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Autor: Hector Ferlini Salazar

Recuperadoras/es Cabecar denuncian que empresario metió reses en territorio indígena

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS recibió este comunicado:

Última hora:

“Empresario Gilberth Fernández retira ganado de terreno recuperado en China Kichá, pero amenaza con volver a invadir el terreno.

Aproximadamente al mediodía del sábado de mayo, el empresario Gilberth Fernández retiró el ganado, entre 60 y 70 reses, que había metido ilegalmente en la Finca Sakeglo Kaskä del Territorio Cabecar de China Kichá, Pérez Zeledón.

Fernández, dueño de MUSOC y GAFESO entre otras empresas, había ocupado ese terreno, hasta el mes de febrero anterior, cuando fue recuperado por miembras/os del Pueblo Cabecar de China Kichá, como legítimos dueños de ese Territorio.

El terreno recuperado fue invadido y el ganado fue introducido el 1 de mayo y en contra de la voluntad de las y los recuperadores, aprovechando que Fernández tiene otra finca, que si está fuera del Territorio, pero que colinda con el terreno recuperado.

Al ser la 1:30 de este sábado 2, el Capitán Vargas de la Fuerza Pública informó a las y los recuperadores de Sakeglo Kaskä, que Fernández había retirado el ganado, para arreglar la cerca, pero amenazó con meter las reses de nuevo.

Las y los recuperadores Cabecar de Sakeglo Kaskä exigimos al Estado de Costa Rica, hacer cumplir la ley y no permitir que Gilberth Fernández o sus peones invadan de nuevo el terreno y metan otra vez el ganado.

Además le recordamos al Gobierno de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios.

Recuperadoras/es Cabecar de “Sakeglo kaskä (Tierra de Mayores)” China Kichá”.

La peor peste: la pobreza

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

         El principal y gran desafío que enfrentamos como país es aplanar las curvas en ascenso de la desigualdad y el desempleo, generadoras de la peor peste: la pobreza.

         Según el economista Leiner Vargas, la tasa de desempleo del 12.4% podría duplicarse después de la pandemia, alcanzando a más de 650. 0000 desempleados, y si a eso se le suma el subempleo del creciente sector informal la pobreza aumentará dramáticamente. En desigualdad estamos entre los mejores: ocupamos el octavo lugar a nivel mundial y el sexto lugar entre los países de América Latina.

         El país logró avances significativos en contener la desigualdad y el empobrecimiento con el pacto social y político de los años 1940, que nos heredó la Costa Rica de los niños calzados y una robusta institucionalidad social, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la cabeza.

         Gracias a esa institución y sus visionarios fundadores, estamos logrando aplanar la curva del COVID-19. Seguimos viviendo de las glorias pasadas, porque para contener la peste de la pobreza, aplanando las curvas de la desigualdad y el desempleo, no tenemos una clase política visionaria y a la altura de los tiempos que vive el país.   

         Fue en la década de 1980 cuando se inició el camino escabroso hacia la ruptura de este pacto, con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), por parte del bipartidismo: Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana (PLUSC), atendiendo a las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Estas políticas empobrecieron al país, incrementaron la desigualdad y bajaron su perfil de clase media. Hoy, el FMI vuelve a sus recetas con su añejo telele de recomendar al país vender activos.

         Esa ruptura alcanza su punto culminante en el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), del señor Carlos Alvarado, que ha venido a profundizar los índices de desempleo y subempleo, protegiendo a los ricos y sus empresas y desprotegiendo a los trabajadores; precarizando a la clase media y profundizando la pobreza. Y en un contexto de pandemia, se castiga el ingreso de los trabajadores y pensionados del sector público, para ofrecer dadivas a los pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

         Una vez más se evade la responsabilidad histórica, ética y política, de hacer que los ricos, de una vez por todas, paguen los impuestos como ricos. Es lamentable que se prefiera quebrar la Caja y hasta el país, con tal de no tocar las arcas llenas de los nuevos ricos.

         Estamos ante una nueva clase política multipartidista que cogobierna para una oligarquía neoliberal frívola y egoísta, hoy representada en el país por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y defendida por la “dictadura mediática”.

