El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente se permite informar, a la población costarricense, que la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) hace circular, por las redes sociales, varios audios cuyo contenido es cuestionable, con contenido erróneo, tendencioso, anticientífico y con lenguaje inapropiado, pues poseen elementos que se oponen a las buenas prácticas científicas y éticas que deberían caracterizar a una entidad que forma parte del gobierno de la República de Costa Rica.
Por ejemplo, adjuntamos los siguientes dos audios y su transcripción:
Señora: ¡Ay Vea! Es que se me está inundando la casa, el agua nos está llegando encima de las rodillas. ¡Tengo chiquitos! ¡Necesitamos que nos rescaten ya!
911: ¿Cuál es la dirección?
DCC: En el futuro, podemos reducir el dolor de estas llamadas si nos tomamos en serio el cambio climático. Las acciones individuales son importantes, pero hoy, toca organizarnos para reducir nuestras emisiones y adaptarnos al cambio climático en los barrios, las municipalidades, en el país. ¡Metete en la vara! Un mensaje de la Dirección de Cambio Climático del MINAE.”
“911: ¿Cuál es su emergencia? /Ruidos de llamadas de emergencia de fondo/
DCC: En las recientes inundaciones de Turrialba, más de 3.850 personas llamaron al 911, para solicitar ayuda. El Cambio Climático nos está golpeando; las acciones individuales ya no bastan. Si queremos evitar otras crisis como está, toca organizarnos para reducir nuestras emisiones y adaptarnos al cambio climático en los barrios, las municipalidades, en el país. ¡Métete en la vara! Un mensaje de la Dirección de Cambio Climático del MINAE.
Es necesario aclarar, a la opinión pública, que las inundaciones, tales y como se producen en nuestro país y en otros territorios en el mundo, se producen en gran proporción a causa de los regímenes normales de lluvias (pluviosidad) y de sus variaciones temporales y espaciales, sobre todo cuando se concentran según su intensidad, duración, frecuencia y volumen (variabilidad climática) y los ríos se desbordan desde sus lechos menores hacia los lechos mayores. Por causa del desorden en la ocupación de la tierra, los lechos mayores y llanuras de inundación han sido ocupados inadecuadamente por viviendas, edificaciones, infraestructura y la red vial (carreteras y puentes) sin las debidas salvaguardas ante la dinámica fluvial ni del diseño y protección hidráulica requeridos. Por ello se ha generado (y sigue generándose), la exposición creciente, gestación de daños y pérdidas sociales, económicas y ambientales, muertos, heridos y traumas psicosociales.
Es posible afirmar que la influencia de los cambios del régimen pluviométrico, en determinada región, puede conducir tanto a aumentos como disminuciones en la tendencia neta de las lluvias: extensión de los períodos secos o aumento de la cantidad de agua en los cauces fluviales.
En el futuro, el riesgo derivado de las inundaciones, sus efectos e impactos, la proporción de la influencia del calentamiento global antropogénico es sustancialmente menor que el ejercido por el exceso de exposición y vulnerabilidad humana, conjugados por los factores derivados de la variabilidad climática.
De acuerdo con los estudios científicos más recientes (IPCC, 20211), la verdadera definición de “cambio climático” (CC) incluye tanto el componente natural, activo desde que existe la atmósfera en el planeta Tierra (hace aproximadamente 4.200 millones de años) y cuyas variaciones se expresan en escalas de miles y millones de años, como las más recientes (desde hace aproximadamente entre 60 años y 300 años), derivadas de la influencia de la actividad humana. Para evitar confusiones, cuando se desea referir a esta última, es recomendable hablar de “calentamiento global antropogénico” (CGA).
Ante lo anterior, advertimos que:
La generación del miedo es una estrategia aplicada para generar reacciones emocionales de quienes escuchan, sobre todo cuando no hay datos y argumentos adecuados y rigurosos y cuando se trata de personas que no cuentan con todos los elementos científicos, información y nivel educativo adecuados.
La inyección mediática del alarmismo y catastrofismo es una técnica de comunicación utilizada para reforzar temas de índole político e ideológico. Los tonos, ruidos de fondo y contexto de estos mensajes infunden temor hacia situaciones que no pueden ser controladas, como supuestamente lo sería el Calentamiento Global Antropogénico. La credibilidad de estos mensajes no está en su longitud, ni en quién lo enuncia, sino en las historias que busca representar.
La Dirección de Cambio Climático (DCC) del MINAE, quien genera el mensaje, aplica la imagen de autoridad, para dar peso a la “información” ofrecida en el audio.
Muchas poblaciones, en Costa Rica, se ven impactadas recurrentemente por las denominadas “inundaciones”, lo cual no necesariamente se debe a un comportamiento anómalo de los ríos sino por consecuencia del desorden territorial imperante, de decisiones erróneas y/o postergadas por las autoridades y por circunstancias socioeconómicas de los pobladores.
La estrategia de mencionar 3.850 familias en crisis, busca dar mayor credibilidad y sensación de impacto y hace entender que la mayor amenaza para las familias en Costa Rica es el Cambio Climático. Pero esto es falso: desempleo, elevado costo de la vida, desorden territorial, pretensión de solucionar esas “inundaciones” mediante la construcción de diques que se dañan y reconstruyen todos los años, inseguridad, pérdida de calidad de la educación, contaminación de los ríos, carreteras y puentes en mal estado, pandemia y su “post”, terremotos, vulcanismo, deslizamientos, impuestos desmedidos, déficit fiscal, endeudamiento externo y otras amenazas, ya perjudican a las familias y al país.
Cuando se insta a la prevención de las inundaciones mediante la reducción de nuestras emisiones de CO2 (en realidad y para ser científicamente rigurosos también deberían incluirse los otros gases, vapores y partículas a efecto de invernadero) y se menciona que así “…en el futuro podemos reducir el dolor de estas llamadas…” se exagera grotescamente la realidad de los datos e información. En la actualidad, Costa Rica emite tan sólo el 0,002% de las emisiones mundiales y si fuéramos realmente “carbono-neutrales”, no cambiaríamos, prácticamente en nada, la situación global de esas emisiones ni influiríamos en las condiciones del clima.
En los audios no hay una sola sugerencia acerca del camino racional a tomar. Los anuncios indican la necesidad de tomar acciones individuales, comunales, municipales y nacionales, pero no indica cómo hacerlo.
El cambio climático siempre ha existido, los desbordamientos de los ríos también; no son situaciones nuevas. Por lo tanto, asustar al ciudadano no es el camino correcto para enfrentarlos responsablemente. Sí debería serlo la educación sobre sus verdaderos alcances, separados de los mitos y noticias alarmistas y catastrofistas.
La intranquilidad de la comunidad no debe ser la justificación para el cumplimiento del programa de trabajo de entidades gubernamentales o internacionales, ni del seguimiento de las modas mundiales.
Debe fortalecerse el análisis climatológico y las aplicaciones de las técnicas hidrológicas e hidráulicas para integrarlas a los procesos de inversión en los proyectos de vivienda, e infraestructura para la producción de bienes y servicios.
