Autor: Hector Ferlini Salazar

Conflictividad y violencia contra los pueblos indígenas en la Zona Sur de Costa Rica y en Latinoamérica, es el tema del programa Voces y Política de este miércoles 4 de marzo en Radio Universidad.

SURCOS recibió este “Posicionamiento de organizaciones y grupos de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, colectivas feministas y autoconvocadxs”. Se invita a leer el comunicado, y si está de acuerdo, firmar y compartir. Para ello siga el enlace que se encuentra al final del texto que transcribimos.

El pasado 24 de febrero la violencia racista nos arrancó a otro líder indígena y defensor de derechos humanos, esta ocasión fue Jerhy Rivera Rivera en su territorio ancestral Brörán, sumando dos asesinatos políticos cubiertos en impunidad por un Estado racista y omiso a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT referente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. El asesinato de Jerhy ocurrió al ser las 10:30 p.m. del lunes 24 de febrero del 2020, en China Kichá en Térraba y en el marco de una legítima recuperación del territorio originario.

El asesinato de Jerhy fue a escasos días del primer aniversario de completa impunidad de la muerte del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra). Ambas ausencias jamás podrán ser sanadas pero nos recuerda a las personas que luchamos por el respeto y vivencia de los derechos humanos, ¡no podemos permitir más impunidad ni tampoco más víctimas!

El Estado y el Gobierno de Costa Rica son responsables del irrespeto del uso de las tierras ancestrales, violentando el Convenio 169 de la OIT. La somnolencia del Poder Legislativo para la creación de una Ley de Autonomía Indígena se ha mantenido por décadas permitiendo solapadamente la usurpación y violación de derechos humanos de estos pueblos. Por eso, es que los grupos de recuperadorxs indígenas hacen valer su legítimo derecho no solo consuetudinario sino desde instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Asímismo, la violencia institucional se prolonga desde los gobiernos locales, Fuerza Pública y otras instancias que han amedrentado a las recuperadoras y recuperadores con acciones tan sensibles como no procesar denuncias de la misma violencia que viven o la dudosa imparcialidad del sistema judicial en la Zona Sur.

El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, y su antecesor Luis Guillermo Solís Rivera, son responsables directos de los asesinatos de ambos líderes indígenas por su inoperancia en la aplicación de las Medidas Cautelares (MC-321-12) establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 de abril del 2015 en los territorios de Salitre y Térraba, áreas geográficas donde acontecieron los crímenes. Ambos gobiernos, a sabiendas del peligro de corren lxs defensorxs indígenas, han hecho caso omiso de sus denuncias en las instituciones respectivas.

Tampoco debemos ignorar el papel de los medios de comunicación comerciales que han puesto en duda o deslegitimado el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, promoviendo un discurso racista y falaz ante una población poco informada sobre la lucha y resistencia, en un contexto en que el cerco mediático está completamente controlado por los intereses económicos, sin hacer prevalecer el derecho humano a la comunicación e información en el uso del espectro radioeléctrico el cual falta hacerlo democrático en Costa Rica. Vale señalar los reportajes malintencionados y parcializados de Teletica que se transmitieron semanas antes y que, a pesar de que grupos organizados de recuperadorxs y de líderes y lideresas indígenas solicitaron derecho de respuesta, este fue negado. Ignacio Santos como director de Telenoticias y todo su equipo de producción son co-responsables de la muerte de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran y defensor de la Tierra y el mundo entero debe saberlo.

También, denunciamos la violencia que viven las mujeres recuperadoras, quienes por amenazas de violencia sexual y contra sus vidas no pueden salir a trabajar sus tierras para comer, ni enviar a sus hijxs a la Escuela o al Colegio; como en el caso de Térraba, por el acoso que viven por parte de peones y terratenientes quienes se hacen presentes en el trayecto. Las recuperaciones han sido exitosas gracias a las mujeres indígenas, quienes son las que se mantienen defendiendo su cuerpo-territorio y su autonomía con valentía y compromiso. De ellas también se olvidan, y son ellas quienes ponen su existencia entera para defender cada una de las recuperaciones realizadas.

En Costa Rica se vive la vulnerabilidad del peligro ante la vida de las personas defensoras de derechos humanos. El año anterior, la Asamblea Legislativa no quiso continuar con el texto del proyecto de ley 19.610 “Ley para la Protección de los Activistas a favor de los Derechos Humanos”, despojando a la población de una pequeña protección y reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos dentro del Estado de derecho.

Las organizaciones, grupos, movimientos y autoconvocadxs aquí firmantes, expresamos nuestra indignación, malestar y preocupación, ya que al cumplirse 3 años del gobierno de Carlos Alvarado Quesada la aplicación de las medidas cautelares establecidas por la CIDH y la exigencia de los grupos indígenas organizados que exigen el saneamiento territorial y su plena autonomía. La violencia continúa impune y se siguen sumando muertes de defensores de derechos humanos. Por eso, gritamos con rabia e indignación ¡Basta YA! Basta de racismo, olvido, clasismo y cualquier otra violencia que rodee el legítimo derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. ¡Basta ya de medios de comunicación racistas y complacientes a los grandes terratenientes y amistades en el gobierno! ¡Basta ya de asesinatos políticos de defensores de derechos humanos!

¡Justicia para Sergio Rojas, Jerhy Rivera y los Pueblos Originarios! Protección a todas las personas recuperadoras de sus territorios ancestrales. ¡Autonomía Indígena YA!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLnxgNTDPNO1Dj2Z_9Lwova2WxqK-gm8giz9AjB3PwiE7TQ/viewform

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Ley Indígena, N° 6172, promulgada en 1977, regula la situación jurídica de los territorios indígenas, y establece en los artículos 3 y 5:

Artículo 3.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. (…)

(…) Artículo 5.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO [Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que luego pasó a llamarse Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Hoy, Instituto de Desarrollo Rural (INDER).] deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI.

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

(…)

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la resolución N° 16/15, emitida el 30 de abril del 2015, dispone la medida cautelar N° 321-12 para el pueblo indígena de Teribe y Bribri de Salitre, tomando en cuenta que (…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre (…) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.

3. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 3, establece que la Institución buscará la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo, con el propósito de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.

4. El respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense son parte de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, según lo plantea el artículo 4 del Estatuto Orgánico.

5. En las sesiones N°s 5867 y 6000, el Consejo Universitario se refirió a la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como al papel que debe asumir el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

6. El jueves 21 de marzo de 2019, el Consejo Universitario, en la sesión N° 6265, artículo 7, se pronunció sobre el homicidio del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

7. El 24 de febrero de 2020 muere el líder indígena Jerhy Rivera Rivera, defensor del río Térraba, de la Cultura Brörán y su territorio, durante un enfrentamiento por la recuperación de territorios indígenas, situación que pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de establecer medidas concretas, que resuelvan los conflictos referentes a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país.

ACUERDA:

1. Repudiar el homicidio de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Térraba del Pueblo Brörán, perpetrado el lunes 24 de febrero de 2020, en el marco de la inacción por parte del Gobierno de la República, así como por el incumplimiento de los principios institucionales que abogan por el respeto y la protección de los derechos humanos.
2. Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
3. Darle la mayor difusión posible a este pronunciamiento.

ACUERDO FIRME.

Atentamente, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, Directora

(Acuerdo firme de la sesión N.° 6355, artículo 6, del jueves 27 de febrero de 2020)

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.