         Para ocultar esta complicidad, se inventan y promueven planes salvadores –“pan y circo”, para el pueblo–, tales como el Plan Escudo y el Plan Avancemos en el gobierno del señor Oscar Arias (2006-2010), cuya modalidad se vuelve a reciclar con el Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Plan Proteger en el gobierno actual.

         Este juego de aparentar gobernar a favor de los pobres cuando realmente se “Protege” a los ricos, es la estrategia propagandística utilizada para obtener dividendos político-electorales, por parte de una nueva clase política parasitaria que busca prebendas salariales o vínculos con el mundo de los grandes negocios: comerciantes de la política o “políticos empresarios”. 

         La realidad es que este cogobierno multipartidista, aliado incondicional de esta oligarquía empresarial, financiera y mediática, está contribuyendo a que cada día la peste de la pobreza cobre más víctimas.

         Sin embargo, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo (pueblo) que lo resista”. El cogobierno de unidad nacional, para salvar a los ricos y hundir a los pobres y a la clase media, tiene sus días contados, aunque las encuestas coyunturalmente lo favorezcan.

         Estamos a las puertas del nuevo pacto social y político anti-oligárquico para la revitalización del Estado Social de Derecho. La única opción para aplanar la curva de la desigualdad y del desempleo y eliminar la peor peste: la pobreza.

Foto: Semanario Universidad

La preocupante pasividad del Banco Central ante la crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Grupo Economía Pluralista

Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.

Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.

En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.

Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.

Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.

El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid-19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.

No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.

Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.

Cubero da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.

La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.

Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.

Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.

El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen: https://www.portafolio.co/economia/la-oit-alerta-sobre-aumento-del-desempleo-mundial-en-2020-537263

Mi pensamiento en el ocaso de este 1° de mayo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Manuel Hernández

1.- Incrementar y asegurar las medidas de máxima protección de todo el personal sanitario.

De ellas depende nuestra salud y vida.

2.- Garantizar la mayor protección de la seguridad y salud posible de las personas que progresivamente se reincorporan a las actividades productivas.

3.- Fortalecer la protección del empleo y los salarios de los trabajadores.

4.- Crear la mayor protección social a los trabajadores que perdieron su empleo y las personas en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

5.- Impulsar el diálogo social tendiente a la reactivación económica y la empleabilidad de las personas sin trabajo.

6.- La urgencia del diálogo social.

Es un imperativo ético, ineludible de todos los movimientos sociales, agentes productivos y partidos políticos.

7.- La defensa y fortalecimiento de la institucionalidad pública, entre ellas la CCSS y las universidades públicas, entre otras tantas.

8.-La defensa de la democracia y las libertades fundamentales.

Insisto: las libertades fundamentales no están en cuarentena y menos la libertad de reunión, manifestación, movilización, la protesta social, la libertad sindical, comprensiva de la huelga.

8.- Impulsar la profunda transformación social, económica y política de la sociedad.

Mejor distribución de la riqueza y mejor reparto del poder político.

Por último, mi reconocimiento a todos los y las trabajadoras de los servicios esenciales, que nos han asegurado el funcionamiento de nuestra sociedad.

Manifiesto de Mayoría Solidaria – invitan a firmar documento

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Únete a la Mayoría Solidaria – firma del Manifiesto

Nuestro país y el mundo viven días de incertidumbre económica y social, producto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La crisis desnuda la pugna histórica entre proyectos de estado de bienestar construido por años de luchas populares, frente al estado neoliberal, empujado por la UCCAEP y sus socios transnacionales.

En este contexto, hay que hacer un gran reconocimiento a todas las instituciones estatales que, en esta complicada situación, han actuado como un bloque articulado para que la afectación en la salud de las personas habitantes del territorio costarricense, sea en la medida de lo posible la menor. La “mejor o peor” capacidad de respuesta ante esta crisis sanitaria está en buena medida determinada en mucho por lo que se ha logrado rescatar, o defender, de la institucionalidad pública estatal, a través de la resistencia colectiva frente a la oleada privatizadora y desmanteladora. Este es el caso de Costa Rica.

Contamos con una institucionalidad estatal operando a toda máquina para que el impacto de personas afectadas o fallecidas en nuestro país no sea tan dramático como el caso estadounidense, italiano, español, brasileño o ecuatoriano. Esto es gracias a la resistencia, que desde diversos sectores sociales y políticos se ha ofrecido ante las propuestas de desmantelamiento y privatización de los servicios estatales, y especialmente de la salud pública. Hoy más que nunca, la Caja Costarricense del Seguro Social es un orgullo y baluarte de toda la población, así como las Universidades Públicas, que han volcado su investigación de manera inmediata a enfrentar la pandemia, el ICE, que ha implementado las adaptaciones necesarias para ampliar sus servicios y favorecer el trabajo a distancia; el INS, con su sistema estatal de seguros volcado a atender las emergencias desatadas por la pandemia, entre otras instituciones.

Este escenario nos llama a redoblar esfuerzos en la defensa de los servicios e instituciones estatales, claves para el bienestar de nuestro pueblo, que siguen amenazados por la voracidad de unos pocos, que ven a nuestras instituciones y los servicios que prestan de manera solidaria, como un jugoso negocio para llenar sus bolsillos. Estos sectores, representados en la UCCAEP, a pesar del enorme trabajo de nuestras instituciones públicas, han desatado una campaña en los medios de comunicación destinada a torcer la realidad a su favor y atacar al sector público, con el único fin de abonar terreno a su causa.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha acelerado y profundizado la crisis del sistema capitalista global en su fase neoliberal, tanto a nivel mundial como nacional. Hay que recordar que antes de entrar a esta oleada de cierres y despidos ocasionada por la emergencia sanitaria, Costa Rica enfrentaba ya una frágil situación económica y social. Con sus niveles históricos más altos de desempleo (alrededor de un 12%), una gran parte de la población trabajadora en la informalidad o precariedad laboral (alrededor de un 46% de la misma), una creciente desigualdad (somos el noveno país más desigual del mundo según el Banco Mundial), un incremento en la pobreza (21,1% de la población), así como una recesión económica que se profundizó con la aprobación e implementación de un plan fiscal regresivo entre el 2018 y 2019, y un alto endeudamiento privado, entre otros síntomas.

Vale recordar, que el cierre de negocios y locales comerciales, dominaba ya el panorama en las calles del país en los meses anteriores a la crisis del COVID-19. El impacto económico de la pandemia llega entonces en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente.

Recalcamos aquí: que la pérdida masiva de puestos de trabajo está estrechamente ligada con el modelo económico impuesto al país durante las últimas décadas y nos ha hecho mucho más vulnerables a fenómenos como el actual. Esta debilidad a la que nos han llevado, lastimosamente nos está pasando una cara factura en este momento. Esta situación económica puede producir una crisis social de enormes magnitudes con un incremento en los niveles de: pobreza y desigualdad. Y se agrava aún más por el mal manejo ambiental y la creciente escasez de recursos elementales: como el agua y suelos, la pérdida de soberanía alimentaria por la dependencia de las importaciones de granos básicos.

Ante este panorama, como diversos analistas proponen, es necesario globalizar la solidaridad. Debemos levantar nuestras sociedades bajo una intensa solidaridad y colaboración humana que nos permita levantarnos de esta crisis. Lejos de esperar un “retorno a la normalidad”, una “normalidad” que toleraba altos niveles de injusticia, violencia y exclusión en aras de defender exclusivamente los intereses de unos pocos, es momento de exigir que de esta crisis refundemos las bases de nuestra economía, para hacerla más justa y solidaria. Es hora de hablar de DEMOCRACIA ECONÓMICA.

Esta solidaridad aquí y en todo el mundo ha chocado con la resistencia de los sectores más ricos y opulentos, que en esta emergencia mundial buscan ante todo no solo no sufrir ni una pérdida, sino incluso aumentar sus ganancias. Estos sectores, que a nivel “criollo” están representados por la UCCAEP, buscan evadir cualquier tipo de responsabilidad o aporte, y trabajan por recargar los costos de la crisis sobre los y las trabajadoras, a través de impuestos regresivos, cierre de puestos de trabajo, rebajas salariales, elusión de cargas sociales. De esta manera, es claro que habrá que luchar de diversas formas para lograr que quienes más tienen, sean los que más aporten.

Así las cosas, las formas de enfrentar esta crisis sanitaria y económica, están atravesadas por desigualdades reales, propias del modelo económico actual, que hacen entre otras cosas que mientras algunas personas puedan resguardarse en sus casas, otras se vean obligadas a salir diariamente a ganarse el sustento, y que mientras algunas personas vivan tranquilamente de sus rentas o de salarios exageradamente altos, otras estén con las manos vacías. Es necesario entonces pensar en medidas que tomen en cuenta y combatan estas odiosas desigualdades.

Si el gobierno atiende las peticiones de los grandes empresarios exportadores organizados en la UCCAEP, interesados en el desmantelamiento de las instituciones públicas, estaría desatendiendo la realidad de las PYMES, de las pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, que generan una gran cantidad de empleos y trabajos independientes, que necesitan compradores de sus productos. Debemos entonces en este contexto estar alertas. Como mencionamos antes, la UCCAEP, organización que representa a los sectores más adinerados del país, ha desatado en esta crisis una nueva cacería de brujas contra las instituciones públicas y sus trabajadores, y pretende engañar a la población argumentando que quitar presupuesto al sector público beneficiará a la gran cantidad de personas trabajadoras del sector privado, que en este contexto han perdido sus trabajos o reducido sus ingresos. Nada más alejado de la realidad.

El pequeño y mediano empresariado, principalmente quienes venden sus productos en el mercado nacional (que es la inmensa mayoría), ocupan a una capa de la población con capacidad de consumir los servicios que ofrecen. La pequeña cabina, el mediano o pequeño hotel, la pulpería, el restaurante, la soda o la venta de ropa, ocupan la existencia de un sector de la población con poder de compra, cuyo ingreso les permita gastar en rubros más allá de satisfacer sus necesidades básicas, para sostener sus propios negocios e ingresos. Una buena parte de estas personas con capacidad adquisitiva, están en el sector público.

A los grandes empresarios, que en su mayoría venden sus productos fuera del país, les es indiferente si en Costa Rica las personas cuentan o no con poder adquisitivo, si la pulpería del barrio vende, si el hotel está lleno o vacío, les importa poco el estado de la economía nacional, ya que aun cuando la economía va mal, ellos ganan. Están pendientes únicamente de debilitar al sector público para luego vender esos mismos servicios, pero de manera privada, y solo a quienes lo puedan pagar, como la salud o la educación.

Es por esto, que los intereses de la UCCAEP, no son los mismos intereses de las PYMES, de las pequeñas y medianas empresas de este país, que generan una gran cantidad de empleos, no son los intereses de la gran mayoría de la población. En cambio, todas las personas habitantes de este país necesitamos pequeñas y medianas empresas generando empleo, instituciones públicas fuertes y con personal calificado.

En este escenario, no solo las desigualdades económicas golpean con fuerza a la población, sino también las de género. Como lo ha señalado Patricia Mora (la ministra de la condición de la mujer) en estos últimos días, esta crisis golpea con mayor fuerza a las mujeres, y en muchos sentidos.

Esta crisis manifiesta la necesidad de llegar a un gran ACUERDO NACIONAL SOLIDARIO, que nos lleve a la conformación de un bloque político y social frente a la UCCAEP y sus políticas.

En este sentido, diferentes grupos sociales, políticos como el Frente Amplio, hacemos el llamado a la conformación de este acuerdo para consolidar esa AMPLIA MAYORÍA de costarricenses. A este bloque proponemos llamarlo LA MAYORÍA SOLIDARIA. La esencia programática de la mayoría solidaria, se centra en el impulso de una economía basada en la solidaridad, para recuperar el estado de bienestar, así como generar formas de organización y acompañamiento de los sectores que están siendo más golpeados por esta crisis sanitaria, social y económica.

FORMAS DE ENCUENTRO Y MANIFESTACIÓN DE LA MAYORÍA SOLIDARIA

El contexto actual de la crisis sanitaria hace imposible los encuentros presenciales para trabajar la conformación de movimientos. Por ello, las formas de participación deben tienen que tener un alto contenido digital. Siendo así que se propone conformar una PLATAFORMA COMUNICACIONAL que se llamará igualmente:

MAYORÍA SOLIDARIA. Esta plataforma, será la que cobija las accione, tanto en el nivel nacional, como cualesquiera otras formas, sea territorial o sectorial.

El otro componente de encuentro es el ACOMPAÑAMIENTO SOLIDARIO, que en esencia es la Organización de sectores más golpeados. Es posible que el reto más grande que tengamos es la conformación de un MOVIMIENTO DE DESEMPLEADOS.

De la misma manera, como acicate de una nueva economía, hay que llamar a la conformación de una gran red de INTERCAMBIO SOLIDARIO (Modelos de la economía de la solidaridad)

La MAYORÍA SOLIDARIA debe tener vida sobre todo en lo territorial, no puede quedarse en un punto de encuentro por las cumbres. En los niveles territoriales debe alcanzar una variedad de formas organizativas, muy creativas. Por todo lo escrito antes, y sabiendo el momento histórico que vive este país, procedemos a suscribir la convocatoria a este importante espacio, con la meta de JUNTEMOS LA MAYORÍA:

SUSCRIBIMOS:

WALTER ANTILLÓN MONTEALEGRE, ABOGADO, NARANJO
WILMAR MATARRITA, PRESIDENTE PARTIDO FRENTE AMPLIO
FLORA FERNANDEZ AMON, EMPRESARIA, SAN JOSÉ
JUNIOR QUIROS CHAVARRIA, REGIDOR, SIQUIRRES
WILLIAM ALLEN MORALES, REGIDOR NICOYA
OLDIN QUIROS GONZALEZ, REGIDOR, PÉREZ ZELEDÓN
ROCÍO ALFARO MOLINA, PARTIDO FRENTE AMPLIO, CURRIDABAT
DITA MONTIEL, PARTIDO FRENTE AMPLIO, GOICOECHEA
ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ, PARTIDO FRENTE AMPLIO, CARTAGO
SUSAN CAMPOS ORTEGA, EXREGIDORA, DESAMPARADOS
ZORAIDA DEL CARMEN CEDEÑO ROJAS, REGIDORA, SIQUIRRES
ESMERALDA ALLEN MORA, REGIDORA, SIQUIRRES
RENIER CANALES MEDINA, ZONA SUR
ERICKA ALVAREZ SANDI, SAN MATEO DE ALAJUELA
ERIKA SEVILLA ZEPEDA, SAN JOSÉ
WILFREDO PIZARRO BERMUDEZ, EXCANDIDATO A ALCALDE, LIBERIA
HANNIA FRANCESCHI BARRAZA, TRABAJADORA SOCIAL, SAN RAMÓN
VINICIO ALFARO ROJAS, NARANJO
XINIA QUINTERO ARAUZ, LIMÓN
HEIDY CABRERA NUÑEZ, EDUCADORA, CAÑAS
HUGO VARGAS VARGAS, LÍDER SINDICAL, PEREZ ZELEDON
ARIEL ROBLES BARRANTES, ACADÉMICO, PÉREZ ZELEDÓN
OLMAN VARELA DURAN, SECTOR ECOLOGISTA, LA UNIÓN
SANDRA ARMIJO MATARRITA, LIDERESA MUJERES, NICOYA
CARLOS ROMERO FERNÁNDEZ, SECTOR AMBIENTAL
GERARDO BADILLA ALVAREZ, PROFESOR UNIVERSITARIO, SAN JOSÉ
YOLANDA CASTILLO CASTRO, SAN CARLOS
RAFAEL RIVAS DUCCA, CONSULTOR EMPRESARIAL, GOICOECHEA
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ FONSECA, LIDERESA COMUNAL, ISLITA, NANDAYURE
ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS POPULARES, DITSO
ESTEBAN UMAÑA PICADO, PERIODISTA
EMANUEL BUITRAGO, DIRIGENTE INDÍGENA
COORDINADORA DE COMUNIDADES, COMUN
EUGENIO CORDERO GUERRERO, PEREZ ZELEDON
SURAY CARRILLO GUEVARA, EXDIPUTADA GUANACASTE
DIONISIO CARRILLO OBANDO, NICOYA
EDISON VALVERDE ARAYA, GESTOR DE BUEN VIVIR CR
ADRIANA LACLÉ MURRAY, MÉDICO, MONTES DE OCA
ANA TRISTAN SANCHEZ, MONTES DE OCA
FORO ECUMENICO PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE GUANACASTE, FEDEAGUA
DAYANA UREÑA SOLÍS, COORDINADORA ASAMBLEAS PATRIÓTICAS POPULARES
OSCAR BOLAÑOS CHACON, MICROEMPRESARIO TRANSPORTE PÚBLICO, GOICOECHEA
MARINO MAROZZI ROJAS, CATEDRÁTICO, ECONOMISTA
JESUS CAMPOS, SAN JOSÉ
CLAUDIA SALAZAR, MÉDICO, SIQUIRRES
LETICIA SALAS PEREZ, SINDICAL, LIBERIA
MARTA FIGUEROA MATARRITA, ARTESANA, NANDAYURE
ASOCIACIÓN COMUNALISTA RUTA DE LA LECHE, NICOYA
REBECA CAMPOS MORA, GOLFITO
VERNOR ARGUEDAS TROYO, MATEMÁTICO CATEDRÁTICO, MONTES DE OCA
RICARDO HERNÁNDEZ MORA, EDUCADOR, PEREZ ZELEDON
MARCO TULIO PICADO, DESAMPARADOS
ASOCIACIÓN COMUNALISTA RUTA DEL MANGLAR, NICOYA
MAGDA SOLIS ALPIZAR, SAN JOSÉ
JOSE ANDRES DURAN LEIVA, DIRIGENTE ESTUDIANTIL, PEREZ ZELEDON
MARCO TULIO ARAYA BARBOZA, EMPRESARIO, SAN CARLOS
MARIA JOSE ALTAMIRANO SOLIS, MOVIMIENTO MUJERES, DESAMPARADOS
FLOR BENAVIDES CORRALES, EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, NICOYA
MARIO SUAZO PALMA, CAÑAS
LIBIA MARIA RODRIGUEZ CASTRO, EXCANDIDATA A LA ALCALDÍA, SAN MATEO
FLAVIA MORA, SAN RAMÓN
MARIO CABRERA BURGOS, SAN RAMÓN
RUBEN GOLCHER, PALMARES
LUIS GERARDO ARCE VALVERDE, CARTAGO
IVAN OROZCO, CARTAGO
RONAL CAMPOS VILLEGAS, COOPERATIVISTA
ANA YANCY HERNANDEZ MURILLO, NICOYA
RICARDO HERNANDEZ, PEREZ ZELEDON
PATRICIA CALVO, CAÑAS
CARLOS CABEZAS MORA, DIRIGENTE SINDICAL
FRANCIA BOROWY, COOPERATIVISTA
KEVIN SOTO QUINTERO, CORREDORES
LEONARDO JUAREZ, JICARAL
ÁLVARO FERNÁNDEZ, ECONOMISTA
JESUS BRICEÑO, SANTA CRUZ
FLOR MARIA MATARRITA, HOJANCHA
OLGER SALAS, JICARAL
MARIA SANCHO, GRECIA
DANIEL ACUÑA, EMPRESARIO, SAN JOSÉ
LORENA DÁVILA CUBERO, TRABAJADORA SOCIAL, LIBERIA
MARCO FOURNIER, CATEDRÁTICO, LIBERIA
MIGUEL MARIN, PEREZ ZELEDON
RONAL BOLIVAR, DIRIGENTE COMUNAL ISLA VENADO
CARLOS DUARTE LOÁICIGA, NANDAYURE
LORENA SÁNCHEZ GUEVARA, GANADERA, NICOYA

Firma del manifiesto en este enlace

Compartido con SURCOS por Carmen Chacón.

Los derechos laborales que se niega a quienes venden lotería

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

A la memoria de mi difunto padre que por 61 años tuvo como único oficio la venta de lotería y nunca vio la luz de una justicia laboral.

Lupita Chaves Cervantes

El Día Internacional de los Trabajadores, se celebra conmemorando la ejecución de los Mártires de Chicago por participar en la lucha por el logro de una jornada laboral de 8 horas.

Han pasado 134 años, y una fecha como hoy, nos obliga a alzar la voz contra la discriminación y maltrato laboral que aún sufren cantidad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país,

Pero resulta aún más inverosímil, que, al día de hoy, una Institución del Estado, creada en el año 1845 vía decreto con el nombre de Junta de Caridad, conocida actualmente como Junta de Protección Social, permanezca despojando de la aplicación de una verdadera justicia social y laboral a las personas vendedoras de lotería.

Bajo el slogan de la Junta “ 175 años de hacer el Bien “ se esconden tristes historias de vendedores y vendedoras de lotería, que entregaron y hoy día entregan su fuerza de trabajo a esa Institución y que no tienen derecho al descanso, a gozar de vacaciones, incapacidad en caso de enfermedad, aguinaldo, salario escolar, beneficios que con toda justicia se les reconoce a los empleados de plantilla de la Junta y no existe ninguna razón para que se les niegue a los vendedores de lotería.

La Junta se ha amparado en una disposición normativa que por infame voluntad del legislador establece la Ley de Loterías N° 7395 del 3 de mayo de 1994, que crea la figura jurídica de concesión (hecha la ley, hecha la trampa) para la distribución de lotería a los vendedores de lotería, que conforma un sector social muy vulnerable al tratarse de personas adultas mayores y personas con discapacidad en su mayoría.

El perverso espíritu en que se refugia mediante Ley esta injusticia social es la condición de encontrarse en estado de necesidad, “estado que necesite de dicha actividad – venta de lotería – como medio de subsistencia” (art. 3) para obtener cuota de lotería en carácter de adjudicatario.

El estado de necesidad es la excusa que utiliza esta Institución del Estado para despojarlos de sus derechos, bajo el argumento de que, si no estuviesen vendiendo lotería, no tendrían con qué subsistir y el beneficio es darles un medio de trabajo mediante la figura de la concesión excluyente de una relación laboral, con fin de explotar su fuerza de trabajo sin derecho laboral alguno, aprovechándose de su condición.

Los encontramos a todas horas en las calles, restaurantes, centros comerciales, bajo la lluvia, el sol, expuestos a asaltos, muchos han fallecido habiendo tenido como único oficio la venta de lotería sin haber gozado nunca de derechos laborales, otros han muerto en las manos de asaltantes.

A partir del 8 de mayo próximo, la presidenta de la Junta ha anunciado con bombos y platillos que empiezan nuevamente los sorteos de chances y lotería, lo que los colocará en estado de riesgo por pandemia, con ausencia de protocolos institucionales que salvaguarden su salud, pues no se anunció por parte de esa Junta el suministro de implementos para garantizar la labor que minimice el contagio en las calles.

Se ha hecho caso omiso al Informe PE-118-97 con recomendaciones finales dadas por la Defensoría de los Habitantes desde el año 1997, que recomienda a los Diputados de la Asamblea Legislativa y a la Junta de Protección “ promover la redacción de un proyecto de Ley de Loterías que se ajuste a la justicia y a las disposiciones normativas – nacionales e internacionales – que regulan y protegen el trabajo humano desempeñado por los vendedores de lotería….Proceder de conformidad con dicho proyecto a fin de dictar una nueva Ley de Loterías que derogue la Ley 7395 del 3 de mayo de 1994 ”.

El citado Informe de la Defensoría, analizó la situación de los vendedores de lotería destacando la injusticia y explotación en que se encontraban, y solicitó una reforma legal o una nueva Ley de Loterías que tome en consideración los derechos y garantías sociales de los vendedores directos de lotería y su relación real con la Junta de Protección Social, recomendó revocar la figura de la concesión que es una mampara del Estado y de la Junta para evadir el pago de derechos laborales a ésta clase trabajadora.

Ha faltado voluntad política del legislador, así como del seno de esa Junta, y de los gobiernos para promover la redacción del proyecto de Ley de Loterías que se ajuste a la justicia, dignidad, disposiciones internacionales y nacionales, para proteger el trabajo humano que desempeñan los vendedores de lotería.

La injusticia y el silencio permanece y el dinero que genera la Junta al país en la venta de la lotería “para hacer el bien” sigue llevando el sello de la explotación y la sangre que ha corrido en la venta de lotería.

Revisando los estados financieros de la Junta, al 31 de diciembre de 2019, producto de la venta de Lotería (chances, lotería, lotto, tiempos entre otros) constituye la suma de ¢ 247.264.856.767,00 generada por el sudor de muchas personas físicas explotadas.

Ya es hora de que haya conciencia jurídica, institucional y nacional de reivindicar esta clase trabajadora, por la ruta exclusiva de la reforma legal o una nueva Ley de Loterías que revoque la actual, camino que recomienda la Defensoría de los Habitantes.

No puede ser que pasen los años y en pleno Siglo XXI permanezca esta Institución Estatal refugiándose en una Ley que excluye y deja sin amparo ni derechos laborales, a la clase trabajadora que le genera los fondos económicos que le permiten cumplir sus objetivos y “labor de beneficencia social”.

No se puede hacer el bien, con la sangre humana y la denegación de desarrollo humano de una clase trabajadora.

1 de mayo 2020

Solicitan que se investigue y actúe ante denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales.

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio.

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras. 

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes.

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo.

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

Información compartida con SURCOS por Adilia Solís Reyes.

Imagen ilustrativa

Fuente: CEJIL https://cejil.org/es/organizaciones-solicitan-que-se-investigue-y-actue-diligencia-serias-denuncias-amenaza-e

Injusticias laborales no cesan en el contexto de la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

1° DE MAYO 2020. Día internacional de la persona trabajadora

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) / Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR)

La actual crisis sanitaria nos ha mostrado que podemos llevar a cabo acciones de solidaridad ejemplarizantes que ennoblecen a Costa Rica. Sin embargo, es altamente preocupante que ciertos grupos empresariales no estén haciendo lo que les corresponde como empleadores.

Recientemente, en la Zona Norte de Costa Rica, la empresa piñera Agromonte cambió de propietario. Todas las personas que laboraban en el campo y en la empacadora fueron despedidas. Muchas de ellas fueron recontratadas por el nuevo dueño: Grupo Acón, pero no corrieron con la misma suerte quienes habían formado parte del sindicato de la empresa anterior. El mensaje parecer ser claro: No queremos trabajadores que se sindicalicen, no queremos que reclamen sus derechos mediante la organización colectiva.

Además, tenemos conocimiento de que al menos 142 trabajadores no han recibido el total de las prestaciones laborales de su anterior patrono. Estos fondos se encuentran retenidos como parte de un proceso de liquidación en un Juzgado de Trabajo y hay nuevos atrasos por las medidas sanitarias en la entidad responsable de resolver este trámite. En un contexto tan crítico por el COVID-19, se está privando a estos trabajadores de recibir los recursos que les pertenecen, y que necesitan con urgencia para cubrir las necesidades de sus familias.

Aún más grave es la situación de quienes se habían organizado en el sindicato, pues las medidas de distanciamiento físico y la resistencia de las empresas en la zona a contratar personas con ese antecedente, les complica aún más encontrar un nuevo empleo. Varias de estas personas reportan haber solicitado el Bono Proteger sin tener ninguna respuesta al día de hoy, por lo que se encuentran en total desamparo.

Hoy 1° de mayo denunciamos el irrespeto a la legislación laboral en la que incurren muchas empresas en Costa Rica. Es innegable que hay sectores poderosos a los que no les interesan los derechos laborales de las personas que los hacen ricos y menos aún, generar oportunidades de trabajo dignas para los habitantes de Costa Rica. ¡Eso debe cambiar ya!

En medio de la grave crisis sanitaria que enfrentamos, es cuando más decididas y valientes deben ser las acciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su calidad de institución garante del cumplimiento del Código de Trabajo y el resguardo de los derechos laborales de todas y todos los trabajadores en el país.