Invitamos a participar en esta marcha del domingo 07 de noviembre contra la farsa democrática y la liberación de quienes han sido apresados injustamente. No es tiempo de ser indiferentes. La defensa de la democracia y la paz social es vital para eliminar las condiciones que generan las desigualdades y la pobreza.
Tomado de https://www.facebook.com/190805514859896/posts/956538044953302/?sfnsn=mo
Arte y Cultura Binacional invitan a emprendedores de territorio fronterizo a participar del V encuentro virtual de Arte, Cultura y Gastronomía que se desarrollará del 20 al 28 de noviembre de 2021.
El encuentro reúne propuestas de Panamá y Costa Rica celebrando el bicentenario.
Para participar debe enviar 5 fotografías, su logo y la descripción de la empresa o emprendimiento a los correos info@arteyculturabinacional.com o asoguitucorredores@gmail.com
Para más información:
www.arteyculturabinacional.com
+506 7016-5572 o +507 69267250.
El pasado 28 de octubre se realizó el Encuentro Ambiental del Sur-Sur en donde se compartieron experiencias organizativas y se monitorean avances de los acuerdos del 1er Festival Ambiental (La Gamba 2019).
Algunas de las actividades que se realizaron fueron la propuesta de exposición acerca del ambiente en sus diferentes expresiones organizativas, el intercambio de experiencias.
Se contextualizó el tema general y la exposición de experiencias, en la primera actividad expusieron COVIRENAS y Piangueros (APIAPU), en donde Carlos Marcia Hernández de APIAPU explico un poco sobre quienes eran y qué logros han realizado. Por su parte, Marcos Villegas Castro de COVIRENAS contextualizó un poco sobre el Movimiento Ambiental en el Sur-Sur, mencionó las acciones realizadas a partir del Festival de la Gamba 2019 y sobre los trabajos que realizan en la actualidad.
Seguidamente COVIRENAS compartió un vídeo alusivo al tema el cual se encuentra a continuación.
También se habló sobre el plan de manejo de microcuencas, recuperación y protección de los ríos Cañas, Lajas y afluentes.
Observar con cuidado, esconder nuestras capacidades, esperar nuestro tiempo, debe ser la síntesis de la estrategia en la lucha en contra de la dictadura Ortega-Murillo.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Imagen de cabecera tomada de https://twitter.com/bonilcaricatura/status/1404110603195715585
Se aprobó en primer debate el rebajo al costo del marchamo. Un ridículo de rebaja y un ridículo lo que hacen esos diputados para vanagloriarse en esta época electoral. Ese impuesto al ruedo en Costa Rica es un “asalto” que hemos soportado por años. Se supone que es un impuesto al ruedo de un país en el que no se nos permite rodar en una cantidad de días al año por el tema de la restricción vehicular y además no se nos permite rodar las 24 horas del día.
Además somos el país centroamericano con las peores carreteras. Mal mantenidas y peor iluminadas y mucho peor señalizadas. Una buena cantidad de accidentes ocurren por esa mala iluminación y mala señalización y en esos accidentes el Estado nunca es responsable. Y si nos comparamos con el cobro que se hace en Centroamérica somos los más caros y a pesar de esa rebaja ridícula lo seguimos siendo y por mucho.
“Los nicaragüenses tienen el costo de rodamiento menos costoso del istmo.
Los costos van desde los 50 y hasta los mil córdobas por marchamo, es decir, entre mil y 18 mil colones. Además, las personas jubiladas están eximidos de este pago. En Panamá cobra $27 a todos los vehículos sin importar el año y $37 si son comerciales. Honduras tiene un cobro fijo pero según el cilindraje del auto. Los menores a 2.500 cc pagan $55 y los mayores a esto $100. El Salvador también tiene precios escalonados que van desde los $10 y hasta los $285 dependiendo de las placas, sean particulares o nacionales.
En Guatemala se paga un porcentaje de impuestos según el año de fabricación del auto; entre más antiguo sea el porcentaje es menor. En Guatemala los modelos 2020, aunque sean de lujo o compactos, pagan lo mismo, mientras que en Costa Rica se paga el impuesto a partir del valor de cada auto sin importar el año. (Fuente periódico La República)”
Como se puede observar, los costarricenses pagamos muchísimo más que todos los otros países de la región y lo peor es que es el único país en el mundo en que a más años más caro el Vehículo. Los valores tributarios suben cada año y la defensa es que se puede pedir rebaja, cuando lo lógico es que de oficio se defienda al pueblo. Este impuesto al ruedo es una muestra clara de la voracidad fiscal de un gobierno que no escatima en hacer cada vez más pobre a su pueblo. Le cobra por rodar su vehículo pero le impide hacerlo gran parte del año. Eso en cualquier otro lado se le llamaría “robo o estafa fiscal.”
Dios quiera que estos diputados y los que vengan hagan justicia y cambien los parámetros para determinar este impuesto y se haga justicia con el pueblo que sigue siendo explotado por la clase política.
Mientras los ricos y poderosos evaden y eluden en paraísos fiscales, una gran parte de la sociedad vive un infierno social. En Costa Rica la clase media está desapareciendo, los salarios en vez de subir, bajan, y la pobreza alcanza prácticamente a ¼ de la población.
Y es que los paraísos fiscales son los lugares donde los más ricos esconden las fortunas que han acaparado, a base de explotación laboral y exoneraciones, con el fin de evadir sus responsabilidades tributarias en los países donde operan. Así lo han demostrado los Papeles de Panamá en el 2016, y ahora los Papeles de Pandora en el 2021.
Por ejemplo, en Latinoamérica aparecen nombrados 3 presidentes, que al mismo tiempo son empresarios. Se trata de Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.
¿Y en Costa Rica? Bueno, aparecen nombres como el del exministro de Economía del gabinete de Oscar Arias, Alfredo Volio Pérez. También Juan Carlos Rojas, dirigente del equipo de fútbol Saprissa. También aparece la cooperativa Dos Pinos.
El caso de la cooperativa Dos Pinos y de Alfredo Volio son muy interesantes, porque a pesar que ambos juran y perjuran que sus sociedades en paraísos fiscales son legales y que no están haciendo nada malo, la historia dice otra cosa.
Dos Pinos creó un sistema de salarios en una empresa de papel en Belice, para evadir impuestos de renta y cuotas de la Caja en el 2014. Por esa jugada financiera, la cooperativa lechera tuvo que pagarle a la Caja 617 millones como multa, y a Hacienda 257 millones de colones.
A pesar de este manchado historial, cuando le preguntaron a Dos Pinos sobre su aparición en los Pandora Papers, la empresa dijo que no usaban esas empresas de papel para evadir y eludir. ¿Usted les creería?
Al final, son sólo las empresas más grandes, y los ricos más ricos, quienes pueden permitirse tener empresas de papel. Quienes pueden permitirse gastar millones de millones de colones para pagar bufetes, abogados y firmas que creen empresas fantasma.
Y en Costa Rica, tenemos un déficit fiscal cercano al 8%, que curiosamente es muy similar al monto que por evasión y elusión el estado deja de percibir, o sea un 8% del PIB. Ante esta realidad es imposible no preguntarse por qué las autoridades no hacen nada.
Información compartida con SURCOS por Zaray Esquivel Molina.
El próximo miércoles 20 de octubre, a las 5:00 p.m. en el programa Voces y Política se desarrollará el tema: “Economía y elecciones”, en el marco de #UCRElectoral. Se contará con la participación de:
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica. Teléfono: 2234-3233; la transmisión se llevará a cabo por medio de Radio Universidad 96.7 FM o por Facebook Live.
El Gobierno usa 2 argumentos para justificar el “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200”, expediente legislativo n° 22.601. Uno es “constitucional” y ya lo revisamos en el artículo anterior “Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad”. El otro es copiado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De manera ligera, sin citas concretas, y pareciera que únicamente para legitimar su proyecto, el Ejecutivo hace mención al documento “Estudios Económicos de la OCDE. Costa Rica. Julio 2020”, indicando que “Una de las barreras que el estudio de la OCDE identifica está en la participación del sector privado extranjero. La legislación actual exige que 35% del capital de la empresa que genera la electricidad debe ser costarricense. La OCDE recomienda eliminar esta barrera”. Esa mención al texto de la OECD es una cita que resulta totalmente imprecisa. Además, el proyecto no establece ningún tipo de condiciones, mecanismos o propuestas concretas de regulación para la “participación del sector privado extranjero”.
Para explicar la obediencia a la OECD no se debe olvidar que esta entidad es parte del andamiaje transnacional dedicado a la liberalización económica; que entre sus objetivos incluye el debilitamiento de los Estados nacionales, la apertura privada y la desnacionalización, como vías de reordenamiento de las economías nacionales en la línea del modelo corporativo global, es decir, de la “integración” al sistema de economía global controlado por la élite corporativa desde esas y otras instancias. Esta revisión es obligatoria, y entre cientos de textos calificados se puede recomendar, tanto por su sólido contenido como por su amena y distendida exposición, el libro “Un reportero en la montaña mágica. Cómo la élite económica de Davos hundió el mundo”, del prestigioso periodista británico Andy Robinson. Vale la pena revisarlo sobre todo ahora que en la recién pasada cumbre de Davos, el consenso de la élite global es “resetearnos/reiniciarnos” a todas las personas, es decir, hacer un reacomodo global para proteger su modelo de vida, sin resolver los problemas fundamentales del planeta como el calentamiento global acelerado por los modelos de producción destructiva y consumo ilimitados, pero instalando el discurso del “cambio climático” y adjudicando a todas las personas la misma cuota de responsabilidad. Fue eso lo que dijo el presidente de Francia Macron: “no importa donde vivamos todos tenemos la misma responsabilidad”. Es totalmente coherente que el Gobierno, imitando a la OECD, busque eliminar “barreras”. Esa línea de eliminación de “trabas” ni siquiera es original de la OECD. Es copia de los manuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, replicados desde hace décadas en cualquier país del mundo. De hecho, el comunicado oficial de Gobierno del 1 de marzo de 2021 (CP-BCCR-012-2021 / MH-036-2021) sobre la aprobación por parte del FMI del crédito o Servicio Ampliado del FMI (SAF) por US$ 1.778 millones para Costa Rica, indica que “el acuerdo de SAF es un complemento importante a la agenda adoptada por Costa Rica como parte del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La falta de transparencia por parte el Ejecutivo al presentar el proyecto como “recomendación” de la OECD, y con ello presionar para su aprobación, fue rechazada por algunos diputados y diputadas y sindicatos del ICE. Laura Vargas Guzmán, presidenta de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) anotó que lo que se busca es “obligar al ICE a tener que comprar energía sobre todo de capital transaccional”, y Juan de Dios Cordero, presidente Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) dijo que “se estaría violentando constitucionalmente la Ley 449 del ICE, en cuanto a que dicha institución es el único trasegador de energía”. En el mismo reporte de prensa, Franggi Nicolás, diputada del Partido Liberación Nacional, reclamó que “No se puede abrir alegremente ese tipo de participaciones. Hay que evaluar si se va a debilitar o no la institución” (el ICE).
Otras reacciones negativas fueron las de José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA) que calificó de “cochinada” el proyecto de ley, e indicó que “no hay ninguna justificación para entregar la totalidad del capital de las plantas hidroeléctricas de la Ley 7.200”. En nuestra misma línea de ver el proyecto de ley como una propuesta privatizante y desnacionlizadora, el diputado indicó que “quieren obligar al ICE a comprar energía cara para lucrar y en contra de las propias estrategias nacionales presentan ese proyecto de ley para favorecer al capital transnacional, incluso en detrimento de los empresarios locales”. En contra de que el proyecto sea “requisito” de entrada a al OECD, el diputado del Partido Republicano Otto Roberto Vargas, dijo que “El Ejecutivo está presentando esa posibilidad de abrir el mercado comercial del ICE, pero los que integramos la comisión OCDE y le dimos seguimiento por dos años nunca vimos esa posibilidad”. En similar dirección de desmentir al Ejecutivo, opinó el diputado Jonathan Prendas: “muchas veces el Ejecutivo interpreta a conveniencia lo que dice la OCDE para generar decisiones en la Asamblea Legislativa”.
