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Autor: María José Ferlini Cartín

SIUNED cumple tres años y señala quién paga la crisis presupuestaria en la UNED

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) cumplió tres años el 16 de octubre. Con ese motivo publicó un pronunciamiento en el que hace un balance de su trayectoria y fija su posición sobre los salarios, la estabilidad laboral, el tiempo de trabajo y la crisis presupuestaria de la universidad.

El sindicato se fundó el 16 de octubre de 2023. Según el documento, nació de la organización de las personas trabajadoras frente a varios problemas:

  • las reformas que afectaron los componentes salariales;

  • la imposición de un salario global transitorio que califica de “paupérrimo”;

  • el deterioro histórico de las condiciones laborales en la UNED frente a otras universidades públicas.

Hoy tiene 950 personas afiliadas, entre personal administrativo, profesional y docente de todos los ámbitos institucionales.

En el texto, el SIUNED sostiene que su crecimiento demuestra la necesidad de mantener la organización sindical “incluso en un período marcado por medidas contra la clase trabajadora y por discursos que presentan la acción colectiva como innecesaria”. Recuerda que las garantías laborales no nacieron de la generosidad de quienes concentran el poder, sino de movilizaciones, conflictos y resistencias. Para sustentarlo cita a Abramovich y Courtis y a Grau-Crespo (2024), quien describe cuatro décadas de deterioro del empleo público, flexibilización laboral y antisindicalismo en el país.

Un sindicato independiente, clasista y combativo

La organización se define como independiente, clasista y combativa. Aclara que la independencia “jamás significa aislamiento ni rechazo al diálogo”: quiere decir que sus decisiones responden solo a los intereses de las personas trabajadoras y no a una administración, un gobierno, un partido o un grupo de poder. El pronunciamiento afirma que la Administración de la UNED, en algunos momentos, “ha pretendido señalar esta independencia sindical, con el objeto de frenar el pensamiento alternativo”.

El carácter clasista, explica, parte de reconocer que el personal académico, el administrativo, el profesional y el no profesional comparten una condición común: dependen de su trabajo para sostener su vida. Desde ahí, el sindicato entiende como problemas colectivos y no individuales:

  • el interinazgo histórico;

  • el desconocimiento de horas extra;

  • el congelamiento salarial;

  • la sobrecarga de trabajo.

Con base en Sepúlveda Malbrán y Frías Fernández (2007) y en Barretto Ghione (2017), el SIUNED plantea que la combatividad debe combinar movilización, formación, investigación, negociación y propuesta. Señala que el diálogo social solo es democrático cuando existen organizaciones con capacidad real de participar: “Dialogar desde la debilidad o sin fundamentación suficiente puede convertirse en mera consulta, o aún peor, conducir a la derrota”.

Salarios, estabilidad y presupuesto

Entre sus logros, el sindicato destaca la lucha por el reconocimiento del costo de vida de 2020 y 2026, con la que se obtuvo un ajuste del 3,5% en las bases salariales. También sigue luchando por recuperar la anualidad del 5%, “de conformidad con lo que indican las últimas resoluciones de los tribunales de justicia”. El documento afirma que, ante las demandas del sindicato mayoritario, la Administración y el Consejo Universitario “han utilizado la estrategia del avestruz”.

Otros puntos del balance:

  • Estabilidad laboral. En 2025 el SIUNED presentó al Consejo Universitario una propuesta para dar continuidad a los nombramientos de las personas interinas.

  • Petitoria de 2026. Une demandas laborales, financieras, institucionales y democráticas. Denuncia que persisten atrasos en los pagos al personal a tiempo parcial, mientras se reduce el tiempo reconocido para las tareas, se limitan sustituciones, se congelan plazas o se reparten las mismas responsabilidades entre menos personas.

  • Otras gestiones:

    • impulsó una normativa interna para prevenir y sancionar el acoso laboral;

    • tiene presencia en todas las comisiones institucionales con representación del sector laboral;

    • ofrece asesoría legal y atiende consultas diarias.

Sobre el financiamiento universitario, el sindicato dice que desde su fundación ha defendido el FEES “de forma decisiva” y ha denunciado “la errática estrategia seguida por CONARE en sus negociaciones”. Agrega que esa defensa no puede ser acrítica: exige transparencia, prioridades claras y rendición de cuentas. Para el SIUNED, el FEES pasa por exigir que se cumpla el 8% del PIB para la educación pública, “no por negociaciones parciales y sometiéndose a la agenda del gobierno”.

En cuanto a la crisis presupuestaria de la UNED, el pronunciamiento reconoce que existen restricciones financieras. Explica que la universidad ha aplicado medidas de contención que afectan plazas, contrataciones, jornadas, giras y presencialidad, y plantea la pregunta de fondo: “¿quién termina pagando el costo?”. Con base en Baylos (2020) y la experiencia española posterior a la crisis financiera, advierte que las políticas de austeridad pueden modificar de manera duradera las relaciones de poder en el trabajo. “Defender presupuesto y defender derechos laborales son partes de una misma lucha cuando el objetivo es preservar la educación pública como derecho”, concluye.

El tiempo de trabajo y la digitalización

Otro eje del documento es el Sistema de Tiempos para la Actividad Académica (SITA). En 2026, el sindicato rechazó la propuesta de lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia por dos razones: desconocía el trabajo previo hecho con distintos actores institucionales y, sobre todo, podría causar afectaciones regresivas en las condiciones laborales. “El tiempo también es salario y el tiempo también es vida”, afirma el texto. Si una actividad mantiene su complejidad pero se reducen las horas reconocidas, el trabajo no desaparece: se convierte en trabajo no reconocido, en jornadas extendidas o en presión para producir más en menos tiempo.

El SIUNED vincula ese debate con la digitalización del trabajo. Hoy el control puede ejercerse mediante indicadores, plataformas, formularios y tiempos estandarizados. Citando a Baylos (2022), plantea que, si un sistema distribuye cargas, mide productividad o condiciona evaluaciones, las personas trabajadoras y sus organizaciones deben conocer sus criterios y participar en su definición, algo aún más relevante con la expansión de la inteligencia artificial. Sobre el teletrabajo, con base en Romagnoli, advierte que la virtualidad puede producir disponibilidad permanente y extender el trabajo hacia el tiempo personal. El documento lo llama “colonización de la vida cotidiana”.

El pronunciamiento sostiene que las autoridades del Consejo Universitario y la Rectoría no han cuestionado esas dinámicas y que, por el contrario, siguen pidiendo sacrificios. Lo resume así: “En cuanto a temas de condiciones laborales, la UNED es candil en la calle y oscuridad en la casa”. Por eso el sindicato incluye en su agenda:

  • el derecho a la desconexión;

  • el respeto a las jornadas declaradas;

  • el pago del tiempo efectivo de trabajo;

  • la salud ocupacional en entornos digitales;

  • la transparencia de los sistemas automatizados.

“No basta con defender derechos del siglo XX frente a problemas del siglo XXI: es necesario conquistar nuevos derechos”, señala.

Organización y movilización

El SIUNED cierra con una agenda que incluye la defensa salarial, la reducción del interinazgo, el reconocimiento integral del tiempo de trabajo y la participación real en las reformas institucionales. Afirma que la defensa de la universidad pública está ligada al financiamiento educativo, la seguridad social, los servicios públicos y el empleo digno, y llama a la unidad sindical, popular y estudiantil para enfrentar “el modelo neoliberal capitalista”. También advierte que “los criterios jurídicos e informes no alteran las relaciones de poder por sí solos. Exigen organización, respaldo colectivo y movilización unitaria”.

“Las conquistas del pasado parecieron en su momento demandas imposibles”, concluye el documento, que termina con las consignas “¡Tres años de lucha! ¡Ahora sí hay sindicato en la UNED! ¡Unidad de la clase trabajadora!”.

Del enclave bananero al atraso de hoy: apuntes desde Honduras

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Óscar Ávila

Recuerdos de las fincas bananeras

Estoy recordando cuando vivía en las fincas bananeras, cuando aún era un niño que dependía de mis padres. Aunque era hijastro, mi padrastro me trató como a su hijo natural.

En ese tiempo, ser hijo de un funcionario de la empresa Tela Railroad Company (TRRCo) era un privilegio frente a los hijos de “los campeños”, los trabajadores manuales, que a su vez se clasificaban según sus actividades principales, lo que definía sus salarios.

En cada finca había clases sociales. Los hijos de empleados de confianza éramos de estirpe de alta sociedad. En nuestras casas había servidumbre: cocinera, “chinas” para cuidar a la niñez y yardero, lo que ahora llamamos jardinero. Generalmente esos oficios los ejercían personas garífunas. Muchos empleados de confianza eran extranjeros, irlandeses o escoceses, o bien hijos de terratenientes, como era mi padrastro.

Había escuelas bilingües, de inglés y español, para los hijos de los empleados de confianza. Esas escuelas estaban en la zona de la compañía bananera de El Progreso y luego pasaron a manos de los jesuitas. Cada finca contaba con escuela primaria solo hasta tercer grado. Después, las familias tenían que buscar escuelas privadas o dejar a sus hijos sin seguir estudiando. Es decir, convertirlos en fuerza laboral semianalfabeta.

Hasta el transporte estaba clasificado. El tren de pasajeros, que cruzaba la costa atlántica hasta Trujillo, tenía vagones con áreas de primera y de segunda clase. Había incluso un tren con vagones que llamaban “machangay”, que no tenía asientos: todas las personas viajaban de pie. En ese tiempo no había carretera, solo la línea férrea, así que había que viajar en tren. Por eso era común que un adolescente perdiera una o las dos piernas al tratar de subirse a un tren en marcha.

Las mulas se usaban para cargar dos y hasta cuatro racimos de banano verde, que se llevaban hasta una plataforma de cemento de unos 12 metros de largo por tres o cuatro de ancho, a la que llamaban “lavadora”. Del techo colgaban unas cadenas y tubos que giraban lentamente sin detenerse, con unos ganchos largos de metal donde se colgaba cada racimo. Así pasaban uno tras otro, hasta asegurar que todos los bananos quedaran bañados con un líquido que contenía químicos para combatir las enfermedades comunes de la fruta.

Después del baño, los racimos, muy pesados, debían trasladarse sin golpearlos a los vagones del tren estacionados, hasta llenarlos. Luego llegaba una locomotora, enganchaba los vagones y se los llevaba a Puerto Tela, a Puerto Cortés o hasta Trujillo, para embarcarlos hacia EUA.

El atraso

Aquella sociedad de clases, dirigida desde arriba, me hace pensar en cómo un país puede mantenerse en el atraso por muchos años, según las élites que lo gobiernan.

Si a quienes gobiernan no les importa un sistema democrático formalmente establecido, el de gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, lo que ese pueblo exprese “por un oído les entra y por el otro les sale”, tal como lo acaba de decir abiertamente un presidente centroamericano. Aunque eso sea imposible por la naturaleza humana, no cabe duda de que una sociedad puede seguir en el letargo de su atraso si no reacciona colectivamente.

Un ejemplo es la renovación de la licencia de conducir. Los avances tecnológicos deberían permitir que quienes tienen su licencia vencida puedan renovarla sin tener que madrugar para hacer largas filas frente a las ventanillas de las oficinas públicas, lo que favorece a tramitadores que cobran para repartirse ese ingreso con funcionarios.

Son horas, desvelos y desgaste de miles de personas, víctimas de un sistema obsoleto que no considera a las personas adultas mayores ni a las personas con discapacidad, y que se mantiene en las sociedades atrasadas en beneficio de unos pocos, ante la mirada cómplice de una burocracia también obsoleta. Desde luego, hay unos pocos que se lucran de este sistema a costa del sacrificio de muchos.

Las playas del Atlántico

Ese abandono se ve también en lo que debería ser motivo de orgullo. Hace poco fuimos de visita a Puerto Cortés, en el Atlántico hondureño. Desde la playa pública, administrada por la municipalidad, pudimos ver a unos cinco barcos mercantes anclados a cerca de un kilómetro de distancia, esperando ser atendidos en los muelles.

En la playa había unas tres docenas de motociclistas con sus vehículos estacionados, además de una veintena de jóvenes turistas que tomaban el sol y se divertían a lo grande. Ese ambiente agradable podría no ser del todo recomendable si tomamos en cuenta la salud y la higiene de la población.

Los barcos interoceánicos tienen tanques sépticos que, al llenarse, pueden vaciarse en el mar. A eso se suman los desagües de la ciudad. Aunque no confirmamos hacia dónde corren las aguas negras de ese puerto, hay un riesgo serio para la salud pública. Supimos que también hay playas privadas, pero igual habría que saber si el agua allí está libre de desechos humanos y cumple los niveles de calidad necesarios.

Esperamos que las autoridades aclaren estos puntos, porque esas playas, que se extienden por muchos kilómetros a lo largo del Atlántico hasta Nicaragua, son sin duda un atractivo turístico.

Marlin Óscar Ávila
Honduras, 2026

Sala Constitucional ordena a ministro de Hacienda pagar ₡69 mil millones a la CCSS

UNDECA exige el cumplimiento efectivo de la sentencia

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) celebra una histórica victoria jurídica y sindical en defensa de los recursos de la seguridad social y de los derechos de las personas trabajadoras, pensionadas y sus familias.

En julio de 2016, la Junta Directiva de la CCSS acordó incrementar la contribución estatal para financiar las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero el Poder Ejecutivo omitió incorporar los recursos en el Presupuesto Nacional del 2018.

UNDECA recurrió inmediatamente a la justicia constitucional para denunciar el incumplimiento de las obligaciones estatales y exigir la protección de los recursos de la seguridad social.

La Sala Constitucional, en la sentencia de fondo, declaró con lugar la demanda y concedió al Ministerio de Hacienda un plazo de cinco años para que cancelara la deuda. Lejos de respetar el mandato del Tribunal Constitucional, el ministro de Hacienda trató de darle más largas -como si cinco años no hubieran sido suficientes y razonables- y solicitó la ampliación del plazo concedido en la sentencia.

UNDECA se opuso contundentemente a esa gestión dilatoria y la misma Sala Constitucional, en la resolución n.º 2026-038477, reafirmó la sentencia y ordenó, de manera categórica, al ministro de Hacienda cancelar ₡68.986.838.514,16 (principal más intereses) adeudados a la CCSS, correspondiente al saldo pendiente del 2018, cuya partida debe ser incluida en el próximo presupuesto extraordinario.

Esta resolución representa un nuevo y trascendental resultado de la lucha sostenida por UNDECA, que confirma que los recursos de la seguridad social son inajenables y que ningún Gobierno está por encima de la ley.

UNDECA siempre en defensa de los recursos y el patrimonio de la CCSS.

¡Las deudas del gobierno con la Caja se pagan!

Red de Organización Popular de Cartago convoca a una faroleada por la paz, la democracia y la libertad el 29 de octubre

La actividad será en la plaza Mayor de Cartago, como acto de desagravio por los hechos del 14 de setiembre y en conmemoración de la independencia de Costa Rica.

La Red de Organización Popular de Cartago invita a las organizaciones sociales de Cartago y del resto del país a la Faroleada por la Paz, la Democracia y la Libertad. Se realizará el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:30 p. m., en la plaza Mayor de Cartago.

La organización expresa su repudio a “los lamentables hechos ocurridos el pasado 14 de setiembre en la plaza Mayor de Cartago”. Plantea la faroleada como una forma de reivindicar los valores cívicos y de reafirmar el compromiso con la independencia, la libertad, la paz y la democracia.

La fecha coincide con la conmemoración del 29 de octubre de 1821, “el glorioso día que en cabildo abierto y delegados de los principales cabildos de Costa Rica se realiza la independencia de Costa Rica”, según recuerda la convocatoria.

“Esta actividad constituye un acto de desagravio y una manifestación pacífica de los cartagineses que amamos la democracia, defendemos nuestros valores y rechazamos toda forma de represión del actual gobierno”, señala la invitación. Añade que será “una oportunidad para demostrar, con respeto y unidad, que somos una comunidad de paz, comprometida con la convivencia democrática y la defensa de nuestras libertades”.

  • Lugar: plaza Mayor de Cartago.

  • Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

  • Hora: 5:30 p. m.

  • Se recomienda llevar su propio farol.

La organización aclara que no se solicitará la presentación de la cédula de identidad para participar. Agradece la participación y pide asistir “con espíritu cívico, respeto y compromiso”.

De Óscar Arias (1986) a Rodrigo Chaves (2026): la ilusión de la ruptura y la liquidación del Estado Social de Derecho. Parte segunda

Por: Lenin Chacón Vargas

El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.

7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política

Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.

Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.

Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.

8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»

Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.

Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.

El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.

Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.

9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas

La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.

Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.

Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.

Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:

Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).

Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.

Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).

Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.

El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.

El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.

10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!

A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.

Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.

El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.

El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.

Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.

Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.

NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:

«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …

«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.

20/10/26, Limón Costa Rica.

Por una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que garantice su independencia, la democracia y el Estado Social de Derecho

Ante la pronta elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los movimientos de mujeres, feministas y aliadas solicitamos que se nombre una mujer en dicho cargo.

En toda la historia de la Corte Suprema, de 11 presidencias, solo una mujer ha presidido este órgano (Zarela Villanueva). Tal panorama no es acorde con el principio de igualdad y no discriminación que está presente en la Constitución Política y en los numerosos tratados internacionales vinculantes para Costa Rica.

Recordamos que es obligación de las autoridades remover las barreras históricas que han limitado la participación de las mujeres en los espacios de máxima autoridad pública. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad histórica de dar el ejemplo en el cumplimiento de esta obligación jurídica.

La Presidencia del Poder Judicial no puede seguir siendo un espacio vedado a las mujeres. Es tiempo de romper esa barrera histórica. Es tiempo de una mujer al frente del Poder Judicial.

Las abajo firmantes reconocemos que la defensa de la independencia judicial, la supremacía constitucional, la separación de poderes, la garantía y protección efectiva de los derechos humanos requieren un liderazgo con solvencia moral y jurídica, integridad, experiencia y compromiso inequívoco con la democracia y el Estado de Derecho. En el contexto actual, es indispensable que se elija a una persona que dé garantía de autonomía e independencia frente a las presiones políticas e injerencias indebidas.

Creemos firmemente que existen mujeres magistradas que reúnen estas condiciones y que podrán ejercer dicho cargo con responsabilidad y dignidad.

Por estas razones, demandamos a todos los y las magistradas que asuman su deber democrático y elijan una mujer mediante un proceso transparente, basado en méritos, idoneidad, ética, integridad, independencia y compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

¡Por una justicia independiente, democrática y comprometida con la igualdad!

¡Por una mujer en la Presidencia del Poder Judicial!

Organizaciones, colectivos y personas firmantes:

  1. Asociación Ciudadana Acceder

  2. Asociación Feminista La Corriente

  3. Asociación IXACAVAA de Desarrollo e Información Indígena

  4. Colectiva Acción Feminista

  5. Colectiva por el Derecho a Decidir

  6. Colectiva Profesionales para Ciudadanía

  7. Colectivo Mujeres por Costa Rica

  8. Costa Rica Solidaria

  9. FECON

  10. Feministas en Resistencia

  11. Fundación Justicia y Género

  12. Junta de Salud de Hospital Nacional de Geriatría

  13. MMUCR

  14. Movimiento de Mujeres y Feministas

  15. Movimiento de Mujeres Universitarias

  16. Mujeres Por Costa Rica

  17. Observatorio de medios de comunicación y género GEMA

  18. Picos Rojos

  19. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  20. Taller de Lectura Crítica de Curridabat

Personas:

  1. Ana Elena Obando

  2. María Flor Abarca Alpízar

  3. Ligia Martin Salazar

  4. Johanna Alfaro

  5. Adam Álvarez Calderón

  6. Sandra Araya Umaña

  7. Amalia Arce

  8. Paula Arias Artavia

  9. Lilliana Arrieta

  10. Roxana Arroyo Vargas

  11. Katia Ávalos

  12. Alicia Avendaño

  13. Ana Elena Badilla

  14. Grettel Balmaceda García

  15. Macarena Barahona Riera

  16. Syndell Bedoya Rivera

  17. Margarita Bolaños Arquín

  18. Giselle Boza

  19. Esther Camacho Ramírez

  20. Ana Lorena Camacho De la O

  21. Zaida Camacho Aguilar

  22. Ana Gabriela Campos

  23. Ivette Carranza

  24. Ana Carter

  25. Sandra Cartin Herrera

  26. Bianca Carolina Castaño Sandoval

  27. Kattia Isabel Castro Flores

  28. José Manuel Cerdas

  29. Ana Helena Chacón

  30. Carmen Ma. Chacón Mora

  31. Rocío Chaves

  32. Ana Lupita Chaves Salas

  33. Marcos Chinchilla Montes

  34. Saray Córdoba González

  35. Amable Corrales

  36. Cecilia Cortés Quirós

  37. Carmen Cubero Venegas

  38. Gabriela Delgado

  39. Vínyela Devandas Brenes

  40. Natalia Dobles Trejos

  41. Sonia Duran

  42. Janekeith Orliden Durán Barberena

  43. Luz María Elizondo Fallas

  44. Alda Facio Montejo

  45. Marco Feoli

  46. Flora Fernández Amón

  47. Alejandra Fernández Bonilla

  48. Lili Fernández González

  49. Mabel Figueroa

  50. Guisella Flores

  51. Ana Lucía Fonseca

  52. Jacqueline García Fallas

  53. Nora Garita Bonilla

  54. Yamileth González García

  55. Alejandro Guevara Arroyo

  56. Elda Gutiérrez Gutiérrez

  57. Ester María Herrera Fonseca

  58. Rubieth Jaén

  59. Florencia Jiménez

  60. Xiomara León Saborío

  61. Gabriela Lobo

  62. María Elena López

  63. Sonia Madrigal

  64. Aramis Márquez Vásquez

  65. Ana Teresa Martínez Martínez

  66. Leda Ma Martínez Quesada

  67. Gabriela Mayorga

  68. Sylvia Mesa Peluffo

  69. María Mesén Fallas

  70. Flory Isabel Meza Calvo

  71. Melania Monge

  72. Ivannia Monge Naranjo

  73. Sary Montero

  74. Haydee Rebeca Montero Pineda

  75. Karol Montero Rony

  76. Sharon Montoya Azofeifa

  77. Edwin Mora

  78. Sylvia Muñoz

  79. Laura Murillo Mora

  80. Sara Núñez

  81. Carolina Ovares

  82. Marta Quesada

  83. Ana Quirós Víquez

  84. Teresita Ramellini Centella

  85. Paola Ramírez

  86. Virginia Ramírez Cascante

  87. M. Cecilia Ramírez Sánchez

  88. José Gabriel Rivas Ducca

  89. Yolanda Rojas

  90. Gloriana Rojas

  91. Ana Patricia Ruiz Cambronero

  92. Yamileth Ruiz Vargas

  93. Nia Salas

  94. Ana Marcia Aguiluz Soto

  95. Arabella Salaverry

  96. Marta E. Sánchez Salazar

  97. Vera Victoria Sancho Mora

  98. Sonia Sandi

  99. María Antonieta Sequeira Lepiz

  100. Zarelly Sibaja Trejos

  101. Marta Solano

  102. Guiselle Solera

  103. Eugenia Solis

  104. Wilson Solis

  105. Luvia Soto Cabrera

  106. Christel Steinvorth

  107. Mario José Suazo Palma

  108. Ana Felicia Torres Redondo

  109. Isabel Trejos

  110. Ana María Trejos Trejos

  111. Teodora Tsijli

  112. Helena Ulloa Ramírez

  113. Roxana Vaglio Rivas

  114. Alicia Eugenia Vargas Porras

  115. Ibelís Velasco Fuentes

  116. Leidy Villalobos

  117. Margarita Villalobos

  118. Valeria Villalobos Ramírez

  119. Heidy Villalobos-Barrantes

  120. Esperanza Zúñiga

  121. Enriqueta Zúñiga

  122. Lizeth Ramírez Camacho

  123. Adrián Monge Aguiluz

  124. Isabel Monge Aguiluz

  125. Nikole Jirón Beirute

  126. Marcela Martino Aguilar

¿Por qué defender el presupuesto para las universidades y la educación superior?

Vladimir de la Cruz

Defender el presupuesto de las universidades públicas es un deber de las mismas universidades, y del Consejo Nacional de Rectores. Esto no es discutible.

Hoy, cuando las autoridades políticas de gobierno han perdido la visión nacional del desarrollo, las autoridades de las universidades son las que tienen en sus manos el irrenunciable papel de defender las universidades públicas, y su presupuesto público, en la negociación presupuestaria con las autoridades de gobierno, y con los diputados, que tienen en sus manos la etapa final de aprobación de presupuesto que el gobierno les envía respecto a las universidades.

Pero, también, la defensa del presupuesto para las universidades es un deber mayor, una obligación de los estudiantes, del movimiento estudiantil organizado, es decir, de todos los grupos de estudiantes que existen organizadamente en el interior de cada una de las universidades. Y, también, debe ser preocupación de los estudiantes de colegios, y de sus familias, porque se está peleando el derecho de ellos a la posibilidad de su educación superior.

Las asociaciones estudiantiles de cada unidad académica y las federaciones de estudiantes, de cada universidad, y de los centros o sedes regionales, deben asumir la conducción de las luchas de los estudiantes por la defensa del presupuesto para las universidades.

Es igualmente una lucha de las asociaciones y sindicatos gremiales de educadores, maestros y trabajadores en general de la educación. No es una lucha al margen de sus propios intereses.

A las movilizaciones de los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades se deben unir y sumar los trabajadores, profesores y estudiantes de las escuelas y colegios de todo el país.

La lucha por el presupuesto universitario es también una lucha y una preocupación permanente de todas las familias, de todos los padres y madres costarricenses y migrantes residentes en el país, porque es la lucha para garantizar que todos los niños, de ahora y del futuro, en edad preescolar, escolar y colegial puedan llegar a tener la posibilidad de estudiar en las universidades públicas.

Esta lucha se debe dar en San José presionando a los diputados, directamente en la Asamblea Legislativa, especialmente en estas semanas de octubre y noviembre, cuando se está discutiendo el Presupuesto Nacional para el 2027, cuando ya se han señalado los importantísimos recortes que se están discutiendo, que ponen en peligro sedes universitarias completas, cierre técnico y real de carreras universitarias, paralización de programas académicos de extensión cultural o profesional, de investigación, de docencia y de especialidades académicas.

También esta lucha tiene que hacerse sentir en las distintas comunidades del país, especialmente en aquellas donde hay sedes y recintos universitarios. Los sindicatos universitarios y las asociaciones de trabajadores y educadores de todo tipo, como la ANDE, APSE, SEC, deben integrarse a esta lucha nacional en defensa de la educación superior, que es también la defensa de los intereses de la educación nacional escolar y colegial.

La reducción del presupuesto al nivel que se quiere llevar en su aprobación reduce las posibilidades de ingreso de estudiantes que ahora están en el colegio para que puedan llegar a los estudios superiores.

En otras palabras, se reduce la admisión a las universidades públicas y se cierran posibilidades y oportunidades de preparación académica que permitan la movilización social, mejorar las condiciones socioeconómicas y sociales de los estudiantes y sus familias, y las posibilidades de superar la pobreza. Estadísticamente se ha sostenido que un estudiante con solo ingresar a la universidad se coloca en el nivel superior al de la pobreza.

Los estudiantes son la razón de ser de las universidades. Sin estudiantes no hay universidad.

Políticamente, los gobiernos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández están interesados en acabar con el sistema público de la educación nacional, en todos sus niveles, pero especialmente en el de la educación superior. No les interesa una formación humanística que genere una conciencia crítica sobre los problemas fundamentales de la sociedad costarricense, para lograr mayor compromiso ciudadano en sus posibles soluciones. Su forma de acabar la educación superior es reduciendo su presupuesto nacional provocando la privatización de toda la educación, en todos sus ciclos, primaria, secundaria y superior, como se impulsa bajo las políticas neoliberales en distintas partes del continente, excepto México, donde la presidenta actual, hace pocos días, ha declarado la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo, incluyendo las universidades, y las posibilidades de acceso a él de toda la población.

La lucha por el presupuesto universitario no es de ahora. La empezamos los estudiantes del Frente de Acción Universitaria, FAU, cuando a inicios de la década de 1970, y en 1971, dimos la lucha para que, a la Universidad de Costa Rica, en ese momento la única universidad que había en el país, se le igualara su presupuesto al de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a un 6% del presupuesto nacional. La lucha por el 6% fue intensa, sostenida, larga, de manifestaciones y movilizaciones, de paros universitarios, de huelgas. Permitió despertar una conciencia universitaria sobre esta necesidad presupuestaria. Fue sostenida con esas marchas, con esas huelgas, con plantones como se dice hoy, con tiendas de campaña en los jardines de la Asamblea Legislativa, cuando eran de acceso directo al público, como se hizo con ALCOA, en 1969 y 1970, también, para presionar directamente a los diputados. No se logró en aquellos años ese porcentaje para la Universidad de Costa Rica. Pero, se logró la conciencia de que esa batalla es de todos los años frente a los gobiernos anti-educación pública.

Los gobiernos liberacionistas de 1970-1978, de José Figueres y Daniel Oduber, impulsaron la creación de las otras universidades públicas, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Recientemente, la última de las universidades públicas fue la Universidad Técnica Nacional. Con ellas se impuso un Fondo para la Educación Superior, el FEES, para su mantenimiento y funcionamiento, de todo el sistema universitario que a partir de ese momento iría en crecimiento.

Interesada y visionaria fue la creación de estas universidades en otras ciudades importantes del país, al margen de las sedes regionales que cada una de ellas fue impulsando.

Así, las sedes principales de las universidades públicas se crearon el 26 de agosto de 1940, en San José, la Universidad de Costa Rica, UCR, en la capital de la República, el 10 de junio de 1971 el Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, en Cartago, el 15 de febrero de 1973 la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, el 3 de marzo de 1977, en San José, la Universidad Estatal a Distancia, UNED y el 4 de junio del 2008, en Alajuela, la Universidad Técnica Nacional.

La Universidad Técnica Nacional fue el resultado de la fusión que se hizo con el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), el Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco (CURDTS).

La primera de estas universidades fue fundada en el gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y las otras cuatro bajo gobiernos socialdemócratas, del Partido Liberación Nacional, bajo los gobiernos de José Figueres Ferrer, 1970-1974, Daniel Oduber Quirós, 1974-1978, y Óscar Arias Sánchez, 2006-2010.

De aquí, que los partidos socialcristiano y socialdemócrata, con sus diputados actuales, la socialcristiana y los liberacionistas, tengan la obligación principal, moral y política de defender sus creaciones educativas superiores.

La izquierda política siempre ha apoyado la educación pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, como un derecho ciudadano fundamental.

Los liberales del siglo XIX la impulsaron como un factor de movilización social, de oportunidades y posibilidades para las personas, y como un factor clave para el desarrollo del país. Así fue, por ejemplo, con gobernantes como Juan Mora Fernández 1823-1833, José María Castro Madriz en sus dos gobiernos, en las décadas de 1840 y 1860, Jesús Jiménez Zamora en 1869. En el siglo XX lo hicieron Alfredo González Flores, 1914-1917, Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, José Figueres, 1953 y 1970-1974, Daniel Oduber, 1974-1978 y Oscar Arias 2006-2010, fundando otras universidades.

Con los primeros centros regionales universitarios de San Ramón y de Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, se produjo una revolución académica de gran proyección de la educación superior a las provincias, regiones, comunidades y distintos pueblos. Se le llevó la educación superior a los ciudadanos, y a los jóvenes, de manera más cerca, a sus propias comunidades, para que tuvieran mayor oportunidad de acceso a sus estudios y preparación académica y profesional.

Con ellos se le llevó la posibilidad de estudios superiores a los jóvenes, y a sus familias, de acercarles los estudios a centenares, y hoy a miles de jóvenes, de poder llegar a los estudios superiores universitarios.

Sucedió igual con el surgimiento de las otras universidades públicas que fueron desarrollándose, con su surgimiento y con sus respectivas proyecciones regionales.

Así se impulsaron las siguientes sedes y recintos universitarios de la Universidad de Costa Rica, la Sede de Occidente, que está en la ciudad de San Ramón, la del Atlántico, que está en la ciudad de Turrialba, con recintos en Paraíso de Cartago y Guápiles de Limón, la de Guanacaste que está en la ciudad de Liberia, con un recinto en la ciudad de Santa Cruz, la del Caribe, ubicada en Puerto Limón, la Sede del Pacífico en el cantón central de Puntarenas y en Esparza, y la Sede del Sur en Golfito, Puntarenas.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) tiene 5 unidades principales distribuidas en el país, divididas en 3 campus y 2 centros académicos. Ellos son: el Campus Tecnológico Central cuya sede principal está en Dulce Nombre de Cartago, el Campus Tecnológico Local San José, en Barrio Amón, el Campus Tecnológico Local San Carlos, en Santa Clara de Ciudad Quesada. El Instituto Tecnológico tiene también los Centros Académicos de Alajuela, ubicado en Villa Bonita de Alajuela, y el de Limón, frente al Colegio Diurno.

El de San Carlos opera como una Unidad de Cooperación para la Transferencia de Tecnología y Educación Continua del Campus Tecnológico Local San Carlos.

La Universidad Nacional tiene cinco sedes universitarias distribuidas así: la Sede Central, en Heredia, que tiene el Campus Omar Dengo y el Campus Benjamín Núñez Vargas, la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, la Sede Regional Brunca, con los campus en Pérez Zeledón y Coto, y la llamada Casa Golfito, y la Sede Regional Huetar Norte y la Caribe ubicada en Sarapiquí.

Bajo el manto de la UNA, está la Sede Interuniversitaria de Alajuela

que es un espacio de articulación y cooperación académico entre las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional.

Por su parte los recintos universitarios de la Universidad Técnica Nacional están, con su sede principal en Alajuela y sus sedes regionales en el Pacífico, en Atenas, en Guanacaste y en San Carlos.

Este panorama de sedes centrales, sedes regionales y centros académicos de las universidades públicas nacionales es el que está amenazado de debilitarse, y de desaparecer por partes, por las acciones lesivas que impulsa el actual gobierno y su fracción legislativa del partido Pueblo Soberano, chuceada por el copresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al no aprobar lo que constitucional y legalmente están obligados a darle al sistema nacional de Fondos para la Educación Superior, y por rebajar el presupuesto afectando negativamente a las universidades públicas en sus objetivos de crear, conservar y trasmitir la cultura nacional y universal, de ofrecer, a la juventud y a los estudiantes, la posibilidad de sus estudios superiores, de una educación integral que les garantice su óptima formación profesional y técnica, su desarrollo integral, moral, cultural y personal. Así, como de promover la investigación científica de alto nivel técnico y académico, para contribuir al mejoramiento de la vida social, cultural, política y económica del país, y elevar el nivel espiritual y educativo de los costarricenses, para coadyuvar en los procesos de desarrollo, modernización y mejoramiento técnico de los sectores productivos, las empresas exportadoras y, especialmente, las pequeñas, medianas y microempresas. Del mismo modo, para preparar profesionales de nivel superior, por medio de carreras universitarias que guarden armonía con los requerimientos científicos y tecnológicos del desarrollo mundial y las necesidades del país, que culminen con la obtención de títulos y grados universitarios, dando énfasis especial a las carreras técnicas que demanda el desarrollo nacional. De la misma manera, desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada.

El sector empresarial de todo tipo del país, desde 1940, con la Universidad de Costa Rica, y con las universidades públicas que surgieron en la década de 1970, ha sido el principal sector de la economía nacional favorecido de sus graduaciones y preparaciones, de más del 90% del personal profesional contratado. La sociedad costarricense en su conjunto igualmente ha sido favorecida por la presencia de las universidades públicas en el bienestar nacional alcanzado. Las inversiones extranjeras que vienen a Costa Rica lo hacen porque valoran la capacidad profesional de los graduados universitarios costarricenses. El Instituto Tecnológico surgió en alianza estrecha con el sector empresarial costarricense.

La amenaza a esta presencia universitaria en todo el territorio nacional, con las decisiones negativas de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y su camada política de diputados, con graves problemas de capacitación, profesionalismo y entendimiento para comprender el significado de la educación al pueblo, a la juventud para un mejor desarrollo socioeconómico y político nacional, hay que detenerla por el bienestar del Desarrollo del Estado Social de Derecho y por la afirmación del Estado de Bienestar que se construyó durante el período histórico de la Reforma Social, 1943-1948 y bajo el impulso de la Junta Fundadora de la Segunda República con las reformas y refuerzos que se hicieron en la educación pública en general y de manera particular en la educación superior.

Las movilizaciones estudiantiles universitarias hay que sostenerlas en las siguientes semanas hasta noviembre, cuando tiene que votarse el Presupuesto Nacional del 2027.

Hay que involucrar a los gremios, asociaciones y sindicatos de la Educación primaria y secundaria.

Hay que llamar a los padres y madres de familia, de los jóvenes estudiantes, a apoyar esta lucha que también es por ellos.

Hay que vincular esta lucha al rescate de los fondos que ya le han sido eliminados a la educación primaria y secundaria de subsidios de becas, comedores escolares, transportes estudiantiles.

Hay que vincular estas luchas a la de arreglos y reparaciones reales a los casi 900 establecimientos escolares que tienen amenaza de ser cerrados, por mal estado y malas condiciones sanitarias.

Hay que vincular estas luchas a las condiciones salariales de los educadores y trabajadores de la educación, y de todos los asalariados, y pensionados, para que sus salarios y pensiones congeladas desde hace 5 años se descongelen, y no se mantenga su congelamiento por los siguientes 5 años como quiere el gobierno de Laura Fernández.

Hay que vincular esta lucha para que no se aumenten los años ni las cuotas del seguro social, obligando a los trabajadores a aumentar su expectativa de retiro jubilatorio o de pensión a los 70 años.

Hay que vincular esta lucha al retiro del ROP cuando el trabajador así lo requiera en el momento de su retiro laboral.

Por cosas como estas los estudiantes franceses, alemanes y europeos, y de México, en 1968 se movilizaron con grandes jornadas de luchas sociales y populares, y con grandes sacrificios como los mexicanos, se movilizaron y los actuales de Francia se están movilizando. En las luchas de 1968 los movimientos sindicales europeos entendieron, y se sumaron, a las luchas estudiantiles.

En Europa, pero es parecido en Costa Rica, el descontento social existe, activo en Europa, pasivo en Costa Rica. Hay malestar social que afecta el pacto político y social del país. Miles de costarricenses, de las generaciones actuales, empiezan a ver que una vivienda digna, un trabajo seguro, un salario suficiente, una segura posibilidad de realizarse como parejas o matrimonios jóvenes, el tener hijos, o la simple esperanza de un futuro mejor son metas casi inalcanzables.

Los sindicatos nacionales costarricenses, sus centrales y federaciones sindicales deben sumarse, al menos solidariamente, a la lucha de los universitarios, en defensa de la educación en general y superior en particular, como defensa de los propios trabajadores, padres y madres, abuelos y abuelas de todos los estudiantes hoy en lucha.

La lucha del estudiantado universitario, y de las universidades públicas, es una lucha válida, justa y democrática por Costa Rica.

¡Hay que mantener la lucha social sostenida con presión en la Asamblea Legislativa, y sus diputados, hasta noviembre!

Los pueblos del mundo dicen no al bloqueo contra Cuba

Trino Barrantes Araya
camilosantamaría775@gmail.com
Secretario general del PVP-PCCR

¡Saludes pueblo de Cuba!

Camaradas, compañeros, pueblo de Cuba, señor Miguel Díaz-Canel, desde Costa Rica, en especial desde el Partido Vanguardia Popular-Partido Comunista de Costa Rica y de lo más profundo de internacionalismo proletario, reciba nuestro voto de confianza y apoyo “martiano”.

Un mes después del triunfo de la Revolución Cubana -1 de enero de 1959-, del triunfo de la insurrección popular que liberó a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista; inmediatamente el gobierno gringo, con sus vicios y desplantes de hegemón, estableció los mecanismo para bloquear la arteria económica más importante de nuestra hermana república de Cuba, sí, bloqueó la cuota azucarera.

El camino de este genocida bloqueo, inició así su larga caminata de perversidades contra un pueblo que reclamaba para sí, únicamente justicia, autodeterminación, soberanía y paz.

Bloqueo económico, comercial y financiero, hoy energético. Aunque este tipo de bloqueo no es nuevo. En agosto de 1959 la American Foreingn Power Company cancelaba a favor de Cuba, millones de dólares, en respuesta asimétrica a la reducción de tarifas impuestas por el nuevo gobierno revolucionario.

Aunado a esas primeras medidas, la administración de los Estados Unidos de América-USA-EE.UU, le suspendió a la isla la venta de helicópteros, aviones, además, las transnacionales del petróleo, a saber Texaco, Esso, Shell suspendieron el suministro de petróleo y ya para 1960, quedaban prohibidas todas las ventas de los EE.UU hacia Cuba.

El comercio cubano-estadounidense se detiene y por primera vez los gringos rompen relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno revolucionario. Esta medida se materializará más tarde el 31 de enero de 1962, cuando en la reunión de Punta del Este, en la VIII Reunión de ministros de RR.EE, se expulsa a Cuba de dicha instancia internacional.

Solo a 3 años de ese perverso bloqueo, se aúna otra brutal medida antihumanitaria. Los EE.UU prohíben el ingreso de medicinas y alimentos a nuestra hermana isla. La danza diabólica del hegemón estrechaba así, cada vez más, el cerco para matar a Cuba.

Pero digámoslo,, esas son las medidas coercitivas más visibles; porque en los siguientes quinquenios, la enmiendas dirigidas a estrangular y estrechar cada vez más la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Cuba tiñen de maldad el mapa de América:

  • La Enmienda Pepper

  • La Enmienda Mack

  • La Enmienda Smith

  • La Ley Torricelli

  • La Ley Helms-Burton

  • Ley Parodi, solamente para citar algunas

El sitio a Cuba, los mecanismos de extraterritorialidad van ampliando cada vez más el tejido intervencionista. Así mismo, cada vez serán más violentas las medidas para abortar la Revolución Cubana.

El bloqueo a los medios de comunicación, la negación y límites para viajar a Cuba, el impedimento de enviar divisas, y tantas otras medidas coercitivas, adivinan el rostro del mal del imperio yanqui en este tema.

Pero la perversidad del hegemón no se queda ahí. Ahora ensaya otros métodos inhumanos para asfixiar este digno proceso. Suspensión de productos químicos, restricción a la maquinaria agrícola, clausura de repuestos, guerra bacteriológica, envenenamiento de abejas, ganado y la caña de azúcar, contaminación a otros cientos de productos alimenticios, corte violento de suministros para al industria azucarera y la producción de ron, negación al ingreso de medicinas e implementos médicos. En fin, el abanico de esas injusticias llenaría muchos récord de los libros Guines.

Las afectaciones y los daños ocasionados por el bloqueo superan cualquier cifra imaginaria del cálculo estadístico.

Pero Cuba resiste, Cuba sigue de pie. Su moral revolucionaria, democrática y popular no ha podido ser doblegada, aún bajo el asedio del costo de esos datos económicos escalofriantes. Su brutal aislamiento puede medirse en sumas millonarias de dólares, como el costo de sus pérdidas por esas irrazonables medidas coercitivas. Pero el pueblo cubano, su ejército, su gobierno y las instituciones siguen de pie, siguen adelante.

Este 28 de octubre en el seno de la Asamblea General de la ONU vuelve a estar como tema central la votación a favor del levantamiento del bloqueo. Recordemos que, durante los últimos 33 años consecutivos, la votación contra esa medida ahistórica e irracional se ha votado favorablemente para Cuba.

Esperamos que la representación del actual gobierno de Laura Fernández sepa, en esta oportunidad honrar la memoria de Juanito Mora y que los demás países de este continente sigan el ejemplo moral de sus próceres.

¡Viva Cuba libre y soberana!
¡Abajo el bloqueo!

Sigue pendiente el Funeral de Estado para el presidente Juan Rafael Mora Porras

Vladimir de la Cruz

El asesinato fraguado contra el presidente Juan Rafael Mora Porras, realizado el 30 de setiembre de 1860, hace 166 años, en El Jobo de Puntarenas, sigue sin que la Patria haya saldado el homenaje que se le debe como presidente de la República.

El presidente Juan Rafael Mora Porras fue el máximo héroe costarricense y centroamericano, así también reconocido en Centroamérica, el gran estratega y conductor de la Guerra Nacional Centroamericana, y de la Gesta Nacional de 1856 y 1857, contra la presencia filibustera estadounidense en Nicaragua y en Costa Rica, con el peligro que esa hueste extranjera significaba para la independencia, soberanía de las jóvenes repúblicas centroamericanas, que acababan de salir del yugo colonial español, y la libertad de los pueblos centroamericanos, de haberlos sometido al esclavismo, y la anexión a los estados sureños y esclavistas de los Estados Unidos.

El 14 de agosto de 1859 le dieron un golpe de Estado al presidente Juan Rafael Mora Porras, en su tercer gobierno legítimamente elegido. Lo expulsaron del país hacia El Salvador con el general José María Cañas Escamilla, con su hermano el general José Joaquín Mora Porras, todos héroes y grandes conductores militares de la Guerra Nacional, y otras personas muy allegadas al presidente. Allí vivieron un corto tiempo el presidente Mora y ellos.

En 1860 el presidente Juan Rafael Mora Porras se dispuso a regresar a recuperar la Presidencia que le había sido arrebatada y arrebatada. Traicionado en su intento militar, a su regreso, se enfrentó en el Combate de la Angostura, en Puntarenas, obligado por esa traición a entregarse ante las fuerzas militares del gobierno que habían sido enteradas de su regreso y que llevaban la misión de acabarlo, dándole muerte.

La rendición de Mora se hizo bajo el compromiso de respetar la vida de los que lo habían acompañado en ese intento de recuperar la Presidencia, especialmente a su hermano el general José Joaquín Mora Porras, y también a su cuñado, hermano político, el general José María Cañas Escamilla.

No había en las filas oficiales del ejército que fue enviado a enfrentarlos y juzgarlos el número suficiente de oficiales, generales, que pudieran constituirse en el Tribunal Militar que llevara su juicio. Para ello improvisaron una oficialidad sin ningún procedimiento militar de ascensos y reconocimientos pertinentes, tan solo para justificar el crimen que ya tenían planeado y ordenado.

Así, en Puntarenas se constituyó, en pocas horas, el Consejo de Guerra o Tribunal Militar que determinó la muerte por fusilamiento del presidente Juan Rafael Mora Porras, órdenes que se llevaban de San José, del propio gobierno surgido del golpe de Estado, de José María Montealegre Fernández, de su vicepresidente Francisco María Yglesias Fernández y de los generales Máximo Blanco y Florentino Alfaro, que habían sido enviados a Puntarenas jefeando la tropa gobiernista, junto al coronel Pedro García Oreamuno y a Vicente Aguilar Cubero, todos opositores políticos del presidente Mora, líderes de la élite política y económica, que veían el regreso de Mora como un serio peligro a sus negocios e intereses económicos.

Así, se consumó el asesinato del presidente. El compromiso de no fusilar a Cañas y a José Joaquín se alteró por orden del presidente Montealegre. De esa manera, el 2 de octubre fue también fusilado el general José María Cañas Escamilla. Así se produjo la página más oscura, más negra de la Historia Patria.

Los cuerpos de Mora y Cañas se ordenó tirarlos al estero de Puntarenas, con el propósito de que allí desaparecieran. Esto se evitó gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del presidente, entre ellos los cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, que impidieron que los cuerpos acabaran en el estero. Recuperados los cuerpos, que habían sido protegidos, envueltos, con la Bandera de Francia, fueron enterrados en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde les depositaron y resguardaron por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, nuevamente, con cuatro personas, los marineros Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio general de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al presidente de la República, Benemérito y héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 contra la presencia filibustera en Costa Rica y en Centroamérica. Ni tampoco ningún acto oficial de entierro para el general José María Cañas Escamilla.

Por ello está pendiente, desde aquel asesinato de Estado, un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca.

En su memoria, en el Gobierno de Federico Tinoco Granados, el 8 de diciembre de 1918, en el período de la dictadura, se erigió un monumento, en el sitio del magnicidio, en la esquina sur oeste de la actual Plaza llamada Mora y Cañas, ubicada en el Barrio El Carmen, entre avenida 1 y calle 9 de la ciudad de Puntarenas. Allí están los bustos, desde 1960, de los héroes Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas Escamilla, esculpidos por Juan Rafael Chacón.

Desde aquel año, en Puntarenas se realizan manifestaciones, desfiles y actividades de recuerdo a los héroes nacionales Mora y Cañas.

El Funeral de Estado que comprende el acto, en este caso, de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, y los actos oficiales que se realicen en su memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio general, no se ha hecho.

En Puntarenas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hubo una serie de actividades programadas, como todos los años en esta fecha, que nos recordaron la egregias figuras y personalidades del presidente Juan Rafael Mora Porras y del general José María Cañas Escamilla. Las actividades en Puntarenas iniciaron con un desfile de 80 bandas musicales estudiantiles, de todo el país, que allí llegaron.

El gobierno de la República declaró tres días de duelo nacional, en su memoria, lo que se recuerda con las banderas nacionales a media asta en todo el país. Hubo también un Misa Tedeum, oficiada por el obispo de Puntarenas, y por la tarde se contó con la presencia de la presidenta Laura Fernández.

El alcalde de Puntarenas es quien ha llevado, junto a las organizaciones cívicas puntarenenses, la batuta de los actos que recordaron la memoria de los héroes Nacionales de la Guerra de 1856-1857.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse. Esto sigue pendiente. Hoy se hará una Honra Fúnebre, pero sigue faltando el Funeral de Estado.

Este Funeral de Estado, para el presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su memoria, el culto y el respeto al héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer justicia histórica con el héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la soberanía y la independencia nacional al país, a la Patria, al pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la memoria Histórica nacional.

Sala Constitucional ordena a SETENA establecer mecanismos de evaluación ambiental para las quemas agrícolas

Resolución reconoce la necesidad de valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, una práctica asociada a la producción de caña de azúcar, entre otros cultivos.

La Sala Constitucional acogió los argumentos de una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, Carlos Wong Bonilla y Dany Alberto Villalobos Villalobos, en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), relacionada con la ausencia absoluta de una evaluación de los impactos ambientales de las quemas agrícolas en Costa Rica.

Según explicó Sagot, la resolución establece que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) debe desarrollar un protocolo que permita determinar cómo se valorarán los efectos ambientales de estas quemas y cuáles instrumentos se utilizarán para identificar sus impactos negativos.

“Era necesario que toda quema agrícola debiese tener una valoración ambiental, del tipo que fuera, desde lo más riguroso hasta lo menos riguroso, pero que tuviera que pasar por ese tamiz para mesurar los efectos”, señaló el abogado.

La acción planteó la necesidad de considerar los impactos de las quemas sobre los suelos, la biodiversidad y la atmósfera, incluida la pérdida de mamíferos, aves y reptiles, así como la emisión de gases de efecto invernadero y sus implicaciones frente al cambio climático.

Afectaciones a las comunidades y al ambiente

Uno de los aspectos señalados por Sagot es el impacto de las quemas agrícolas sobre las comunidades cercanas a las zonas de cultivo. En el caso de la caña de azúcar, esta práctica puede generar grandes columnas de humo que afectan a las personas, incluidas niñas y niños en edad escolar, y comprometen las condiciones ambientales de los territorios.

El abogado mencionó zonas de Guanacaste y del Valle Central, entre ellas San Ramón y Grecia, así como Pérez Zeledón, donde se realizan quemas vinculadas con la corta de caña.

La resolución, explicó Sagot, reconoce que la regulación de las quemas agrícolas debe interpretarse de manera compatible con las normas nacionales de protección ambiental, entre ellas la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, así como con los convenios internacionales ratificados por Costa Rica.

Un cambio obligatorio en la regulación de las quemas agrícolas

Sagot recordó que, antes de esta resolución, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud habían sostenido que no era necesaria la evaluación ambiental planteada en la acción.

Con este pronunciamiento, la SETENA deberá establecer los mecanismos correspondientes para valorar los impactos ambientales de las quemas agrícolas, lo que abre un nuevo escenario para su regulación y control en el país.

El abogado también señaló que la resolución no se pronunció sobre la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática, un aspecto que, a su criterio, quedó pendiente.

Sagot señaló que la decisión representa un avance de acuerdo con el principio de progresividad.

Puede descargar la resolución desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/voto-quemas-agricolas-2026-se-acoge-lo-pretendido-sobre-EIA.pdf

Le invitamos a escuchar la explicación del abogado Álvaro Sagot: