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Autor: Hector Ferlini Salazar

Patrimonialismo latinoamericano como forma de gobierno excluyente

Miguel Sobrado

El concepto de patrimonialismo como gobierno de un grupo tiene muchas debilidades ya que todo Estado expresa los intereses de la clase dominante. En este sentido no es la empresa de todos, como debería ser, pero existen diferencias importantes dependiendo de la organización de los grupos de interés y a la existencia de pesos y contrapesos en la sociedad. Como se verá en el caso de los estados latinoamericanos, por la historia y composición interna, el patrimonialismo tiene un apellido propio de Latinoamérica, por ser excluyente de las amplias mayorías. Reconocer el carácter de este sistema es el primer paso para actuar en su transformación

Fukuyama destacas tres instituciones para una buena gestión política:

  • Un Estado (con proyecto nacional no excluyente)
  • Principio de legalidad
  • Gobierno responsable

Sin embargo, estas tres instituciones están correlacionadas entre sí. No se pueden ver como componentes separados que se pueden sumar por decretos formales en la práctica. Están arraigadas en un sistema que les da forma y las relaciona entre sí produciendo resultados diferenciados según el contexto. El caso latinoamericano, donde los estados son republicanos y tienen formalmente estas instituciones, pero cuyos resultados, en la mayoría de los casos son deplorables, amerita un análisis particular.

Las herencias coloniales

América Latina heredó de las monarquías de Europa del sur, carentes de contrapesos políticos, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de gobierno al servicio de la élite. Esto es donde el Estado, opera sobre la base de estructuras de poder que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.

Esta estructura contrasta con la que heredó América del Norte de la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y un sistema legal, donde se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los pequeños empresarios y capitalistas a través de la división efectiva de poderes.

Las “repúblicas” independientes

El patrimonialismo latinoamericano ha tomado, bajo el nombre de repúblicas, diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia de clase privilegiada con los golpes militares o a través de su peso e incidencia en la legislación y las estructuras institucionales. Resultando en gobiernos no incluyentes de oportunidades para amplias mayorías, donde se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.

La independencia, si bien se realizó bajo las banderas republicanas, fue realizada por los hijos de los colonizadores, que habían acaparado las principales tierras y riquezas, de hecho, no cambió las relaciones de propiedad y de poder económico, consolidando un poder político oligárquico.

Los indígenas y los africanos, si bien formalmente se transformaron en ciudadanos con las nuevas constituciones, siguieron viviendo en la servidumbre e incluso en no pocos casos en la esclavitud. La educación elemento clave para el ascenso social, no fue un servicio público de fácil acceso para estos grupos sociales de los cuales solo se esperaba trabajo físico.

Los estados se formaron en un proceso de confrontaciones de intereses personalistas y de grupos de poder locales y nacionales, que después de un período de confrontaciones violentas y de golpes de estado configuraron un cuerpo legal y un sistema de gobierno.

Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo excluyente tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras económicas y sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera, que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores sin un contrapeso político y económico, más allá de las relaciones formales de “igualdad”. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena, que no les tenía mucha confianza, decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.

Este cuerpo legal y el sistema de gobierno, a diferencia de los países anglosajones donde desde el principio han pesado los intereses de la naciente burguesía, se ha subordinado a los intereses e influencia de la oligarquía y los grupos asociados para ejercer el poder. De tal forma, resguardaban los intereses y derechos de la oligarquía, dejando por fuera los derechos de propiedad y organización de las comunidades indígenas y subordinando, durante mucho tiempo, a los asalariados a las relaciones tradicionales de servidumbre.

No todos los países ni territorios han sido iguales

El peso de la estructura sociopolítica, ha sido un factor condicionante del sistema y el funcionamiento de las relaciones políticas en cada país. En países donde la clase media de propietarios y posteriormente de asalariados ha jugado un papel importante en la configuración del aparato institucional y político, como en Uruguay y Costa Rica la operación democrática del sistema ha tenido menos interferencias patrimonialistas.

Proyecto país y gestión pública

Una visión de futuro que integre progresivamente el haz de voluntades es un componente esencial para el buen funcionamiento del Estado, de su sistema legal y articulación institucional. La visión de futuro debe estimular las acciones e inversiones en su construcción. Debe llegar a marcar los senderos por donde transite el interés personal, construyendo el edificio colectivo. Esto depende también de la capacidad de un liderazgo sabio, tal como lo señala Fukuyama “La esencia de la política pasa por la capacidad de los líderes de abrir paso a paso, a través de una mezcla de autoridad, legalidad, legitimidad, negociación, carisma, ideas y organización.

La capacidad de organización y la vida democrática

Como se ha podido apreciar la vida política tiene, no solo estructuras formales, sino muchas dimensiones socioeconómicas, políticas y organizativas que son las que le dan forma.

El peso numérico de los sectores sociales es apenas un factor, que depende de su capacidad económica, pero sobre todo de su capacidad organizativa parda incidir en la vida política. Por eso podemos afirmar que la organización es una vitamina clave (vitamina O) en los procesos de representación e incidencia en las transformaciones políticas. No basta con que exista el derecho a elegir, si los grupos sociales no tienen derechos reales y están organizados para garantizar que sus intereses están representados en los partidos políticos y que pueden exigir su cumplimiento. En estas condiciones su participación es decorativa y fácilmente manipulable por los patronos políticos. Como decía muy atinadamente el ex presidente José Figueres Ferrer, “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” De ahí la importancia que tiene la política social, configurando poder ciudadano capaz de transformar las estructuras, por el contrario, generando dependencia y pasividad que abonan las relaciones clientelares.

De ahí que tanto que la configuración del Estado, como la legalidad que lo sustenta, así como el aparato institucional de gobierno, dependan de la composición social del país, así como de la capacidad de incidir que tengan las organizaciones e individuos sobre el Estado. Esto último es de particular importancia en el análisis de los estados latinoamericanos.

