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Autor: Hector Ferlini Salazar

Fallece José Manuel Paulino, presidente fundador de REDOCIDEC

¡Hasta siempre, querido José Manuel!

Comunicado. La Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y El Caribe (REDODICEC), hace público, con mucho dolor, el fallecimiento del compañero José Manuel Paulino, Presidente Fundador de la red regional. Su deceso se dio el día, 22 de diciembre del 2020.

El compañero José Manuel deja una huella profunda e imborrable en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, en su República Dominicana natal, en América Latina y El Caribe, y en el mundo.

Su liderazgo se distinguió siempre por unir su claridad política con una práctica firme y consecuente. Eso hizo que su amplio dominio de los derechos humanos, lo tradujera en propuestas de políticas públicas inclusivas y realizables.

Contribuyó, en forma destacada, a construir normas en el campo de los derechos de las personas con discapacidad, tanto de alcance nacional como internacional. Su capacidad propositiva quedó marcada en la normativa dominicana, así como en Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Su agudo intelecto, su capacidad analítica y para lograr consensos, y su fuerza persuasiva, le permitieron incidir políticamente, con avanzadas propuestas e iniciativas, de las que se beneficiaron, de manera significativa, las personas con discapacidad y sus familias.

El compañero José Manuel fue asimismo un sembrador y constructor de organizaciones de personas con discapacidad. En su país fue fundador y Presidente de la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI) y de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID). En el contexto regional, fue fundador de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), de la Red Latinoamericana de Organizaciones No-Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y de REDODICEC.

En el ámbito público, el compañero Paulino participó en la génesis y creación del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), de República Dominicana. También se desempeñó como asesor en el campo de los derechos de las personas con discapacidad en el Parlamento de su país.

Se destacó asimismo en su labor docente, educando y capacitando a varias generaciones de personas con discapacidad en el campo de los derechos humanos y jugó un papel muy activo en la vigilancia del cumplimiento de la Convención de la ONU, impulsando los informes alternativos, desde sociedad civil, ante los informes oficiales que presentó el Estado dominicano a Naciones Unidas.

La Junta Directiva de REDODICEC, ante su partida, ha decidido que la IV Conferencia de la red, fijada para realizarse de manera virtual el próximo año 2021, llevará su nombre. Será el mejor homenaje a una persona que tanto contribuyó en la fragua, forjamiento y desarrollo de nuestra organización regional.

Finalmente, trasmitimos nuestro más emotivo pésame y nuestra solidaridad, a Doña Miriam, la esposa de José Manuel, a sus hijos, a sus nietas y demás familiares y amigos, así como a las personas con discapacidad de su país, que siempre lo llevarán en su memoria y sus corazones.

¡Hasta siempre, querido José Manuel!

Capitales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, 23 de diciembre del 2020.

Junta Directiva de REDODICEC

Homilía exequias fúnebres Mario Devandas Brenes

Pbro. Luis Alejandro Rojas A.
Catedral Metropolitana, San José,
26 de diciembre de 2020
Homilía, Exequias Fúnebres

Hoy nos convoca una vez más don Mario Devandas Brenes, pero esta vez para despedirnos.

Ha iniciado su viaje más allá de la muerte y venimos a darle nuestro abrazo fraternal y solidario a su querida familia.

Abrazo que extiende el señor Arzobispo de San José, que me ha pedido manifestarlo, como un gesto solidario y de consuelo para sus seres amados.

Esta mañana las puertas de la Catedral Metropolitana de San José se abrieron para recibir los restos mortales de un costarricense ilustre. De un compatriota que se dejó interpelar por la fe, para vibrar y reaccionar desde el amor, ante las necesidades del prójimo, a semejanza del Buen Samaritano del Evangelio.

Don Mario comprendió la urgencia de encarnar la fe en la vida, y así, el Evangelio del Hijo del Carpintero, se le hizo necesario en la realidad social, política y económica de su país, para levantar su clara voz en favor de la justicia social, y la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. 

Desde los caminos de la fe, no extraña que su deceso aconteciera en la celebración de la Navidad, cuando brota la vida en un establo de Belén en Judá, y se manifiesta ese Niño pobre con el que se identificó Mario; tal vez, por ser hijo del sastre de Calle Siles, donde se acrecentó su conciencia de clase, al verse pobre y de familia empobrecida.

Ese Niño Dios vulnerable y perseguido por el Rey Herodes, que obligó a su familia a ser migrante en Egipto, interpeló a ese otro niño de ancestros hindúes, de apellido Devandas.  Al final todos somos migrantes y trashumamos por el mundo.

La fe en el Hijo de Dios lo motivó a ser monaguillo en el altar del Señor, sirviendo a los padres jesuitas de Lourdes de Montes de Oca.

Hoy venimos a despedir al defensor beligerante del Estado Social de Derecho y de la Seguridad Social costarricense, fruto de un encuentro de voluntades de auténticos actores sociales y políticos, amantes de su Patria. Que forjaron en los años cuarenta instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, patrimonio histórico social de las presentes y futuras generaciones.  Por eso, su cercanía con la Iglesia Católica y con el señor Arzobispo de San José, ante la necesaria defensa de la institución de todos, baluarte del bien común y de solidaridad social. Campea en el horizonte las amenazas de la mercantilización de la salud pública, el desmantelamiento institucional y el riesgo de la sostenibilidad financiera de la Caja y sus regímenes de pensiones, y la voz profética no se hizo esperar. La voz fuerte y serena de Mario Enrique. 

Fue sabroso conversar con Mario del magisterio del Papa Francisco, en defensa de los pobres y excluidos. Le llamó la atención el concepto de ecología integral de Laudato Sí, por la visión integradora del grito de los pobres y el grito de la tierra.

Le encantó la expresión: Fratelli Tutti, (hermanos todos), al punto de escudriñar el mensaje de fraternidad universal, de la amistad social, la dignidad de las mujeres, la crítica a la economía de mercado y a los populismos, presentes en la Encíclica del Papa Francisco, bajo ese título. De su análisis emergió el economista que promovía un rostro humano y solidario a la economía.

