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Autor: Hector Ferlini Salazar

Campaña de firmas por el veto a pesca de arrastre

No a la reinstauración de la pesca de arrastre en Costa Rica

Campaña de firmas:

La pesca de arrastre consiste en el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino. Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este.
 
Aparte de camarón, la pesca de arrastre captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados. El arrastre de las redes sobre el fondo marino ocasiona la destrucción de hábitats críticos para muchas especies marinas. Los descartes ocasionan un aumento en la tasa de descomposición de materia orgánica, lo que supone un riesgo para la salud de los ecosistemas.
 
A su paso, las pesadas cadenas ocasionan la resuspensión de sedimentos, lo que aumenta la turbidez del agua y reduce la luz disponible para organismos fotosintéticos como las algas y las cianobacterias, que constituyen la base de las cadenas alimentarias que sustentan las pesquerías. Además, la resuspensión y mezcla de sedimentos ocasiona una serie de alteraciones químicas en los ecosistemas marinos. Existe un alto riesgo de liberación y movilización de sustancias contaminantes que previamente fueron asimiladas por el fondo marino, mediante procesos graduales de sedimentación.
 
Nos preocupa que en el país se permita que se desarrolle una actividad altamente dañina y degradante de los ecosistemas marinos, como lo es la pesca de camarón con redes de arrastre, sin que existan estudios científicos rigurosos y objetivos que demuestren un impacto ambiental acorde con un desarrollo sostenible democrático. Ello implicaría, sin lugar a dudas, una directa lesión de derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e indirectamente a derechos constitucionales como el derecho al trabajo y el desarrollo económico, derivados de otras actividades productivas afectadas por la pesca de arrastre como el turismo, la pesca artesanal y deportiva.
 
Sin embargo, un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han presentado el Proyecto de Ley Nº 21.478, “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de Camarón en Costa Rica”, el cual abre las puertas a la reinstauración del arte de pesca de arrastre en nuestro país. Dicho proyecto se fundamenta en un estudio muy limitado del INCOPESCA, altamente cuestionado por la academia y que no cumple con los requerimientos de la Sala Constitucional.
 
La Asamblea Legislativa acordó tramitar este proyecto por la vía abreviada, a pesar de la falta de rigurosidad y objetividad científica de los estudios que sustentan la iniciativa, y coartando, además, las oportunidades de participación del público (incluyendo academia, organizaciones de la sociedad civil y sectores económicos potencialmente afectados) durante su conocimiento en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Inclusive, el 29 de julio de 2019 se aprobó una moción que excluyó a todas las organizaciones de la sociedad civil de ser consultadas sobre el proyecto.
 
Aunado a esto, el Poder Ejecutivo no ha asumido una posición clara y expresa en contra de la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, pese a que este fue el compromiso asumido en la campaña electoral.

Por estas razones, exigimos:
 
1.A las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa:
 
        a. Asegurar la participación de la sociedad civil en la discusión del Proyecto de Ley 21.478 en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de manera que seamos consultados y convocados a audiencia para exponer nuestros criterios técnicos sobre la iniciativa de ley.

        b. No promover la aprobación de la iniciativa 21.478 que abre las puertas a la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, sin estudios técnico-científicos elaborados por instancias científicas objetivas; adaptados a la realidad nacional con datos actualizados; elaborados en coordinación con autoridades del MINAE, la academia y otras entidades relacionadas; y que contemplen el análisis de factores ambientales, sociales y económicos, de conformidad con lo requerido por la Sala Constitucional.
 
2. Al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República:
        a.Ratificar ante la ciudadanía y la opinión pública la posición de su Administración con relación a la reinstauración de la pesca de arrastre de camarón y del proyecto de ley 21.478.

Enlace para firmar

Más de cien organizaciones solicitan vetar ley que permite reactivar pesca de arrastre

Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República

Señora Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía

Señor Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería

Las 117 organizaciones abajo firmantes les solicitamos vetar el proyecto de ley 21.478, que reactiva la pesca de arrastre en Costa Rica.

  1. Porque el proyecto de ley recién aprobado no garantizará un desarrollo sostenible democrático en nuestras costas, Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza. Por el contrario, la pesca de arrastre afectará a más de 14.000 pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas, así como al sector turístico y empresas nacionales como restaurantes, tour operadores y hoteles, quienes dependen de la sostenibilidad del destino turístico para garantizar empleo de calidad en las comunidades costeras.
  2. Porque la pesca de arrastre no es la solución a la crisis socioeconómica que, durante décadas, ha afectado a la provincia de Puntarenas. Todos los sectores productivos del cantón central de esta provincia han experimentado una drástica contracción desde hace 20 años. Los registros de las empresas oficialmente inscritas en la CCSS son contundentes: aquellas con mayor capacidad de generación de empleo y dinamismo económico, tales como construcción, agrícola, industria, manufactura, turismo, comercio, servicios y transporte han sufrido una reducción desde el 2001.
  3. Porque el proyecto de ley continúa posponiendo la implementación inmediata de alternativas productivas que sí atiendan, de manera efectiva, la problemática socioeconómica en el cantón central de Puntarenas. Esta propuesta crea además inseguridad jurídica y falsas expectativas, ya que la implementación de la pesca de arrastre no será posible al momento de su aprobación, pues se deben realizar estudios que demuestren que sí se puede utilizar esta técnica sin generar impactos ambientales ni socioeconómicos. Este proceso puede tardar varios años, contribuyendo así al incremento de la crispación social que vive nuestro país.
  4. Costa Rica merece hacer honor a su compromiso global a favor de la sostenibilidad. Aprobar la pesca de arrastre es un retroceso ambiental, social y económico: nos aleja de nuestros compromisos ante la OCDE, es contrario a nuestra tradición conservacionista, y pone en riesgo nuestra reputación como destino turístico responsable. Es vital que este Gobierno asuma su compromiso de campaña y abogue a favor de una reactivación económica sostenible, resiliente, que genere progreso social en el sector pesquero, por medio de prácticas competitivas y sostenibles.

