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¿En qué consiste el cambio que propone la continuidad?

Rodrigo Campos Hernández

Por Rodrigo H. Campos Hernández

En Costa Rica se habla de cambio mientras se ofrece continuidad. La paradoja merece atención. Si el proyecto económico permanece, si continúan las políticas neoliberales y la subordinación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿qué es exactamente lo que cambiaría?

La respuesta parece estar menos en el orden social que se propone que en la manera de ejercer el poder. Las viejas prácticas de corrupción, clientelismo y concentración de la riqueza no desaparecen. Se presentan con otro lenguaje: el del líder que habla directamente en nombre del pueblo, enfrenta a las instituciones y convierte cada límite al Ejecutivo en una ofensa contra la voluntad popular. El enojo con los partidos y las élites encuentra así un cauce, pero no necesariamente se dirige contra las relaciones económicas que producen desigualdad. Se vuelca contra quienes fiscalizan, deliberan o ponen freno.

En esa operación también intervienen ciertas corrientes fundamentalistas religiosas, en Costa Rica y en buena parte de la región. No hablo de las personas creyentes en general, sino de proyectos políticos que convierten una interpretación religiosa en programa de gobierno y en criterio para decidir quién pertenece a la comunidad moral. Sus discursos sobre la familia, la sexualidad, la educación y el género movilizan temores y presentan las conquistas de derechos como amenazas al orden. Así, diferencias sociales y económicas quedan desplazadas por una batalla moral que permite identificar enemigos y consolidar lealtades.

La alianza entre ese fundamentalismo y la política neoliberal no es contradictoria. La defensa religiosa de la jerarquía puede convivir con un orden económico que concentra riqueza y debilita la protección social. La desigualdad se explica como responsabilidad individual; la caridad sustituye a la justicia social; la obediencia se presenta como virtud y la crítica como desorden. El lenguaje de la fe aporta una legitimidad moral a un proyecto que, en el terreno económico, conserva las relaciones de poder existentes.

La clase dominante no necesita inventar un nuevo orden para defender sus intereses. Puede renovar sus formas de legitimación, intensificar la confrontación y hacer de la hostilidad institucional una señal de autenticidad política. El cambio se vuelve visible en el estilo, en la movilización y en el trato hacia los contrapesos. La continuidad se conserva en la orientación económica y en la distribución del poder.

Por eso, comparar Costa Rica con Venezuela exige decir con precisión qué se compara. El chavismo nació de una crisis de representación y formuló un proyecto de ruptura con el orden neoliberal, con una apuesta por la soberanía nacional y la transformación social. Su historia también debe examinarse con rigor, incluidas sus derivas autoritarias y las consecuencias de sus decisiones. Pero esa trayectoria no vuelve equivalentes proyectos distintos. En Costa Rica, la continuidad que se ofrece no plantea una transición socialista: profundiza una orientación neoliberal mientras presenta la institucionalidad como obstáculo para gobernar.

El temor a una ruptura socialista ayuda a sostener esa presentación. Cuando Venezuela, Cuba o Nicaragua aparecen como advertencias totales, mientras las derivas autoritarias de gobiernos de derecha se describen como respuestas de seguridad o como simples estilos de liderazgo, la crítica deja de aplicar el mismo criterio. El fundamentalismo refuerza ese temor al asociar cualquier propuesta de igualdad o ampliación de derechos con una amenaza contra la religión, la familia o la nación. No se trata de silenciar los abusos de los gobiernos que se identifican con el socialismo. Se trata de preguntar por qué el capitalismo suele ser evaluado por sus promesas, mientras al socialismo se le exige responder por sus fracasos aun bajo bloqueo, sanciones y presión externa.

También debemos mirar cómo se disputa hoy la política dentro de nuestras propias fronteras. Las redes de consultores, medios, operadores digitales y contactos políticos que conectan campañas latinoamericanas con Miami y Washington requieren investigación pública y cuidadosa. En el caso de Cerimedo se han descrito conexiones regionales y vínculos con operadores estadounidenses; para Costa Rica, existen nexos reportados que ameritan esclarecerse, aunque eso por sí solo no pruebe que Washington dirigiera una campaña específica. La soberanía también se erosiona cuando decisiones domésticas quedan condicionadas por intereses externos o cuando la propaganda importada se confunde con una expresión espontánea de la ciudadanía.

La alternancia electoral, por sí sola, tampoco resolvería este problema. Si se detiene el continuismo sin ofrecer una salida material al malestar, se pueden reparar procedimientos y recomponer relaciones entre poderes, pero permanecerían las condiciones que alimentaron la desconfianza. Una democracia que no mejora la vida de la mayoría pierde capacidad de convocar; esa frustración deja espacio para nuevos liderazgos que prometen destruirlo todo mientras protegen las mismas estructuras.

Tal vez ahí esté la respuesta a la pregunta inicial. La continuidad propone conservar el orden económico existente y cambiar la forma de defenderlo: más personalista, más confrontativa y con menos tolerancia hacia los contrapesos. El fundamentalismo religioso contribuye a darle arraigo y justificación moral. Su novedad consiste en presentar esa defensa como una rebelión popular y una restauración de valores. El cambio que falta es otro: ampliar el bienestar, democratizar el poder y hacer que las instituciones respondan a quienes hoy sienten que no tienen una salida.

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