Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC)
Cahuita, agosto de 2026. La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) como representante jurídico del Parque Nacional Cahuita (PNC) hace del conocimiento público la historia, los logros y los retos del modelo de Gobernanza Compartida con el que ha funcionado desde sus inicios Cahuita y su Parque Nacional. La comunidad de Cahuita ha luchado para mantener su derecho a decidir sobre su territorio ancestral, sobre SU CASA, su fuente de ingresos, su historia. Esa lucha está ligada al momento sociopolítico, económico y ambiental en el que se desarrolla. Hoy, hablamos de Cahuita y su Parque Nacional.
A lo largo de su historia como modelo único y novedoso de participación ciudadana en el manejo de sus recursos naturales, ha sido necesario mejorar varios aspectos de funcionamiento tanto a nivel interno como en relación con las instituciones gubernamentales. El Parque Nacional Cahuita trabaja con personas con sus fortalezas ejemplares que nutren el modelo y otras que se han tenido que apartar del proceso, pero ello no cuestiona de manera general el Modelo de Gobernanza Compartida que tiene antecedentes históricos, territoriales y jurídicos propios, refleja más de 30 años de genuina participación de la comunidad tribal de Cahuita en su conservación y gestión, por todo ello es reconocido y galardonado a nivel internacional.
El año en curso la ADIC, detectó algunas irregularidades; en relación con supuestos faltantes de recibos y depósitos, así como un presunto incumplimiento del procedimiento interno con respecto a las contribuciones voluntarias recolectadas en el sector de playa Blanca por lo cual presentó una denuncia penal para que fueran investigadas por las autoridades competentes.
Como resultado de esa actuación se encuentra actualmente en trámite el expediente N.° 26-000447-0829-PE, originado en la denuncia presentada el 30 de abril de 2026 por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.
De manera paralela, la ADIC emitió directrices y adoptó medidas para fortalecer sus procedimientos de control, supervisión, trazabilidad y rendición de cuentas, con el propósito de atender las debilidades identificadas y reforzar los mecanismos internos de prevención.
Al encontrarse los hechos bajo investigación penal, corresponde al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades. Por respeto a esa investigación, al debido proceso y a las competencias de las autoridades judiciales y como indica la ley, la ADIC se abstiene de hacer más declaraciones.
Además, existe otra investigación por una denuncia interpuesta en el 2023 con la causa N.º 23-000397-1218-PE, tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el eventual delito de peculado, originada en las diferencias entre la Contraloría General de la República y el Modelo de Gobernanza gestionado por la ADIC.
La ADIC considera necesario aclarar que la causa del 2023 tiene antecedentes distintos a la investigación iniciada en 2026. El expediente de 2026 surge de las inconsistencias detectadas y denunciadas por la propia Asociación, mientras que la causa del año 2023 se relaciona, según la posición de ADIC, con una discusión anterior sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones voluntarias que dan los turistas en la entrada de Playa Blanca y el régimen bajo el cual se ha desarrollado su administración dentro del Modelo de Gobernanza Compartida.
La existencia de una investigación penal no constituye una determinación de responsabilidad ni permite anticipar una conclusión sobre la naturaleza jurídica de esos recursos. Corresponde a las autoridades judiciales resolver esos aspectos conforme al ordenamiento jurídico y para ello deben analizar la prevalencia de los Tratados internacionales de Derechos Humanos que otorgan Derechos a la comunidad afrodescendiente de Cahuita, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, para administrar los recursos que se generan en el área protegida, versus la normativa financiera del Estado.
El garante de este modelo, quien lucha para que se sostenga es la A.D.I.C., conformada por personas elegidas por la comunidad, que aman, luchan y defienden el derecho a participar en el bien que les pertenece. Además, en un inicio se contó con el apoyo del Comité de Manejo del Parque Nacional Cahuita que en 2016 por decreto ejecutivo 40110 quedó constituido como Consejo local de Manejo.
El modelo de gestión compartida del Parque es exitoso y se ha construido con esfuerzo, transparencia y eficiencia, lo cual no excluye retos y pendientes por resolver que el trabajo en conjunto entre la ADIC, la coordinación del Parque y el Consejo Local de Manejo permiten enfrentar.
Es importante señalar que la ADIC ostenta la responsabilidad jurídica, la Coordinación del Parque se encarga de la operatividad, así como de los programas del plan de manejo y al Consejo Local le corresponde la coadyuvancia y fiscalización en el desarrollo de ambas funciones.
El pueblo de Cahuita históricamente sabe defender su derecho, su territorio ancestral, su cultura, su ecosistema y por ello está trabajando arduamente en la elaboración y posterior aprobación de una ley específica que necesita para mantener y fortalecer el modelo de Gobernanza compartida.
Consejo Universitario recomienda aprobar proyecto de ley que busca transparentar las concesiones, mientras mantiene una posición crítica frente a reformas que puedan favorecer la privatización del litoral.
San José, Costa Rica. La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, recomendó aprobar el proyecto de ley “Ley para la promoción de la transparencia de las concesiones en zona marítimo terrestre”, expediente N.° 25.030, aprobado en la sesión ordinaria N.° 7012 del 4 de agosto de 2026.
La iniciativa busca fortalecer la transparencia en la gestión de las concesiones en la zona marítimo-terrestre y garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera clara, sencilla y oportuna a información relacionada con estas concesiones. Para la Universidad, esta información resulta fundamental para fortalecer el control ciudadano sobre la administración pública y contribuir a la protección de los bienes de dominio público.