El ordenamiento territorial, la gestión del riesgo, que incluye la denominada “adaptación” como uno de sus subcapítulos, y la gestión ambiental y social, son las tres políticas públicas transversales que sí pueden ser efectivas para enfrentar a las amenazas hidrometeorológicas y climáticas.
Los mensajes como estos no son propositivos ni conciliadores; más bien buscan eliminar la responsabilidad sobre lo sucedido en esta y otras ocasiones, y ocultar la negligencia e inacción ante otras amenazas reales y materializadas. Esas 3.850 familias seguirán igualmente expuestas y sus necesidades y soluciones no serán atendidas como realmente corresponde.
COCIGA se manifiesta, una vez más, en la mejor disposición de contribuir con el desarrollo de foros y debates nacionales en los que se analicen las realidades del cambio climático y sus repercusiones específicas para Costa Rica. Con ello se podrán proponer las medidas adecuadas para garantizar nuestro desarrollo sostenible.
1 IPCC. (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Disponible en: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
Compartido con SURCOS por la Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente.
Lamentables las muertes de los que están en un lugar, debido a los intereses de los que están en otro lugar.
1776
Independencia de los Estados Unidos: en el futuro, protagonista de primera línea en el orden mundial. Rompimiento de la multipolaridad doméstica europea. Europa dominaba el mundo. Estados Unidos se incorporará al grupo de países tomadores de decisiones mundiales: Inicio de la bipolaridad efectiva.
Doctrinas de política exterior de Estados Unidos de América.
Doctrina Monroe
“América para los americanos.” América para Estados Unidos. Advertencia para los británicos y para la Santa Alianza: Las monarquías de Rusia, Prusia y Austria, después de las guerras napoleónicas.
1898: Guerra hispanoamericana
En la llamada guerra hispanoamericana, Estados Unidos derrotó a España, golpe asestado a un país europeo y se quedó con el dominio de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. América y Asía. Presencia mundial de Estados Unidos.
El Destino Manifiesto
“La última y mejor esperanza sobre la faz de la tierra”. Abraham Lincoln.
“El mundo debe hacerse seguro para la democracia”. Woodrod Wilson
1914-1917
Esta fue la propuesta del presidente estadounidense W. Wilson, para intervenir en la primera guerra mundial, en apoyo de la triple entente: Inglaterra, Francia y Rusia.
1945
El centro de poder ya no estará más en Europa. El Plan Marshall, es el corolario.
Los dos polos. USA-URSS. OTAN-Pacto de Varsovia. Los dos sistemas: Capitalismo y socialismo.
George Kennan, diplomático estadounidense. Propuso la contención de la expansión soviética, durante “la guerra fría”.
1991
La ilusión unipolar. Ya no hay Unión Soviética, ya no hay dos superpotencias. Ya no hay guerra fría.
¿El comensal solitario: Estados Unidos. La mesa servida: El menú, el planeta? ¿Viene la fiesta?
Siglo XXI: China, otro actor se hace presente.
2022
¿Europa, el perrito faldero? Para muestra un botón (“La Vanguardia Internacional”): Victoria Nuland, secretaria de estado adjunta y responsable de Estados Unidos para Europa, en conversación con el embajador de Washington en Kiev, Geoffrey Pyatt: “fuck the EU”, que se joda la Unión Europea. Al carajo la Unión Europea. “Sería genial, creo, ayudar a arreglar esta cuestión y hacer que la ONU ayude a arreglarla, y, ya sabe que se joda la UE (´fuck the EU´) “No creo que Klitschko debiera ir al gobierno (…) No creo que sea una buena idea”.
Se acabó la ilusión: ¿Y ahora qué? Multipolaridad.
El balance
El águila calva acabó con el socialismo como sistema operante, ahora hay que poner en la jaula al oso como foco de poder, e ir tras eurasia. La OTAN debe expandirse. Gorvachov el inocente, fue engañado, se le dijo que la OTAN no se extendería al este, pero no quedó nada firmado. El cerco se cierra para Rusia.
Un alto obligado: Rusia se defiende.
Qué sigue: La negociación o la negociación. Política, económica y militar. Ya están buscando a Venezuela, por el petróleo.
Por ahora, para bien de la vida en el planeta, parece que a los Estados Unidos y sus serviles, Rusia les dijo, como le dijeron en Cuba: “Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar”.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de Solidaridad con el Pueblo de Honduras (Costa Rica)
San José, Costa Rica
20 de abril, 2022
El pueblo de Honduras junto al gobierno de Xiomara Castro Sarmientos: cada día da pasos más sólidos por la justicia
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-en Costa Rica manifiesta una vez más su apoyo a la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras-ARCAH, con quienes hoy celebramos el dictamen de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO emitido por la Corte Suprema de Justicia, que el dia de hoy 20 de abril a las 10:30 am será oficializado en una Audiencia en los Juzgados de Letras de lo Penal (La Granja), Tegucigalpa, enterrando la condena que desde el nefasto Régimen de Juan Orlando Hernández (JOH) intentaron perpetuar por delito de desplazamiento forzado.
Esta resolución es un nuevo paso en firme en que en Honduras, en el marco del gobierno de Xiomara Castro Sarmientos, se hacen permanentes esfuerzos por dejar atrás prácticas institucionalizadas desde el Régimen narcodictatorial de JOH. Así, reconocemos la determinación de borrar de la vida del pueblo toda traza de persecución política, de criminalización y judicialización de la protesta social y todo mecanismo de represión contra personas ambientalistas defensoras de los Derechos Humanos en Honduras.
Reconocemos las diferentes articulaciones a nivel nacional e internacional que confluimos para que fuera una realidad el desistimiento del Ministerio Público de la República de Honduras expresado en SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.
Hoy ARCAH junto a la Aldea Loarque que se han sumado en la defensa de los ríos, de la tierra y contra las ZEDEs, demuestran que no tiene ningún asidero jurídico la causa seguida en su contra a partir de la detención del día lunes 29 de marzo de 2021 por defender río Choluteca y las comunidades aledañas frente a la destrucción ambiental arremetida por la Empresa Avicola El Cortijo.
Christopher Castillo, Jefry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Victor Hernández, Maria Valladares y Fernando Hernández,
GRACIAS por ser un ejemplo para su pueblo y para el mundo, demostrando que la lucha ambientalista debe ser una tarea permanente para quienes nos suscribimos a una vida digna para todos los habitantes de la madre Tierra.
Nos sumamos sin fronteras a esta alegría y cuentan con nosotras, nosotros y nosotres siempre.
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras (Costa Rica)
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Si un mítico extraterrestre aterrizara en nuestro planeta y se dispusiera a indagar solo a su alrededor, regresaría a su planeta de origen sobresaltado. Si aterrizara en un archipiélago de pequeñas islas en el Pacífico Sur, tomaría nota de unos pobladores casi todos menores de 50 años, donde sus niños sufren frecuentemente de hambre, y donde la ausente tecnología los ubica en un período cercano al prehistórico. No maltratan a su Madre Tierra, pero ésta no les brinda el sustento debido.
