El debate público de los candidatos se ha decantado por una suerte de descalificaciones mutuas, que no hace otra cosa que develarlos en su falta de mesura y ecuanimidad, pero más que eso en su desesperación por acceder a la silla presidencial, a cualquier precio (y de verdad que el precio cuenta).
Ninguno de los dos candidatos ha dado señales convincentes de estar pensando en los graves problemas de la patria, aunque reiteren en las cifras de hambre, pobreza y desigualdad. Su mensaje no cala profundo, es opaco. Por más altisonante, no llega a tocar las fibras del alma costarricense. Y cuando la palabra pierde su sabor, es como la comida que se muestra apetitosa pero no pasa la prueba del paladar. Es por esa sensación, que al parecer estamos ante un déficit significativo de candidaturas inspiradoras y esperanzadoras, para asumir los retos y desafíos de las Costa Rica postpandémica: económicamente golpeada, socialmente polarizada y humanamente cansada.
Para encarar tamaño desafío requerimos más que experiencia política o actitud y voluntad disruptiva, que son las banderas que ondean hoy los candidatos. Estamos urgidos de liderazgos dispuestos a sentarse reposadamente a la mesa del diálogo ciudadano y buscar acuerdos con todos los sectores de un país donde todavía hay reservas de sentido patriótico, buena voluntad para acoger las mejores ideas y solidaridad para caminar la segunda milla, que pueda aliviar las dolencias de tanta gente sin trabajo y endeudada.
No avizoramos esas cualidades en quienes hoy nos ofrecen sacar a Costa Rica del atolladero. Y quizá, lo más realista sea aceptar que vamos hacia una profundización de los álgidos problemas del empobrecimiento, la desigualdad y la polarización social. Una senda que dejó marcada el gobierno del señor Carlos Alvarado. En este sentido, los próximos cuatro años de gobierno vendrían a ser como un segundo tiempo del partido, incluso más caldeado que el primero. En todo caso, una copa amarga que habrá que tomar, para transitar, esperamos, hacia mejores tiempos.
La segunda reforma social que amerita el país tiene que transitar hacia una política económica postneoliberal. No hay vuelta de hoja, está más que probado que ahí reside el problema sustantivo por el cual no avanzamos en equidad, igualdad y solidaridad. Ese es el cambio profundo, y no el cosmético que ofrecen ambos candidatos, con recetas dictadas por los organismos financieros internacionales, que son las que nos han conducido a donde estamos. Ninguno de los dos candidatos se desmarca.
Por lo tanto, una ciudadanía despierta, crítica y constructiva es más urgente hoy que nunca. Despierta para no dejarse obnubilar por promesas mesiánicas, que solo buscan endulzar a los incautos y al final conducirlos como mansas ovejas para ser trasquiladas. Crítica, para demandar acciones concretas, que garanticen el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos sectores que han sido más desprotegidos, marginados, discriminados y excluidos. No podemos permitir que se continúen pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres que siguen siendo víctimas de una sociedad machista y patriarcal, de la niñez desprotegida, de las personas con limitaciones funcionales, de las madres solteras jefas de hogar, de las personas adultas mayores, etc. Y constructiva, para contribuir con trabajo honesto y solidaridad efectiva a superar las injustas desigualdades que han devaluado cualitativamente a un país que se ha preciado de ser adalid del bienestar social y del desarrollo humano en América Latina.
Costa Rica se merece algo mejor, y no se trata de aspirar al reino de Dios en la tierra. Mucho cuidado, como dijo un teólogo, a propósito de la inquisición, “quienes pretendieron crear el reino de Dios en la tierra terminaron por convertirla en un infierno”. Y este es el derrotero de los fundamentalismos, tanto religiosos como seculares, de los que también tenemos que desmarcarnos, cuanto antes. Algo que tampoco se vislumbra en el escenario actual, todo lo contrario.
La guerra en Ucrania no es simplemente una guerra para ver quién controla un país, un territorio. Es una confrontación en el terreno militar por el futuro de la Humanidad y de la Naturaleza. Como veníamos sosteniendo, ésta se plantea entre dos esquemas de poder que componen la contradicción principal a nivel internacional, entre el Pluriversalismo multipolar plurinacional y el Globalismo unipolar financiero. Ambos esquemas de poder universal internacional en choque estratégico, donde es el multipolarismo quien sostiene en este momento la iniciativa estratégica general desde 2020/21 en adelante.
Rusia lleva la iniciativa multipolar al plantear la batalla en Ucrania para desarticular las acciones técnicas militares de la OTAN (acciones realizadas principalmente desde 2014 de múltiples modos: con la instalación en Ucrania de a- capacidades de guerra biológica, b- capacidades de guerra bacteriológica y c- capacidades de guerra nuclear, etc.) que constituyen una amenaza para la soberanía de Rusia-China-India-Pakistán-Irán-etc. Detener las acciones técnico-militares de la OTAN-Globalista y desarticular su plan de acción significa parar los últimos esfuerzos de una civilización occidental en declive de mantenerse con vida para así poder “despejar” el camino para que el multipolarismo plurinacional y pluriversal pueda hacer avanzar y desarrollar dicha nueva civilización multipolar.
Compartimos el documento para su lectura completa:
Recientemente, la prensa internacional se ha hecho eco de una carta de renuncia suscrita por el jurista norteamericano Paul Reichler: en ella, da por terminada su relación con Nicaragua por casi 40 años de servicios como asesor legal (véase nota de la DW y nota de ElPais de España, así como esta nota de El Confidencial).
