A todas las personas de Centroamérica y República Dominicana se les invita a responder de forma anónima a la encuesta Segur@s en Línea, donde se trata la violencia digital y cómo el trato que se recibe en redes se relaciona con el género.
Además de lo anterior, podrán encontrar herramientas que les pueden ayudar a aprender sobre la seguridad en línea, y definiciones de términos que les servirán en entornos virtuales.
Segur@s en línea, es un proyecto coordinado por IPANDETEC Centroamérica en conjunto con la Red de Desarrollo Sostenible, de Honduras y Laboratorio Sapiens, de Guatemala. Puede encontrar más información de estas organizaciones en sus redes sociales.
Compartido con Surcos por Marión Briancesco Arias.
Exposición interesantísima acerca de agroecología y apicultura, en la comunidad chilena de Algarrobo y las problemáticas que tienen para avanzar en la soberanía alimentaria, debido a la escasez del agua, la deforestación y el avance inmobiliario que dificulta el trabajo de las abejas para la polinización, la preservación del ecosistema y la producción de miel. Junto a sus preocupaciones, también, demuestran algunas técnicas útiles para la recolección de agua y el mantenimiento apícola que requiere el cuidado de las abejas.
En el siguiente enlace podrá disfrutar e instruirse sobre este tema:
El pasado viernes 13 de abril de 2022, Alternativas organizó un espacio en vivo mediante su perfil de Facebook para entablar una mesa redonda sobre diferentes perspectivas que pueden compartirse con respecto al estado de la justicia en Costa Rica, su sociedad y sus instituciones. Desde Alternativas se recalca la importancia en estos espacios ya que son un mecanismo importante para posicionar al pueblo como parte activa del gobierno a través de la información, el empoderamiento y la articulación consciente de los grupos sociales.
La persona encargada de iniciar este conversatorio fue Eugenia Salazar Aguilar, una abogada pensionada especialista en derechos humanos y derechos de las mujeres. Ella destaca que la justicia es una responsabilidad del Estado y esta debe posicionarse desde una óptica humanista donde prime el desarrollo humano y el respeto de los derechos humanos.
Salazar Aguirre también señala que el acceso a la justicia para todos y todas es un indicador importante de que existe una ciudadanía efectiva dentro del país. Asimismo, se destaca que la justicia no solo debe observarse dentro de las instituciones tradicionales correspondientes al ordenamiento del Poder Judicial, sino que hay impacto dentro de la sociedad civil.
Desde la óptica de doña Eugenia, es necesario que la totalidad de los y las costarricenses trabajen en conjunto para realmente alcanzar mejoras importantes en la impartición equitativa de justicia dentro de las fronteras nacionales; especialmente se debe mejorar en temas de derechos humanos, acoso laboral, acoso sexual, estereotipos y garantizar la representación en procesos de defensa ante actos violentos.
Para continuar con el intercambio se contó con la participación de Jorge Coronado Marroquín quien es Sociólogo de la Universidad de Costa Rica, con estudios en Ciencias Políticas y economía política. Este participante hace énfasis en que la justicia, especialmente la enfocada en las dinámicas económicas, Costa Rica ha empezado un retroceso importante desde la década de los noventa tras la implementación de los Programas de Ajuste Estructural [PAEs].
De igual forma, Coronado Marroquín destaca como la distribución de la riqueza en el país es sumamente desigual ya que el quintil más adinerado se apropia de un 52% del ingreso nacional. Este fenómeno, según su perspectiva, es producido a partir de la configuración de poder que establecieron las élites económicas costarricenses quienes incluso salen fortalecidos tras coyunturas complejas como la de la pandemia por COVID-19 en comparación con otros sectores del Estado.
Coronado Marroquín enfatiza que mientras Costa Rica posea un mercado laboral, ente encargado de distribuir la riqueza, insuficiente y carente de regulación poco se puede hablar de justicia ya que esta desigualdad puede afectar el acceso a derechos como la salud, educación o recreo. Este participante cierra su intervención mencionando que Costa Rica se aleja poco a poco de la justicia debido a la influencia de un bloque económico del poder neoliberal hegemónico que excluye a sectores de nuestra sociedad civil, por lo que la articulación de movimientos sociales es central.
Seguidamente, el abogado y criminólogo David Corrales Molina inicia su participación haciendo un recuento histórico de las múltiples definiciones que se han realizado alrededor del término justicia por diferentes autores. Indica que es necesario señalar qué es justicia ya que la polisemia del término puede llevar a que las personas consideren a diferentes aspectos como justos o no.
Corrales Molina continúa mencionando que la justicia en Costa Rica se ve principalmente desde una perspectiva punitiva, lo cual es necesario reformar y empezar a introducir una concepción que perciba a la justicia como un instrumento de desarrollo humano importante. De igual manera, señala que la justicia debe observarse en 4 agencias principales las cuales son la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, los cuerpos policiales y la sociedad; estas cuatro dimensiones se encuentran profundamente relacionadas por lo que deben analizarse conjuntamente.
Para culminar su participación, Corrales Molina indica que la justicia no debe ser simplemente lo que la sociedad desea ya que se abre la posibilidad de que se actúe en bajo lógicas vengativas; en este sentido, la primacía del Estado de Derecho y valores esenciales como igualdad, equidad, respeto y libertad son vitales para alcanzar una reforma estructural en la justicia costarricense y la conservación de la paz social.
Como participante final de este campo de diálogo se contó con la presencia de José Manuel Arroyo Gutiérrez quien inicial señalando que la aspiración de un entorno justo ha sido una característica definitoria del pueblo costarricense; no obstante, el contexto actual complejiza este objetivo y es necesario tener acceso a información pertinente en orden de conservar nuestros derechos.
Arroyo Gutiérrez aporta que, si bien el derecho tiene limitaciones importantes, es el principal instrumento que nos permitirá establecer una Costa Rica más justa a partir de la defensa de los derechos fundamentales; sin embargo, este impacto puede potenciarse si la democracia adquiere un papel más participativo en entornos que no se vinculan exclusivamente a los fenómenos electorales.
Este participante también aporta a la discusión el hecho de que la narrativa de justicia social ha tomado un lugar secundario en las prioridades de las autoridades en orden de favorecer intereses económicos por lo que se presencia una perversión de la democracia al politizar la justicia y judicializar la política. Este contexto genera una coyuntura deprimente para el historial de justicia del país y el respeto de los derechos humanos, lo que traerá conflictos serios y evidentes en el futuro.
Si desea ahondar en las intervenciones dadas en este conservatorio por parte de estos exponentes, le inventamos a seguir el siguiente enlace que lo llevará a un vídeo de este programa de Alternativas donde podrá escuchar todo el intercambio de ideas: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/551079019740014
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), incesante en su campaña contra las políticas neoliberales privatizadoras de lo público, instala una manta en el Centro de Recreo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), que se ubica sobre la carretera principal que conecta las provincias de Alajuela y Heredia.
En la manta se externa lo siguiente:
“Alianzas Público-Privadas y Tercerización es Privatización, Defendamos la Caja”
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), elevará a inspección judicial la demanda interpuesta en contra del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación en junio del año 2021, esta busca la aplicación del aumento salarial por costo de vida.
Esta medida, obedece al retraso injustificado por parte del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el cual, ha dilatado la resolución del caso. Esto a pesar de las constantes peticiones de agilizar el proceso por parte del señor Fabián Gamboa Corrales, asesor legal de ANEP.
El bachillerato y la licenciatura en Planificación Económica y Social de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica-EPPS-UNA, recibió este lunes 23 de mayo de 2002 la segunda acreditación por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior-SINAES.
En la ceremonia de acreditación realizada en el Auditorio Clodomiro Picado, estuvieron presentes el Julio Calvo Alvarado en representación del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES, el MED Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional-UNA, el Dr. Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA.
El Dr. Ortega, Director de EPPS-UNA, señaló que la educación se convierte en una de las mejores herramientas a las cuales se apostó en el pasado, y se debe seguir apostado en el presente y en el futuro, por cuanto está claramente evidenciado que, en toda la historia del país, ésta, ha representado un motor de movilidad social en las familias, en el tanto, sea una educación de calidad: “Como Sistema de Educción Pública tenemos grandes retos que escapan a nuestro actuar, como Sistema de Educación Superior Pública, contamos con el SINAES, para articular una oferta pertinente, cuyas valoraciones de calidad, no solo consideren los parámetros internacionales, para medir aporte a la investigación, extensión y producción, que en su mayoría han sido pensados desde paradigmas tradicionales dominantes, sino que se consideren los procesos que las profesiones aportan al desarrollo de la sociedad costarricense desde el cumplimiento de su tercera misión, dado que la calidad es algo intrínseco a los contextos. Como carreras acreditadas, en muchos casos estamos siendo evaluadas con esos parámetros dominantes que, si no lo detectamos, podrían estar orientándonos hacia una educación con fuerte enfoque de mercado, y, descuidar el mayor de los retos que es, llevar la UNA a las espacios organizacionales, locales y territoriales y desde los mismos actores locales, generar desarrollo para su beneficio y esto, no está totalmente claro en los procesos de evaluación o autoevaluación de la calidad”, señaló Ortega.