AMERICA LATINA FRENTE AL CAMBIO

La cortina de humo moralista

Las personas, sus cualidades y valores morales, así como la cultura local son vistas como factores determinantes en la práctica política del buen o mal gobierno. El patrimonialismo excluyente no se percibe como un sistema, que por su esencia genera corrupción, y que debe reformarse con transformaciones institucionales sistémicas que generen y estimulen la acción organizada, con descentralización y la rendición de cuentas, se atribuye la corrupción a los gobernantes y a la cultura prevaleciente.

De tal forma la predicación de los autoproclamados puros moralmente consiste en calificar de corruptos a todos los que no sean ellos y establecer denuncias, no siempre fundamentadas, contra la “corrupción”.

Así se evaden las causas sistémicas y se reducen las soluciones al cambio de personas, que vuelven, dentro del sistema a repetir los mismos pasos.

La revolución científico técnica y el narcotráfico

Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico técnica, provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, donde se ha empotrado laboralmente la población con bajo nivel educativo. La desocupación y el desempleo crónico genera un clima de tensión, resquebrajamiento y desestabilización en el tejido social, que es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico.

Esta nueva realidad, ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México. Brasil y Colombia y a transformar países completos como los del Triángulo del norte de Centro América, en estados fallidos.

Importancia de la política social en la organización y apoderamiento ciudadano

La política social tiene como función principal contribuir a redistribuir el ingreso formando capacidades organizativas empresariales y ciudadanas y facilitando la asistencia social a quienes la necesitan por no estar en condiciones de valerse por sí mismos. Pero la forma en que se aplica la política social no es neutral, dependiendo del enfoque ideológico que se le dé y la organización institucional que se adopte para ejecutarlo.

Una dicotomía clave

La población pobre o limitada de recursos, en condiciones de valerse por sí mismos, puede verse en términos de formulación de los proyectos

  1. a) como “perdedores” que deben ser asistidos y guiados por profesionales o
  2. b) la visión prometeica esto es como personas que necesitan apoderarse del “fuego” de la organización y recibir los servicios básicos para salir adelante.

Ad a) Cuando predomina la visión de perdedores los programas y proyectos facilitan asistencia y servicios, pero no generan capacidades de organización autónoma. Por el contrario, tiende a generarse dependencia y pasividad que es aprovechada por los políticos para fortalecer sus clientelas electorales. En otras palabras, dentro de este esquema se mantienen y fortalecen las relaciones de poder político y de dependencia institucional. Es por esa razón que este enfoque se mantiene en la práctica institucional, independientemente de las declaraciones formales que los documentos de política social realicen contra el asistencialismo y en favor de una supuesta participación, que como bien lo señala el profesor Raff Carmen, especialista en educación de adultos de la Universidad de Manchester, no pasa de ser una participación manipulada o “participulación” como acertadamente la denomina.

Ad b) Cuando predomina la visión prometeica y la gente se capacita en organización personal y colectiva, las personas se apoderan de un instrumento que les permite desempeñarse en la vida ciudadana y empresarial.

La experiencia del Hospital sin Paredes, en Costa Rica, de la década de los setenta donde la comunidad de cinco cantones de Costa Rica, conjuntamente con el equipo médico del Hospital de San Ramón, se apoderó de la salud en un sentido integral, reduciendo no solo las tasas de mortalidad materno infantil y la morbilidad en general, sino que impulsó el desarrollo comunal y económico de la región.

El libro “Un futuro para los excluidos” London, UK: Zed Books. ISBN 9781856497022. de1999, describe los resultados de la capacitación masiva en organización de Clodomir Santos de Morais aplicada en tres continentes durante 30 años, con resultados destacados, entre otros, en procesos de reforma agraria.

A pesar de estas evidencias fácticas y de los sustentos en la teoría de la actividad objetivada y en la educación de adultos, las políticas sociales presionadas por las relaciones de poder se han ajustado a la visión de “perdedores”, descartando en la práctica el método prometeico.

El dilema latinoamericano

América Latina atraviesa un período crítico de su historia, enfrentada a la revolución científico técnica, con un bajo nivel educativo en su población, en un momento que el trabajo físico y repetitivo desaparece cada vez más rápidamente. Con niveles de desigualdad, pobreza creciente y desempleo que son aprovechados por el narcotráfico para reclutar sus gatilleros mientras muchos estados se debilitan o sucumben como fallidos. En este panorama nada alentador, sus políticos se aferran al patrimonialismo mientras aumentan lo éxodos de refugiados y crece la violencia interna.

¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?

Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial de estado, fundado en relaciones clientelistas, donde los patrones políticos reparten diarios y servicios tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que la falta de oportunidades educativas y la desigualdad están provocando sobre el tejido social. Por otra parte, el poder de un nuevo sector económico y político encuentra eco en los excluidos y desesperados

Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos han encontrado un reto que no depende, como en el pasado, de un acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado tradicional y toman cada vez más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos e incluso de terror militar cada vez más numerosos y sofisticados.

El cambio y la transformación institucional son inevitables y la realizarán los dueños del terror, o pasaremos por un nuevo período de dictaduras populistas, a menos que optemos por una transformación en democracia. Formando la ciudadanía organizada necesaria, desde abajo, en un proceso de construcción de nuevos círculos virtuosos que organicen a la sociedad al mismo tiempo que legitimen la autoridad.

¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?

La situación no es fácil, los mecanismos de reparto de recursos públicos utilizados por el clientelismo, se ven cada vez más restringidos, tanto por la magnitud de los problemas sociales y de violencia, como por el agotamiento de los recursos públicos en estados cada vez más endeudados. El terror y la violencia asoman la cara en forma de narco gobiernos o dictaduras duras.

Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos, hacia el exterior, y pensar en soluciones democráticas hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos.

Soluciones que contribuyan, progresivamente, a romper los círculos viciosos y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.

¿Misión imposible hacer el cambio en democracia?