Pero pensemos que aterrizara más al norte, en una pequeña isla llamada Manhattan. Encontrarían una gran ciudad, con imponentes rascacielos donde, paradójicamente, la vida ciudadana se expresa en «millones de seres viviendo juntos en soledad» (Thoreau). En soledad pero con inmensas diferencias, donde la opulencia principalmente cerca de grandes avenidas, coexisten con la pobreza en barrios de negros e inmigrantes que se refugian entre sí. Por un lado grandes generadores de desechos, y por otro los que subsisten de esos mismos desechos, y así otras diferencias, de tal magnitud, que al extraterrestre le sería imposible ilustrar sus notas con algo cercano a un promedio. Se rendiría en el intento.
Y si aterrizara en otro continente, el de habitantes con ojos rasgados, el asunto vuelve a ser complicado. Para los habitantes de la China, la idea de la tal Madre Tierra no podría más que confundir a ese Principito de otra época. Mientras la gran masa se esfuerza por obtener el sustento familiar de la agricultura, sujetos a una organización comunitaria con autoridad vertical que impone reglas injustas, por otro lado, y cerca de ellos, todos los días se construyen fábricas desde donde se desprenden gases y fluidos tóxicos que les agobian. Contaminantes que la Madre Tierra siente como se acumulan y afectan su salud irreversiblemente.
Ese extraterrestre, obviamente, pensará que están locos los que tratan así al único planeta que esas personas conocen. No lo logra entender. En fin, ante las miles de posibilidades que tiene para conocer, de pronto se encuentra ante un país que conocemos muy bien. En ese lugar, de relativamente pocos habitantes, se duele al percatarse que tienen un Estadio Nacional que se podría llenar unas 14 o 15 veces con personas que sufren de miseria extrema.
Hombres y mujeres de todas las edades que se cobijan y alimentan de miseria, pero que muy cerca de ellos, viven personas que consumen en un día la energía que ellos tal vez consumen en un año. Allí desechos en cantidades crecientes no se tratan, mucho menos se reciclan, y las aguas negras ensucian la faz de esa Madre Tierra, solo recordada en fechas oficiales. Se percata que aunque escasos de industrias, los costarricenses emiten grandes cantidades de dióxido de carbono con potente efecto invernadero, desde una flota vehicular mayoritariamente añeja que envenena el aire, mientras demagógicamente se habla de autos eléctricos que «pronto» sustituirán a los que queman combustibles fósiles.
Así, el amigo extraterrestre se confunde más pues por ahí había encontrado que este país, con decenas de miles de hectáreas de monocultivos contaminantes, de manglares destruidos, de ríos contaminados y agua potable desperdiciada, se promociona como un «país verde». «¡Renuncio a esta misión!» comunica el extraterrestre a sus superiores. «A ésta que llaman Madre Tierra, sus hijos no la respetan, no la valoran, no la chinean. Más bien la están matando de a poquitos, y eso da coraje». «Parto angustiado y no quisiera volver a este planeta azul, tan bello desde el espacio, pero tan lleno de seres insensibles e hipócritas».
La Lógica y el Sentido Común parecieran estar cada vez más ausentes en estas decadentes sociedades occidentales.
Aunque haya gente pensante, valiente honesta y sedienta de conocimiento, dispuesta a enfrentarse a la manipulación y la mentira, siguen siendo minoría.
Filósofos, literatos y científicos (Sócrates, Tolstoy, Einstein) se han referido a los necios, (llamándolos de distinta manera); los que creen saber lo que no saben y se aferran a ese tipo de ignorancia. Han dicho estos grandes que a estas personas hay que ponerles cuidado o tomarlos al menos en cuenta porque suelen ser mayoría.
Desde este 20 de abril, se reúne en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o COP1 por las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Esta cita, a la que participan los 12 Estados que son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincide con las celebraciones del Día Internacional de la Tierra (22 de abril) y viene acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se viste de verde y de esperanza después de muchos años.
El caso de Chile: una muy pronta rectificación
Como se recordará, el pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile.
En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena sentenció que «Nos hemos demorado más de la cuenta» en su discurso, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos» indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.
Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
El caso de Costa Rica: un panorama cargado de nubarrones
Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos una situación bastante diferente: sus congresistas siguen presionados por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«. Al respecto, diversos intentos en aras de debatirlos públicamente (abril del 2021, mayo del 2021, junio del 2021) con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica.
El resultado electoral del pasado mes de abril indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú aprobado en Costa Rica se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo sobre Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hace ver la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector cuyas legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.
El pasado 4 de marzo, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú: un tratado innovador en la región y que ya ha sido ratificado por 12 Estados de América Latina y el Caribe, entre los cuales Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
En un importante evento realizado por la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo sobre el Acuerdo de Escazú, se asoció al BCIE, al BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses (véase enlace con invitación y programa detallado). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista ameritaría ser explicada y conocida, el comunicado de prensa de CEPAL y el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa costarricenses.
Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas
Más allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el espectro mediático, recientemente, desde el medio digital costarricense de de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar (al parecer la discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica).
Lo interesante es que al no conocerse de ninguna cámara que haya desdecido públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de Escazú hechas por sus homólogas, pareciera que estamos ante algo más que una simple tónica.
En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalamos que:
«Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.
A modo de conclusión
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Desconocido del público en Costa Rica hasta su aparición en el equipo de Carlos Alvarado, su breve incursión en el ministerio de Hacienda le dio el impulso que lo llevó a la presidencia de la República.
Como en el caso de Alvarado, una serie de circunstancias –más que el peso mismo del candidato o lo atractivo de sus propuestas– hicieron posible el resultado electoral. El presidente electo no tenía antecedentes políticos conocidos en el país y esto –en las circunstancias actuales– terminó favoreciéndolo.
Pero su historia política no era del todo desconocida. Durante seis años –entre 2013 y 2019– fue el director de la oficina del Banco Mundial en Indonesia. Si no me equivoco, la mayor oficina del banco fuera de Washington. Desde allí implementó políticas que podrían ser también impulsadas aquí. No solo eso: esas políticas son parte de una visión del mundo, de una concepción de desarrollo que no fue discutida en campaña.
En las páginas del Banco se puede encontrar estimaciones positivas de esas políticas. En otras páginas hay evaluaciones críticas, aportes a un debate que no deberíamos rehuir.
Traté de buscar antecedentes cuando Chaves apareció en el ministerio de Alvarado. Algo escribí cuando fue designado en Hacienda. Durante la campaña no quise escribir nada. No me sentía representado por ninguna de las candidaturas en la segunda vuelta y expuse mi posición sobre eso en un artículo “En defensa del abstencionismo”.
Pero no dejó de sorprenderme que la candidatura de José María Figueres no hiciera ninguna alusión a las políticas promovidas por su adversario al frente del Banco Mundial en Indonesia. Hay algunos aspectos devastadores, como veremos.
Pensé, al principio, que era resultado de la dirección de una campaña mediocre. Pero después me pareció que no se podía descartar una cercanía a políticas privatizadoras, de promoción de mejores “ambientes de negocios”, cosas así, en las que ambas candidaturas se diferenciaban poco y que me hacían imposible inclinarme por alguna.
