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Autor: Hector Ferlini Salazar

Decreto para estimación de caudal ambiental del recurso hídrico: Necesidad de ampliar la discusión de este tema estratégico

Foro Confluencia Solidaria

Recientemente salió a consulta la propuesta de decreto emitido por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) para la normativa técnica de la estimación del caudal ambiental de las fuentes de agua superficiales del país. El objetivo de esta normativa es “Establecer la normativa técnica para el cálculo del caudal ambiental que debe discurrir por una fuente de agua superficial, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico”. La propuesta de decreto se puede obtener en: http://www.da.go.cr/decreto-para-el-calculo-del-caudal-ambiental/. Este decreto está en consulta hasta el próximo viernes 12 de marzo.

Dada la importancia estratégica que este tema tiene para el país y la necesidad de contar con un decreto que realmente garantice la sostenibilidad del recurso hídrico y su uso centrado en el bienestar colectivo y la protección de dicho recurso, el Foro Confluencia Solidaria organizó el pasado viernes 5 de marzo un encuentro/conversatorio con organizaciones comunitarias y ambientalistas y con profesionales expertas y expertos en el tema del recurso hídrico, para analizar esta propuesta de decreto.

La discusión efectuada permitió identificar una serie de deficiencias técnicas y conceptuales en este documento, por lo que se hace imperiosa la participación de diversos sectores relacionados con el tema del agua en el estudio de este decreto, de manera que antes del viernes 12 de marzo se envíen a las autoridades del MINAE opiniones y criterios sobre el mismo.

El consenso que emergió de este conversatorio del pasado viernes fue que la relevancia e impacto de este tema requiere una discusión más amplia, incorporando una serie de elementos técnicos internacionales y nacionales que están disponibles, así como los criterios de las comunidades y otros grupos organizados, y de profesionales con experiencia en el tema. No se debe apresurar la aprobación de un decreto con tantas implicaciones para el país.

Por este medio se hace un llamado a que diversos grupos, colectivos, asociaciones y personas externen su opinión ante el MINAE antes del próximo viernes, de manera que el país pueda contar con un decreto que realmente garantice la sostenibilidad y el uso adecuado y en pro de la vida de las aguas superficiales de nuestro territorio.

Las opiniones pueden enviarse a la siguiente dirección electrónica: jmonge@da.go.cr

Se sugiere enviar copia a la dirección electrónica del despacho de la señora Ministra del MINAE al siguiente correo electrónico: despachominae@minae.go.cr

Si lo tienen a bien, se solicita también enviar copia de dicho mensaje y de las opiniones que se expresen a la dirección electrónica del Foro Confluencia Solidaria: foro@confluenciasolidaria.org

Los diarios de la Alianza Empresarial

Óscar Madrigal

El regidor por San José, don Diego Miranda, hizo una valiente denuncia contra los directivos de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), porque algunos siendo ministros de Gobierno o familiares cercanos a ministros, contrataron con la Administración Pública a pesar de la prohibición que tenían. La Fiscalía está estudiando el asunto; ya se verá.

La contratación de la Alianza Empresarial con la Comisión Nacional de Emergencia fue por un monto de ¢662 millones para entregar 10 mil diarios a familias necesitadas por la pandemia.

A raíz de esta denuncia el señor Franco Pacheco, presidente de esa Alianza Empresarial, da declaraciones ayer al diario La Nacíón. Me llamó la atención lo dicho por el señor Franco:

“Ese aporte logístico no tuvo ningún costo y los alimentos fueron donados a AED por la empresa privada, finalizó”.

1-. Los alimentos entregados y la logística para su distribución NO tuvieron ningún costo para la Alianza Empresarial porque le fueron donados por la empresa privada. En consecuencia, la Alianza Empresarial se embolsó gratuitamente a costa del Estado 662 millones de colones.

En otras palabras, la acción de la Alianza Empresarial no tuvo nada de altruista sino que lo que hicieron fue lucrar con las donaciones de alimentos recibidas.

2-. Las empresas privadas que realizan donaciones, la ley las autoriza para incorporar esos montos en la partida de gastos con lo cual se ven afectadas las utilidades y con ello el monto del impuesto sobre la renta que deben pagar. De esta manera el Estado de forma indirecta subvenciona en algún porcentaje esas donaciones.

La conclusión a que se llega es que la Alianza Empresarial, debido a la contratación con la Comisión de Emergencia hizo un excelente negocio, ya que se embolsó ¢662 millones sin costo alguno. En otras palabras, sacó provecho de las necesidades de las familias necesitadas como producto de la pandemia. Así lo reconoce su presidente.