Así, en don Mario aplica la sabiduría del patriota:

“El patriota valora
que somos muchos,
todos hermanos con derecho
al abrazo seguro
de una tierra que canta.

Y que nadie podrá,
so pretexto de gobernar,
ahondar las diferencias,
empobrecer las vidas,
despedazar los sueños ciudadanos
para erigirse en dueño y mercader”.

(Julieta Dobles Izaquirre, Sabiduría del patriota)

Tenía muy claro que “la política es una de las formas más altas de la caridad”, como la valora la Iglesia. La política es buena por sí misma, lo que tenemos son malos políticos.

En estas últimas horas, ante la noticia de su fallecimiento, se ha reconocido en don Mario Devandas haber sido un buen esposo, excelente padre, abuelo y hermano, su familia la energía  amorosa que le dio sentido a todo su esfuerzo, luchador social, hombre estudioso, defensor de la Caja,  el encarcelado por causas justas, el promotor de la unión sindical y de los sectores progresistas y democráticos, el buen consejero, el rebelde con causa, un maestro, buen negociador, diputado que salió tan pobre como entró, al amigo,  y sobre todo un ser humano bueno, un patriota insigne sembrador de esperanza para este bello país.

Mario se caracterizó por su crítica democrática de nuestro sistema económico y político, y se constituyó en signo de contradicción para muchos, a semejanza del Obispo brasileño Hélder Cámara: «Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista».

Consciente de su grave enfermedad, agotó hasta su último suspiro, construyendo pensamiento y acciones con los sectores sociales, que reflejaron su espíritu indómito y su anhelo solidario. Por eso siempre estuvo dispuesto al “lenguajeo”, a la búsqueda y a la construcción de caminos mediante el diálogo y la discusión inteligente; de ahí, su perenne presencia en debates, foros, redes sociales y otros.

Como buen maestro procuró dejar discípulos para continuar su obra educativa, tal vez, sin procurarlo.  Era un educador que con su testimonio enseñaba, porque “las obras son amores y no buenas razones”, de nada servía el discurso ideológico, si no se llevaba a la práctica en el cultivo de sus valores y principios.

Como profeta social sudó la camiseta sindical, llevando el significado etimológico en su corazón, sindicato: “hacer justicia”.

En sus últimas comunicaciones por whatsapp me dijo:

“Hola hola, el viernes estoy todo el día en el Hospital Calderón”.

“Hola hola, me prescribió el médico un antibiótico y la reacción me tiene volcado. Lo siento mucho. Ojalá todo haya salido bien”.

“Hola hola, estoy internado desde el jueves y espero que me den mañana la salida, a ver cómo retomamos lo del IVM. Un abrazo” (4 de diciembre).

Se apagó la vela que agotó el cáñamo y la parafina, pero para seguir iluminando después de su muerte.

Hoy venimos a honrar y a despedir al amigo, y

“Cuando un amigo se va
Queda un tizón encendido
Que no se puede apagar
Ni con las aguas de un río” (Alberto Cortez).

Hablando de despedidas, un funcionario de la CCSS, por la década de los sesenta escribió:

“El camino, despacio,
retrocede a nuestras espaldas.

Todos los árboles se han alejado
hacia el poniente.

Todo en la tierra
se aleja alguna vez.

La luna y el paisaje.
El amor y la vida.

El reloj, en mi muñeca,
dice que son las cinco de la tarde.

La hora de los adioses,
la hora en que la misma tarde
agita nubecillas en despedida” (Jorge Debravo)

Mario honró la vida y no le temió a la muerte.  Tal vez, porque leyó el pasaje de san Mateo 25, 34-40 y lo hizo vida: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era forastero, y me recibieron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo y me visitaron; en la cárcel y me vinieron a ver (…) Y el Rey dirá: En verdad les digo que cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron”.

También, por eso, hoy venimos a reconocer al Maestro de Galilea que llamó bienaventurados, dichosos, felices, a los que trabajan por la paz y la justicia.

Entonces que nuestras lágrimas, ante la partida del amigo Mario, no sean como la de los demás, que no tienen esperanza. “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, – dice san Pablo- de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús” (Tes. 4,13-18).

Hoy Jesús llora con nosotros, sus lágrimas son de solidaridad y siente nuestro dolor. Así, como en Betania, por la muerte de su amigo Lázaro, llora con nosotros. Y es capaz de cambiar nuestras lágrimas, porque los que “sembraban con lágrimas recogen entre cantares”, como nos dice el salmista.

El Niño Dios que nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén, es capaz de devolvernos la alegría. Así, como se gozó Marta y María, cuando vieron salir a su hermano del sepulcro, dejando mortaja y vendas a su paso. Aquello era un anticipo de lo que sucedería más adelante y nos afectaría a todos.

Por eso resonó en ese tiempo, y ahora aquí, en esta Catedral Metropolitana: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá” (S. Jn. 11,27).

Amigo Mario Devandas Brenes descansa en paz.

Compartido con SURCOS por el padre Luis Alejandro Rojas A.

Mario Devandas Brenes

Luis Paulino Vargas Solís

Lo conocí como compañero en alguno o algunos cursos en la Escuela de Economía de la UCR. Habrá sido, aproximadamente, hacia 1980. Siendo 12 años mayor que yo, inevitablemente lo miraba como a “un señor”, y le respetaba como tal.

Luego, y a lo largo del trayecto de nuestras vidas, nos reencontramos muchas veces, en distintos espacios.

Yo fui parte del Consejo Universitario de la UNED, que lo eligió como director de Extensión, allá por los primeros años noventa. Luego fuimos compañeros en el Grupo Pensamiento Solidario, el cual dio valiosos aportes intelectuales al debate sobre el TLC, durante aquel período tan intenso, entre 2004 y 2007. Ahí, Mario y yo trabajamos en un colectivo que incluía personas maravillosas como María Eugenia Trejos, Silvia Rodríguez y Gerardo Fumero, entre otros. Este año que ya concluye, nuestros nombres aparecieron nuevamente reunidos, como parte del Grupo Economía Pluralista.

Una anécdota particular me viene a la mente: fue el 11 de junio de 2019. Exactamente una semana antes, el día 4, yo había sido operado de mi cáncer de próstata, y por esos mismos días me había enterado de la enfermedad de Mario. Conversamos largo rato por teléfono. Como ustedes podrán imaginar, teníamos mucho en común de lo cual hablar, pues ambos enfrentábamos un similar enemigo. Solo que mi pronóstico era favorable, y el de él -así me lo explicó el propio Mario- no.

Hoy yo tengo el privilegio de seguir, y Mario ya no. Sé que dio una lucha heroica contra el cáncer, pero eso no debe sorprender a nadie: así fue Mario durante toda su vida. Un luchador indómito e insobornable, como asimismo un hombre inteligente y estudioso, que sabía dialogar, respetar y construir acuerdos.

Honradísimo de haber sido su amigo y colega, sea este mi homenaje de admiración, respeto y afecto a este ser humano absolutamente grandioso.

Queda en manos de los sindicatos una tremenda responsabilidad: la de garantizar que la persona que sustituya a Mario en la junta directiva de la Caja, esté a la altura de la enormidad del legado que él deja.

José Vicente Rangel In Memoriam

Vladimir de la Cruz

Conocí a José Vicente Rangel Vale allá por la década 1975 – 1985, por mi padre Ignacio de la Cruz, cuando por motivos políticos y familiares, viajé a Venezuela por unos días. Mi padre y su segunda familia vivían en Venezuela, en Maracaibo.

En esos días era yo militante activo socialista. En aquellos días del triunfo sandinista fui a dar una Conferencia en la Universidad del Zulia invitado por Gastón Parra Luzardo, cuando se desempeñaba como Vicerrector Académico, quien era gran amigo de mi padre. A Gastón lo encontré, de nuevo, en el 2008 cuando llegué de Embajador de Costa Rica a Venezuela, quien estaba al frente del Banco Central, falleciendo al poco tiempo de mi llegada, con una brillante carrera académica y política antes y durante el período de Hugo Chávez.

Mi padre era militante del Movimiento al Socialismo, que se desarrolló como una fuerza política electoral importante desde inicios de la década del 70, con exmilitantes comunistas, exguerrilleros de los años 60s y miembros de otros grupos políticos de izquierda, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria con el que se fusionó en 1983.

Desde esos días iniciales de la década del 70 José Vicente Rangel empezó figurar como el candidato presidencial, en 1973, del Movimiento al Socialismo. En 1978 volvió a ser el candidato presidencial, y en 1983 de nuevo fue candidato a la presidencia por el Movimiento Electoral del Pueblo, que en esa elección enfrentó Teodoro Petkoff, que era el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. Sus pasos partidarios los había tenido entre 1965 y 1968 en el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista.

En esos años de los 60s y 70s en Venezuela se desarrolló una izquierda crítica del socialismo histórico, bajo la perspectiva de la vía venezolana del socialismo, en la cual José Vicente Rangel ocupó un lugar destacado, sobre todo después de las fuertes derrotas a las experiencias guerrilleras que se dieron en Venezuela.

Mi relación con esa literatura, y con José Vicente Rangel, mi padre me la mantenía enviándome los libros de la discusión política de la izquierda venezolana, que era muy fecunda.

Mi padre tenía una intensa relación con José Vicente Rangel, por afinidad política y profesional, como periodista. Por su profesión también conocí a otros dos extraordinarios periodistas venezolanos, militantes políticos ellos, Aristides Bastidas y Héctor Mujica, con quien mantuve intermitentes buenas relaciones.

En las elecciones de 1998 el Movimiento al Socialismo se alió al Movimiento V República, respaldando a Hugo Chávez, lo que no fue apoyado por Teodoro Petkoff, otro de los importantes dirigentes y personalidades de la izquierda venezolana, a quien también conocí. Teodoro Petkoff, por su parte, criticó fuertemente a José Vicente Rangel por su permanencia en el chavismo.

José Vicente Rangel en su vida política desde la década del 50 había participado activamente en la lucha política de Venezuela, donde sufrió persecución y exilio, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y luego de enfrentamientos importantes con los gobiernos de la llamada IV República.

Luego siguió activo, políticamente, en el período de la V República, desde el inicio, con Hugo Chávez, hasta su fallecimiento, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, por un paro cardiaco, en la mañana del pasado viernes 18 de diciembre.

Durante la dictadura del Pérez Jiménez militó en la Unión Republicana Democrática, que lideraba Jovito Villalba. Su vida política se activó desde el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos, en 1948, cuando tenía 16 años. Fue encarcelado en esa época.

En ese período como exiliado vivió en Chile donde se casó con Ana Avalos, artista plástica, con quien tuvo una hija y un hijo, de igual nombre, que es hoy Alcalde del Municipio de Sucre, en el Estado de Miranda. También vivió en España, como parte de su exilio, donde se graduó de Abogado, estudio que había iniciado en Venezuela y siguió en Chile.

En su vida fue abogado, político, escritor y periodista. Político siempre de izquierda. Periodista de distintos medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Fue columnista, en la década de 1990, del periódico “El Universal”, del Periódico “Panorama”, donde laboró mi padre, en Maracaibo, y del medio “2001” . También colaboró como columnista en “El Informador”, “La tarde”, “El Regional”, en la Revista política “Bohemia”. Fue locutor para la cadena Unión Radio. También fue Director de los diarios “La Razón”, “El Clarín”, y el semanario “Qué Pasa en Venezuela”.

A la caída de la dictadura, en 1958, ya de regreso a Venezuela e incorporado a la lucha política, fue electo diputado donde se distinguió por más de 25 años, convirtiéndose en gran defensor de los Derechos Humanos, lo que le permitió publicar su libro “Expediente Negro” que es una denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos que sucedieron en el período 1960-1970, especialmente contra activistas de izquierda y campesinos.

Como diputado hizo su brillante carrera política que le distinguió como dirigente y referente inevitable de la izquierda venezolana, y continental.

Fue electo diputado en cinco ocasiones en representación de los partidos de izquierda Unión Republicana Democrática (URD), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y Movimiento al Socialismo (MAS).

Como diputado defendió la separación de los tres poderes, el Estado de Derecho, el respeto a las minorías políticas, la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas y ciudadanas, especialmente durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Como periodista fue gran acusador de situaciones, como de personas. También se distinguió con sus investigaciones sobre compras de material militar, por las denuncia que hizo de corrupción en el Ejército y el sector militar, por el Programa Turpial de la Armada, por la repotenciación de los blindados AMX-30 del Ejército, por las denuncias contra el Presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos públicos, lo que contribuyó a su destitución por el Congreso, en 1992, año que entrevistó, el 30 de agosto, al Comandante Hugo Chávez Frías, que estaba detenido, junto con Francisco Arias Cárdenas, entre otros, en la Cárcel de Yare, por el intento de golpe de Estado que realizó.

Cuando amnistían a Hugo Chávez, en 1994, es José Vicente Rangel quien orienta a Chávez en la lucha electoral, metiéndolo a la política a partir de ese año. Desde ese momento hasta la muerte de Chávez en el 2013, fue uno de sus grandes asesores y consejeros, de los pocos a los cuales Chávez les ponía atención seriamente.

Desde entonces trabó una intensa amistad con Hugo Chávez, a quien le realizó 18 entrevistas, y otros escritos, hasta el 2012, que se recogieron en el libro “De Yare a Miraflores, el mismo subversivo”. Entusiasmado con Chávez le acompañó en distintos momentos desde el ejercicio del Gobierno. Junto con Luis Miquelena fue una de las personas que más influía para moderar las acciones emotivas iniciales de Hugo Chávez. José Vicente ayudó a impulsar la candidatura presidencial de Hugo Chávez en 1998.

En ese primer gobierno de Chávez fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, desde 1998 hasta el 2001.

José Vicente Rangel fue el que convenció a Chávez para aceptar las derrotas electorales que sufrió ante la oposición venezolana y de aceptar sus resultados.

Durante el ejercicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por José Vicente Rangel, por encargo del entonces Presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, y del Expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, viajé a Caracas, presidiendo una delegación, en compañía de los diputados José Manuel Núñez, de Fuerza Democrática, y Jorge Eduardo Sánchez, de la Unidad Social Cristiana, para contribuir a gestionar el apoyo del Gobierno venezolano para la Candidatura a la Secretaría General de la OEA para Rafael Ángel Calderón.

Mi relación con José Vicente, por mi padre, y mi familia en Venezuela, permitió el acceso directo y rápido a su despacho. No se logró el apoyo de Venezuela a esa candidatura, pero fue refrescante mi reencuentro con el Canciller José Vicente Rangel, quien nos dio un gran trato y espacio en esos días en Venezuela, y nos produjo una rica experiencia política.

A principios de febrero del 2001 Hugo Chávez nombró a José Vicente Rangel al frente del Ministerio de Defensa. Las leyes y la propia Constitución Política de Venezuela no establecen que la jefatura del ejército la deba ejercer un militar, pero en toda su historia institucional, junto con Rangel, en más de 100 años, solo otros dos civiles ocuparon la jefatura del ejército, y, curiosamente, bajo otro gobierno militar como fue el del general Juan Vicente Gómez. Y, fue José Vicente Rangel el primer civil en esos últimos 70 años hasta su nombramiento.

En Venezuela, donde la historia se conoce por años de democracia y años de dictadura, el acontecimiento del nombramiento de Rangel provocó grandes debates y temores.

Tradicionalmente este puesto había estado solo en manos de militares. Curiosamente, bajo el gobierno de otro militar, el General Juan Vicente Gómez, a principios del Siglo XX, el puesto de Ministro de Guerra y Marina, como se conoce actualmente el de Defensa, estuvo a cargo, dos veces, de un civil, el abogado Carlos Jiménez Rebolledo, bajo cuyo ministerio se redactó el Código Militar de 1923, aunque había sido Capitán bajo el gobierno de Cipriano Castro. También lo desempeñó el abogado Victorino Márquez Bustillos, hombre de extrema confianza del dictador, a quien también le habían dado grado militar como se acostumbraba en los gobiernos dictatoriales. Aun así, se les considera civiles.

En la Cancillería José Vicente Rangel procuró atender como prioritario lo que tradicionalmente era un problema: la Guyana, Colombia y los propios Estados Unidos, donde dejaba clara y consolidada la posición de Venezuela; impulsó la integración de Venezuela con los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y con los países andinos, convirtiendo a Venezuela en líder de esa región; implementó el Programa Galileo con el cual reformuló las políticas de las embajadas de ese país asignándoles el papel de promover a Venezuela como un país de potencial inversión y removió más de 250 funcionarios diplomáticos que en la práctica no tenían ningún papel. Le imprimió a la Cancillería venezolana, en dos años, una nueva visión internacional del país, defendiendo la soberanía, lo nacional y el territorio. Se negó a facilitar el territorio de Venezuela para la vietnamización de Colombia, dentro del Plan Colombia.

Como Canciller dirigió el primer viaje internacional de Hugo Chávez a los países miembros de la OPEP, e impulsó la creación de la Cumbre de Caracas para concretar acuerdos entre los países miembros sobre la necesaria disminución de la producción de petróleo y así aumentar su precio en los mercados internacionales.

Al frente del Ministerio de Defensa se esperaba de él mayor seguridad en las fronteras y con los conflictos de los ganaderos en esa zona; fortalecer la seguridad ciudadana; modernizar las fuerzas armadas y provocar la confianza de los militares en la jefatura de un civil, lo cual redundaría en el proceso democrático interno de Venezuela, en su imagen internacional, en acoplarse a la tendencia latinoamericana de poner al frente de los ejércitos a civiles.