Lo cierto es que los grandes temas de campaña fueron el acoso o la corrupción, naturalmente relevantes pero insuficientes para ilustrar un debate entre aspirantes a la presidencia del país.
Escenario electoral
El resultado final es conocido: poco más de 43% de ciudadanos prefirió no participar. Si se les suman los votos blancos y nulos tenemos alrededor de 46% de los electores.
Me parece imposible disociar el crecimiento de ese porcentaje de una cierta desilusión con la política a partir del desarrollo del modelo neoliberal que, desde principios de los años 80, fue demoliendo las bases de un estado social cuya piedra angular –desde mi punto de vista– fue el decreto de nacionalización de los depósitos bancarios de junio de 1948.
Considerando que “las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el Estado y por el ordenamiento social, no es justo que pertenezcan a los accionistas que representan una parte exigua del capital movilizado, sino que deben convertirse en ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado”, la Junta Fundadora de la Segunda República decretó la nacionalización de la banca. Una lógica impecable, de la que se derivó la resolución de que “Sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público”.
No es casualidad que el primer paso en el camino de las políticas neoliberales haya sido el de la privatización del negocio bancario, con plata de la AID norteamericana. El proceso siguió luego, implacable: la educación, la salud, las telecomunicaciones, los seguros, las carreteras, los aeropuertos, los puertos, etc… Lo público al servicio de los privados. El país transformado en una enorme alcancía donde los costarricenses echan sus monedas para engordar el chanchito de otros. Esas políticas fueron desdibujando el llamado “bipartidismo”. Uno y otro venían y avanzaban en la misma dirección, con las consecuencias conocidas para la forma de desarrollo del país y para el nivel de vida de las mayorías.
Para los que les gusta poner fecha a las cosas, permítanme sugerir una para el fin del bipartidismo en Costa Rica: el día en que Guido Fernández pasó a integrar el gobierno de Oscar Arias. El triunfo total de ANFE no puede haber pasado desapercibido por Figueres, en su tumba.
No es posible entrar aquí en detalles de ese proceso. El pasado 3 de abril los electores tenían dos opciones: votar por un candidato que no solo había sido parte de ese proceso de descomposición política, sino que se había ido del país para evitar ser preso por acusaciones de cohecho; y otro, del que el gran público desconocía todo…
… Pero no todo era desconocido
Sin antecedentes políticos en el país, volvamos la mirada al mundo político de Rodrigo Chaves: el del Banco Mundial en Indonesia, la oficina a su cargo.
Para dar seguimiento a esto nos parece útil un trabajo bien documentado –Indonesia: the World Bank failed East Asia miracle–, realizado por una fundación norteamericana orientada especialmente a temas ambientales: The Oakland Institute (el texto original, en inglés, puede ser visto aquí: https://www.oaklandinstitute.org/indonesia-world-bank-failed-east-asian-miracle).
No nos vamos a referir a las políticas promovidas por el Banco en Indonesia en los 31 años de la dictadura del general Suharto (1967-1998). Aunque sus consecuencias se extienden hasta hoy, trataremos de referirnos a lo más reciente, relacionado con el período en que Rodrigo Chaves estuvo al frente a la oficina, o a lo que, desde años anteriores, se proyectó sobre ese período.
Lo que sigue son referencias sacadas del texto del Oakland Institute. Ahí se menciona el “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs report” donde el Banco destaca el papel de Indonesia como uno de los diez casos más exitosos de reformas económicas orientadas a “mejorar el clima de negocios” y atraer inversiones privadas.
Es el punto de vista optimista del Banco, para quien la aplicación de las políticas neoliberales hicieron de Indonesia un ejemplo de milagro económico en el lejano oriente. Pero el estudio analiza luego las diversas consecuencias de esa política. En la carrera por las reformas y por atraer inversiones, millones de hectáreas de bosques hasta entonces manejados por la población local, han sido entregadas a empresas privadas extranjeras, provocando inevitables conflictos sociales, deforestación, desigualdad y pobreza para la vasta población afectada.
Como Costa Rica, Indonesia adoptó las políticas de ajuste estructural en los años 90’s. En 1998 firmó un memorando con el FMI en el que, a cambio de apoyo financiero, debía promover una política de privatizaciones acelerada, de liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras y desregularización de las actividades locales. En 2003, los resultados de esas reformas, promovidas por el BM, desataron protestas en el país. Las imágenes que ilustran el texto son sobrecogedoras.
Entre 2009 y 2017 el Banco prestó o respaldó préstamos por 20,6 mil millones de dólares a Indonesia, 22% de los cuales se destinaron a promover medidas de desregularización en las más diversas áreas, como reducción de impuestos, facilitación de procedimientos administrativos, reformas en la administración de tierras o proyectos de infraestructura comercial, entre otros.
Todo esto puede presentarse como grandes avances modernizadores del país. Algo parecido a lo que ha hecho el actual ministro de Hacienda de la administración Alvarado, que presume de haber puesto “orden” en las finanzas de Costa Rica, como si eso reflejara el resultado exitoso de una administración.
Como consecuencia de estas reformas, Indonesia se adelantó rápidamente en el índice de negocios del Banco Mundial, pasando de la posición 106, en 2016, a la 72, en 2018, transformándose en la mayor economía del sudeste asiático. Supongo que el resultado fue considerado como un gran éxito de las políticas del Banco, precisamente en los años en que Chaves encabezaba la oficina. Un proceso del que es también gran entusiasta el presidente Joko Widodo, que gobierna Indonesia desde 2014. Widodo creó una Fuerza de Tarea coordinada por el ministro de Economía para promover las reformas. En Costa Rica un proyecto de reforma del Estado podrá estar en manos de una comisión legislativa que el diputado electo Rodrigo Arias ya anunció su interés en presidir, además de promover proyectos de cooperación público-privado mediante el cual avanzar en las privatizaciones.
Pero es evidente –dice el documento del Oakland Institute– que estos “logros” se alcanzaron a expensas de los trabajadores indonesios, de las comunidades indígenas y del ambiente. Un crecimiento destructivo mediante la atracción de inversión extranjera, que descuidó los derechos de los indígenas a la tierra.
En un documento sobre el marco de la cooperación con el país entre 2016 al 2020, el Banco reafirma su papel orientador en la política económica de Indonesia. La transferencia acelerada de tierras culturalmente ricas y productoras de alimentos a manos de empresas que buscan los beneficios corporativos “provocó el masivo desplazamiento de pequeños propietarios y de pueblos indígenas”. En muchos casos eso no se pudo hacer sin el uso de violencia extrema (nuevamente, las fotos que lo exhiben son estremecedoras). Solo en 2011 se registraron más de 600 conflictos por la tierra en Indonesia, con 22 muertos y centenares de heridos. Este proceso fue acelerado por el programa de reforma agraria aprobado en julio del 2018 y financiado por el Banco que, desconociendo el papel de las comunidades indígenas, sistemáticamente minó sus derechos en favor de las corporaciones.