OECD contra el sector público
La OECD argumenta que en Costa Rica “El marco de la competencia adolece de una serie de limitaciones, que se espera que sean solucionadas mediante la implementación de la reforma a la Ley de Competencia aprobada recientemente” (OECD, 2020, p.6). La tesis aperturista se orienta, teóricamente, a “poner a Costa Rica en la ruta hacia un mayor crecimiento (que) requiere aumentar la productividad mediante la adopción de reformas estructurales para mejorar las regulaciones y mantener los compromisos con el comercio, la inversión extranjera directa y la conservación de los recursos naturales” (OEDC, 2020, p.10). Todos esos argumentos, como hemos indicado, son copiados de manuales. Lo de “la conservación de los recursos naturales” resulta otro simple eufemismo o supuesto discursivo, porque en Costa Rica son las organizaciones sociales las que sosteniendo límites a la destrucción de los ecosistemas, mientras los empresarios de la Unión de Cámaras le dictan ruta al Gobierno y no han permitido la ratificación del Acuerdo de Escazú, un hecho que es ya una vergüenza internacional. De paso, otro ejemplo global de que “la conservación de los recursos naturales” importa poco, es que la Unión Europea ya firmó un pacto de “carbono neutralidad” para el 2050, pero permitiendo que Polonia mantenga sus minas de carbón hasta 2049. A esa inadmisible excepción se suma el espinoso tema del uso de la energía nuclear, que crea conflictos irresolubles entre países de la Unión.
El proyecto de ley usa la crítica de la OECD sobre la falta de apertura para sostener que eso “demuestra que en Costa Rica hay un amplio margen para mejorar las regulaciones”. La OECD reclama que “algunas empresas estatales tienen sus propias exenciones específicas, lo que hace que el trato sea desigual no solo entre los sectores público y privado, sino también entre las empresas públicas” (OEDC, 2020, p. 36), y que “Todo esto impide que el sector privado compita en condiciones de igualdad para las contrataciones públicas, lo que también implica costos excesivos para el Estado y una prestación de servicios deficiente” (OEDC, 2020, p. 36). Entiéndase que “mejora” equivale a desregular, abrir a la competencia privada local y externa, o como se lee en las recomendaciones del mismo documento de la OECD “Adoptar una estrategia de inversión más diversificada, reduciendo la participación de los valores del Gobierno” (OEDC, 2020, p.62).
En la propuesta que hizo el Gobierno para negociar con el FMI, “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” (2020), se decía que “Se estima de las propuestas de venta de activos del Estado, tienen un potencial recaudatorio de 0.57% del PIB, que provendría de la venta de FANAL, BICSA y varios terrenos del Estado” (p.48). Esto coincide plenamente con la idea de la OECD de reducir “la participación de los valores del Gobierno”. Recuérdese que en esa misma propuesta se propuso vender ““Kolbi”, el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de Costa Rica, el INS, Recope y la Fábrica Nacional de Licores” (p.28), lo cual se desechó por una fuerte oposición social.
Otras 2 recomendaciones de la OECD que no pueden dejarse de lado y deberían ser cuidadosamente evaluadas son: 1. “Debido a la situación fiscal, cada vez se reconoce más que se necesita la participación privada en proyectos de infraestructura” (OEDC, 2020, p.56), y 2. “Tanto las concesiones como las alianzas público-privadas (APPs) pueden ser modelos útiles para atraer la participación privada en el financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura”. (OEDC, 2020, p.58). Sobre estas recomendaciones se puede hacer un extenso trabajo a la luz de los resultados de las inversiones usadas para enriquecer a empresas y personas, corrupción, pésima calidad de resultados, tráfico de influencias, colusiones de intereses, “secuestro del Gobierno” por las cámaras de la empresa privada, etc, cuya última manifestación es el caso Cochinilla. Y otra recomendación de la OECD que nada más copio es “Introducir cargos por uso de carreteras” (OEDC, 2020, p.63).
El supuesto de la OECD sobre que “las reformas ayudarían a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente entre los costarricenses”, está prácticamente calcado en el texto del proyecto del Gobierno, cuando indica que “la eliminación de esta restricción (inversión externa en la electricidad) busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan”.
“…Vivimos en un sistema económico fallido”
Si de algo se ha hablado con claridad durante la pandemia del Covid-19, es precisamente de que la apertura y facilidades para el sector privado, la liberalización, la desestatización, y ahora para Costa Rica esta propuesta desnaciolizadora, han llevado a mucha más desigualdad social. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), entre otras entidades, coinciden en la urgencia de “acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema”. OXFAM ha dicho que “la riqueza extrema es síntoma de que vivimos en un sistema económico fallido”. En su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad” (2020), señaló que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales”. Por eso pinta a remate casi burlesco la recomendación de la OECD sobre “Comunicar con claridad que las reformas ayudarían a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente entre los costarricenses ayudaría a superar las barreras de la economía política para su implementación” (OEDC, 2020, p.9). No tenemos evidencia, de ningún país, para demostrar que privatizar y abrir a la inversión externa un servicio público esencial como el de la electricidad, como el que tenemos en Costa Rica, haya contribuido a mejorar el bienestar colectivo. En términos de cómo destruir una sociedad con apertura indiscriminada de inversiones y privatizaciones, el caso de Argentina es emblemático entre muchísimos y podremos ver algo de esto en otro momento.
En paralelo con los proyectos de ley ley n° 21.606 para permitir la exportación de electricidad privada y n° 22.601 para eliminar trabas a la inversión externa en electricidad, el “Informe de Auditoría de Carácter Especial N° AI/69/GESTIÓN/INFOR/A.6.1/2020 referido al Análisis sobre la reorganización del ICE”, permite concluir que los cambios en los altos mandos del ICE están orientados a facilitar “desde adentro” el debilitamiento de la institución. La Auditoría detectó la sorprendente cantidad de 41 inconsistencias, faltas e incumplimientos. Una de éstas es que “La Propuesta Técnica no incluye un análisis financiero, técnico y legal que respalde las estimaciones del costo o contingencias por indemnizaciones laborales” y aún así la dirección de ICE sigue con el proceso y lo defiende como válido. Y otro proyecto de ley, Expediente 22.009 “Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables”, que ya fue aprobado en primer debate, es una propuesta que, con el argumento de “…establecer las condiciones necesarias para promover, regular y garantizar bajo un régimen especial de integración solidaria, eficiente, segura y sostenible, las actividades relacionadas con el acceso, instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, permitirá la concentración de nuevas fuentes y su distribución en manos de empresas con capacidad financiera, poniendo en riesgo, cuando no aniquilando, una verdadera opción de generación y distribución democratizante de la electricidad. No comprender todas estas propuestas de ley como un proceso único, deliberado y bien tramado para fortalecer el mercado privado, sería una total candidez.
Lo primero con lo que usted disponga no es necesariamente lo más importante. Por eso, ante la premura de una salida urgente, las personas se toman el tiempo, que no tienen, para buscar un objeto preciado, valioso, cercano y llevárselo consigo en una salida forzada de su hogar, al que seguramente no regresará jamás.
No es un amuleto cualquiera. Constituye quizá una conexión con un recuerdo, un olor, un paisaje, un momento. Es una “ayuda memoria” que mantendrá pie a tierra a la persona que deberá salir obligada por las circunstancias y enfrentarse a nuevas experiencias.
Los desplazamientos forzados obligan a eso: dejar de forma repentina su sitio seguro, su zona de seguridad. Las causas pueden ser muchas pero los impactos en las personas que los experimentan son múltiples e irreversibles.
Hagamos el ejercicio por un momento mientras lee estas reflexiones. ¿Qué objeto importante para usted, para lo suyos, tomaría para que lo acompáñase en su viaje quién sabe dónde y por cuánto tiempo? ¿Por qué sería ese objeto? ¿Había pensado en eso antes?
En los últimos años, dos eventos distantes entre sí han marcado lo que yo llamaría “la ruta de las biografías” que no es ni más ni menos lo que la gente lleva consigo cuando debe partir sin retorno.
El primero se desarrolla hace ya más de un mes y sucede en la Isla española de La Palma, que ha quedado expuesta a la furia incontenible del Volcán de Cumbre Vieja, que lo ha destruido todo a su paso.
En un foto reportaje publicado hace poco por el diario español El País se cuentan historias profundas relacionadas con lo primero que la gente recogió de sus casas en quince minutos antes que la lava volcánica «fosilizara» sus pertenencias: una foto con sus cuatro hermanos, la sudadera de su hijo, un colgante y un llavero regalado por sus hijas, un busto con la figura de su padre.
¿Ya pensó usted que se llevaría a su viaje sin retorno?
Durante décadas ya, el éxodo centroamericano se cuenta por miles. Millones. Pero es en los últimos años que su carácter forzado ha obligado a la urgencia de una salida en el último minuto.
En la vera del trayecto, que ahora se produce en forma de caminata por las carreteras y fronteras del norte de la región y a su entrada a México y Estados Unidos, se han encontrado cientos de miles de objetos pertenecientes a estas personas, algunas de ellas, más bien muchas de ellas desaparecidas.
Una foto galería publicada apenas en marzo anterior con el nombre “El rastro que los migrantes centroamericanos dejan en la frontera sur” expone de forma gráfica y certera esa dimensión que pareciera ser irrelevante, pero no lo es si tomamos en consideración que las pertenencias encontradas son historias de vida, biografías, registros de una memoria individual y colectiva que cuentan un proceso que todavía no acaba:
“El terreno desde la orilla del Río Bravo en el que los migrantes centroamericanos descienden de la balsa hasta el puesto donde la patrulla fronteriza espera a quienes se entregan, cuenta historias. Ropa, medicina, utensilios personales y pulseras en las que se leen las palabras “entrega” o “llegadas”, son artículos que aparecen como rastro en el último tramo que los centroamericanos caminan por las noches en su travesía hacia la frontera de Roma, en Texas, Estados Unidos. (Tomado de (HTTPS: //GATOENCERRADO.NEWS. Recuperado el 4 de noviembre de 2021)
Las dimensiones profundamente humanas de este tema no terminan en la trivialización de lo cotidiano. Quizá para usted sea importante una fotografía familiar por su apego a ella, un rosario, un anillo con un alto valor sentimental. Para otra persona, un reloj, un dije, un libro con recuerdos familiares.
Llevarse todo es llevarse eso que quizá se pierda en el trayecto o cobre un nuevo significado en la nueva experiencia de vida.
¿Ya completó el ejercicio que le invité hacer? ¿Qué llevaría consigo? Cuénteme, conversemos.
Imagen: https://gatoencerrado.news
Una vez más, potencias mundiales, multimillonarios, transnacionales, organizaciones internacionales y países se unen en “coro” para combatir el Cambio Climático en la COP26, sin embargo, cuando vemos las portadas de los periódicos y los “post” en redes sociales, surge un momento de incredulidad. Cómo si aquello que observamos fuera sólo una deformación de la realidad. Valdría la pena aprovechar ese segundo y preguntarnos ¿Qué tensiones han conformado ese contexto que vemos?
Cuando hablamos de Cambio Climático, aparentemente asistimos a un consenso común de emergencia mundial, de preocupaciones y acciones compartidas. Sesión tras sesión pareciera que los consensos se construyen en torno a la protección del planeta. Sin embargo, si abrimos la mirada más allá del evento en cuestión, nos damos cuenta que no hablan de lo mismo, y que los desacuerdos son la ley en torno a la búsqueda de acciones para afrontar la crisis climática.
Pero se preguntarán ¿Qué hay detrás de toda esa infraestructura técnico-social que se despliega en favor del ambiente? Cómo todo espacio de disputa, diversos sectores procuran imponer una narrativa que asegure su posicionamiento, y les permita conservar y reproducir las relaciones que favorecen su dominio. En este caso, el capitalismo no es inocente en la construcción de esto.
