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Autor: María José Ferlini Cartín

Ciudadano solicita al SINAC aplicar fallo de la Sala Constitucional para garantizar acceso a información sobre denuncia ambiental en Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Marco Vinicio Levy Virgo solicitó al Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo reconsiderar la negativa de entregar información relacionada con una denuncia por presunta chapea y posible cambio de uso del suelo en un terreno colindante con El Colibrí Lodge, argumentando que la propia Sala Constitucional ya resolvió un caso similar y reconoció el derecho de acceso a este tipo de información ambiental.

La gestión fue presentada mediante el oficio MLV-00189-2026, dirigido al técnico del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), Lenin Prado Calvo, como respuesta al oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-115-2026 emitido el 21 de mayo de 2026.

En dicho oficio, el SINAC informó que una denuncia relacionada con una presunta intervención en un terreno dentro del área de influencia del Refugio fue inspeccionada el 13 de mayo de 2026 por funcionarios de la institución y que los resultados fueron incorporados al informe técnico SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-108-2026, agregado a una causa penal abierta desde 2023. La institución indicó que no podía suministrar el contenido de dicho informe debido a las restricciones establecidas en el artículo 295 del Código Procesal Penal sobre la privacidad de las actuaciones dentro de investigaciones penales.

Ante esa respuesta, Levy Virgo remitió copia de la Resolución Nº 2025016106 de la Sala Constitucional, emitida el 30 de mayo de 2025 en un recurso de amparo promovido también por él contra la administración del Refugio Gandoca-Manzanillo. Según señala, la sentencia resolvió que la Administración no puede negar información pública ambiental amparándose de manera general en el artículo 295 del Código Procesal Penal cuando lo solicitado corresponde a información técnica y administrativa producida por la propia institución.

De acuerdo con la resolución constitucional, el derecho de acceso a la información pública está protegido por el artículo 30 de la Constitución Política y comprende información relacionada con la gestión administrativa, las inspecciones realizadas, el seguimiento de denuncias y las actuaciones de protección ambiental. La Sala indicó que la Administración debe entregar la información solicitada, resguardando únicamente los datos sensibles o confidenciales que estén protegidos por ley.

En su comunicación, Levy Virgo sostiene que la jurisprudencia constitucional resulta directamente aplicable al caso actual, debido a que la negativa del SINAC se fundamenta nuevamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Por ello, solicita que se le remita el informe técnico oficial derivado de la inspección realizada el 13 de mayo de 2026, incluyendo información sobre el estado de la vegetación, las medidas adoptadas, las acciones de restauración y otros aspectos relacionados con la denuncia presentada.

El ciudadano manifestó que su objetivo es contribuir a la protección efectiva del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y facilitar una solución ágil y conforme al marco legal vigente, mediante la aplicación de los criterios ya establecidos por la Sala Constitucional en materia de acceso a información pública ambiental.

La independencia del juez es una garantía ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gustavo Román Jacobo

La independencia del juez es una garantía ciudadana que, en el caso de los magistrados o jueces supremos, se refuerza aún más. Les garantiza a los ciudadanos que la persona en el cargo va a decidir los delicados asuntos que deba juzgar solamente conforme a Derecho y de acuerdo con su conciencia; que a la hora de resolver no va a temer con volverse incómodo para el partido X o el Y, pensando en que podrían influir para quitarlo del cargo. Dicho en sencillo: un juez sin estabilidad en el cargo no es independiente, y un juez no independiente es algo malo para la ciudadanía en general; algo que solo pueden desear quienes tienen el “sartén por el mango” y aspiran a mangonearlo.

Una sencilla indagación en los motores de búsqueda de Internet o en los Chatbots de IA generativa, permite constatar que, en todas las democracias del mundo, para proteger esa independencia de los más altos jueces, se establecen distintas garantías reforzadas de estabilidad en el cargo, pero siempre bajo la misma lógica: un juez que puede ser removido fácilmente por una mayoría ordinaria corre el riesgo de decidir según intereses políticos y no jurídicos. Y como en las democracias se quieren jueces que solo se postren ante la ley y no ante ninguna autoridad humana, ni siquiera la de la opinión pública, se diseñan distintos mecanismos para darles esa seguridad.

En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema ocupan el cargo “during good behaviour”, lo que en la práctica significa un mandato vitalicio salvo renuncia, jubilación o destitución por impeachment. En Canadá, los jueces de la corte suprema permanecen hasta una edad obligatoria de retiro. Este modelo busca que el juez no tenga que preocuparse por una futura reelección ni por agradar a quienes podrían renovarle el mandato.

Otra fórmula es la de los mandatos largos no renovables. Es el caso de Alemania, con los jueces del Tribunal Constitucional Federal, de Italia, con los de su Corte Constitucional, y de España, respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se pretende así que el período sea suficientemente largo para aislar al juez de presiones políticas y que la prohibición de reelección elimine incentivos para buscar el favor de quienes deciden la renovación de su mandato.