Organizaciones Pesqueras

  1. Asociación de pescadores artesanales, fileteadores, armadores afines de Puntarenas
    Asociación local de pescadores artesanales de Colorado
    Asociación Red del Golfo
    Asociación local de pescadores de Puerto San Pablo
    Asociación náutica de Tamarindo
    Asociación local de pescadores artesanales de Puerto Níspero
    Coopepuertothiel RL
    Asociación mixta de pescadores artesanales de Montero, Isla Chira
    Asociación de pescadores cuerderos de Puerto Palto
    Asociación de pescadores artesanales de Puerto Jesús
    Asociación de pescadores artesanales responsables de Puerto Pochote
    Asociación de pescadores de Playa Samara
    Asociación de pescadores Guiones Garza
    Asociación de pescadores artesanales turísticos, buzos y afines de Playa del Coco
    Sindicato industrial de pescadores artesanales criadores acuícolas y anexos de Costa de Pájaros
    Asociación de pescadores artesanales del Jobo
    Asociación de pescadores de Playa Bejuco
    Asociación de buzos de Sardinal y lugares aledaños
    Asociación de pescadores de Santa Elena de la Cruz
    Coopeacuicultores RL (Isla Venado)
    Asociación de pescadores artesanales y molusqueros buzos y turísticos afines de Puerto Soley
    Asociación de pescadores turísticos de FIamingo
    Cámara de pescadores, armadores y afines de Guanacaste
    Asociación de acuicultores de Tambor
    Asociación de pescadores y pescadoras de Cabuya en pro de la pesca responsable

Organizaciones Turísticas

  1. Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA)
    Cámara de Turismo de lo Zona Azul (CATUZA)
    Cámara de Empresarios Turísticos del Cantón de Bagaces (CATUBA)
    Asociación Turismo Sámara (Turismo Pro Sámara)
    Cámara de Turismo de Nosara (CATUNO)
    Cámara de Turismo Tenorio Miravalles (CATTEMI)
    Cámara de Turismo de Río Zapote (CATUPA)
    Cámara de Agroecoturismo Sostenible Comercio y Afines de Puesto Carrillo
    Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costo Rica (CANAECO)
    Cámara de Turismo de Osa (CATUOSA)
    Asociación Costarricense de Guías Certificados (AGUICE)
    Asociación de Guías Naturalistas de Drake
    Asociación de Operadores de Turismo en el Parque Nacional Marino Ballena (ASOTU)
    Asociación de Guías de Bahía Ballena
    Osa Wild Travey Agency

Gobiernos Locales

  1. Municipalidad de Liberia
    Municipalidad de Abangares
    Municipalidad de Bagaces
    Municipalidad de Cañas
    Municipalidad de Carrillo
    Municipalidad de Hojancha
    Municipalidad de La Cruz
    Municipalidad de Nandayure
    Municipalidad de Nicoya
    Municipalidad de Santa Cruz
    Municipalidad de Tilarán
    Intendencia de Colorado de Abangares
    Intendencia de Lepanto de Puntarenas

Sector Ambiental y Comunal

  1. Fundación MarViva
    OneSea
    Preserve Planet
    Fins Attached Marine Research And Conservation
    CREMA
    Fridays for Future Costa Rica
    Sea Sheperd
    For the Oceans
    The Leatherback Trust (TLT)
    Amigos Isla del Coco (FAICO)
    Misión Tiburón
    Promar
    Osa Conservation
    Red de Juventudes y Cambio Climático
    Escazú ahora Costa Rica
    Asociación Animal Hope Costa Rica
    Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS)
    Asociación Costa Rica Por Siempre
    GreenWolf
    OperationRichCoast
    5minutebeachcleanup
    Grupo ACOS
    MareBlu Organización de Conservación Ambiental
    Costa Rica Plogging
    Unidos por los Tiburones Ocean Movement
    Hatillo Verde
    Soy Héroe Ambiental
    Marine Conservation Costa Rica
    Diwo Ambiental
    Guarumo
    Coalición Ambiental
    Tiburones Vivos
    Fundación VerdeAgua
    Ríos Pura Vida
    EcoRoble
    OneHand
    Tortugas de Osa (COPROT)
    Frente Ecologista del TEC Río Urbano
    GREENLAND
    Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Tecnológico de Costa Rica
    GreenHeart
    Un Puerto Limpio
    Enviajarme
    Somos Picnic
    EcoRunners
    Nicoya Peninsula WaterKeeper
    Festival Envision
    Fundación The Clean Wave
    MIRAVERDE
    Asana
    Corredor Biológico Paso de la Danta
    Fundación Árboles y Vida
    Asociación de Desarrollo Integral de Mal País y Santa Teresa
    Fundación Corcovado
    Fundación Abuela Ecológica
    Sennamiki
    EcoGuanacaste
    Humane Society International-Latin America
    COVIRENAS de ACOSA
    Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado, Osa
    Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
  5. Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
  6. Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
  7. Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
  8. Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
  9. Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

