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Autor: María José Ferlini Cartín

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

CGR ordena al ICE cesar el uso de alianzas empresariales para ejecutar contratos directos entre entes públicos

El órgano contralor determinó que el ICE recurrió sistemáticamente a asociaciones con empresas privadas para cumplir contrataciones amparadas en la excepción de contratación directa entre entidades públicas, trasladando a terceros la ejecución sustantiva de los servicios. La CGR giró órdenes tanto al ICE como a diez instituciones contratantes.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó, mediante dos investigaciones relacionadas, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizó de forma irregular la figura de «asociación empresarial» o «alianza estratégica» —habilitada por la Ley N.° 8660 para que el ICE compita en el mercado abierto de telecomunicaciones— como mecanismo para ejecutar contrataciones directas con otras entidades públicas, amparadas en la excepción de contratación entre entes de derecho público (artículo 2 inciso c) de la derogada Ley N.° 7494 y artículo 3 inciso b) de la vigente Ley General de Contratación Pública N.° 9986).

Los hallazgos quedaron plasmados en dos órdenes emitidas el 28 de julio de 2026 por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa: la DFOE-CIU-ORD-00002-2026, dirigida al ICE y a diez entidades que lo contrataron directamente, y la DFOE-CIU-ORD-00003-2026, centrada en la gobernanza interna de las 16 alianzas empresariales vigentes del sector telecomunicaciones del ICE.

Empresas privadas ejecutan lo que el ICE debía hacer por sí mismo

Según la CGR, la excepción de contratación directa entre entes públicos exige que la entidad contratada —en este caso el ICE— posea la idoneidad técnica para ejecutar el objeto contractual por sí misma, cubriendo al menos el 50% del objeto bajo la normativa anterior o el 70% bajo la ley vigente. Sin embargo, el análisis de dieciséis acuerdos comerciales reveló que, en la práctica, empresas como Corporación FONT S.A., Grupo CESA-Control Electrónico, SONDA Tecnologías de Información, Continex Continental, SWAT Consulting Services, Componentes El Orbe, Productive Business Solutions (PBS), SPC Internacional, GBM de Costa Rica y el Grupo GEA asumieron el suministro, instalación y mantenimiento del hardware y software, mientras el ICE se limitó a labores de coordinación, facturación y traslado de fondos al socio comercial.

La Contraloría documentó casos concretos con diez instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, con los proyectos EDUS y REDIMED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Museo de Arte Costarricense (MAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Upala, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En la mayoría de los casos, el ICE suscribió el acuerdo comercial con la empresa privada después de haber sido ya adjudicado en el contrato directo con la entidad estatal, lo que la CGR interpreta como evidencia de que el ICE no contaba, de previo, con la capacidad técnica requerida para prestar el servicio.

Márgenes de pérdida y falta de control interno

La orden dirigida específicamente al ICE (DFOE-CIU-ORD-00003-2026) profundiza en fallas de gobernanza corporativa. La CGR encontró que, en varios acuerdos, el socio privado recibió entre el 65% y el 88% de los beneficios económicos —mientras el ICE asumía la mayor parte del riesgo—, y que al menos seis acuerdos comerciales presentaron márgenes de utilidad por debajo del costo de capital estimado por el propio ICE (9,3%-10% en dólares) o de la tasa de utilidad media del sector calculada por la SUTEL (13,43%). En el caso del acuerdo con Componentes El Orbe S.A., el ICE registró nueve meses consecutivos de pérdidas mientras trasladaba cerca del 83% de los ingresos al socio comercial, y aun así este recibió una calificación de desempeño del 100% en su evaluación semestral, ya que la rúbrica utilizada no consideraba la implementación real del servicio al cliente final.

La Contraloría también halló expedientes desordenados, sin foliar ni digitalizar formalmente, y un caso —el acuerdo con Datasys Group (AC-023-19)— que ni siquiera había sido reportado al órgano contralor. Asimismo, constató la ausencia de cláusulas anticorrupción específicas en los contratos, pese a que la versión más reciente del reglamento interno del ICE ya las contempla.