Palma aceitera
Gracias a ese proceso, Indonesia se convirtió en el principal productor de palma aceitera del mundo. Las 6,9 millones de toneladas de aceite de palma que producía en 2000 se convirtieron en 32 millones en 2016. Más de 50% de los recursos dedicados por el Banco para la producción de palma se destinaron a Indonesia. “Solo entre 1995 y 2015 (Chaves asumió la dirección de la oficina en Indonesia en 2013), un promedio de 117 mil hectáreas anuales de bosques –un área mayor que Hong Kong– fue devastada todos los años para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas de Indonesia, el total del área de las plantaciones de palma aceitera en el país eran de cerca de 14 millones de hectáreas, en 2017. Un área mayor que la de Grecia.
“Las inversiones privadas en palma aceitera son presentadas por las compañías y los funcionarios gubernamentales como una forma de crear empleo y construir carreteras, escuelas y casas. Pero la expansión de grandes plantaciones también amenaza la supervivencia de cerca de 40 a 65 millones de personas que dependen directamente de los recursos del bosque para su sustento”. Los responsables de las plantaciones destruyen pequeñas aldeas, campos de arroz, cementerios ubicados en los bordes de sus concesiones, mientras contratan a obreros en zonas lejanas, sin contacto con la población local, para el trabajo en las plantaciones.
Minas
Pero no se trata solo de la palma aceitera. El Banco desempeña también un papel clave en el apoyo de actividades mineras en Indonesia, principalmente mediante operaciones de su International Finance Corporation (IFC) y la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Una actividad que, según el Banco, puede tener un impacto en la reducción de la pobreza.
Las enormes reservas de oro y de cobre son operadas por subsidiarias del gigante minero norteamericano Freeport McMoRan Inc, según el documento del Oakland Institute. Explotaciones que descargan diariamente 200 mil toneladas de productos contaminantes en los ríos. El resultado es que lejos de beneficiar a la población local, lo que fue alguna vez una fuente de alimentos para ellos se transformó en una tierra devastada por la minería. Como ocurre en todas partes y que también en Costa Rica ha provocado un intenso debate.
Turismo
En 2018, cuando preparaban su reunión anual en Bali, el Banco aprobó 300 millones de dólares para mejorar la infraestructura y el servicio y atraer inversión privada en el sector del turismo.
Pero construir nuevos aeropuertos y expandir el turismo de lujo para compartir la prosperidad con las comunidades locales es otra “falsa promesa”, dice el documento que hemos venido analizando.
Las políticas gubernamentales incluían una amnistía impositiva y eliminación de restricciones para nuevos proyectos de inversionistas extranjeros, incluyendo la expansión de la red nacional de carreteras, mil km de carreteras concesionadas; 3.258 km de nuevas líneas férreas; 15 nuevos aeropuertos (mejorías en otros 10) y 24 puertos marítimos (Indonesia es un archipiélago con más de diez mil islas, de las cuales 922 están habitadas).
La costa fue entregada a inversionistas extranjeros. El Banco apoyó los megaproyectos de desarrollo turístico, provocando nuevos problemas. La construcción de la autopista Batang-Semarang, en Java central, por ejemplo, provocó el apoderamiento de tierras de la población local y el desplazamiento de la comunidad de nueve ciudades, en abril del 2018. Vía Campesina, una organización local, denunció que el ambicioso proyecto de infraestructura del presidente Widodo “había traído miseria para miles de familias campesinas”.
El documento concluye afirmando que la asesoría del Banco para favorecer la inversión extranjera en infraestructura y turismo se basa en la explotación de los exuberantes bosques y playas de Indonesia. Pero “el fanatismo de la atracción de inversionistas para la nueva frontera de desarrollo pasa por alto los severos impactos en los medios de vida de los habitantes locales y del ambiente”.
El escenario político
Este es precisamente el debate, en vísperas de que Chaves asuma ahora, no la jefatura de una oficina del BM, sino la presidencia de Costa Rica.
Es razonable pensar que traerá las mismas recetas al país. Si es así (y conociendo los resultados de su aplicación en Indonesia y en el mundo, donde los años del neoliberalismo han llevado las tensiones y las desigualdades a niveles nunca vistos), también es razonable que sectores importantes de la sociedad se opongan a su aplicación.
Chaves no ganó las elecciones con este proyecto de gobierno. Como sabemos, los programas presentados en las elecciones no solo pecan de vaguedades, sino que son, en gran medida, una formalidad para cumplir con los requisitos electorales.
Pero el futuro gobierno cuenta con amplio apoyo en la asamblea para este tipo de políticas. Con Rodrigo Arias en la presidencia de la asamblea tendría una palanca importante para avanzar sobre la institucionalidad y las empresas públicas que todavía resisten los intentos privatizadores. Una persistente y abusiva campaña sobre abusos del sector público (que deben ser corregidos) ha sido orientada a minar todo apoyo a esa institucionalidad , sin que sectores importantes de la población alcancen a ver el objetivo de esa campaña. Y que los sectores que la adversamos no hemos sido capaces de explicarlo claramente.
Este será el escenario de los próximos cuatro años y la debida discusión de esas políticas es indispensable para que podamos enfrentar los esfuerzos privatizadores que la alianza Arias-Chaves (a la que se sumarán otras fracciones) impulsará en los próximos cuatro años.
En su decisión dada a conocer este 21 de abril (véase texto completo en francés y en inglés), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Colombia cesar todo tipo de interferencia en las zonas que corresponden a Nicaragua en el Mar Caribe desde su decisión del 2012, además de anular las regulaciones que había tomado, de conformidad con el contenido de su sentencia del 19 de noviembre del 2012.
Habíamos tenido la oportunidad de analizar este procedimiento contencioso incoado por Nicaragua contra Colombia ante la justicia internacional en el mes de noviembre del 2013 y de mencionar algunos detalles pasados por alto por algunos analistas y colegas en Colombia (véase nuestra breve nota titulada: «Nicaragua / Colombia: a propósito de la lectura de la sentencia de la CIJ «).
El contenido de la decisión en breve
Como era previsible, los alegatos de Colombia no surtieron mayores efectos, al tiempo que Nicaragua logra mediante esta sentencia consolidar y reafirmar sus derechos en estas zonas marítimas que le fueron otorgadas desde el 2012 por la CIJ.
Las expectativas (erróneas) creadas en estos últimos tiempos en Colombia deberán ahora ser explicadas por los mismos responsables de crearlas en la opinión pública colombiana. Una situación muy similar observada en Colombia en las semanas que antecedieron la lectura de la sentencia de la CIJ en noviembre del 2012.
De los siete puntos resolutivos, el último sobre las líneas de base recta adoptadas por Nicaragua en el 2013 y en el 2010 permite a Colombia evitar una sentencia que la condenaría en todos los puntos dispositivos de la sentencia.