Un tercer mecanismo, no excluyente con los anteriores, es el que impide que los jueces supremos puedan ser removidos por decisión discrecional del gobierno o por una mayoría parlamentaria ordinaria. Un juez cuya permanencia en el cargo dependa del agrado que por él tenga el gobierno o una fuerza parlamentaria mayoritaria, no será independiente. Será un intérprete de las leyes temeroso de los políticos de turno y presto a satisfacer sus deseos. Por eso, para cesarlos suele exigirse una causal específica (delito, incapacidad, falta grave, etc.) y un procedimiento especial, en ocasiones con la intervención de distintos órganos.

Por último, en los sistemas que se prevé la posibilidad de la reelección, no es raro encontrar mecanismos que la faciliten, es decir, que dificulten la no reelección, por ejemplo, exigiendo para ello mayorías especiales. Esa fue la opción de nuestros constituyentes. El numeral 158 de la Constitución Política dispone que los “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa (…) y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”. De modo que el mismo amplio consenso del órgano elector requerido para nombrarlos se requiere para no reelegirlos.

En el caso de los magistrados del TSE, los artículos 100 y 101 de la Constitución disponen que son nombrados por la Corte Suprema de Justicia “por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros”, por “seis años” y que “podrán ser reelectos”. ¿Por cuántos votos? No lo dice la Constitución. Es el Código Electoral, en su artículo 13, el que, tras reiterar que serán electos por la “Corte Suprema de Justicia con el voto de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes”, dispone que “se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que por la misma mayoría se acuerde lo contrario.”

Esa fue una decisión legítima, válida y razonable del legislador que aprobó el Código Electoral vigente en 2009. Legítima porque, en su calidad de representantes del pueblo soberano, los legisladores tienen la potestad de aprobar las leyes y, mediante ellas, desarrollar los preceptos constitucionales. Válida porque la disposición del artículo 13 de la ley no contradice el texto constitucional, omiso respecto a la votación requerida para reelegir a los magistrados electorales. Y razonable porque no tiene sentido pensar que el constituyente quiso, como establecen los artículos 100 y 101, otorgar a los magistrados electorales las mismas “condiciones de trabajo”, “remuneraciones”, “inmunidades y prerrogativas” que a los magistrados del Poder Judicial, pero no proteger su estabilidad en el cargo. Menos aún tendría sentido que, además de no exigir una mayoría calificada para no reelegirlos –como ocurre con sus homólogos de la Corte Suprema de Justicia–, se les obligara a reunir la misma mayoría calificada con la que fueron elegidos para poder reelegirse.

Para razonar así, es necesario pensar que la naturaleza jurídica de una elección es idéntica a la de una revalidación del cargo. Es necesario obviar el principio del paralelismo de las formas (la votación que se requirió para elegir a un magistrado debe ser la misma para no prorrogar su nombramiento). Es necesario desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la estabilidad de los jueces en sus cargos como un derecho humano (Tribunal Constitucional vs Perú, Apitz Barbera y otros vs Venezuela, y Reverón Trujillo vs Venezuela). Y es necesario, sobre todo, tener muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político. Pues lamento truncarles la ilusión de llegar a tener un tribunal electoral de mentirillas: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Aguinaga Aillón vs Ecuador (30 de enero, 2023) sentenció que “las garantías de inamovilidad y estabilidad de los jueces electorales deben ser reforzadas. En ese sentido, la Corte considera que cualquier demérito o regresividad en las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad de los tribunales electorales, son inconvencionales en cuanto su efecto se puede traducir en un impacto sistémico igualmente regresivo sobre el estado de derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general. La protección de la independencia judicial en este ámbito adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan los poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia”.

Nuevos cursos y programas en Estudio Danza Libre

Escrito en . Publicado en Cultura.

Estudio Danza Libre viene haciendo una serie de cambios, de cara a las expectativas de hoy en proyección al futuro.

Por ello se habilitaron dos nuevos salones, que junto al salón ya existente, permitirá ampliar la oferta de cursos y atraer a más estudiantes de todas las edades a esta Institución Cultural Independiente con ya 41 años de existencia.

Además del Programa Profesional en Ballet Clásico donde los niños ingresan a partir de 4 años de edad (donde el principal requisito es que los niños estén ya en sistema educativo formal), se han abierto cursos para adolescentes que inician y cursos para adultos.

Pero ahora la oferta incluye:

– Acondicionamiento físico para adultos y adultos mayores con el profesor Clifford Reyes, educador físico y entrenador de larga experiencia.

– Danza Africana con la maestra María Castro de amplia trayectoria.

– Danza Contemporánea con la máster Alejandra Núñez, bailarina de la Compañía Nacional de Danza.

– Pilates con las maestras certificadas: Lorena Fallas y Elaine González.

– Yoga Restaurativo (personas con dolencias o en estado sedentario) y Ashtanga Yoga (mayor nivel de exigencia) con la maestra certificada Melanny Montero.

– Bailes Latinos con la bailarina, Maestra y coreógrafa Sylvia Trejos de larga experiencia.

-Jazz con la bailarina maestra y coreógrafa Sharifa Karimah.

Esta oferta incluye talleres de fin de semana periódicos de Afro –Contemporáneo con el reconocido maestro Claudio Taylor.

Acérquese con toda confianza, conozca nuestra Escuela y viva la experiencia del movimiento y sus beneficios. Estamos ubicados 150 metros sur de Lincoln Plaza, Frente al Cementerio de Moravia, más información al correo: estudiodanzalibre@hotmail.com o bien al 89941124.

Puede encontrarnos en Facebook como Estudio Danza Libre y en Instagran como Ballet de Costa Rica.

Las peligrosas líneas que ya se cruzaron

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana anterior observamos con preocupación algunos hechos que conducen a pensar en la instalación de una deriva autoritaria sin retorno en Costa Rica.

Pienso en el manual aprendido y puesto en práctica.

Me quedó bastante claro luego de la lectura del buen trabajo periodístico y testimonial de la comunicadora Patricia Navarro, otrora ministra de Comunicación de la Administración Chaves, quien con gran argumentación y respaldo de fuentes logró explicar, entre otras cosas, cómo la construcción narrativa va socavando la realidad hasta convertir en verdades, mentiras absolutas. Su trabajo puede ser leído en el libro “Las máscaras del presidente” (Uruk, 2025).

Estamos ya en el cruce de líneas peligrosas, realizado irresponsablemente por la misma presidenta de la República.

Tachar de comunistas a quienes le adversan no cae en suelo estéril. Ese ha sido durante años el coco que asusta la epidermis conservadora que subyace la identidad costarricense.

Recordemos cómo fue prácticamente “bajado” del primer lugar de las encuestas José Maria Villalta al ser identificado como comunista por sus inmediatos seguidores, entonces de espectro aparentemente progesista, durante la contienda electoral de 2014.

La diferencia con el contexto actual radica en que esa denominación es asumida por una masa que ha sido bien trabajada a nivel de comunicación política. En el manual de construcción del enemigo es una de las principales tareas a realizar de forma cotidiana. Por eso recomiendo la lectura del texto de Navarro donde se explica este ABC de forma clara y contundente. Es peligroso, si, que incluso se busque crear un clima desestabilizador alrededor de las universidades públicas con ese argumento. Ya sabemos de todas maneras que vienen a ponerles candado. Y esa tarea no bajarán la guardia argumentando que en sus aulas se ideologiza y orienta el pensamiento hacia un enfoque político. Nada más lejos de la realidad.

Pero no solo a nivel discursivo se cruzan líneas peligrosas. El joven estudiante recién graduado de la carrera de sociología de la UNA Elian Xavier Jiménez fue golpeado y arrestado durante las manifestaciones contra la aprobación de la ley de armonizacion eléctrica. Para él la presidenta también tuvo palabras descalificadoras y amenazantes.

El mensaje es claro: ante la oposición y el cuestionamiento, se usará la fuerza como instrumento de intimidación.

Aún no se cumple un mes de instalado el nuevo gobierno en Costa Rica. Pero la víspera no anuncia cosas buenas, ni saca el día, como suele decir el dicho popular.

Se deberá conformar un verdadero frente opositor civil para resistir los embates de cuatro años que seguramente pesarán en la historia costarricense.

Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país?

Escrito en . Publicado en Derechos.

En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?

El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»

Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.

Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».

El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.

¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.

El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:

  • la planificación energética,

  • la operación del sistema,

  • el despacho eléctrico,

  • y la administración del mercado.

El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.

Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.

Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.

¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:

  • pérdida de planificación centralizada,

  • mayor dependencia del mercado,

  • menor capacidad de respuesta ante crisis,

  • y eventuales problemas de abastecimiento.

No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.

Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:

  • insuficiente discusión técnica,

  • ausencia de estudios tarifarios sólidos,

  • falta de evaluación integral de impacto,

  • y limitada participación ciudadana.

Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.

El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?

De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.

Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.

La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?

Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.

El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.

Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias

Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia

APREFLOFAS lanzará “Seres Endémicos”, un podcast dedicado a la conservación ambiental y la participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) anunció el lanzamiento de Seres Endémicos, un nuevo proyecto de comunicación estratégica en formato podcast que busca fortalecer el diálogo, la educación ambiental y la divulgación de conocimientos sobre conservación en Costa Rica.

La iniciativa será presentada oficialmente el próximo miércoles 3 de junio de 2026, en el marco de la Semana Mundial del Medio Ambiente, previo a la conmemoración del Día Mundial del Ambiente (5 de junio) y del Día Mundial de los Océanos (8 de junio).