Bajo el Presidente Chávez los militares ocuparon puestos importantes de la institucionalidad civil; y se les ha planteó como objetivo su integración con el pueblo y la sociedad civil, asignándoles importantes tareas de acción cívica.

Los militares no veían con buenos ojos a Rangel. Había sido su crítico histórico, además que su militancia política izquierdista les recordaba la guerrilla de los sesentas.

Así vi su nombramiento y lo publiqué (“Un paso histórico”, en el periódico El Heraldo, jueves 22 de febrero del 2001 p.10), donde dije: “Independientemente, de lo que se opine sobre los cambios en general en la Venezuela de hoy, hace pocos días el Presidente Hugo Chávez dio un paso trascendental en la historia política venezolana, y en la latinoamericana, allí donde los elementos militares siguen desempeñando un gran papel.

A principios del mes de febrero nombró a su Canciller, el intelectual prestigioso, dirigente político, hombre de la cultura, escritor, periodista, abogado, José Vicente Rangel, una de las personalidades políticas más atractivas de Venezuela, como su Ministro de Defensa.

Es una acción que no solo destaca a Rangel sino el valor del propio Presidente Chávez de nombrar un civil al frente de la institución castrense. El presidente venezolano venía enviando señales sobre el papel de las fuerzas armadas. Ya había señalado que no debía haber un divorcio entre ellas y la sociedad civil; entre los soldados y el pueblo. Había puesto en varias oportunidades al ejército a realizar obras de carácter civil e incluso frente a ciertas acciones populares había impedido su papel represivo, buscando esa identidad.

El peligro de militarizar la administración política de Venezuela parece superado. Hoy con el nombramiento de Rangel en Defensa pareciera acentuarse la tendencia de civilizar a los militares, de someterlos al poder civil, como se hizo en Costa Rica en 1869. Es sin ninguna duda un cambio revolucionario que debemos festejar.”

Con el nombramiento de Rangel hubo cambios en la estructura de mandos del Ejército y hasta en la estrategia de la posición de Venezuela frente al llamado Plan Colombia, que pretendía vietnamizar ese país. Rangel ya venía criticando este plan y había impedido la participación de Venezuela en él y el uso del territorio venezolano como un elemento logístico del plan.

El que Rangel fuera periodista se había visto también como un elemento de apertura hacia la sociedad, pero especialmente hacia los medios de comunicación social, por parte de la institución militar, señalando que el encuentro de los militares con la sociedad venezolana sería más democrático, transparente, abierto, y también más crítico y menos sometido a la obediencia ciega verticalista de los mandos militares.

Lamentablemente, hoy, vemos un peso enorme, para mí negativo, de los militares en la estructura político institucional de Venezuela, en todos sus efectos.

El nombramiento de José Vicente Rangel se acompañó del nombramiento de otro intelectual de izquierda, Luis Miquilena en el Ministerio del Interior. Así, en aquel momento, el Ejército de Venezuela, y el Ministerio del Interior, estaban al mando de civiles. Ambos con vidas comprometidas en la lucha por la democracia y el diálogo nacional. José Vicente Rangel era un hombre de diálogo y consenso.

Después del Ministerio de Defensa el 28 de abril del 2002 fue nombrado vicepresidente de la República, reemplazando a Diosdado Cabello, donde se mantendría hasta el 8 de enero de 2007, como parte del primer y segundo mandato presidencial de Hugo Chávez, quien desempeñó el cargo por más tiempo que otros vicepresidentes del chavismo madurismo. Como reconocimiento a su Vicepresidencia le dieron una réplica de la Espada de Libertador Simón Bolívar el 8 de enero del 2007, que es de las más altas distinciones que da el Gobierno venezolano.

Entre otros puestos que desempeñó políticamente fueron el de miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1999.

De aquí pasó de nuevo a su labor periodística al frente del programa de televisión «José Vicente Hoy», en la televisora privada Televen, programa que se realizaba los domingos de 10 a 11 a.m., cuyo primer invitado fue Hugo Chávez, el Presidente. En este Programa, era de obligada atención de todos los que se interesaban por la política y la realidad venezolana, con gran audiencia, donde trataba temas de interés político con fuertes juicios de valor, denuncias y críticas en contra de los actores de la oposición, defendiendo la Revolución Bolivariana. El Programa se llegó a convertir en una fuente de información y de cita obligada.

Como periodista José Vicente Rangel en dos ocasiones recibió el Premio Nacional de Periodismo de Venezuela.

Cuando llegué como Embajador de Costa Rica a Venezuela, el 3 de julio del 2008, llevaba como misión urgente tratar de que el Gobierno de Venezuela invitara al Gobierno de Costa Rica a la reunión de Petrocaribe que se realizaría una semana después en Maracaibo.

Sin haber presentado oficialmente las credenciales, ante el gobierno bolivariano, rompiendo todos los protocolos, el 4 de julio contacté en persona, al Vicecanciller, al General Francisco Arias Cárdenas, para explicarle la solicitud de participación en la reunión de Petrocaribe, haciéndole llegar el 5 de julio, en los actos de celebración de la Independencia de Venezuela, la solicitud, que fue resuelta favorablemente el lunes 7 de julio. Desde entonces mantuve una buena relación con el Vicecanciller. El Canciller era Nicolás Maduro.

La gran sorpresa es que el día 8 de julio recibo invitación personal de José Vicente Rangel. Para que le acompañe, en el Hotel Tamanaco, el siguiente viernes, a la celebración del su 79 cumpleaños.

Me hice acompañar a la recepción por el funcionario, que acaba de conocer, de la Embajada de Costa Rica, Guillermo Cholele, gran colaborador, gran conocedor de la realidad política y empresarial venezolana, que fue de gran ayuda y de confianza para mi gestión de Embajador. Allí fuimos.

La segunda sorpresa de esa fiesta fue la enorme cantidad, por lo menos más de 200 personas calculé, de gente que se había reunido a la celebración del cumpleaños, personas de todos los sectores políticos, empresariales, culturales, de los medios de comunicación. Era una muestra del respeto que se le tenía a José Vicente Rangel.

Su personalidad será evaluada en el tiempo con mayor rigurosidad, como sucede con los grandes personajes. De mi parte, yo había empezado a conocerle por mi padre, por sus libros y por el trato personal que establecimos, poco pero de calidad, de gran respeto, como el hombre del consenso. Le admiré, le aprecié y le seguiré valorando.

Venezuela ha perdido un gran periodista, un gran comunicador, una gran persona. La política de Venezuela, y del continente, ha perdido a uno de sus principales y emblemáticos dirigentes, la izquierda venezolana y latinoamericana a uno de sus principales exponentes.

Desde el 11 de diciembre se rumoró su muerte, que fue hasta el 18. Días de pesadumbre para la sociedad venezolana el seguir día a día las noticias de su quebranto de salud, que ya era evidente porque había dejado de hacer su programa televisivo dominical desde hacía varias semanas atrás

José Vicente nos dejó otros libros, “Tiempo de Verdades”, Caracas: Ediciones Centauro, 1973: compilación de sus artículos de prensa, en colaboración “Militares y política (una polémica inconclusa)”, Caracas, Ediciones Centauro, 1976, “Seguridad, defensa, democracia: Un tema para civiles y militares” , Caracas: Ediciones Centauro, 1980, “Tiempo de Verdades, Socialismo y Democracia”, “La Administración de Justicia en Venezuela”, “Abril sin censura”, relacionado con el intento y fracasado golpe de estado del 2002.

José Vicente será recordado como el gran luchador que fue, por su constancia y compromiso militante, como un sembrador de sueños y esperanzas, por su fortaleza laboral hasta casi sus últimos días, por su obra periodística, por su capacidad analítica, de investigador, por la agudeza de sus opiniones, por su capacidad e incisiva crítica, por su aguda y efectiva palabra, por su autenticidad, por su Docencia política y profesional, será considerado y tratado como Maestro, como líder, como guía. Para algunos un Guerrero de la Patria Venezolana, un ícono de la Revolución Bolivariana, un referente inevitable de la Historia Reciente de Venezuela. Fue, sin lugar a dudas, un personaje de una enorme, rica y fecunda trayectoria política, que vivió intensamente su vida. También como un gran mediador o negociador político. De muy buen trato personal, al menos así lo traté.

A medida que José Vicente Rangel se identificó con el chavismo, y continuó asesorando a Nicolás Maduro, la oposición antichavista y antimadurista lo estigmatizó. Es parte de su historia personal.

Querido Mario: ¡Naciste en Navidad!

¡Qué falta me vas a hacer! ¿A quién voy a llamar para pedirle opiniones sobre los más diversos temas de la vida, sobre un artículo de economía o una nueva acción del gobierno?

Me estuviste preparando para este momento. En los últimos días no podía llamarte porque interrumpiría tu descanso mientras te reponías de la aplicación del tratamiento contra ese maldito cáncer, que te apareció en una de las etapas más productivas de tu vida. Me venías preparando, es cierto, pero como me cuesta aceptarlo.

¿Con quién voy a compartir mis dudas? ¿A quién le voy a pedir consejo? ¿A quién llamo para contarle un chiste, malito, como decías?

Recuerdo la ironía con la que me dijiste: “He vivido menos tiempo del que quisieran los que me quieren y más de quienes no me quieren” ¡Yo que quería que nos acompañaras por mucho más tiempo, que no nos dejaras! ¡Qué ganas de volver a escucharte!

Cuando Catalina nos dijo que querías que tus hermanos subiéramos a Getsemaní, tuve la absoluta claridad que se trataba de tu despedida. Yo no encontraba valor para subir, pasé la noche anterior pensando en lo que te diría y en lo que me dirías. Por dicha, al fin subí con Hannia y Ernesto.

De camino a tu casa se me hizo claro que te fuiste a vivir Getsemaní, en las montañas de Heredia, porque desde allí veías más allá de lo evidente a primera vista. Desde el comedor de tu casa se observa el mar, la pista de aterrizaje del aeropuerto, Heredia, San José, parte de Cartago.

Pero vos veías más allá. Tu atención se centraba en otro punto: el Edifico Central de la CCSS, Institución emblemática y decisiva para la salud de nuestro pueblo, lo que fue el motivo de tus desvelos y esfuerzos en los últimos años, siempre en procura de asegurar a nuestros ciudadanos la mejor seguridad social y la mejor calidad de vida. Esa fue siempre tu preocupación de vida.

Nos enseñaste que la mezquindad no tenía espacio en tu vida. No te preocuparon desaires ni groserías que alguna vez te hicieron, como no te preocupó pasar casi 4 meses de prisión por impedir la privatización del ICE. Para vos había causas superiores de vida:

  1. Promover la participación y organización de los trabajadores y de los ciudadanos en general en la lucha por la defensa y ampliación de sus derechos.
  2. La unidad de las organizaciones sindicales tras un programa unitario para enfrentar la estrategia común de las grandes empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país
  3. La unidad de los sectores progresistas y democráticos para darle nacimiento a un gobierno de corte democrático y popular.
  4. La solidaridad con los más necesitados y la lucha por el Bien Común.

Creo que con tu paso por esta tierra cumpliste con la vida, la honraste. Honraste a nuestras abuelas, a nuestros padres, particularmente de nuestra querida mamá. Fuiste para nosotros un modelo de hermano, un modelo de amigo, un modelo de padre y un modelo de compañero.

Si la muerte significa un paso a otro plano de existencia, estoy seguro que te estarán esperando Vinyelita, Roy y Jorge, las abuelas Tela y Ana y, por supuesto, papá y mamá. Todos saldrán con el abrazo más fraterno y llenos de alegría a tu encuentro.

La tarde del 23 de diciembre cuando te conté de todas las personas que te enviaban saludos, me dijiste: Dígales a todos que se los agradezco.

Tus cinco nietas estuvieron cantando la noche del 24 para llenar tu espíritu de alegría. De seguro esos cantos angelicales te ayudaron a dar el Gran Salto, al que dijiste que no le temías. Mi abrazo eterno va con vos, mi hermano y mi compañero del alma.

Albino Devandas Brenes

Para Mario Devandas

Manuel Monestel

Cuando mueren los que luchan
por un mundo mejor y más justo,
una semilla germina y un nuevo
tallo emerge de la tierra.

Cuando mueren los que soñaron
con una vida de paz y esperanza
con equidad y justicia social,
un niño se despierta en la mañana
y retoma aquellos sueños
que soñaron sus mayores.

Cuando mueren los que luchan
por un mundo sin desigualdad,
sin discriminación y sin injusticia,
una nueva generación de luchadores
recibe la noticia levantando la bandera
de la luz, de la bondad, del amor y la justicia.

Compartido con SURCOS por Albino Devandas Brenes

En video de Escuela de Trabajo Social Mario Devandas analizó plan fiscal y privatización de la CCSS

SURCOS recibió de Marco Chinchilla Montes un video en el cual el dirigente social Mario Devandas Brenes, quien falleció este 25 de diciembre, analiza la relación entre el plan fiscal impulsado por el gobierno y distintos sectores en 2018 y la privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En su exposición Mario Devandas indica que el propósito del Combo Fiscal es la privatización de la CCSS y de la seguridad social , bajo el criterio que al ser la institución más grande de Centroamérica, se constituye en un botín para el empresariado costarricense e internacional que pretende convertir el derecho a la salud en un negocio.

El video es una producción de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y su edición estuvo a cargo de Marcos Chinchilla Montes. Le invitamos a ver el video y conocer el análisis y la propuesta del reconocido defensor del Estado Social de Derecho, de la CCSS, y de los derechos laborales y sociales.

Día internacional contra la corrupción, 9 de diciembre

José Manuel Arroyo Gutiérrez , Exmagistrado y profesor Catedrático UCR

En el debate público se ha difundido, a veces incluso desde voces autorizadas, el que no existe un concepto claro de lo que debe entenderse por “corrupción”. Tales afirmaciones solo traen confusión y desconcierto a la hora de tratar el tema y, en última instancia, le hacen un pésimo favor a la necesaria respuesta que desde la Administración Pública y el sistema penal debe tener este fenómeno. Por eso resulta imperativo dibujar con claridad los límites y alcances de la corrupción y dejar claro, tanto para el lenguaje común como para el técnico-jurídico, de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto.

Desde el campo jurídico-penal, la cuestión resulta de enorme importancia, en virtud de las exigencias derivadas del principio de legalidad: la necesaria descripción en la ley de las conductas prohibidas para que todo ciudadano y ciudadana la conozca; la obligada claridad, precisión y circunstanciación con que debe hacerse esa descripción conforme una buena técnica legislativa; y el resguardo indispensable que, por esa vía, debe hacerse de las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Pero es de sobra conocida la constante tergiversación que se hace del término “corrupción”, la mayoría de las veces con aviesas intenciones, cosa que también ocurre con otros conceptos en las discusiones cotidianas, en los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en las frenéticas redes sociales. Se tacha de “corrupto” a cualquiera y con cualquier pretexto, igual que se lo llama “terrorista”, “dictador”, “facho”, “nazi”, “stalinista”, “mafioso”, “fundamentalista” y un largo etcétera.

En nuestros pandémicos días resulta particularmente retorcido el mal uso del concepto “corrupción”, con intenciones políticas en un ámbito muy basto y de manera especial contra quien ejerce alguna forma de autoridad pública, colgándole este rótulo descalificador a lo que son simples negligencias, errores de todo tipo, meras diferencias de criterio o puntos de vista contrarios. En su peor versión, el poderoso instrumento de la descalificación por “corrupción” ha servido para que los verdaderamente corruptos arremetan contra quienes los denuncian, acusan o condenan formalmente. Ha servido para que se responda con procesos judiciales o disciplinarios desde la trinchera de la oposición ideológica; o para que se hayan afianzado las estrategias de las noticias falsas (bulos o fake news) tipo Trump o Bolsonaro; o se ha utilizado el proceso penal para liquidar a los adversarios políticos (Lawfare) como el caso en perjuicio de Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Se trata de aplicar una perversa estrategia para crear la sensación de que todo es corrupción y todos somos corruptos, estrategia que busca hacer pasar lo efectivamente descompuesto de manera desapercibida y desviar la atención de lo que en realidad importa. La peor parte la llevan funcionarios y funcionarios honestos como policías, fiscales y jueces que cumplen con sus deberes; medios de comunicación veraces y valientes; organizaciones políticas que han levantado a mano contra la corrupción y ciudadanos indignados ante evidentes abusos y podredumbres.

Las consecuencias fácticas de estas manipulaciones son especialmente graves en el campo del derecho y la justicia. Se erosiona la información de calidad –vital en una democracia- y se dañan también de manera irreparable la credibilidad en las personas inocentes, las autoridades probas, los procedimientos sancionatorios correctos y las instituciones públicas en el ámbito de sus legítimas competencias. En fin, tan grave es no perseguir la verdadera corrupción como señalar de tal lo que no lo es.

Abandonar ese universo de la imprecisión, la mentira y la especulación es indispensable para ubicar las cosas en sus justos términos. Un análisis de lo general a lo particular, tomando los puntos de referencia más amplios que han intentado definir los límites y alcances técnicos del concepto de corrupción, nos debe llevar necesariamente a las dos convenciones internacionales anticorrupción que más nos atañen: la primera en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA-1997) y la segunda en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU-2003). Luego se requiere un análisis más concreto, que señale cómo se reflejan esos lineamientos internacionales en la legislación interna, de la mano de las categorías fundamentales de la teoría del delito, para destacar todas aquellas cuestiones que resulten relevantes y de interés en la comprensión del tema propuesto. Por último, deben incluirse algunos de los aspectos que consideramos más sobresalientes en la evolución que ha tenido la organización y funcionamiento de los instrumentos internacionales contra la corrupción en el ámbito nacional o doméstico.

Es correcto afirmar que no existe un concepto de “corrupción” concretado en un tipo penal. Las fuentes más confiables para definir y delimitar este fenómeno son las citadas convenciones internacionales contra la corrupción; en nuestro caso, la Convención Interamericana (1997) y la Convención de Naciones Unidas (2003). En ellas encontramos el contenido del tema entendiendo que debe hacerse un listado de “actos de corrupción”, ubicados en una serie de figuras o tipos penales diversos, que nos dará los límites y los alcances de este término.

A lo interno de nuestro ordenamiento, las directrices convencionales en materia de corrupción están contenidas en el Código Penal, Título XV (Delitos contra los deberes de la función pública), Sección II (Corrupción de Funcionarios), Sección III (Concusión y Exacción), Sección IV (Prevaricato y Patrocinio Infiel) y Sección V (Peculado y Malversación); además de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Capítulo V (Delitos), artículos del 45 al 58) y más recientemente la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas No. 9699.

Estamos hablando, por otra parte, de tipos penales que tutelan, en lo fundamental, dos bienes jurídicos: la probidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio o erario público.

Si bien el énfasis está dado en los delitos que puede cometer un funcionario público en ejercicio de su cargo, el concepto de sujetos activos de las diferentes tipologías penales involucradas, incluyen en muchas de ellas a personas particulares circunstancialmente relacionadas con actividades estatales o con bienes públicos y, por tanto, equiparables al funcionario como potenciales autores o partícipes en conductas prohibidas. Asimismo, en virtud de la aplicación de la Parte General del Código Penal, son de previsible imposición las normas ampliativas de la participación criminal como la Comunicabilidad de la Circunstancias (art 49 CP).

En su mayoría son conductas delictivas que se sancionan ya como delitos de peligro concreto, independientemente de si el beneficio o ventaja indebidos, el abuso o la desviación, el provecho propio o para un tercero etc., se han materializado en un resultado.

Los “actos de corrupción”, en todas sus modalidades son por naturaleza dolosos, es decir, cometidos con conocimiento y voluntad del agente activo. Están excluidas, en principio, todas las acciones o conductas cuyo fundamento punitivo radica en la simple violación a un deber de cuidado (delitos culposos). Están excluidas también todas aquellas conductas que, aunque perpetradas por funcionarios públicos o personas equiparables, no tienen como propósito la percepción para sí o para un tercero de beneficios indebidos de cualquier índole (patrimonial, administrativo, judicial, social, político, etc.). Tal es el caso del mero Abuso de Autoridad (art. 338 CP). Quedan fuera, finalmente y en sentido estricto, las formas delictivas con legislación específica de tráfico de sustancias prohibidas y blanqueo de dinero, aunque por supuesto pueden tener vasos comunicantes en fenómenos como el tráfico de influencias o las figuras de blanqueo y encubrimientos (Ley No. 77856 y sus reformas).

El principal aspecto en el que el Estado costarricense está en deuda tiene que ver con la corrupción privada. Si bien es cierto se ha legislado y reglamentado en orden a controles administrativos y bancarios en el marco del crimen organizado relacionado con blanqueo de dineros y capitales, es lo cierto que algunas recomendaciones internacionales de índole penal como la necesaria tipificación del peculado, malversación o el tráfico de influencias de personas particulares, sobre otras personas también particulares y respecto de bienes o patrimonios privados, no han sido ni propuestos ni legislados en Costa Rica.

Las recomendaciones convencionales y la evolución de este tema han puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Costa Rica recientemente (2019) se ha dado cabida a este instituto jurídico, aunque es nuestro criterio que el asunto, por coherencia constitucional, debió resolverse mediante la responsabilidad administrativa o civil y no punitiva.

Publicado en el Semanario Universidad, enviado a SURCOS por el autor.

Peores escenarios se avecinan para el agua

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Con otros ropajes

Montes verdes rodean mi casa.
No distingo, desde las ventanas,
si el sonido es un disparo,
un ruido de pirotecnia,
o un carro que no esquivó el hueco de la carretera.
En mi tierra no hay ejército.
Ciertamente, lo celebro y aplaudo.

El cielo de fiesta tricolor se me oscurece.
La nación desarmada deviene en mito.
Se desmiente en la esquizofrenia
 de una formación militar, intensificada.

El delegado policial, que otrora me cuidaba,
hoy represivo, en la manifestación callejera
me persigue y me calla,
apalea a las personas transgénero
y desatiende la demanda de la población originaria.
Así, la enmascarada militarización,
criminaliza la protesta ciudadana.

Sí, yo me enorgullezco
de que en mi país no circulen tanques.
Pero en tela de juicio se mece mi alarde.

Viví muchos años con ideas románticas.
Por no tener ejército, florecían las escuelas.
Nuestra fuerza era un gran número de docentes,
sus cuarteles, las aulas.
Yo lo creía.
¡Vaya que se ha hecho bien el trabajo!

El despertar me enoja:
Costa Rica, país centroamericano sin ejército, 
es de los que más gastan en seguridad.
Se recortan presupuestos a programas sociales.
La cultura y la educación se ponen a mendigar.

¿Quedó en el limbo nuestra tradición pacífica?
¿Qué fue de nuestro espíritu civilista?

La mampara de la violencia institucional se rompe.
Se desnuda un circo, sale a la luz un ejército escondido.
La vieja institución castrense persiste, con otros ropajes.

Yo, posiblemente ilusa,
apelo
a una policía formada en escuelas policiacas
que no contradigan su función civilista y antimilitar.
A una policía que, nutrida por los derechos humanos,
evite la violencia, las malas praxis y el abuso de autoridad.

Llamo, desde esta tierra gentil.
Urgida, convoco, desde el límpido azul de mi cielo,
a una policía, inscrita, en un proyecto de justicia y paz.

Marta Rojas, a propósito del mito de un país sin ejército…