Cinco riesgos identificados por la Contraloría

En la orden dirigida a las entidades contratantes, la CGR resume cinco riesgos derivados de este esquema: el ingreso de empresas privadas al manejo de fondos públicos sin pasar por ningún proceso competitivo; la distorsión del mercado al excluir a otros posibles oferentes; la imposibilidad de que la entidad contratante evalúe la idoneidad legal y técnica del «socio» que en realidad ejecuta el servicio; la evasión de la formalidad contractual, pues el contrato lo firma solo el ICE y no el aliado privado; y el debilitamiento de las garantías, ya que el tercero que presta el servicio sustantivo no asume responsabilidad contractual directa ante la institución pública.

La CGR aclaró que no cuestiona la potestad del ICE de suscribir alianzas estratégicas para competir en el mercado abierto de telecomunicaciones, ni descarta la subcontratación de servicios accesorios o especializados; el problema señalado es específicamente el uso de estas figuras dentro de contrataciones amparadas en la excepción entre entes públicos.

Las órdenes de la Contraloría

Al Consejo Directivo del ICE se le ordenó:

  • Cesar de inmediato el uso de asociaciones empresariales con privados en contrataciones directas entre entes públicos, e instruir formalmente a sus dependencias internas (plazo: 28 de agosto de 2026).

  • Establecer mecanismos de control que garanticen que el ICE ejecute por sí mismo al menos el 70% del objeto contractual en futuras contrataciones directas, limitando la subcontratación a labores accesorias bajo los procedimientos ordinarios de la Ley N.° 8660 (plazo: 27 de noviembre de 2026).

  • Fortalecer la gobernanza y el control documental de las alianzas vigentes, e incorporar protocolos anticorrupción (plazo: 31 de agosto de 2026).

  • Elaborar, junto con la Gerencia de Finanzas, un estudio técnico y financiero de los acuerdos vigentes con márgenes bajos o negativos, con miras a aplicar medidas correctivas (plazos: 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026).

A las diez instituciones contratantes (Asamblea Legislativa, CCSS, AyA, ICT, INAMU, INS, MINAE, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Upala y MAC) se les ordenó establecer controles para verificar la idoneidad técnica y legal del ICE antes de recurrir a la excepción de contratación directa, y definir planes de transición que garanticen la continuidad de los servicios brindados a la ciudadanía (plazos entre el 21 de setiembre y el 27 de noviembre de 2026).

La CGR advirtió que, de incumplirse lo ordenado, se aplicará el artículo 69 de su Ley Orgánica (Ley N.° 7428), que contempla la suspensión o destitución del funcionario responsable en caso de desobediencia reiterada.

Puede descargar los dos informes de la CGR desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026011978.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/SIGYD_D_2026012083.pdf

Festival Internacional La Papeña 2026: Cartago vive la música latinoamericana

Cartago será el punto de encuentro de la música latinoamericana el 8 y 9 de agosto con el Festival Internacional La Papeña 2026, que se realizará en el Parque Central de Cartago a partir de las 10:00 a. m., con la participación de artistas de Colombia, México y Costa Rica, además de talleres, conversatorios, un mercado de artesanías y diversas actividades culturales gratuitas y abiertas a todo público.

La Asociación Vergel Cultural anuncia esta nueva edición del festival, un encuentro comunitario que durante más de 16 años ha convertido a Cartago en un espacio para la celebración de la música, el arte y la convivencia. La edición 2026 se realiza en el marco de la Semana Internacional de las Juventudes, reafirmando su compromiso con la participación activa de las personas jóvenes en la vida cultural. Asimismo, el festival se suma a la conmemoración de La Puebla de los Pardos como sitio de memoria histórica, reconociendo el legado de las comunidades afrodescendientes que contribuyeron a la construcción de la identidad cartaginesa y costarricense, un eje que —señala la organización— da un significado especial a la programación artística al promover el diálogo intercultural.

