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Autor: Hector Ferlini Salazar

Territorios Seguros denuncia al alcalde de Matina ante la Fiscalía

Comunicado de Territorios Seguros:

“El 14 de diciembre la compañera Anita Rodríguez Brown, del Territorio Seguro Puerto Viejo de Talamanca, de ascendencia indígena de clan y Carlos Campos Rojas, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, presentamos ante la Fiscalía de Limón, la denuncia penal por las expresiones realizadas (por parte del alcalde de Matina) en conversación con un representante de MECO.

Confiamos en que el instituto de la justicia haga prevalecer el respeto a la persona ciudadana y especialmente a nuestros pueblos originarios”.

El documento presentado señala:

Provincia de Limón, 10 de diciembre de 2021

Señores

Fiscalía de Asuntos Sexuales Ministerio Público de Limón

Por este medio, los suscritos CARLOS CAMPOS ROJAS, cédula 10605 0202 y ANITA RODRÍGUEZ BROWN, cédula 7 0130 0513, ante usted con el debido respeto nos presentamos a formular una DENUNCIA en contra del señor WALTER CESPEDES SALAZAR, cédula 5 0147 1200 quien actualmente funge como Alcalde Municipal de Matina.

La denuncia se formula con la intención de que esa dependencia analice las publicaciones que se han realizado en los últimos días en los medios de comunicación, de las cuales le adjuntamos copias, en las que se acredita que en el marco de las investigaciones judiciales de los casos COCHINILLA y DIAMANTE, gracias a las intervenciones telefónicas que fueron autorizadas, se captó una conversación del señor Céspedes, aquí denunciado, con un Gerente de la empresa MECO, a quien, según dice la información, don Walter le ofreció que cuando viniera a Matina, «le iba a tener a su disposición a una indígena”.

Ante la gravedad de los hechos, nos parece indispensable que se profundice en una investigación por parte de esa Fiscalía y por eso formulamos la presente denuncia, ya que esas actuaciones, de resultar ciertas -como parece ser pues el mismo don Walter ofreció disculpas por haberlas realizado- podrían constituir algunos tipos penales que merecen investigarse y juzgarse, como podrían ser trata de personas, prostitución, proxenetismo, o cualquier otro que esa Fiscalía puede determinar.

Esperamos que la Fiscalía pueda analizar el caso denunciado y proceder conforme corresponde.

A la espera de su respuesta, quedamos a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda.

De usted atentamente, Carlos Campos Rojas, Coordinador Nacional; Anita Rodríguez Brown, Territorio Seguro Puerto Viejo.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

¿CONVIVIR O ESTAR JUNTOS?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.

Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.

La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.

Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.

En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.

En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.

En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.

Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.

En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.

En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.

 No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.

Imagen: https://www.france24.com

Nuestro desarrollo debe apostar por la sostenibilidad ambiental

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica es un país privilegiado por la enorme riqueza en recursos naturales que alberga en su territorio. El nuestro es uno de los 20 países con mayor biodiversidad del planeta. Contamos con una enorme pluralidad de vida silvestre, como consecuencia –en gran medida—de la posición geográfica entre las dos masas continentales de América del Norte y Sudamérica, el clima neotropical y la amplia variedad de hábitats.

Esta situación nos ha generado una serie de ventajas en la producción agrícola (venida a menos, en los últimos tiempos, por el limitado o nulo apoyo gubernamental a los agricultores) y en el desarrollo del turismo (principal fuente de nuestras divisas). Año tras año miles de turistas de distintos países del globo, son atraídos por nuestros volcanes, montañas, playas y, en general, por todas las bellezas escénicas, pero también por la estabilidad política del país.

Toda esta riqueza natural coloca a Costa Rica en condiciones para impulsar su desarrollo, presente y futuro, centrado en un triángulo armonioso que debe conjugar: Crecimiento económico, justicia y equidad social, y sostenibilidad ambiental. Desfortunadamente, la equidad social se ha venido debilitando hasta el punto de derivar en convertirnos en el octavo país más desigual del mundo (dicho por el Banco Mundial) y en materia ambiental, en varios aspectos, el país se muestra más como “candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Dos ejemplos concretos de esa debilidad en la atención de los desafíos en materia ambiental, lo constituyen el desastre ecológico de la explotación descontrolada en “Crucitas” de Cutrís de San Carlos, y la polución de importantes ríos; entre los que se destaca la grave contanimación del Río Virilla, catalogado como el más contaminado de la región centroamericana.

Es dentro de tal contexto que hay que colocar la explotación de la minería en el país. Valga indicar que con respecto al petróleo no se tiene completa certeza si hay suficiente volumen para determinar si vale la pena su  eventual explotación. Lo que se tiene claro, hasta el presente, es que Costa Rica presenta potencialidad pero eso no se traduce automáticamente en existencia suficiente para su extracción comercial. Asimismo es muy necesario valorar el negativo e inevitable impacto ambiental que generaría la explotación del petróleo en nuestro pequeño territorio. En una época en que cada vez más países se inclinan por obtener le energía en proyectos ambientalmente limpios (producción hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), el país debe afirmarse en una matriz de desarrollo, en la cual la protección y conservación ambiental debe ser una prioridad, asegurando la utilización de energías limpias; campo en el que se ha acumulado una valiosa experiencia.

Hace 18 años, en el gobierno del Presidente Abel Pacheco se impulsó un acertado decreto que impide la exploración y explotación petrolera hasta el año 2050. Sin embargo, tal decreto presidencial puede ser revocado por cualquier mandatario. De ahí la importancia de que se apruebe una ley que de mayores garantías a la veda de explotación del hidrocarburo.

Para resolver tal escollo, se presentó un proyecto de ley (expediente número 20.641), que no contó con el respaldo necesario en la Asamblea Legislativa. La iniciativa ha buscado avanzar en la eliminación del uso de los combustibles fósiles y en la declaratoria del territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Tal proyecto recibió el apoyo de un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales y empresas, que han constituído el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, con la que el país se podría convertir en un referente mundial en este ámbito.

Sin embargo, esta propuesta de ley tiene detractores en el Parlamento que se oponen a ella, obnubilados ante el llamado “oro negro”. Ésto se reflejó en días recientes cuando al proyecto mencionado se le venció el plazo para ser tramitado, ya que solo 26 diputados se manifestaron a favor de extender el plazo cuatrianual del proyecto legislativo. Esta situación obliga al impulso de un nuevo proyecto, que asegure la meta de convertir a Costa Rica en un país en que no haya posibilidades de explotación petrolera. La lucha debe seguir porque se trata de un componente fundamental de nuestra propuesta de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Otro lunar en el ámbito ambiental lo ha constituído la autorización que se dio en el pasado a la minería a cielo abierto en “Crucitas”. Hace díez años, en forma acertada, se revocó la autorización a la minera canadiense Infinito Gold Ltd. Sin embargo, lo que vino después de tan acertada revocatoria fueron una serie de acciones de extracción ilegal del oro, por parte de coligalleros, con subsecuentes daños ambientales. El uso del mercurio ya deja secuelas graves en el proceso extractivo.

Se ha denunciado con insistencia que alrededor de la explotación del oro en “Crucitas”, existe una “mafia” que explota a coligalleros de Nicaragua y Costa Rica que reciben una limitada remuneración por el peligroso trabajo que realizan, exponiéndose a sustancias químicas peligrosas. El grave problema de esta zona es que existen muy pocas oportunidades laborales; lo que empuja a muchos trabajadores a exponerse a estos riesgos y caer en las garras avariciosas de esta “mafia”. Una responsabilidad directa en que se esté dando este tipo de extracción ilegal y descontrolada, la tiene el Gobierno que no ha sido capaz de contener y revertir la situación.

La historia de “Crucitas” debe y puede ser cambiada a partir de una decisión política que junte positivamente el esfuerzo por seguir impulsando nuestro Estado Social de Derecho con la explotación controlada del oro en esa región sancarleña. Se requiere que se dé un claro compromiso del gobierno que iniciará funciones el próximo 8 de mayo, para que en este ámbito seamos también referente internacional y no motivo de vergüenza ecológica.

Aquí quiero resaltar la excelente iniciativa del destacado activista ambiental, Freddy Pacheco que se orienta a asegurar recursos de la explotación ambientalmente controlada del oro de “Crucitas” en inversión en atención y salud de las personas mayores del país. Como bien lo indicó el biólogo Pacheco al “Semanario Universidad”: “En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir más unos US$133 millones anuales (cerca de ¢82.000 millones) por al menos una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 70.000 onzas de oro en lingotes. Parece un sueño, pero no lo es, y por eso hubo empresas extranjeras que buscaron realizar esa explotación en, por supuesto, beneficio propio”. Una iniciativa como ésta favorecería a coligalleros autorizados y debidamente supervisados y a las urgidas finanzas de la CCSS para la atención de la población adulta mayor.

Se trata de una excelente iniciativa que debe contar con el entusiasta respaldo de quienes creemos que Costa Rica debe seguir apostando por una propuesta de desarrollo armoniosa en lo económico, social y ambiental.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?”, se pregunta el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”. Y responde: “Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. Tal debe ser la convicción de todos y todas.

Compromiso por el Impulso de un Diálogo Social Multisectorial para Alcanzar un Gran Acuerdo por la Educación

SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS

El fortalecer los procesos de diálogo nacional es hoy más que nunca un imperativo, necesario para construir confianzas en la diversidad, lo que se ha visto como un elemento fundamental a partir de los procesos desarrollados recientemente[1], con el fin de construir a partir del reconocimiento de las diferencias, siempre en los principios y valores que caracterizan la conformación de esta República; a saber, respeto, democracia, paz, libertad y solidaridad. 

Al respecto, el transitar la crisis que vive el mundo en la actualidad, según OIT plantea en el 7mo informe “La COVID‑19 y el mundo del trabajo” de enero 2021 requiere del reconocimiento de que: 

«Habida cuenta de una coyuntura de cambios estructurales y de déficit continuado, los encargados de la formulación de políticas deberán estar en medida de elaborar y aplicar estrategias de recuperación, sobre la base del diálogo social, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.»

Esta necesidad es aún más fundada a partir de la situación social y los elementos coyunturales que se identifican en el caso de Costa Rica.

Antes de marzo de 2020 situaciones estructurales ya venían afectando a Costa Rica en términos macroeconómicos, en cuanto a la situación fiscal del país y el aumento del desempleo, entre otros aspectos que han complicado la situación de las familias que habitan el territorio nacional. Estas situaciones se han agudizado producto de las medidas sanitarias y sus implicaciones económicas, necesarias para desacelerar el avance de los contagios por Covid-19 en el país. 

A nivel mundial, la ONU ha identificado cinco pilares clave para el apoyo a los países en la respuesta al COVID-19[2]. Proteger el sistema de salud durante la crisis de la COVID-19 es la primera prioridad. Al mismo tiempo, e igualmente urgentes, son los siguientes pilares:

  • ayudar a proteger a las personas a través de la protección social y los servicios básicos;
  • proteger los empleos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos con mayores personas en situación de vulnerabilidad mediante la recuperación económica;
  • ayudar a guiar el aumento necesario en el estímulo fiscal y financiero para hacer que el marco macroeconómico funcione para las personas con mayores factores de vulnerabilidad, que fomente el desarrollo sostenible, las economías verdes e inclusivas y fortalezca las respuestas multilaterales y regionales, y finalmente,
  • promover la cohesión social y generar confianza a través del diálogo social, e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia liderados por la comunidad, con una mirada particular en las poblaciones y personas que se están quedando atrás.

Sobre la base de estos preceptos es que en el proceso que se desarrolla se busca la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión de las personas que forman parte de la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática a partir de la participación ciudadana responsable.

Es en esta línea, que dentro de los componentes estratégicos que guían el proceso de Diálogo Social Multisectorial, se considera que la educación es un aspecto central para enfrentar los retos actuales y futuros.

La educación pública ha sido un motor de movilidad social ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debemos asegurar que continue siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad, tal y como lo ha expresado en diferentes informes el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):   

“…hay tareas complejas que requerirán la cooperación de todos los actores sociales y políticos interesados en sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación. Este acuerdo es indispensable para crear la fuerza social y política necesaria para, en los próximos años, impulsar un marco de acción que trascienda intereses particulares y administraciones y se consolide como una política de Estado. (PEN, 2021, p. 55)

EDUCACIÓN COMO PILAR PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO COSTARRICENSE

A partir de los aportes del Estado de la Educación[3] (PEN, 2021) se establece la preocupación por lo que se ha denominado un “apagón educativo” debido a los rezagos importantes en la cobertura y calidad en educación preescolar, general básica y diversificada, como por ejemplo el aumento del 59% de estudiantes en pobreza extrema, que son solo algunas de las dificultades evidenciadas en el informe.

El informe del Estado de la Educación detectó también rezagos importantes en áreas como matemáticas y español, situación que pone en desventaja competitiva al país frente a otras naciones del globo y miembros de la OCDE que compromete el futuro de Costa Rica.

Ante esta situación:

“Los riesgos son varios: “volver a lo anterior”, improvisar políticas públicas sin sustento en la evidencia científica o recortar la inversión educativa por razones fiscales, lo que implicaría volver a cometer el grave error estratégico en el que el país incurrió durante la década de los ochenta del siglo pasado, solo que esta vez en un contexto demográfico mucho más adverso. La oportunidad es aprovechar los aprendizajes y lecciones generadas por la pandemia para hacer cambios sustantivos, postergados por largo tiempo, en el sistema.” (PEN, 2021, p. 55)

Ante el escenario brevemente esbozado, los sectores que conformamos el Diálogo Social Multisectorial, nos comprometemos en impulsar un gran acuerdo nacional por la educación, que permita:

  1. Promover y fortalecer una Educación Pública de calidad, equidad e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una Transformación Educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la innovación de hoy nos demanda en la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.
  2. Declarar como una urgencia nacional la problemática que enfrenta la Educación Pública.
  3. Avanzar en un Diálogo Social, transparente y respetuoso desde los sectores organizados representativos de la sociedad, que tengan incidencia y relación con la Educación Pública para analizar y plantear las reformas que requiere el Sistema Educativo.
  4. Asegurar los procesos y mecanismos con tal que no se afecte el contenido presupuestario de los programas del Ministerio de Educación y de las Universidades Públicas en términos del acceso y calidad de la educación.
  5. Reducir las brechas y desigualdades preexistentes entre educación pública y privada, siendo acciones estratégicas asegurar: la conectividad a todas las familias, fortalecer la educación técnica que desarrolle habilidades especiales, formalizar el bilingüismo, promover e incentivar estudios STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas), sin menoscabo de la formación en cultural y humanista.
  6. Asegurar el presupuesto nacional para que se pueda garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de presupuestar el 8% anualmente del P.I.B.
  7. Eliminar el recargo de tareas administrativas a la población docente para que se dedique expresamente a la formación y enseñanza aprendizaje del estudiantado.
  8. Definir el perfil de la persona educadora que se adecue a la reforma educativa planteada, que se modifique la malla curricular de educación superior de acuerdo con este perfil y que se mantengan procesos de capacitación constante para formar a las personas docentes que actualmente encuentran en las aulas.
  9. Revisar los Programas de Equidad como el de becas, de transporte estudiantil y de alimentación, no sólo como mecanismo de retención, sino como un paso hacia la transformación de la mentalidad del o la estudiante como una persona con derecho a una vida digna.
  10. Conectividad, acceso y alfabetización digital como insumos necesarios para fortalecer la accesibilidad a toda la comunidad educativa. Por lo que se hace urgente la interconectividad de banda ancha, equipos tecnológicos y materiales digitales de calidad.
  11. Actualizar, estandarizar y equiparar los textos e hipertextos, multimedios y materiales educativos. Se sugiere que el MEP tenga un repositorio de materiales didácticos.
  12. Fortalecer la educación técnica, esta representa una alternativa de educación integral para aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral desarrollando habilidades especiales, sin dejar de aspirar a más conocimiento.
  13. Valorar y desarrollar la infraestructura del sistema educativo, de acuerdo con las exigencias de la sociedad, la época y el ambiente.
  14. Monitorear, apoyar y mejorar la gestión operativa de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
  15. Revisar la estructura administrativa y la gestión operativa de las Direcciones Regionales con tal de que cumplan la función y objetivos con que fueron creadas.
  16. Poner en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación, entregado por el CONARE al Ministerio de Educación Pública.

De esta forma, los sectores sociales y productivos, nos comprometemos con la visión planteada por el CONARE a través del Programa Estado de la Nación, para potenciar a mediano plazo:

Con una mirada prospectiva, la educación “que viene” necesita que las aulas se conviertan en verdaderos laboratorios de innovación, donde lo más importante no sea transmitir la información, sino que los estudiantes desarrollen habilidades superiores del pensamiento crítico como la resolución de problemas, la comprensión lectora, la comunicación, la experimentación, la curiosidad, la creatividad, el trabajo colaborativo, y competencias digitales. Estas les permitirá actuar sobre los problemas cotidianos de una manera efectiva e implican cambios profundos en la pedagogía y no solo en los recursos didácticos. (PEN, 2021, p. 61)

Instamos a todos los sectores sociales y productivos del país a constituirnos en Mesa Nacional de Diálogo, para el impulso de un Gran Acuerdo Nacional por la Educación. 

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.

Firmas (puede sumar la suya o la de su organización):

[1] Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC) y la Mesa de Dialogo Multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo y recientemente la Mesa Patriótica por la Vacunación.

[2] Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Respuesta integral  de  las Naciones Unidas  a  la COVID19: salvar  vidas, proteger  a  las sociedades, recuperarse  mejor. Junio de  2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf

[3] Programa Estado de la Nación Octavo Estado de la Educación 2021 / Programa Estado de la Nación. — San José, C.R.: CONARE – PEN, 2021. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf

«Urge acuerdo nacional por la educación», afirman sectores sociales, productivos y académicos

9 de diciembre 2021

“Apagón educativo” compromete futuro de Costa Rica

Urge acuerdo nacional por la educación, afirman sectores sociales, productivos y académicos

Diversos sectores sociales, productivos y académicos preocupados por lo que el CONARE, desde el informe del Programa Estado de la Educación (PEN, 2021) denominó como “apagón educativo” que contempla los rezagos en la cobertura y la calidad de la educación en educación preescolar, general básica y diversificada consideran fundamental impulsar un gran acuerdo nacional por la educación en el marco del Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria.

Dicho acuerdo debe contemplar, entre otras cosas, una declaratoria de urgencia nacional ante la problemática que enfrenta la Educación Pública, como, por ejemplo, el incremento del 59% de estudiantes en condición de pobreza extrema.

El “Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y Solidaria” integrado por representantes del sector sindical, cooperativo, empresarial, comunalista, académico, entre otros; considera que la educación pública ha sido un motor de movilidad ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debe continuar siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad.

Lo que se busca es la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática, a partir de la participación ciudadana responsable.

Por lo anterior los sectores suscribientes se comprometen e instan a todos los sectores sociales y productivos del país a constituir juntos la “Mesa Nacional de Diálogo para el impulso de un gran Acuerdo Nacional por la Educación”

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.  

Las acciones que busca promover esta iniciativa implican garantizar y fortalecer una Educación Pública de calidad, equitativa e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una transformación educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la modernidad demanda, ante la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.

Corte Suprema de Justicia promueve consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público

«PETITORIA

1.- Expresamente solicitamos que la Sala Constitucional haga uso de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la respectiva resolución. 

2.- Solicitamos se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos fundamentales de las personas habitantes de la República.  Rogamos hacer el análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias constitucionales de los órganos de este Poder.   

3.- Solicitamos se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial».

SURCOS comparte el documento completo de la Consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público:

Grandioso este día el 1 de diciembre que recuerda la Abolición del Ejército, que nos permite cantarle a la vida y al buen y respetuoso trato de los niños y adolescentes

(Intervención de Vladimir de la Cruz, Historiador, en el acto inaugural de la Exposición “Lo que dijeron los medios de prensa relacionados con la Abolición de la Pena de Muerte, la Abolición del Ejército y del castigo físico infantil”, en la Asamblea Legislativa, en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República, el miércoles 1 de diciembre del 2021”

Ciudadana
Presidenta de la Asamblea Legislativa
Silvia Hernández
Ciudadana
Directora Biblioteca Nacional
Laura Rodríguez
Ciudadano compositor
Carlos Guzmán
Ciudadanos Diputados
Ciudadanos Directores y funcionarios del Poder Legislativo
Ciudadanos y ciudadanas presentes en este acto.

Nos reúne este día la celebración de tres acontecimientos que enaltecen a la Nación costarricense, a la Democracia Nacional y a los Poderes Públicos, y altas Autoridades del Estado y del Gobierno que de distinta manera participaron y contribuyeron en su gestación. Son la celebración de la Abolición de la Pena de Muerte, la Abolición del Ejército y la eliminación de castigos físicos y humillantes de los niños y niñas de Costa Rica.

La adición al Capítulo II del Código de la Niñez y la Adolescencia, con el Artículo 24 bis, que establece claramente la prohibición de castigos físicos, corporales, y trato humillante o degradante, a los niños que se ha aprobado por este Congreso, enriquece las políticas que sobre niñez y adolescencia se han ido dando en Costa Rica desde hace muchos años, y que fortalece las decisiones nacionales que se han hecho al firmar gran cantidad de Tratados y normas internacionales similares, que han hecho que Costa Rica se distinga en el ámbito internacional por los Derechos Sociales, las Libertades individuales y por los Derechos Humanos, que como un gran paraguas hoy cubren prácticamente todas las esferas de la vida de los habitantes y ciudadanos de Costa Rica, de su niñez y adolescentes, que obligadamente se les debe tratar como las personas humanas que son, señalando también esa corresponsabilidad de crianza y educación, con estos parámetros, a las madres, a los padres, a los responsables de la guarda y crianza, así como de los encargados y el personal de los centros educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, para evitar que sobre niños y adolescentes se puedan realizar castigos físicos corporales o de trato humillante, y que por sobre todas las cosas se garantice su integridad física, su dignidad de personas humanas y la felicidad con que deben criarse, para asegurar con ello también la mejor convivencia social y procurar la sociedad más feliz posible.

La exaltación de la abolición de la pena de muerte es otro hecho que distingue a Costa Rica, desde mediados del siglo XIX, cuando los Presidentes y Beneméritos de la Patria, el Dr. José María Castro Madriz y el General Tomás Guardia Gutiérrez, inaplicaron la Pena de Muerte, y el General Guardia tomó la decisión de eliminarla, de abolirla y declarar el derecho a la vida como un bien inviolable. Del continente americano solo Venezuela se nos anticipó, cuando la abolió en 1863. Nosotros en el Gobierno de Tomás Guardia lo hicimos en 1882, lo que se publicó en La Gaceta el 27 de abril de 1882, como Artículo 15 de la Constitución, que se reformó en este sentido.

La pena de muerte constituye la expresión más brutal de todos los castigos, el más extremo, el más cruel. Con ello también hemos firmados Tratados internacionales que aseguran que la pena de muerte no podrá restablecerse jamás y mucho menos podrá aplicarse en delitos considerados políticos, lo que fortalece el ambiente de una sociedad tolerante en este campo.

En 1981 en Costa Rica se realizó, para celebrar el Centenario de la abolición de la Pena de Muerte, el Primer Congreso Mundial de Derechos Humanos, que culminó con la Carta de Alajuela, en la que se estableció que “la pena de muerte es una práctica jurídica, o no, que atenta contra el Derecho Humano superior de la vida. Por ende debe suprimirse”.

Esta decisión, de la Abolición de la Pena de Muerte, tomada en 1882 ha sido también uno de los ejes de política exterior del país, junto con la defensa de los regímenes democráticos y de los derechos humanos, entre otros valores, que distinguen al país en el ámbito internacional.

La razón fundamental que llevó al Presidente Guardia a abolir la Pena de Muerte, fue el dolor que le causaba el recuerdo del Asesinato de Estado que se realizó contra el Presidente Juan Rafael Mora Porras y, especialmente, contra el General José María Cañas Escamilla, ambos héroes, de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos que querían esclavizar a los pueblos centroamericanos y acabar con la Soberanía, la Independencia y la Libertad de nuestras naciones.

El fusilamiento del General Cañas afectó más al Presidente, porque en esa gloriosa y heroica guerra, el General Guardia había combatido bajo las órdenes del General Cañas, a quien admiraba, y le sentía un profundo respeto, admiración y a quien le tenía un gran afecto. En ese sentimiento le acompañó su señora esposa, la distinguida Dama Emilia Solórzano Alfaro, a quien también se le reconoce la decisión de la abolición de la pena de muerte.

Al momento de recordar esta memorable decisión de la abolición de la pena de muerte, recuerdo a los señores Diputados que está pendiente realizar el Funeral de Estado al Presidente Benemérito de la Patria Juan Rafael Mora Porras, y al General José María Cañas Escamilla.

Hace bien la Asamblea Legislativa, señores Diputados, de celebrar hoy, 40 años después del Primer Congreso de Derechos Humanos, realizado en nuestro país, estas fechas, que culminan en este acto con la celebración y exaltación de la abolición del ejército como institución permanente.

Celebramos el 1 de diciembre como la fecha en que, en 1948, se abolió el Ejército de Costa Rica. Alrededor de esta fecha se discutió en el 2019, en la Asamblea Legislativa, la decisión de aprobarla como día feriado de pago obligatorio nacional, lo que se hizo, siendo este año 2021 cuando se puso en vigencia.

Las fechas patrias y efemérides nacionales, en preciso, como las fechas de la Independencia el 15 de setiembre, la de la Anexión de Nicoya, el 25 de julio, la de la Virgen de los Ángeles, el 2 de agosto, la del Día de la Madre, el 15 de agosto, la del día del Niño, el 9 de setiembre, la del encuentro de culturas, el 12 de octubre, las de la Campaña Nacional contra los filibusteros, especialmente la del 20 de marzo, la Batalla de Santa Rosa, el 10 de abril, la Batalla de Sardinal, el 11 de abril, la Batalla de Rivas y la del 22 de diciembre, la Batalla de la Trinidad, que son las que más se celebran, tienen bien asentado su día de conmemoración y recuerdo, pero de ellas destacan en celebración la de Santa Rosa y la de Rivas.

La fecha del 29 de octubre, asociada a la Independencia de Costa Rica, no se celebra oficialmente, aunque este año, 2021, inevitablemente tuvo que hacerse, y el propio Presidente Carlos Alvarado en Cartago tuvo que reconocer que allí, en esta fecha, hace 200 años, se había proclamado la Independencia de Costa Rica.

Hoy se celebra el día de la Abolición del Ejército con este rango de distinción, haciéndolo feriado y de pago obligatorio, con un día movible a otro día de la semana lo que debilita su efeméride.

Otras fechas alusivas a eventos y sucesos nacionales pueden igualmente celebrarse, con mayor pomposidad que como se recuerdan. Algunas fechas pueden ser discutibles desde el punto de vista de historiadores, y especialistas, y hasta se podrían tener varios eventos para significar, destacar y celebrar esas fechas, como es el caso de la fecha de Independencia que se tienen el 15 de setiembre y el 29 de octubre, y como alrededor de la Abolición del Ejército se podrían tener diferentes momentos de celebración de la abolición del Ejército, destacando la fecha del 1 de diciembre de 1948.

En materia militar estuvieron vigentes, hasta el Código Militar de Tomás Guardia Gutiérrez, de 1871, las ordenanzas generales del Ejército expedidas por el Rey Carlos III, en el siglo XVIII, que quedaron abolidas con la promulgación de este Código Militar.

Con ello, el Ejército era parte de la institucionalidad oficial del Estado y del Gobierno, que se regulaba desde el Código Militar de 1871 con sus respectivas reformas.

En el Artículo 22 de la Constitución Política de 1871, vigente hasta 8 de mayo de 1948 se establecía que el Ejército, era una fuerza militar que estaba subordinada al Poder Civil, que es esencialmente pasiva y jamás debe deliberar, y en el Artículo 109 de los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo, en sus incisos 15, 16 y 17 se establecía que era competencia del Presidente: “Librar los títulos respectivos a los individuos a quienes el Congreso hubiere investido de alguno de los grados militares que le corresponde conferir. Conferir grados militares hasta el de Teniente Coronel inclusive, y proveer cualesquiera empleos, cuya provisión no reserve la ley a otra autoridad, y conceder retiro a los Jefes y Oficiales del ejército y admitir o no las dimisiones que los mismos hagan de sus destinos.”

Así al suspenderse la Constitución de 1871, el 8 de mayo de 1948, se suspendió el Ejército, se le quitó el sustento constitucional de su existencia. Bien podría tenerse, por este motivo, la fecha del 8 de mayo de 1948 como una fecha de abolición del Ejército, sin embargo, la Junta de Gobierno mantuvo el Ejército e hizo varios Decretos Leyes relacionados con este cuerpo militar.

Institucionalmente en la década de 1940-1948 el Ejército, como estructura organizativa del Estado, era muy débil, y para la guerra civil de 1948 era una institución casi inexistente.

En junio de 1947 los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieron eliminar el Ejército suprimiendo partidas para la compra de armas y mantenimiento de los cuarteles.

La Guerra Civil de 1948 puso en tensión militar el país, tanto por las fuerzas militares organizadas y dirigidas por José Figueres, su Ejército de Liberación Nacional, y la Legión Caribe, que le acompañaba, como por el Ejército Nacional, la institución militar que tenía que enfrentar la insurrección militar figuerista, a la que prácticamente no le ofreció ninguna resistencia importante, ni ninguna batalla o enfrentamiento militar importante le ganó.

Acabada la Guerra Civil, luego de las Conversaciones de Ochomogo, ratificadas en el Acuerdo o Pacto de la Embajada de México, y obligado Otilio Ulate a firmar el Pacto con Figueres, postergando su asunción al Poder Ejecutivo, asumió por la fuerza la dirección del Estado y del Gobierno, José Figueres, prácticamente, con un Golpe de Estado contra Otilio Ulate, desde el 8 de mayo de 1948 hasta el 7 de noviembre de 1949, período en el que se constituyó el Gobierno de Facto de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Es durante el ejercicio de este Gobierno de Facto donde se toma la decisión con firmeza de abolir el Ejército Nacional.

El primer acto fue con la suspensión o abolición de la Constitución Política de 1871, que era la vigente, lo que se realiza el 8 de mayo de 1948. Al suspender la Constitución Política se suspendió con ella al Ejército Nacional del Estado que era reconocido oficialmente como una institución de Derecho.

La fuerza militar que acompañó a Figueres en el ejercicio de su Gobierno de Facto fue la propia, con la que había ganado la guerra, que sustituyó, en ese sentido, al Ejército Nacional, en todas sus funciones. Sin embargo, por Decreto No. 1 de la Junta fundadora de la Segunda República, del Ministerio de Seguridad Pública, de 8 de mayo de 1948, José Figueres “asume el Mando en Jefe del Ejército y de las fuerzas armadas de la República, en calidad de Comandante en Jefe”.

A partir de allí el Ejército Nacional fue desintegrándose en la institucionalidad nacional. En distintos actos y acuerdos de la Junta de Gobierno se le dio apoyo a su Ejército de Liberación Nacional. En la Reunión No. 5 del 25 de mayo de 1948 se señaló la existencia del Ejército como necesaria “en la actualidad”, “como medida de emergencia”, y se estableció el Departamento de Defensa del Ejército, dependiente del Ministerio de Seguridad.

La Junta Fundadora convocó a elecciones, a afínales de 1948, para integrar la Asamblea Nacional Constituyente la cual se instaló, en enero de 1949, para realizar su trabajo, durante el año de 1949.

El 13 de diciembre de 1948, por el Decreto Ley No. 302, la Junta Fundadora de la Segunda República, “creó la Tesorería del Ejército para atender aquellos gastos de la presente emergencia de guerra, cuyo pago debe de hacerse de inmediato…”

En el Proyecto de Constitución Política, presentado por la Junta, a la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de febrero de 1949, en su Artículo 10, se establecía declarar oficialmente disuelto el Ejército Nacional, que aunque no se acogió este Proyecto de Constitución, la idea de la abolición prendió en el alma de los constituyentes, lo que empezó a discutirse en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese 3 de febrero de 1948 se hizo oficialmente el primer anuncio de querer abolir el Ejército. Esta es una fecha que puede tenerse también para celebrar su abolición.

El 4 de julio de 1949 los diputados del Partido Unión Nacional, Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel Gutiérrez, proponen suprimir el Ejército (Actas 101, de 4 de julio, la 169 de 18 de octubre, y la 178 del 31 de octubre, de la Asamblea Nacional Constituyente). Estas son otras fechas que contribuyen para celebrar su abolición.

Así, el 18 de octubre de 1949 la Asamblea Nacional Constituyente revisa lo aprobado en las discusiones hasta ese momento, con relación a la eliminación del Ejército, y el 31 de octubre de 1949 fue cuando se aprobó oficialmente, o ratificó, la Abolición del Ejército, en la Asamblea Nacional Constituyente, lo que podría ser la fecha más precisa por cuanto ya quedaba aprobada la abolición. Seguía la aprobación definitiva de la Constitución como un todo, lo que se hizo el 7 de noviembre de 1949.

El 11 de octubre de 1949 la Junta Fundadora de la Segunda República, por Decreto No. 749, acuerda “imprimirle a la estructura política del Estado una fisonomía netamente civil, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, llamada a partir de ese momento, Guardia Civil”, y traspasó el Cuartel Bella Vista a la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de desarrollar el Museo Nacional.

En el seno de la Junta de Gobierno el Plan de la supresión, o abolición del Ejército, había sido presentado por el Ministro de Seguridad, Coronel Edgar Cardona Quirós, por lo que, como reconocimiento, se le otorgó el título de Coronel Efectivo de las Fuerzas Armadas de Costa Rica.

El 25 de noviembre de 1948 la Junta de Gobierno había acordado aceptar el Plan de Supresión del Ejército.

El 27 de noviembre se anunció la desmovilización de la Legión Caribe, y se les agradeció lo que habían hecho por Costa Rica, especialmente al General Miguel Ángel Ramírez Alcántara, considerado, por los miembros de la Junta de Gobierno, Héroe de la Revolución.

Cuatro días después, el 1 de diciembre de 1948, la Junta realizó el acto simbólico en el Cuartel Bellavista. En presencia del Cuerpo Diplomático, se hizo el anuncio de que Costa Rica convertiría los cuarteles en centros de cultura, y se afirmó que la época de los cuarteles había quedado para la historia de la Primera República y que empezaba la era del Estado constructor de escuelas, colegios, universidades y museos.

El acto público del 1 de diciembre de 1948, fue para publicitar, de esa manera, la declaración de disolución del Ejército Nacional, que se había hecho el 31 de octubre en la Asamblea Nacional Constituyente.

Así, el acto del 1 de diciembre tan solo fue el acto teatral del anuncio, no el acto oficial en el cual se había abolido. Este día hablaron José Figueres Ferrer, como Presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Cardona, Ministro de Seguridad Pública y Uladislao Gámez Solano, Ministro de Educación Pública.

Para esta ocasión, 1 de diciembre de 1948, se reunieron las autoridades del Gobierno en el Cuartel Bella Vista donde José Figueres dio unos mazazos, en una de sus almenas, para simbolizar la abolición del Ejército. Allí hubo un desfile de militares y de escolares.

El entonces Magistrado de la Sala Constitucional, Rodolfo Piza Escalante señaló que ese 1 de diciembre José Figueres no abolió el ejército y tan solo pronunció un discurso, como efectivamente lo hizo.

Este acto teatral es el que se conoce como la Ceremonia del Mazazo, porque José Figueres golpea una muralla, en una de sus almenas, con un mazo, para indicar que, de igual manera, era golpeada y destruida la estructura militar.

Como parte de la ceremonia, el Ministro de Seguridad entregó al de Educación, una llave simbólica señalando que era el acuerdo firme de la Junta de Gobierno disolver el Ejército. Así simbólicamente este día, 1 de diciembre, se inmortalizó como la fecha de la Abolición del Ejército.

El Ministro de Educación expresó: «La luz que irradiaron las espadas del 12 de marzo, aludiendo al acto insurreccional que dio origen a la Guerra Civil ese mes, hoy se transforman en antorcha de libertad y del decoro que entonces proclamaron.»

La Abolición del Ejército quedó consagrada en el Artículo 12 de la actual Constitución Política, aprobada el 7 de noviembre de 1949.

Con ella, los diputados constituyentes de 1949 definieron claramente, en los artículos 12 y 140 de la Constitución Política, el carácter civilista del Estado costarricense y la finalidad de integrar a la fuerza pública dentro del modelo de Estado.

En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990 por el Decreto No. 17357-P-SP-EP-C-RE, del 26 de noviembre de 1986, se dispuso Declarar el 1 de diciembre de cada año como “Día de la Abolición del Ejército”, invitando a todos los costarricenses y extranjeros radicados en el país, como a las instituciones públicas y privadas, a reflexionar sobre este hecho fundamental de la Historia Patria y a celebrarlo con la dignidad y el decoro que merece esta fecha. El día de celebración así está establecido. Lo que se hizo finalmente por el Congreso de la República y sus diputados fue hacerlo feriado obligatorio y de pago obligatorio.

En concordancia con la Abolición del Ejército, en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, el 17 de noviembre de 1983, anunció la Declaratoria de la Neutralidad Perpetua Activa y No Armada, del Estado costarricense, ante cualquier conflicto bélico, como prolongación del proceso de desarme unilateral y voluntario iniciado en 1949. En el siguiente período gubernativo, el Presidente Oscar Arias Sánchez, por Decreto No. 17645-P-SP-G, dispuso, el 24 de julio de 1987, suprimir los rangos militares que hasta ese momento ostentaban y tenían vigentes los miembros activos de la Guardia de Asistencia Rural, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad nacional, la DIS, y de todos los cuerpos de policía, en todas sus estructuras y programas, estableciendo la nomenclaturas de Inspector de Policía 1, 2, 3, de Oficial de Policía 1 y 2 y de Comisionado de Policía 1, 2 y 3. Los rangos militares fueron restablecidos nuevamente en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994 y eliminados de nuevo por el Presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002. Durante el Gobierno del Dr. Abel Pacheco, con motivo de la adhesión que él hizo a la guerra de Irak desarrollada por Estados Unidos, firmando internacionalmente dicha acción militar, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, le llamó la atención señalando que en razón de la abolición constitucional del Ejército, nosotros como país, no podemos formar parte de ninguna fuerza colectiva de tipo militar ni de participar en acciones militares de esa naturaleza, obligándolo a retirar la firma de apoyo a esa guerra.

Así, hoy celebramos con júbilo nacional esta gloriosa fecha que hace que ninguna familia sufra de la circunscripción obligatoria del servicio militar de ninguna de sus hijos o miembros, ni sufre por movilizaciones militares del Estado o del Gobierno que produzcan la muerte de costarricenses. Y, celebramos también que no haya gastos militares en el mantenimiento de una fuerza militar totalmente parasitaria, y que esos fondos puedan destinarse a otras necesidades estatales y de la Administración Pública al servicio de la ciudadanía y los habitantes del país.

Grandioso este día el 1 de diciembre que nos recuerda la Abolición del Ejército como institución permanente, que nos ha permitido cantarle a la vida y al buen y respetuoso trato de los niños y adolescentes.

El experto de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Costa Rica

GINEBRA (3 de diciembre de 2021) – El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali-Tzay, realizará una visita oficial a Costa Rica del 6 al 17 de diciembre de 2021.

“Estudiaré los procesos de consulta establecidos para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas o proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos», dijo Cali-Tzay.

“Durante mi estadía en Costa Rica, también prestaré atención a las preocupaciones planteadas por las amenazas y los ataques a los defensores de los derechos indígenas».

El experto de la ONU examinará una serie de cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, como el autogobierno, los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y cambios climáticos, los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños indígenas, las personas indígenas con discapacidades y las repercusiones del COVID.

Cali-Tzay se reunirá con gobiernos y funcionarios estatales, organizaciones indígenas, sociedad civil, académicos y representantes de la ONU. También visitará varias comunidades indígenas para recibir información de primera mano y discutir sus prioridades y preocupaciones.

El Relator Especial celebrará una conferencia de prensa para compartir sus conclusiones y recomendaciones preliminares a las 10:00 horas del 17 de diciembre de 2021 en el hotel Hilton Garden Inn San José La Sabana. El acceso a la conferencia está limitado a los periodistas acreditados, que deben inscribirse con antelación (ver información más abajo).

El experto de la ONU presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022.

José Francisco Cali Tzay (Guatemala) es el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. Fue miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) y fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

Fuente: https://www.ohchr.org/