Cambiar una inercia de 500 años, sólidamente fundamentada en el peso de las estructuras sociales y las relaciones de poder vigentes, en condicione democráticas, puede parecer una utopía irrealizable a primera vista y no es una tarea fácil a corto plazo, pero no es imposible se actúa con visión de sistema. Esto es reconocer, por una parte, que lo existente es producto de una práctica, que no se transforma con cursos y buenos consejos, sino con una nueva práctica. Por otra parte, que el cambio de los sistemas parte de accionar sobre los círculos viciosos construyendo progresivamente círculos virtuosos. Esto es un proceso acumulativo donde los resultados generan confianza y acumulan autoridad y respaldo sobre las comunidades y actores de la transformación

Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial acompañada de una política de descentralización, que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.

Un pilar central de centrarse en la educación que es la llave de las oportunidades. Más allá del esquema tradicional de la educación estándar masificada que prepara oficios de toda la vida. adaptada a la nueva época, se requiere d una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones. Que enseñe a respetar las culturas locales y conocer las nuevas experiencias de desarrollo impulsadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.

La organización de las personas y de las comunidades, es la vitamina “O” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica y política. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y la capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que el impulsen el ascenso social al mismo tiempo que el encadenamiento y generación de empleo, ocupaciones y riqueza en las comunidades.

La democracia de los dados cargados

Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.

El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales, mientras crecen y se posicionan.

En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años, de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso de tiempo pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas con la condición que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.

Revertir el proceso patrimonialista de 500 años, requiere empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales. Se trata de construir liderazgo y autoridad a través de los resultados de una práctica acumulativa

Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, como la que han emprendido con éxito en Uruguay y Bolivia.

Santa María de Dota 05 febrero de 2021

Hegel y Marx: la dialéctica del amo y del esclavo

Por Arnoldo Mora

La dialéctica del amo y del esclavo es una de las páginas más célebres de LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU, una de las obras mayores de Hegel, quien es considerado como uno de los filósofos más influyentes de los últimos doscientos años. La dialéctica del amo y del esclavo constituye uno de los mayores aportes y de mayor trascendencia de la filosofía hegeliana a la filosofía contemporánea; sobre todo, si tenemos en mente la versión que de la misma hizo Marx a la luz de las categorías epistemológicas que sustenta el materialismo histórico; por eso resulta difícil, por no decir imposible, separar una versión de la otra, si bien es indispensable hacer este intento para mejor sopesar y valorar el aporte de una u otra versión. Para Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo caracteriza una de las “figuras de la conciencia” histórica: la antigüedad clásica, que Hegel analiza particularmente a propósito del Imperio Romano. En concreto, para Hegel se trata de comprender la historia como vivencia existencial colectiva, tomando en cuenta una ética de la alteridad, basada en una concepción integral de la sociedad y de la confrontación de los sectores que la componen; todo lo cual da un enfoque político a los procesos históricos, entendiendo por “política” el ámbito social donde se libra la lucha por el poder y su resultante como ejercicio del mismo en el Estado. Para ello, se requiere asumir un punto de vista epistemológico, a tenor del cual se analizan los hechos no sólo como realidades objetivas como hace el historiador, sino desde la conciencia vivida de los principales protagonistas de la historia; ya que lo importante para nuestro filósofo en la historia, más que los hechos tomados como eventos aislados o, más exactamente, a partir de los hechos fácticamente tomados, aquí se busca explicar la racionalidad que rige, no tanto los hechos individualmente tomados, sino los procesos históricos que los rigen y explican; por lo que se reflejan en las instituciones que en esos períodos históricos se crearon.

En este caso concreto, el aporte más significativo de la Roma clásica a la cultura universal fue la creación del primer Estado propiamente dicho (Maquiavelo) y su justificación racional mediante el derecho. En la historia, tal como la solemos estudiar, se caracteriza a la sociedad y al Estado de la Roma Imperial, organizada como una sociedad “esclavista”. Desde un enfoque epistemológico, la sociedad romana debe verse como un todo socio-cultural, donde amos y esclavos son por igual, aunque con roles diametralmente diferentes, sus artífices; en una sociedad esclavista, unos y otros son indispensables. Al analizar la conciencia del hombre romano, Hegel señala que uno de sus componentes es el esclavo, tan imprescindible como el señor, si bien con un rol irreconciliablemente antagónico. En consecuencia, si caracterizamos la conciencia del romano, sea amo o sea esclavo, estamos ante una conciencia alienada, dado que una de las partes que la componen, es negada por la otra; estamos ante una conciencia en conflicto, en lucha contra sí misma. El esclavo es la negación del amo; por su parte, el amo se niega a sí mismo, al negarse a reconocer uno de los elementos constitutivos de su propia conciencia. Ese elemento, que es el esclavo, es la parte material de la conciencia del amo, y el amo es la parte pseudoespiritual o trascendente de la conciencia del esclavo; por lo que éste lleva a su dominador dentro de sí mismo; su conciencia también está enajenada.

El amo sólo sueña en ser conquistador por la violencia, por lo que desprecia al esclavo a quien ha vencido obligándolo a producir lo necesario para satisfacer las necesidades materiales, es decir, la vida mediante el trabajo. Dentro de este contexto político y cultural, el esclavo no es una persona, no es un sujeto de deberes y derechos sino un instrumento o herramienta de trabajo; su vida, a los ojos del señor, no se justifica más que por la producción de bienes materiales; razón por la cual justifica su existencia objetivando su esencia de esclavo mediante el producto de su músculo, aunque no le pertenece sino al amo, es él – el esclavo – el que produce la riqueza; esta es la razón por la que el amo le perdona la vida. Lo que el amo olvida es que, si bien el esclavo necesita del amo para sobrevivir, el amo también necesita del esclavo, porque sin su trabajo se moriría de hambre. No hay amo sin esclavo; el amo necesita del esclavo para afirmar su libertad y justificar su condición de amo; el esclavo le es imprescindible; por lo que el esclavo se convierte en su destino inexorable; hasta el punto de que el amo termina por depender de la existencia misma del esclavo.

Por eso el esclavo se libera, es decir, produce su propia libertad, al objetivar la conciencia alienada mediante el trabajo material, mientras el amo destruye su propio ser en el goce o disfrute del trabajo ajeno. Más que el esclavo, es el amo quien necesita del esclavo para su propia sobrevivencia. El amo está más lejos de su liberación que el esclavo; el amo sólo podrá lograr su libertad, es decir, desenajenar su conciencia de esclavista, mediante la reconciliación con el esclavo; lo que equivale a reconocer la condición de persona del esclavo y, con ello, su condición de sujeto de derechos y deberes. Lo cual significa que el amo debe negarse a sí mismo, vivir su propia contradicción intrínseca como su destino inexorable como individuo (Hegel) y el fin de su clase social como destino histórico (Marx).

Finalmente, si vemos este proceso dialéctico a más largo plazo, es decir, desde el punto de vista de una filosofía de la historia de Occidente, como lo hacer Hegel en la obra mencionada, el hombre medieval – período que sigue a la época clásica esclavista – se caracteriza por asumir su existencia como “conciencia desdichada” o conciencia desgarrada, que ya en sus escritos de juventud Hegel caracterizaba como lo propio del cristianismo; tal es la conciencia de culpabilidad por considerarse un pecador. Esa concepción teológica llega al paroxismo con los reformadores, de donde proviene el propio Hegel. Por su parte, el reconocimiento de los derechos y deberes del esclavo, es decir, de las clases sociales subalternas, implica una revolución, no sólo política, sino también cultural. Para Marx, esto sólo se da con un cambio en la clase social dominante, cosa que, históricamente, se logra gracias al advenimiento del modo de producción feudal y la cultura medieval básicamente teológica, “metafísica”, diría Comte. Con ello la contradicción interna y existencial del hombre medieval se traslada al más allá, con lo que la vida aquí en la tierra se ve tan sólo como un tránsito a la otra vida, la que es considerada como la definitiva y plena; el más allá es la razón de ser del más acá. Las grandes peregrinaciones religiosas son la más evidente expresión de esa cultura, dirá Hegel.

El trabajo comunitario como base para la construcción de una cultura de ciudadanía

Héctor Ferlini-Salazar

Este texto propone una reflexión acerca de la función de las formas de sensibilidad comunitaria como elementos de cohesión, identidad democrática, y cultura de ciudadanía. Se parte del hecho de que una persona ciudadana en términos subjetivos es determinada por su cosmovisión y su materialidad, y puede participar en la agencia de la historicidad de su comunidad mediante la interiorización de paradigmas ético-políticos.

Este artículo es parte del libro La acción social generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central, el cual es una producción de la Editorial, Universidad de Costa Rica Sede Regional del Pacífico.

En la introducción a mi texto propongo lo siguiente:

La construcción de la democracia participativa implica el desarrollo de una cultura de ciudadanía, esto es, de una disposición de la población hacia el compromiso cívico que entiende ciudadanía no como los hechos simples de habitar un país o portar cédula de identidad, sino como el acto de comprometerse en la mejor realización de la democracia. En la actualidad los valores democráticos de participación son poco apreciados, e incluso existen mecanismos o supra-relaciones (Ferlini Salazar, 2017) que los limitan, lo cual, demanda la construcción y ejecución de una estrategia para construirla contrarrestando esos mecanismos. Así lo postula el proyecto ED-3250 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. En ese proyecto y en este texto se propone que el espacio para el desarrollo de esa estrategia es el comunitario. Adelante se amplían estos conceptos.

Pero ¿cómo lograr el propósito de construir una identidad ciudadana? Para explicarlo, es necesario contar con algunas definiciones básicas y para ello haremos una distinción conceptual, desde este documento, para los siguientes términos: ciudadanía, construcción de ciudadanía, democracia participativa, gobierno participativo.

Como se mencionó párrafos arriba, a) ciudadanía implica el compromiso con la mejora en la calidad de la democracia; b) construcción de ciudadanía se utiliza en este escrito para referirse al proceso social mediante el cual distintas comunidades ejercitan la vida democrática de toma de decisiones gracias a la calidad de la democracia interna en sus agrupaciones comunitarias; c) democracia participativa no es un momento culminante o punto de llegada sino un proceso de acumulación orientado el logro de un sistema político sustentado en la participación, y según el cual, se supera la democracia representativa (o delegativa) para dar paso a la incorporación efectiva de la ciudadanía en cuatro dimensiones: la formulación de la política pública, su ejecución, el control, y la reformulación de política pública; d) y gobierno participativo se entiende en este documento como el involucramiento de la ciudadanía en las distintas expresiones administrativas del Estado. Será tema de otro texto ampliar la forma de hacer efectiva esa participación ciudadana en cada uno de los tres poderes.

Le invito a descargar el documento, si le parece bien comentarlo, y de ser posible, compartirlo en su comunidad o con personas cercanas.

Los diputados por su naturaleza son beligerantes políticos

Vladimir de la Cruz

Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a los diputados, y a sus asesores de no caer en la figura de la beligerancia política, lo que pareciera una intromisión sin precedentes en la figura del Diputado, y sus asesores, los que él escoge, generalmente de su propio partido político, indicándoles que no podían hacer actividades, en su tiempo laboral, de carácter político electoral, o que estuvieran relacionadas con la próxima campaña electoral.

Fue en forma directa un jalón de orejas, especialmente, a los diputados que aspiran ser candidatos presidenciales, o que ya han anunciado sus intenciones en esa dirección. Fue ponerles un bozal político, un tapabocas, además del bozal de la pandemia que deben usar.

La Constitución Política, ni la legislación electoral, ni ninguna ley en particular establece prohibición alguna para los diputados, ni los consideran “empleados públicos”, ni se les puede considerar “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, los que sí tienen esa expresa prohibición, siempre y cuando estén en la categoría constitucional de “funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas”, que en ninguna parte ni ley alguna se señala a los diputados.

De los altos funcionarios que sí tienen prohibición son, entre otros, el Presidente de la República, los Ministros de Gobierno, los Ministros Diplomáticos, el Contralor y Subcontralor Generales de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Y, es la Asamblea Legislativa, el conjunto de los diputados que la constituyen e integran, los que conocerán el resultado de la investigación que realice el Tribunal Supremo de Elecciones contra esos específicos altos funcionarios, si realizaran actos considerados de beligerancia política, si son investigados a ese efecto.