«Queremos invitar a toda la diáspora colombiana, a las personas jóvenes del cantón de Cartago y de todo el país, así como a todas las familias y amantes de la música, a ser parte del Festival Internacional La Papeña. Les espera un fin de semana lleno de música latinoamericana, actividades culturales y espacios para compartir, disfrutar y celebrar la diversidad», indicó Lucía González Paniagua, presidenta de la Asociación Vergel Cultural.

Artistas que estarán presentes

Además de las representaciones internacionales Tribu Baharú y La Oveja Arisca (Colombia) y el Pablo Loaiza Trío (México-Costa Rica), el festival contará con la participación de agrupaciones nacionales como Social Ska Jazz Collective, Junior y sus Calypsonians y Paracaídas, ofreciendo un recorrido por la riqueza y diversidad de la música costarricense, desde el calypso y el ska-jazz hasta las propuestas contemporáneas de la escena independiente.

Sobre la agrupación colombiana Tribu Baharú, la organización destaca que la potencia rítmica de la champeta afrocolombiana no es solo una invitación a la fiesta, sino una puerta de entrada para reconocer y celebrar las raíces afromestizas que son parte constitutiva, aunque a menudo silenciada, de la historia cartaginesa y costarricense; su presentación en Cartago se describe como un acto de justicia simbólica y una oportunidad para enriquecer el imaginario local sobre lo afrodescendiente.

La Oveja Arisca, agrupación colombiana integrada por mujeres, representa —según la organización— la vanguardia de la música de fusión latinoamericana, al combinar ritmos tradicionales con elementos de rock, jazz y música electrónica, subrayando el compromiso del festival con la diversidad estética y la innovación artística.

El Pablo Loaiza Trío reúne al baterista y compositor costarricense Pablo Loaiza junto al pianista Jorge Méndez y el contrabajista Enrique Camacho, ambos destacados músicos de la escena del jazz en México. El ensamble presenta un repertorio de composiciones originales que fusiona la tradición del jazz con influencias latinoamericanas, privilegiando la improvisación y el diálogo musical.

Programación por día

Sábado 8 de agosto (Plaza Mayor, salvo donde se indique):

  • 10:00 a. m. — Feria de jóvenes emprendedores

  • 10:00 a. m. — Taller «Mirarme y ser mirada»: autorretratos expandidos, con la artista Mat Kar

  • 11:00 a. m. — Creación de collage (mesa abierta)

  • 1:00 p. m. — Círculo de malabares

  • 2:30 p. m. — Conversatorio «Mujeres en la música latinoamericana», en Casa Jiménez Sancho, con aforo limitado, con la participación de La Oveja Arisca (Colombia), Daniela Meza Sonidero y Barrio Fátima (Costa Rica), moderado por Karol Barboza (Costa Rica)

  • 4:00 p. m. — Compañía Nacional de Danza, agrupación Seres Danzantes por la Paz

  • 5:00 p. m. — Concierto de Paracaídas (Costa Rica)

  • 6:00 p. m. — Concierto de Pablo Loaiza y Película Imaginaria (México)

  • 7:00 p. m. — Concierto de La Oveja Arisca (Colombia)

Domingo 9 de agosto (Plaza Mayor):

  • 10:00 a. m. — Feria de jóvenes emprendedores

  • 10:00 a. m. — Clase de yoga, en el interior de las Ruina

  • 11:00 a. m. — Creación de collage (mesa abierta)

  • 1:00 p. m. — Círculo de malabares

  • 2:00 p. m. — Movimiento creativo para infancias

  • 3:00 p. m. — Danza Anubis

  • 4:00 p. m. — Concierto de Social Ska Jazz Collective (Costa Rica)

  • 5:00 p. m. — Concierto de Junior y sus Calypsonians (Costa Rica)

  • 6:00 p. m. — Concierto de Tribu Baharú (Colombia)

Apoyo institucional

El festival cuenta con el respaldo del Programa Ibermúsicas, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Cartago, la Municipalidad de Cartago, el Área Social de la Municipalidad de Cartago, El Arrabal Centro Cultural y la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), además de otros aliados institucionales, comunitarios y organizaciones culturales.

Sobre la Asociación Vergel Cultural

Vergel Cultural es una organización nacida en 2008, con 18 años de trayectoria, ganadora del Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2024, otorgado por el Ministerio de Cultura y Juventud. Procura construir espacios inclusivos y participativos vinculados con diversas expresiones artísticas y culturales, bajo principios de comunidad, horizontalidad, bien común y equidad.

Concierto “Celebremos la Anexión del Partido de Nicoya con música Guanacasteca”

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Banda Nacional de San José y la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi,  se complacen en invitarle al Concierto Celebremos la Anexión del Partido de Nicoya con música Guanacasteca con la Benemérita Banda Nacional de San José

La actividad será presencial el viernes 31 de julio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

De Blackwater al NASDAQ: la visión de Erik Prince sobre la guerra en Ucrania

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

Durante el Black Sea Security Forum, el fundador de Blackwater y actual presidente de Swarmer, Erik Prince, presentó una visión de la guerra en Ucrania que va mucho más allá del campo de batalla. Su intervención mostró cómo el conflicto se ha convertido, para ciertos sectores, en un espacio de innovación tecnológica, inversión financiera y transformación de la industria militar.

Prince elogió la capacidad de Ucrania para desarrollar drones de bajo costo, descentralizar las decisiones militares y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías directamente desde el frente de combate. A su juicio, este modelo supera ampliamente los sistemas de adquisición de armamento de Estados Unidos y Europa, a los que calificó de burocráticos y obsoletos.

Sin embargo, detrás de ese discurso sobre eficiencia e innovación surge una pregunta inevitable: ¿se está analizando la guerra como una tragedia humana o como una oportunidad de negocios?

Uno de los aspectos más llamativos de su exposición fue el anuncio del éxito bursátil de Swarmer, empresa que, según explicó, se convirtió en la primera compañía ucraniana del sector en cotizar en el NASDAQ. Prince señaló además que busca identificar empresas tecnológicas ucranianas, asociarse con ellas y llevar sus desarrollos al mercado internacional.

La experiencia adquirida en el campo de batalla deja así de ser únicamente un recurso para la defensa nacional y pasa a convertirse en un activo comercial y financiero.

Otro punto especialmente controvertido fue su visión sobre el futuro de los veteranos ucranianos. Prince afirmó que, una vez terminada la guerra, cientos de miles de excombatientes podrían integrarse a empresas militares privadas para entrenar fuerzas armadas de otros países o participar en operaciones de seguridad. Incluso planteó la necesidad de crear un marco legal que les permita «monetizar» su experiencia.

Aunque advirtió sobre el riesgo de que organizaciones criminales intenten reclutar a estos veteranos, su principal preocupación fue facilitar su incorporación al mercado internacional de la seguridad privada.

El discurso también refleja una tendencia más amplia: la creciente influencia del sector privado en asuntos tradicionalmente reservados al Estado. Prince defendió reducir los controles políticos sobre las adquisiciones militares para entregar mayor autonomía a los mandos operativos, argumentando que ello permitiría innovar con mayor rapidez. Sus críticos, sin embargo, podrían señalar que una mayor participación empresarial en la toma de decisiones sobre defensa también plantea interrogantes sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático del gasto militar.

Llama la atención, además, lo que el discurso deja fuera. A lo largo de su intervención prácticamente no hay referencias a las víctimas civiles, los millones de desplazados, la destrucción de ciudades o la necesidad de avanzar hacia una solución política del conflicto. El centro del análisis está puesto en drones, eficiencia, innovación, inversiones y mercados.

La intervención de Erik Prince ilustra cómo la guerra en Ucrania también está siendo observada desde la lógica del complejo militar-industrial y los mercados financieros. Reconocer los avances tecnológicos desarrollados durante el conflicto no impide plantear una reflexión crítica: cuando una guerra comienza a generar oportunidades de inversión, empresas que cotizan en bolsa y nuevos mercados para la industria de la defensa, resulta legítimo preguntarse si la prioridad sigue siendo alcanzar la paz o si, para algunos actores, el conflicto también representa una oportunidad económica.

