Ir al contenido principal

Autor: Hector Ferlini Salazar

Un nuevo Pacto de Concordia, un nuevo pacto social – Las tareas inmediatas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Campos Rojas

¡Ha llegado la hora…de Juanito Mora!

Así reza el bello himno, magistralmente elaborado por Dionisio Cabal.

Al igual que en 1821, cuando los ciudadanos costarricenses decidieron hacerse de la libertad y el derecho a su legítima autodeterminación, sin recursos y con opiniones incluso confrontadas, pues no sabían ni gobernarse a sí mismos, con una inesperada independencia, que enfrentaba hermanos, unos entre ser verdaderamente independientes, otros, dominados por el miedo, en cobijarse bajo un nuevo imperio, hoy, tenemos que decidir nuestro futuro.

En septiembre del año entrante, cuando se cumplan 200 años de la independencia, ellos lograron en tres meses, encontrar el camino de la solución: se prestaron al diálogo.

Así, establecieron consensos en medio de profundos disensos, sin miedo al futuro. Definieron lo que debía ser una Constitución Política que les permitiera instituir un gobierno, del pueblo y para el pueblo. Eran otros tiempos, donde la probidad y la transparencia prevalecían como principios éticos fundamentales, porque ser propuesto para un cargo de representación popular era un honor y establecía –como debe ser el sufragio- un deber.

No había espacio para la mafia política, la corrupción y la impunidad, ella apareció después.

En ese diálogo establecieron el Pacto de Concordia, es decir, un acuerdo nacional para lograr entre todos, asumir el desafío de construir patria y pusieron manos a la obra.

Desde luego, en las festividades bicentenarias que pretenden realizar desde palacio el año entrante –y de las que está excluida la ciudadanía-, estas raíces las cortaron. No convienen a los intereses que ahí se protegen. Para eso está la usurpación del poder y la red de cuido que palanganea la facción que dirige el régimen, Horizonte Positivo y la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED).

Nos tienen en el caos, se aprovecharon y nos quitaron, el trabajo, las pertenencias, nuestras empresas, los emprendimientos, la dignidad, la paz. Nos tienen con la rodilla en el cuello.

Todo debemos recuperarlo. Debemos construir nuestra propia economía y mover nuestro dinero entre nosotros, el escaso que nos han dejado y multiplicarlo.

¡Tenemos que actuar ya!

Debemos ejercer el Poder del que constitucionalmente disponemos. La Constitución es nuestra guía, nuestra máxima ley, debemos hacerla valer.

A la ciudadanía nos toca hacernos del espacio de donde fuimos excluidos y que la Constitución Política nos restituyó en este julio hace 17 años, al establecer en al Art. 9, que Costa Rica es una República Participativa y que la Persona Ciudadana es el Primer Poder de la República, es El Soberano y debe cogobernar con los otros tres poderes. Debemos estar debidamente informados, dejar los chismes a un lado, para saber actuar en el marco constitucional.

Hay que ponerse a hacer, dejar de quejarse, organizarse en grupos pequeños, por barrios, a partir de personas que convoquen a quienes coinciden en la necesidad de sacar adelante este país, para debatir las soluciones y los caminos que consideramos necesarios y empezar a actuar de inmediato. Ahora podemos convocarnos de muchas formas virtuales, para actuar en nuestros entornos, enlazando un grupo con otro.

Organizarnos en lo más cercano e íntimo, encontrarnos entre los iguales, sin diferencias y siendo altamente tolerantes, dispuestos a dialogar, para construir la propuesta nacional.

No estaremos solos, debemos reconocer los aliados. Deben ser personas decentes, amantes de nuestro país, allí hay empresarios grandes, pequeños y medianos, funcionarios públicos, intelectuales, académicos, profesionales y sobre todo, personas humildes llenas de conocimiento y sabiduría.

Pero hay que tener cuidado con las rémoras políticas, los oportunistas, los que intentarán sacar provecho de nuestro esfuerzo, debemos ser implacables para enfrentarlos.

La persona ciudadana es el centro, somos la ciudadanía. Ahora debemos representarnos nosotros mismos, no permitir que nadie nos represente. Participar activamente en la toma de decisiones. Las reuniones públicas se pueden hacer guardando las normas sanitarias, con responsabilidad, pues no podemos, ni debemos, poner en riesgo nuestra salud, ni nuestra vida, todos somos importantes.

Hay que vencer el miedo y no dejarnos impresionar para seguir siendo rehenes políticos. Es un momento de situación extrema, de emergencia nacional y hay ley suficiente para no dejarse avasallar por la voracidad bancaria y las cuentas económicas.

Debemos construir nuestro nuevo Pacto Social, nuestro Nuevo Pacto de Concordia, tenemos la suficiente experiencia histórica y los métodos de organización, para lograrlo. Ya la ciudadanía demostró el pasado 17 de julio en la Segunda Actividad Nacional de Rendición de Cuentas, que se tiene metodología y capacidad.

Debemos apropiarnos de nuestra esperanza.

Debemos encontrarnos por Zoom el próximo sábado 1 de agosto. Quien desee participar, que por esta vía me lo haga saber, para indicarle la forma de incorporarse a la reunión.

¡Yo, digo presente!

Carlos Campos Rojas

25 de julio de 2020

Hacen trizas del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

Vaguedades e incoherencias insolidarias

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Acerca de la nota enviada a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo por un grupo de empresarios e intelectuales

Grupo Economía Pluralista[i]

Hay varios aspectos que destacamos en la nota mencionada: las inconsistencias internas del planteamiento; la vaguedad de la mayoría de sus propuestas; su énfasis en medidas que debilitarían la institucionalidad pública y agravarían la crisis; y, en contraste con lo anterior, la evidente omisión de cualquier compromiso solidario por parte de las personas firmantes.

  1. Un planteamiento inconsistente y contradictorio

Las distinguidas personas firmantes de la nota, reconocen la existencia de “un legado histórico de brechas y dualismos estructurales”. Elogian la existencia de empresas modernas de alta productividad, en contraste con “un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”. Incluso reconocen los graves problemas de desigualdad, existentes desde antes de la crisis asociada a la pandemia del Covid-19.

Aun cuando la anterior es una radiografía muy incompleta, sí deja suficientemente claro que existe una realidad de graves desbalances, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. La conclusión obligatoria a que ello debería conducir, es al reconocimiento de que al país le urge replantearse a profundidad la estrategia o modelo de desarrollo. Y, sin embargo, claramente se elude reconocer tal cosa, cuando a lo sumo se propone un curso de políticas que, en lo esencial, implica perpetuar el statu quo, con apenas pequeños retoques y ajustes.

Así, por ejemplo, se reclama “un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad” (énfasis agregado) ¿y el millón y resto de personas que permanecen en la informalidad? ¿Han de seguir en el olvido y la posposición, tal cual por muchos años se ha hecho? O bien se agrega que se requiere “el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos” (énfasis agregados). Lo cual obliga a preguntarse ¿en qué “hemos demostrado” tal competitividad? ¿Las zonas francas con su generoso ramillete de privilegios tributarios? ¿Las explotaciones piñeras con su atropello a los derechos laborales y todo el daño ambiental que provocan? Del contexto se desprende que ello no incluye a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas y, definitivamente, no a los millones de personas en la informalidad laboral, en cuyo caso no habría interés en “fortalecer” a estos sectores que, claramente, han sido perdedores dentro de este modelo o estrategia de desarrollo.

Por otra parte, es interesante el enfoque que se asume, el cual se formula a partir de una mirada hacia el pasado y en retrospectiva: interesa aquello en que “hemos demostrado ser competitivos” (sea lo que fuere que eso signifique). No se mira al futuro, en búsqueda de nuevas opciones productivas, no solo más competitivas, sino, y sobre todo, inclusivas, equilibradas, equitativas, respetuosas de los derechos laborales y del ambiente.

2. La vaguedad como propuesta… excepto en lo que atañe al sector público

El planteamiento general del documento es sumamente vago. Hablan de cinco crisis distintas para, enseguida, apelar a la figura retórica de la “tormenta perfecta”, sin diferenciar apropiadamente entre los ritmos, tiempos, urgencia, naturaleza y causas que cualifican y especifican cada una de esas crisis.

Ello lleva a un planteamiento sumamente confuso, donde, después de reconocer “que no se puede hacer todo a la vez”, pasan a proponer “un enfoque holístico estableciendo prioridades”. Váyase a saber qué significa tal cosa. Lo único que enseguida queda claro, es la total oscuridad de su propuesta, cuando señalan que “la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba”.

No podría haber una forma más dramáticamente desafortunada de definir prioridades.

Uno de los pocos aspectos donde sí se ofrece una formulación precisa y directa es en lo atinente al sector público, según una tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público, precisamente en momentos cuando este es el que aporta la primera línea de defensa contra la pandemia, y cuando ese sector público, en pleno, hace un esfuerzo mayúsculo de reinvención para enfrentar la crisis.

Aparte de lo cual quedan dos preguntas fundamentales, que las personas firmantes de la nota omiten considerar:

  • Primero, acerca de las implicaciones negativas, para una economía sumida en una profunda recesión, que derivarían de los recortes propuestos. En las últimas semanas se han hecho públicas las preocupaciones de municipalidades, asociaciones comunales, juntas de educación e incluso empresariado vinculado al sector construcción, acerca de las consecuencias que esos recortes traerían. Son ejemplos concretos, que ilustran que esos recortes agravarían la crisis tanto en sus manifestaciones económicas como sociales y humanas.
  • Segundo, acerca del debilitamiento de la institucionalidad pública en momentos en que la crisis provoca una multiplicación de demandas y necesidades que esa institucionalidad debe atender y tratar de resolver. Por ejemplo: hace pocos días, un comunicado de Casa Presidencial informaba acerca del incremento de solicitudes de auxilio que el IMAS debió atender durante estos meses de crisis: cerca de 1,5 millones, con un incremento de alrededor del 350%.

Por lo tanto, las propuestas recortistas que estas personas promueven, claramente son una apuesta por el agravamiento de la crisis.

Hay algunos otros planteamientos específicos que podríamos compartir. La propuesta para la creación de un fondo de avales y garantías, la hemos reiterado en numerosas ocasiones. La posible creación de una Comisión Consultiva de Reactivación Económica, podría ser apropiada, a condición de que sea un foro realmente inclusivo y participativo, abierto en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad costarricense, y absolutamente transparente en su funcionamiento. La consabida simplificación de trámites es necesaria, siempre que ello no signifique descuidar la vigilancia y protección de los derechos laborales y del ambiente.

3. ¿Qué aporta cada quien ante la crisis?

Está claro que para las personas firmantes de la nota, los empleados y empleadas del sector público deben asumir una cuota importante, mediante una reducción de jornadas, cuya implicación más irracional y absurda tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, justo cuando éstas enfrentan demandas incrementadas ante la multiplicación de necesidades que la crisis provoca.

Notoriamente no se ofrece ninguna propuesta que pudiera implicar aporte por parte de los sectores que más riqueza poseen en Costa Rica. Esta omisión es particularmente notable, puesto que quienes firman la nota son, en general, personas solventes, incluyendo a algunas de las personas más ricas de Costa Rica. 

Es sintomático que las palabras “solidaridad”, “solidario”, “solidaria”, no aparezcan citadas ni una sola vez en esta carta. Lo cual hace necesario recordar que los valores de la solidaridad, compasión y equidad, son indispensables para construir una convivencia civilizada y pacífica. Tampoco debe olvidarse que sin una vida digna para todas y todos, difícilmente habrá paz social, y que sin paz social ni la sociedad prospera, ni tampoco lo harán los negocios privados.

4. Medidas urgentes

En los diversos pronunciamientos que nuestro grupo ha emitido, así como en los foros y entrevistas que en forma individual hemos participado, hemos planteado una amplia variedad de medidas, de corto, mediano y largo plazo, para aliviar la recesión, auxiliar a las personas y familias más afectadas, preservar la estabilidad de la economía y preparar el camino para su recuperación. No entraremos aquí en detalles al respecto, aunque sí enfatizamos la centralidad de los valores de solidaridad, justicia y equidad que nos inspiran, de donde se deriva la obligación de que cada quien aporte según sus posibilidades, lo cual incluye a personas integrantes de este grupo.

En esta nota, en particular, queremos retomar dos propuestas de política que, en el contexto actual, estimamos que es urgente tener en cuenta.

Primero, en relación con las políticas sanitarias. Por un lado, la urgencia de fortalecer la institucionalidad a cargo de la atención de las enfermedades, que permite recuperar la salud de las personas y salvar vidas, lo cual atañe fundamentalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también es importante ponerle atención y reforzar la red pública de bienestar: bonos, subsidios, servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), educación, vivienda, entre otros.  Todo lo cual es fundamental, ya no solo para atender la enfermedad, sino, sobre todo, para la prevención y el cuido de  la salud, una responsabilidad que hoy es asumida principalmente en los hogares y sobre todo por parte de las mujeres, siendo que las situaciones de privación y carencia impiden a menudo que esa tarea pueda ser satisfecha apropiadamente. De ahí que, en contra de las usuales y muy dañinas tesis de austeridad fiscal, sea de la mayor importancia que se fortalezca la institucionalidad pública-estatal a cargo de apoyar esa labor de cuido y prevención.

Segundo, una propuesta de política que es urgente se ponga en marcha, a fin de preservar el normal funcionamiento del sector público, aliviar el déficit fiscal y fortalecer financieramente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todo lo cual es indispensable para mantener la estabilidad de la economía y la paz social.

Lo resumimos en lo siguiente: en el contexto deflacionario que vivimos, con una profunda recesión en curso y agravamiento extremo de los problemas del empleo y de la pobreza, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe asumir una posición mucho más proactiva, no sólo proveyendo liquidez al mercado financiero en general, sino también apalancando las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y reduciendo la presión de la carga financiera de la deuda, mediante los mecanismos que hoy la ley le provee, y a través de los cuales pueden promover una baja considerable de las tasas de interés sobre la deuda.

Con este fin, el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y a través de un equipo técnico conformado para tal fin, deben analizar las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo del Gobierno Central, incluyendo aspectos importantes como la deuda del Gobierno con la CCSS, necesidades de flujo de caja del Gobierno Central, riesgos monetarios, así como el costo actual de los intereses pagados por la deuda interna, entre otros.  El resultado de dicho análisis deberá derivar en una propuesta de apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central.

Dicha propuesta derivaría en la definición de un monto adecuado de dinero que el Ejecutivo podrá financiar vía emisión de deuda pública, en una o varias emisiones, según los plazos de vencimiento que el equipo técnico antes mencionado considere prudentes y con tasas de interés lo más bajas posibles.

Esta deuda será emitida en el mercado primario para ser adquirida, previo acuerdo, por un banco público.  Posterior a esta compra el BCCR intervendrá en el mercado secundario adquiriendo estas emisiones de deuda.

5. A modo de conclusión

Comprendemos y respetamos que el gobierno escuche y tome en cuenta lo que plantean organizaciones que representan a sectores de gran poder económico, como la UCCAEP y Horizonte Positivo. Pero resaltamos que, igualmente, es su deber ineludible escuchar y tomar en cuenta los planteamientos de otros grupos y sectores. En democracia, todas las voces ciudadanas están investidas de la misma legitimidad y todas por igual tienen derecho a ser escuchadas. No respetar este principio fundamental, conlleva falsear la democracia.

[i] El Grupo Economía Pluralista reivindica y busca visibilizar la diversidad de enfoques teóricos y epistémicos que enriquecen el bagaje científico de la economía, como asimismo enfatiza que la economía, desprovista de un compromiso ético y moral, deviene un ejercicio intelectual estéril y deshumanizado. Somos más de 25 profesionales en economía, y nos movemos en ámbitos diversos: la academia, el sector público y privado y las comunidades.

Foto: CCSS

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

La participación involucra y moviliza, la participulación desmoviliza las comunidades en la lucha contra la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

En un artículo anterior señalé que la pandemia se propagaría si no se involucra a las comunidades en su control y mencioné la experiencia del Hospital sin Paredes de San Ramón en los 70s. Algunas personas me han pedido que de mayores detalles sobre el método utilizado para descentralizar la actividad institucional involucrando e incorporando a las comunidades activamente en la lucha contra la pandemia en su dimensión más amplia incluyendo la generación de ingresos.

En primer lugar mi propuesta no pretende transformar de la noche a la mañana el sistema de Ebais, sino recuperar en una primera instancia la experiencia ramonense en forma de proyecto piloto que pueda ser extendido en las organizaciones comunales que lo demanden.

El problema de las palabras gastadas

Casi todas las políticas sociales mencionan la importancia de la participación de las comunidades y beneficiarios para el logro de sus metas. Pero, aunque mencionamos la misma palabra, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues no y la diferencia es sustancial en cuanto a los resultados.

Las diferencias de enfoque en la aplicación de la salud comunitaria en la Costa Rica de los 80s las destacó la antropóloga norteamericana Lynn Morgan en su libro “La política de atención primaria en Costa Rica” traducido y publicado por CENDEIS en 1997. Señala la Dra. Morgan que el sector primigenio inspirado en el Hospital sin Paredes, procuraba involucrar a las comunidades desde el diagnóstico de la situación de la salud, en la elaboración de los planes de acción y su ejecución.

El grupo que le sucedió en el poder, aunque aceptaba nominalmente el concepto de participación comunal lo ubicaba en un papel pasivo dependiente, esto es de apoyo y colaboración a las acciones definidas por los técnicos y autoridades.

Esta diferencia generó prácticas diametralmente opuestas en el involucramiento y resultados de la acción de la comunidad. Mientras que en la experiencia del Hospital sin Paredes se fusionaba y enriquecía el conocimiento sobre la salud y se obtenían resultados extraordinarios que integraban a la comunidad con el Hospital, en otros casos la “participación” comunal se limitaba a prestar servicios de limpieza. Lamentablemente este concepto de participación fue el que prevaleció en el montaje de los Ebais por parte de CCSS.

Aunque en la Ley de reforma del sector salud de inicios de los 90s del siglo pasado exigía la participación comunal en los Ebais, el concepto de participación como ayuda pasiva no pegó en las comunidades. Las evaluaciones realizadas por la CCSS, señalan esta de manera reiterativa, pero esto no ha sido suficiente para revisar su aplicación. Ahora, con la pandemia la realidad se impone y el manejo centralizado de la pandemia están poniendo en evidencia la necesidad de descentralizar y de incorporar aunque sea poco a poco a las comunidades.

Procedimiento que le permitió conseguir la participación de las comunidades, previniendo, curando y generando ingresos en las comunidades

  1. Visita a las comunidades donde se les informaba de las limitaciones de personal del Hospital y se les invitaba a organizarse en Comités de Salud locales, para poder brindar una mejor atención sanitaria.
  2. Las comunidades que aceptaban y se organizaban, debían: a) nombrar una “enfermerita” de la comunidad que trabajara con el Comité de Salud y b) destinar una habitación en una casa o local comunal para ser utilizada para las reuniones del Comité y la atención a los pacientes, cuando llegaran los médicos.
  3. La enfermerita debería prepararse en un curso que impartía el Hospital para reconocer los síntomas más frecuentes y llena una boleta de cada familia, casa por casa.
  4. La información recogida por la enfermerita era analizada por el equipo médico y el Comité de Salud local. Sobre la base de este diagnóstico se fijaban las prioridades de trabajo de salud, tanto de las tareas que tocaban al equipo médico como a la comunidad.
  5. El equipo médico le entregaba a cada Comité un plano de las viviendas de su comunidad que se fijaba en una pared. El comité colocaba en cada vivienda “banderas” de colores de acuerdo con la sintomatología.
  6. En el Hospital la información, de los cinco cantones que cubría el Hospital, era procesada manualmente, ya que no existían computadores, por un médico especialista en estadísticas, de tal forma que manejaba un censo actualizado de salud.
  7. El análisis de la salud que realizaba la comunidad no se limitaba a lo preventivo y curativo, sino que también incluía el concepto de bienestar e ingresos.
  8. En este sentido la participación de la comunidad, no se limitaba a actuar sobre las causas inmediatas de las enfermedades gastro intestinales, tales como la carencia de agua potable o letrinas, sino que incluía el problema de caminos, el mercadeo de los productos o la tenencia de la tierra.
  9. Producto de la gestión de los 161 comités de salud creados por el Hospital sin paredes se crearon múltiples cooperativas de servicios múltiples, comités de vecinos para resolver el problema del transporte e incluso gestiones ante las municipalidades locales para expropiar y repartir tierras ahí donde los terratenientes no pagaban salarios mínimos y los hijos de los peones sufrieran desnutrición.
  10. Se trata de una experiencia impulsada desde el Hospital, que le permitía al equipo médico tener una visión y conocimiento sobre la realidad que no tenían en sus oficinas, pero que al mismo tiempo operaba con gran iniciativa local basada en la autonomía plena de las comunidades. Un contexto de cogestión en que no cabía la participulación institucional.

Santa María de Dota 21 de julio de 2020

Imagen: Actividad participativa con la comunidad para evaluar las condiciones de salud. Documental de Víctor Ramírez sobre el Hospital sin Paredes.

Comunicado del Colectivo Semilla Ramonense – MANIFIESTO ANTI-NEOLIBERAL

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

SAN RAMÓN, 22 DE JULIO 2020

Estamos presenciando en nuestra Costa Rica, la arremetida más violenta del neoliberalismo contra la clase trabajadora.

Después de la aprobación del PLAN FISCAL, contundente golpe de los sectores gobernantes a las mayorías costarricenses, el Gobierno y la UCCAEP se han abalanzado ferozmente hacia la consolidación del modelo neoliberal.

La llegada del COVID-19 encontró la economía del país en un estado ultra-crítico y la está terminando de destruir porque el Gobierno, la UCAEP, la oligarquía nacional y transnacional se están aprovechando agresivamente de la crisis sanitaria.

Es decir, están utilizando la crisis sanitaria, para destruir lo que el país había avanzado desde la aprobación de las Garantías Sociales y el desarrollo del Estado Social, para más bien fortalecer el modelo neoliberal de los últimos cuarenta años.

Las condiciones de las personas que viven del trabajo, de los sectores informales, de la clase media, del campesino pequeño y medio, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano empresario en general, están siendo reducidas a la pobreza. Aquellos que están en situación de pobreza, están siendo reducidos a la miseria.   

Nuestro Colectivo Político hace un llamado al Pueblo en general a organizarse para la defensa de sus intereses de clase, y a las organizaciones sindicales y populares, de toda índole a formar una férrea UNIDAD ANTI-NEOLIBERAL. Llamamos a cerrar filas conjuntamente contra la UCCAEP, su Gobierno y sus Diputados, pues todas las organizaciones y el pueblo en general deben comprender que sólo una fuerte y amplia unidad popular puede frenar el avance neoliberal que galopa sobre la pandemia. Es hora de hacer a un lado las diferencias para sumar fuerzas en torno a las coincidencias.

Convocamos a unirnos a la CARAVANA SINDICAL y POPULAR REGIONALIZADA, a realizarse este jueves 23 de julio durante la mañana, así como a las diversas formas de manifestaciones populares que se continúen realizando en esta dirección.

El MARTILLO, aplicado en la crisis sanitaria, nuestros gobernantes lo han convertido en un MARTILLAZO VIOLENTO, descargado sobre la precaria economía de la mayoría de los costarricenses para continuar en su danza neoliberal enriquecedora.

¡NO MÁS MARTILLO CONTRA LOS POBRES!
¡CON LA BOCA TAPADA, PERO JAMÁS CALLADA!
¡NO MÁS ACUMULACIÓN DE RIQUEZA A COSTA DE LA POBREZA!
¡OCCIDENTE POR UN FRENTE NACIONAL UNITARIO ANTI-NEOLIBERAL¡

SINTRAJAP: Ley de jornadas flexibles es retroceso laboral y carga crisis sobre trabajadores

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La oligarquía empresarial en componendas con políticos vendidos, intentan darle un nuevo golpe a la clase trabajadora y al pueblo costarricense donde un proyecto de ley pretende hacer flexibles las jornadas laborales, lo cual representa un retroceso de más cien años a las conquistas laborales y derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución Política.

Si logran pasar esta ley, los patronos, empresarios y hasta el mismo gobierno podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de 12 horas sin pagos de tiempo extraordinario. Este tipo de jornadas se superaron gracias a muchas luchas obreras y hasta muertos por lo que no es de recibo que ahora mediante una ley los costarricenses aceptemos este retroceso social. Donde Claramente se nota que este grave daño que afecta a toda la clase trabajadora les causará mayores perjuicios a las mujeres, afectando por ende a las familias razón por la cual el INAMU ha planteado su rechazo absoluto.

Costa Rica, uno de los países más desiguales del planeta, donde la voracidad empresarial no tiene límites, sin importarles todo el sufrimiento que tiene el pueblo por esta la pandemia de salud que nos afecta, una vez más pretenden cargarle el peso de la crisis a la clase trabajadora. Mientras la clase empresarial le roba al estado miles de millones de colones mediante la evasión de pagos de impuestos, exoneraciones y hasta regalías estatales, nada más injusto e inaceptable.

Los movimientos sociales costarricenses nos estamos preparando para dar esta nueva pelea en contra de los proyectos de ley que atacan a la clase trabajadora, en ese sentido todas las Centrales Sindicales se unen a este esfuerzo por detener esta nueva afrenta.

Ya basta de reducción de jornadas, de ponerle impuestos a la canasta básica, de reducción de salarios, de querer poner impuestos al salario escolar, al aguinaldo y hacer recortes a los programas de vivienda. No más martillo hacia la clase trabajadora. Por eso hoy hacemos el llamado al pueblo costarricense y limonense a los afiliados y allegados a manifestarse de manera libre y pacífica, cuidando todos los protocolos, pero con toda la fuerza y la convicción de que somos ciudadanos libres, respetuosos de la ley, pero valientes y dispuestos a defender nuestros derechos legítimos y sagrados.

Realizaremos una primera acción vehicular este jueves 23 de julio, 9am, habrá 3 puntos de salida, oficinas de SINTRAJAP, MUNICIPALIDAD Y ANDE. Haremos un recorrido por todos los barrios.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General

Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Reforma al reglamento de SETENA: ¿desregular o avanzar en materia ambiental?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Hoy 22 de Julio estaremos conversando sobre las reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental?
Con la participación de Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente; Dany Villalobos, geógrafo y presidente de FECON; e Ifigenia Quintanilla, representante del sector ambiental en la Comisión Mixta de apoyo a SETENA.
A las 5:00pm por la 96,7fm o por el facebook live de Radio Universidad de Costa Rica.