¿De dónde se saca el Tribunal Supremo de Elecciones que los diputados no pueden ser beligerantes políticos las 24 horas del día, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, en sus oficinas como en sus curules, Plenaria y de Comisiones, o en los actos que realice en comunidades, visitas, reuniones, actividades a las que es invitado o él mismo organiza para rendir cuentas, o para pasar facturas políticas ciudadanas, más allá del propio control político que puede realizar en el propio recinto parlamentario, que es quizá el acto de beligerancia más extremo que puede hacer contra los representantes y funcionarios de los Supremos Poderes y de las Instituciones del Estado y del Gobierno.

Los diputados aunque electos por Provincias tienen el carácter de “nacionales”, de ser la representación de la voluntad popular expresada por el sufragio, en la figura de cada diputado, y de cada grupo de diputados pertenecientes a los partidos políticos que eligen diputados. En la propia Asamblea Legislativa se organizan por partidos políticos, así se sientan, con curules que “pertenecen” a esas fracciones legislativas, en el orden en que se colocan, porque nombran un Jefe de Fracción partidaria, porque tienen reuniones de jefes de fracción para coordinar aspectos del debate parlamentario y de la agenda parlamentaria. Así, los diputados electos por la Nación actúan en nombre de sus partidos políticos. Es lo lógico, es lo natural, es lo usual, es lo inherente a cada diputado. En las notas de prensa, radiales, escritas o televisivas se les reconoce como diputados de tal o cual partido.

Toda la labor parlamentaria de los diputados es política, es partidaria, es calculadoramente electoral, porque de su buen o mal desempeño así les puede ir en la siguiente campaña electoral.

La Campaña Electoral no termina con la integración de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo siguiente a la elección nacional. Allí continúa en el escenario legislativo. Esto es lo real, es lo que funciona.

Todos los diputados en sus intervenciones, en las Comisiones o en el Plenario, pueden hablar a nombre de sus partidos políticos, identificarse como miembros de esos partidos, hacer alarde de la Historia parlamentaria o nacional de sus partidos. Los que casi no hacen alarde de nada, casi siempre ha sido así, son los diputados oficiales, los del partido de gobierno en ejercicio. Les cuesta mucho defender al Gobierno, y porque muchas veces por las acciones y compromisos de los Gobiernos los diputados toman distancia silenciosa de su partido gobernante.

La jornada laboral de los diputados es 24 horas en el cargo. A los efectos de las reuniones que tienen, por asistir a las Comisiones o al Plenario, reciben un pago. Si faltan no se les paga lo correspondiente. Pero esto es un problema tan solo de responsabilidad laboral.

Toda la labor de un diputado, desde su presencia en la Asamblea Legislativa, hasta por sus actos y discursos es para beneficiar a su partido político, y a su propia figura política como dirigente parlamentario de su organización partidaria. Todo lo que tiene en la Asamblea Legislativa, desde su Oficina hasta los dineros que le dan de gasolina mensual, son para justificar su trabajo parlamentario que es político partidista. No se puede entender de otra manera.

Insisto. En la Constitución ni en ley alguna hay una solo sanción para los diputados, que pueda caer en la figura de la beligerancia política.

En mi opinión los asesores parlamentarios, nombrados por los propios diputados para su trabajo diputadil, con salario de la Asamblea Legislativa, están igualmente amparados por la misma protección que tienen los diputados para realizar su trabajo político y parlamentario, y aunque pagados por la Asamblea no caen en la categoría de “empleados públicos”, de “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”. Son funcionarios que la sociedad paga para el mejor desempeño de los diputados como expresión de la soberanía popular que ellos representan.

Los que sí son “empleados públicos”, “servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos”, son todos los Asesores de Servicios Técnicos parlamentarios que le sirven a todos los diputados, como un alto equipo o grupo especializado para esos trabajos. Igualmente aquellos funcionarios del Poder Legislativo que por su naturaleza le sirven a todos los diputados sin distinción de su pertenencia partidaria.

Está bien que se regule la ausencia de los diputados del Plenario y de las Comisiones, lo que se les sanciona con el no pago respectivo si no tienen autorización para ausentarse para atender asuntos personales, o funciones o labores propias de su cargo, que eso no se paga de esa manera.

Por este mismo motivo no se obliga a que un diputado que quiere ser candidato a la Presidencia tenga que renunciar a su cargo de diputado. Implícitamente se reconoce su papel de ser un representante de un partido político, que no tiene impedimento constitucional ni legal para ser candidato siendo también diputado.

Lo inmoral es lo que hacen algunos diputados que ausentándose cobren sus respectivas dietas por los mecanismos que les permite hacerlo.

Bastaría que cualquiera de los diputados candidatos empezara sus discursos parlamentarios o legislativos diciendo: “En mi condición de diputado del Partido XXXX, y de mi condición de aspirante a la Presidencia por mi partido XXXX, o si ya fuera candidato oficial, dijera que, en esa condición, se dirige al resto de los diputados y al público, a los ciudadanos, a los electores, que oyen o ven las sesiones parlamentarias, sobre ZZZZ, proyecto de ley que está en discusión, o haga referencia en el control político que en un gobierno, bajo su mandato, eso que está criticando no va a ocurrir. ¿Se le podría acusar de beligerancia política por esa forma de dirigirse en el Plenario o en el Trabajo de Comisiones?

Hay que dejarse de hipocresías políticas. Eso es lo que le hace daño al país, a la imagen de la Política, de los Partidos Políticos, de los dirigentes políticos, y a la misma Democracia política que vivimos como sistema.

La pertenencia a un partido político no le quita la credencial a ningún diputado. Lo único que se la puede quitar es que pueda ser empleado o tener cargo en otros poderes del Estado o de elección popular. Ni siquiera pierde su credencial de diputado cuando transitoriamente es llamado a ejercer un puesto de Ministro.

Tampoco pueden “celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos”, lo que se considera incompatible con el cargo de diputado lo que sí les hace perder su condición de Legislador.

Para los asesores contratados por los diputados, para que los acompañen sus cuatro años en Congreso, por ley se les fija “la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados”.

La única restricción que puede tener un diputado, es la que tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando en ejercicio de su cargo por disposición constitucional, sustituye transitoriamente al Presidente de la República, como sucedió en la Legislatura 2009-2010, cuando el Presidente del Congreso, el diputado Francisco Antonio Pacheco varias veces sustituyó al Presidente Oscar Arias, siendo también el diputado Presidente de su partido Liberación Nacional, a lo que no tuvo que renunciar. En ejercicio del cargo de Presidente de la República si se sometió a las prohibiciones que para ese cargo existen, pero sin dejar ni renunciar a su condición de diputado, ni de su partido, ni de la Presidencia de su partido.

Es hora de dejarse de hipocresías políticas que solo dañan la imagen de los Poderes Públicos, de la Política, de los dirigentes políticos, de los mismos partidos políticos, de la Política como quehacer humano, y de la Democracia política que vivimos.

El diputado por su naturaleza es un beligerante político. Que actúe como tal. Eso es lo que necesitamos para ver si también mejoramos el debate y el análisis político.

Peligrosa llamada de atención hace el Tribunal Supremo de Elecciones a los diputados, de intromisión en el Poder Legislativo, de intentar ponerles a los diputados un bozal, o un tapabocas, en el ejercicio de su palabra, de su Parlamento, de su crítica general y de su crítica política, que es la que sería sujeto de “beligerancia política”, una manera sutil de decirles a los diputados cómo deben realizar su control político.

Camino peligroso para la democracia política y electoral el que abre el Tribunal Supremo de Elecciones.

Más allá de lo evidente en Honduras

Marlin Oscar Ávila

¿Alguien tiene un análisis sobre las posibles cuartadas del abogado Juan Orlando Hernández, para salir libre después de enero de 2021?

Es fácil pensar que su salida está en reelegirse. Sin embargo, esa opción cada vez se ve menos viable.

Siendo Honduras un país bajo la tutela y protección del gobierno estadounidense, siendo un país con una oligarquía considerada muy frágil frente al asecho de los carteles de la droga y, dispuesta a seguirse vendiendo «más barato que una mula», (he ahí el listado del «Ángel» publicado ayer martes.) en las élites sociales no parece quedar «santo frente al cual persignarse».

Siendo más que evidente el involucramiento de las Fuerzas Armadas, Policía Militar, del Ministerio Público y de la Corte de Justicia en todo el sistema corrupto, y facilitador del tráfico de la droga en grandes proporciones, será imposible que el gobierno estadounidense, no quiera provocar cambios significativos y permita una salida hacia la libertad al, hasta diciembre, presidente de Honduras.

Sabemos que dejarlo en libertad, pondría en entredicho la credibilidad, ya maltrecha, de EUA, como país democrático y respetuoso del debido proceso.

No obstante, en Honduras «el plomo flota y corcho se hunde».

Acabamos de confirmarlo en las elecciones primarias. Ningún partido político, puede alegar haber sido lo suficientemente honrado, como para gritar a los cuatro vientos ser transparente.

Hay a todas luces una profunda pérdida de valores éticos/ morales. Así que es cada vez más seguro que la desesperanza de su pueblo por la cual decide irse en masa del PAÍS en que nació, no se debe únicamente a la escasez de trabajo y a las bandas delincuenciales, es también a la ausencia de valores ético/morales en diversos niveles sociales. Ni siquiera se puede creer en pastores de las iglesias auto denominadas, salvadores del mundo.

Se podría afirmar que, ahora podrían condenar a cadena perpetua a los hermanos Hernández, para que pronto aparezca otra familia, igual o peor a ésta.

La cebada y demás insumos están en el sistema social, con sus ingredientes y mecanismos, donde las sectas religiosas, el individualismo y las ambiciones de incontrolable lujuria y avaricia, han sido fermento del crimen organizado y latrocinio generalizado.

Experto realiza observaciones a proyectos de reglamento para afiliación a la CCSS de independientes, migrantes y seguro voluntario

El matemático y máster en matemática actuarial Rodrigo Arias López envió a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, sus observaciones y solicitud de información adicional en relación con dos proyectos de reglamento.

Se trata del proyecto de Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes y del proyecto de Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes. Ambos fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta N° 53 del miércoles 17 de marzo de 2021.

El especialista Arias López compartió ambos documentos con SURCOS. Puede descargarlos en formato PDF para su lectura completa.

Entre los elementos que el actuario indica a la junta directiva de la CCSS se encuentran los siguientes:

“… me apersono ante esa Junta Directiva para hacerle ver las inconstitucionalidades, ilegalidades, vicios y errores técnicos que contiene el proyecto…”.

En cuanto al Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes el especialista en matemática actuarial precisa:

“Lo pretendido por esa Junta Directiva en el Artículo 1 del citado proyecto es inconstitucional, discriminatorio, abusivo y espurio, desigual, además violenta los principios de razonabilidad proporcionalidad que son también de rango constitucional.

La definición de “ingreso por base presunta” y de “ingreso neto” para el caso de los trabajadores independientes son asuntos de reserva de ley y ninguna ley a la fecha define o establece su definición o significado.

El “ingreso por base presunta” queda EN indefinido, no se sabe lo que es y además, queda al antojo y arbitrio de lo que los jefes o unidades de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) quieran que signifique. ¿Qué es ese “ingreso determinado” ?, ¿qué incluye? ¿cuál es el significado de “aquella derivada de las revisiones que realice la Caja”? ¿Qué revisa la Caja?; cuando se trata de actos administrativos para que sean validos eficientes y eficaces deben estar bien claros y precisos, puntuales, y el reglamento carece de todos esos principios.

Lo mismo sucede en el caso del “ingreso neto”, está indeterminado, no define lo que son “gastos propios para la operación de la actividad económica o trabajo”; tampoco define lo que es “actividad económica”; no se sabe que es “razonable” ni “necesario”; en fin, lo que resulta es un círculo vicioso e indeterminado que depende de sí mismo. No indica, si, por ejemplo, las cuotas que el trabajador independiente le paga a la CCSS forman parte o no de esos gastos propios, entre otros. Tampoco queda claro si, por ejemplo, los ingresos en caso de alquileres, venta de propiedades, ingresos por trabajos realizados fuera de Costa Rica, etc., forman parte del “ingreso bruto” que se indica”.

En relación con el Reglamento de Aseguramiento Voluntario y Aseguramiento de Migrantes Rodrigo Arias López indica:

“Si bien no soy asegurado voluntario, me presento ante esa Junta Directiva como interesado dado que el Estado aporta recursos que son fondos públicos para el financiamiento de los beneficios que se indican en el proyecto de reglamento, y yo contribuyo por obligación constitucional con el financiamiento de los gastos públicos. Véase el artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública”.

Rodrigo Arias López detalla:

“En el caso del aseguramiento voluntario el problema surge además porque no está definido el ingreso de referencia que se menciona en el artículo 8 del mismo proyecto; así como tampoco se regula, ni define “La persona que asume el pago de las cuotas respectivas a favor del solicitante debe encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la Caja”.

Nótese que no es que todos los que soliciten el seguro voluntario es porque no tengan ingresos propios; en particular los rentistas y pensionados. 

En tales artículos es probable que existan personas o familias que se encuentran en condición de pobreza que calificaría para estar aseguradas por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley y que ahora pretendan obligarlas o engañarlas para que se aseguren por esta modalidad, porque en el mismo proyecto NO SE ACLARA QUE LAS FAMILIAS QUE ESTÁN EN CONDICIÓN DE POBREZA NO REQUIEREN ASEGURARSE COMO ASEGURADOS VOLUNTARIOS”.

El actuario y experto en temas de la CCSS señala en otra parte de su escrito, que lo pretendido en el proyecto de reglamento “podría violentar los derechos humanos de las personas migrantes”.

Le invitamos a descargar los documentos y compartir esta información para propiciar la reflexión y la participación ciudadana en estos temas.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: CIDH llama a garantizar derecho a la identidad de género de las personas no binarias

«En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, observado el 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género de las personas no binarias, mediante la implementación de mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten registrar o cambiar componentes esenciales de su identidad en los registros públicos y en sus documentos de identificación.»

Puede leer el comunicado completo en el siguiente enlace:

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/079.asp

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Alerta: libertad a jóvenes defensora y defensores de la Madre Tierra – Honduras

Desde Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, Venezuela denunciamos:

ALERTA

LIBERTAD A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA

MICHAEL AGUILAR, CHRISTOFER CASTILLO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,

PATRICIA GODOY, FERNANDO HERNÁNDEZ, JEFFRYEY SUAZO,

MARIA VALLADARES

Honduras, 30 de marzo, 2021

Honduras, junto a Colombia, Filipinas, Brasil y México, se encuentra entre los 5 países de mayor persecución, represión, criminalización y judicialización contra defensoras y defensores ambientalistas, donde las cifras de asesinatos aumentaron de cuatro (2018) a catorce (2019), en un clima de total impunidad. Estos ataques letales de ambientalistas han apuntado en especial contra mujeres, y ha continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigenta Berta Cáceres (2016).

El peligro de ser ambientalista en Honduras

Los abajo firmantes denunciamos, a nivel nacional e internacional, que el día de ayer lunes 29 de Marzo 2021 integrantes de las comunidades de Aldea de Loarque y circunvecinas de este Distrito Central, junto a integrantes de ARCAH (Asociación de Reivindicación Comunitaria Ambientalista de Honduras) fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras ejercían el legítimo derecho humano a la protesta social durante una manifestación pacífica frente a la fábrica avícola El Cortijo, en la Aldea de Germania, que ha instalado una planta procesadora de desechos biológicos tóxicos.  Además, durante la detención sufren brutales agresiones físicas por parte de la Policía Nacional y son trasladados incluso, en vehículo sin logo ni placa, remitidos a la Jefatura CORE 7.

Nos preocupa de sobremanera y a la vez, denunciamos que la Policía Nacional no respetó la integridad del coordinador general de ARCAH, Christopher Castillo, quien tiene medidas de protección por reiteradas amenazas de muerte, ni el estado frágil de salud de una persona de tercera edad, ni la condición de menor de edad de una de las personas detenidas.

Alertamos que Honduras es un país de permanente clima de impunidad, desapariciones y asesinatos de ambientalistas como Berta Cáceres (2016), y en los primeros meses del presente año 2021 la joven enfermera Keyla Martínez fue víctima de asesinato bajo custodia de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, sumado a más de 15 feminicidios.

Es claro que el Estado criminal y represor de Honduras protege a la empresa privada y a las grandes corporaciones y megaproyectos extractivistas por encima de la vida del planeta y de los pueblos.

En Honduras es un delito defender a niñas, niños y familias que viven en comunidades aledañas al cauce del río Choluteca, donde la contaminación del río está causando graves problemas de salud a dichas comunidades y a la vida de los diversos ecosistemas.

Nos sumamos sin fronteras a la convocatoria de hoy martes 30 de marzo 2021 por:

¡Libertad a todas y todos los ambientalistas defensorxs del río Choluteca y de las comunidades aledañas!
¡No más represión contra el pueblo hondureño!
¡Alto a la criminalización y judicialización de los Derechos Humanos a la protesta social y protección de la madre Tierra!

Organizaciones, colectivas y colectivos firmantes:

Asociación de Desarrollo Sostenible LGBTI / Costa Rica
Movimiento de los Trabajadores y Campesinos (MTC) / Costa Rica
Bloque de Vivienda/ Costa Rica
Círculo Bolivariano Yamileth López / Costa Rica
Colectivo Bloque Verde/ Costa Rica
Colectivo La Mancha Venezuela / Venezuela
Colectivo Vanguardia Antillana / Puerto Rico
Colectivo San Rafael por el Agua / Costa Rica
Colectivo Smalael A’maletik / México
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) / Costa Rica
Movimiento Evita / Argentina
Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) / Honduras
Organización Política Carmen Lyra / Costa Rica
RedDeVida (Costa Rica/Venezuela
Red de Integración Orgánica-RIO / Guatemala
Red de Solidaridad con Palestina/Costa Rica
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras/Honduras
Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) /Oaxaca, México
Vocesenlucha /España

Firmas responsables
Colectivo La Patria Grande Vencerá

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras

www.acodehu-ddhh.org

derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Derecho a la verdad y democracia

Arnoldo Mora

Entre 1642 y 1672, es decir, en los inicios mismos de la edad moderna, tuvo verificativo en Holanda la primera gran revolución democrático-liberal; esa revolución es conocida en la historia como “La República de los Hermanos De Witt” por haber sido Jan De WITT su máximo líder; su asesinato en las calles de La Haya significó el término de esa especie de “primavera” de las luchas por la democracia dentro del marco de una ideología liberal. Su ideólogo más connotado fue Baruc Spinoza, filósofo holandés de origen sefardita; en su última e inconclusa obra, TRATADO POLÍTICO, Spinoza intentó darnos una definición de lo que hoy entendemos por democracia; allí afirmó que la defensa de las libertades públicas constituye la esencia misma de lo que se debe entender por “democracia”. Esas libertades públicas son para Spinoza tres: la libertad de conciencia (fundamental en una época como la suya, que ya llevaba un siglo de guerras de religión posteriores a las Reforma Protestante, que dividió la cristiandad occidental), la libertad de expresión (muy novedosa para una época en que en se acababan de crear los periódicos) y la libertad de organización como expresión social y política de las otras dos. Hoy solemos hablar más ampliamente de “derechos humanos”, cuya carta plasma la razón de ser de las Naciones Unidas, por lo que ésta constituye el fundamento ético y jurídico del derecho internacional, pues no pueden darse relaciones civilizadas entre naciones si no se inspiran en esos principios doctrinales.

Es dentro de esa concepción filosófica que debemos entender la libertad de prensa como un derecho humano. La libertad de prensa es legítima jurídica y éticamente tan sólo si expresa la soberanía del pueblo, entendiendo por “soberanía” el ejercicio de las libertades colectivas como condición indispensable para que un pueblo sea dueño de su destino y pueda escribir la historia con su puño y letra. La libertad de prensa es legítima tan sólo si expresa la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a saber la verdad. Quienes convierten ese derecho sagrado en un poder fáctico, lo tergiversan al reducirlo a un instrumento de manipulación de conciencias y en un monopolio de facto que da origen a una dictadura mediática. Su más brutal expresión es el manejo descarado de las llamadas “redes sociales”, que han sustituido en la práctica a los partidos políticos como expresión del pluralismo ideológico y la confrontación de ideas. Ab(usando) de esos poderosísimos recursos tecnológicos, han llegado al poder figuras espernibles, como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y, más cerca de nosotros, Bukele en El Salvador. Todo lo cual es consecuencia en el ámbito político de la revolución tecnológica actual, pues las comunicaciones han sido monopolizadas por las grandes empresas de la comunicación, quienes las financian. Al autocalificarse como “paladines de la libertad”, no hacen sino defender los intereses de esos monopolios mediáticos, convirtiendo así el derecho constitucional a la información en una mercancía. Quienes están a su servicio, subordinan los valores democráticos a los intereses de sus patronos; los periodistas a su servicio no son más que empleados.

Lo que sucede en el ámbito nacional no es más que un reflejo de lo que acaece en la esfera internacional. La campaña de difamación y de medias verdades en contra de las universidades públicas, emprendida por los empleados de la familia Jiménez Borbón, acostumbrada a tratar a la Patria de Juanito Mora y García Monge como si fuera un feudo azucarero, constituye un ejemplo de lo dicho. Se les cobra a nuestras beneméritas instituciones el estar formando ciudadanos con conciencia patriótica, como nos enseñaron a hacerlo nuestros grandes maestros humanistas, como Omar Dengo y Rodrigo Facio, a fin de inspirarse en el ejercicio del poder en la práctica de los derechos humanos, entendiendo “derechos” en el sentido kantiano de la palabra, a saber, como condición de posibilidad de la libertad como ejercicio de la razón práctica. Esos valores son tres, porque señalan la finalidad de las tres facultades superiores o dimensiones que definen al ser humano como “espíritu absoluto” (Hegel). La razón teórica (“pura” para Kant) aspira a la verdad, la voluntad (“razón práctica” para Kant) procura el bien ético, y la sensibilidad busca la belleza. Las libertades públicas deben ubicarse en la segunda dimensión, dado que son, insisto, la expresión social de la libertad como ejercicio de la racionalidad.

En filosofía política y derecho constitucional se habla del “pueblo” con el calificativo de “soberano”; este calificativo es altamente honroso, pues en los regímenes regidos por democracias absolutistas era un atributo tan sólo del rey , debido a que la monarquía era concebida como investida de atributos divinos (Bossuet). Debemos al más influyente ideólogo de la Revolución Francesa (1789), Juan Jacobo Rousseau, el haber conferido dicho atributo al pueblo llano que, desde entonces, se convierte en un principio fundamental de lo que entendemos por “democracia”. Es el pueblo-soberano la única matriz o fuente de las libertades públicas. Éstas se desarrollarán en consonancia con la conciencia que de sus derechos adquieren los pueblos, al calor de las luchas libertarias que despliegan; lo cual hace que debamos concebir los derechos humanos no como una especie de entelequia metafísica, sino como un proceso dialéctico, es decir, dentro de un marco de dimensiones históricas, movido por la dinámica de las fuerzas sociales.

La campaña en contra de las universidades públicas, como muy bien lo señala el actual Rector de la UCR, Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, constituye un atentado en contra de los valores y principios democráticos, cimientos de nuestro sistema de vida republicana. Las universidades públicas, al luchar por sus derechos constitucionales, lo hacen igualmente por la soberanía de nuestro pueblo, por la dignidad de nuestra república. De esta manera honran con hechos y no con altisonantes y demagógicas declaraciones, el Bicentenario de Nuestra Independencia.