Autor: María José Ferlini Cartín

Por Carlos Meneses Reyes

Ex novio, sospechoso del crimen de una pareja de abogados en Ocaña.

Maira Liceth Carreño coronel (trabajaba en la Alcaldía de Ocaña) y Omar Quintero Villegas (trabajaba en la Defensoría del Pueblo), ambos abogados, fueron asesinados a balazos, la noche del martes 03 de Mayo, a la entrada de un garaje del Centro Comercial Mercado Central en Ocaña, ubicado en la en la calle 14 entre careras 9 y 10 de la ciudad. El asesino responde al nombre de Wilmar Giraldo Usuga, conforme a difusión periodística. Un ex militar con quien la abogada convivió tres años y debido al maltrato, ella decidió romper la relación.

El apellido Usuga y otros más, corresponde a la ola de narco paramilitares, que el batallón Santander del ejército, desplazó hacía la región, durante el impulso paramilitar a partir de 1990. Esa fase de “refundacion” del instrumento paramilitar, como Terrorismo de Estado en Colombia, operó para la Provincia de Ocaña y El Catatumbo, con desplazamiento de población llegada en forma subrepticia, lenta, oculta y en Ocaña se conoce o llamó, como la “invasión de los paísas”. Asentaron en el entorno ocañero y en el transcurso de dos generaciones se integraron en la familiaridad e idiosincrasia ocañera. Un verdadero trabajo de selección y planificación militar fascista, aplicó el ejército colombiano, en torno a sostener pilares de contrainsurgencia; en momentos en que la inteligencia militar, sobre presupuestos, como en el que en “cada hogar ocañero había un guerrillero” y la infundada creencia de existencia de “núcleos familiares” en las guerrillas del entorno catatumbero; les permitiría afrontar fenómenos como el las deserciones en el ejército, con todo y armamento y la eficiente inteligencia popular de las insurgencias guerrilleras, en esa extensa y también fronteriza región.

Optaron en El Catatumbo por el despojo de tierras; cual “reforma agraria blanca”; desplazando al campesino raizal y “sembrando” población traída del occidente antioqueño. En el caso de Ocaña, por ser la capital comercial de El Catatumbo, asentaron en el gremio comercial, con el acierto de una visión de crecimiento y ampliación comercial (no empresarial, ni industrial), ideal para el creciente lavado de dineros del narco tráfico y en inspiración de lo hoy llamado la existencia de un Narco Estado en Colombia. Para el control político de la capital norte santandereana Cúcuta, la puerta de entrada la constituyó la masacre de La Gabarra: todo un inicio de desplazamiento poblacional, lo cual implicó la continuación de asesinatos de lideres políticos de la Unión Patriótica y del movimiento popular en general. Sembró el asentamiento narco paramilitar en los barrios de Cúcuta; mezclado con la aparición de nuevos cuadros políticos y dirigentes locales y tales “aparecidos” en la política local, conformaron, luego, el llamado “Cartel de Atalaya”; cuyos máximos exponentes son los exgobernadores Edgar Diaz y William Villamizar, mancornados con el chófer de buses, el Alcalde presidiario Ramírez Corso.

Institucionalmente la Provincia de Ocaña ha crecido de espaldas a la realidad.

– En el transcurso de 50 años, se triplico la población en el casco urbano de la ciudad de Ocaña. De 50 mil habitantes para la década de 1970 y una población flotante de 19 mil personas; hoy censan 120 mil habitantes en el casco urbano y una población flotante de 60.000 personas. Estadísticas registran que al Centro de la ciudad de Ocaña entran diariamente 35.000 motos, provenientes de los municipios del Alto Catatumbo y el Sur del Cesar, en especial Aguachica. Se estima la población del Área Metropolitana de la ciudad de Ocaña, en más de 200 mil habitantes.

El anterior recuento histórico podría sorprender en lo académico y político. Pero ello se da por la carencia del registro histórico en Ocaña. La Academia de Historia de Ocaña no cumple con el papel narrativo; la comunicación documentada y la interpretación que conlleva cuando hay historia registrada. Se requiere de un presente histórico registrado, para asumir como metodología del conocimiento de la región: “lo dado” histórico.