Don Franco Pacheco es un empresario que ha ocupado altos cargos en UCAEEP y otras Cámaras patronales. Siempre se ha caracterizado por su radicalismo negativo contra los trabajadores y trabajadoras y un tono prepotente y dictatorial para referirse a las autoridades. Franco es todo un empresario.

De sus declaraciones claras y contundes, francas, queda de manifiesto que la Alianza Empresarial (AED) hizo millones a costa de las necesidades de las familias empobrecidas por la pandemia, que lucraron con las necesidades humanas.

Esa contratación de AED y CNE además de ilícita como denuncia Diego Miranda, resulta inmoral.

Apoyo al SINART

Pronunciamiento de ciudadanos costarricenses en torno al Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. – Costa Rica Medios. (Usted puede firmar siguiendo el enlace que está al final del texto)

Ante una campaña de un grupo que pretende desinformar a la opinión pública en torno al acuerdo firmado por el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el SINART, los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas costarricenses, en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, hacemos público nuestro apoyo al SINART.

Dicho convenio no tiene otro objetivo que “promover la amistad y cooperación entre los pueblos de la República de Cuba y Costa Rica”. Específicamente, el convenio busca fomentar las “relaciones bilaterales en relación con los servicios de comunicación audiovisual y radiofónicos de ambos Estados y generar un marco para el intercambio y producción conjunta de contenidos de interés general tendientes al fomento de la cultura, la educación y la información de los ciudadanos”. Todo lo cual se hace dentro del más estricto respeto al marco legal vigente en cada uno de esos países. Así lo estipula literalmente el mencionado documento en el texto siguiente: “Las partes serán responsables de los contenidos que reciban en intercambio y trasmitan sus canales y plataformas digitales respetando las regulaciones legales de sus respectivos países”.

Costa Rica siempre ha promovido el derecho a la libre comunicación entre todos los pueblos, sin distingos de ninguna especie, viendo en los medios más modernos de comunicación un medio para fomentar la amistad, promover la paz y cooperar en la promoción de los valores cívicos, creaciones culturales y logros científicos de todas las naciones, especialmente aquellas que conforman la Patria Grande de Bolívar y Martí. Históricamente con el pueblo cubano nos han unido lazos de solidaridad y amistad entrañables, como lo prueban las visitas de Martí a nuestro país, recibido como un héroe en apoyo a la lucha por la independencia de su patria. Próceres, como los hermanos Antonio y José Maceo, fueron acogidos con los brazos y el corazón abiertos.

En un momento en que el fomento de la paz y la amistad es el objetivo mayor de las relaciones entre los más diversos pueblos del planeta, el incremento de las comunicaciones entre ellos constituye el primer e imprescindible paso para lograrlo. Por estas razones, este convenio debe ser aplaudido por todos los hombres y mujeres de bien de nuestro país.

Puede sumar su firma siguiendo este enlace

O bien aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUPHOQEk41EVKXJUaMHz_3Kwn6n5DcsXjPPnFUqJqZT7uQjw/viewform?usp=sf_link

