Nicolas Boeglin (*)

Desde este 20 de abril, se reúne en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o COP1 por las siglas en inglés de «Conference of Parties«). 

Esta cita, a la que participan los 12 Estados que son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincide con las celebraciones del Día Internacional de la Tierra (22 de abril) y viene acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se viste de verde y de esperanza después de muchos años.

El caso de Chile: una muy pronta rectificación

Como se recordará,  el pasado  18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile.

En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena sentenció que «Nos hemos demorado más de la cuenta» en su discurso, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos» indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.

Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia ambiental y en materia de derechos humanos.

El caso de Costa Rica: un panorama cargado de nubarrones

Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos una situación bastante diferente: sus congresistas siguen presionados por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«. Al respecto, diversos intentos en aras de debatirlos públicamente (abril del 2021, mayo del 2021, junio del 2021) con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica.

El resultado electoral del pasado mes de abril indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú aprobado en Costa Rica se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo sobre Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hace ver la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector cuyas legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.

El pasado 4 de marzo, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar  el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú: un tratado innovador en la región y que ya ha sido ratificado por 12 Estados de América Latina y el Caribe, entre los cuales Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

En un importante evento  realizado por la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo sobre el Acuerdo de Escazú, se asoció al BCIE, al BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses (véase enlace con invitación y programa detallado). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista  ameritaría ser explicada y conocida, el comunicado de prensa de CEPAL  y el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa costarricenses.

Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas

Más allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el espectro mediático, recientemente, desde el medio digital costarricense de de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar (al parecer la discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica).

Lo interesante es que al no conocerse de ninguna cámara que haya desdecido públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de Escazú hechas por sus homólogas, pareciera que estamos ante algo más que una simple tónica.

En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalamos que:

«Para quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental  invade el derecho penal chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.

A modo de conclusión

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria,  nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional. 

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).