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Autor: María José Ferlini Cartín

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

Más allá de la técnica: racionalidad, historicidad y disputa por el modelo eléctrico costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.

Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.

Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?

La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.

No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.

Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.

Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.

Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.

Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.

Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.

Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.

Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:

eficiencia económica,
flexibilidad del mercado,
descentralización funcional,
competencia regulada,
incentivos de inversión,
optimización de costos.

Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:

universalidad,
cohesión territorial,
planificación estatal,
seguridad estratégica,
electrificación rural,
solidaridad distributiva,
soberanía energética.

Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.

La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.

Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.

Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.

Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.

Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.

¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.

En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.

Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.

Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.

Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.

En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.

Referencias

Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.

Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.

Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.

Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.

Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte III)

Escrito en . Publicado en Análisis.

¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra anterior columna vimos cómo el hartazgo ante la corrupción del bipartidismo tradicional parió al Partido Acción Ciudadana (PAC). Agotados por los escándalos, los costarricenses buscaban desesperadamente una tabla de salvación, y el partido de Ottón Solís se presentó como el gran faro moral de la política nacional.

Ese discurso caló tan hondo que, en el 2014, Luis Guillermo Solís rompió el molde histórico y llegó a la presidencia con más de un millón de votos. Nos prometieron una “casa de cristal”, donde la transparencia sería absoluta. Sin embargo, la historia nos enseñó a la mala una lección brutal: gobernar no es lo mismo que ser oposición, y cuando construyes toda tu identidad política asumiendo el papel de juez moral de los demás, tus propios pecados te los cobran al doble.

Esclavos de sus propias palabras

Durante sus años de oposición, el PAC esgrimió un Código de Ética implacable. Medían a los políticos del PLN y del PUSC con una vara altísima: exigían destituciones y renuncias inmediatas ante el menor cuestionamiento o sospecha en la prensa. Eran los dueños de la pureza.

Pero el poder es un espejo implacable. Cuando les tocó sentarse en la silla presidencial, esa vara métrica desapareció. De pronto, ante los cuestionamientos a sus propios jerarcas, la narrativa cambió drásticamente. Lo que antes era “exigencia ética”, ahora se escudaba en el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”. El partido que nació para erradicar las viejas prácticas terminó recurriendo a las mismas artimañas legales y excusas políticas que tanto le habían criticado al bipartidismo. Se convirtieron en esclavos de sus propias palabras.

Los escándalos bajo la bandera del “Cambio”

Si el discurso ético se desmoronó en la forma, en el fondo el golpe fue devastador. Durante sus dos administraciones (Solís Rivera 2014-2018 y Alvarado Quesada 2018-2022), el país fue testigo de casos que hirieron de muerte la promesa del cambio:

La estafa al TSE: La ironía más dolorosa de nuestra historia política reciente. El partido que enarboló la bandera anticorrupción fue condenado en los tribunales por estafar al Estado costarricense mediante contratos falsos durante la campaña política. Un golpe letal a su autoridad moral.

El Cementazo: Este escándalo nos demostró que el PAC no desmanteló las viejas redes de tráfico de influencias, sino que, lamentablemente, algunos de sus actores simplemente acercaron una silla para sentarse a la misma mesa de los grandes negocios oscuros.

El “Hueco Fiscal”: La irresponsabilidad de ocultar un déficit multimillonario en el presupuesto nacional antes del cambio de gobierno en 2018. Una jugada política y contable que le costó carísimo al bolsillo de los costarricenses.

El Caso UPAD: Un hecho inédito que terminó con el allanamiento de la mismísima Casa Presidencial. Más allá del debate legal, representó una bofetada a la confianza ciudadana sobre el manejo oscuro de la información privada de los costarricenses.

El Caso Cochinilla: Aunque la pudrición en el CONAVI y el MOPT venía de mucho atrás, la bomba estalló bajo su guardia, demostrando una total incapacidad para limpiar las instituciones que prometieron sanear.

La medicina que no curó al paciente

Pero más allá de los escándalos, la verdadera tragedia fue la gestión del Estado. Retomando lo que hablábamos en la segunda columna: ¿Se salvó a la clase media? No. ¿Se rescató a nuestros agricultores y ganaderos? Tampoco.

Tener buenas intenciones —o al menos pregonarlas— no equivale a tener capacidad técnica para administrar. Durante ocho años vimos infraestructura estancada, un desempleo en aumento y una desigualdad que se profundizó. Nos dimos cuenta de que la indignación sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar un país.