  1. Arnoldo Mora Rodríguez, exministro de Cultura, Juventud y Deportes, filósofo.
  2. Alfonso Chase, Premio Nacional de Cultura Magón, escritor y poeta.
  3. Julieta Dobles Izaguirre, Premio Nacional de Cultura Magón, poetiza y escritora.
  4. Walter Antillón Montealegre, jurista, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica.
  5. Arabella Salaverry, Premio Nacional de Cultura, actriz y escritora.
  6. Leonardo Perucci, Premio Nacional de Cultura, actor.
  7. Máster Marjorie Jiménez Castro, coordinadora Cátedra José Martí, Universidad de Costa Rica y miembro del Consejo Mundial del proyecto José Martí de solidaridad internacional.
  8. Daniel Camacho Monge, sociólogo, Comisión de Derechos Humanos.
  9. Freddy Pacheco León, biólogo y ecologista.
  10. Patricia Mora Castellanos, exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada.
  11. Rafael Cuevas Molina, historiador, escritor, director de la revista Nuestra América.
  12. Macarena Barahona Riera, socióloga, catedrática de la Universidad de Costa Rica.
  13. Máster Francisco Enríquez, historiador, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica.
  14. Albino Devandas Brenes, periodista, pensionado.
  15. Gerardo Mora Burgos, filósofo.
  16. Máster Roberto Salom Echeverría, sociólogo.
  17. Isabel Ducca Durán, filóloga.
  18. Jaime Delgado, filósofo.
  19. German Chacón, especialista en historia del pensamiento latinoamericano.
  20. Flora Fernández Amón, empresaria, dirigente social.
  21. José María Villalta Flórez-Estrada, abogado, diputado.
  22. Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.
  23. María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.
  24. Suray Carrillo Guevara, abogada, exdiputada.
  25. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, ecologista.
  26. Juan Félix Montero Aguilar, educador, músico.
  27. Leda Méndez Arias, abogada, pensionada.
  28. Marcela Sánchez Cortés, promotora política.
  29. Roberto Alfaro Zumbado, agrónomo.
  30. Rocío Alfaro Molina, docente UCR.
  31. José Eduardo Álvarez Araya, abogado.
  32. Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social, sindicalista.
  33. Israel Guillén González, administrador de empresas, pensionado.
  34. Antonio Naranjo Segura, empresario.
  35. Álvaro Salas Chaves, expresidente ejecutivo Caja Costarricense del Seguro Social, médico.
  36. Presbítero José Francisco Soto Soto.
  37. Fabio Villalobos Campos, médico.
  38. Daniel Vartanián Alarcón, economista.
  39. Oscar Vargas Vargas, consultor.
  40. Carlos Luis Chacón Salas, sindicalista.
  41. Álvaro Madrigal Arroyo, administrador.
  42. Ana Luisa Montero Mejía, pensionada.
  43. Peggy Padgett, pensionada.
  44. Rebeca Stam Emanuelson, educadora.
  45. Diana Madrigal Valerín, abogada, asesora parlamentaria.
  46. Ólman Varela Durán, consultor medio ambiente.
  47. Sergio Reuben Soto, economista, catedrático universitario.
  48. Eduardo Gardela, comunicador, ambientalista.
  49. Sagrario Agüero Badilla.
  50. Gaus Monge Mora, campesino.
  51. William Calvo Quesada, abogado.
  52. Hermes Quesada Burke, artesano.
  53. Manuel Monestel Ramírez, trabajador de la cultura.
  54. Víctor Polini Benach, educador pensionado.
  55. Ligia Mayela Arce Quesada, abogada y notaria.
  56. Eduardo Alberto Ureña Solano, programador de computadoras.
  57. Martín Rodríguez E., comunicador social.
  58. Ana Elena Obando M., abogada feminista, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos.
  59. Hálder Paniagua Navarro, pensionado.
  60. Claudio Enrique Monge Pereira, exdiputado, educador, catedrático universitario.
  61. Marbella Martín Fragachán, socióloga.
  62. Dionisio Cabal Antillón, trabajador de la cultura.
  63. Alberto Salom Echeverría, exdiputado, ex-rector de la Universidad Nacional, politólogo.
  64. Víctor Mora Black, empresario.
  65. Italo Fera Fallas, sociólogo.
  66. Gerardo Contreras Álvarez, historiador, catedrático universitario.
  67. Arlen Ulloa Rojas, graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
  68. Carlos Manuel Campos Méndez, diseñador y escribidor.
  69. Roberto Castillo Rojas, catedrático pensionado UCR.
  70. Roberto Chacón Picado, técnico en telecomunicaciones.
  71. Gustavo Campos, regidor municipal en Montes de Oca.
  72. Esteban Beltrán Ulate, profesor universitario.
  73. Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.
  74. Juan Gabriel Vargas Rojas, estudiante universitario.
  75. Luis Alberto Soto Ramírez, trabajador social.
  76. Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora jubilada de la UCR.
  77. Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, pensionada.
  78. Diógenes Hernández Zumbando, ingeniero agrónomo
  79. Evelyn Cubillo Montoya.
  80. Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista.
  81. Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.
  82. Jesús Campos Méndez, transportista, cooperativista.
  83. Federico Montero Mejía, médico.
  84. Giovanni Beluche V., sociólogo y académico.
  85. William Jesús Delgado Rivera, enfermero.
  86. Eladio Retana Fallas, agrónomo, facilitador ambientalista.
  87. Ricardo Rubí Sánchez, contador.
  88. Bruno de Jesús Coto Barboza, recepcionista hotelero.
  89. Roberto Zeledón Arias, asesor sindical.
  90. José Francisco Varela Arguedas, jubilado.
  91. Rodrigo Jiménez Vega, pensionado.
  92. Roberto Guevara Arroyo, estudiante universitario.
  93. Mario Augusto León Casto, ingeniero de software.
  94. Pablo Zúñiga Morales, abogado.
  95. Maureen De La Paz Durán, docente.
  96. Vania de la Cruz Boschini, bibliotecóloga.
  97. Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, escritor, exdiputado.
  98. Magda Solís.
  99. Esteban Cerdas Aguilar, comunicador.
  100. Óscar Barboza Lizano, latinoamericanista, profesor universitario, presidente de la Fundación Andrzej Dembicz.
  101. Francisco Barrantes Venegas, diseñador gráfico.
  102. Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.
  103. Esteban Campos Méndez.
  104. Arantxa Coghi Robleto, estudiante.
  105. Baudilio Morales Monroy, abogado y notario.
  106. Anthony Quirós Alfaro, estudiante universitario.
  107. Daniele Aguirre.
  108. José Pablo Garro Arce, estudiante universitario.
  109. Evelin Yanes Giraudy, docente.
  110. Máster Jiddu Rojas Jiménez, filosofía, estudios latinoamericanos.
  111. Teodora Tsijli, matemática catedrática de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional.
  112. Susana Rojas estudiante.
  113. María José Monterroso Solís.
  114. Miguel Calderón Fernández, académico de la Universidad Nacional.
  115. Eval Araya Vega, filósofo.
  116. George García Quesada, historiador y filósofo.
  117. Marco Castillo Rojas, abogado, activista interseccional.
  118. Jorge Arturo Montoya Alvarado, profesor de historia UCR.
  119. María Isabel Aragón Vargas, graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
  120. William Zúñiga Soto, maestro rural pensionado.
  121. Hansel Luis Ramírez Rodríguez, pensionado.
  122. Catalina Miranda Matamoros.
  123. Wilson Arroyo Oconitrillo, músico e historiador.
  124. Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo.
  125. Sara Araya Barrantes.
  126. Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.
  127. Rubén Pagura Alegría, Premio Nacional de Teatro, actor y músico.
  128. Xinia Villalobos Zúñiga, trabajadora social.
  129. Maribel Vindas Rodríguez, jubilada.
  130. Ricardo Ascanio Sánchez Loaiza, librero y editor.
  131. Daniel Torres Sandí, sociólogo.
  132. José Rafael Flóres Alvarado, historiador.
  133. Guadalupe Mora Araya, socióloga.
  134. Óscar Collado Bermúdez, estudiante.
  135. Abel Guier Oreamuno, músico.
  136. Adriana Mora Rey, diseñadora gráfica.
  137. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador.
  138. Efraín Cavallini Acuña. Académico -Comunicador UNA