Desde el año 2019 la Escuela de Planificación Económica y Promoción Social, por medio de su actividad académica de gestión de la calidad de la carrera del Bachillerato y Licenciatura en Planificación Económica y Social, comenzó el proceso de autoevaluación con miras de reacreditación de la carrera impartida en el Campus Omar Dengo. De esta manera, el trabajo operativo del proceso de autoevaluación, fue realizado por la Comisión de Autoevaluación de la carrera, con asesoría de la Vicerrectoría de Docencia. Además, los insumos para la construcción del informe de autoevaluación, solicitado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), fueron suministrados por la UNA: la Dirección, Subdirección, coordinadoras (es) de programas, proyectos y actividades académicas (PPAA), así como todo el personal administrativo, docente, estudiantes regulares, graduados y empleadores.
La Máster Isabel Calvo González, coordinadora del equipo de autoevaluación de la EPPS-UNA, señaló que la autoevaluación del bachillerato y la licenciatura en EPPS-UNA se inició con un proceso de sensibilización que incluyó visitas a aulas, exposiciones en actividades académicas y publicaciones periódicas en redes sociales, con el fin de informar sobre la importancia de la autoevaluación y la reacreditación. Además, se realizó una revisión de documentos oficiales (de la Unidad Académica y de otras instancias universitarias) para sistematizar, describir y analizar datos solicitados como evidencias por parte del SINAES. Se aplicaron encuestas anónimas a estudiantes de primer ingreso, estudiantes regulares, personas graduadas, personal docente y personal administrativo de la Escuela de Planificación y Promoción Social, así como a empleadores de profesionales en Planificación en diversos ámbitos: “ Los diferentes instrumentos, se confeccionaron de forma detallada, para que correspondiera con la realidad y perspectiva de cada sector, así como con los requerimientos que se señalan en el Manual de Acreditación oficial de carreras de grado del SINAES”, manifestó Calvo.
Cabe indicar que el 9 de marzo del año 2021 se hace remisión del Informe de Autoevaluación al SINAES por parte del Rector de la UNA, MED Francisco González, y el 12 de julio de 2021 el SINAES realiza el nombramiento de un grupo de expertos encargados de realizar la evaluación externa de la carrera. Dicha evaluación se realizó de manera virtual la semana del 6 al 10 de setiembre del 2021 y contó con la participación de los expertos internacionales Dr. Alexander Blandón López de Colombia, Dr. Zidane Zeraoui El Awad de México y la experta nacional la Dra. Mayela Cubillo Mora.
La visita de estas personas evaluadoras externas culminó con la aprobación de un compromiso de mejoramiento para los próximos 4 años por parte de la Escuela de Planificación y Promoción Social, en donde la Unidad Académica asume su compromiso por una mejora constante en el plan de estudios, el desarrollo docente, la investigación, el desempeño estudiantil, la vinculación con las personas graduadas, entre otras. Con base a esto, el 2 de noviembre del año 2021, en la sesión 1544 del SINAES se aprueba la segunda acreditación del Bachillerato y Licenciatura en Planificación Económica y Social impartida en el Campus Omar Dengo. Se hace entrega oficial de la certificación de manera presencial el pasado 23 de mayo del 2022 en horas de la mañana con participación de académicos, estudiantes y autoridades universitarias.
“Desde los espacios generados en el marco de la gestión de la calidad, debemos avocarnos a diseñar propuestas educativas que no solo aseguren la empleabilidad, sino que les permita a las personas formadas, insertarse activamente en su realidad social, para desempeñarse no sólo como profesionales, sino como personas ciudadanas competentes en armonía con el concepto de crecimiento y desarrollo de dimensiones holísticas”, manifestó en su mensaje oficial el Director de EPPS-UNA, para quién, dicho propósito es posible, si se demanda de parte del sistema de educación superior pública, lo siguiente:
Consolidarse como una organización inteligente que aprende sobre la base del respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la participación y el diálogo, pero que además renueve de manera permanente su propuesta educativa y pedagógica.
Definición de un foco de largo plazo anclado en el sentir y actuar de todo su equipo de trabajo, pero, con estructuras internas flexibles que permitan la renovación permanente sin perder su horizonte de largo plazo.
Garantizar una educación permanente abierta a todos y todas, respetando el principio de equidad y sin importar la formalidad de las carreras.
Para Ortega, este es el contexto en que la Carrera de Planificación Económica y Social-EPPS-UNA, viene implementando una nueva estructura curricular, elaborada en el marco de su primer proceso de acreditación y que hoy, les permite obtener por primera vez, la reacreditación.
Con la aprobación de la segunda acreditación la Unidad Académica (EPPPS-UNA), reafirma su compromiso con el estudiantado y con la sociedad costarricense, de brindar una oferta académica de calidad, estableciendo la mejora continua como eje esencial en sus procesos de gestión académica y administrativa.
Las integrantes de la Comisión de Autoevaluación de EPPS-UNA, Lic. Laura Vargas León, MBA Karol Monge Hernández, Isabel Calvo (Coordinadora) y la M.Sc Adriana Sánchez Sánchez, expresaron el compromiso de la Escuela en aportar, tanto en la línea de formación de personas profesionales comprometidos con el desarrollo con equidad, como con los proyectos de investigación y extensión de apoyo directo a las poblaciones vulnerables en el país, generando insumos y propuestas de planificación al servicio de estos sectores: “Para ello, se vienen mejorando una serie de procesos relacionados con la gestión, la actualización, la formación, el acercamiento con personas egresadas, el acercamiento con los empleadores, entre otros”.
El Rector de la UNA, Máster Francisco González Alvarado, expresó que la UNA hace mas de 20 años apostó por el proceso de autoevaluación y con ello obtener la acreditación de sus carreras, en donde los estudiantes han jugado un papel central. Hoy en vísperas de iniciar un nuevo proceso de planificación institucional para el 2023, ya reconocemos que la acreditación es un ejercicio, una experiencia, una herramienta que la UNA no va a echar atrás, que por el contrario se constituye en una aspiración a la cual se van sumando cada día diversas Unidades Académicas: “Ningún proceso de acreditación es el resultado de una persona, es un proceso de trabajo articulado, voluntario, es un reto que nos visualiza en el corto plazo con la posibilidad que logremos la acreditación institucional de los servicios académicos”.
El Rector puntualizó que la acreditación de carreras universitarias tiene sentido en la medida que transforme, que no es suficiente con cumplir con el procedimiento y los estándares que exige el proceso, sino que transforme significativamente la actividad institucional y el desarrollo general y particular en la academia: “Un elemento fundamental de la acreditación es el hecho de tenernos vinculados al sector empleador y a las personas egresadas. Los procesos de acreditación nos fortalecen y nos ayudan a plantear nuevos compromisos en íntima relación con las demandas de la sociedad y sobre todo asegurando empleabilidad en los procesos de nuestras carreras. Esto es un reto que tenemos que plantearnos en el marco de la acreditación de procesos institucionales que impulsamos”, indicó el Rector González.
Josué Molina Alpízar, estudiante de la carrera en Planificación Económica y Social, quien junto a las autoridades participó de la entrega del certificado, dijo que para cambiar las realidades actuales es necesaria la evaluación de pares externos sobre el quehacer de la Unidad Académica, dado que la retroalimentación sobre los procesos académicos ayuda a prepararse y cambiar los futuros del país y dar elementos para potenciar los nichos educativos hacia la innovación y la transformación: “Agradecemos al SINAES por constituirse en agentes para la evaluación de la realidad y dar luces para cambiar y mejorar la sociedad en aras de una verdadera transformación con equidad».
El representante del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES, Master Julio Calvo Alvarado, expresó que la educación ha sido determinante en la construcción de nuestro país, ha sido un motor que desde el siglo XIX ha delineado el camino aspiracional de la paz, el bienestar con equidad y oportunidades y el desarrollo en armonía con el ambiente: “Por eso este país ha invertido en educación, que junto con la salud reciben mas recursos del presupuesto nacional: “Por eso Costa Rica en el concierto de las naciones luce sus mejores indicadores en desarrollo humano, conservación de la naturaleza, convivencia pacifica y democracia. Pero afanarse de lo que hicimos, sin autocrítica, y reconocer que el modelo está fallando es como nadar en arena. Enfrentamos una gran crisis en el sector educación que nos deja sin aliento, que requiere de grandes transformaciones. Superpuesto a lo anterior enfrentamos una crisis fiscal histórica azuzada por los transes de la pandemia y la economía mundial. Todo parece la respuesta perfecta para retroceder y perder nuestros logros y el rumbo que habíamos tomado. Pero esto no va a suceder y no sucederá, si todos en consonancia aceptamos el sacrificio y el reto de hacer más, mejor y con menos. Para eso se requiere de la revisión permanente de nuestro trabajo, de nuestras vidas y de cómo interactuamos en sociedad y política. La autocritica y la creatividad nos permitirán retomar el camino, para esto una vez deberemos de ser creativos y de entrar en la innovación”.
En este sentido, Calvo dijo que el SINAES se convierte en una plataforma estratégica para el país, ya que es con los procesos de acreditación voluntaria que las carreras pueden desarrollar un proceso de autoevaluación mirando los retos y el futuro. Este proceso es el mas importante, porque educadores, estudiantes, autoridades universitarias, egresados y empleadores tienen la oportunidad de replantear su quehacer para definir una estrategia de mejora continua que les permita enfrentar proactivamente los retos y formar los profesionales que el país requiere.
Para las autoridades de EPPS-UNA, se debe partir de una educación orientada a generar capacidades para aprender, desaprender y reinventarse en el marco de los cambios que se vienen generando. Unas capacidades para que, a partir de la información abierta y disponible, se puedan comprender los fenómenos sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos y generar a partir de esta, nuevo conocimiento útil y necesario para gestar los procesos de desarrollo en equidad: “Ante el contexto en donde se desenvolverán nuestras personas profesionales, debemos desde la currículo, generar una actitud resiliente, inclusiva y diversa, que nos permita influir con sabiduría y creatividad, en procura de responder a esas deudas pendientes de la sociedad costarricense… La calidad, es una categoría directamente relacionada con los contextos, y al ser estos cambiantes, el proceso de gestión de la calidad es también un proceso continuo”, concluyó el Dr. Ángel Ortega.
“La educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas, que han de cambiar al mundo”. Paulo Freire.
San José, 26 de mayo de 2022. Desde agosto del 2020, la Comisión Política del PAC emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley que pretende la creación de jornadas de 12 horas en lo que se conoce como «jornadas 4-3», criterio en el cual se solicitó a la fracción legislativa votar negativamente el texto sustitutivo que se encontraba en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se instó al Poder Ejecutivo pedir el criterio a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre su contenido y abstenerse de convocar en los períodos de sesiones extraordinarias, antes de obtener esa respuesta.
La Fracción del PAC votó en contra del dictamen y el Poder Ejecutivo no remitió el mismo para extraordinarias. Ahora, nuevamente la Administración Chaves Robles, convoca el proyecto a sesiones extraordinarias, lo que podría implicar su aprobación y un cambio en la normativa laboral.
Las jornadas intensivas han demostrado ser menos productivas y sobre ello existe abundancia de estudios. La ampliación de jornadas tiene como meta eliminar el pago de horas extra y reducir el número de personas contratadas. Por lo tanto, en tiempos de crisis económica y pandemia, terminará por aumentar la informalidad y la desigualdad laboral de género, debido a las condiciones estructurales persistentes en cuanto al recargo del cuido de la familia y labores del hogar en las mujeres.
Debe considerarse, además, que el sistema de inspección laboral adolece actualmente de serias deficiencias aún no atendidas por la Asamblea Legislativa, así como el hecho de que actualmente Costa Rica ocupa el tercer puesto respecto al peor balance entre la vida y el trabajo, entre los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hechos que lejos de llevar al país a la ampliación de jornadas, debe más bien orientar a una revisión para buscar que las relaciones laborales se apeguen a la legalidad y aspiren a que las personas gocen de una mejora en la calidad de vida. La tendencia de los países miembros de la OCDE es precisamente hacia la disminución de las jornadas laborales.
La reforma, en su texto actual, en momentos de crisis económica y de pandemia significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos laborales, firmemente tutelados en nuestra Constitución Política. Lo contenido en el proyecto de Ley 21.182 afecta el bienestar de quienes menos oportunidades tienen, profundizando un estilo de desarrollo desigual, y como efecto secundario, traslada a la seguridad social todos los costos de las consecuencias de jornadas de trabajo intensivas, en la salud física y mental de las personas trabajadoras y sus familias, contribuyendo con el deterioro de las finanzas de la CCSS.
Como partido político de oposición, señalamos que estas reformas al Código de Trabajo van en detrimento de las bases de una sociedad solidaria y abre las puertas a mayores niveles de desigualdad, inestabilidad social y económica para el país.
Instamos a la Asamblea Legislativa y al partido gobernante a buscar iniciativas que realmente apoyen el bienestar y la inserción laboral, así como el fortalecimiento de la inspección laboral, horarios adecuados, aplicación de la red de cuido y la búsqueda de soluciones específicas para sectores como el tecnológico, turismo, la seguridad y otros más en donde existen realidades laborales ante las cuales la legislación se encuentra desactualizada. Pero nunca en detrimento de la salud integral de la personas, solidaridad social y menos del bienestar de los sectores laborales más vulnerables en donde la informalidad es generalizada.
ANTE EL IMPACTANTE AUMENTO EN LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE ANEP PROPONE TRES MEDIDAS EXCEPCIONALES
El Gobierno y la Asamblea están indolentes ante el sufrimiento popular
Más de 1.000 colones por litro de gasolina/diésel, mientras no hay una política salarial ante el alto costo de vida, situación que tiene indignada a la clase trabajadora y personas pensionados por IVM CCSS
Peligrosa es la pasividad tanto del Gobierno de la República como de la Asamblea Legislativa ante el creciente enojo de la gente. La indolencia de ambos pone en alto riesgo la paz social, ya de por sí agravada por una ola delincuencial que parece estar sin control.
La colectividad ciudadana de un país no puede aspirar a un desarrollo sostenible y justo, ni puede por tanto vivir feliz, mientras esa nación no cuente con reglas claras de convivencia y, además, todas las personas desde su niñez temprana se eduquen en una cultura de respeto a las diversas minorías étnicas que perviven a lo largo de todo el territorio.
En Costa Rica lo primero, es decir las reglas claras con respecto a los derechos de las minorías, tras mucho trabajo, se han venido por fin estableciendo mediante leyes y decretos en diferentes gobiernos. Aunque todavía falta mucho. Hoy me propongo hacer un recuento, el cual no pretendo que sea exhaustivo, de algunas de estas conquistas consagradas en nuestra legislación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, nadie puede pasar por alto que, aun cuando los derechos alcanzados son significativos e importantes, subsiste una resistencia a respetar y aceptar la legislación aprobada, por parte de personas no indígenas que, invaden recurrentemente sus propiedades, agreden y asesinan a los pobladores indígenas, atropellan sus derechos, ante la complaciente connivencia, en muchas ocasiones, de autoridades de policía, jueces y hasta el desdén de funcionarios públicos responsables de garantizar los derechos alcanzados por los pueblos indígenas.
Quiero decir con lo expresado que, desde mi óptica, la cultura de respeto y tolerancia carece de arraigo y por tanto de consistencia entre una gran parte de la ciudadanía costarricense. Si lo afirmado por mí es cierto, como con fundamento en hechos creo que lo es, advierto que ello vulnera como nada la solidez del nuestro sistema democrático. En efecto, desde el punto de vista politológico, no hay verdadera democracia sin una cultura de tolerancia hacia las etnias y poblaciones minoritarias que habitan el territorio, ya sea desde antes de la conquista española o más recientemente.
Hago un inventario pues de lo que tenemos en materia de leyes, convenios y decretos. Costa Rica tiene ya un amplio bagaje de leyes mediante las que se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. El conocido periodista costarricense, Msc. Eduardo Ulibarri, en calidad de Embajador permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014), presentó un informe ante ese honorable “Foro”, en el cual destacó: “…además del Convenio 169 de la OIT, del que somos Estado Parte, [existe] el artículo 76 de la Constitución Política que establece la obligación del Estado de velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales y la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento que ha procurado hacer efectivos esos derechos. También hemos apoyado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde su desarrollo y adopción.” Y continuó diciendo que: “Existe, además, una importante jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en temas tan diversos como el derecho a la tierra y la propiedad comunal, el acceso al agua potable y el derecho a la salud, por ejemplo. Igualmente, la Defensoría de los Habitantes, institución nacional de derechos humanos independiente, ha realizado un importante trabajo en la materia…” (Cfr. Ulibarri B, Eduardo. “Derechos de los Pueblos Indígenas.” Informe ante la Asamblea General de NNUU. 21 de octubre, 2013)
El propio Ulibarri afirma en este artículo que (parafraseo), el marco jurídico que establece derechos y la jurisprudencia que se haya dejado sentada por la Sala Constitucional, devienen insuficientes para proteger los derechos de las comunidades indígenas, mientras no existan políticas y acciones estatales que velen por su cumplimiento efectivo. (Ibid.) Por mi parte he expresado un criterio más exigente aún; puesto que, además de lo anterior, considero crucial que una sociedad avance en su nivel cultural inculcando, desde temprana edad, una formación civilista en la ciudadanía; lo que equivale al desarrollo en todas las personas de valores sólidos de tolerancia y respeto, así como una educación sustentada en el principio de igualdad entre todos los seres humanos, indistintamente de su nivel social, su etnia, sus creencias políticas, religiosas, su género o sus preferencias sexuales. Todos somos iguales en dignidad y poseemos el mismo derecho a tener oportunidades para una buena salud, una educación de primera calidad, obtener empleo y aspirar a un desarrollo con bienestar para toda la sociedad y para cada individuo; lo expresado, equivale al derecho a un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza y el medio ambiente, con justicia social, equidad y paz.
Uno de los más importantes requisitos de esa cultura integral civilista, es el imperativo de que cualquier proceso de desarrollo que afecte de una u otra manera la integridad de los territorios de los pueblos indígenas, debe merecer obligatoriamente la consulta con las mismas comunidades indígenas que vayan a resultar afectadas. Algo tan básico, no es sino hasta el 2018 que se estableció por medio de la directriz gubernamental No. 017-MP-MJP, el imperativo de la consulta indígena previa para el sector público, con el fin de comenzar el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024” (Cfr, Presidencia de la República. “Pueblos Indígenas Participan Activamente en Construcción de su Política Pública.” 15 de octubre del 2021.)
Este mecanismo de validación adquirió plena actualidad, a raíz del Proyecto Hidroeléctrico de Diquís, el cual se desarrollaría en una parte importante del territorio indígena sin haber consultado a esos pobladores, cuyas vidas se han desarrollado ahí desde “siempre”. Fue a raíz del conflicto que se produjo con los pueblos originarios de aquel territorio que, se buscó establecer una fórmula para normar el derecho a la consulta previa. En aquel momento, no existía una reglamentación siquiera para encausar el diálogo social y la consulta previa. No es por mera casualidad que esta reglamentación no existía. Ha prevalecido en la cultura nacional un enorme menosprecio hacia la cultura de las poblaciones indígenas. Tan es así que varias de las 18 etnias que provienen de los pueblos originarios, están a punto de extinguirse: sus lenguas en algunos casos han desaparecido o están casi por desaparecer debido a que, principalmente, a los párvulos el sistema educativo nacional no les ha ofrecido la posibilidad de aprender su lengua vernácula. El Embajador Ulibarri reconoció que fue hasta julio del 2013, que el Ministerio de Educación aprobó una reforma mediante la que se reconoció como lenguas maternas de los pueblos indígenas de Costa Rica, la Cabécar, Bribri, Ngöbe, Buglé, MaleKu, Teribe y Boruca.
Sin embargo, las matanzas e invasiones a los territorios autónomos de los pueblos originarios han continuado por parte de los no indígenas. Todo ello sigue ocurriendo, no obstante que, el país cuenta con la Ley Indígena de 1977, así como con los demás decretos y directrices emitidas más recientemente por diferentes gobiernos para proteger los bienes de los pueblos originarios y sus propias vidas ¿Cuál es la razón que justifique semejante desaguisado? No encuentro otra causa o explicación que no sea la discriminación, el menosprecio, hijo de los prejuicios de la cultura dominante contra las diferentes culturas de pueblos indígenas, a las que sometieron salvajemente para extraerles sus riquezas y pertenencias; primero fueron los colonizadores españoles y posteriormente las diferentes élites políticas y económicas de criollos mestizos que, en lo medular han gobernado Costa Rica desde la Independencia hasta el presente.
También, los pueblos originarios, sus diferentes etnias han sufrido el despojo de sus tierras de forma ininterrumpida durante la colonia, y después durante todo el período de la Independencia hasta el presente. Muchos debieron refugiarse en las montañas de Talamanca, por ejemplo, para no ser objeto de la esclavitud, o ser reducidos a las “mitas” y “encomiendas”, o al “yanaconazgo.” “Mita” era el trabajo de los indios en las minas, la “encomienda” por su parte en la agricultura y ganadería, y el “yanaconazgo” era un sistema de reclusión forzada que se aplicaba a los indios rebeldes. Los habitantes originarios, que hacían gala en muchos casos de un respeto sagrado por la naturaleza y el medio ambiente, fueron obligados a renunciar a sus valores culturales, a su cosmovisión, a sus creencias religiosas, a su idiosincrasia. Como dijera el poeta Arturo Agüero Chaves en su celebre poema: “Nicoya”, muchos fueron muertos por no renegar [de sus dioses y creencias] en las aguas del bautismo del cristianismo.
Toda esta tradición centenaria de maltrato, asesinato y despojo de las tierras ha penetrado en la ideología de muchos blancos invasores, por lo que la lucha de los indígenas no se torna fácil. Todavía se sigue irrespetando la ley indígena No.6172 de 1977, la cual reconoce oficialmente la propiedad y tenencia de los territorios indígenas en el país, basada en los derechos ancestrales de estos pueblos. Estos territorios miden cerca de 350.000 hectáreas, lo que constituye más o menos el 7% del total, estimado en poco más de 5 millones doscientas diez mil hectáreas.
Debo insistir, no es sino hasta muy recientemente que, se empezó a amojonar, es decir, a poner límites en los territorios indígenas, para proteger a los pueblos originarios de las constantes invasiones de grupos no indígenas. Ello ha sido fruto en gran parte, de la misma lucha de los pueblos indígenas, apoyados por la intervención de organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, y por los relatores de las Naciones Unidas. Para lograrlo, el gobierno nacional, debió echar mano del INDER, de las mismas organizaciones indígenas, y en ocasiones del Ministerio de Seguridad Pública. En el 2012, se comenzó con el pueblo de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Posteriormente, en 2013, se tramitaron decretos encaminados a asegurar los límites del Territorio Indígena de Matambú, la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó y seguidamente el Territorio Indígena de Zapatón.
Por otra parte, en el reciente informe de la Administración Alvarado Quesada, el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, rindió cuentas de lo actuado en cuatro años (2018-2022) por esta administración con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Se produjo una alta inversión en conectividad en las distintas poblaciones, coordinando con instituciones como el ICE y FONATEL. También se trabajó en temas de vivienda específicamente para atender las necesidades de estos pueblos. Randall Otárola da cuenta de que se construyeron viviendas respetando la cultura y los derechos identitarios de los indígenas, o sea valorando las formas de convivencia de estas culturas ancestrales. Fue entonces que se emitió la directriz a la que se hizo alusión líneas arriba. Esta hace referencia al mecanismo general de consulta, se fortalece el Plan RTI para la devolución de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios usurpadas por los blancos. Hubo apoyo además en la construcción de infraestructura en colegios, liceos y de manera importante en temas de salud. Todo lo cual representó una inversión de más de sesenta mil millones de colones durante los cuatro años. El viceministro insistió en que todos estos planes implicaron la incorporación de las dirigencias de las diferentes etnias indígenas en la elaboración del Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas.
Para Randall Otárola, el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas constituyó una prioridad de la administración y considera que “…la consulta representó un hito en el cumplimiento de los derechos de estos pueblos.” (Cfr. Otárolla, Randall. “Informe de la Presidencia de la República.” 2021-2022. San José, Costa Rica.) La fase de consulta previa implicó un proceso participativo, libre e informado, para facilitar el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Se visitaron 24 territorios para la construcción de Planes de Consulta, de acuerdo con el “Mecanismo General de Consulta Indígena”, aprobado en el 2018. Este proceso dio lugar a la elaboración del borrador y el documento final de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. El trabajo para la elaboración del borrador de la Política Pública fue liderado por el mismo Randall Otárola en su calidad de viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, según Decreto No. 40.993; contó para cumplimentar la tarea con el apoyo del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), así como con representantes de Naciones Unidas. Todo el proceso se realizó en forma mancomunada con líderes de las poblaciones indígenas y tratando de garantizar los derechos de estas poblaciones, según convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica; de manera muy especial se ampararon en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (Cfr. presidencia.go.cr “En Kéköldi inicia Histórica Consulta de Política Pública para los Pueblos Indígenas.” 17 de setiembre 2021).
Empero, sin menosprecio a estos esfuerzos recientes, el hostigamiento contra las poblaciones indígenas, sean estos bribris, cabécares, ngöbes o malekus no ha logrado controlarse, con lo que seguimos lamentando muertes y constantes violaciones a los derechos humanos. Este ha sido el caso de Jerhy Rivera, dirigente indígena térraba, quien fuera asesinado en el 2020 de cinco disparos contra su humanidad. En la misma región, el 18 de marzo del 2019, fue víctima de otro crimen el líder indígena Sergio Rojas. Ambos habían sido objeto de constantes amenazas de muerte.
La recientemente fundada Asociación para el desarrollo sostenible y sustentable Madre Tierra, ha incursionado en el territorio maleku de San Rafael de Guatuso, por iniciativa de la profesora Noemy Mejía (de extracción maleku), para unir los esfuerzos en el desarrollo de “ecocomunidades” con la población autóctona. La comunidad decidió iniciar los esfuerzos mediante la reforestación de la cuenca del río que la abastece de agua. En este caso también, invasores blancos invadieron partes del territorio maleku, provocando una gran deforestación arriba de la naciente con lo que acarrearon un grave daño desatando una considerable disminución del agua que consume la comunidad.
Este es el día a día de infortunio y desasosiego que padecen muchas comunidades indígenas en nuestro país. Aunque ha mejorado la actitud de algunas autoridades, la sociedad costarricense en su mayor parte permanece impasible ante las amenazas y delitos contra los derechos humanos y la propiedad de los primeros pobladores de estas tierras, cuyos ancestros estuvieron aquí mucho antes del descubrimiento, la conquista y colonización española.
El pasado 25 de mayo, en el programa Voces y Política, se realizó el conversatorio sobre “Recuperaciones territoriales de los pueblos originarios”. Se contó con la participación de:
Elí Ortiz Torres: Consejo Iriria Sat Kök de Yamabï Dí (Cabagra).
Heylin Figueroa Calderón.
Felipe Figueroa: Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa de Salitre.
Jeison Ríos Ríos: personas recuperadoras de China Kichá.