El vacío y el castigo

El electorado costarricense es paciente, pero no olvida. En las elecciones de 2022, el castigo en las urnas fue histórico y fulminante: cero diputados. El partido que prometió cambiar a Costa Rica quedó reducido a la irrelevancia política absoluta.

Pero esta implosión nos dejó una herida mucho más profunda. La caída en desgracia de los partidos tradicionales, sumada al estrepitoso fracaso de la promesa moral del PAC, dejó al ciudadano de a pie huérfano, cínico y desesperado.

Ese vacío de credibilidad, esa sensación de que “todos son iguales”, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viviendo hoy. De eso, de la polarización, del discurso antisistema y de la Costa Rica dividida que nos quedó, hablaremos en nuestra cuarta y última columna.

Nos leemos pronto, en la cuarta y última parte de la serie.

Defensoría advierte debilidades del sistema que atiende reclamos de usuarios dentro de entidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.

Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).

Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.

Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.

Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.

Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.

También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Sobre la política exterior de Costa Rica y la subordinación a intereses ajenos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Manifiesto del Instituto Sindical de Formación Política

El Instituto Sindical de Formación Política, en ejercicio de su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la dignidad de los pueblos, declara lo siguiente:

1. Costa Rica y su tradición pacifista

Costa Rica abolió su ejército en 1948, convirtiéndose en referente mundial de paz y desarme. Sin embargo, en los últimos años, nuestra política exterior ha mostrado una peligrosa contradicción: se han firmado propuestas de interacción militar continental que responden a la agenda de la llamada “Gran Norteamérica”, debilitando la esencia de nuestra tradición pacifista y democrática.

2. Subordinación a la política exterior de Estados Unidos

La política exterior costarricense se ha alineado de manera acrítica con los intereses de Estados Unidos, incluso en situaciones que la mayoría de países del mundo han condenado:

  • La tragedia humanitaria en Gaza, frente a la cual Costa Rica no ha matizado ni denunciado las violaciones de derechos humanos.
  • El bloqueo económico contra Cuba, rechazado año tras año por la Asamblea General de la ONU, pero aún respaldado por nuestro gobierno.
  • La guerra contra Irán, donde Costa Rica guardó silencio ante el bombardeo de escuelas e instalaciones civiles, y más bien expresó apoyo al gobierno de Donald Trump.

3. La herencia de la “república bananera”

Los trabajadores bananeros costarricenses, en sus huelgas históricas contra la United Fruit Company, llamaban “cipayos” a los capataces que se sometían a los dictados de la transnacional. Hoy, esa memoria nos interpela: seguimos comportándonos como una república bananera, subordinando nuestra política exterior a intereses ajenos, en detrimento de nuestra soberanía y de los derechos de nuestro pueblo.

4. Consecuencias económicas y sociales

Las decisiones temerarias de apoyar aventuras militares han derivado en crisis geopolíticas y energéticas, con efectos inflacionarios que golpean directamente a los trabajadores y consumidores costarricenses. El alza de los combustibles es prueba tangible de cómo la subordinación política se traduce en sufrimiento económico para la ciudadanía.

5. Responsabilidad de los gobernantes

Mandatarios como Rodrigo Chaves y Javier Milei, actuando como acólitos de Trump y Netanyahu, fueron de los pocos en el mundo en respaldar acciones irresponsables que hoy nos afectan a todos. La política exterior no puede ser un espacio de improvisación ni de servilismo, sino de defensa firme de los intereses nacionales y de los principios de paz que nos distinguen.

DECLARACIÓN FINAL

Costa Rica debe recuperar una política exterior independiente, soberana y solidaria, que:

  • Defienda los derechos humanos en todo contexto, sin selectividad ni subordinación.
  • Rechace bloqueos y agresiones contrarias al derecho internacional.
  • Honre nuestra tradición pacifista y de abolición del ejército.
  • Ponga en el centro los intereses de los trabajadores y de la ciudadanía, no los dictados de potencias extranjeras.

El Instituto Sindical de Formación Política llama a la reflexión crítica y a la acción organizada para que Costa Rica deje de comportarse como una república bananera y recupere su voz propia en el concierto de las naciones.

San José, mayo de 2026 Instituto Sindical de Formación Política

“El destajo en los atracaderos: cargar más, más rápido y vivir menos”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

En los muelles del Pacífico costarricense, donde el mar debería ser símbolo de apertura y horizonte, persiste una forma de trabajo que parece salida de los tiempos feudales: el trabajo a destajo. Se paga por producir más, no por trabajar mejor ni más seguro. Es el salario del rendimiento, no de la dignidad. Y en los atracaderos donde la fuerza humana sustituye a la tecnología, esta modalidad se convierte en una trampa de auto explotación.

Los estudios internacionales sobre trabajo portuario coinciden en que los muelles son zonas de alto riesgo laboral. Allí confluyen sustancias tóxicas, cargas pesadas, maquinaria improvisada y jornadas extenuantes. Pero en Costa Rica, donde “los costarricenses no ven al mar”, como decía Constantino Láscaris, los riesgos se invisibilizan. No hay mapas de riesgo, ni inspecciones efectivas, ni prevención. Los atracaderos son tierra de nadie.

Las cooperativas que hoy operan en los muelles del Pacífico —creadas para sustituir a las empresas intermediarias entre armadores, agencias navieras y trabajadores— reproducen las mismas lógicas de explotación. Bajo el discurso de la “autogestión”, el trabajador se convierte en su propio capataz. El pago a destajo lo empuja a cargar más, a correr más, a arriesgar más. La productividad se mide en toneladas, no en vidas.

La doctrina iuslaboralista europea y latinoamericana ha advertido que el trabajo a destajo traslada el riesgo empresarial al trabajador y viola el principio de salario justo y digno. En los muelles costarricenses, esta violación es cotidiana y pública. Las autoridades de inspección laboral no saben qué inspeccionar, y los sindicatos carecen de poder crítico porque la libertad sindical está restringida. Las cooperativas, en teoría solidarias, se han convertido en estructuras de control y silencio.

El resultado es un sistema de trabajo precario, peligroso y moralmente insostenible, donde la explotación se disfraza de esfuerzo personal. El trabajador se autoexplota para sobrevivir, mientras las instituciones miran hacia otro lado. El mar, que debería ser fuente de vida y trabajo digno, se convierte en espejo de una sociedad que ha normalizado la injusticia.

El Estado costarricense hace décadas dejo de invertir en los muelles. Hoy tenemos vergonzosos atracaderos. Costa Rica necesita ver al mar. Necesita ver sus muelles y reconocer que allí se violan derechos laborales básicos, que la prevención es inexistente y que el trabajo a destajo perpetúa una forma de servidumbre moderna. La dignidad no se mide en toneladas descargadas, sino en el respeto a la vida y al trabajo humano.

Roque Dalton frente a la indiferencia universitaria

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)
biodiversidadcr@gmail.com

Este artículo surge tras asistir al espectáculo teatral, poético y musical “Roque Dalton. El turno del ofendido”, presentado recientemente en el Teatro de Bolsillo; una magnífica puesta en escena que reivindica la vigencia humana, política y cultural de Roque Dalton (https://shortlink.uk/1vGIN)

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue interpelando a las universidades latinoamericanas con una pregunta incómoda: ¿para quién se produce el conocimiento?

Por décadas, las universidades latinoamericanas han sido espacios de pensamiento crítico, debate intelectual y producción de conocimiento. Sin embargo, también han enfrentado una tensión permanente: la de decidir si ese conocimiento se limita a los círculos académicos o si, por el contrario, se pone al servicio de las grandes causas sociales de nuestras sociedades. En ese debate, la voz de Roque A. Dalton García (1935-1975) sigue conservando una vigencia extraordinaria.

Dalton no fue únicamente un poeta brillante. Fue también un intelectual profundamente incómodo para los poderes políticos, económicos e incluso culturales de su tiempo. Su obra literaria, marcada por el humor, la ironía y la crítica social, estuvo atravesada por una convicción fundamental: el intelectual latinoamericano no podía permanecer neutral frente a la injusticia.

Ese llamado tuvo un destinatario muy claro: la universidad.

Para Dalton, el conocimiento que no dialoga con la realidad social termina convertido en un ejercicio estéril. Criticó duramente al intelectual encerrado en la “torre de marfil”, distante de los dolores y esperanzas de su sociedad. En una América Latina caracterizada por profundas desigualdades, pobreza, exclusión y violencia política, el poeta salvadoreño consideraba que el silencio académico equivalía, muchas veces, a una forma de complicidad.

Su pensamiento sigue interpelando a las universidades públicas latinoamericanas, especialmente en momentos en que numerosos sectores intentan reducirlas a simples centros de formación técnica o a engranajes funcionales del mercado. Dalton recordaba que la universidad debía ser mucho más que eso: un espacio de conciencia crítica, de reflexión ética y de compromiso con la transformación social.

No se trataba, desde luego, de convertir la academia en propaganda política ni de sacrificar el rigor científico en nombre del activismo. El propio Dalton comprendía el enorme valor del pensamiento crítico y de la investigación seria. Lo que cuestionaba era la indiferencia. Su preocupación central era que el conocimiento universitario perdiera contacto con la realidad de las mayorías.

La reciente puesta en escena “Roque Dalton. El turno del ofendido” permitió precisamente reencontrarse con esa dimensión profundamente humana y crítica del poeta salvadoreño. El espectáculo no solamente reconstruye fragmentos de su vida y de su obra, sino que devuelve actualidad a preguntas que siguen siendo incómodas para nuestras sociedades y nuestras universidades: ¿para quién se escribe?, ¿para quién se investiga?, ¿a quién sirve realmente el conocimiento?

Vivimos una época marcada por múltiples crisis: deterioro ambiental, concentración de la riqueza, debilitamiento democrático, violencia social y desinformación masiva. Frente a estos desafíos, la universidad no puede limitarse a observar desde la comodidad institucional. Las sociedades latinoamericanas necesitan académicos capaces de investigar, denunciar, explicar y proponer soluciones a problemas que afectan cotidianamente a millones de personas.

En Costa Rica, esa discusión no es ajena. Las universidades públicas han desempeñado históricamente un papel fundamental en la defensa de la democracia, la movilidad social y el pensamiento crítico. Sin embargo, también enfrentan crecientes presiones presupuestarias y discursos que buscan deslegitimar su función social. En ese contexto, recordar a Roque Dalton resulta especialmente pertinente.

El poeta salvadoreño comprendía que la función social de la universidad no consiste únicamente en producir profesionales competentes, sino también ciudadanos conscientes. Su llamado a los académicos universitarios era, en el fondo, un llamado ético: poner la inteligencia y el conocimiento al servicio de la sociedad.

Tal vez por eso su pensamiento continúa generando incomodidad. Porque obliga a preguntarnos para quién investigamos, para quién enseñamos y para quién producimos conocimiento. Obliga a cuestionar si la universidad está contribuyendo a reducir las desigualdades o si, inadvertidamente, termina reproduciéndolas.

A medio siglo de su muerte, Roque Dalton sigue recordándonos que el conocimiento sin compromiso humano corre el riesgo de convertirse en simple ornamentación cultural. Y que una universidad incapaz de escuchar a su sociedad termina perdiendo, poco a poco, su razón de ser.

Imagen: https://eluniversitario.ues.edu.sv/escritores-salvadorenos-roque-dalton/

Pago de pensiones del IVM revela desigualdades territoriales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

UNA. Un pensionado de Río Cuarto de Alajuela puede recibir, en promedio, una pensión de 159.597 colones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); mientras que un jubilado que resida en Montes de Oca obtiene, en promedio, 470.062 colones.

Lo anterior es reflejo de las desigualdades territoriales en las pensiones pagadas por el IVM, el régimen más grande del país, que cobija a 399 mil jubilados.

Este es parte del análisis que hace el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), como una extensión del informe Análisis territorial e importancia macroeconómica del IVM.

En una primera entrega de este informe, el estudio hizo una aproximación detallada sobre la población cotizante. Ahora, se hace un análisis que responde a la pregunta ¿dónde están los pensionados del IVM en Costa Rica?

Las desigualdades territoriales permiten establecer que diez cantones pagan las pensiones más altas en el país, con montos promedios que oscilan entre 478.417 colones (Curridabat) y 370.760 colones en San Isidro. Los otros cantones que conforman esta lista son Montes de Oca, Moravia, San Pablo, Escazú, Santa Ana, Belén, Tibás y Santo Domingo.

La otra cara de la moneda son los cantones con los montos promedio de pensión más bajos. Los montos van desde los 159.597 colones en Río Cuarto hasta los 191.647 colones en León Cortés. La lista la completan Guatuso, Guácimo, Talamanca, Sarapiquí, Tarrazú, Alvarado, Matina y Parrita.

Esta comparación permite determinar que los montos más elevados se concentran en cantones de la gran área metropolitana (GAM), mientras que los más bajos se ubican en la zona rural del país.

Leiner Vargas, economista y coautor del estudio, confirma la existencia de esta desigualdad, la cual atribuye al fenómeno de un mercado laboral que refleja distorsiones significativas entre regiones para optar por una posterior a futuro. Para el investigador del Cinpe-UNA, es claro que la distribución de oportunidades de empleo entre el campo y la ciudad muestran grandes diferencias salariales y, por ende, en los aportes.