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Continúan incendios provocados en territorio indígena China Kichá

COMUNICADO:

INCENDIOS EN KONO JÚ Y YUWI SENAGLÖ, RECUPERACIONES EN TERRITORIO CABÉCAR DE CHINA KICHÁ SIGUEN ACTIVOS

Sábado 06 de marzo 2021. Al ser las 7:30 p.m. el fuego en las recuperaciones Kono Jú y Yuwi Senaglö siguen fuera de control y en crecimiento.

Los incendios provocados son una forma más de agresión a los Pueblos Orginarios, situación que venimos denunciando desde el 2020. Al día de hoy ninguna persona ha sido judicializada por este crimen y la impunidad se mantiene. También el día de hoy, sólo en Kono Jú se han quemado entre 15-20 hectáreas.

Insistimos en la responsabilidad del Estado costarricense en garantizar nuestra integridad física así como la de nuestro Territorio.

Compartimos fotografías de los incendios: foto 1 Kono Jú y foto 2 Yuwi Senaglö.

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Recuperadoras y recuperadores cabecares de Yuwi Sengalö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Publicación en Facebook:
https://www.facebook.com/111882987093775/posts/254238749524864/

OIDH: Invitación a conmemorar “Día Internacional de las Mujeres»

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
SABER VIVIR.
ORGANIZACIÓN INTERSECCIONAL PRO DERECHOS HUMANOS COSTA RICA
Te invitamos a sintonizar este lunes 8 de marzo a las 8 am el programa SABER VIVIR, bajo la dirección de Cristian Silva, en la Radio 870 UCR.
Conmemoraremos el “Día Internacional de las Mujeres”. Participan Sussana Rojas Oviedo y Marco Castillo Rojas, de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos.
Sintonice en 870 AM o por facebooklive.