El respaldo de la UCR, sin embargo, está sujeto a la incorporación de observaciones técnicas formuladas por distintas instancias académicas de la institución. El Consejo Universitario recomendó aprobar el proyecto siempre y cuando se incorporen estas observaciones, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales.
El proyecto de ley originalmente planteaba hacer pública la información sobre las concesiones mediante una modificación al artículo 30 de la Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. El texto dictaminado mantiene ese objetivo, pero introduce modificaciones para diferenciar la información administrativa de la registral, incorporar un nuevo artículo sobre publicidad registral y establecer expresamente el respeto a la legislación sobre protección de datos personales.
Las instancias académicas consultadas por el Consejo Universitario respaldaron el propósito de fortalecer la transparencia, aunque plantearon advertencias sobre la calidad y precisión de la información que se publique.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva señaló que la iniciativa fortalece el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por su parte, la Escuela de Geografía manifestó su apoyo condicionado al proyecto y advirtió que la simple digitalización de la información no garantiza transparencia si los datos no son precisos. En particular, llamó la atención sobre las dificultades técnicas asociadas con la delimitación de la zona marítimo-terrestre debido al carácter dinámico de la línea de pleamar. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) coincidió con la necesidad de fortalecer la transparencia, pero recomendó que la información sea completa, útil y técnicamente confiable, incluyendo elementos como ubicación, actividad, infraestructura, plazo y titularidad de las concesiones.
De esta manera, la posición universitaria plantea que la transparencia no consiste únicamente en colocar información en una plataforma digital, sino en garantizar que esa información sea accesible, completa, actualizada y técnicamente confiable.
Una posición que también ha defendido el acceso público a las playas
El nuevo pronunciamiento se suma a otras posiciones recientes del Consejo Universitario relacionadas con la zona marítimo-terrestre.
En la sesión N.° 6983, la UCR respaldó el proyecto de ley 24.413, orientado a reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre para garantizar el acceso público a las playas. En ese pronunciamiento, la Universidad llamó la atención sobre situaciones en las que el acceso público a las playas se encuentra restringido o potencialmente limitado, así como sobre prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público. La iniciativa busca establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, además de mecanismos como un registro oficial de playas y accesos, con el objetivo de evitar su apropiación indebida y garantizar que estos espacios permanezcan disponibles para el disfrute de todas las personas.
Una trayectoria de rechazo a la privatización del litoral. Al mismo tiempo, la UCR ha mantenido posiciones críticas frente a proyectos de reforma de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que, a criterio de la Universidad, podrían favorecer procesos de privatización o debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.
En la sesión N.° 6985, el Consejo Universitario acordó acoger un pronunciamiento que rechazó el proyecto de reforma a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, expediente N.° 22.553.
El pronunciamiento, promovido por el Programa Kioscos Socioambientales y respaldado por más de 80 organizaciones y más de 200 personas, advertía que la propuesta podía representar “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades” y cuestionaba que, bajo el concepto de “ordenamiento”, se promovieran mecanismos orientados principalmente al desarrollo turístico e inmobiliario.
Esta posición se suma a otros pronunciamientos institucionales. En 2016, mediante el acuerdo CE-DIC-16-004, el Consejo Universitario planteó la necesidad de una reforma integral de la legislación sobre la zona marítimo-terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, el ordenamiento territorial, la articulación con los gobiernos locales y un enfoque socioecológico que incorporara los desafíos derivados del cambio climático y el fortalecimiento institucional.
Más recientemente, en 2025, la UCR también se pronunció sobre el proyecto de ley N.° 23.148, señalando riesgos sociales, ecológicos y jurídicos asociados con la posibilidad de desarrollar actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los resguardos necesarios. En aquella oportunidad, la Universidad reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, sustentada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia La construcción de Costa Rica desde la Puebla de la Reina de los Ángeles por el Pbro e historiador Manuel Benavides.
Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.
El estudio fue elaborado por el Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y Gestionando Hábitat.
El año 2025 fue el de mayor cantidad de metros cuadrados residenciales tramitados en 13 años en Costa Rica. Sin embargo, solo el 8,3% de los hogares costarricenses vive hoy en una propiedad que paga mediante crédito hipotecario, una proporción menor a un tercio del promedio de los países de la OCDE (24,7%). Esa es la paradoja central que revela el «Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025», estudio elaborado por el Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la organización Gestionando Hábitat.
El informe, presentado en el tránsito entre 2025 y 2026, plantea un giro en la manera de entender el problema habitacional del país: ya no se trata solo de construir más viviendas, sino de resolver quién puede pagarlas, dónde se ubican y en qué condiciones se habitan.
El ingeniero Javier Chacón Hernández, director ejecutivo a. i. del CFIA, explicó que las auditorías de vivienda de interés social que realiza el Colegio permiten conocer cómo las familias utilizan las viviendas entregadas mediante declaratoria de interés social, así como las variaciones en tamaño o distribución respecto a su entrega original. Según indicó, los informes recientes reflejan que 3 de cada 5 viviendas conservan la misma área de construcción que al momento de ser entregadas, y que las ampliaciones más frecuentes ocurren en el cuarto de pilas y la cocina (64%), seguidas de los dormitorios.
Durante 2025 se tramitaron 20.414 permisos residenciales (26.212 viviendas), la segunda cifra más alta en 13 años, y se alcanzó el récord histórico en metros cuadrados proyectados, con 2.604.031 m². Pese a ese dinamismo constructivo, el crédito para vivienda prácticamente se estancó en 2026 (0,5% interanual a febrero) y los costos de construcción subieron 2,7% entre abril y junio, presionados por el alza internacional del petróleo.