“La pensión del IVM representa un 60% del último salario reportado. Entonces, si la persona está recibiendo 200 mil colones, como se refleja en algunos cantones rurales o costeros, quiere decir que esas personas ganaban entre 350 mil y 400 mil colones cuando estaban trabajando”, ejemplificó Vargas.

El dato no pasa desapercibido a la luz de las 20 propuestas que presentó la Gerencia de Pensiones a la Junta Directiva de la CCSS para darle sostenibilidad financiera al régimen del IVM y que incluye, entre otros aspectos, reducir la tasa de reemplazo (monto que reciben las personas jubiladas) de un 60% a un porcentaje que se ubique entre un 40% y un 43%.

Para Vargas, medidas como estas derivadas de los datos de pago promedio de pensiones, ocasionarían un castigo a las personas pensionadas, quienes deben lidiar con ingresos que muchas veces son insuficientes.

“Estamos hablando de miles de familias que dependen de esa pensión, personas que viven solas o que conformen unidades familiares más grandes, con un cónyuge o a veces que tienen a su cargo incluso a nietos. Si aceptáramos la propuesta de la Gerencia de Pensiones de la Caja, que esperamos discutir pronto, llevaríamos esos ingresos a niveles raquíticos de 100 mil o 150 mil colones”, manifestó Vargas.

Es entonces cuanto el tema de pensiones y su propuesta de sostenibilidad de largo plazo se puede convertir en una bomba de tiempo con perspectiva social y económica, sobre todo, en territorios de alta vulnerabilidad.

“Se afectaría la dinámica de muchos cantones porque dependen en gran medida del consumo que realicen estas personas. Estamos hablando que utilizan su pensión, por ejemplo, para ir a la pulpería, al mercado, tomar un taxi para ir a la clínica, asistir a la feria del agricultor. Es impactar todo un ecosistema económico local”, puntualizó.

¿Pensiones de lujo?

A partir del análisis desagregado de montos promedios de pensiones, Vargas también hizo énfasis en un mito que, considera, se ha posicionado a nivel mediático y que debe derribarse: en el IVM no hay pensionados de lujo, afirma.

“Es injusto catalogar a todos los sistemas como de lujo. En el régimen IVM, en el que cotizan la gran mayoría de costarricenses, no hay pensionados de lujo. Hoy la pensión máxima a la que pueden aspirar es de un 1.700.000 aproximadamente. Si vemos los rangos promedio de pensión por cantón tan bajos y nos vamos a zonas rurales a ver estas realidades es cuando más debemos quitarnos el chip que nos han querido insertar y más bien entender que muchas personas viven, como se dice popularmente, raspando la olla”, aclaró Leiner Vargas.

Por el contrario, estima que al ser un sistema de reparto, el IVM se convierte en un pilar de la solidaridad social del país, al establecer montos mínimos y máximos de pensión que una persona puede obtener, “de manera que al establecer una especie de piso, nos dice que ningún abuelito o abuelita que haya cotizado a la seguridad social lo vamos a condenar a ser pobre solo por no tener una pensión digna”.

Otro aspecto que resalta de la investigación, basada en datos oficiales proporcionados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, es que un 45.62% de las personas pensionadas se concentran en 10 cantones del país. San José lidera la lista con un 12.20% del total de jubilados, seguido de Alajuela (6.02%), Desamparados (5.47%), Goicoechea (4.30%), Cartago (4.02%), Heredia (3.65%), Pococí (2.60%), San Carlos (2.50%), La Unión (2.47%) y Puntarenas (2.38%).

A nivel comparativo, se concluye, además, que la población pensionada del IVM está más distribuida que la cotizante (un 55% de los cotizantes se concentran en 10 cantones).

En cuanto al gasto de las pensiones, los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Goicoechea, Heredia y Cartago lideran la lista.

Para Leiner Vargas, la dimensión territorial debe ser considerada en el análisis de propuesta de soluciones a largo plazo del IVM. “Debemos tener esa discusión sobre quién debe llevar el peso del ajuste en las pensiones. La cuota de los trabajadores que se ajustó desde el 2018 ha venido aumentando paulatinamente, mientras que la carga social de las empresas como patronos es significativa. Debe ponerse sobre la mesa la deuda millonaria del Estado y la forma de pago que debe definirse”, indicó.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica