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Autor: Hector Ferlini Salazar

ÚLTIMA HORA. CHINA KICHÁ – Territorio Cabécar

Comunicado

“Jueves 7 de mayo de 2020. En presencia del Viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, los peones del empresario Gilbert Fernández retiraron el ganado que habían introducido ilegalmente en horas de la mañana, en el terreno recuperado Salkeglo Kaskä dentro del Territorio Cabécar de China Kichá; es la cuarta invasión en 7 días.

La comitiva gubernamental encabezada por el Viceministro Solano se hizo presente alrededor de las 4:30 p.m. y pudo constatar que el ganado estaba dentro del Territorio Cabécar y los peones de Fernández procedieron a retirar el ganado, el operativo se extendió hasta las 5:30 p.m. aproximadamente.

El Viceministro de Seguridad le dijo a las y los recuperadores Cabécar, que se comprometía a que el ganado no sería introducido nuevamente por el empresario dueño de MUSOC – GAFESO.

Esta intervención se dio después de las reiteradas denuncias sobre las invasiones del Territorio que ha estado realizando Gilbert Fernández y sus peones y las amenazas expresadas el día de hoy por parte de funcionarios de la Fuerza Pública hacia las y los recuperadores Cabécar.

Recordamos al Estado de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios.

Recuperadoras/es Cabecar de Sakeglo Kaskä (Tierra de Mayores) de China Kicha.
Recuperadoras/es Cabecar de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur”.

¿Cuál foto veremos en el anuncio presidencial?

Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN

La fotografía de las pandemias que vendrán en el campo económico, social y político para los próximos 2 años, en sus distintas tonalidades y sabores, sin duda será dibujada por el equipo económico este viernes 07 de mayo 2020, cuando se den a conocer las medidas que Don Carlos Alvarado Quesada no cito en su alocución del 04 de mayo ante la Asamblea Legislativa.

Nuestra lectura nos permite pensar en tres escenarios:

Escenario 1:

El duro:

Hacia la derecha y tomándole la palabra a UCCAEP, es decir, profundizar la reforma de la institucionalidad y dentro de este enfoque afinar la sierra en relación a la tesis ortodoxa de golpear el empleo público.

Enfoque que los propios organismos internacionales (FMI, BM, OCDE y hasta el propio Papa Francisco), protectores del corporativismo global han desautorizado en el contexto del desarrollo y la atención de la crisis sanitaria del COVID-19.

O sea, vender instituciones, flexibilizar jornadas, recortar presupuestos públicos y hasta la aplicación de la pena capital en derecho laboral: el despido.

Así desde esta mirada, es que este escenario antihumano y antiecológico pretende que saquemos y salvemos el país, una total contradicción que además ha probado ser un fracaso mundial.

Así es entonces que dando un paso más en la eliminación de derechos y destrucción del Estado que los sectores ganadores desde el TLC pretenden de nuevo convencer a la opinión pública con la ayuda de » los medios» y el manejo de redes, posesionado además la idea de que » Sacrificar» aún más al empleado público todo mejorará, siendo lo real y ya demostrado que esa ruta a fracasado, es decir, es una medicina que procrea pobreza mundial.

Ese verbo entrecomillado fue el que posesionó el lunes en 7 días Don Juan Carlos Hidalgo, como uno más del equipo del empobrecimiento nacional, quien según argumenta este sacrificio urge para que quede mayormente demostrada la solidaridad, mientras el equipo de los ricos sigue llenándose los bolsillos y engordando las cuentas en paraísos fiscales a costa de un sistema tributario antisolidario y regresivo que mete la mano en la mesa de comida de las mayorías.

En concreto la UCCAEP y sus aliados visibles e invisibles desean que el Gobierno deje de andar por la periferia del tema y se decida a sacar una buena parte del sueño empresarial de dinamitar el Estado, ese Estado que les sirve cuando conviene y que ha demostrado ser el trapito de dominguear a nivel global en medio de esta pandemia.

Escenario 2: El intermedio

En este según nuestro balance, es el que ha venido jugando el Gobierno con directrices, decretos y otras normas ya que en medio del escándalo de la UPAD, surgió el Covid-19 y esto obligo un replanteamiento de ruta, lo cual ha sido aprovechado por los sectores poderosos para apuntalar algunos temas de su agenda, ya que el tema del empleo público en su segunda etapa estaba pendiente posterior a la aprobación de la ley 9635, que no nos cabe duda, no ha resuelto el problema estructural del déficit fiscal del país.

En resumen, este escenario podríamos catalogarlo como un verdadero popurrí, pues posibilita tomar un poco de la UCCAEP ( seguramente lo esencial de su lógica neoliberal contra el empleo público y sin variaciones profundas en el esquema sistémico de privilegios a los más adinerados), y un poco de las propuestas de los sectores sociales y productivos ( posiblemente escogiendo acciones hacia sectores más vulnerables ( agro, construcción y turismo), para patear la bola en la confrontación social y paliar la pobreza, el desempleo y la informalidad, pero trastocando aspectos del empleo público y otras medidas que dejen bien parado al Poder Ejecutivo con los sectores de la derecha), pero permita además oxigenar al PAC de cara al 2022.

Escenario 3:

Inclinarse más al enfoque social, lo cual vemos poco probable o con menos opciones, dadas las diversas y ya conocidas conformaciones dentro del Gobierno y los demás Poderes del Estado, teniendo claridad meridiana de que los actores y actrices de enfoque social relativo son minoría.

Descritas estas opiniones iniciales sobre lo que pensamos podrían ser las medidas que serán anunciadas por el equipo económico del Gobierno, nos permitimos vaticinar que sectores como Turismo, agro y construcción serán prioridad de conformidad con el mapeo de impacto del Covid-19, que hemos percibido y que posiblemente los datos ratifiquen posteriormente.

Por otro lado creemos además que el tema de empleo público podría reaparecer en mesa del equipo económico y aunque sabemos y es normal y natural que haya mucha presión de la UCCAEP y otros actores en este eje prioritario de la derecha política y mediática, es real y concreto que la respuesta institucional a la pandemia sanitaria donde es el sector público en su conjunto ( sin hacer ningún tipo de separaciones tendenciosas y malintencionadas), el que ha puesto el pecho a las balas en todas las líneas de batalla y sin excepciónes como citamos es un plus incuestionable.

No cabe duda entonces que eso pesa bastante en la opinión pública (la encuesta de 7 días demostró parte de esa percepción social actual).

El hecho concreto de la actividad institucional del Estado como un todo forma parte de la nueva mirada del pueblo hacia sus instituciones, entonces no es casual entender el discurso de los sectores y actores que lo adversan o lo elogian según les sea más conveniente.

Este proceso en sí ha generado de igual forma un respetable nivel de empoderamiento en los que están en el campo de batalla contra el Covid-19, pero además este fenómeno lo percibimos en ciertos actores y actrices dentro de Gobierno en relación al tema del traído y llevado empleo público.

Pero más allá de estas valoraciones, debemos ver ya en la práctica hacia dónde se decanta lo de empleo publico

Las opciones son diversas, pasarlo a una mesa con OIT permitiría incorporar en principio aspectos más técnicos y menos políticos o bien el Poder Ejecutivo puede apostar a retomar o presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, lo cual igualmente re-configura diversos aspectos del tema ya que las prioridades o los cálculos electorales juegan para el tema, aunque también juegan para otros temas que se terminarán contaminando del virus electoral.

Por último, más allá de estas hipótesis, sólo queda la irreductible e histórica necesidad y urgencia de apostar por la re-articulación de un movimiento social que apueste a consolidar una mayoría legislativa que trace una ruta de navegación que permita transformaciones estructurales teniendo como puerto de llegada UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA Costa Rica.

Agricultura ecológica comunitaria para la recuperación de la autosuficiencia productiva y soberanía alimentaria en Costa Rica

FECON – 05 de mayo 2020.

Con atención hemos seguido el tema de la condición agrícola actual en el país. Desde siempre y especialmente desde el último censo agrícola en 2014 nos preocupa el balance que expresaban los datos sobre la producción de granos básicos en nuestro país. Fue una medición concreta del impacto del proceso de ajuste neoliberal y el libre comercio en la estructura productiva primaria del país.

La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) tiene cercanía y está integrada por grupos de base comunitaria en los que defendemos valores ecologistas,  muy importantes en la sostenibilidad de los modelos de agricultura. Defendemos la idea de soberanía alimentaria, en la que consideramos, deben participar desde la base amplia y articuladamente las pequeñas producciones comunitarias.

Con este preámbulo, procederemos en este momento histórico de crisis laboral y económica, a realizar una propuesta para la recuperación económica del campo costarricense desde la economía agroecológica y de unidades productivas de pequeña escala, usando como modelo el cultivo de arroz.

Una revolución agraria en el arroz

La producción de arroz ha sido una de las más complejas de sostener en el país, especialmente por el desmantelamiento campesino que significaron las políticas de ajuste estructural y la entrada del Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, que con su superestructura productiva acaparó rápidamente el mercado arrocero con sus precios de importación subsidiados.

Sin embargo, hay posibilidades de imaginar, plantear y justificar una recuperación agrícola con fundamento agroecológico en nuestro país. Para ello, las fuentes demuestran la viabilidad de producir altos rendimientos con solamente insumos orgánicos. El Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) ya ha demostrado altos rendimientos en modalidad de cultivo agroecológico. Con base en estos resultados, proponemos un cambio en el sistema de producción actual como política de Estado, bajo la siguiente argumentación:

Cuota de producción y alcance de la participación social

Si en Costa Rica se necesitaran 75 mil hectáreas[1] más de siembra de arroz para cumplir la cuota de más de 350 mil toneladas anuales que se consumen en el país[2], con pequeñas unidades productivas articuladas se podría alcanzar progresivamente esa meta y generar así ingresos para decenas de miles de familias campesinas con rentabilidad en pocas hectáreas de cultivo.

El beneficio social por participación económica podría alcanzar a futuro hasta las 40 mil familias campesinas (suponiendo una distribución homogénea de dos hectáreas por cada una en sistema de cultivo intensivo de arroz), con ganancias netas de hasta 1.5 millones por hectárea según el rendimiento anual.[3]

Si se produce con abonos orgánicos que utilizan desechos de animales y biomasa vegetal, tenemos la gran ventaja de reducir el impacto ambiental, la dependencia de insumos químicos, e incentivar un encadenamiento productivo generando el establecimiento de centros especializados en producción y distribución de abonos a gran escala para mayor acceso de los productores. Estos centros beneficiarían a otro grupo más de trabajadores por localidad, que obtendrán más ingresos por cada hectárea de cultivo orgánico local.

Rendimiento del cultivo agroecológico

Según expone el agrónomo Jorge Orlando Acosta (2011), en Colombia se documentaron rendimientos de hasta 8 toneladas por hectárea con el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA)[4], superior a los demás tipos de cultivos convencionales, superando así por mucho las 3,5 toneladas que son el promedio de rendimiento por hectárea en el sistema arrocero de Costa Rica[5]. El citado sistema no depende de que haya inundación permanente y utiliza solo insumos orgánicos. Es hacia estos sistemas debemos apuntar como país.

También es importante señalar que muchas fuentes agronómicas reconocen que los agrosistemas arroceros orgánicos probados en China han sido exitosos, por ejemplo, en Ecuador, donde se han logrado rendimientos de 3.68 toneladas por hectárea con inundación, con abonos orgánicos y control biológico de plaga con patos. También se han estimado que se pueden producir 5.5 T/ha con un costo de $1000/ha (2013)[6], por lo que se pueden desarrollar entonces sistemas de producción con renta neta de hasta 750 mil por cada millón comercializado.

Modelo de agroecosistema ecuatoriano. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd

Si en otros países se ha demostrado el potencial de este tipo de agrosistemas, acá es cuestión de apuntar con una política de Estado contundente a un sistema productivo eficiente con el uso de recursos. Ningún otro mejor que el orgánico, que puede hacer aprovechamiento circular de insumos del mismo arroz y utilizar los desechos de producción  animal.  Al fin de cuentas, el mundo requiere una transición tecnológica.

Necesidad y oportunidades

La gran ventaja de nuestra desventaja productiva actual, es que para llenar el vacío se puede innovar y propiciar esa transición a modelos productivos que no dependen de insumos de importación, mientras los sistemas ya existentes también apuntan a adaptarse.

Es un hecho que el país cuenta con riquezas de tierra y agua suficientes para generar autosuficiencia alimentaria. Solamente debemos ser capaces de generar sistemas de aprovechamiento distribuido del recurso hídrico en unidades de producción de pequeña y mediana escala en los territorios en lugar de grandes e impactantes embalses para exportadores de azúcar o desastrosos proyectos de riego para pastos ganaderos en los que el SENARA invierte cuestionablemente millones de dólares desde hace años. [7]

La cosecha de lluvias es posible con sistemas de aprovechamiento de escorrentías en pequeños reservorios, para propiciar el riego permanente y la inundación temporal requerida por el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (SICA) que permite alto rendimiento. Por ejemplo, en un clima tropical seco como el de Liberia, por kilómetro cuadrado se pueden cosechar 100 millones de litros de agua con los datos de precipitación promedio registrados para el mes de mayo.

También sería posible autorizar sistemas de almacenamiento de los volúmenes de escorrentía de los caudales máximos en afluentes, incentivando la inscripción de aprovechamientos con tarifa diferenciada en los meses de mayor precipitación, de forma que se permita disponer artificialmente de humedad en el suelo tempranamente, para mitigar el efecto de meses muy secos.

Incluso en zonas alejadas de cuerpos de agua, se pueden alimentar estos sistemas de almacenamiento de agua cosechada en época de lluvias desde cauces para fines de producción alimentaria, mediante uso de cisternas como mecanismo de subvención del Estado.

Es importante garantizar que los sistemas productivos respeten los límites ecológicos de los regímenes de humedal y no haya un crecimiento insostenible de la demanda en los meses más secos para proteger también la biodiversidad y el uso múltiple del agua en los territorios. También la política pública debe apuntar a priorizar el acceso a fuentes de agua para seguridad alimentaria y en lugar de la agroexportación, incentivando el cambio productivo.

Beneficios al consumo    

Los beneficios obtenidos mediante estos sistemas de producción para el consumidor también son un hecho. Primero que todo, en la salud, pues se asegura una calidad e inocuidad del producto básico con su producción orgánica, bajando el riesgo de desarrollar cáncer por consumo sostenido de agrotóxicos usados actualmente.

En término de precios, si existen centros de procesamiento semi-industrial distribuido en las unidades de producción, además de disponer fuentes de trabajo, se logra bajar los costos de transporte, tanto para el pilado como para la distribución comercial final. Se pueden ofrecer así precios competitivos que incentiven el consumo local y lo consoliden, hasta superar la dependencia de importaciones y desarrollar la capacidad de sostener un nuevo sistema de precios autónomo y soberano.

Producciones colectivas de arroz agroecológico en Brasil. Fuente: mst.org.br

Al incentivar la participación de la pequeña propiedad rural en este modelo económico de autosuficiencia, se erradicará el control centralizado de las decisiones económicas en una sola corporación privada, donde concertan sólo grandes productores y accionistas. Además se genera resiliencia adaptativa por el uso de semillas locales y se puede a mediano plazo desarrollar una capacidad de aprovechamiento de las bonanzas para compensar los años de menor producción.

Extrapolar la propuesta arrocera a otros cultivos básicos

Es urgente la recuperación pública de la producción de granos básicos y la pluralización productiva mediante la ampliación de la base productiva en pequeñas producciones locales con mercado garantizado. Los frijoles y el maíz son granos de producción precolombina con inmejorable adaptación a nuestros suelos orgánicos y altos rendimientos históricos para sustentar los pueblos de nuestra región. Además, estos mercados también están acaparados por importaciones.

En estas circunstancias en que se vislumbra una recesión económica, las posibilidades de ingreso por cultivo a pequeña escala toman más importancia. Es tiempo de apostar por la recuperación de la economía basada en la producción alimentaria soberana de granos básicos, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo costarricense y erradicar de una vez por todas, el hambre, que es una de las más intolerables formas de violación a los derechos humanos más básicos en el mundo.

Desde FECON, hacemos un llamado al ministro de agricultura para atender nuestras propuestas para la implementación de agricultura ecológica en el país como política de Estado.


[1] Un cálculo desde 2008 aseguró que necesitaríamos unas 283 mil hectáreas adicionales para granos básicos. De maíz blanco (16.000) y amarillo (150.000), fríjol (41.000) y arroz (76.000) si se quiere abastecer la demanda nacional. https://bit.ly/3c8rDAS

[2] Conarroz en Noticias Monumental. Fuente: https://bit.ly/2WtmSLE

[3] Al precio actual del arroz en recibidor estimado con un dato modelar de costo/rendimiento registrado en un cultivo orgánico en Ecuador. Fuente: https://bit.ly/3b4Jjfd

[4] Evaluación del Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero SICA en en Municipio de Purificación de Tolima. Fuente: https://bit.ly/2z7QF4s

[5] Estimación con base en datos. Solo el 35% de lo que se consume se produce en el país (Indarroz), Son 36.000 hectáreas sembradas entre 2017 y  2019 (Conarroz). Fuente: https://bit.ly/3flGqdq

[6] Razón de rentabilidad esperada en un cultivo orgánico. Fuente: https://bit.ly/2SBJRms

[7] Véanse los conflictos PAACUME con la Reserva Lomas Barbudal y los conflictos comunales con proyectos de riego del SENARA para sociedades de usuarios privadas en Puntarenas

Imagen de cabecera: Cultivo agroecológico de arroz en Brasil. Fuente: mst.org.br

¿Hay un después del COVID 19 o deberemos aprender a vivir con él?

Miguel Sobrado

Nuestro sistema de salubridad social ha tenido hasta el momento una capacidad de respuesta, respaldada por la educación y disciplina del pueblo, muy exitosa y ejemplar, a pesar de la inestabilidad amenazante del contexto regional. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagio, aumentar las recuperaciones de los enfermos y un bajo nivel de mortalidad.

Lamentablemente mientras no exista vacuna, si es que algún día se logra tener una que se pueda aplicar a la población mundial (cosa que no se podido hacer con el SIDA), nuestra población seguirá conviviendo con el coronavirus y la economía tendrá que reactivarse progresivamente, procurando que no colapse el sistema de salud. De otra forma el dilema puede llegar a ser morir del coronavirus o morir de hambre y esto puede ser más peligroso para la vida política.

FOCALIZACION DE LOS AFECTADOS Y SUS CONTACTOS EN VEZ DE CUARENTENA GLOBAL

La experiencia de Corea del Sur con el control y aislamiento de los enfermos y sus contactos ha demostrado ser exitosa con el uso de una aplicación que permite el seguimiento, sin tener que recurrir a paralizar la economía. Aquí podríamos hacer lo mismo retomando la participación de las comunidades en los EBAIS, tal como lo hizo en su momento el Hospital sin Paredes de San Ramón, aprovechando la tecnología EDUS de la CCSS e incorporando la aplicación surcoreana.

De tal forma la primera línea de combate se trasladaría a las comunidades, aplicando medidas puntuales preventivas como elevar las defensas, sin afectar el grueso de la economía.

RETOMAR EL EMPLEO DESDE UNA VISIÓN DE PERSPECTIVA ORGANIZACIÓN PARA LA SALUD

No se puede hablar de salud, si la gente no tiene estabilidad emocional ni ingresos para atender sus necesidades. Las comunidades no son entes pasivos, tienen creatividad y buscan en forma individual formas de sobrevivencia, pero sobre todo cuando están organizadas. La asistencia del gobierno central o local, en los momentos difíciles es necesaria y oportuna. La ayuda, sin embargo, dada la magnitud de las afectaciones nunca será suficiente, crea además dependencia, pasividad y reduce la autoestima. La organización de la comunidad para enfrentar el problema genera capacidades, abre senderos y estimula el protagonismo local poniendo en tensión el arco creativo.

Este fenómeno fue muy visible en la experiencia del Hospital sin Paredes, mientras operaron los 151 comités de salud en los cinco cantones (San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo y Alfaro Ruíz). Los comités no solo establecieron acueductos y letrinas, sino que abrieron caminos, crearon cooperativas y participaron activamente en la vida cívica, siendo semillero de líderes locales y cantonales.

DARLE PROTAGONISMO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS

Por eso es tan importante, con ocasión del coronavirus, descentralizar la acción de combate trasladándola a las comunidades, para controlar los ´puntos álgidos retomando la experiencia del Hospital sin Paredes y de las cooperativas de autogestión campesina, surgidas como respuesta al calor de una crisis agraria que amenazaba la paz social en los 70s.

Secretaría de Seguridad Social de la CTRN: Ministro de Agricultura debe seguir

SURCOS recibió este comunicado:

“La Secretaria de Seguridad Social de la CTRN, insta respetuosamente a las autoridades de Gobierno a desistir y mejor aún, ni siquiera analizar el posible y remoto escenario de una destitución del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.

La posibilidad de un escenario de ese talante podría convertirse en un detonante social de alto calado en diversos actores del agro, lo cual no es atinado en las circunstancias país actuales.

Además, está claro que su posición (no pose), en los medios de comunicación es de recibo para nuestra Central ya que no cabe duda de que el modelo de desarrollo de apertura comercial y en ese tanto capitalista por naturaleza ha relegado y tiene en la miseria a los sectores del agro nacional.

Así las cosas y siendo conocedores de que diversas figuras del orbe y la misma FAO han formulado que la pandemia ha obligado a repensar la seguridad alimentaria en armonía con el medio ambiente en todo el mundo, y que esta es una actividad estratégica para los sucesivos años, dejamos planteada la petitoria respetuosa al Gobierno de la República de desistir de cualquier acción contra el respetable don Renato Alvarado Rivera, lo cual incluye la posibilidad de una destitución.

Sería un craso error en el actual contexto, más, interpretando a priori que parte de las medidas económicas que debe presentar al país el equipo económico el próximo viernes sin duda debe tener una prioridad manifiesta hacia el sector agro, ya que esto evitará seguir contribuyendo a la confrontación social.

Servidor atento,

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social CTRN”

Foto: UCR

La vida antes de pagar intereses, la vida antes de la meta inflacionaria

Pablo Abarca. Economista, miembro de Economía Pluralista

Dicen por ahí que es en el terreno de las ideologías donde los seres humanos toman conciencia de los conflictos que se manifiestan en el mundo económico. Sin lugar a dudas, con las ideologías se toma conciencia; pero esta conciencia dependiendo de la ideología no tiene como fundamento de existencia la vida humana en el mundo económico, y es un problema que ideologías como mantener la inflación baja o sostener la autonomía del Banco Central evitando el financiamiento al Gobierno estén por encima de facilitar una vida humana digna a nuestra gente.

De acuerdo a las proyecciones emitidas por el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado de prensa el día 30 de abril; el déficit fiscal interanual que vamos a experimentar en el 2020 será de un 8.6% del PIB y un déficit primario de un 3.4% del PIB, estas son cifras alarmantes, y evidencia la imposibilidad financiera del Estado para poder llegar a las personas que lo necesitan de la forma correcta.

Si bien es cierto con la aprobación del primer presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa publicado en La Gaceta el 25 de abril, se asignó 225mil millones de colones de subsidios referentes al bono “Proteger”; de acuerdo a cifras del BCCR en el documento “Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 2020-2021” con esta medida se evitará una contracción del 2% en el consumo de los hogares costarricenses.

La necesidad de poseer recursos para la intervención del Estado en la economía es fundamental; de acuerdo con el último cuatrimestre del 2019 la tasa de desempleo era la más alta desde que se realiza la Encuesta Continua de Empleo por parte del INEC; 12.4% de la PEA, aun no se poseen cifras formales respecto al nivel de desempleo actual, sin embargo, es claro que experimentamos niveles de desempleo no vividos con anterioridad.

Los países como Inglaterra y Japón; están siendo respaldados desde sus respectivos bancos centrales en el financiamiento directo que sus Estados necesitan para proteger y mantener la vida de sus gentes ante la pandemia.

En el caso de Costa Rica el BCCR envió una modificación a su Ley Orgánica articulo 54 específicamente, a la Asamblea Legislativa procurando habilitarle la compra de bonos al Estado en el mercado secundario, petición que fue incorporada en el proyecto de ley 21874, el cual se convirtió en ley el pasado 3 de abril. A pesar de dicha muestra de mediana sensatez por parte del BCCR, el presidente del BCCR el señor Cubero dejo bien claro en una entrevista al Semanario Universidad el 30 abril “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria” de que las expansiones monetarias estarán al servicio de la liquidez, la estabilidad financiera y el crecimiento del producto, pero nunca del lado de la gente, es decir, muy lejos de situar al BCCR y su política monetaria como un elemento fundamental para salvar vidas; el señor Cubero cegado por la ortodoxia económica demuestra que es más importa cumplir con una meta inflacionaria baja que nadie percibe en sus bolsillos, a ayudar al financiamiento responsable del Estado, para salir adelante con el COVID-19.

Sobre la compra de bonos en el mercado secundario, esto implicaría altos costos de intermediación que las entidades bancarias comerciales deberán incorporarlos en las tasas de interés con las cuales se negociaría con el BCCR, es decir mayores costos para el Estado.

El BCCR en su comunicado de prensa el 15 de abril agrega; “La adquisición en el mercado secundario por parte del Banco Central de títulos del Ministerio de Hacienda no constituye financiamiento al Gobierno, pues la compra de los valores se realizaría a un tercero, que sería quien recibe el dinero por la adquisición que hiciere el Banco Centra (…)”.

El financiamiento del BCCR hacia el Estado mediante la compra de bonos es fundamental para seguir adelante, sin embargo, la medida de comprar estos bonos a una entidad bancaria comercial en el denominado mercado secundario incurriendo en mayores costos, no tiene sentido presupuestario claro está.

Lo correcto sería una relación directa (mercado primario) entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para la compra de los bonos sin ningún costo de intermediación y a tasas iguales a cero. Lo correcto sería financiar al Estado al menor costo posible; porque esto sería ayudar a los costarricenses.

El señor presidente en su discurso del 4 de abril sobre informe de labores indica “(…) promovemos una iniciativa global para que el financiamiento relativo a la pandemia para países de renta media sea a tasa fija, ojalá tasa cero, y de largo plazo. Esto para proteger a nuestros países y la cohesión social dentro de la región”.

En este país somos metafóricos por educación y a esto le llamamos “candil en la calle y oscuridad en la casa”, el señor presidente pide un tratamiento financiero internacional justo pero en el país se presupuesta alrededor de un 5.2% del PIB en pago de intereses por concepto de deuda en el presente año. Y para el presupuesto extraordinario se incluyó un apartado para el pago de 273.375 millones de colones por concepto de deuda pública interna.

La situación en que se encuentra el mundo y en particular Costa Rica demanda una negociación con las entidades a las cuales se les adeuda el servicio de intereses, dar a entender que en los momentos actuales el Estado necesita la mayor capacidad de flujo de caja posible, y que por ende el retraso del pago de intereses es fundamental para activar la economía, que los rendimientos de recursos ociosos pueden esperar; porque se necesita salvar vidas primero.

Virus de la corona-virus de la avaricia

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

    Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

    Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

    Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

UCR: llegó proteína para inmunizar caballos y elaborar medicamento contra COVID-19

Martes 5 de mayo del 2020. Las proteínas para iniciar el proceso de inmunización en los caballos llegaron al país y el Instituto Clodomiro Picado de la UCR ya alistó a los seis equinos cuyo plasma sanguíneo será el nuevo aliado para elaborar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19.

Para esto, los animales fueron evaluados de manera cuidadosa (mediante chequeos físicos y exámenes sanguíneos) con el objetivo de asegurar su bienestar integral. Además, y como ha sido usual en los últimos 50 años del ICP-UCR, en estos momentos se les está brindando diversidad de cuidados; entre ellos, una alimentación de excelente calidad basada en heno, concentrado y pasto.

“En el ICP-UCR nos enfocamos bastante en la parte de salud animal y que los caballos estén en su mejor condición. Nuestros animales viven en potreros y en grupo libres de estrés. Además, tienen una excelente alimentación, una atención veterinaria continua y el cuidado diario de los asistentes. Nosotros velamos que estén comiendo bien y que estén tomando agua. Todos los caballos están sanos, con un muy buen peso corporal (cercano a los 450 kilos), y sin ningún signo de enfermedad”, afirmó el médico veterinario Mauricio Arguedas Gómez.

Para inmunizar a los caballos se utilizarán proteínas no infecciosas del virus SARS-COV-2, las cuales no afectan negativamente la salud de los equinos.

“No vamos a utilizar el virus completo. ¿Qué significa esto? Que no hay riesgo de que los caballos se infecten. Lo que vamos a usar son algunas de las proteínas del virus. Cuando se haga el procedimiento, el organismo del caballo reconocerá esas proteínas y generará los anticuerpos. Después, esos anticuerpos serán usados en los pacientes enfermos”, amplió el Dr. Arguedas.

Esta labor no es rápida y comenzará apenas la Oficina de Suministros de la UCR realice el desalmacenaje de las proteínas requeridas (se espera que esté durante la presente semana). Cuando se posea dicho insumo, se calcula que el resultado de la inmunización se tendrá después de cuatro meses desde que inicie la inoculación (momento en el que se inyectan las proteínas al animal).

“Con el medicamento basado en los anticuerpos equinos se obtendrán varias ventajas y la primera es no depender de donadores humanos. De igual forma, creemos que los anticuerpos equinos podrían tener una mejor potencia neutralizante del virus que la potencia de los anticuerpos humanos. Lo anterior se da porque los caballos estarán hiperinmunizados; es decir, que se les inyectan las proteínas varias veces. La estimulación del sistema inmune en teoría debe ser mayor, pero esto deberá confirmarse”, ahondó el Dr. Arguedas.

Otro punto a destacar es el mayor volumen de plasma que se puede extraer de un caballo, si se le compara con el que se le puede obtener de un ser humano. Con el plasma obtenido de un solo caballo se pueden preparar cien frascos del medicamento, mientras que con el plasma de una única persona solo se pueden preparar dos.

En cuanto a los animales, la extracción de la sangre no afecta la salud de los caballos. Al separar el plasma, se les devuelven las células sanguíneas para que no lleguen a sufrir anemia.

“Siempre que llega un animal nuevo se le aclimata y se le “chinea” antes de iniciar un esquema de inmunización. Para que un caballo inicie esquema debe estar muy bien cuidado y en óptimas condiciones. Se les da el acompañamiento con una buena alimentación y un muy buen trato. Les realizamos análisis de sangre rutinarios para garantizar el estado físico y hematológico, que es muy importante. Después de realizar el esquema, se siguen haciendo los exámenes para asegurar que el caballo esté en las mejores condiciones y se le acompaña con un examen físico diario”, indicó el técnico veterianrio Edwin Moscoso Suárez.

Jenniffer Jiménez Córdoba. Periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
Teléfono: 2511-1232.
Correo: jenniffer.jimenezcordoba@ucr.ac.cr

Conversatorio movimientos sociales y vida después de la crisis

El sábado 2 de mayo se realizó el conversatorio movimientos sociales y vida después de la crisis, organizado por la Alianza por una Vida Digna.

La interrogante que animó el encuentro fue ¿Qué sienten, hacen y proponen las personas de movimientos sociales ante la crisis acentuada por el COVID-19?

La actividad se realizó en una plataforma virtual y se compartió por el Facebook Live de SURCOS.

Participaron Mario Devandas Brenes, de la lucha en defensa de la CCSS; Eva Carazo Vargas, de los movimientos de la ecología social, la agroecología y la economía social solidaria; Dayana Ureña Solís, de los movimientos comunitarios y las Asambleas Patrióticas Populares; y Héctor Ferlini-Salazar, de la Alianza por una Vida Digna.

Le invitamos a ver, compartir y comentar:

Imagen de cabecera con fines ilustrativos. Reunión en Cañas, Guanacaste, tema: derecho a la educación de calidad.

Las piñas de la ira

Henry Picado Cerdas

(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?

Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.

Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.

Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.

También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.

Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.

La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.