Fundada en 1985, APREFLOFAS ha desarrollado durante cuatro décadas diversas acciones de protección ambiental, educación, sensibilización y comunicación estratégica orientadas a promover la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Entre sus iniciativas más destacadas figura la campaña relacionada con la reforma a la Ley de Vida Silvestre impulsada mediante iniciativa popular respaldada por 177 mil firmas ciudadanas, proceso que culminó con la aprobación de la Ley 9106 y convirtió a Costa Rica en el primer país del continente americano en prohibir la denominada “cacería deportiva”.

Como parte de esta trayectoria, la organización también participó en la campaña “Acéptelo es ilegal”, desarrollada junto con Humane Society International Latinoamérica y autoridades estatales para informar a la ciudadanía sobre la prevención de delitos ambientales y los alcances de la reforma a la Ley de Vida Silvestre.

Durante la celebración de su 40 aniversario en 2025, APREFLOFAS impulsó además una campaña temática de diez semanas difundida a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram (@apreflofas_cr) y TikTok, abordando temas relacionados con conservación, ecosistemas, minería ilegal, vida silvestre, delitos ambientales, protección marino-costera y prevención del atropello de fauna silvestre.

El nuevo proyecto Seres Endémicos ha sido desarrollado conjuntamente con Cucumelo Films, organización con la que APREFLOFAS mantiene una relación de cooperación de más de una década. La propuesta pretende consolidar una plataforma digital de conversación ambiental capaz de reunir a organizaciones sociales, especialistas, instituciones públicas, empresas con enfoque de sostenibilidad, artistas, activistas y grupos comunitarios alrededor de los principales desafíos ambientales del país.

Según la organización, el podcast abordará temas como conservación de ecosistemas, generación de conocimiento científico, educación ambiental, participación ciudadana, democracia digital, derecho ambiental e incidencia política.

La primera temporada desarrollará una secuencia temática dedicada a la relación entre las personas y la vida silvestre, la conservación, la sostenibilidad, la comunicación ambiental, el arte, la música, la educación ambiental, el arbitraje internacional, los orígenes del movimiento ambientalista costarricense y la evolución del modelo institucional de conservación del país.

APREFLOFAS destaca que Seres Endémicos constituye una propuesta poco frecuente dentro del ecosistema de comunicación digital costarricense, al tratarse de un podcast dedicado exclusivamente a temas ambientales, con programación periódica y participación de personas con amplia trayectoria y experiencia en distintas áreas relacionadas con la conservación.

La organización invita al público a participar en el acto de lanzamiento, que se realizará el miércoles 3 de junio a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural de España en Costa Rica.

Asimismo, hace un llamado a suscribirse a sus plataformas digitales y a fomentar conversaciones serias y constructivas sobre la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Fecha de lanzamiento: miércoles 3 de junio de 2026

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Centro Cultural de España en Costa Rica

Día Mundial de los Arrecifes: El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta su mayor crisis coralina mientras el ecocidio avanza sin freno

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunidades y organizaciones llaman a proteger los arrecifes del Caribe Sur mediante ciencia ciudadana, conservación costera y acciones urgentes del Estado

Día Mundial de los Arrecifes: proteger lo que aún está vivo

Este 1 de junio, Día Mundial de los Arrecifes, Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de Kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado urgente a la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país: el arrecife coralino del Caribe Sur de Costa Rica.

Mientras muchas regiones del mundo intentan restaurar arrecifes que ya han desaparecido o han sufrido daños irreversibles, en el Caribe Sur aún persiste un arrecife vivo, diverso y ancestral. No se trata de un ecosistema artificial ni de una colección de fragmentos cultivados; se trata de un arrecife natural que mantiene procesos ecológicos esenciales, alberga una extraordinaria biodiversidad marina y brinda protección costera, alimento y sustento a las comunidades locales.

Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas cada vez mayores. La contaminación proveniente de las cuencas hidrográficas, la sedimentación causada por la deforestación, la destrucción de humedales y manglares, el desarrollo inmobiliario en zonas costeras sensibles, las obras de infraestructura sin evaluación ni mitigación adecuada de impactos marinos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una presión constante sobre este ecosistema.

La ciencia ha demostrado que los arrecifes no pueden entenderse de forma aislada. Su salud depende de la integridad de todo el paisaje costero. Los bosques, manglares, humedales, ríos y playas forman parte de una misma red ecológica. Cuando estos ecosistemas son degradados, los efectos terminan llegando al mar en forma de sedimentos, contaminantes y alteraciones en la dinámica natural de la costa.

Por ello, la situación que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debe entenderse también como una amenaza directa para los arrecifes del Caribe Sur. La pérdida de cobertura forestal, la afectación de humedales y manglares y la creciente presión urbanística comprometen la capacidad del territorio para proteger los ecosistemas marinos que dependen de él.