El estudio modeló el acceso al crédito para una vivienda de ₡76,5 millones (tope de interés social) y encontró que el 81,4% de los hogares que hoy alquilan enfrenta algún grado de exclusión o condicionamiento para calificar a un crédito hipotecario. Los quintiles de menor ingreso no alcanzan la cuota mínima, y solo el 20% más rico del país califica con holgura en todos los escenarios analizados.
El informe documenta además que los cuatro distritos centrales de San José —los que cuentan con la mejor infraestructura pública del país— perdieron el 46% de su población entre 1963 y 2022, mientras la Gran Área Metropolitana continúa creciendo hacia la periferia, empujada por un valor del suelo que promedia US$358 por metro cuadrado y que puede representar hasta el 43% del costo total de una vivienda. En contraste, el estudio identifica potencial para repoblar el centro de San José con hasta 1.100 nuevos habitantes en inmuebles hoy subutilizados, mediante un análisis edificio por edificio.
El Registro Nacional de Asentamientos Informales, actualizado, reporta 232.600 personas y 70.692 viviendas en 572 asentamientos, un salto que los investigadores atribuyen principalmente a una mejora metodológica y no a un crecimiento real del fenómeno. Uno de cada tres de esos asentamientos (170) tiene potencial afectación por inundaciones, lo que evidencia que el país aún no cuenta con una metodología estandarizada para medir ese riesgo.
El informe adelanta también una propuesta poco explorada hasta ahora en la discusión pública: la titularización de hipotecas del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) con fondos de pensiones nacionales, por cerca de US$100 millones, como mecanismo para reactivar el financiamiento habitacional. Asimismo, se evalúa un instrumento de leasing habitacional con la banca privada y estatal, y una reforma al doble cobro del impuesto de traspaso.
El Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025 analiza el sector desde seis ángulos: entorno macroeconómico, déficit habitacional y vivienda de interés social, acceso al crédito, ciudad y suelo, asentamientos informales, y balance político-institucional.
En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.
Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.
Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.
La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.
Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.
Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.
Confieso que cuando vi por primera vez los videos tuve una reacción bastante poco sociológica: «¡Qué estupidez!», pensé.
Un grupo de jóvenes se enfrentaba mediante movimientos extraños, poses, miradas, caminatas, gestos exagerados y actitudes cuidadosamente despreocupadas. Todo ello para determinar quién poseía más «aura». No había premio, aparentemente tampoco una finalidad demasiado clara y, para empeorar las cosas, aquello ocurría en el Pretil de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
Mi siguiente pensamiento tampoco fue particularmente profundo: «¿Hasta dónde hemos llegado?».
Afortunadamente, antes de escribir alguna barbaridad en redes sociales cometí el error —o quizá la virtud— de hacerme una pregunta:
¿Y si aquí estuviera ocurriendo algo más interesante de lo que parece?
El problema comenzó entonces, porque una pregunta condujo a otra y, cuando quise darme cuenta, aquellos muchachos que aparentemente estaban perdiendo treinta minutos de su vida me habían hecho perder varias horas de la mía intentando comprender qué diablos estaban haciendo. Tal vez, después de todo, habían ganado la primera batalla de aura.
Primero había que entender de qué estábamos hablando
«Farmear aura» no tiene, al menos en este contexto, ninguna relación con energías místicas, chakras ni campos electromagnéticos humanos. “Farmear” procede de la jerga de los videojuegos y alude a realizar determinadas acciones para acumular recursos o puntos. El «aura», en cambio, funciona en la cultura digital como una suerte de marcador imaginario de carisma, seguridad, estilo o presencia.
Una entrada espectacular puede significar «+1000 de aura». Tropezarse cuando todos están mirando podría significar perder unos cuantos miles.
La expresión circuló primero como meme en redes sociales y posteriormente dio un salto bastante interesante: salió de las pantallas y se convirtió en competencia presencial. En las llamadas «batallas de aura» dos personas se enfrentan mediante gestos, movimientos, poses o pequeñas actuaciones, mientras quienes observan reaccionan y terminan decidiendo, sin reglamentos demasiado sofisticados, quién ganó.
En Costa Rica el fenómeno adquirió notoriedad después de una batalla realizada el 17 de agosto de 2026 en el Pretil de la Universidad de Costa Rica. Los videos se hicieron virales y, casi inmediatamente, también lo hicieron los comentarios: vagos, ridículos, mantenidos, adoctrinados, estudiantes del Frente Amplio, muchachos que desperdician el dinero de sus padres y, por supuesto, el inevitable «¿para eso pagamos impuestos?».
El asunto se volvió todavía más curioso porque uno de los participantes contó después que originalmente había ido solamente a observar y que el encuentro, que comenzó tímidamente, terminó reuniendo, según su estimación, a unas 300 personas. Además, ya comenzaron a anunciarse nuevas batallas en otros lugares.
De pronto, el sinsentido estaba convocando gente, y esto merece atención.
Cuando una tontería produce demasiada indignación deja de ser solamente una tontería.
Podríamos aceptar, por un momento, la hipótesis más severa. Supongamos que farmear aura es una estupidez; bien, pero el problema sociológico no desaparece. Por el contrario, apenas comienza: ¿Por qué una estupidez provoca semejante reacción social?
Los seres humanos hacemos diariamente cantidades considerables de cosas perfectamente inútiles. Bailamos, coleccionamos objetos, vemos durante horas a veintidós personas persiguiendo una pelota, discutimos con desconocidos en Facebook, pagamos por escuchar a otras personas cantar canciones que ya tenemos grabadas y algunos incluso pasamos madrugadas enteras escribiendo artículos para tratar de explicar por qué unos muchachos hacen movimientos raros en el Pretil.
La inutilidad, por sí misma, difícilmente explica la indignación.
Johan Huizinga (2007) sostuvo hace décadas, en Homo ludens, una tesis bastante más seria de lo que su título podría sugerir: el juego no es simplemente una actividad residual que realizamos después de las cosas importantes. Constituye uno de los espacios desde los cuales se produce cultura. La cultura también se juega.
Quizá convenga entonces dejar de preguntar únicamente qué «utilidad» tiene farmear aura y preguntar ¿qué relaciones, símbolos, aprendizajes y significados produce mientras se juega? La respuesta empieza a complicar el asunto.
Hay que salir de Internet para farmear aura
Aquí aparece una primera paradoja. Nos hemos acostumbrado a escuchar que los jóvenes viven encerrados en las pantallas, que ya no conversan, que no salen, que perdieron contacto con el mundo real, que TikTok destruyó sus capacidades de socialización y que pronto habrá que enseñarles mediante un tutorial cómo mirar a otro ser humano a los ojos. Y entonces ocurre algo inesperado: Una práctica nacida y difundida en la cultura digital los obliga a encontrarse físicamente.
Para participar en una batalla de aura hay que estar ahí.
Hay cuerpos, miradas, gestos, proximidad, espectadores, risas, vergüenza, reconocimiento y competencia.
El circuito ya no es simplemente digital. Funciona más bien así:
red → encuentro presencial → performance → grabación → red → nuevo encuentro
La cultura digital, paradójicamente, termina produciendo presencialidad.
Erving Goffman (2009) habría encontrado el espectáculo delicioso. En La presentación de la persona en la vida cotidiana explicó la interacción social mediante una metáfora dramatúrgica: nos presentamos ante otros, actuamos, administramos impresiones y necesitamos una audiencia capaz de reconocer aquello que intentamos proyectar.
Pues bien: no se puede farmear aura completamente solo. El aura necesita ojos ajenos. Sin espectadores no hay reconocimiento y sin reconocimiento el capital acumulado resulta bastante inútil.
Bienvenidos al capitalismo áurico
Porque, además, los muchachos no se reúnen únicamente para cooperar: “Compiten”, y aquí la práctica se vuelve todavía más interesante. Durante unos minutos parecen escapar de las exigencias productivas del mundo adulto, pero inmediatamente inventan otra competencia. No compiten por dinero, por créditos universitarios, por una beca ni compiten por promedio académico; compiten por algo absolutamente inexistente y, simultáneamente, perfectamente real dentro del juego: el aura.
Bourdieu (2008) probablemente nos permitiría cometer aquí una pequeña travesura conceptual y hablar, con todas las precauciones del caso, de una especie de “capital áurico”: un capital simbólico efímero cuyo valor existe porque otros participantes reconocen que existe.
No se puede depositar en un banco, tampoco sirve para pagar la matrícula y menos para mejorar el currículo. Pero durante treinta minutos organiza jerarquías, produce reconocimiento y establece quién ocupa la posición dominante dentro de aquel pequeño universo. Los jóvenes suspenden momentáneamente una sociedad competitiva para construir…otra competencia. Nada mal como metáfora involuntaria de nuestro tiempo.
El Pretil no es cualquier lugar
Ahora imaginemos exactamente la misma escena en una universidad privada. Los mismos movimientos, la misma ropa, las mismas risas, la misma cantidad de jóvenes, el mismo tiempo perdido. ¿Habría provocado idéntica indignación?
No podemos responder científicamente sin realizar la comparación. Pero la pregunta constituye un magnífico experimento mental. Porque desaparecería inmediatamente una acusación: «¿Para eso pagamos impuestos»? y probablemente resultarían bastante más difíciles otras: «adoctrinados», «comunistas», «Frente Amplio».
Entonces aparece la sospecha de que parte de la controversia no tiene como verdadero objeto el aura farming. Tiene como objeto la Universidad de Costa Rica, y no cualquier espacio de ella: el Pretil.
Los espacios también poseen memoria y significado. Henri Lefebvre (2013) insistió en que el espacio social no es simplemente un recipiente dentro del cual ocurren las cosas: las prácticas sociales producen espacio.
El Pretil posee una extraordinaria densidad simbólica en la historia universitaria costarricense. Allí esperamos encontrar estudiantes conversando, manifestándose, organizándose, protestando o haciendo eso que solemos considerar propio de estudiantes de una universidad prestigiosa.
La UCR, además, no es una institución académica cualquiera. En la clasificación QS correspondiente a 2026 aparece como la universidad número uno de Costa Rica y de Centroamérica, número 16 de América Latina y 499 del mundo.
Y de pronto algunos de «los mejores estudiantes del país» aparecen haciendo visajes para determinar quién posee más aura. La escena rompe el guion. Pero ocurre algo todavía más interesante: Si los estudiantes de la universidad pública protestan, para algunos están adoctrinados, si se organizan políticamente, son izquierdistas, si cuestionan al Gobierno, son revoltosos y si durante el receso hacen movimientos absurdos para divertirse…son vagos.
Entonces surge una pregunta bastante incómoda:
¿Qué se supone exactamente que deben hacer para comportarse como buenos estudiantes de una universidad pública?
Quizá el problema no sea lo que hacen. Quizá algunas personas ya habían decidido qué significa «estudiante de la UCR» antes de mirar el video.
Cada generación fabrica sus propios demonios
Nada de esto es completamente nuevo, antes fueron los hippies, después los punks, los metaleros, los emos y más recientemente, los therians.
Cambian las estéticas y los códigos, pero permanece cierta estructura de reacción:
Stanley Cohen (2017), llamó “pánicos morales” a procesos mediante los cuales determinadas personas, prácticas o grupos llegan a ser representados como amenazas para valores e intereses sociales. Su obra Demonios populares y «pánicos morales resulta sorprendentemente actual para comprender la velocidad con que una conducta minoritaria puede transformarse en síntoma de una supuesta decadencia colectiva.
Unos muchachos hacen visajes, después «los estudiantes de la UCR hacen visajes», poco después «esto es la UCR», finalmente: «Esto demuestra lo que está pasando con la educación pública». La escalada semántica merece más atención que el movimiento de brazos que inició la discusión.
También hay una pequeña pedagogía del sinsentido
Pero hay otra dimensión que fácilmente pasa inadvertida: Para farmear aura también hay que “aprender”, observar, imitar, ensayar, interpretar códigos, reconocer movimientos, comprender cuándo una pose funciona, leer las reacciones de quienes observan, modificar la actuación, competir y evaluar.
No hay profesor, no hay programa, no hay examen, no hay créditos, pero hay aprendizaje.
Estamos ante una forma elemental de educación informal: el grupo enseña, el cuerpo enseña, la observación enseña, la imitación enseña y la reacción de los demás funciona como evaluación inmediata.
Pero quizá quienes más estamos aprendiendo somos nosotros. Mi propia experiencia resulta ilustrativa:
Primero:
«¡Qué estupidez!»
Después:
«¿Qué están haciendo?».
Luego:
«¿Por qué lo hacen?».
Más tarde:
«¿De dónde salió esto?».
Después:
«¿Por qué me pareció estúpido?».
Y finalmente:
«¿Qué dice mi propia reacción sobre las categorías mediante las cuales juzgo a los jóvenes?»
En algún momento dejé de observar únicamente a quienes farmeaban aura y tuve que comenzar a observar al observador; esto también es educación y constituye, además, una saludable lección metodológica: el científico social no contempla el mundo desde ninguna parte. También lleva prejuicios, expectativas generacionales y categorías de normalidad dentro de su mochila.
Colonizar el espacio con algo que no sirve para nada
El desplazamiento de estas prácticas hacia parques, plazas y universidades agrega otra dimensión. Los jóvenes ocupan temporalmente territorios cuyo uso estaba previamente codificado. Una plaza sirve para caminar, un parque para descansar, un Pretil para… bueno, aparentemente ahora también para farmear aura. Durante treinta minutos el espacio cambia de significado.
No hay barricadas, no hay manifiesto, no hay programa político. No hace falta convertir la práctica en una heroica resistencia juvenil que probablemente sus participantes jamás imaginaron, simplemente ocurre algo mucho más modesto: Un grupo de jóvenes decide que durante media hora ese lugar servirá para otra cosa y al hacerlo produce encuentro, espectadores, reconocimiento, competencia, conversación y posteriormente conflicto público.
Una práctica puede carecer de intención política y, sin embargo, producir consecuencias culturalmente transgresoras. Esta distinción resulta fundamental.
Afirmar que aquellos jóvenes están protestando conscientemente contra el capitalismo, el Gobierno, la precarización laboral o la sociedad disciplinaria sería poner en sus bocas un discurso que probablemente nunca pronunciaron.
Tal vez, si les preguntáramos, alguno respondería: «Mae, solo estábamos vacilando» y tendría razón.
Pero nosotros tampoco estaríamos necesariamente equivocados al preguntarnos por las condiciones sociales que permiten que ese «vacilón» adquiera determinados significados.
El sentido que atribuye el actor a su conducta y los efectos sociales producidos por esa conducta no tienen por qué coincidir.
Una juventud obligada a tomarse el futuro demasiado en serio
Existe además un contexto que no deberíamos ignorar.
En el primer trimestre de 2026, el 56,6 % de la población desempleada costarricense estaba concentrada entre las personas de 15 a 34 años. Los jóvenes reciben simultáneamente mensajes que les exigen estudiar, competir, capacitarse, emprender, dominar tecnologías, aprender idiomas, construir una marca personal y prepararse para profesiones algunas de las cuales quizá serán radicalmente transformadas por la inteligencia artificial antes de que terminen de consolidarse.
Les pedimos certezas mientras les entregamos incertidumbre.
Les exigimos planificar el futuro mientras les describimos ese futuro mediante crisis climáticas, guerras, precarización laboral, polarización política, automatización y catástrofes diversas que reciben diariamente desde una pantalla.
Y en medio de todo eso algunos se reúnen durante treinta minutos para determinar quién posee mayor cantidad de una cosa que no existe. Tal vez no sea tan irracional. O quizá lo sea exactamente en la medida necesaria.
Y entonces apareció Camus en el Pretil
Albert Camus planteó en El mito de Sísifo (2021) que el absurdo surge precisamente del encuentro entre nuestra necesidad humana de comprensión y un mundo que no ofrece necesariamente las respuestas que reclamamos.
Nosotros miramos a los muchachos y preguntamos:
«¿Pero qué sentido tiene esto?»
Quizá alguno responda: «Ninguno».
Y allí comienza nuestro problema, no el suyo.
Porque somos nosotros quienes necesitamos que la conducta tenga explicación, finalidad, utilidad, proyecto y sentido. Ellos juegan, nosotros interpretamos. Ellos hacen una pose, nosotros convocamos a Huizinga, Goffman, Bourdieu, Lefebvre, Cohen y Camus.
Francamente, no tengo completamente claro quién está haciendo la cosa más extraña.
Pero quizá esa sea precisamente la enseñanza: No todo comportamiento necesita constituir una protesta para revelar algo sobre la sociedad en la cual ocurre. No toda rebeldía necesita manifiesto. No toda práctica cultural necesita convertirse en identidad permanente. Y no todo sinsentido carece de efectos sociales.
Tal vez farmear aura sea solamente un juego. Pero es un juego que consigue sacar jóvenes de las pantallas, reunir cuerpos, producir códigos, generar aprendizajes, organizar competencias, construir reconocimiento, apropiarse temporalmente de espacios públicos, provocar conversaciones entre generaciones, activar prejuicios políticos y obligar a algunos adultos a preguntarnos por qué demonios nos molesta tanto que unos jóvenes pierdan media hora haciendo algo completamente inútil.
Y entonces regreso a mi reacción inicial. Sí. Quizá farmear aura sea una estupidez.
Pero después de pensar durante varias horas sobre aquella estupidez, ya no estoy tan seguro de que los muchachos sean los únicos que estaban farmeando algo.
Ellos acumularon aura, los demás acumulamos indignación y algunos, con un poco de suerte, acumulamos preguntas.
En una sociedad obsesionada con respuestas rápidas, certezas absolutas, productividad permanente y explicaciones simples, quizá aprender nuevamente a hacerse preguntas no sea una pérdida de tiempo. Aunque para conseguirlo haya sido necesario que varios jóvenes hicieran visajes en el Pretil.
Y queda todavía una última pregunta, probablemente la más camusiana de todas:
¿qué sentido tiene el sinsentido en una sociedad que, mientras exige que todo tenga sentido, se vuelve cada día un poco más absurda?
Tal vez no tengamos que responderla.
Por ahora podríamos simplemente sentarnos en el Pretil, observar la siguiente batalla y —por qué no— imaginar a Sísifo soltando por unos minutos la piedra.
Después de todo, hasta él tendría derecho a farmear un poco de aura.
Referencias
Bourdieu, P. (2008). El sentido práctico. Siglo XXI Editores.
Camus, A. (2021). El mito de Sísifo. Debolsillo.
Cohen, S. (2017). “Demonios populares y «pánicos morales» delincuencia juvenil, subculturas, vandalismo, drogas y violencia*. Gedisa.
Goffman, E. (2009). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu.
Huizinga, J. (2007). Homo ludens. Alianza Editorial.
Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.
Durante más de una década, Juan Carlos Monedero fue uno de los principales referentes intelectuales de la nueva izquierda española.
Como cofundador de Podemos, contribuyó a convertir la indignación social surgida tras la crisis de 2008 en un proyecto político que rompió el bipartidismo y alteró profundamente el panorama electoral.
Sin embargo, la trayectoria de Podemos también refleja las dificultades de transformar una fuerza de protesta en una organización capaz de gobernar y mantenerse unida.
Con el paso de los años, las tensiones internas, las diferencias estratégicas y la fragmentación del espacio político situado a la izquierda del PSOE fueron debilitando aquel impulso inicial.
Para algunos analistas, Monedero representó una línea política que privilegió la confrontación ideológica sobre la construcción de mayorías amplias.
Para otro, el desgaste respondió sobre todo a la polarización del sistema político, la presión mediática y las contradicciones inherentes a cualquier fuerza emergente que accede a las instituciones.
A esta crisis política se sumó el fuerte deterioro de la imagen pública de Monedero tras las denuncias por presunto acoso sexista y las medidas adoptadas por instituciones como Podemos y la Universidad Complutense.
Más allá de las responsabilidades que correspondió determinar a las instancias correspondientes, estos hechos afectaron seriamente su autoridad como referente de una izquierda que había hecho de la igualdad y el feminismo parte central de su identidad.
Ciertamente, reducir la crisis de la izquierda española a la figura de Monedero sería simplificar un proceso mucho más complejo.
No obstante, ilustra las tensiones que atraviesan hoy a muchas fuerzas progresistas: cómo combinar radicalidad y vocación de mayoría, preservar la unidad sin sofocar el debate interno y mantener la credibilidad ética cuando los liderazgos dejan de estar a la altura de los valores que proclaman.
Ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de la izquierda del siglo XXI.
El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado al país y a los medios de comunicación nacionales para abrir un debate serio, informado y basado en evidencia sobre el futuro de la descarbonización, la movilidad eléctrica y la política energética de Costa Rica.
Las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, calificando la descarbonización como una “estafa intelectual”, no pueden reducirse a una diferencia de opinión política. Se refieren a una política pública que tiene implicaciones directas sobre la economía nacional, la salud de la población, el transporte, la dependencia de los combustibles importados y la seguridad energética del país.
Costa Rica merece discutir estos temas con datos y no mediante descalificaciones.
El Parlamento Cívico Ambiental recuerda, en primer lugar, que el cambio tributario actualmente aplicable a los vehículos eléctricos no corresponde a la creación repentina de un nuevo impuesto del 30 %. Se trata de la reducción gradual de exoneraciones contemplada desde 2022 en la legislación de promoción del transporte eléctrico. Por esta razón, resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda explique con absoluta claridad a la ciudadanía cuáles disposiciones son nuevas y cuáles forman parte de un calendario tributario previamente establecido.
La discusión tampoco puede limitarse al argumento de que Costa Rica representa una proporción pequeña de las emisiones globales.
Costa Rica no necesita ser uno de los mayores contaminantes del planeta para beneficiarse de ciudades menos congestionadas, aire más limpio, transporte público moderno y una economía menos dependiente del petróleo.
La descarbonización representa una oportunidad económica concreta para un país que cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Sustituir progresivamente combustibles fósiles importados por electricidad producida en Costa Rica significa fortalecer nuestra soberanía energética y mantener una mayor proporción de los recursos económicos dentro del país.
La evidencia disponible también contradice la idea de que la descarbonización constituye únicamente un costo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han estimado que la implementación del Plan Nacional de Descarbonización podría generar alrededor de US$41.000 millones en beneficios económicos netos entre 2020 y 2050, como resultado del ahorro energético, menores tiempos de congestión, reducción de accidentes, mejoras productivas y protección de servicios ecosistémicos.
A esto debe agregarse una realidad que millones de costarricenses experimentan todos los días: las presas también tienen un costo.
El congestionamiento vial significa combustible desperdiciado, pérdida de productividad, deterioro de la calidad del aire, accidentes y horas que las personas dejan de dedicar a sus familias, al descanso, al estudio y al trabajo. Diversas estimaciones han situado el costo económico de la congestión vial en varios puntos porcentuales del producto interno bruto.
Ese costo existe, aunque no aparezca identificado como un impuesto en una factura.
Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental considera que Costa Rica necesita avanzar simultáneamente en adaptación climática y reducción de emisiones. Proteger comunidades e infraestructura frente a inundaciones, sequías y eventos extremos no es incompatible con transformar un sistema de transporte caro, contaminante e ineficiente.
El país requiere una política integral que incluya movilidad eléctrica, pero que vaya mucho más allá del automóvil particular.
Debe priorizarse la electrificación de autobuses, taxis, vehículos institucionales, transporte de carga y otras flotas de uso intensivo, acompañada por inversión sostenida en transporte público integrado, trenes, ciclovías, infraestructura peatonal, seguridad vial y redes de recarga eléctrica.
Asimismo, resulta fundamental preservar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad, la planificación energética pública y la generación renovable como instrumentos estratégicos para reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles.
El Parlamento Cívico Ambiental no sostiene que los incentivos fiscales deban mantenerse indefinidamente ni que las políticas públicas no puedan revisarse. Por el contrario, toda política debe ser evaluada y mejorada conforme evolucionan las condiciones económicas y tecnológicas.
Pero esas decisiones deben sustentarse en estudios públicos, evidencia técnica y análisis de sus consecuencias fiscales, ambientales, sociales y energéticas.
Por esta razón, hacemos un llamado a los medios de comunicación nacionales para divulgar y analizar el Manifiesto “La descarbonización no es una estafa: es una política de desarrollo, salud pública y soberanía energética”, mediante el cual el Parlamento Cívico Ambiental presenta argumentos y evidencia para contribuir a este debate nacional.
Cuando el debate público se aleja de los hechos y de la evidencia, pierde Costa Rica.
La democracia requiere información, contraste de posiciones y rendición de cuentas. El país merece decidir el rumbo de su política energética, ambiental y de movilidad con base en evidencia y pensando en sus propios intereses de largo plazo.
La descarbonización no es un lujo. No es una estafa. Es una oportunidad para construir una Costa Rica más eficiente, saludable, soberana y justa.
Pablo Sibar destaca disposición de la diputada Norjelens María Lobo Vargas y de la comisión legislativa para escuchar a los pueblos indígenas y mejorar el expediente 24.196, aprobado previamente en primer debate (escuchar palabras)
Buenos Aires, Puntarenas. La decisión de devolver a comisión el proyecto de ley N.° 24.196, denominado “Promoción de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas”, fue recibida con satisfacción por el dirigente Brörán Pablo Sibar Sibar, quien destacó la disposición de la diputada Norjelens María Lobo Vargas y la comisión legislativa de abrir el proyecto a la participación de los pueblos indígenas y otras instituciones.
La diputada Lobo Vargas informó mediante sus redes sociales que la Asamblea Legislativa decidió que el proyecto fuera consultado también con los pueblos indígenas y otras instituciones, con el objetivo de mejorar su contenido y procurar que el resultado responda a las poblaciones a las que está dirigido.
La decisión ocurre después de que el expediente había sido aprobado en primer debate el pasado 8 de abril y en medio de cuestionamientos de organizaciones indígenas y sectores académicos sobre la ausencia de una consulta sustantiva durante su trámite legislativo.
Para Pablo Sibar, integrante del Consejo Brörán de Térraba, recuperador de Crun Shurín y miembro de la Coordinación Nacional de FRENAPI, la devolución a comisión constituye una oportunidad para corregir esa situación.
“Excelente, me parece muy atinado. Todos los proyectos que tienen que ver con derechos indígenas es importante que los conozcan nuestras comunidades”, afirmó Sibar en reacción al anuncio de la diputada.
El dirigente Brörán valoró especialmente que la Asamblea Legislativa manifieste ahora disposición para escuchar a los territorios y mejorar la iniciativa. “Me siento contento de que esta diputada, o los diputados, como dice ella, estén dispuestos a mejorar este proyecto, estén dispuestos a escucharnos”, señaló.
Más que limitarse a celebrar la decisión, Sibar planteó a la diputada una disposición concreta de los pueblos indígenas para participar en el proceso de revisión del proyecto.“Yo le quiero decir a la diputada que nos ponemos a su disposición”, manifestó.
El dirigente señaló que las comunidades cuentan con propuestas y experiencias acumuladas durante décadas de lucha por sus derechos y que esa participación debe permitir discutir no solamente medidas de inclusión institucional, sino las condiciones necesarias para garantizar la autonomía, la cultura, la espiritualidad y los proyectos de vida de los pueblos indígenas.
“Estamos dispuestos a aportar, a ver cómo hacemos para que cuando la Asamblea apruebe un proyecto, que realmente este proyecto nos beneficie”, afirmó. Para Sibar, la discusión debe ir más allá de la creación de espacios administrativos o de la incorporación de personas indígenas a determinadas instituciones estatales.
“Siempre le hemos pedido al pueblo costarricense que nos escuche y que nos deje equivocarnos, que nos deje pensar y que nos deje realmente una línea de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir”, afirmó.
Sibar recordó las décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el largo proceso legislativo del proyecto de autonomía indígena, que permaneció durante años sin ser aprobado.
“Queremos que se aplique el Convenio 169 y que somos territorios indígenas y que desde ahí esa Asamblea debe trabajar y debe luchar para que realmente nuestros pueblos tengamos una forma de vida diferente”, sostuvo.
Antecedentes. La satisfacción ante la devolución a comisión contrasta con la forma en que el expediente 24.196 avanzó inicialmente en la Asamblea Legislativa. En un artículo publicado el 14 de mayo, Pablo Sibar cuestionó precisamente esta contradicción: un proyecto que incorpora la consulta a los pueblos indígenas como uno de sus principios había avanzado hasta primer debate sin que, según las organizaciones y comunidades consultadas, existiera un proceso de consulta real en los territorios.
“¿Cómo es posible que un proyecto que habla de consulta a los pueblos indígenas avance sin que nosotros lo conozcamos?”, planteó entonces Sibar. Su cuestionamiento apuntaba a una diferencia fundamental entre informar o remitir un proyecto a una organización y desarrollar un proceso de consulta sustantivo.
Los cuestionamientos al proyecto no se han limitado a la ausencia de participación indígena. Un análisis publicado por Mauricio Álvarez Mora, docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR e IDELA-UNA, señaló que la iniciativa presentaba vacíos importantes en su diagnóstico, mecanismos de implementación, financiamiento, seguimiento y evaluación.
El análisis también cuestionó que la propuesta privilegiara medidas como la reserva de plazas en instituciones públicas sin abordar algunas de las condiciones estructurales que afectan a los pueblos indígenas, particularmente el acceso y control del territorio, la autonomía y las posibilidades de desarrollar proyectos de vida propios en las comunidades.
Una de las preocupaciones señaladas fue precisamente la ausencia de instituciones académicas con experiencia en estos temas dentro del proceso de consulta. El análisis llamó la atención sobre el hecho de que no se hubiera consultado a instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, pese a que ambas cuentan con investigaciones y programas de acompañamiento relacionados con pueblos y territorios indígenas.
La devolución del proyecto a comisión permitiría, por tanto, ampliar la discusión no solo hacia los pueblos indígenas, sino también hacia universidades públicas, organizaciones, especialistas y otras instituciones con experiencia en la materia.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El próximo jueves 3 de septiembre se cumple un año desde que Randall Gamboa Esquivel fue deportado a Costa Rica tras haber sido detenido y puesto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Poco después de su llegada al país, en grave estado de salud, el pezeteño de 52 años falleció. Desde entonces, sus familiares exigen explicaciones a las autoridades sobre lo ocurrido durante su detención.
Para conmemorar la fecha, la familia de Randall y el Colectivo Causa Sur convocan a la «Velada en Memoria de Randall Gamboa Esquivel», un espacio para recordarlo, honrar su vida y acompañar a sus familiares y amigos. La actividad se realizará el jueves 3 de septiembre, a las 6:00 p.m., en el Parque de San Isidro, Pérez Zeledón. Se invita a las personas asistentes a vestir de blanco y llevar una vela.
«Porque por lo mucho que le amamos, no podemos permitirnos olvidar su historia», señaló Greidy Mata Esquivel, hermana de Randall.
El programa incluirá presentaciones artísticas de Karol Barboza, Vampel y Mariana Salas (cantautores), Silvia Elena y She Santana (poetas), y una intervención plástica de Katherina Janedeova, además de un acto conmemorativo con palabras de familiares de Randall.
«Nosotros como miembros del Colectivo Causa Sur, nos sentimos identificados con la lucha de esta familia y nos unimos a sus exigencias por respuestas de parte de las autoridades pertinentes. Este evento no es solo para recordar a Randall sino también para hacer saber a las autoridades que seguimos esperando justicia», manifestó Elena Abarca, vocera del colectivo.
Cronología del caso, según la documentación aportada por Causa Sur:
Diciembre de 2024: Randall es detenido por el ICE por reingreso a territorio estadounidense.
Mediados de junio de 2025: tras mantener contacto diario con su familia mediante videollamadas, la comunicación se detiene por completo. El ICE indicó al Consulado de Costa Rica que el detenido «no deseaba comunicarse», afirmación que la familia rechaza.
23 de junio de 2025: es ingresado al hospital Valley Baptist Medical Center, en Texas.
Agosto de 2025: una abogada voluntaria lo encuentra en estado vegetativo, catatónico, desnutrido y deshidratado.
Septiembre de 2025: es deportado a Costa Rica en un vuelo ambulancia. Sus familiares denunciaron que llegó en total estado de abandono, sucio, con la boca llena de sangre seca y con múltiples úlceras expuestas y descuidadas en su cuerpo.
En el Hospital de Pérez Zeledón se le diagnosticó encefalopatía (daño cerebral severo) y rabdomiólisis (descomposición grave del tejido muscular).
Entre octubre y diciembre de 2025: la Cancillería de Costa Rica envió notas diplomáticas al Departamento de Estado de Estados Unidos exigiendo explicaciones; las autoridades estadounidenses han evitado dar respuestas claras hasta la fecha.
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