La Universidad de Costa Rica, Kioskos Socioambientales, Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, y el Observatorio de Bienes Comunes invitan al taller virtual ¿Para qué sirve el Acuerdo de Escazú?
Un recorrido permitirá conocer algunos puntos claves del Acuerdo en relación con conflictos socioambientales. El foro se realizará el lunes 28 de junio a las 5:00pm desde el enlace: https://udecr.zoom.us/j/81839797382 ID de reunión: 818 3979 7382
ANDE, UNDECA y BUSSCO invitan al foro “¿Existe la justicia social en Costa Rica?” el cuál se realizará este lunes 28 de junio a las 5:00 pm. Se contará con la participación de:
La moderación estará a cargo de Kelly Barquero Vargas
El foro se podrá sintonizar por medio del Facebook live de ANDE
José Manuel Arroyo Gutiérrez
Les comparto en esta ocasión mi presentación del ensayo del doctor Marco Feoli Villalobos.
El ensayo del Dr. Marco Feoli Villalobos, ex Ministro de Justicia y funcionario judicial, nos ofrece uno de los mejor logrados análisis críticos e integrales de la reforma procesal penal realizada en Costa Rica entre 1996 (año de la promulgación del nuevo Código) y 1998 (año de su entrada en vigencia).
Se trata de una mirada al bosque dos décadas después y con impecable objetividad científica, para ver en perspectiva los logros y fracasos, los aciertos y fallas, las promesas cumplidas e incumplidas y, en fin, las luces y las sombras de una reforma legislativa que fue un intento por superar las herencias procesales del siglo XIX (régimen predominantemente inquisitorial, escrito, semi-secreto, no contradictorio), para afincarse en el siglo XXI (régimen predominantemente acusatorio, oral, público y adversarial).
El autor hizo bien en contextualizar, de entrada, el momento histórico de la reforma. Una América Latina en transición, que simultáneamente salía de la larga noche de las dictaduras militares, buscaba alcanzar regímenes democráticos y estados de derecho y, a la vez, conocía de propuestas modelo para transformaciones normativas y de los aparatos de justicia, no sólo constitucionales, como era evidentemente necesario, sino también cambios profundos en los sistemas penales, -sustantivos y procesales-, acordes con las nuevas condiciones políticas.
Si bien Costa Rica se había conservado dentro de su formal estabilidad democrática, ciertos sectores dirigentes, sobre todo dentro del propio Poder Judicial, también se hicieron eco de los impulsos reformistas en materia procesal penal, tanto por las disfunciones y anacronismos del régimen imperante (Código de Procedimientos Penales de 1973), como por los desafíos urgentes de modernizar y hacer más eficiente el régimen de juzgamiento en materia penal.
A lo dicho por el autor sobre el marco general latinoamericano, sólo agregaría que en el caso nuestro, las últimas décadas del siglo pasado y las primeras de éste, están marcadas de manera cuasi-violenta por un abrupto abandono del Estado Benefactor que disfrutamos entre 1940 y 1980, hacia un modelo de libre mercado que no termina de mostrar sus virtudes y, al contrario, ha ensanchado las brechas de inequidad y ha conocido el aumento exponencial de la violencia social y delictiva, a causa de múltiples factores de naturaleza más bien sociológica, que no tienen directamente que ver con las leyes vigentes, sus reformas y sus contrarreformas. Estoy convencido – al igual que don Marco- de que el Código Procesal de 1996, tiene un diseño regido por los principios básicos del Estado Constitucional de Derecho y las convenciones y tratados internacionales en la materia, pero la mayoría de las sucesivas reformas experimentadas en estos veinte años –ahora señalo bajo mi responsabilidad-, evidencian una clara tendencia a querer resolver con represión penal las tensiones, asimetrías y conflictividades sociales de la época. Este fenómeno no es exclusivamente legislativo sino también jurisprudencial, que alcanza algunas resoluciones de la Sala Constitucional y muchas de la Sala Tercera (Penal) de los últimos años.
Considero, abordando otro aspecto, que esta obra tiene la virtud de no eludir los debates ideológicos de fondo. Están explícitos temas esenciales que Feoli expone y sobre los cuales toma posición respecto cada uno de ellos: la función social del proceso y el derecho penal; el binomio libertad/punición y sus necesarios equilibrios; los derechos fundamentales como “fin” y al mismo tiempo “límite” del ius puniendi; la necesidad de aplicar cumplidamente las libertades y garantías procesales como presupuestos esenciales del estado de derecho; el rol, culturalmente instalado, del carácter punitivista de fiscales y jueces; y, por supuesto, la cuestión humanista que significa concebir al procesado y al condenado como parte integral de un “nosotros”, frente a una concepción que lo ubica como “el otro”, merecedor de exclusión y hasta expulsión de la comunidad.
Es digno de destacarse también que las cuestiones medulares de este ensayo se desarrollan, como ya dije, con el lente de la objetividad científica. En lo fundamental se trata de una evaluación, a partir de identificarse las principales promesas o expectativas que motivaron la reforma procesal del 96, contrastándolas con su devenir, en la práctica, durante estas dos décadas. Metodológicamente se trata cada tópico elegido a partir de entrevistas a protagonistas y expertos en la materia. Lo anterior se respalda, además, con una amplia bibliografía y una sólida ilustración de gráficos y tablas, diseñadas y construidas bajo responsabilidad del autor, con los datos suficientes para dar consistencia y coherencia a la investigación realizada.
Es en ese contraste entre lo prometido inicialmente y la realidad operativa del sistema procesal penal conforme pasaron los años, que se pueden rescatar, conforme el criterio del Dr. Feoli, importantes logros, sobre todo en diseño: consolidación de principios constitucionales y convencionales en el ordenamiento jurídico costarricense; perfeccionamiento del sistema predominantemente acusatorio, con una relevante redefinición de roles del fiscal (investiga y acusa), el juez (garante de legalidad y potestad decisoria), el defensor (sin grandes transformaciones en su función); y el surgimiento de la víctima como actora de importancia en tanto titular de derechos con acceso directo a la justicia. En el ámbito institucional se reconoce también el fortalecimiento de Ministerio Público, y yo agregaría que de igual manera, del Organismo de Investigación Judicial y el importante vínculo entre ambas entidades mediante la dirección funcional. Al lado de estos logros, también se reconocen fracasos, sobre todo en los ámbitos de la efectividad y operatividad del sistema: empeoramiento en la duración de los procesos; altos costos económicos de la justicia; inversiones cuantiosas en tecnología, equipamiento y aumento de personal que no trajeron mejores rendimientos; medidas alternativas a la prisión que se han aplicado en porcentajes insignificantes; y gran deuda pendiente de una legislación específica en materia de ejecución penal para adultos.
Tal ha sido la cantidad y calidad de reformas parciales experimentadas por esta legislación procesal, que el autor habla, con razón y un tanto de ironía, de “un modelo para desarmar”. Y es que en efecto, aunque el autor no la menciona, recién promulgado el Código se impulsó la reforma para poner orden en materia de prescripciones, dado el caos interpretativo que habían generado los textos originales. Asimismo, pocos años después, si bien no a través de reforma de ley, sino de instrucciones administrativas, -lo cual fue polémico en sí mismo- se quiso impulsar y re-fortalecer la oralidad en varios puntos y momentos procesales, dado que la cultura escritural seguía oponiendo férreas resistencias al cambio. Fueron igualmente transformaciones por la vía de reformas parciales la que tuvo que ver con el empoderamiento, aún mayor, de la víctima en el proceso, el diseño de un procedimiento expedito para delitos cometidos en flagrancia, así como las restricciones al uso de medidas alternativas a la prisión y el elenco de beneficios penitenciarios. El panorama más relevante se completa con el cambio en el régimen impugnaticio que introdujo el recurso de apelación de la sentencia y reinstaló una casación de corte clásico, que ha recibido importantes críticas por su carácter cerrado con un altísimo porcentaje de rechazos por inadmisibilidad ad portas.
Finalmente, el autor aprovecha esta evaluación general para llamar la atención sobre la problemática del sistema penitenciario. La reforma procesal coincidió con un fenómeno de agudización de la violencia delictiva en el país que terminó impactando, como nunca antes, al sistema carcelario, elevando la tasa de prisionización a más del triple y ocasionando los niveles de hacinamiento carcelario más graves de la historia. Aunque el Dr. Feoli es claro en declarar que sería injusto e inexacto responsabilizar al nuevo ordenamiento procesal penal de esas consecuencias en sede penitenciaria, sí apunta a que el Código del 96 no resolvió por sí, ni tampoco se impulsó una legislación independiente que solventara la vieja deuda que el sistema penal costarricense tiene con una legislación moderna y eficiente en materia de ejecución penal para la población adulta. Es esta la falencia más señalada, por tener que ver con el principio de legalidad y su obligado tratamiento teniendo en cuenta que se trata de la regulación y afectación de derechos fundamentales de personas condenadas. Con todo, el autor no deja de albergas esperanza de que más temprano que tarde, mediante la tramitación del expediente legislativo # 21.800, pueda finalmente el país contar con la legislación adecuada, superándose la enorme contradicción de que, dentro de un supuesto estado de derecho, tengamos una regulación de materia tan delicada, fundamentalmente a través de decretos del Poder Ejecutivo.
En mi opinión, la preocupación que teníamos los principales responsables de la reforma procesal penal del 96-98, en cuanto a que más que un cambio jurídico-normativo, un nuevo régimen procesal penal implicaba una transformación cultural, es un desafío que sigue tan vigente como el primer día. Habrá que volver los ojos, más que a nuevas y renovadas modificaciones normativas, a la formación de nuestros jueces y juezas, a su preparación en las destrezas y conocimientos básicos, para alcanzar el mínimo funcional necesario de los sujetos procesales en un moderno estado constitucional de derecho.
José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Sabanilla de Montes de Oca, 22 de setiembre de 2020.
Nota de la edición:
Puede ver otras piezas de esta serie siguiendo este enlace:
https://surcosdigital.com/?s=Aportes%2Bal%2Bpensamiento%2Bjur%C3%ADdico%2Bcostarricense
SURCOS comparte el siguiente video, en el cual se muestra la resistencia del pueblo colombiano con base en la música, la pintura, el arte en general… y su dignidad.
Compartimos la invitación para participar de la conferencia sobre el último libro de Thomas Piketty «Capitalismo e ideología». En esta ocasión se analizarán las contradicciones socio políticas del capitalismo.
Se contará con la participación de:
Día: lunes 21 de junio
Hora: 4 p.m.
Transmisión
Puede participar dell foro “El futuro de los sindicatos en Costa Rica” en modalidad virtual mediante Facebook Live del Sindicato Nacional de Periodistas.
Se contará con la participación de
Día: 21 de junio del 2021
Hora: 10 am a 12 md
Puede conocer más detalles de la actividad en el siguiente documento:
Compartido con SURCOS por Gerardo Chavarría
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
El video arbitraje asistido, conocido como V.A.R por sus siglas en inglés, vino a revolucionar el fútbol global o al menos en aquellas regiones donde las condiciones materiales y económicas han permitido equipar salas como si fuesen verdaderos estudios de televisión.
Algunos apuntan que dicha transformación le ha restado emoción, arte, belleza, escena e improvisación a un deporte que no termina de asombrar. Otros, en cambio, celebran la corrección, el ajuste, el equilibrio, la eliminación del error. La discusión sigue latente.
Pero si hay un hecho que ha sacudido los cimientos de la puesta en escena en cancha, es la producción televisiva que un día sí y otro también expone con primeros, primerísimos planos las acciones, los gestos, las jugadas elaboradas y también las formas de discriminación que a menudo los jugadores cometen y luego encubren y justifican señalando que las mismas eran parte del “calor del juego”.
Ha sido tal el impacto de la imagen en la dinámica del fútbol global que los protagonistas han ingeniado formas artificiosas para que la audiencia global no logre alcanzar a ver sus provocaciones verbales, su vocabulario explícito, la altanería en sus reclamos frente al encargado de impartir justicia. Algunas veces logran esconder su trama. Otras no. Y se convierten, como se suele llamar ahora, en una viralización (vaya paradoja) que termina resultando en tendencia en redes sociales.
El último suceso, no por ello menos importante, ocurrió en la Eurocopa que por estos días se disputa. En este caso no solo fue la pericia de la imagen. Es algo que vas más allá y nos obliga a analizar el discurso y la simbólica producida en el hecho.
Al anotar un gol con su selección frente a Macedonia Norte, el jugador austríaco Marko Arnautovic realizó una señal con sus manos que en apariencia significaba un mensaje de aprobación. La señal, sin embargo, iría acompañada de un insulto considerado racista en contra de los Albanos. Inclusive en algunas imágenes internacionales se logra apreciar a David Alaba, compañero del jugador, tratando de inhibirlo para que no continuara con sus exabruptos. Al momento de escribirse esta columna se conoce que el jugador fue multado por la UEFA con un partido de suspensión por estas acciones, catalogadas como discriminatorias y antideportivas.
Desde distintos análisis compartidos se ha considerado que la señal de Arnautovic remitía a un gesto altamente criticado por ser vinculado a la simbólica del supremacismo blanco. La formación que el jugador hizo con sus manos en la celebración del gol, refiere a las letras WP, que se vinculan a la expresión «white power» (poder blanco) utilizado por tales movimientos en años anteriores.
Justamente para “desviar” la atención en sus presentaciones públicas y mitines, el movimiento supremacista hacia uso de la figura, disfrazándola de un “todo está bien” o un “okey” que parecían estar expresando. Sin embargo, en el fondo la señal constituye una afrenta simbólica y discursiva frente a las poblaciones y grupos que han sido maltratados por tales movimientos.
Las formas de opresión y discriminación son cotidianas y se expresan en las prácticas y más aún en los lenguajes. Por eso apoyo absolutamente aquellas acciones afirmativas que resultan en posibilidades de reivindicación social y política de grupos histórica y estructuralmente excluidos.
A la carga simbólica del gesto del jugador en la Eurocopa podríamos sumarle tantas otras formas de opresión en contextos más cercanos. Lo que ocurre en Costa Rica con los territorios indígenas es un buen ejemplo. No es solo una cuestión semántica la instalación de un supremacismo blanco, clasista y usurpador, como el que experimentan muchos pobladores indígenas legítimamente constituidos por derecho ancestral, en ocupantes de territorios que por historia les pertenecen.
No es solo un asunto de una seña racista que carga con un fuerte peso simbólico. Se trata en el fondo de cientos de años de opresión y racismo que no han logrado ser superados en contextos como el costarricense. En este caso, la seña es ingeniosa y urge descodificarla. A esa tarea deberíamos avocarnos de inmediato, para empezar a desterrar esos lenguajes de superioridad que en nada ayudan a la necesaria convivencia que como país nos urge reconstruir.
Imagen: https://www.lasexta.com
Se les invita a sintonizar el Programa Radial: Semillas y Saberes; Este se transmitirá el jueves 17 de junio a las 11:00 am, con el tema: «El mar y las gentes de mar: territorios de vida y resiliencia»
Se contará con la participación de:
Audios de:
Puede sintonizar el programa en la Radio 870 UCR (870 AM) por radios.ucr.ac.cr o por el Facebook Live de Radio 870 UCR
Este programa está al servicio de las organizaciones y el objetivo es visibilizar el trabajo que hacen. #SomosEconomíasSolidarias
José Manuel Arroyo Gutiérrez
Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.
Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.
La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.
De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.
Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:
En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos. Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.
CAMARADAS MILITANTES DEL PARTIDO COMUNISTA DE COSTA RICA
Rodolfo Ulloa Bonilla, 16 de junio de 2021 *
¡MI PARTIDO! Está compuesto de miles de hombres, mujeres y niños. Jóvenes, viejos, adolescentes, chiquillos”, Carmen Lyra.
“Tienen la fuerza de las semillas”, Adolfo Herrera García.
“Siempre nos hemos esforzado por trabajar colectivamente”, Manuel Mora Valverde.
INTRODUCCIÓN
El compañero Álvaro Rojas Valverde inició en el año 2014 una página en Facebook denominada “Camaradas CR”. El propósito fue recordar militantes del Partido Comunista de Costa Rica, acompañando la información con una fotografía. Esta recopilación tiene igual propósito de mantener viva la memoria y de reconocer con sus nombres y una muy breve reseña a costarricenses que militaron en las filas comunistas. Se inició con el objetivo de recoger el nombre de 90 militantes comunistas, como homenaje al Partido Comunista de Costa Rica que nació el 16 de junio de 1931. Se encontrarán muchos más, cientos, hombres y mujeres, militantes de corazón a la izquierda y templados en acero la inmensa mayoría. Algunos, pocos, abandonaron la militancia, pero se deja constancia de que en algún momento contribuyeron a la causa.
En esta lista faltan nombres, de eso estamos seguros y por eso confiamos en que una labor de memoria colectiva podrá irla completando poco a poco, en este sentido este es un inicio, la publicación seguirá creciendo (cualquier observación o adición se puede hacer escribiendo al correo wrulloa@gmail.com). Pedimos de antemano disculpas por cualquier omisión, que sería involuntaria.
El Partido de Comunista de Costa Rica (PCCR) a partir de 1943 se denominó Partido Vanguardia Popular (PVP), ocurrió una división en 1983 que hizo que surgiera el Partido del Pueblo Costarricense (PPC). En su momento el PPC se integró como colectivo en el Partido Fuerza Democrática (PFD). Y, después, comunistas encabezados por José Merino, fundaron el Partido Frente Amplio (PFA), esta agrupación reivindica en sus principios doctrinarios la tradición de las izquierdas costarricenses y en particular del Partido Comunista de Costa Rica.
Se encontrará además que los y las comunistas han participado electoralmente en la historia del país con otras denominaciones, como Bloque de Obreros y Campesinos (BOC), Bloque de la Victoria, Partido Acción Socialista (PASO), Coalición Pueblo Unido, Coalición Alianza Popular, Fuerza Democrática y Frente Amplio.
CAMARADAS MILITANTES DEL PARTIDO COMUNISTA DE COSTA RICA:
** Este homenaje a los y las CAMARADAS, para la celebración del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Costas Rica, fue elaborado por Rodolfo Ulloa Bonilla, con la colaboración de Antonio Chávez, Gerardo (Chino) Sánchez, Patricia Mora, Maricarmen Merino, Alejandra Ulloa y David Contreras. Las ilustraciones son de Fernando Carballo, publicadas en el Semanario Libertad. El diseño de la portada y la diagramación del libro es de Mauro Trigueros.
Puede ver el libro siguiendo este enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/06/Camaradas-Rodolfo-Ulloa-Bonilla.pdf
También puede descargar el documento en formato PDF para compartir:
Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.