La preocupación por el futuro del arrecife del Caribe Sur también quedó en evidencia durante el reciente intento de volver a construir un atracadero en el centro de Puerto Viejo, sobre una zona de arrecife coralino vivo. El proyecto fue acompañado por un estudio de impacto ambiental que contenía graves inconsistencias técnicas, incluyendo referencias a especies marinas propias del Pacífico costarricense y no del Caribe. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que cualquier propuesta de desarrollo costero se sustente en información científica rigurosa y acorde con la realidad ecológica del territorio.

Más allá de un proyecto específico, este episodio refleja una visión de desarrollo que continúa dándole la espalda al mar. El Caribe Sur ha construido su identidad, su economía y su atractivo turístico alrededor de la riqueza de sus ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, muchas de las propuestas impulsadas en los últimos años parecen concebir el territorio como un espacio para la expansión inmobiliaria y la infraestructura, sin reconocer los límites ecológicos que sostienen precisamente aquello que atrae a visitantes de todo el mundo. Un modelo de desarrollo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes termina erosionando la base natural que le da valor al territorio.

Un ejemplo reciente son las obras de los puentes en la entrada de Puerto Viejo, desarrolladas sin una evaluación integral de las dinámicas marino-costeras y sin considerar adecuadamente los procesos de erosión que históricamente afectan esta zona. Durante los últimos frentes fríos, el fuerte oleaje y la socavación provocaron afectaciones en las estructuras, evidenciando la vulnerabilidad de obras que no incorporan plenamente la realidad ambiental del territorio. Como respuesta, se han implementado intervenciones de emergencia que han implicado el movimiento y depósito adicional de materiales, aumentando la sedimentación que llega al mar y generando nuevas presiones sobre los ecosistemas costeros.

Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de planificar el desarrollo con una visión ecosistémica y de largo plazo. Un modelo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes, o que ignora los procesos naturales de la costa, termina erosionando la base ambiental que da valor al territorio y sostiene la calidad de vida de las comunidades locales. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que exista un desarrollo verdaderamente sostenible.

La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo evidencia una de las principales deudas ambientales de la región. A pesar de la creciente presión turística y urbana sobre el territorio, la infraestructura continúa sin cumplir plenamente el objetivo para el que fue concebida, limitando la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales y reduciendo los beneficios esperados para la salud pública y los ecosistemas marinos. Su puesta en funcionamiento efectiva y completa es una necesidad urgente para disminuir la contaminación que llega a ríos, playas y arrecifes de coral, y para garantizar un desarrollo turístico compatible con la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local.

La llegada de nuevos eventos de calentamiento oceánico asociados al fenómeno de El Niño aumenta la urgencia de actuar. Los episodios recientes de blanqueamiento han demostrado que los arrecifes necesitan llegar a estos eventos climáticos en las mejores condiciones posibles. Cada fuente de contaminación eliminada, cada bosque protegido y cada humedal conservado aumenta sus posibilidades de resistir y recuperarse.

Frente a este panorama, las comunidades han asumido un papel fundamental. A través de procesos de ciencia ciudadana impulsados por organizaciones locales y en colaboración con la Universidad de Costa Rica, más de un centenar de personas han participado en talleres de monitoreo comunitario de arrecifes. Estos esfuerzos permiten generar información local, fortalecer la vigilancia ambiental y promover una ciudadanía activa en la defensa del patrimonio marino.

La ciencia ciudadana no reemplaza las responsabilidades institucionales, pero sí fortalece la capacidad de las comunidades para observar, documentar y comprender los cambios que ocurren en sus ecosistemas. Es una herramienta para democratizar el conocimiento y construir una gestión ambiental basada en evidencia y participación social.

Finalmente, no podemos olvidar la deuda ecológica histórica que pesa sobre el Caribe costarricense debido a más de un siglo de contaminación asociada al modelo bananero. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas y otros agroquímicos ha impactado ríos, humedales, zonas costeras y ecosistemas marinos, dejando consecuencias ambientales y sociales que aún persisten. Esta contaminación no solo ha afectado la salud de los ecosistemas, sino también la calidad de vida de las comunidades que han convivido con sus efectos generación tras generación. Hablar de la protección de los arrecifes y del mar implica también reconocer esta historia, asumir responsabilidades y avanzar hacia modelos de desarrollo que reparen los daños acumulados y garanticen un futuro más justo para las personas y la naturaleza.

En este Día Mundial de los Arrecifes: Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado a las instituciones públicas para fortalecer la protección efectiva de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Sur; garantizar investigaciones rigurosas sobre posibles fuentes de contaminación; asegurar que toda infraestructura costera cuente con estudios de impacto ambiental integrales hacia el mar y actualizados; fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que sostienen la salud de los arrecifes.

El Caribe Sur aún conserva un arrecife vivo. Su valor no radica únicamente en su belleza, sino en los servicios ecológicos que brinda, en la biodiversidad que alberga y en el vínculo histórico que mantiene con las comunidades costeras.

La prioridad no es reemplazar lo que existe. La prioridad es protegerlo.

Porque conservar un arrecife vivo siempre será más valioso que intentar reconstruir uno perdido.