0,67% de los salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania

-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación–*

El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.

  • Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
  • El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
  • Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
  • Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.

* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.

“Poder popular y párrafo primero del artículo noveno de nuestra vigente Constitución Política”

SURCOS comparte la siguiente invitación: 

Este viernes 05 de marzo se llevará a cabo el Programa radial Alternativas donde se discutirá sobre el poder popular y el párrafo primero del artículo noveno de la Constitución Política de Costa Rica.

En la charla participarán los siguientes invitados:

– Walter Antillón, abogado constitucionalista. Profesor emérito, UCR.
– Carlos Campos, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
– Gerardo Hernández, politólogo, UCR. Profesor ECP, UCR.

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16

Adjuntamos la invitación del evento:

Valores invertidos

Óscar Madrigal

El presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, recibe un salario mensual de ¢10.000.000 de colones. El rector Jensen de la Universidad de Costa Rica recibía antes de terminar su periodo ¢8.800.000 y el rector Salom de la UNA ¢6.700.000. (No tengo los salarios de los rectores actuales que probablemente son menores que los indicados).

El primero dirige un banco, los otros dos, casas de enseñanza donde se forjan los profesionales del mañana, los encargados del futuro del país.

Lo que llama la atención es que el salario del Rector causa una conmoción y repulsa nacional, mientras que el salario del señor Rodrigo Cubero no produce efecto alguno.

¿Por qué la gente “valora” más la dirección de un banco que la dirección de centros de educación superior? ¿Por qué el salario del presidente del BCCR es visto con “naturalidad” mientras que los salarios de los rectores como una exageración y casi como inmorales? ¿Cómo han llevado a esta sociedad a semejante inversión de valores?

La prensa nacional ha logrado crear este ambiente, publicado listas de profesores con sus salarios presentándolos casi como delincuentes, creando un enemigo ficticio para desviar la atención de los problemas principales del país.

Para la prensa comercial al servicio de los grandes intereses económicos no es escandaloso que 44 personas tengan un salario superior a los ¢35.000.000 mensuales o que 148 personas ganen más de ¢20 millones mensuales. Todos desde luego del sector privado. (Datos del Ministerio de Hacienda publicados por el Semanario Universidad). Esos salarios deben pertenecer por supuesto que a grandes bancos o empresas privadas; recordemos que muchas de ellas no pagan impuesto de renta porque no declaran utilidades o están acogidas a exenciones como las zonas francas. Por supuesto que esto tiene trascendencia fiscal, de mayor calado que los salarios de los profesores que forjan y forman a los estudiantes.

La prensa comercial al servicio de ese gran emporio ha logrado invertir los valores nacionales.

Desgraciadamente ha castrado el pensamiento crítico.

Denuncian irrupción de no indígenas en Territorio Indígena Maleku

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Li Uroteca Maleku Márama

Al ser las 5:32 p.m. del 2 de marzo de 2021.

Territorio Indígena Maleku.

El presente reporte se hace propiamente desde la finca que usurpa el señor de apellido Villegas, ubicada en un sector del Palenque Margarita, colindante con el Silencio de Guatuso.

Un enorme grupo de personas no indígenas, usurpadores, llegaron a cortar alambre y a intimidar al grupo de recuperadores y recuperadoras, tratando también de quemar los ranchos.

Los no indígenas, usurpadores y terratenientes han estado mintiéndole a los campesinos, diciéndole que nosotros les vamos a quitar el poquito de tierra que tengan, eso con el fin de que se unan a ellos.

Entonces, primero queremos decir que el Territorio Maleku está luchando por las tierras que legítimamente nos pertenecen. Segundo, nuestro movimiento de recuperación de tierra y territorio hasta el momento no ha recuperado ninguna finca cuya posesión en este momento esté en manos de pequeños campesinos no indígenas, para estos casos estamos tratando de resolver el conflicto por la vía de la negociación, buscando la participación de distintas instituciones públicas, porque reconocemos que muchos de estos pequeños campesinos se encuentran en estado de pobreza.

En la fotografía adjunta podemos observar a Oscar Villegas cortando los alambres en la finca recuperada por el pueblo indígena.

Reafirmamos nuestro accionar pacífico y reconocemos la labor que está realizando la Fuerza Pública para evitar la violencia.

Li Uroteca Maleku Márama

A SURCOS llegó el siguiente audio de una compañera indígena Maleku: