Autor: Hector Ferlini Salazar

Policía detiene a comunicadora Stella Chinchilla

Escrito en 30/10/2020. Publicado en Coyuntura, Derechos.

La comunicadora popular Stella Chinchilla fue detenida por la policía la noche de este 29 de octubre, cuando hacía su labor informativa en una movilización social en Cartago.

A propósito de esto la organización de derechos humanos ACODEHU publicó esta declaración:

El Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Publica, están socavando el derecho a la Protesta Social.

Lamentables los hechos de la tarde de hoy, y los últimos días de parte de la fuerza pública de este país, sin control alguno por parte de las instituciones del Estado, que guardan silencio, ante los atropellos y violación de los Derechos Humanos a los sectores de la población que intentan manifestarse contra el Gobierno de Costa Rica.
Hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa- a la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones sociales, para que se impugnen las acciones y el comportamiento de la Fuerza Pública, en contra de la libertad de expresión, de organización y de movilización de las y los ciudadanos que expresan su malestar por algunas de las actuaciones del Gobierno del Dr. Carlos Alvarado.
Somos conocedores de algunos de los atropellos a las personas, que están siendo criminalizadas,
Judicializadas y lastimadas con acciones policiales propias de gobiernos autoritarios.
Cómo ACODEHU, denunciamos esta situación y hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica, para que se retome el camino del diálogo, y el respeto a los Derechos Humanos, como elementos fundamentales para el ejercicio del sistema democrático en Costa Rica.
ACODEHU.
29 OCTUBRE 2020.

Opinar de lo que no se conoce

Escrito en 27/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La ocurrencia del analista político Juan Carlos Hidalgo, para que el señor Presidente Alvarado se haga a un lado, quede como simple expectante y designe a don Rodrigo Arias como un presidente de hecho, puede sonar a delirio si no fuera por los antecedentes que ya le conocemos a este opinador. No se trata sólo de que el Presidente, de aceptar este disparate, pudiera ser acusado al menos de “incumplimiento de deberes” (art. 339), delito perfectamente tipificado en la ley penal, sino que don Rodrigo también incurriría en eventual “sedición” (art. 4 de la Construcción) o como mínimo de “usurpación de autoridad” (art. 317 del Código penal).

¿Por qué será que la gente opina de lo que no sabe? Semejante situación involucraría también la eventual aplicación de las figuras de Instigación Pública (art. 280), Asociación Ilícita (art. 281), violación del Principio de Alteridad (art. 302) y Propaganda contra el Orden Constitucional (art. 303). A don Juan Carlos le recomendaría la lectura atenta de todas estas normas penales.

La respuesta a semejante despropósito sólo puede estar en un fundamentalismo ideológico, tan fanático y ciego como cualquier otro fanatismo político o religioso. Se quiere que la realidad sea tal cual el egocentrismo de alguien quisiera que fuera, y se está en disposición de arrasar con el ordenamiento jurídico con tal de lograr lo que se propone. No hay diferencia cualitativa entre el fanático fundamentalista que se prende fuego o se hace estallar en mil pedazos (con la promesa del Paraíso y las mil vírgenes), y estos neoliberales que no dudarán en lanzarnos, si se lo permitimos, al Paraíso en la tierra regido por el “¡sálvese quien pueda!”.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en 25/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Campaña de firmas por el veto a pesca de arrastre

Escrito en 24/10/2020. Publicado en Sin categoría.

No a la reinstauración de la pesca de arrastre en Costa Rica

Campaña de firmas:

La pesca de arrastre consiste en el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino. Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este.

Aparte de camarón, la pesca de arrastre captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados. El arrastre de las redes sobre el fondo marino ocasiona la destrucción de hábitats críticos para muchas especies marinas. Los descartes ocasionan un aumento en la tasa de descomposición de materia orgánica, lo que supone un riesgo para la salud de los ecosistemas.

A su paso, las pesadas cadenas ocasionan la resuspensión de sedimentos, lo que aumenta la turbidez del agua y reduce la luz disponible para organismos fotosintéticos como las algas y las cianobacterias, que constituyen la base de las cadenas alimentarias que sustentan las pesquerías. Además, la resuspensión y mezcla de sedimentos ocasiona una serie de alteraciones químicas en los ecosistemas marinos. Existe un alto riesgo de liberación y movilización de sustancias contaminantes que previamente fueron asimiladas por el fondo marino, mediante procesos graduales de sedimentación.

Nos preocupa que en el país se permita que se desarrolle una actividad altamente dañina y degradante de los ecosistemas marinos, como lo es la pesca de camarón con redes de arrastre, sin que existan estudios científicos rigurosos y objetivos que demuestren un impacto ambiental acorde con un desarrollo sostenible democrático. Ello implicaría, sin lugar a dudas, una directa lesión de derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e indirectamente a derechos constitucionales como el derecho al trabajo y el desarrollo económico, derivados de otras actividades productivas afectadas por la pesca de arrastre como el turismo, la pesca artesanal y deportiva.

Sin embargo, un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han presentado el Proyecto de Ley Nº 21.478, “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de Camarón en Costa Rica”, el cual abre las puertas a la reinstauración del arte de pesca de arrastre en nuestro país. Dicho proyecto se fundamenta en un estudio muy limitado del INCOPESCA, altamente cuestionado por la academia y que no cumple con los requerimientos de la Sala Constitucional.

La Asamblea Legislativa acordó tramitar este proyecto por la vía abreviada, a pesar de la falta de rigurosidad y objetividad científica de los estudios que sustentan la iniciativa, y coartando, además, las oportunidades de participación del público (incluyendo academia, organizaciones de la sociedad civil y sectores económicos potencialmente afectados) durante su conocimiento en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Inclusive, el 29 de julio de 2019 se aprobó una moción que excluyó a todas las organizaciones de la sociedad civil de ser consultadas sobre el proyecto.

Aunado a esto, el Poder Ejecutivo no ha asumido una posición clara y expresa en contra de la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, pese a que este fue el compromiso asumido en la campaña electoral.

Por estas razones, exigimos:

1.A las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa:

a. Asegurar la participación de la sociedad civil en la discusión del Proyecto de Ley 21.478 en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de manera que seamos consultados y convocados a audiencia para exponer nuestros criterios técnicos sobre la iniciativa de ley.

b. No promover la aprobación de la iniciativa 21.478 que abre las puertas a la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, sin estudios técnico-científicos elaborados por instancias científicas objetivas; adaptados a la realidad nacional con datos actualizados; elaborados en coordinación con autoridades del MINAE, la academia y otras entidades relacionadas; y que contemplen el análisis de factores ambientales, sociales y económicos, de conformidad con lo requerido por la Sala Constitucional.

2. Al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República:
a.Ratificar ante la ciudadanía y la opinión pública la posición de su Administración con relación a la reinstauración de la pesca de arrastre de camarón y del proyecto de ley 21.478.

Enlace para firmar

Más de cien organizaciones solicitan vetar ley que permite reactivar pesca de arrastre

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República

Señora Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía

Señor Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería

Las 117 organizaciones abajo firmantes les solicitamos vetar el proyecto de ley 21.478, que reactiva la pesca de arrastre en Costa Rica.

Porque el proyecto de ley recién aprobado no garantizará un desarrollo sostenible democrático en nuestras costas, Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza. Por el contrario, la pesca de arrastre afectará a más de 14.000 pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas, así como al sector turístico y empresas nacionales como restaurantes, tour operadores y hoteles, quienes dependen de la sostenibilidad del destino turístico para garantizar empleo de calidad en las comunidades costeras.
Porque la pesca de arrastre no es la solución a la crisis socioeconómica que, durante décadas, ha afectado a la provincia de Puntarenas. Todos los sectores productivos del cantón central de esta provincia han experimentado una drástica contracción desde hace 20 años. Los registros de las empresas oficialmente inscritas en la CCSS son contundentes: aquellas con mayor capacidad de generación de empleo y dinamismo económico, tales como construcción, agrícola, industria, manufactura, turismo, comercio, servicios y transporte han sufrido una reducción desde el 2001.
Porque el proyecto de ley continúa posponiendo la implementación inmediata de alternativas productivas que sí atiendan, de manera efectiva, la problemática socioeconómica en el cantón central de Puntarenas. Esta propuesta crea además inseguridad jurídica y falsas expectativas, ya que la implementación de la pesca de arrastre no será posible al momento de su aprobación, pues se deben realizar estudios que demuestren que sí se puede utilizar esta técnica sin generar impactos ambientales ni socioeconómicos. Este proceso puede tardar varios años, contribuyendo así al incremento de la crispación social que vive nuestro país.
Costa Rica merece hacer honor a su compromiso global a favor de la sostenibilidad. Aprobar la pesca de arrastre es un retroceso ambiental, social y económico: nos aleja de nuestros compromisos ante la OCDE, es contrario a nuestra tradición conservacionista, y pone en riesgo nuestra reputación como destino turístico responsable. Es vital que este Gobierno asuma su compromiso de campaña y abogue a favor de una reactivación económica sostenible, resiliente, que genere progreso social en el sector pesquero, por medio de prácticas competitivas y sostenibles.

Organizaciones Pesqueras

Asociación de pescadores artesanales, fileteadores, armadores afines de Puntarenas
Asociación local de pescadores artesanales de Colorado
Asociación Red del Golfo
Asociación local de pescadores de Puerto San Pablo
Asociación náutica de Tamarindo
Asociación local de pescadores artesanales de Puerto Níspero
Coopepuertothiel RL
Asociación mixta de pescadores artesanales de Montero, Isla Chira
Asociación de pescadores cuerderos de Puerto Palto
Asociación de pescadores artesanales de Puerto Jesús
Asociación de pescadores artesanales responsables de Puerto Pochote
Asociación de pescadores de Playa Samara
Asociación de pescadores Guiones Garza
Asociación de pescadores artesanales turísticos, buzos y afines de Playa del Coco
Sindicato industrial de pescadores artesanales criadores acuícolas y anexos de Costa de Pájaros
Asociación de pescadores artesanales del Jobo
Asociación de pescadores de Playa Bejuco
Asociación de buzos de Sardinal y lugares aledaños
Asociación de pescadores de Santa Elena de la Cruz
Coopeacuicultores RL (Isla Venado)
Asociación de pescadores artesanales y molusqueros buzos y turísticos afines de Puerto Soley
Asociación de pescadores turísticos de FIamingo
Cámara de pescadores, armadores y afines de Guanacaste
Asociación de acuicultores de Tambor
Asociación de pescadores y pescadoras de Cabuya en pro de la pesca responsable

Organizaciones Turísticas

Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA)
Cámara de Turismo de lo Zona Azul (CATUZA)
Cámara de Empresarios Turísticos del Cantón de Bagaces (CATUBA)
Asociación Turismo Sámara (Turismo Pro Sámara)
Cámara de Turismo de Nosara (CATUNO)
Cámara de Turismo Tenorio Miravalles (CATTEMI)
Cámara de Turismo de Río Zapote (CATUPA)
Cámara de Agroecoturismo Sostenible Comercio y Afines de Puesto Carrillo
Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costo Rica (CANAECO)
Cámara de Turismo de Osa (CATUOSA)
Asociación Costarricense de Guías Certificados (AGUICE)
Asociación de Guías Naturalistas de Drake
Asociación de Operadores de Turismo en el Parque Nacional Marino Ballena (ASOTU)
Asociación de Guías de Bahía Ballena
Osa Wild Travey Agency

Gobiernos Locales

Municipalidad de Liberia
Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Bagaces
Municipalidad de Cañas
Municipalidad de Carrillo
Municipalidad de Hojancha
Municipalidad de La Cruz
Municipalidad de Nandayure
Municipalidad de Nicoya
Municipalidad de Santa Cruz
Municipalidad de Tilarán
Intendencia de Colorado de Abangares
Intendencia de Lepanto de Puntarenas

Sector Ambiental y Comunal

Fundación MarViva
OneSea
Preserve Planet
Fins Attached Marine Research And Conservation
CREMA
Fridays for Future Costa Rica
Sea Sheperd
For the Oceans
The Leatherback Trust (TLT)
Amigos Isla del Coco (FAICO)
Misión Tiburón
Promar
Osa Conservation
Red de Juventudes y Cambio Climático
Escazú ahora Costa Rica
Asociación Animal Hope Costa Rica
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS)
Asociación Costa Rica Por Siempre
GreenWolf
OperationRichCoast
5minutebeachcleanup
Grupo ACOS
MareBlu Organización de Conservación Ambiental
Costa Rica Plogging
Unidos por los Tiburones Ocean Movement
Hatillo Verde
Soy Héroe Ambiental
Marine Conservation Costa Rica
Diwo Ambiental
Guarumo
Coalición Ambiental
Tiburones Vivos
Fundación VerdeAgua
Ríos Pura Vida
EcoRoble
OneHand
Tortugas de Osa (COPROT)
Frente Ecologista del TEC Río Urbano
GREENLAND
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Tecnológico de Costa Rica
GreenHeart
Un Puerto Limpio
Enviajarme
Somos Picnic
EcoRunners
Nicoya Peninsula WaterKeeper
Festival Envision
Fundación The Clean Wave
MIRAVERDE
Asana
Corredor Biológico Paso de la Danta
Fundación Árboles y Vida
Asociación de Desarrollo Integral de Mal País y Santa Teresa
Fundación Corcovado
Fundación Abuela Ecológica
Sennamiki
EcoGuanacaste
Humane Society International-Latin America
COVIRENAS de ACOSA
Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado, Osa
Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa

Verdades que resulta duro reconocerlas

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Jose Luis Callaci

Hay verdades que resulta duro reconocerlas, pero es necesario hacerlo. Solo el negar la participación de Rescate Nacional en los diálogos con el gobierno es inadmisible en una democracia.

En cuanto a las calificaciones que emanan de algunos altos dirigentes y de propios funcionarios de gobierno, al llamar delincuentes, facinerosos, vagos, sediciosos, etc., a la gente que se manifiesta en las calles merecen las más severas condenas, sin ningún tipo de contemplaciones o misericordias.

A estas alturas queda claro que quienes rodean al ciudadano sentado en Zapote es una caterva, (que cada quien le ponga las calificaciones que merece cada uno de los que la componen), que hoy nos muestra su verdadero rostro. Creemos que, al menos sobre los que están en esa “vecindad” ya no cabe hablar de gente, inexperta, ingenua, incauta o confundida, sino de otra cosa.

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.