Se trata de una noticia que merece ser puesta en perspectiva, tal y como intentaremos hacerlo en las breves líneas que siguen. En efecto, Nicaragua es un Estado que concentra la mayor experiencia en materia de litigio internacional en La Haya en América Latina, con 14 casos contenciosos y una solicitud de intervención, que se pueden visualizar en este enlace de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de los cuales nueve corresponden a demandas entabladas por Nicaragua contra otro Estado.
Como bien se sabe, la CIJ es una jurisdicción internacional prevista dentro de la Carta de Naciones Unidas para resolver las controversias entre Estados: si revisamos con detenimiento cuál ha sido el uso de esta jurisdicción por parte de Estados de América Latina, Nicaragua ostenta una posición muy peculiar.
Después de Nicaragua con 14 casos contenciosos, siguen en América Latina, Colombia (7 casos registrados), Costa Rica y Honduras (seis casos contenciosos cada uno), Chile y Perú (4), Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala y México (2), Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay (un solo caso contencioso registrado). El caso que opuso Honduras a Brasil en el 2010 fue retirado por Honduras, así como la demanda de Ecuador contra Colombia presentada en el 2008. En el caso de Costa Rica, sus seis demandas en La Haya se relacionan todas a Nicaragua (cinco de ellas al Río San Juan), al tiempo que para Honduras, se trata de cuatro de ellas de las seis registradas. En el caso de Colombia, tres de los siete casos registrados se relacionan a Nicaragua. Antes del mes de abril 2018 (demanda en su contra presentada por Guyana), Venezuela compartía con Panamá el hecho de no registrar ningún caso contencioso en La Haya.
Un equipo de talentosos juristas a toda prueba
Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con el pequeño universo que gravita alrededor de la justicia internacional de La Haya, se debe indicar desde ya la existencia de un reducido grupo de profesionales que concentran la defensa legal de los Estados ante la CIJ, y ello desde hace ya muchos años: véase la sección «Los Consejales de la Corona» en esta nota que publicamos en el 2015 en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia, con ocasión de las últimas audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua antes del fallo de diciembre del 2015. En la precitada nota, indicábamos que:
«Si bien el listado de cada uno de los equipos de los Estados que comparecen ante el juez de La Haya son heterogéneos (e incluyen, además de asesores internacionales, consejeros, diplomáticos, historiadores, archivistas, asistentes, cartógrafos, expertos), detrás de esta aparente abundancia de recursos, se esconde una realidad un tanto exigua: la existencia de un «invisible college of international lawyers» (Oscar Schachter) de unos 12 a 15 juristas que toman regularmente la palabra antes los jueces en La Haya y que, por su talento oratorio, sus competencias y su innegable experiencia se reparten la cartera de los litigios en la capital holandesa«.
Precisamente, Paul Reichler es uno de los abogados de mayor renombre que, conjuntamente con el británico Ian Brownlie hasta el 2010 (Nota 1), el francés Alain Pellet y el español Antonio Remiro Brottons, asesoraron exitosamente a Nicaragua en su demanda contra Estados Unidos planteada en 1984 por acciones paramilitares financiadas, instigadas y coordinadas por Estados Unidos: en 1986, en un histórico fallo, por vez primera la CIJ tuvo la oportunidad de condenar a Estados Unidos (véase voluminosa sentencia del 27 de junio de 1986). Notemos que Nicaragua entabló demandas muy similares en la CIJ contra Costa Rica y Honduras, (véase demanda contra Costa Rica y demanda contra Honduras), Estados vecinos de Nicaragua que permitieron el uso de sus respectivos territorios para apoyar a la denominada «contra» nicaragüense: estas demandas fueron luego retiradas por Nicaragua en lo que concierne a Costa Rica, en razón de un compromiso acordado en el Plan de Paz de Esquipulas en 1987.
Este equipo de reconocidos juristas luego asesoró a Nicaragua en su demanda contra Honduras presentada en 1999, que fue resuelta muy favorablemente para Nicaragua en el 2007 en materia de delimitación marítima en el Mar Caribe (véase texto completo de la sentencia). En 1992, este mismo equipo obtuvo que una solicitud de intervención de Nicaragua fuera aceptada en la controversia entre Honduras y El Salvador en lo relativo al Golfo de Fonseca: fue la primera vez en su historia que la CIJ accedió a una solicitud de intervención presentada por un Estado tercero.
Fue también este mismo grupo de prestigiosos asesores de Nicaragua que encontramos en los juicios a repetición interpuestos por Costa Rica contra Nicaragua en el 2005 ante el juez de La Haya (derechos de navegación en el San Juan), en el 2010 (por el dragado realizado en Isla Portillos), en el 2014 (por la delimitación marítima en ambos océanos) y en el 2017 (por la construcción de una carpa militar de Nicaragua – véase comunicado de prensa de la CIJ del 2017-); así como en la etapa de reparaciones por daños ambientales (que culminó en el 2018 con una decisión de la CIJ ordenando a Nicaragua el pago de una modesta suma de 387.000 US$ comparada con los más de 6,4 millones de US$ que exigía Costa Rica a título de compensación por daño ambiental). Para completar la insólita situación existente entre Costa Rica y Nicaragua, consistiendo en llevar cualquier punto de discusión a conocimiento de la CIJ a un costo al día de hoy que es desconocido (Nota 2), cabe incluir la demanda de Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» del 2011, la cual fue unida por la CIJ a la otra demanda por el dragado en Isla Portillos, y ello a solicitud de Nicaragua: esta unión de procedimientos se decidió pese a las objeciones de Costa Rica (véase ordenanza del 2013 tomada de manera unánime por los jueces de la CIJ) (Nota 3).
El talento de Paul Reichler y el de sus colegas en la barra de La Haya también se evidenció en la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia en el 2001 y que concluyó exitosamente para los intereses de Nicaragua después de 11 largos años con una sentencia de la CIJ adoptada noviembre del 2012 (véase texto completo): en el 2010, Honduras y Costa Rica habían presentado una solicitud de intervención, la cual fue rechazada por la CIJ en el año 2011 (véase nota nuestra sobre rechazo a la solicitud de Costa Rica del 4/05/2011). Dos nuevas demandas planteadas por Nicaragua en el 2013 contra Colombia en el ámbito marítimo, y siempre con relación al Mar Caribe, están aún pendientes de resolución ante la CIJ (Nota 4). El pasado 30 de marzo, la CIJ anunció que dará lectura a la sentencia en uno de estos dos casos el próximo 21 de abril del 2022 (véase breve nota nuestra al respecto).
Esta nota de prensa del 2016 del New York Times refiere a algunas de las diversas facetas de la impresionante y muy variada carrera de jurista de Paul Reichler, la cual no se limita únicamente a litigios interestatales: asesoró a Uruguay ante las arremetidas de varias transnacionales que demandaron ese Estado en el CIADI, así como a personas detenidas en la base norteamericana de Guantánamo.
En su carta de renuncia con fecha del 2 de marzo del 2022 (véase texto completo), se lee que en algun momento, Paul Reichler fue también encomendado directamente por las máximas autoridades de Nicaragua en varios momentos cúspides en la historia de Nicaragua (acuerdo de Sapoá de 1988, reconocimiento de la derrota electoral en 1990), evidenciando así gestiones políticas al más alto nivel que trascienden – y por mucho – la simple defensa legal desde la prestigiosa barra de La Haya.
Los policías costarricenses en el Río San Juan: un insólito resultado obtenido en el 2009
En el caso de Costa Rica, son los alegatos de Paul Reichler (así como los de Ian Brownlie) los que lograron convencer a los jueces de La Haya de la necesidad de prohibir el paso de policías costarricenses en el Río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos desde las aguas del Río San Juan: véase al respecto la batería final (segunda ronda de debate oral) de argumentos presentados por Nicaragua en marzo del 2009.
Al respecto, resulta un tanto inédito en los anales de la justicia internacional que un Estado como Costa Rica, titular de competencias en materia de guarda y de vigilancia del Río San Juan contempladas en un tratado bilateral de 1858 con Nicaragua, opte por presentar una demanda ante el juez internacional en el 2005 y que obtenga en julio del 2009 una sentencia que… le prohíbe ejercer este derecho por parte de sus fuerzas policiales (véase texto completo, párrafo 156).
Tuvimos la oportunidad de escribir al respecto (véase breve nota nuestra sobre la sentencia del 2015 entre Costa Rica y Nicaragua) que:
«Desde aquella fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar en el río San Juan que marca gran parte de la frontera entre ambos Estados con sus policías, fueran estos armados, o desarmados, o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos ubicados en la frontera. Un año más tarde, en el 2010, la ocupación ilegal en Isla Portillos por parte de efectivos de Nicaragua revelaría las enormes dificultades de Costa Rica para vigilar su frontera fluvial (y lo que ocurre en su extremidad Noreste)«
Lo inédito resulta aún más insólito si se trae a la memoria el hecho que Costa Rica y Nicaragua habían logrado plasmar sus diferencias en un primer acuerdo sobre el uso de armas de cierto calibre por parte de policías costarricenses durante sus operaciones de navegación en las aguas del Río San Juan (en el denominado comunicado Cuadra-Lizano suscrito el 30 de julio de 1998) (Nota 5).
Otra daga del equipo de Nicaragua al de Costa Rica se lee en el párrafo 89 de la sentencia del 2009 (véase texto), en el que el juez internacional establece que la protección del ambiente en el Río San Juan es un objetivo legítimo que Nicaragua persigue a la hora de regular la navegación fluvial, pese a una serie de objeciones de Costa Rica en el sentido contrario:
«89. The Court considers that, over the course of the century and a half since the 1858 Treaty was concluded, the interests which are to be protected through regulation in the public interest may well have changed in ways that could never have been anticipated by the Parties at the time: protecting the environment is a notable example. As will appear from the rulings made later in this Judgment (see paragraphs 104, 109, 118, 127 and 141), Nicaragua, in adopting certain measures which have been challenged, in the Court’s opinion, is pursuing the legitimate purpose of protecting the environment. .. / ..89. La Cour estime que, au cours des cent cinquante ans qui se sont écoulés depuis la conclusion du traité de 1858, les intérêts devant être protégés au moyen d’une réglementation prise dans l’intérêt public peuvent tout à fait avoir évolué d’une manière qui, à l’époque, ne pouvait être prévue par les Parties; la protection de l’environnement en est un excellent exemple. Ainsi que cela ressortira des conclusions formulées plus loin dans le présent arrêt (voir paragraphes 104, 109, 118, 127 et 141), la Cour considère que, en adoptant certaines mesures contestées, le Nicaragua poursuit l’objectif légitime que constitue la protection de l’environnement«.
Salvo error de nuestra parte, no se ha dado a conocer en Costa Rica un estudio que analice con detalle los alcances de esta sentencia del 2009, algunas de las fallas del equipo de asesores contratados por Costa Rica, el éxito de algunas de las tesis avanzadas por los asesores de Nicaragua (y vice versa) y que explique cómo esta sentencia afectó la vigilancia policial desde la margen costarricense del Río San Juan a partir de su lectura en julio del 2009.
Las motivaciones de Paul Reichler en breve
En su carta de renuncia, se lee también que Paul Reichler da por finalizada su relación con Nicaragua debido al giro político reciente del Presidente Daniel Ortega:
«También me resulta inconcebible que el Daniel Ortega al que serví pudiera haber forzado al exilio a sus más ilustres ciudadanos, incluidos Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos y muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas cuya libertad ha sido negada o amenazada. Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte«.
En otra carta también reciente, el profesor Alain Pellet (Francia) hizo pública su renuncia a Rusia, un Estado que ha asesorado durante los últimos años ante el juez internacional de La Haya, considerando que:
«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it .. / .. J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement« (véase carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).
En esta foto de audiencias realizada en La Haya, aparecen (izquierda a derecha Carlos Argüello, Embajador de Nicaragua en La Haya y Agente de Nicaragua, Alain Pellet (toga roja) y Paul Reichler. Extraída de esta nota de prensa.
En el pequeño microcosmo que gravita alrededor de la justicia internacional de La Haya (en el que se saben algunas cosas sin que sean necesariamente objeto de reportes en medios de prensa o en redes sociales), es poco usual que este tipo de cartas de renuncias se hagan públicas: es muy probable que respondan en gran parte a la ola de repudio y de rechazo generalizado que han causado recientemente los dos precitados Estados.
A modo de conclusión
Los equipos internacionales de juristas de La Haya que asesoran a los Estados en sus contiendas legales reúnen en algunas ocasiones a los mejores exponentes del derecho internacional público: es precisamente el caso de Nicaragua, con un equipo en el que la trayectoria de sus integrantes, su experiencia como litigantes en La Haya, y su innegable talento oratorio lograron arrebatar los argumentos de equipos de juristas como los reunidos para su defensa por Estados Unidos, Colombia, Costa Rica o bien por Honduras.
Es muy notorio que este equipo de Nicaragua permaneciera desde mediados de los años 80 asesorando a Nicaragua en sus diversas contiendas en La Haya.
Con esta carta de renuncia, Nicaragua pierde sin lugar a dudas a uno de los artífices de varias de sus victorias ante la justicia internacional y su reemplazo sobre la marcha, de cara a la preparación de los escritos que debe presentar Nicaragua en los procesos pendientes contra Colombia, no será tarea fácil.
Como indicado en algunas líneas anteriores, en el precitado caso del jurista galo y de Rusia, llega un momento en el que se considera que ya no vale más la pena seguir viendo su nombre asociado a la defensa de un Estado en recintos judiciales internacionales en los que se debate y se interpreta el alcance de las normas y su debido respeto. Probablemente no sea una decisión fácil de tomar, posiblemente el peso del legado y de todo lo logrado con este Estado influya, y, si bien puede siempre existir una motivación de continuar ante el desafío que representa la labor de asesor legal en La Haya, se llega a un punto de ruptura cuando en su reflexión interna, el jurista concluye con un:
Nota 1: Sobre Ian Bronwlie y su súbita muerte en el 2010, véase nuestra breve nota luctuosa (Revista Judicial, Número 97, pp.223-226), titulada «La muerte de Ian Brownlie. El mundo del derecho internacional público en duelo«, en la que escribimos que: » La solidez de la argumentación resistió incólume a todas las objeciones de la parte contraria, y fue aceptada sin mayor contemplación por parte de la CIJ en forma unánime por los 14 jueces: a partir de esta fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar con policías por las aguas del río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia policial o en simples tareas de abastecimiento por agua de los puestos de control en tierra«.
Nota 2: Se estima que para cada Estado, una demanda en La Haya supone entre 5 a 9 millones de US$ en gastos diversos. Ahora bien, el gasto exacto que le han significado las repetitivas demandas en La Haya a cada uno de los dos ribereños del Río San Juan se desconoce, pese a cifras que han aparecido de vez en cuando en la prensa de ambos lados del Río San Juan. Los montos anunciados a continuación no se sustentan, a la fecha, en algún informe oficial para conocer el detalle de los rubros ahí consignados: el monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 ante Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). Cabe destacar que una prensa más curiosa como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle fente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello contra su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando las resistencias del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre de 2010, el entonces canciller de Costa Rica René Castro indicó en una nota publicada en La Nación y titulada “País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya” la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos en aquel momento, la cual se ubica en el rango antes aludido (5 a 9 millones de US$) si tomamos en consideración que como mínimo, el procedimiento en La Haya dura cuatro años. No obstante, tres años después de la previsión anunciada, y con un caso adicional al del 2010, se informó en 2013 que Costa Rica había gastado tan solo un millón de US$ por año (véase nota de La Nación), sin hacerse público ningún informe detallado. A la fecha (marzo del 2022), se desconoce de un informe detallado de lo que ha gastado Costa Rica entre el 2005 y el 2018 en sus acciones en La Haya contra Nicaragua.
Nota 3: En un comentario a esta unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ, publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:
«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«.
Nota 4: Sobre la primera demanda de Nicaragua contra Colombia, véase detalles en este enlace oficial de la CIJ. Sobre la segunda demanda, véase enlace con detalles. Tuvimos la oportunidad de analizar la sentencia (sentencia uno y sentencia dos) de la CIJ de marzo del 2016 en las que rechaza las excepciones preliminares de Colombia y se declara plenamente competente para conocer el fondo de ambas demandas: véase breve nota nuestra al respecto. En septiembre del 2021, Paul Reichler participó en las audiencias orales celebradas (véase su intervención traducida al castellano por la prensa nicaragüense): los verbatim de las audiencias celebradas a finales de septiembre e inicio de octubre del 2021 están disponibles en este enlace de la CIJ.
Nota 5: El texto completo del acuerdo Cuadra-Lizano está disponible en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 1998-1999, disponible en la red, pp. 30-31.
(*) Esta nota fue elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012 – 2021: En temporadas de incendios forestales que van del 2007 al 2012, las causas principales se dan por quemas de pastos y agropecuarias representan un 46.06%, vandalismo un 21.01%, actividades de caza un 12.52% y venganza un 7.68%, son las cinco principales causas por las cuales se han iniciado los incendios forestales (SINAC, PNMF, 2012).
Juntamente los incendios a partir de vandalismo, caza y en especial venganza son el patrón común que se repite en los territorios indígenas, los cuales se han convertido en una de las formas de violencia más constantes sobre todo en las recuperaciones indígenas en China Kichá, como señalan las personas recuperadoras “han sido provocados bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”.
Estos incendios, que han cubierto según las personas recuperadoras un aproximado de 800 hectáreas, es decir más del 72% del territorio que por ley les corresponde y de tierra que han recuperado, han arrasado con áreas boscosas, así como con las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.
China Kichá se ubica en Pejibaye de Pérez Zeledón a 175 kilómetros sureste de San José. Por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá, de ese total para el 2014 los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014).
Por lo que desde el 2019 este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando volver a controlar 800 hectáreas. Para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar; lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Sin embargo, desde que iniciaron las recuperaciones han sufrido violencia constante por parte de terratenientes, quienes desde décadas anteriores usurparon sus territorios para deforestarlos y convertirlos en monocultivos y potreros de ganadería extensiva.
Los incendios provocados son un mecanismo de presión, pero además crímenes de odio hacia las personas indígenas y un desastre ecológico. “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”, expresa Doris Ríos.
En un reportaje realizado por el Semanario Universidad el 15 de marzo del 2022, incluyó dos videos con sobrevuelos de dron donde se puede ver la magnitud y testimonios de la tragedia en China Kichá.
Con estos incendios los terratenientes sostienen violencia material y psicológica sobre las personas indígenas; destruyendo sus viviendas, negando la posibilidad de que construyan soberanía alimentaria y frustrando su proyecto de revitalización de los ríos y bosques. Jaison Ríos relató que cuando sucede un incendio, las personas recuperadoras se unen para apagar las llamas que alcanzan los árboles de las zonas boscosas y que sus proyectos de crear viveros para reforestar se ven frustrados por los incendios.
Esto llama a recordar la importancia de los pueblos indígenas en la lucha ante el Cambio Climático, y la importancia que tienen en la conservación de las especies y los ecosistemas, rol que se ve amenazado directamente en China Kichá por los incendios forestales provocados y la inacción de las autoridades en el territorio.
Los incendios forestales dentro de territorios indígenas no son nuevos. En el 2020, se contabilizaron 17 incendios provocados en China Kichá. Estos incendios solo son la base de una violencia que escala hasta ataques armados hacia personas indígenas.
En un contexto más general, estos incendios provocados son parte de los incendios forestales que afectaron a 10.724 hectáreas en el 2020 y a 6.411 hectáreas en el 2021. Para este año el Cuerpo de Bomberos a encendido las alarmas pues, a la fecha, se han presentado 41 incendios en comparación al mismo periodo del año 2021, lo que significa un aumento de un 342%, estos incendios han consumido 7.452 hectáreas, es decir, 2.892 hectáreas más que las afectadas en el 2021.La mayoría de estos incendios se dado en Guanacaste y Puntarenas (Cuerpo de Bomberos, 2022).
Vivimos en un mundo en llamas y Costa Rica está en llamas. Los bosques, la vida silvestre, la seguridad alimentaria, todo se está quemando en una hoguera que avanza. Estos incendios no son consecuencia del Calentamiento Global, sino, el resultado de la violencia sistemática y directa que sufren los pueblos originarios en este país.
Ante este panorama de agravios, las personas recuperadoras del territorio indígenas en China Kichá demandan:
1.Apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”.
2.Presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales.
3.Investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios.
Por medio de la plataforma de Voces por Media Calle, el académico Vladimir de la Cruz realiza un Facebook Live, en donde aborda el tema de la recta final de la segunda ronda y cuestiona: ¿Quién gana las elecciones?
En este video analiza la encuesta publicada por la IDESPO, en donde se le da importancia a este acto tan importante como las elecciones que se aproximan, contextualiza los resultados de la encuesta y los escenarios posibles.
El historiador Vladimir de la Cruz hace referencia al Tratado de Libre Comercio, a la forma en que las noticias, las encuestas y las dinámicas entre el jueves y el domingo de votaciones en octubre, terminó por influir en las votaciones del referéndum en el 2007.
Acuerdo firme de la Sesión Ordinaria N.º 226 de la Junta Directiva, celebrada el 24 de marzo de 2022.
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, CONSIDERANDO QUE:
Una de las finalidades del Colegio, es pronunciarse sobre los problemas de interés nacional e internacional relacionados con los objetivos y las actividades profesionales del Colegio, tal como lo indica el inciso f), Capítulo II sobre las Finalidades del Colegio en la Ley N.º 8974.
En los últimos 10 años el Colegio de Profesionales en Sociología, tiene conocimiento de hechos de violencia contra la población indígena, particularmente, contra representantes de diferentes pueblos que han protagonizado recuperaciones en sus territorios y han asumido una férrea oposición contra la ocupación ilegal de personas no indígenas y en defensa de la recuperación incluso por la vía de hecho. El Colegio ha conocido tales hechos a través de algunas personas colegiadas, que laboran con comunidades en territorios indígenas, por denuncias y testimonios de personas indígenas, por investigaciones académicas y pronunciamientos de las universidades públicas y otros organismos nacionales e internacionales y por algunos medios de comunicación.
Esta situación se viene agravando en los últimos cuatro años, con una espiral de agresiones y de manifestaciones contra los pueblos indígenas que ya han cobrado la vida de dos dirigentes: Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera el 24 de febrero de 2020. Esta realidad ensancha la desigualdad sociocultural y reforzada, entre otras causas, por un racismo a veces explícito y otras veces solapado contra esta población costarricense, reforzado por cuestionables resoluciones y sentencias judiciales.
El 23 de marzo del 2019, la Asamblea General del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, consciente de la gravedad de esta situación, emitió un pronunciamiento condenando estos hechos de violencia, particularmente el asesinato atroz del líder y dirigente, Sergio Rojas Ortiz, de la etnia Bribri de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas.
La normativa costarricense establece que las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan y que las personas no indígenas que por alguna razón ocupen esos territorios están impedidas de alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Sobre el particular y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2000 la población no indígena residente en territorios indígenas era un 18% y en el 2011, aumentó a un 25.9%. Esto evidencia que se produjo un acelerado proceso de ocupación por parte de personas no indígenas en los territorios delimitados por el Estado como indígenas. Esta condición, además de ser ilegal, genera impactos negativos sobre el uso de la tierra, la preservación de los sistemas naturales y la cultura ancestral de estos pueblos originarios.
Las normas internacionales ratificadas por Costa Rica, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1993) tutelan el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas, reconocen la autodeterminación y la autonomía como principios para la administración de sus territorios, conforme a sus identidades étnicas y conforme a sus normas de derecho consuetudinario, el cual forma parte del ordenamiento jurídico costarricense.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la resolución N.º 16/15: “Medida cautelar N.º 321-12 Pueblo Indígena de Teribe y Bribri de Salitre, respecto de Costa Rica” emitida el 30 de abril de 2015, señaló: “(…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre, que se encontrarían en la región sureste de la provincia de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. Esa medida cautelar busca evitar daños irreparables, proteger la vida de las personas y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de ello los dirigentes Rojas y Rivera fueron asesinados y se siguen produciendo agresiones en contra de la población indígena y sus territorios.
Frente a esta escalada de violencia sistemática, el Estado costarricense no ha mostrado la voluntad política que requiere la gravedad de los hechos, ni la capacidad institucional suficiente para desarrollar acciones concretas, dirigidas por un lado a velar por la vida de las personas indígenas y por otro lado, a resolver los conflictos de tenencia, ocupación y recuperación de los territorios indígenas del país. Muestra de esta incapacidad institucional, se observa con el poco avance del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (PLAN- RTI), impulsado por Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), desde el 2016.
Se constata que el “Mecanismo de Consulta” elaborado conjuntamente por las autoridades estatales y las comunidades indígenas en el año 2018 y que contiene instrumentos y mecanismos de participación indígena, basados en el diálogo entre el Estado y los pueblos y en el cual un sector importante de sus representantes tenían altas expectativas para el desarrollo de proyectos con pertinencia cultural en los territorios, lamentablemente adolece, cuatro años después, de su creación, de recurso humano y de dirección político institucional. Por otro lado, al cierre del Gobierno de Carlos Alvarado, el Colegio de Profesionales en Sociología constata las escasas acciones que se han dado desde el 2018, para atender las causas de violencia en los territorios indígenas de Kéköldi (2019), China Kichá territorios Cabécar (2020), y las más recientes agresiones contra personas indígenas en el territorio Cabécar de Bajo Chirripó en diciembre de 2021. Misma suerte parece tener la iniciativa para crear la política pública para pueblos indígenas, cuya propuesta final carecerá de una efectiva participación y por tanto de legitimidad de las comunidades indígenas.
Después de una revisión de los planes de gobierno de los dos candidatos, por parte del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, se concluye que estos carecen de una estrategia integral y no le dan a la situación actual de injusticia y de violencia, la relevancia que merece. De lo que se señala en ellos no se deducen planes que, de manera articulada, establezcan un proceso de acciones y metas a corto y mediano plazo que lleven a resolver la grave situación existente con los territorios de los pueblos indígenas, con respeto a sus derechos humanos.
El próximo domingo 3 de abril del presente año, se elegirá en segunda ronda al nuevo presidente de la república, al cual y desde ya, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, le hace un llamado URGENTE para que asuma acciones, de una vez por todas, ante el serio problema que están viviendo nuestros hermanos indígenas en muchos de sus territorios y el cual, no es solo un problema jurídico o de actualización de la normativa. El verdadero problema se encuentra en el logro de una concepción del tema indígena que apunte a valorar a los pueblos indígenas como costarricenses con plenitud de derechos. Un presidente que lo logre será recordado como el mandatario que asumió de manera seria y valiente una deuda histórica con los pueblos indígenas.
POR TANTO:
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica
Condena los hechos de violencia en las comunidades indígenas y los asesinatos en sus territorios, sucedidos en los últimos años contra dirigentes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, el 18 de marzo de 2019 y Jehry Rivera Rivera, el 24 de febrero de 2020. Igualmente expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad ante estos crímenes.
Manifiesta su profunda preocupación por la inseguridad, el sufrimiento y los traumas de familias indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kicha y más recientemente, de Bajo Chirripó.
Exige al nuevo Gobierno de la República:
Declarar estado de emergencia nacional la situación que se viven en los territorios indígenas, particularmente en las comunidades de Salitre, Térraba, Cabagra, Kéköldi, China Kichá y Bajo Chirripó, con el fin de que se destinen los recursos necesarios para su atención y solución.
Concluir las investigaciones judiciales pertinentes que lleguen a identificar a las personas autoras intelectuales y materiales de los asesinatos del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz y del líder indígena Brörán Jhery Rivera Rivera, con el fin de juzgarlas y sancionarlas, así como a las personas que, concertadamente, propician la violencia en contra de las comunidades indígenas, de manera que tan graves hechos no queden en la impunidad.
Tomar medidas y acciones serias y contundentes para que se respeten y reconozcan los derechos que asisten a las personas y pueblos indígenas, de conformidad con la Ley Indígena de 1977 y, particularmente, con las medidas cautelares N.º 321-12, de los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre, emitidas el 30 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales garantizan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Que en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contemple una estrategia integral para la atención de la problemática de las comunidades indígenas en el corto, mediano y largo plazo. Particularmente la definición de un proceso de acciones y metas para resolver en los próximos cuatro años la grave situación con las tierras de los pueblos indígenas.
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante de la protección de los derechos y del acceso del territorio a los pueblos indígenas de Costa Rica. Y divulgará en diferentes medios de comunicación y redes sociales el presente pronunciamiento con el fin de darle la mayor difusión posible.
Dado en San José, a los 24 días de marzo del año 2022.
ACUERDO FIRME.
MSc. Mariano Sáenz Vega Presidente de la Junta Directiva
Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica
Los días 02 y 03 de abril se le invita a participar de la actividad “Tour del Cacao» que se desarrollará en el sector de Guácimo Calle Tres, la cual contará con un costo de ₡15000.
El tour se desarrollará de la siguiente forma:
8:00 am desayuno típico en la ribera.
8:30 am recorrido por nuestra reserva ecológica (historia del lugar).
9:00 am observación de algunos ejemplares maduros del cacao, vestigios de viejas cosechas.
Observación de nuevos ejemplares (especies mejoradas).
Visita al bar de frutas
9:45 am un agricultor de la zona nos comparte su experiencia como productor de cacao orgánico certificado.
10:30 am elaboración, degustación y venta de productos artesanales derivados del cacao (actividad a cargo de la experta y transformadora Ligia Román de Ita mu cacao).
12:00 md almuerzo típico al aire.
1:00 pm concierto literario a orillas del río El Hogar, (participación voluntaria con un poema, canción, leyenda o cuento relacionado con el cacao u otro tema).
1:30 pm cierre de la actividad.
Para reservas comunicarse al siguiente número: 8370-3184.
Ayer martes 29 de marzo, se realizó la primera reunión del Consejo Nacional de Presidentes de Juntas de Salud, en la cual se eligió el Directorio del Consejo Nacional.
El Consejo Nacional de Presidentes de Juntas de Salud está integrado por:
Oscar Barrientos Camacho. Presidente, Consejo Regional DRIPSS Huetar Norte
Helen Duran Soto. Presidente del Consejo Regional DRIPSS Brunca.
Maritza Parini Enciso. Presidente del Consejo Red de Hospitales Nacionales, Centros Especializados y Hospitales Especializados
El Directorio del Consejo Nacional tiene la responsabilidad de dirigir el trabajo de articulación de las Juntas de Salud de todo el país, por medio de sus representantes a nivel regional y local, con el objetivo de propiciar un espacio de participación y acercamiento entre las autoridades institucionales y las Juntas de Salud a nivel nacional, con el fin de que éstas presenten sus inquietudes, sugerencias e iniciativas de forma directa y personalizada, con el propósito de buscar consenso y soluciones para mejorar los servicios de salud y pensiones.
El Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la CCSS, reconoció el tesonero trabajo hecho por las personas miembros del Consejo Nacional de Presidentes de las Juntas de Salud.
En esta reunión, Erick Ruiz González, Presidente del Consejo Regional de Presidentes de Juntas de Salud Chorotega, fue nombrado Titular ante el Consejo de Auditoría General de Servicios de Salud, por votación unánime.
El valor del combustible y la devaluación del colón serán básicos para definir la inflación
La aplicación de renta dual y de la ley de Empleo Público definirá posibilidades de ahorro en Hacienda
Doña Julia es productora agrícola y vende papas, yucas, ñampíes y otros tubérculos en la feria. Ella está preocupada por su economía familiar y con justa razón: cada vez su dinero le alcanza menos para comprar los bienes básicos de subsistencia.
En parte, esto se debe al aumento de gasolina (ya casi en sus máximos históricos, producto en gran parte de la guerra entre Rusia y Ucrania), que encarece la importación y el transporte de muchos productos que doña Julia requiere para su hogar, familia y cuidado personal (ropa, objetos de limpieza, alimentos y un largo etcétera). Tampoco le ayuda la devaluación del colón, pues los precios aumentan para ella y sus clientes, reduciendo de paso sus ventas.
Además, la crisis fiscal del Estado limita sus posibilidades de dar subsidios a quienes, como nuestra protagonista, no tienen un ingreso fijo mensual. Y el turismo (una de las principales fuentes de ingresos del país que dinamiza la economía) aún no termina de despegar, en parte por la pandemia y en parte porque la subida en el costo de la gasolina afecta a la mayoría de países de manera importante, elevando la inflación y encareciendo viajes.
Este es el contexto que enfrenta doña Julia y el nuevo gobierno que asuma las riendas del país, a partir del 8 de mayo. Y aunque desde ambos bandos hacia la segunda ronda se augure una “tierra prometida”, la verdad es que el margen de maniobra para hacer malabares con la economía será estrecho. A esa conclusión llegó el director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, Dr. Juan Robalino Herrera.
Aumento del precio de los combustibles y la inflación
En el contexto económico y geopolítico actual, sostener el precio de los combustibles sin que esto signifique desfinanciar al Estado es uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno. De hecho es el primer impacto directo que percibe nuestro país de la invasión rusa a Ucrania.
Siendo Rusia el segundo productor de petróleo en el mundo, este golpe es ineludible. El gigante euroasiático producía el año pasado 9,7 millones de barriles por día (solo por debajo de los 10,2 millones de Estados Unidos) y exporta más de la mitad de esa producción (5 millones de barriles diarios), según la empresa de investigación energética e inteligencia empresarial, Rystad Energy.
No obstante, el aumento en el precio no se debe a una baja en la colocación de petróleo ruso en el mundo, pues las sanciones no abarcan ni las importaciones de su crudo ni de su gas. Es más bien una reacción de los mercados ante la incertidumbre que podría provocar un descenso en esta producción, como ya se puede apreciar en las gasolineras. En todo caso, Robalino tiene la esperanza de que este fenómeno sea pasajero y no afecte mucho al país.
Dr. Juan Robalino Herrera, director del IICE, sobre perspectivas a futuro del precio del petróleo
Robalino asegura que la solución a este problema no llegará hasta que el país logre una transición en masa a la electrificación de su transporte. Solo así se reduciría de manera definitiva el impacto de los aumentos en el precio del petróleo sobre los bienes de consumo de la población.
El experto señaló que la guerra ruso-ucraniana no debería de provocar más efectos sobre la economía nacional, ya que la economía de Rusia no está tan interconectada con el resto del mundo como la de otras superpotencias, debido a que ya había sido sancionada en otras oportunidades.
En cuanto a la devaluación del colón, el valor del dólar se vería afectado por el incremento en el costo de las importaciones (de nuevo, sobre todo el petróleo), que impulsaría la demanda de la moneda estadounidense, así como la demanda de dólares interna, como moneda de refugio. En este aspecto, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) juega un papel fundamental con las intervenciones para evitar volatilidades, usando sus reservas de dólares que siguen robustas.
Todo lo anterior hace prácticamente imposible cumplir con la meta fijada por el BCCR para la inflación en este año, dato que calculó en un 3,9 % pero que probablemente termine arriba del 5 %. Robalino recordó que las decisiones que pueden afectar esta variable dependen no del candidato que triunfe en los comicios de este domingo, sino de factores externos y del presidente del Banco Central, quien a su vez es nombrado por el Ejecutivo, pero que cuenta con un importante nivel de autonomía y maneja la política monetaria del país.
Decisiones que dependen del Gobierno
Hay dos temas que ocupan la agenda económica del gobierno en los últimos años y ambos están relacionados con el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. El primero es el proyecto de ley de renta dual, que cobra un impuesto sobre la totalidad de los ingresos laborales que genera una persona, y no como antes, que se tasaba cada ganancia por aparte, generando un pago mucho menor por estos gravámenes.
Según el experto, para que este proyecto sea realmente progresivo, el Ministerio de Hacienda deberá ser capaz de identificar el origen de estos ingresos, es decir, de cuán potente sea su monitoreo. Además el proyecto deja abierta la posibilidad de que Hacienda defina qué ingresos se pueden contabilizar y cuáles otros excluir, para determinar si vienen de una o de varias fuentes. Este detalle es de mucha importancia, considerando que el país tiene uno de los sistemas impositivos más regresivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dr. Juan Robalino Herrera, director del IICE, sobre consecuencias de la aplicación de la Renta Dual
El otro gran tema es la aplicación de la Ley de Empleo Público. Robalino explicó que un efecto positivo de esta dependerá de cómo se defina el salario base para cada categoría laboral, así como su implementación. Incluso, el director del IICE adelantó que será necesario esperar varios años para ver resultados en esta homologación salarial en el déficit fiscal.
Sobre las repercusiones que puede producir la Regla Fiscal en el futuro, el reto para el nuevo gobierno será su aplicación en las diferentes instituciones del Estado. Los efectos de los recortes en el gasto en diferentes instituciones tienen diversas consecuencias sobre la economía y sobre el bienestar de las personas. Saber dónde recortar en forma eficiente es clave para no perjudicar a la economía en general y a quienes menos recursos poseen.
Pablo Mora Vargas, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
En la entrega del reconocimiento participaron (de izquierda a derecha) el Dr. Guaner Rojas Rojas, investigador del CIOdD; el Dr. Pedro González Morera, viceministro de Salud; la Dra. Priscilla Herrera García, representante del Ministerio de Salud; el Ing. Keylor Castro Chacón, también funcionario del Ministerio de Salud y el Dr. Fabio Sánchez Peña, del CIMPA.
El texto destaca: “su aporte, esfuerzo y compromiso desde la Mesa Operativa de Salud, hizo la diferencia en respuesta a la emergencia nacional por COVID-19. Gracias, por su trabajo, el cual ha sido indispensable para proteger la salud de nuestros habitantes”.
Para el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del CIOdD, “este reconocimiento constituye motivo de satisfacción para el Centro, porque evidencia el compromiso que tiene el equipo de especialistas que formó parte de este proyecto con el país y con las personas tomadoras de decisiones, en esta oportunidad en materia de salud. Esto muestra la contribución de la academia y la ciencia en esa toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Fue un proceso de aprendizaje con lecciones que deben sistematizarse, para beneficio de otros centros de investigación y de las autoridades nacionales vinculadas al proyecto”.
Por su parte, Rojas comentó que este es un reconocimiento a la activación y reacción oportuna de la UCR ante una situación de emergencia nacional, la cual requirió de la articulación de equipos de investigación para gestionar e implementar estudios científicos con evidencia sistematizada, contextualizada y con la perspectiva de apoyo a la toma de decisiones.
El homenaje se realizó como una de las actividades del “Taller Nacional Análisis de lecciones aprendidas sobre el abordaje de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el marco de la multiamenaza”, organizado por el Ministerio de Salud de Costa Rica y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
