ha levantado un sujeto colectivo que se creía dormido. Y siente. Y baila. Y se emociona.

Como yo.

Negociar el FEES

Por: Gabriel Macaya Trejos
Exrector UCR
14 de agosto de 2022

La semana pasada inició un proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se da en el seno de la Comisión de Enlace, constituida por representantes de las universidades públicas y del gobierno. Este proceso, según una lectura estricta del artículo 85 de la Constitución Política de nuestro país debería darse cada 5 años, pero en los últimos años ha ocurrido anualmente.

Negociar, según la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española, significa “Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro.” Debería ser un proceso de diálogo honesto, claro, basado en datos y hechos que lleve a un acuerdo entre las partes. Puede ser corto, en el que las partes llegan a un acuerdo rápido o lento con muchas discusiones, propuestas y contrapropuestas. No es, ni debería ser uno en el que una de las partes imponga sus condiciones. Debe prevalecer un interés común, en el caso de la negociación del FEES, más aún, un interés superior.

Este año, la negociación del FFES inició tardíamente, y luego de dos sesiones de negociación, el conflicto estalló. Las universidades iniciaron la negociación con su propuesta en la primera sesión y el Gobierno hizo la suya en la segunda. Hasta allí todo parecía ir bien. Sin embargo, el Gobierno acompañó su propuesta con una declaración pública de exigencias a las universidades, en tono confrontativo e insultante.

En la primera parte de esta declaración, el Gobierno enfrenta la educación básica y media a la universitaria. Dice que “Estamos ante un gran dilema, porque todos los niveles de educación son importantes.” Hasta aquí estamos de acuerdo, pero luego, hace un salto ilógico al decir: “¿A quién damos más quitándole al otro?” No, señora Ministra de Educación, a todos debemos darles más y satisfacer sus necesidades. Nuestra Constitución Política, en su Artículo 78 dice que “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.”

Actualmente ese gasto apena llega al 6%. Si “El estado de las escuelas y colegios es deplorable, la infraestructura está en un nivel de deterioro sin precedentes, maestros trabajan con las uñas…”, si esto es así no es porque “El presupuesto de las Universidades viene creciendo de manera sostenida desde el año 2010, mientras que el presupuesto del MEP decrece, con los resultados no satisfactorios en calidad educativa que estamos teniendo.” No, señora Ministra, este estado de cosas no se debe al “crecimiento del FEES” sino a la baja inversión del Estado en educación. Por otra parte, la proporción del FEES en el presupuesto de la educación se ha mantenido casi constante alrededor del 19 al 20%.

La declaración del Gobierno, luego de enfrentar los estudiantes universitarios a los estudiantes del MEP en la primera página, con un nuevo salto argumentativo dice, cínicamente en la segunda página, “No estamos propiciando una lucha entre estudiantes del MEP y estudiantes de las universidades porque ambos son igualmente importantes. Debemos velar por los derechos de ambas poblaciones.”

Luego viene la lista de 10 “vehementes solicitudes”. No me referiré a ellas una a una, ya que todas estas solicitudes ya se están cumpliendo de muchas formas. Me detengo en la número 9, que es la que califico de insultante: “Que (las Universidades) sean transparentes, no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas.”

No señora Ministra, las Universidades públicas no engañan “ni a la opinión (¿pública?) ni a la comunidad estudiantil…” La Universidad de Costa Rica está entre las primeras instituciones en el “Índice de Transparencia del Sector Público, ITSP” que publica la Defensoría de los Habitantes. En el “Top 10” de este índice se encuentran tres de las universidades públicas, la UCR (6), la Universidad Técnica Nacional (9) y la Universidad Nacional (10). El Ministerio de Educación Pública está en la posición 37. Señora Ministra, ¡infórmese!, no divulgue informaciones equivocadas o verdades parciales.

Negociar, algunos dicen que es un arte. Otros tratan de enseñarlo. Pero estoy convencido que negociar se aprende negociando. Y en esto parece que este Gobierno muestra falta de experiencia. Parece que para ellos es más fácil imponer que convencer.

Participé en varias negociaciones del FEES, desde mi posición de Rector de la UCR y siempre concluimos con éxito las negociaciones. Señora Ministra, negocie con datos ciertos, en un clima de confianza, sin agresiones, con respeto, pensando siempre en el bien superior del país. Negociar, cuando se tiene un marco ético claro, siempre da resultados.

Publicado en https://www.facebook.com/vamosconlaupublica compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Los datos que omite la ministra de Educación Pública

Manuel Hernández

1.- Desde el año 2007, hasta el periodo actual, existe una tendencia decreciente en el financiamiento de la educación pública costarricense. El andamiaje social que configura la Constitución fue profundamente alterado.

2.- Desde que se reformó el artículo 78 de la Constitución Política, en el año 2011, con la finalidad de fortalecer y modernizar la educación pública, nunca se ha cumplido con el mandato constitucional de asignar a la educación pública un mínimo de un 8% de PIB anual.

3.-El presupuesto constitucionalmente asignado a la educación no es un “techo presupuestario.” Es un mínimo presupuestario, lamentablemente, año tras año, impunemente incumplido.

4.- Tan solo en los últimos 4 años se le hurtaron a la educación pública más de 2.000 millones de colones, a merced de la violación del precepto constitucional. Esta es la verdadera causa del denominado “apagón” educativo. El artículo 78 constitucional lo transformaron en letra muerta y papel mojado.

5.- El presupuesto que se está asignado a la educación pública para el periodo 2023, será el más bajo de lo que llevamos de este siglo XXI: tan solo un 6.02% de PIB. Apenas ligeramente por encima del mínimo asignado antes de la reforma constitucional de 2011.

6.- Como si lo anterior fuera poco, amén de que nunca se ha cumplido con el mandato del artículo 78 de la Constitución Política, en la fatídica Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incluyeron el presupuesto de INA y otros programas sociales.

La Ministra cuando asumió el cargo juro y prometió a la Patria observar y defender la Constitución.

Apenas han pasado unos pocos meses y ya se convirtió en detractora de la Constitución.

¡Que el pueblo y la Patria os lo demanden!