Se reproduce a continuación la parte dispositiva final (párrafo 261) en la que se lee que la CIJ:
«1. Finds that its jurisdiction, based on Article XXXI of the Pact of Bogotá, to adjudicate upon the dispute regarding the alleged violations by the Republic of Colombia of the Republic of Nicaragua’s rights in the maritime zones which the Court declared in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua, covers the claims based on those events referred to by the Republic of Nicaragua that occurred after 27 November 2013, the date on which the Pact of Bogotá ceased to be in force for the Republic of Colombia;
2. Finds that, by interfering with fishing and marine scientific research activities of Nicaraguan-flagged or Nicaraguan-licensed vessels and with the operations of Nicaraguan naval vessels in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone and by purporting to enforce conservation measures in that zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
3. Finds that, by authorizing fishing activities in the Republic of Nicaragua’s exclusive economic zone, the Republic of Colombia has violated the Republic of Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction in this maritime zone;
4. Finds that the Republic of Colombia must immediately cease the conduct referred to in points (2) and (3) above;
5. Finds that the “integral contiguous zone” established by the Republic of Colombia by Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, is not in conformity with customary international law, as set out in paragraphs 170 to 187 above;
6. Finds that the Republic of Colombia must, by means of its own choosing, bring into conformity with customary international law the provisions of Presidential Decree 1946 of 9 September 2013, as amended by Decree 1119 of 17 June 2014, in so far as they relate to maritime areas declared by the Court in its 2012 Judgment to appertain to the Republic of Nicaragua;
7. Finds that the Republic of Nicaragua’s straight baselines established by Decree No. 33-2013 of 19 August 2013, as amended by Decree No. 17-2018 of 10 October 2018, are not in conformity with customary international law«;
…/…
«1. Dit que la compétence qu’elle a, sur le fondement de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations, par la République de Colombie, des droits de la République du Nicaragua dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus à cette dernière dans son arrêt de 2012, couvre les demandes fondées sur les événements mentionnés par la République du Nicaragua survenus après le 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur pour la République de Colombie ;
2. Dit que, en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua et en voulant faire appliquer des mesures de conservation dans cette zone, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime ;
3. Dit que, en autorisant des activités de pêche dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua, la République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua dans cette zone maritime
4. Dit que la République de Colombie doit immédiatement cesser le comportement visé aux points 2) et 3) ci-dessus
5. Dit que la «zone contiguë unique» établie par la République de Colombie par le décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, n’est pas conforme au droit international coutumier, ainsi qu’exposé aux paragraphes 170 à 187 ci-dessus ;
6. Dit que la République de Colombie doit, par les moyens de son choix, mettre les dispositions du décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, en conformité avec le droit international coutumier, en tant qu’elles ont trait aux espaces maritimes que la Cour a reconnus à la République du Nicaragua dans son arrêt de 2012 ;
7. Dit que les lignes de base droites de la République du Nicaragua établies par le décret no 33-2013 du 19 août 2013, tel que modifié par le décret no 17-2018 du 10 octobre 2018, ne sont pas conformes au droit international coutumier«.
Se recomienda la lectura completa para apreciar mejor el razonamiento seguido por los jueces de la CIJ y entender con mayor detalle la facilidad con la que Nicaragua logró convencerlos de la debilidad de los argumentos presentados por Colombia. Nótese que el único juez titular proveniente de América Latina (Antonio Cancado Trindade, Brasil) no tomó parte a esta decisión, por razones que no se explican en la sentencia. En el primer día de las audiencias orales realizadas en setiembre del 2021 (véase verbatim), se leyó por parte de la jueza que preside la CIJ que «For reasons duly made known to me, Judge Cançado Trindade is unable to sit with us in these oral proceedings, either in person or by video link» (página 12). Tener a un juez titular en la CIJ que no juzga plantea siempre algunas interrogantes muy válidas que tuvimos también la oportunidad de señalar con relación a la reciente ordenanza de la CIJ a Rusia con relación a su accionar en Ucrania, en el pasado mes de marzo del 2022 (Nota 1).
Es de notar que en relación al punto resolutivo 7, Colombia no explicó en qué ello afectaba sus derechos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), un detalle que el juez Mohamed Bennouna (Marruecos) considera era suficiente para que la CIJ desestimara esta pretensión de Colombia; y que ahora, según él, sienta un peligroso precedente para la CIJ en el futuro, al existir en el mundo innumerables decretos unilaterales de líneas de base rectas para delimitar el mar territorial (Nota 2) que no siempre se adecúan a la letra de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto su declaración). Dicho sea de paso, Colombia a la fecha no ha ratificado este importante acuerdo universal (véase estado oficial de firmas ya ratificaciones): en América Latina, además de Colombia, únicamente El Salvador comparte esta situación, así como Venezuela (que tan siquiera lo ha firmado).
Con relación a los supuestos derechos de pesca artesanal de la comunidad raizal defendidos por Colombia ante el juez (pero también ante su opinión pública), el párrafo 231 de la sentencia establece claramente que:
«231. For these reasons, the Court concludes that Colombia has failed to establish that the inhabitants of the San Andrés Archipelago, in particular the Raizales, enjoy artisanal fishing rights in waters now located in Nicaragua’s exclusive economic zone, or that Nicaragua has, through the unilateral statements of its Head of State, accepted or recognized their traditional fishing rights, or legally undertaken to respect them. In view of this conclusion, the Court need not examine the Parties’ arguments in respect of whether or in which circumstances the traditional fishing rights of a particular community can survive the establishment of the exclusive economic zone of another State, or Colombia’s contentions concerning Nicaragua’s alleged infringement of said rights through the conduct of its Naval Force».
…/…
«231. Pour ces motifs, la Cour conclut que la Colombie n’a pas établi que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou que le Nicaragua a, par les déclarations unilatérales de son président, accepté ou reconnu l’existence de leurs droits de pêche traditionnels, ou pris l’engagement juridique de respecter de tels droits. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin pour elle d’examiner les arguments des Parties quant au point de savoir si et dans quelles circonstances les droits de pêche traditionnels d’une communauté donnée peuvent survivre à la création de la zone économique exclusive d’un autre Etat, non plus que les violations desdits droits que le Nicaragua, selon la Colombie, aurait commises du fait du comportement de ses forces navales«.
Algunas perspectivas después de esta sentencia
Como lo enseña la práctica luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, los jefes de Estado de ambos Estados podrían empezar a explorar algún tipo de acercamiento, fallo en mano, en aras de reconstruir paulatinamente sus deterioradas relaciones bilaterales. Durante varios años desde La Haya sus asesores políticos y legales construyeron una estrategia de confrontación en sentido inversa, ideando pretensiones en algunos casos claramente abusivas ante el juez internacional, referidas ante su respectiva opinión pública para convencerlas de su defensa intachable de los intereses nacionales: todo ello entra a formar parte del pasado, de alguna manera se desvaneció con la lectura de una sentencia en La Haya que dio razón a un Estado en algunas cosas, y al otro en otras, desestimando parte de las petitorias de uno y de otro.
El retomar el diálogo al más alto nivel constituye un espacio político natural que deriva de la lectura de un fallo de la CIJ entre dos Estados (con la notoria excepción de Costa Rica y Nicaragua). Ello en aras de ir normalizando gradualmente sus deterioradas relaciones después de varios años de justas legales en La Haya: como todo espacio político, está sujeto a los vaivenes de la vida política; y sobre todo, a la capacidad de ambos contendores de aprovechar la ocasión que brinda el juez internacional a dos Estados que han litigado ante él (o de desaprovecharla).
Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de esta nota de prensa de Infobae titulada «Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ«, edición del 1/12/2012.
Al respecto, cabe recordar que poco tiempo después de la lectura de la sentencia del 19 de noviembre del 2012, tuvieron la oportunidad de reunirse, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Luego Colombia optó por alzar el tono y sus autoridades dieron al mundo un espectáculo raramente observado: el de un Estado profundamente insatisfecho con una decisión de la CIJ adoptando una gestual inédita. Pocas semanas después de dictaminada la sentencia en noviembre del 2012, Colombia optó por denunciar el Pacto de Bogotá adoptado en 1948 (véase comunicado oficial): al hacerlo, se convirtió en el primer Estado en el mundo en denunciar un emblemático instrumento internacional que lleva el nombre de… su propia capital.
Como parte de esta gestual tan particular, llegó su máxima autoridad a declarar «inaplicable» el fallo de la CIJ del 2012 en setiembre del 2013 (Nota 3), tensando innecesariamente los ánimos con Nicaragua y llevando las autoridades de Nicaragua a presentar dos nuevas demandas contra Colombia ante el juez internacional.
Al respecto, cabe precisar que aún queda pendiente de resolución la segunda demanda planteada por Nicaragua en el 2013 (véase detalles del procedimiento en este enlace oficial de la CIJ), también relacionada al Mar Caribe. Aún se deben de fijar las fechas para la realización de las audiencias orales entre ambos Estados en La Haya, que constituyen la etapa final del contradictorio en el procedimiento contencioso ante el juez internacional: después de las cuales, se entrará a deliberar antes de dar lectura al fallo final. Es de precisar que el «délibéré» de la CIJ es usualmente de 6 meses pero puede ir hasta 13 meses (fue lo que ocurrió en el caso de la delimitación marítima entre Perú y Chile en el 2014). En el caso de Nicaragua y Costa Rica (primera sentencia del 13 de julio del 2009), la CIJ sorprendió a muchos observadores, con una deliberación de tan solo 4 meses.
No obstante la existencia de esta segunda sentencia pendiente de escucharse, esta situación no debería de servir de pretexto para no iniciar una fase de acercamiento en el plano bilateral. Ambos Estados pueden desde ya sentarse a negociar aspectos diversos a partir de esta sentencia leída este 21 de abril del 2022 aprovechando así el espacio ofrecido por el juez internacional. No está de más recordar que esta larga controversia marítima entre Colombia y Nicaragua inició en 1980.
A modo de conclusión
La lectura de una sentencia de la CIJ siempre debiera ser celebrada, al consolidar la idea que la fuerza del derecho prevalece sobre el derecho de la fuerza en las relaciones entre Estados. Esta aseveración cobra particular relevancia en este 2022, (en particular desde el pasado 24 de febrero), en el que el mundo asiste a un intento por parte de Rusia de hacer prevalecer el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho contra Ucrania, llevándola a un verdadero impasse.
Hay que saludar la perseverancia y la confianza de Nicaragua desde el 2001 en la justicia internacional ante las arremetidas (bastante inusuales) observadas en particular desde noviembre del 2012 por parte de las autoridades colombianas: estas últimas deberían revisar su accionar, sopesar los resultados obtenidos, y adecuarlo a lo que está claramente establecido desde el 2012 por el juez de La Haya.
Ojalá, a partir de la lectura de esta nueva sentencia, que las máximas autoridades de ambos Estados busquen la manera de reconducir sus relaciones hacia aguas menos turbulentas: en efecto, Nicaragua y Colombia llevan 21 años enfrascadas en complejas y costosas (Nota 4) batallas legales en La Haya sobre una controversia que usualmente, dos Estados vecinos en el mar con voluntad para resolverla, pueden perfectamente resolver mediante la negociación de acuerdos bilaterales.
Dicho sea de paso, Costa Rica, Jamaica y Panamá, que tenían tratados bilaterales de delimitación marítima con Colombia en el Mar Caribe (Nota 5) deberían ir pensando en readecuar sus tratados de delimitación a una nueva realidad (desde noviembre del 2012): uno de sus vecinos marítimos en el Mar Caribe también se llama Nicaragua.
En el caso de Costa Rica, se consideró más oportuno pedir a la CIJ determinar la frontera entre ambos (Costa Rica y Nicaragua) en los dos océanos, lo cual fue zanjado por el juez internacional en febrero del 2018.
– -Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Ucrania-Rusia: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena medidas provisionales a Rusia«, DIPúblico, edición del 16/03/2022, disponible aquí.
Nota 2: Véase, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 18851-RE adoptado por Costa Rica en 1988 sobre líneas de base rectas en el Pacífico, objeto de una nota formal de protesta de Estados Unidos en 1989, al no adecuarse – en lo más mínimo – a lo establecido en la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar (disponibles ambos textos en este Número de Limits in the Seas, publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos).
Nota 3: Véase nuestra breve nota BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer «non-applicable» l´arrêt de la CIJ: breves réflexions«, Université Laval (Canada), documento disponible aquí, así como en el sitio jurídico especializado en derecho internacional en Francia denominado Sentinelle (véase enlace).
Nota 4: Por lo general, el costo exacto de una demanda en La Haya, sea para el Estado demandante, o el demandado, constituye una zona gris sobre las que los Estados mantienen cierta imprecisión. Una prensa un poco más aguerrida y curiosa que la nicaragüense (o la costarricense, o la hondureña) como la prensa colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En América Latina, algunos datos han circulado en medios de prensa de manera esporádica: no obstante, sorprende el hecho que ni medios de prensa, ni órganos encargados del erario público, ni analistas, ni partidos de oposición hayan externado curiosidad sobre este preciso tema. Es así como en Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando la fuerte resistencia del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositarle a Ecuador en el 2013 la coqueta suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). El monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 interpuesta por Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar que debería poderse afinar y completar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso que concluyó en el 2015, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com); o bien, algún otro informe oficial detallado que tengan en su poder relacionado a otro Estado que haya litigado en La Haya. Con relación a Costa Rica, se desconoce el monto gastado por el Estado costarricense para sufragar los gastos de defensa de las demandas presentadas contra Nicaragua en el 2005, 2010, 2014 y 2017, así como para enfrentar la demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011 por la denominada «trocha fronteriza«. La incapacidad demostrada por Costa Rica para negociar el monto por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en Isla Portillos que la CIJ plasmó en su sentencia de diciembre del 2015 (véase texto), invitando a ambos Estados a ponerse de acuerdo sobre el monto (párrafo 142), requirió una segunda etapa procesal que finalizó en febrero del 2018 con una sentencia de la CIJ (véase texto), fijando un monto 15 veces menor al solicitado por Costa Rica (378.000 US$ contra los 6,7 millones de US$ solicitados): remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota que redactamos sobre esta sentencia del 2018, titulada «Costa Rica- Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ» publicada en HablandoClaro.
Nota 5: En el caso de Costa Rica, se consideró más oportuno pedir a la CIJ determinar la frontera marítima entre ambos (Costa Rica y Nicaragua) en los dos océanos en el 2014, lo cual fue zanjado por el juez internacional en febrero del 2018 (véase sentencia).
Nota 6: El mapa inicial en este enlace permite entender mejor algunas cosas que han cambiado desde el 2012. En el caso de Panamá, se trata de un tratado suscrito con Colombia en 1976 (véase texto y mapa disponibles en este número de Limits in the Seas). En el caso de Costa Rica, se trata de un tratado similar de 1977 que no se ratificó nunca por parte de Costa Rica (véase texto y mapa disponible en este otro número de Limits in the Seas): ambos tratados negociados por Colombia se firmaron antes de existir la noción de Zona Económica Exclausiva consagrada como tal en la Convención sobre Derecho del Mar de 1982. En el caso de Jamaica, el tratado suscrito con Colombia es de 1993 (véase texto) y mapas (véase mapas y el texto en el anexo 2 – pp.12-15 de este número de Limits in the Seas).
(*) Esta nota fue elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La United Fruit Company firmó contratos con el Estado que luego de ser aprobados por el Congreso o la Asamblea Legislativa se convertían en ley. Fueron los llamados contrato-ley. Evidentemente esos contratos daban privilegios más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico y sobre todo no podían ser revisados o corregidos si no era por una nueva ley, un nuevo acuerdo legislativo.
En ese mimo sentido se firmó el contrato con ALCOA en 1970 que al aprobarse el 24 de diciembre se convirtió el contrato en ley de la República.
Esos convenios y otros se forjaron con el objetivo de desarrollar zonas alejadas del Centro, abandonadas por los gobiernos, pobres y sin esperanza. Para el desarrollo de esos lugares se crearon las zonas bananeras en la década del 30 en el Atlántico y luego en el Sur del país. La misma justificación se utilizó para “llevar progreso” al Valle de El General con ALCOA.
Casi un siglo después y luego de llenar de privilegios a esas compañías que llevarían el progreso y la bonanza a esos lugares, los cantones y distritos más pobres de CR se ubican en las zonas costeras y las fronterizas.
Después de ALCOA se prohibieron los contratos-ley por considerarlos demasiado onerosos, que antentaban incluso contra la soberanía nacional. Su prohibición, para mayor fortaleza, se asentó en la Constitución Política.
Costa Rica ya no puede tener contratos-ley.
Sin embargo, ahora han ideado un nuevo mecanismo que se asemeja mucho ya que por el contenido se asemejan a los contratos ley.
La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar una ley donde se encuentren todos los privilegios posibles para otorgar a las empresas sin que se mencionen o concreten los nombres del contratante. Es más sencillo, pero el propósito es el mismo, ya que no se podrán corregir o cambiar los términos de fondo del contrato con una determinada empresa a menos que se reforme la ley.
Está por aprobarse hoy un proyecto de ley cuyo fin es “llevar el Progreso” a las zonas de los litorales, rurales y fronterizas más pobres y atrasadas. La forma o mecanismo es la creación de más zonas francas pero no solo con los mismos privilegios de las actuales, sino aumentándolas considerablemente.
Según ha informado la prensa, básicamente CRHoy, el proyecto de ley persigue ampliar los beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros), y parques sostenibles de aventura. Se les dan beneficios tales no pagar totalmente algunas cargas sociales como las de FODESAF, INA y otras, así como las acostumbradas exenciones fiscales (no pagar impuestos de renta, municipales y otros). Además, la Aresep deberá dar tarifas preferenciales en electricidad y agua.
A las empresas interesadas en instalarse fuera de la GAM se les otorgaría facilidad de trámites y exenciones fiscales, con el propósito de estimular el desarrollo de sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios.
Por propuesta de los diputados Villalta, Carranza y Paola Vega, se logró aminorar algunos de estos privilegios como reducir la exención del pago a Fodesaf o que las que se acojan al régimen, sean solo empresas nuevas para impedir una romería empresarial hacia las zonas francas.
Debe quedar claro que lo que aprobarán los diputados es un régimen de privilegio con el fin, supuestamente, de mitigar la pobreza en zonas rurales y costeras. Es un privilegio que todos los costarricenses damos a las empresas a cambio, también supuestamente, de más empleo y reducción de la pobreza. Pero privilegios al fin y al cabo que todos pagaremos.
Lo único que esperamos es que no nos pase lo mismo que con las zonas bananeras, con estos nuevos y modernos contratos-ley: que al cabo de varias décadas solo tengamos más desamparo y abandono.
Entre los principales hallazgos que resalta el equipo de investigación que colaboró con en este artículo se encuentra que medidas como la restricción vehicular, el uso de mascarillas y los protocolos sanitarios como el lavado de manos y el distanciamiento social fueron fundamentales para evitar una expansión mayor y más rápida de la pandemia en el país.
Lo anterior fue posible gracias a la creación de un modelo estadístico, surgido de la correlación entre las variables que presentaba el país durante la evolución de la enfermedad y los efectos producidos por las políticas sanitarias de contención para evitar los contagios.
Con este instrumento, la UCR ofreció resultados que fueron interpretados por las autoridades gubernamentales para una mejor toma de decisiones sanitarias y económicas.
En este sentido, hay que destacar que las universidades públicas también forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, por lo que su colaboración con el país en situaciones de emergencia está garantizada.
Romero detalló que muchas medidas tuvieron “su momento” de mayor efectividad durante toda la pandemia. Es decir, que algunas han sido implementadas en momentos estratégicos con gran éxito, pero que con el transcurrir de la pandemia y con nuevas variables sanitarias y sociales, estas dejaron de ser tan relevantes para dar paso a otras. Algunas pocas, como el distanciamiento social y el lavado de manos, han sido las más necesarias durante toda la pandemia.
Investigador Rodolfo Romero: medidas anti Covid-19 fueron más efectivas en momentos determinados
El experto señaló que para la coyuntura actual y los meses que se avecinan, las prácticas anti COVID-19 más efectivas serán el uso de la mascarilla en espacios cerrados donde se acumule una cantidad importante de personas, el asegurarse que la mayor cantidad de la población posible esté al día con el esquema completo de vacunación, el correcto lavado de manos y el distanciamiento por burbujas.
El valor del estudio
Más allá de la importancia que significó evaluación de las diferentes políticas de salud pública implementadas para atenuar la pandemia, Romero señaló otras bondades que revisten a esta publicación.
Una de ellas es mostrar que es posible desarrollar un instrumento de este tipo “sobre la marcha”, o sea, de una manera pragmática y empírica, ya que el contexto ameritaba la urgencia de esta herramienta. El objetivo final se cumplió con efectividad y en poco tiempo: brindar a las autoridades sanitarias información valiosa para la toma de decisiones que salvaran vidas y, a la vez, evitaran un daño mayor a la economía nacional.
Con estapublicación, se genera además un referente de monitoreo para los sistemas de salud pública cualquier país del mundo y para otras universidades extranjeras, afirma el experto.
Investigador Rodolfo Romero: publicación de OPS sitúa a UCR como referente mundial