Más allá de las posiciones políticas sobre la guerra, las palabras del fundador de Blackwater muestran una realidad difícil de ignorar: en el siglo XXI, los conflictos armados no sólo redefinen las estrategias militares, sino también los negocios, las finanzas y el papel de las empresas privadas en la seguridad internacional. Ese debate merece tanta atención como el desarrollo de las armas que hoy dominan el campo de batalla.

Fuente.

ISFODE reconoce valentía de autoridades judiciales que desarticularon banda de alias Diablo y exige asignación urgente de recursos

El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.

Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.

Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.

Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.

San José, 26 de julio 2026

Solicitan reunión con la Asociación de Desarrollo de Manzanillo para alertar sobre impactos del modelo de desarrollo en la comunidad

El ambientalista Marco Vinicio Levy Virgo dirigió una carta a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, en la que solicita una reunión para exponer información técnica sobre los impactos del modelo de desarrollo que, según señala, se viene consolidando en esa comunidad del Caribe Sur.

En la comunicación, fechada el 26 de julio de 2026, Levy explica que durante más de tres décadas ha trabajado en la defensa del ambiente en Manzanillo y sus alrededores. Aclara que su posición no constituye una oposición al desarrollo, sino un llamado a que este respete los límites ecológicos indispensables para garantizar la supervivencia y el bienestar de la comunidad.

Uno de los principales planteamientos del documento es la importancia de proteger las lomas de Manzanillo como zonas de recarga acuífera. Según expone, de estas áreas depende buena parte del abastecimiento de agua para la población y las actividades productivas, por lo que intervenirlas sin información técnica suficiente sobre su capacidad de carga incrementa el riesgo de escasez y deterioro del recurso hídrico.

La carta también analiza el crecimiento de viviendas y alojamientos destinados al alquiler de corta estancia mediante plataformas como Airbnb. Levy sostiene que este modelo genera una demanda creciente de servicios, especialmente agua potable, mientras una parte importante de los beneficios económicos no permanece en la comunidad, situación que considera crea una relación desigual entre el aprovechamiento del territorio y los beneficios locales.

Asimismo, señala que durante años algunos intereses inmobiliarios y turísticos han ejercido influencia en distintos espacios de decisión local y regional. En su criterio, ello no se ha traducido en una defensa prioritaria de la recarga acuífera ni de la capacidad de carga del territorio, provocando que la comunidad asuma las consecuencias sobre el acceso al agua y la calidad de vida.

El documento incorpora además un repaso de antecedentes relacionados con el ordenamiento territorial del Caribe Sur, entre ellos el enfoque conocido como «The Rich Coast», el Plan Regulador Costero y la Ley 9223, lo que indica que, a juicio del autor, algunos de estos procesos han sido utilizados para favorecer intereses empresariales vinculados al desarrollo inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles.

Levy manifiesta también su preocupación por un documento suscrito por un expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y remitido a la Sala Constitucional dentro del expediente relacionado con la Ley 9223. Considera que dicho escrito responde a una perspectiva ajena a los intereses colectivos de la comunidad y hace un llamado a evitar que la organización comunal sea utilizada para respaldar posiciones que puedan favorecer agendas particulares sobre el interés público.

En la parte final de la carta, el ambientalista reitera que no está en contra del turismo ni de la actividad empresarial. Afirma que el turismo es fundamental para Manzanillo, pero sostiene que debe desarrollarse con contrapesos comunitarios y respetando la capacidad ecológica del territorio para evitar que la población local termine relegada y que se comprometan recursos estratégicos como el agua.

Finalmente, solicita a la junta directiva de la Asociación la oportunidad de reunirse para compartir información técnica sobre la recarga acuífera, la capacidad de carga del territorio y los efectos del modelo de desarrollo vigente, con el propósito de que la comunidad cuente con mayores elementos para tomar decisiones con autonomía y visión de futuro. La carta concluye expresando su disposición para reunirse en el momento y lugar que la organización considere conveniente.

Información basada en el oficio MLV-00289-2026 remitido por Marco Vinicio Levy Virgo.

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

Colombia: desobediencia civil en tiempos de disputa geopolítica

Álvaro Fernández González
Julio de 2026

El llamado de Iván Cepeda a promover un proceso de desobediencia civil pacífica marca uno de los momentos más delicados de la política colombiana desde la Constitución de 1991.

Más allá de las simpatías o discrepancias que pueda generar, la importancia del anuncio radica en que introduce una discusión de fondo: ¿qué puede hacer una oposición cuando considera que existen graves dudas sobre la legitimidad política de un nuevo gobierno, aunque reconozca la legalidad formal del resultado electoral? Esa es la pregunta que Cepeda intenta responder al invocar una tradición histórica de resistencia no violenta.

La desobediencia civil desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela es una forma extraordinaria de acción colectiva cuando los mecanismos institucionales son insuficientes para proteger principios fundamentales.

No constituye una invitación a la violencia ni una ruptura del orden constitucional, sino un recurso propio de las democracias cuando sectores significativos de la ciudadanía consideran que las instituciones han dejado de ofrecer garantías suficientes para la defensa de derechos y principios compartidos.

Es patente que América Latina atraviesa una nueva fase de confrontación internacional caracterizada por la creciente competencia entre grandes potencias, la Doctrina Monroe y su Corolario Trump de nueva imposición política a mano armada, el uso intensivo de tecnologías digitales en los procesos electorales, campañas de desinformación y renovadas formas de influencia externa sobre las democracias latinoamericanas.

Desde esta perspectiva, Colombia se convierte también en escenario de disputa geopolítica, como Bolivia, Venezuela y Cuba dramáticamente.

Pero el debate no es solo quién tenga razón en la coyuntura inmediata. También es necesario preguntarnos cómo responden las democracias cuando la ciudadanía pierde confianza en la legitimidad política de sus instituciones.

En Colombia, el 30,7% de la votación se expresó por el Pacto Histórico de Cepeda, frente al 31,3% del derechista y ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, y una proporción aún mayor del electorado, el 36%, se abstuvo.

Está claro que la historia latinoamericana demuestra así que estamos ante una polarización cada vez más difícil de contener.

La apuesta por formas explícitamente no violentas de movilización adquiere entonces una relevancia particular.

La tradición de la desobediencia civil pretende trasladar el conflicto desde la confrontación física hacia la deliberación pública, los tribunales, la organización social y la presión ciudadana.

Colombia enfrenta así un desafío que trasciende a sus protagonistas inmediatos.

La capacidad de procesar desacuerdos profundos dentro de las reglas constitucionales será decisiva no solo para el futuro político del país, sino también para una región donde las disputas geopolíticas internacionales vuelven a entrelazarse con las tensiones propias de democracias intensamente polarizadas.

Referencias:

“Colombia y el mundo: ¿qué sigue?” Por Juan Carlos Monedero, Canal SinEmbargo Al Aire, 8 de julio 2026.
https://youtu.be/dmN1CVHwbaY?si=7VkIjIFLe6efErDk

“¡Iván Cepeda llama a la desobediencia civil! ¿qué significa y por qué lo hace?”, en Canal Magenta Radio con William López, 1 de julio de 2026.
https://youtu.be/8DEdLqVZFLA?si=jvKLDC0-N6HEUJHX

Comunidad de Guacimal rechaza proyecto de planta de cianuración minera

  • En Abangares hay alerta sobre el avance de la minería subterránea o ilegal que pone en peligro calle pública.

La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal acordó rechazar la propuesta para instalar una planta de procesamiento de oro mediante cianuración en el distrito, al considerar que este tipo de actividad no forma parte de la visión de desarrollo del territorio y que podría generar importantes riesgos ambientales, sociales y para la salud de la población.

El acuerdo fue adoptado durante la reunión ordinaria de julio de 2026, luego de conocerse la iniciativa presentada por una Cooperativa, la cual plantea construir una planta de beneficio de oro mediante el sistema de cianuración destinada a procesar según un prospecto publicitario:“ mineral (roca con oro) adquirido a mineros artesanales de las zonas cercanas de Abangares, Guacimal y Miramar, así como lamas previamente procesadas con ley mínima de 3 a 4 g/ton de oro”.

En el pronunciamiento, la ADI señala que Guacimal no posee tradición minera y advierte que la instalación de una planta de procesamiento podría incentivar nuevas actividades extractivas en el distrito, con impactos ecológicos derivados de las excavaciones e impactos sociales asociados a la llegada de nuevas actividades económicas vinculadas a la minería.

La organización comunal también manifiesta su oposición al establecimiento de cualquier planta de procesamiento basada en cianuración dentro del distrito, debido a los riesgos químicos, ambientales y sanitarios asociados a este tipo de procesos. Además, señala que desconoce si este modelo de procesamiento ya opera en Abangares y cuáles han sido sus resultados, por lo que considera indispensable conocer esa experiencia antes de promover iniciativas similares.

Como parte de su acuerdo, la Asociación solicita además que, en caso de existir un expediente administrativo sobre el proyecto, se haga público el número correspondiente para que la comunidad pueda consultarlo y participar de manera informada en el proceso.

Un contexto de creciente expansión minera

La preocupación de la comunidad de Guacimal ocurre en un momento en que diferentes sectores sociales observan un aumento en las iniciativas de minería metálica subterránea en la región de la Cordillera de Tilarán. A esto se le ha sumado mucha actividad ilegal que está generando mucha preocupación.

Una investigación desarrollada por el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica reveló en abril del 2024 la existencia de un verdadero enjambre de proyectos de minería subterránea de oro en el país. El estudio identificó 59 solicitudes de concesión minera que, en conjunto, abarcan 779,52 km², equivalentes al 1,52 % del territorio nacional. En el caso del cantón central de Puntarenas, donde se ubican los distritos de Guacimal y Monteverde (hoy cantón), la investigación identificó 12 solicitudes de concesión minera que cubren aproximadamente 174,6 km² (alrededor de 17 460 hectáreas) a estas se sumaron otros 4 expedientes nuevos. (UCR).

A esta situación se suma la preocupación generada por una denuncia realizada recientemente por vecinos de Pozo Azul de Abangares fronterizo con Guacimal (ver videos), quienes alertaron sobre trabajos de aparente exploración minera que estarían comprometiendo la estabilidad de la carretera utilizada por la comunidad. Según los videos divulgados por habitantes del lugar, las labores se desarrollan debajo de la vía pública, donde hay ya un hueco profundo, generando preocupación por la seguridad de las personas que transitan por el sitio.

Aunque en esa zona existe una solicitud de concesión minera subterránea de oro y plata (2023-EXP-PRI-009 solicitada por COOPE HUAITILAR ) actualmente no ha sido posible verificar el alcance o la naturaleza de esos trabajos, ya que como puede comprobar en el enlace los expedientes de la Dirección de Geología y Minas no se encuentran información en línea para consulta pública. Esta situación incrementa la incertidumbre de la población y refuerza la demanda por una mayor transparencia y fiscalización de las actividades mineras.

Expedientes del cantón central de Puntarenas para solicitud de concesión para minería subterránea de oro y plata, al 23-7-2026:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/EXPEDIENTES-DEL-CANTON-CENTRAL-DE-PUNTARENAS-PARA-SOLICITUD-DE-CONCESION-PARA-MINERIA-SUBTERRANEA-DE-ORO-Y-PLATA.pdf

Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal rechaza la propuesta de instalación de la planta pues “la minería metálica no está dentro de la visión para el desarrollo del distrito”:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/07/Posicion-de-la-Asociacion-de-Desarrollo-Integral-de-Guacimal.pdf