MINUCIAS LEGISLATIVAS y como tirarse de palo a palo

Roberto Zeledón

Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.

Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.

En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.

Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.

Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.

Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.

Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.

Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.

Dos apuntes finales:

  1. ¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
  2. Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?

UNA pide veto a Ley de Pesca de Arrastre

  • Pronunciamiento de la Escuela de Ciencias Biológicas en torno a la aprobación del proyecto de ley para el “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.
  • Petición al señor Presidente de la República para que vete la Ley al proyecto de ley N°21.478.
  1. Los continuos estudios realizados por más de 30 años por la Universidad Nacional en la zona marino costera del Pacífico Costarricense, en torno a la pesquería de camarón.
  2. Que las redes de arrastre no son selectivas, ya que el principio de estos artes es remover los fondos marinos y atrapar todo lo que se cruce a su paso, independientemente de la talla, edad,  grupo taxonómico (peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, etc.).
  3. Que la pesca de arrastre rompe las redes tróficas de los mares, ya que mata indiscriminadamente organismos que se ubican en los niveles más bajos de las cadenas alimenticias y la captura incidental causada por la esta actividad, es una amenaza a la diversidad de especies en zonas tropicales, ya que ésta incluye la captura de especies de peces importantes para el consumo humano, siendo por tanto una amenaza a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad en la producción pesquera.
  4. Que las poblaciones de camarón de las costas de nuestro país se encuentran en estado de sobrepesca; evidenciando que tanto la biomasa de organismos juveniles como adultos han disminuido de forma alarmante, inclusive sobrepasando el 90% de sobre explotación.
  5. Que debido a sobreexplotación de las poblaciones de camarones; y las capturas de este recurso por parte de la flota semi-industrial disminuyeron en un 45% a finales del 2012, esta pesquería solo es rentable gracias a la captura de especies de peces como: cabrillas, congrios, pargos entre otros.
  6. Que los salarios que genera esta actividad están por debajo del salario mínimo, exceptuando el Capitán y los tripulantes con rango de marineros; además del efecto económico sobre recursos marinos que pueden ser aprovechados por la flota artesanal.
  7. Que la exoneración del combustible aplicada a esta actividad, reduce considerablemente los gastos en las tareas de las faenas de pesca, afectando notoriamente los recursos marinos.
  8. Que la pesca de arrastre no cumple con ninguno de los principios que inspiran a este proyecto de Ley que promueve esta práctica, como lo son el desarrollo sostenible, enfoque precautorio, preventivo y de sostenibilidad, ecosistémico, seguridad alimentaria, trazabilidad del criterio de sostenibilidad, entre otros.
  9. Que esta actividad pesquera causa daños al lecho marino y tienen un efecto negativo en algunos ecosistemas e incluso pueden dañar la misma pesca del camarón, esto por cuanto al ocasionar daño al fondo marino, todas las especies que viven o dependen de él se van a ver perjudicadas.
  10. Que un principio fundamental en el enfoque precautorio es que “La ausencia de información científica adecuada NO debe ser usada como una razón para posponer o no tomar medidas de conservación o de manejo”.
  11. Que los estudios científicos necesarios para el aprovechamiento, debe incluir la estimación de Biomasa disponible, periodos de desove, tallas o edades de madurez sexual de ese recurso, efecto ecosistémico de la actividad entre otros.
  12. Que se afectan negativamente las actividades económicas de otros muchos pescadores artesanales a lo largo de la costa del pacífico.
  13. Que el INCOPESCA no tiene capacidad ni libertad para hacer los estudios que permitan determinar la sostenibilidad de la actividad y mucho menos de hacer respetar que no se pesque en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes y áreas protegidas.
  14. El proyecto N°21.478, es una amenaza directa contra el artículo 50 de la Constitución Política establece que «Toda persona tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  Siendo que es el estado el llamado a garantizar, defender y preservar dicho derecho.
  15. Llamamos al respeto de las partes por el orden y paz en el país, para que no haya disturbios que deriven en violencia innecesaria.

Por lo tanto:

Solicitamos respetuosamente que se vete la Ley derivada del expediente N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.

Información: Oficina de Comunicación UNA

Reactivación económica sin reactivación social

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

         El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.

         Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.

         Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.

         El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].

         En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.

         Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica per se, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.

         Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.

         Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.

         De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.

         El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.

El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.

[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.