En Ocaña no existen historiadores del presente, a los cuales suelen confundirlos con cronistas. Los académicos de Historia en Ocaña, si se ocupan en algo, será en que utilizan las fuentes primarias, con ansias de evidencias, para investigar y luego escribir relatos del pasado y así posan de doctos. En mi Ensayo “Anotaciones Sobre el Movimiento Popular en Ocaña”, un referente como El Paro Nor Oriental de 1986, lo expondría como un ejemplo de registro histórico del presente. O lo monstruoso e indignante del asesinato de 120 jóvenes, por parte del ejército colombiano, algunos enterrados en el Cerro de Las Liscas, loma cercana y al frente del batallón, en Ocaña; en la aplicación de métodos contrainsurgentes de “limpieza social” ,como son los llamados falsos positivos.

Pero la carencia de un método histórico de “lo dado” presente, conlleva a la Academia de Historia de Ocaña, a relegar todo ese acumulado fructífero de experiencia de la lucha popular, en infidencias; es decir, en sepultarlo en la fe guardada. Peor aún, los convierte en un sujeto confidente. ¿Pero confidente de qué? Puesto que, para una posición subjetiva y no objetiva, de la Historia, el uso de confidente puede predicarse de amigo, confianza; o de soplón, espía; conforme al punto de referencia en que se ubique; todo ello conforme a la aceptación de la doctrina militarista y aplicación de política contra insurgente del “enemigo interno”.

– La seccional publica de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) denota actividad científica en proyección a la problemática agropecuaria y en referencia a la aplicación de la ciencia política, la sociología, la geografía y la antropología, en el conocimiento de la región.

Huérfana, la Provincia de Ocaña, de esta proyección institucional; explica la intromisión del ejército colombiano, en su comportamiento de “estado dentro del estado”, en la evaluación de la distribución de estamento poblacional; su asentamiento en el territorio; el desconocimiento de lo tradicional, autóctono; de idiosincrasia raizal; el no respeto a las culturas autóctonas, como expresión de soberanía nativa y popular; la indispensable y necesaria consideración del sujeto, como núcleo humano poblacional en esa región. Todo ello en consideración, que institucionalmente no les corresponde a las fuerzas armadas y en particular al ejército, el manejo de la geografía política de la región; un estado de cosas inconstitucional (eci) que se ha venido dando, sobre todo en el actual gobierno del sub presidente Duque. Por mencionar algo de incidencia: la carencia de una política coherente internacional con el vecino país venezolano, que coloca al ejército colombiano en particular, como una cabeza de playa expansionista a intereses del imperio norteamericano y las multinacionales y en relación con la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Esto trajo consigo afectación, en muchos ordenes, al Departamento de Norte de Santander, como Departamento fronterizo.

De manera que un suceso como un crimen pasional, resalta la oportunidad de ahondar en plataforma informativa- de origen socio histórico y político- de cómo el convicto Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, no ha debido ser extraditado. El porqué falló en no denunciar a los responsables de la oficialidad militar y de los políticos adherentes hacia 1989-1991, época en que sale del EPL (Ejército Popular de Liberación) y es llevado por el generalato a fincas dominadas por los paramilitares de Castaño, en el Uraba, en donde lo alistan como elemento contrainsurgente, al servicio y supuesta mente en nómina en el ejército colombiano. Late la impunidad de un gobierno narco paramilitar, en uso del instrumento de guerra llamado “guerra contra las drogas”. Palpita, como manifestación de un sentimiento nacional, el engaño a que es sometida la opinión pública y comunidad internacional, al considerar que la extradición de un nacional colombiano, a las mazmorras del imperio, para pagar delitos de narcotráfico y lavado de activos, reivindica a las víctimas de delitos de lesa humanidad, con ocasión de la tragedia colombiana, producto del conflicto armado interno. Resulta pisoteada la soberanía y dignidad del juez natural de la República de Colombia. Falso lo difundido por la dictadura mediática nacional, de reacciones de “paros armados” por parte de los del “clan del golfo”; sabiéndose que son una fachada del ejército colombiano- que se les salió de control- para justificar la estéril e ineficaz “guerra contra las drogas”. Engañando a incautos, cuando en el debate político nacional emerge la relación del generalato colombiano, apadrinando a los del tal “clan de golfo”; ficción que elevan casi a la categoría de sujeto rebelde y/o con influencia política y control territorial en el Uraba Antioqueño; cuando en realidad de verdad, son los instrumentos de una política de contra insurgencia, que no ha impedido el aumento e intensidad en el escenario del conflicto armado interno colombiano.

La Verdad sea sabida.