En los últimos 30 años, asistimos a un reposicionamiento de las fuerzas extractivas en nuestras sociedades, si por un lado creció una mayor conciencia ciudadana y científica de los límites que rodean a nuestro planeta, por otro lado los sectores dominantes “hicieron su tarea”. Desarrollaron una nueva narrativa que les acompañó, una en la cual el mercado y el crecimiento económico eran imprescindibles para el sostenimiento del planeta.
Resultó que en estas tres décadas, la expansión económica y el consumo de mercancías en todos los niveles de la producción no paró, no resultaba ser un proceso a intervenir, todo lo contrario, era la señal precisa que necesitaban todas las sociedades. Es decir alcanzar un estado de “desarrollo” tal que les permitiera generar la riqueza para obtener mediante la “sofisticación” social esa “conciencia ambiental”. La pobreza fue el primer eslabón de la narrativa, el mercado tenía la ingente tarea de reducir la pobreza y salvar al planeta, es decir culpar al pobre por la contaminación.
Es así como estas fuerzas dominantes, lograron lo impensable, alejar la mirada de las relaciones económico-sociales que les permite acumular y reproducir su riqueza, es decir aquellas relaciones que promueven un consumo desmedido de las sociedades ricas, y derivan en la explotación de los bienes naturales y del trabajo de los seres humanos (abaratamiento por medio de la desregulación ambiental y erosión de los derechos).
Precisamente muchos sectores corrieron a proteger y justificar estas relaciones de explotación como el motor para el cambio social. Y como respuesta surgió la responsabilidad social corporativa, aquellas relaciones en las cuales el mundo corporativo devolvía a la sociedad el fruto de sus preocupaciones, a través del involucramiento “comunitario” y “pagando” por su contaminación.
Llegados a esto, podemos decir que aquel desarrollo sostenible, es meramente una opción financiera mediante la cual “Quien contamina paga”, y que reduce toda la crisis climática a la “compensación”, logrando impedir cualquier asignación de responsabilidad o freno a eso que le llaman crecimiento económico.
Esta idea de “pagar” por la contaminación nos empujó a una etapa de mercantilización de la naturaleza que extendió la frontera extractiva a través del capital natural y las “soluciones basadas en la naturaleza”, es decir sobre los bosques, manglares, mares, entre otros territorios que mantenían fuerzas de resistencia al capital, pero hoy les amenaza la financiarización, una fuerza que rodea y ahoga, que despoja, privatiza y concentra.
Y llegó la Revolución 4.0, la solución tecnológica como elemento clave para la “revolución” de la conciencia humana. Con un despliegue de optimismo desmedido, impulsado por el desarrollo tecnológico en todas las áreas del conocimiento, comprometido con el desarrollo de instrumentos e infraestructura para las interconexiones y cumplimiento de las tareas, ha conllevado a un reimpulso de los extractivismos de todo tipo desde fósil hasta agronegocio, pero está vez el precio se justifica por el compromiso por un “futuro ambiental”.
Tal vez el punto más crítico que evidencia la total desconexión de esta época, es que durante estos últimos treinta años, asistimos a una realidad donde la defensa del ambiente se volvió una de las actividades más peligrosas. Con el paso de los años se evidencia que las comunidades que se resisten al despojo de sus territorios son las “trabas” a la inversión, y los nuevos “ecoterroristas” que azotan los planes de desarrollo.
Hoy en la COP26, asistimos a un teatro que invisibiliza la estrecha relación entre el crecimiento económico y degradación ambiental. Una narrativa que logró impedir poner en cuestión el modo de producción que domina nuestras sociedades, que lo “absolvió” y lo convirtió en solución. Una vez más es importante cuestionar las formas y modos en que nos presentan las “soluciones”. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes están padeciendo las consecuencias?
Cuando vemos de nuevo las notas de prensa o redes sociales, nos damos cuenta que ahí arriba se construye una sociedad pequeña, privilegiada y privatizada para aquellas personas que pueden “pagar” el privilegio de “compensar” su huella ecológica. Para el resto de las personas que vivimos fuera de la frontera de esa minúscula sociedad padecemos el apetito de los extractivismos desatados por esta “revolución” del capitalismo verde.
