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Autor: Hector Ferlini Salazar

Municipalidad de Dota contrata abogado señalado por espionaje y “acoso laboral y sexual”

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El 4 de setiembre de 2017, 2 funcionarios de la Oficina Subregional del MINAE Los Santos, presentaron una denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo/TAA, en la que se daba cuenta de “una trocha dentro de un bosque y a su alrededor una tala rasa de bosque”, “gran cantidad de árboles cortados…dentro de los límites de la Reserva Forestal Los Santos”. También aportaron evidencias de “una corta masiva de árboles, con un camino interno en bosque y una plantación de café con menos de un año de sembrado” y “cambio de uso del suelo”. El caso se tramita aún bajo el Expediente No. 192-17-03-TAA.

Cuando conocimos la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 que falló sobre esa denuncia ordenándole a la Municipalidad de Dota desarraigar, en un plazo de 2 meses, el cafetal plantado en el bosque arrasado en Naranjo de Dota, vivimos un atisbo de optimismo y pensamos que la destrucción dentro de la Reserva Forestal Los Santos bajaría de intensidad. Pero la sentencia nunca fue acatada por el Gobierno local. El 16 de junio de 2020 fue reiterada mediante nueva resolución que le daba a la Municipalidad diez días para su cumplimiento, y el 1 de noviembre de 2021, el proceso se devolvió a la primera sentencia. Un Tribunal del Estado fue simplemente ignorado y nada pasó. En años todo desmejoró.

Hasta hoy el caso de Naranjo de Dota no se ha resuelto y más se han sumado personajes que “actúan” en otros cuentos y empeoran el panorama. El 2 de febrero 2022, la periodista Daniela Muñoz Solano del Semanario universidad publicó el reportaje “Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia” (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-diseno-sistema-para-manejar-bases-de-datos-de-activistas-sociales-para-la-presidencia/). En éste da cuenta de cómo la Fundación Neotrópica, dirigida por el abogado Bernardo Aguilar González, fue pagada para implementar un proceso que podemos calificar como un proyecto de espionaje de conflictos, actores y disidencias sociales. “En los objetivos del plan (punto 4) se explicita que “El sistema deberá contar con la posibilidad de enviar y recibir documentos de texto, imágenes, audios y videos”. Además, pide que “11. El sistema deberá permitir definir y modificar el nivel de conflicto” y “12. El sistema deberá registrar a los Actores sociales”, entre otros aspectos que permiten establecer un detallado sistema de monitoreo de personas, organizaciones e instituciones públicas”. Los detalles del entuerto represivo pueden verse en esa y otras notas relacionadas. Involucraba directamente, entre otros, al Presidente y funcionarios de Casa Presidencia, al Director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, lo cual no sorprende en nada, y, muy, pero muy lamentable, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Costa Rica, que aportó los US$10.000 que costó el sistema de datos.

Bernardo Aguilar, que firmó ese convenio en su condición de Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, figura en documentos oficiales, como el acta del 28 de septiembre de 2021, como asesor de la Municipalidad de Dota. Fue contratado para atender, al menos, el proceso de las 2 sentencias del TAA que obligan a la Municipalidad a desarraigar el café plantado en el bosque primario talado, cuyo autor material fue perfectamente identificado, pero nunca sentenciado “por no comprobarse que fuera el aparente poseedor o propietario”, según consta en la Resolución No. 882-18-TAA. Gracias a eso la persona acusada se seguiría beneficiando pues los informes que recibimos indican que saca café del área donde destruyó el bosque. Aunque el TAA declaró la propiedad como “Patrimonio natural del Estado”, se han interpuesto acciones legales contra esa medida.

Buscar justicia para la naturaleza en este caso ha sido una de las luchas sociales ecologistas más importantes en los últimos años en Dota. Ese caso es una clarísima manifestación del modelo de expansión de la frontera agrícola basada en la sustitución de bosque primario por café y otros cultivos, y ante el cual la institucionalidad nacional y local ha sido permisiva, poco eficiente y hasta indiferente. En otros casos no cuenta ni con el personal ni con los recursos materiales mínimos para actuar diligentemente, como le ocurre al MINAE.

El caso para el que se presentó Bernardo Aguilar a la Municipalidad de Dota, genera un escenario bastante grotesco. Podemos imaginar que se trata de un recadero que sería parte de la élite mejor financiada del ambientalismo, que llega a vender servicios legales para defender a una Municipalidad que desde agosto de 2018 no cumplió 2 sentencias del TAA, y que ha desconocido todos los argumentos técnicos de personas y organizaciones que pugnan por el cumplimiento de la legislación ambiental del país, para detener la destrucción de ecosistemas únicos, como los de la Reserva Forestal Los Santos.

Paradójicamente, desde la misma Municipalidad se sigue repitiendo el discurso de Dota como destino turístico “verde”, “sostenible”, etc., mientras los delitos ambientales no cesan dentro de la Reserva Forestal. Precisamente para contraponer ese discurso con la realidad, junto con Julie Pietri de Radio France, en octubre de 2021 visitamos Naranjo de Dota, y buena parte de los 57 minutos y del texto del “GRAND REPORTAGE: Costa Rica, l’or vert menacé//Costa Rica, oro verde bajo amenaza” que publicó junto con Aurele Kieffer en Francia, están dedicados a los problemas que se viven en la Reserva Forestal Los Santos. Sobre la consulta a la Alcaldesa de Dota, Julie Pietri escribió: “Interrogada sobre lo que sucede cerca de aquí, elude: “Allí así, no puedo determinar si los cafetales que viste antes eran montañas o pastizales” (https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/costa-rica-l-or-vert-menace )

Sin importar el monto pagado por la Municipalidad de Dota, lo cierto es que cuando se trata de negocios, algunas personas defienden a quien sea y lo sea. En el Acta de la sesión ordinaria #074 del Concejo del Cantón de Dota, del 28 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas, se lee “4- ) Atención de Visita por 30 minutos: 1) Al Lic. Bernardo Aguilar contratado por la Administración Municipal con el fin de llevar asuntos legales de índole ambiental y para presentarse ante este Concejo Municipal” (negrillas ODC). El acta indica (copia textual): “El Lic. Bernardo Aguilar González inicia con un saludo en general para todos y agradece la atención que se les brinda ante la solicitud de la señora alcaldesa municipal Mary Marín Navarro para que ustedes nos conocieran y poderles explicar cómo van los tramites que de parte nuestra llevamos en el Tribunal Ambiental Administrativo por la denuncia que existe del desarraigo en la zona de Naranjo de Dota conocida por todos ustedes” (pág.12).

Para comprender el menoscabo que representa la contratación de Aguilar González por parte de la Municipalidad de Dota, resumimos varios hechos:

  • el 31 de agosto de 2018 el Tribunal Ambiental Administrativo/TAA le ordenó a la Municipalidad de Dota, mediante RESOLUCIÓN NO. 882-18-TAA, “LA EJECUCIÓN DEL DESARRAIGO DE LAS PLANTAS DE CAFÉ, Y GARANTIZAR LA REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS QUE FUERON BOSQUE, así como los ecosistemas afectados con el cambio de uso del suelo, EN UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (resaltado del original). Así consta en el EXPEDIENTE 192-17-03-TAA.
  • Casi 2 años después, dado el incumplimiento de esa primera sentencia, el 16 de junio de 2020, el TAA repitió la orden a la Municipalidad de Dota con la RESOLUCIÓN No. 1859-2020-TAA indicando que “SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ, al Alcalde de la Municipalidad de Dota, el señor Herberth Leonardo Chacón Porras…,…que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES…,…proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante Resolución No. 882-18-TAA …” (desarraigo del café).
  • Como parte del proceso de rechazo de las sentencias, el 26 de agosto del 2021 la Municipalidad de Dota interpuso “medidas cautelares” contra éstas en el Tribunal Contencioso Administrativo (expediente número 21-005298-1027-CA), según se lee en el oficio fechado el 20 de diciembre del 2021 dirigido por la Alcaldesa Mari Marín al Movimiento Quercus. Señala que (copia textual) “con fecha diecisiete de septiembre del 2021, se interpuso el proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, y se tramita bajo el mismo número de expediente citado”.
  • El 1 de noviembre de 2021, con la Resolución No. 1497-2021, el mismo Tribunal resolvió “declarar la nulidad” de las 2 notificaciones de 2018 y 2020 y ordenar la notificación de la primera sentencia (la del 31 de agosto de 2018) a la Municipalidad de Dota y a la Procuraduría General de la República, con lo cual se reinició el proceso.
  • Algunas de las acciones dilatorias rayaron en lo absurdo, como el “Acuerdo aprobado” por el Concejo Municipal de Dota el 20 de noviembre de 2019, mediante el cual le pide al TAA que “nos indique los pasos a seguir en cuanto al tema del desarraigo” (folio 95 , Expediente No. 192-17-03-TAA), a lo que el Tribunal respondió que se trata de “extraer la planta de raíz”. (En todo caso es evidente que la explicación no resultó comprensible para las autoridades municipales, pues el café sigue sembrado y produciendo).
  • Las sentencias del TAA fueron reiteradamente descalificadas en la Municipalidad de Dota y particularmente por el anterior alcalde y ahora por su sucesora. El 26 febrero 2021 enviamos un oficio al TAA indicando que “sigue imperando la indefensión de la naturaleza y de la población, que son las víctimas de estos delitos comprobados” y” SOLICITAMOS al Tribunal Ambiental Administrativo que eleve este caso ante el Ministerio Público para que se aplique lo que por ley corresponde”. Eso mismo se le reiteró al TAA el 15 de marzo de 2021, pero nunca respondió.
  • Desgraciadamente, por un injustificado error del mismo TAA, las notificaciones de las sentencias no fueron efectivas. Fue así que se perdieron años de lucha social, y particularmente los esfuerzos del Movimiento Quercus, que es la organización social que asumió la responsabilidad de presionar al Gobierno local para pedir el cumplimiento de las leyes aplicables a ése y otros delitos ambientales. También se perdieron años para la restauración del área destruida. Esos errores de trámite hicieron que el proceso volviera al inicio, pues el 1 de noviembre de 2021 el TAA ordenó notificar de nuevo la primera sentencia del 2018. Si observamos los plazos, sería de esperar que la Municipalidad de Dota, cumpla con la orden de desarraigo en los primeros días del mes de febrero 2022, pues en aquella se estableció “UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (mayúsculas del original). Sin embargo, entre acciones dilatorias como incoar un proceso contencioso y el abierto desacato, la impunidad sigue imperando.

La contratación de Aguilar González por la Municipalidad de Dota enseña que el “ambientalismo” puede, y de hecho es, para muchas personas y entidades, un fabuloso negocio de muchos millones. Así como se firmó para acopiar información sobre conflictos sociales evidenciados por organizaciones de base social comunitaria en todo el país, también la Neotrópica ha contado con sumas millonarias para otros proyectos. Un ejemplo entre muchos es el “Proyecto Restauración, Conservación y Manejo Sostenible de los Manglares de Costa Rica y Benín Frente al Cambio Climático: Proyecto Manglares Costa Rica/Benín”, firmado el 17 de agosto de 2017 con el Sistema nacional de áreas de conservación, SINAC. Tenía vigencia de 6 años y el pago para “salarios a tiempo parciales de los funcionarios…, viáticos, combustible, transporte”, fue de 664.200 euros o ¢443.291.065; ¢73.881,844 colones anuales o ¢6.156.820 al mes.

Mientras esos ambientalistas de la élite danzaban en millones, otra olla estaba hirviendo. La Fundación escondía un trágico y ominoso acumulado de agresiones por parte del abogado Aguilar González que llevaron a su salida de la Neotrópica. En la “Carta de Renuncia a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Neotrópica” que Bernardo Aguilar dirigió a la Junta Administrativa de la Fundación con fecha del 25 de enero del 2021, se indica que “Entre 2015 y 2019 se lograron desde propuestas y consultorías coordinadas por la Dirección Ejecutiva un total $1,904,652.80 (promedio anual de $380,930.56)”. En cuanto a lo administrativo-laboral, la aceptación de esa renuncia cerró la posibilidad de que fuera investigado y se abrieran procedimientos legales.

Las agresiones señaladas por trabajadore.as de la Neotrópica incluían “Gritos, malos tratos y agresiones psicológicas por un lado y comentarios con contenido sexual, propuestas explícitas y tocamientos indebidos por el otro fueron por años el pan de cada día para el personal de la Fundación Neotrópica, según una serie de denuncias presentadas por personas que trabajaron allí en la última década. Además, documentos de años previos revelan una cultura institucional de acoso laboral y sexual” (https://semanariouniversidad.com/pais/denuncias-de-anos-revelan-cultura-de-acoso-en-fundacion-neotropica/)

Sin embargo, lejos de investigar y sancionar, tan sólo un día después de conocer la renuncia de Aguilar, el 26 de enero de 2021 la Comisión investigadora emitió una resolución firmada por el Presidente, el Tesorero y la Secretaria de la Junta Administradora, indicando que «la Fundación, y esta Comisión como su órgano de investigación, carecen de potestades para sancionar al señor Bernardo Aguilar González, por cuanto su renuncia extingue la relación laboral, y con ella también fenece la potestad disciplinaria». En el punto 7 la Comisión indica que “esta Comisión se ve obligada a archivar y dar por terminado, de manera anticipada, el presente procedimiento sancionador, y así se resuelve”. Pero Aguilar González se mantuvo como empleado un mes más, durante el cual debió seguirse la investigación, lo cual no ocurrió, y más bien se le “facilitó” un escudo de protección como fue expuesto en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-cerro-procesos-por-acoso-contra-su-director-alegando-erroneamente-fin-de-relacion-laboral/)

Para sumar quebrantos trágicos hay que señalar que la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 está firmada por la Licda Ligia Umaña Ledezma como Vicepresidenta a.i. del Tribunal, y la del 16 de junio de 2020 por ella misma pero como Presidenta a.i. del Tribunal. La jueza Umaña Ledezma es la esposa del mismísimo Bernardo Aguilar González, asesor legal de la Municipalidad de Dota. Semejante alineación resulta poco menos que odiosa, aunque cualquiera podría afirmar que se trata de simples y azarosas conexiones. La resolución del 1 de noviembre 2021 registrada en los folios 147 a 159 del Expediente 192-17-03TAA, con la cual se reinició el proceso de notificaciones, fue aprobada de manera dividida pues 1 de las 3 juezas consideró que sí se había cumplido con el debido proceso en las notificaciones.

¿Acaso no sería necesario que la Municipalidad de Dota y en particular la Alcaldesa y el Concejo Municipal, le expliquen a la ciudadanía qué criterios privaron para la contratación del abogado Aguilar y cuáles han sido las diligencias realizadas y sus resultados? ¿No sería decoroso que la población conociera por qué se siguen desacatando los fallos del TAA por parte de la Municipalidad de Dota? La salida del abogado Aguilar González de la Fundación Neotrópica en condiciones motivadas por “una cultura institucional de acoso laboral y sexual”, su papel en el circuito de “espionaje” de organizaciones sociales, muchas de las cuales se podían considerar aliadas de la Neotrópica, y sus nexos familiares con la jueza del TAA, son suficientes como para escuchar aclaraciones. Resulta que las autoridades municipales “echan mano” a expertos que teóricamente protegen la naturaleza, pero en este caso para exactamente lo contrario: pareciera que procurar que los delitos ambientales queden impunes, como en el caso de la destrucción en Naranjo de Dota.

¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).

UN NO TEMA EN EL DEBATE

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Por Guillermo Acuña González (Sociólogo y escritor costarricense)

Las sextas elecciones presidenciales del nuevo siglo llevadas a cabo el pasado domingo 6 de febrero confirmaron varios elementos en la evolución de las culturas políticas costarricenses.

En primer término, la desafección con la política como norma, provoca entre otras cosas que sea inalcanzable un resultado en primera ronda. Como viene sucediendo ya en otros contextos, al menos en America Latina, el desgaste de los sistemas democráticos permea el ejercicio electoral: la ciudadanía no se siente convocada.

En segundo lugar y muy de la mano con esta primera dimensión, la confirmación de un desencanto que una vez más se ubica en la epidermis de las costas, los territorios rurales, la periferia.

La desatención crónica propiciada desde el centro del país hacia estos espacios marcados por la pobreza, la desigualdad y la gestión y administración fáctica, terminan por expresarse en un abstencionismo que ya ahora si tiene visos de perpetuarse. No es apatía lo que expresa este hecho: es enojo, cansancio, hastío, soledad.

Un tercer elemento coloca la calidad de la democracia costarricense en el centro de la discusión. Quizá fue pasado por alto en los análisis posteriores al desarrollo de las elecciones el domingo anterior, pero debe tomarse en cuenta el desafío planteado a la institucionalidad costarricense por la misión de observación internacional que acompañó el proceso.

Fueron dos señalamientos en concreto los que formuló: trabajar más y con firmeza el tema del abstencionismo y garantizar un acceso igualitario a todos los partidos políticos a los mecanismos de comunicación y divulgación existentes. De nuevo, desafección y acceso parecieran mostrar algunas debilidades del sistema, lejos de la caricatura acerca de la “fiesta electoral” con que suelen narrarse estos procesos.

Está claro que no todos entraron a la fiesta ni todos quisieron estar allí.

De cara a la segunda ronda en abril próximo, las dos opciones contendientes han empezado a señalar el camino, tratando de diferenciar sus tesis y sus argumentos. Otra vez el país pareciera estar en una encrucijada obligado por las circunstancias. Y de nuevo, el rigor de la lectura de sus propuestas es tarea obligada para tomar decisiones sobre eventuales apoyos.

En lo que a nuestras preocupaciones respecta, la consideración sobre Costa Rica como escenario migratorio debe ser tomada en cuenta. Desde esta columna hemos reflexionado en extenso sobre el tema de las movilidades humanas en todas sus variantes.

Por ello, nos alerta el hecho de que en ambas propuestas programáticas no aparezca del todo en un caso o en el otro caso continúa abordándose desde una perspectiva securitaria y restrictiva alejada de los mecanismos de implementación de los derechos humanos.

Este tema no es menor en un país cuyo 12% de su riqueza es generada por el trabajo que realizan hombres y mujeres trabajadores migrantes. La invisibilización de sus aportes y la negación de su importancia social, el tratarse justamente como un “no tema”, terminan por legitimar luego conductas reprochables de discriminación y xenofobia.

Para que la calidad de la democracia costarricense eleve su nivel, todos los aspectos deben ser considerados. Comencemos por reflejarlos en su importancia social y política: todas las personas cuentan. Todas.

Patria mía, ¿adónde vas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.

La cultura costarricense desde el Estado

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

Adriano Corrales Arias*

CULTURA es uno de los términos que más acepciones tiene. Es un concepto polisémico y dinámico. Sus abordajes han sido diversos y complementarios a través de la historia, por esa razón debería considerársele desde la interdisciplinariedad, para así lograr una integralidad semántica.

En general, podría definírsele como “el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social”. En todo caso, cuando hablamos de cultura, nos referimos a creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos, tecnología, patrimonio, identidad. En otras palabras, hablamos de la actividad humana en su conjunto y de sus relaciones con la naturaleza y el cosmos, sobre todo de la producción simbólica a través del tiempo en espacios geográficos y socioeconómicos diferenciados.

En nuestro país la visión estatal de la cultura ha sido excluyente y elitista. Desde el “Olimpo” de los liberales, hasta el nacimiento del Ministerio de Cultura (PLN), se le concibe como la promoción de las “Bellas Artes”, las cuales deberían extenderse al pueblo para “culturalizarlo”, “cultivarlo”. Los liberales la concebían mancomunada con el sistema educativo, cual actividad “civilizatoria” que pretendía homogenizar su visión de mundo, es decir, privilegiaban su intención ideológica.

El dispositivo creado por el PLN en los años setenta del siglo pasado, ha sido vallecentrista y eurocéntrico, léase, colonial, salvo esfuerzos aislados y fallidos de regionalización con débiles discursos antropológicos sobre las culturas populares o “vivas”. Esa visón paternalista todavía subsiste. De allí la gran confusión en muchos artistas, quienes confunden el amplio concepto etnográfico con el de “arte” o “gestión cultural”. Por ello, se habla de un “sector cultura” difuso y asimétrico, el cual no sabemos si se define por su producción, su gremialismo o su filiación con el estado y su políticas, mejor dicho, la ausencia de ellas.

El neoliberalismo que lidera la contrarreforma con el afán del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, erigido desde los años cuarenta del siglo pasado, le ha entregado esas tareas a las industrias culturales. Los últimos gobiernos del PLUSPAC así lo han venido haciendo y, el Ministerio de Cultura y Juventud (vaya híbrido), a pesar de su ingente labor en sus instituciones adscritas y en el apoyo a algunos productores artísticos, ha devenido en un cascarón desfinanciado y en una suerte de gran agencia de producción festivalera.

Las declaraciones de un candidato ultra conservador y de su escudera (diputada electa) han puesto el dedo en la llaga al gritar a los cuatro vientos, sin inmutarse, lo que otros quieren pero callan desde hace rato: cancelar el MCJ por ineficiente y burocrático (tiene menos del 1% del presupuesto nacional). Es decir, privatizar sus órganos desconcentrados y asignarle a las industrias culturales el resto. De allí a un Hollywood o Disney ticos no estaríamos tan lejos. Quizás ello quiso decir la señora escudera del enviado de los organismos financieros internacionales, quien bien podría convertirse en presidente de esta res ya no tan pública.

El día en que la CULTURA se convierta en el centro de una propuesta política al interior de un robusto proyecto país, tal y como corresponde, estaríamos hablando de inclusión, equidad, justicia social, defensa de los patrimonios tangibles e intangibles, de soberanía tecnológica y alimentaria y de las diversas identidades y expresiones simbólicas de quienes ocupamos este pequeño y bendito territorio. Es decir, estaríamos ante una auténtica acción sociocultural, corazón de toda actividad política.

Sin embargo, por ahora, sepamos que la CULTURA, desde la contrarreforma neoliberal, está clausurada. Aunque sigue viva y resistiendo en nuestras comunidades, en nuestros quehaceres, en nuestros sueños, en nuestras memorias.

*Escritor.

La [in]cultura de ir a Disney y ver películas en TV

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

Mario Solera

El candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático, señor Rodrigo Chaves, dijo que “el sector cultura en Costa Rica ha estado abandonado por muchos años”. Esto es cierto, seguidamente menciona “[…] el presupuesto del Ministerio de Cultura se lo comen todas esas organizaciones, la Junta de Administración del Melico Salazar, la Junta de Administración del Teatro Nacional, la junta de administración del museo tal. Pura burocracia […]”. Por otra parte, la señora Pilar Cisneros, candidata a la Vicepresidencia y diputada electa por el mismo partido, ante los problemas fiscales a causa de la pandemia de Covid-19, dijo hace dos años en entrevista a Multimedios canal 8, “[que el país] puede vivir uno o dos años sin cultura”. “Sí, cultura se va a quedar… pero, como dijo don Pepe Figueres “para qué tractores sin violines” y lo comprendo perfectamente, pero vea don Douglas, si usted está hasta aquí (señala su cuello) con su familia, no se va Disney y si no puede ir al cine pues vea las películas que le ofrece la televisión abierta…”

¿Qué entenderán por cultura estas dos personalidades de la política costarricense?

Cultura es una palabra con presencia usual en los medios de difusión y en instituciones de enseñanza general básica o superior. Es de uso común en las personas, como hablar de comida, del clima, de la calidad de vida, etc. Es una palabra que, para las masas, al parecer define algo intangible, o un grupo, generalmente extraño al nuestro, o un pueblo o sociedad distinta a la nuestra. Definir cultura es problemático.

La Antropología vio nacer el término. Para Grimson, la “Cultura” nació con el propósito de oponerse a la “Alta Cultura” y el racismo imperante al buscar diferencias entre distintos grupos humanos con los que se encontró Europa. La primera definición de cultura se opuso a la idea de existencia de personas “cultas” y personas “incultas”. Por ejemplo, en la Europa del siglo XVIII, así como también en la Costa Rica de finales del siglo XIX y prácticamente hasta el presente, se concibe una persona “culta” en tanto sea estudiada y sensible a las artes, la ópera o el teatro, y dueño de ciertas costumbres de etiqueta y vestimenta que lo identifica también como persona perteneciente a grupos pudientes.

Tylor, ante lo expuesto, en 1871 asocia el concepto de cultura a todo aquel conocimiento, tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro de una sociedad. Dice Tylor: “La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.”

Definiciones más cercanas a nuestra época proponen la cultura como “sistemas simbólicos compartidos que son acumulativas creaciones de la mente.”, según dice el reconocido antropólogo, filósofo y etnólogo francés, Claude Lévi-Strauss; o según el lingüista y antropólogo estadounidense, Roger Keesing “las culturas son sistemas que sirven para relacionar a las comunidades humanas con sus entornos ecológicos”.

De esta manera, y de acuerdo con lo dicho por Cisneros, ¿podríamos vivir dos años sin relacionarnos con nuestros entornos ecológicos?, ¿podríamos por dos años dejar de crear sistemas simbólicos acumulativos?, ¿podríamos dejar de tener conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres o cualquiera otra capacidad o hábito adquirido en nuestra sociedad, por dos años? A todas luces, el término cultura, en cualquiera de sus definiciones citadas y otras existentes, es mucho más que ir a Disney o mucho más que ver películas.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Juventud, junto con sus direcciones e instituciones adscritas, en Costa Rica, es el ente rector oficial de una pequeña parte, denominada “arte”, de esto que hemos tratado de definir como “cultura”; y dado el histórico presupuesto exiguo que tiene, menos del 1% del presupuesto nacional, muchas de sus actividades se deben realizar ad honorem.

Soy músico, profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica. Fui funcionario del Ministerio de Cultura y Juventud, así como también miembro, ad honorem, del jurado de Premios Nacionales y del jurado de las Becas Taller otorgadas por este órgano oficial. Conozco muy bien el funcionamiento de este ministerio y sus enormes limitaciones presupuestarias. Por otra parte, he ejercido mi profesión de músico intérprete, tanto en el Valle Central como en las regiones periféricas, y conozco muy bien las necesidades y penurias del mundo artístico.

Ante lo expuesto, me rehúso a pensar que el señor Rodrigo Chaves, con su docta formación económica, reduzca los problemas operativos del Ministerio de Cultura y Juventud, a la burocracia y al supuesto consumo presupuestario de las juntas administrativas. Por otra parte, me rehúso a creer que la señora Pilar Chaves, con docta formación en comunicación, conciba cultura como ir a Disney o ver películas.

El sector cultura, en nuestro país y para la oficialidad, se reduce exclusivamente a las manifestaciones artísticas, las cuales erróneamente, se han visto como accesorias, salvo a comiensos del siglo XX cuando, en la construcción de la nación, los del grupo denominado el “Olimpo”, vieron a las artes y especialmente a la música europea, como una necesidad para educar y presentar a Costa Rica ante el coro de naciones, en tanto república culta y desprovista de bárbaros, entiéndase pueblos originarios o personas “incultas”. En efecto, tiene razón el señor Chaves, este sector ha estado abandonado por muchos años. Esto es grave.

Sin embargo, es más grave aun, el que una diputada electa y un candidato presidencial, a dos décadas de haber iniciado el siglo XXI, mantengan un concepto arcaico y europeizante, es decir, propio de la colonialidad, tratando de demostrar mediante el reductio ad absurdum, que cultura es el Ministerio de Cultura o ir a Disney. Si por la víspera se saca el día, dejaremos de hacer cultura, es decir, dejaremos de tener conocimiento, arte, creencias, derecho, ética, costumbres, hábitos, etc., por cuatro años, en caso de ganar las elecciones este grupo político. Tiene entonces la palabra el partido Progreso Social Democrático, claro, después de estudiar al menos, un poco de antropología.

Supervisión de Circuito 11 suspende asamblea general ordinaria programada por el CLEI de Rey Curré

Escrito en . Publicado en Educación, Salud.

Uriel Rojas

De acuerdo con un comunicado oficial emitido el pasado 09 de febrero de 2022 por la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba, Supervisión Circuito 11, la Asamblea General programada por el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré para este viernes 11 de febrero queda SUSPENDIDA de manera INDEFINIDA.

Esta Supervisión argumenta, “que, dadas las condiciones actuales de la pandemia en nuestro país, así como las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y avaladas por el Ministerio de Educación Pública, propiamente en el punto que indica que para este tipo de actividades se permite un aforo del 20% en la locación donde se lleve a cabo este tipo de eventos (reuniones presenciales).” (Considerando 2).

Dado a lo anterior, el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré, hace del conocimiento público dicha notificación y de paso agradece a la comunidad los años de apoyo e interacción que tuvieron.

La vigencia del CLEI de Rey Curré caducó desde el pasado 31 de enero de 2022 y está a la espera de elegir una nueva Junta Directiva.

10 de febrero: Día Mundial de las Legumbres

Escrito en . Publicado en Cultura, Salud.

En cada semilla de frijol o de otra leguminosa, hay un tesoro de nutrición y salud, compuesto por proteínas, minerales, vitaminas, fibra, prebióticos y cantidad de antioxidantes, constituyéndose así en un alimento fundamental para toda la población.

Además de favorecer la nutrición y la salud humana, los frijoles son importantes en la economía de miles de familias agricultoras de nuestro país, mejoran los suelos y la nutrición de éstos, cumplen un papel fundamental para combatir el cambio climático y son base de nuestra cultura alimentaria.

Créditos: Marcela Dumani Echandi-Docente Escuela de Nutrición UCR.