Fotografías: Diego Miranda y Marco Salazar.

La competitividad de los cantones en el 2025: los reiterados bajos niveles de los cantones costeros, fronterizos y rurales

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

La versión del Índice de Competitividad Nacional 2025 muestra una mejora de 1,7 puntos respecto a 2024, un resultado positivo, pero no estructural. El avance se concentra en telecomunicaciones y digitalización, mientras que las áreas más determinantes para el bienestar —seguridad, salud y educación— se han deteriorado o estancado.

Este crecimiento, por tanto, no puede interpretarse como un logro del gobierno de turno, sino como el resultado acumulado de políticas de largo aliento y de la inversión privada en infraestructura digital. La recuperación del índice es frágil, desigual y territorialmente concentrada.

Tras cinco ediciones del ICN, los hallazgos son claros: 1. Costa Rica tiene una competitividad baja y estable, sin variaciones estructurales significativas. 2. La desigualdad territorial es persistente: las regiones costeras y fronterizas siguen rezagadas en salud, educación y empleo. 3. La seguridad es el principal obstáculo al desarrollo territorial y la inversión. 4. La infraestructura eléctrica y vial encarece la operación productiva, limitando el crecimiento de las PYMEs. 5. La digitalización es la mayor fortaleza nacional, pero su impacto será limitado si no se acompaña de mejoras en el capital humano.

Las desigualdades territoriales muestran un país de dos velocidades, la competitividad costarricense se comporta como un sistema dual. Por un lado, los cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) mantienen niveles de desempeño por encima del promedio nacional; por otro, los cantones costeros y fronterizos continúan rezagados y estancados.

La GAM concentra el 80% de los cantones con mejora sostenida, mientras que las costas apenas muestran cambios. En los cantones costeros, la baja competitividad se asocia con déficits en infraestructura, seguridad y acceso a la educación técnica, factores que dificultan atraer inversión y generar empleo formal.

Por provincia, el contraste es aún más marcado. Heredia, Cartago y San José se consolidan como polos competitivos, mientras que Guanacaste y Puntarenas acumulan los mayores rezagos. En Guanacaste, el ICN cayó por segundo año consecutivo, impulsado por un deterioro en salud y en el sector construcción. Su tasa de mortalidad infantil pasó de 7,4 a 12,1 por mil nacidos entre 2023 y 2024, un salto sin precedentes en el país.

Mientras tanto, los cantones con mayor pérdida de competitividad (San José, Nicoya, Nandayure, Bagaces y Coto Brus) concentran los efectos de la inseguridad, el desempleo y el aumento del costo de vida.

La educación presenta una doble realidad: avances cuantitativos, pero persistencia de brechas cualitativas y territoriales, siete de cada diez jóvenes en cantones rezagados —como Matina, Garabito, Talamanca, Los Chiles y Río Cuarto— no han terminado el colegio. (CPC, Resumen Ejecutivo del índice de la Competitividad Nacional 2025).

La competitividad costarricense tiene rostro territorial: avanza en el centro, se estanca en las costas. Esa afirmación se constata al observar que de los 25 cantones, que tienen el menor índice de competitividad nacional, 24 son de las regiones periféricas y sólo 1 se encuentra en la GAM., mientras que de los 24 cantones periféricos, 9 son costeros, 7 son fronterizos y 8 son rurales, destacando Garabito que es el cantón de menor índice de los 82 cantones (en el índice anterior era Talamanca) y entre los 10 de menor índice, están en orden descendente: Los Chiles, Buenos Aires, Jiménez, Talamanca, Corredores, Abangares, Guatuso, La Cruz, Coto Brus y Garabito, de los cuales 3 son de la región Brunca, 2 de la región Huetar Norte, 2 de la región Chorotega y 1 de las regiones Atlántica, Pacífico Central y Central.

Muchos de los cantones mencionados de las regiones periféricas también, están entre los 10 de menores índices por pilar o componente, así en el pilar de Instituciones o desarrollo institucional, Garabito es el de menor índice, seguido de la Cruz, Golfito, Quepos, Guácimo, Siquirres, Puntarenas, Bagaces, Nicoya y Osa, mientras que en el pilar de Infraestructura, el menor índice lo tiene Guatuso, seguido de Upala, Coto Brus, Jiménez, Alvarado, Abangares, León Cortéz, Nandayure, los Chiles y Buenos Aires.

En tanto en acceso a las TICs, Talamanca tiene el menor índice, seguido de Siquirres, los Chiles, Buenos Aires, Coto Brus, Matina, Nandayure, Sarapiquí, Upala Y Bagaces, en el pilar Salud, el de menor índice es Limón, seguido por Coto Brus, Turrialba, Corredores, Garabito, La Cruz, Dota, Zarcero, Bagaces y Golfito y finalmente en el pilar de Dinamismo de mercados, el de menor índice es Guatuso, seguido por Osa, Aserrí, Quepos, Parrita, Montes de oro, Hojancha, La Cruz, Turrubares y Coto Brus.

Este fenómeno de los menores índices de competitividad en cantones costeros, fronterizos y rurales ha sido señalado en los informes anteriores del Índice de Competitividad Nacional, así en el del 2023, la mayoría de los cantones con desempeño limitado o deficiente, formaban parte de los cantones costeros y fronterizos. Entre los considerados deficientes, 4 eran de Puntarenas y de la región Central y Brunca, 3 de Alajuela y la región Huetar Norte, 2 de Limón y la región Huetar Atlántica, y 1 de Heredia y la Huetar Norte, 1 de Guanacaste y la región Chorotega. (Masís, G, SURCOS Digital, enero,2024)

Igual que ahora, la medición del ICN, evidenciaba una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país, que “sigue un patrón de adentro hacia afuera” al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social. Esa es la realidad de las desigualdades en la competitividad de los cantones y las regiones del país, que es persistente y se confirma en el informe más reciente.

Imagen tomada de https://icn.cr/wp-content/uploads/2025/11/RESUMEN-EJECUTIVO-ICN-2025.pdf

Venezuela salió perdiendo

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Nacho Montes de Oca / pressenza

Tras el ataque militar a Venezuela en enero de este año, Estados Unidos saqueó frenéticamente los recursos estratégicos de Venezuela, como el petróleo y el oro. Estados Unidos compra y vende petróleo venezolano a través de cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense, fiscalizando por la fuerza los ingresos originalmente destinados a Venezuela y permitiendo que Venezuela utilice solo una pequeña parte para comprar bienes a precios elevados en EEUU como un requisito obligatorio.

Los mecanismos de liquidación y uso de los ingresos por venta de petróleo no son transparentes. El ministro de Energía de EEUU, Chris Wright, declaró públicamente que se vendieron al menos U$S 150 millones de barriles de crudo venezolano desde el 3 de enero. Incluso a un precio medio previo al conflicto en Oriente Medio de U$S 60 por barril, los ingresos por ventas de petróleo deberían haber sido de U$S 9.000 millones. Sin embargo, según informes de los medios, Venezuela solo recibió hasta ahora U$S 500 millones de dólares. Además, el ministro del Interior de EEUU, Doug Burgham, afirmó públicamente que había llegado a los EEUU oro por valor de U$S 100 millones procedentes de Venezuela, pero no se reveló si Estados Unidos le pagó ese monto a Venezuela.

Bajo las sanciones y bloqueos prolongados de Estados Unidos, la inflación de Venezuela se disparó un 475% en 2025, un 71% en lo que va de año y registra un aumento anual esperado del 271,6%. En abril de este año, en términos anuales, el dólar estadounidense subió un 403% frente a la moneda oficial venezolana. El nivel de vida de las clases media y baja, cuyos principales ingresos están en moneda local, fueron afectados gravemente.

Aunque el gobierno venezolano afirma utilizar parte de los ingresos de la venta de petróleo para subvencionar los medios de vida de la población debido al control estricto de parte de Estados Unidos, la actual escasez de divisas es grave y la idea de «sembrar el petróleo» no mostró resultados reales.

En 2026, Venezuela es escenario frecuente de diversas protestas y huelgas, con trabajadores industriales, profesores universitarios y otros grupos que exigen continuamente aumentos gubernamentales en salarios y pensiones. El 9 de abril, algunos sindicatos venezolanos organizaron una marcha de cientos de trabajadores activos y jubilados en la capital, Caracas, exigiendo salarios mínimos y pensiones más altos. Durante el proceso, estallaron enfrentamientos físicos con la policía y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y otros medios para hacer cumplir la ley. El día 16, el Sindicato Nacional de Sindicatos de Venezuela organizo otra manifestación en la capital, con varios representantes sindicales presentando peticiones a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela respecto a estas demandas, convocando elecciones dentro del año, mayores ingresos de los trabajadores, contención de la inflación y la liberación de presos políticos.

Eureka: Ni Panini, ni Tucídides, ni Star Wars. La Tecnocracia como Nuevo Imperio

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado de FUDECEN
Miembro de la junta directiva del Colegio de Profesionales de El Salvador
Ciudad Arce, El Salvador, mayo 2026

Vivimos una paradoja histórica: estamos en un cambio de era y, simultáneamente, en una era de cambios vertiginosos. Si Tucídides, el historiador griego que describió la guerra del Peloponeso, o George Lucas con su saga de Star Wars, pudieran observar el presente, probablemente no reconocerían el campo de batalla. Tampoco lo haría el coleccionista de álbumes de Panini, quien alguna vez creyó que reunía figuras de papel, ignorando que hoy somos nosotros los «stickers» que se coleccionan, se empaquetan y se venden.

Nos encontramos cruzando el umbral crítico desde las democracias analógicas —o, más honestamente, las plutocracias de la era industrial— hacia un nuevo régimen: la tecnocracia. Y ojo, no es una utopía liberadora; es, con frecuencia, otra forma de plutocracia, pero digitalizada.

Como sostiene la filósofa Carissa Véliz, estamos ante una desestabilización intencionada de los sistemas de gobierno de los últimos 200 años. La democracia, en sus múltiples estadíos, desde la planificación estatal hasta el libre mercado, ha sido siempre una configuración de asimetrías de poder. Ya fueran los mercaderes, los banqueros, los militares o los extremistas religiosos, la historia nos muestra que el poder siempre tiende a concentrarse en manos de una élite.

La novedad del hoy y del ágora es que: nos mudamos de lo análogo a lo digital.

Una contemporaneidad que radica en la velocidad y la naturaleza de esta transición. La tecnocracia ha logrado en menos de 70 años lo que a las democracias tradicionales les tomó dos siglos: una masificación sutil, omnisciente y omnipresente. Esta transformación no ha sido ruidosa; ha sido subversivamente tácita, sublime y, paradójicamente, atractiva. Ya no nos dirigen solo con leyes o ejércitos; nos dirigen mediante algoritmos, bases de datos y discursos diseñados para incidir en cada colectivo. Nuestros pensamientos, miedos y deseos son extraídos, almacenados y manipulado para incidir en el comportamiento social a escala global.

Esta era de cambios, sin embargo, es también una continuidad de las luchas análogas. La velocidad de la transformación es brutal, pero la necesidad humana de pensamiento crítico, divergencia y solidaridad permanece intacta. No se trata de una utopía inalcanzable, sino de una necesidad urgente de paz y bienestar común. La lucha ya no es solo por el voto o la calle, sino por la soberanía de nuestros datos y la integridad de nuestra conciencia.

La realidad centroamericana: Datos sin soberanía En nuestra región, esta transición tiene matices críticos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y reportes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aunque la conectividad móvil en Centroamérica ha crecido más del 100% en la última década, la soberanía de datos es casi inexistente. Más del 90% de los datos generados por ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica residen en servidores de empresas extranjeras, fuera de cualquier marco legal regional.

Además, la transición digital se presenta como un fenómeno marcadamente desigual, donde coexisten la hiperconectividad del consumo con profundas exclusiones estructurales. Según datos del sector, mientras el promedio global es de casi siete cuentas de redes sociales por persona, en el istmo la adopción digital se vuelca de manera masiva pero pasiva hacia plataformas como Facebook y TikTok, convirtiendo a las poblaciones en consumidoras de narrativas y exportadoras netas de datos, sin una verdadera soberanía tecnológica.

En El Salvador, la digitalización se ha acelerado con la implementación de billeteras digitales y la digitalización de trámites, pero esto ha creado una dependencia total de la infraestructura tecnológica externa. En Guatemala y Honduras, la falta de leyes robustas de protección de datos personales deja a los ciudadanos vulnerables a la extracción masiva de información por parte de corporaciones tecnológicas que operan sin regulación local. Como señala el Observatorio de la Sociedad de la Información de Centroamérica, la región es un «laboratorio de exportación»: sus patrones de consumo, opiniones políticas y datos biométricos son procesados en Silicon Valley, Europa o Asia, y los resultados se devuelven como publicidad o influencia política.

Esta era de cambios es, paradójicamente, una continuidad histórica acelerada. Las transformaciones actuales ocurren con una celeridad y brusquedad inéditas, alterando la percepción del tiempo y de la soberanía individual. La gobernanza digital ha sofisticado la asimetría del poder, convirtiendo el dato en el activo más valioso del nuevo capitalismo de vigilancia.

Ante este panorama, la resistencia sigue siendo profundamente humana y análoga. Hoy más que nunca cobra vigencia la urgencia del pensamiento crítico, el valor de la divergencia y la necesidad absoluta de colectivizarnos desde la solidaridad y el bien común. Desafiar el determinismo tecnológico no es una utopía romántica; es una necesidad biológica, económica y política para preservar la paz y la dignidad en los albores de este nuevo siglo.

Por ello, antes de resignarnos a ser meros nodos en una red ajena, debemos retomar la lectura de Véliz y, sobre todo, volver a nuestra propia consciencia. La verdadera revolución no ocurrirá en los servidores de Silicon Valley, sino en la capacidad de transformarnos y reivindicar nuestra humanidad. Necesitamos ser Ubuntu: «yo soy porque nosotros somos». En un mundo donde la tecnología intenta fragmentarnos para controlarnos mejor, la solidaridad es nuestro acto de resistencia más poderoso.

Aplaudamos, apapachemos y despertemos esa consciencia proactiva. El futuro no está escrito en código binario; está en nuestras manos y en nuestra capacidad de recordarnos que, al final del día, seguimos siendo humanos.

Acá la brillante claridad narrativa se Véliz: https://ethic.es/entrevistas/entrevista-carissa-veliz/?brid=YWdncwG-AbN79d0LBwGTKghmz6c7