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Autor: María José Ferlini Cartín

Festival de Eco Espiritualidad

La Escuela Ecuménica invita al Festival de Eco Espiritualidad, una manera de entender la ecología y relacionarse con el ambiente y el cuerpo desde las espiritualidades humanas. Esta vez, el énfasis estará marcado por el cuidado y la atención al cuerpo de las personas. Son actividades que además, aportan al equilibrio personal y social luego de vivir este tiempo de pandemia.

Los enlaces para participar en los diferentes eventos son los siguientes:

  • Lunes 1 de noviembre de 2021. Conferencia virtual: Cooperación, no competencia hora Costa Rica: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Enlace: https://una-cr.zoom.us/j/82958314272

ID:82958314272

  • Martes 2 de noviembre de 2021. Conferencia virtual: Ecología y alimentación hora Costa Rica: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. y Conferencia virtual: Militancia ecológica hora Costa Rica:  6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Enlace: https://una-cr.zoom.us/j/87553224228

ID: 875 5322 4228

  • Miércoles 3 de noviembre de 2021. Conferencia virtual: Derechos de los seres vivos no humanos hora Costa Rica:  6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Enlace: https://una-cr.zoom.us/j/89087038454

ID: 890 8703 8454

  • Jueves 4 de noviembre de 2021. Conferencia virtual: Experiencias, proyectos y gobierno local, hora Costa Rica:  6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Enlace: https://una-cr.zoom.us/j/85467459066

ID: 854 6745 9066

  • Viernes 5 de noviembre de 2021. Conferencia virtual:  Ecofeminismo: experiencias, academia, defensa y compromiso. Nuevos mundos posibles, hora Costa Rica: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Enlace: https://una-cr.zoom.us/j/87643516348

ID: 876 4351 6348

 

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Festival de Vida Saludable de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA

La Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional organizó un ciclo de conferencias que contribuyen al bienestar de las personas y las comunidades.

Entre los temas se encuentra el del día viernes 5 de noviembre próximo: “Ecofeminismo: experiencias, academia, defensa y compromiso. Nuevos mundos posibles” de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. hora Costa Rica.

Enlace: https://una-cr.zoom.us/j/87643516348

ID: 876 4351 6348

Compartimos el afiche con la información de todas las actividades.

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Anti-vacunas: Una brújula política extraviada y peligrosa

Luis Fernando Astorga Gatjens

En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.

Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.

En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.

Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.

Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.

En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.

En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).

Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.

Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.

Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.

La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.

El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.

Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.

(29 de octubre, 2021)

Diez tesis para incrementar la inversión en investigación científica y tecnológica endógena en Costa Rica

Grupo ‘Desarrollo Científico y Tecnológico Endógeno’ del Foro Confluencia Solidaria

Introducción:

La capacidad de un país para generar desarrollo científico y tecnológico endógeno es un elemento esencial en la procura de la construcción de una convivencia marcada por la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha hecho esfuerzos importantes para promover la investigación y el desarrollo y para aplicar estos conocimientos en el mejoramiento de la calidad de vida. No obstante, y pese a la existencia de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI), la investigación científico-tecnológica del país adolece de una serie de deficiencias que impiden su aporte a un desarrollo inclusivo, próspero y con equidad.

El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, ha mostrado claramente algunas de estas deficiencias, entre las cuales destacan: (1) Muy baja inversión en investigación y desarrollo (según datos de RICYT, esta inversión en Costa Rica para el año 2018 fue de 0,39% del PIB, en tanto para América Latina y el Caribe fue, en promedio, de 0,58%; los países de la OCDE, en promedio, invirtieron en 2019 un monto correspondiente al 2,47% del PIB en este rubro). (2) Una masa crítica de recurso humano en investigación insuficiente y frágil, sin redundancia en la mayoría de las áreas, con brechas de género y alta endogamia. (3) Una producción académica modesta en el contexto internacional. (4) El número de solicitudes de patentes efectuadas por personas residentes en el país es bajo. (5) Se da un escaso encadenamiento entre el sector de investigación y las necesidades de los sectores sociales y económicos. (6) La mayoría de los escasos fondos de inversión se enfocan en la investigación aplicada en detrimento de la ciencia básica.  (7) Hay una limitada integración entre los diversos componentes del sistema CTI.

Es necesario que se genere un consenso a nivel nacional en el sentido de dar a la ciencia y la tecnología nacionales el papel que les corresponde como palancas esenciales del desarrollo. Esto demanda una visión-país y un compromiso sostenido de diversos sectores, incluyendo una fuerte voluntad política e institucional. Esto también requiere una visión de CTI que sea integral, es decir que fomente el crecimiento en todos los componentes del sistema, incluyendo las ciencias básicas, las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y el fomento de vínculos diversos con los sectores sociales y productivos.

Uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de desarrollo de la ciencia y la tecnología se centra en la asignación creciente de recursos que permitan el fortalecimiento de una comunidad de investigación y desarrollo robusta y consolidada, en estrecha relación con las necesidades de la sociedad.  El colectivo formado por las personas que integran el eje de desarrollo científico y tecnológico endógeno del Foro Confluencia Solidaria (confluenciasolidaria.org) ha desarrollado, a lo largo de un año, un proceso de consultas y reflexión sobre el tema del financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. El presente texto recoge las principales ideas que han surgido de este proceso. Esta propuesta se presenta en el formato de tesis específicas sobre puntos concretos.

  • (1) Enmarcar la agenda de ciencia y tecnología endógenas dentro de una agenda estratégica de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional y la construcción de resiliencia. 

La mayoría de los países del Sur Global, o países en vías de desarrollo, se caracterizan por un esquema comercial en el que se importan productos esenciales (alimentos, energía y tecnologías cruciales) y de alto valor añadido, mientras que se exportan productos no esenciales y de bajo valor añadido (típicamente materias primas).  Este esquema de comercio coloca a los países del Sur Global en una posición de alta vulnerabilidad ante posibles shocks en los mercados internacionales y ante el tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar.  El tener que importar bienes esenciales para el bienestar de la población, como granos básicos, energía y tecnologías claves, hace que estos países sean muy poco resilientes.

En este sentido, aunque Costa Rica se encuentra en una posición menos desfavorable que otros países en vías de desarrollo, en general sigue los mismos patrones: importamos una cantidad considerable de granos básicos, todos los combustibles y gran cantidad de tecnologías esenciales.  Además, una gran parte de nuestras exportaciones de bienes y servicios son no esenciales y se caracterizan por tener un bajo valor añadido, con algunas notables excepciones.

La clave para escapar de esta posición de vulnerabilidad se debe centrar en un esfuerzo concertado de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional para con ello lograr producir localmente una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios esenciales para el consumo nacional y, al mismo tiempo, incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones.  El papel de la ciencia y la tecnología endógenas en este esfuerzo nacional por aumentar la resiliencia es absolutamente crucial.  Con un fuerte soporte de ciencia básica, la agenda de investigación científica y tecnológica en el país debe estar, en buena medida, enmarcada dentro de una agenda de aumento de la capacidad productiva nacional, en un sentido muy amplio.  Así, la selección de las grandes líneas de investigación debe responder no solo a las capacidades actuales del país, sino también a las áreas estratégicas que se necesitan fortalecer para lograr una resiliencia sostenible.

  • (2) Garantizar financiamiento para la investigación científica, además del desarrollo tecnológico y la innovación

Muchos de los planes de desarrollo del sistema CTI de Costa Rica confieren un énfasis desmedido al financiamiento de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en apoyo del sector económico-productivo. Si bien este es un componente muy importante del sistema, es necesario mantener una visión integral de la CTI, lo cual implica considerar el financiamiento de la investigación científica como tal, más allá de sus aplicaciones inmediatas. No es factible construir una plataforma eficaz de innovación si no se cuenta con una base científica endógena sólida, que genere ideas novedosas en todos los campos.  La reciente transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación generó una honda preocupación en la comunidad científica debido al énfasis excesivo que el proyecto de ley de su creación confiere al desarrollo tecnológico y la innovación y a la escasa atención que le brinda a la investigación científica. Existe un riesgo real de que el grueso del financiamiento que canalice la Promotora se dirija a actividades de innovación y que la ciencia como tal quede desfinanciada.

Se propone garantizar, mediante una reforma a la ley de creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y mediante procedimientos claramente definidos al interior de esta institución, que un porcentaje mínimo de un 20% de su presupuesto del Fondo de Incentivos (Ley N° 7169) se destine a financiar proyectos de investigación científica, idealmente de carácter inter-disciplinario, orientados a atender grandes desafíos nacionales, en el marco de una agenda científica nacional, en estrecha coordinación con la Academia Nacional de Ciencias. Estos deberían ser fondos concursables, mediante procedimientos rigurosos de evaluación que garanticen la idoneidad de las propuestas que se aprueben y el seguimiento de estas. Así mismo, el financiamiento de la investigación científica debe aspirar no solo al apoyo de proyectos, sino también al fortalecimiento de la comunidad científica mediante la creación de oportunidades de dedicación para que más personas puedan optar por trabajos en el ámbito de la investigación, como forma de combatir el crónico problema de fragilidad y escasa masa crítica de nuestra comunidad de investigación. El fortalecimiento de los grupos existentes y la creación de nuevos centros e institutos de investigación en temas estratégicos para el país es otra necesidad para la cual se requiere contar con financiamiento creciente y consistente.

  • (3) Avanzar por el camino de reformas tributarias de carácter progresivo, que permitan generar recursos frescos para ciencia y tecnología

Es necesario generar un consenso, a niveles social y político en el país, para transitar hacia políticas tributarias progresivas que generen recursos frescos para promover equidad y bienestar a través de programas públicos estratégicos, entre los cuales se encuentra una política científico-tecnológica fortalecida de cara a las necesidades del país. La OCDE ha señalado esta necesidad en el caso de Costa Rica y otras tendencias internacionales apuntan también en esta dirección. El país debe alinearse con estas tendencias. Se requiere generar tributos a aspectos como: (a) Patrimonio (riqueza), (b) salarios y pensiones de lujo, (c) rentas y ganancias de capital, y (d) herencias, por citar algunos ejemplos. Parte de esos recursos se deben destinar a financiar una política nacional estratégica en ciencia y tecnología. Se debe hacer énfasis en que los nuevos tributos que se generan para apoyar actividades de investigación y desarrollo deben ser de carácter progresivo, evitando por ejemplo que se centren en un incremento del IVA y otros impuestos al consumo de carácter regresivo.

  • (4) Fomentar los encadenamientos de las empresas transnacionales de zonas francas con la comunidad de investigación científica-tecnológica del país

Las empresas de zonas francas gozan de importantes beneficios tributarios, además de que el país les ofrece profesionales y técnicos de alto nivel. Pese a sus aportes a la economía nacional, este sector del universo industrial ha quedado debiendo en cuanto a establecer encadenamientos de largo aliento con la comunidad científico-tecnológica nacional. Es tiempo de colocar este tema en el tapete de las discusiones políticas. Por su naturaleza y por sus posibilidades, las empresas de zonas francas deben contribuir de manera más consistente con el desarrollo científico-tecnológico endógeno de Costa Rica. Se propone que el país genere mecanismos diversos que fomenten dicho encadenamiento, los cuales podrían orientarse a destinar parte del ‘impuesto mínimo global’ que se establecerá en el futuro a apoyar acciones de desarrollo científico-tecnológico endógeno, además de generar políticas proactivas de acercamiento y confluencia entre estas empresas y el sector de ciencia y tecnología del país. Para esto se requiere voluntad política de alto nivel, así como compromiso de este sector empresarial y del sector de ciencia y tecnología. Es necesario diseñar políticas nacionales que fomenten estos encadenamientos, y que las mismas estén centradas en el fortalecimiento de la base científico-tecnológica endógena, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, al tiempo que satisfacen necesidades de estas empresas.

  • (5) Destinar un porcentaje del presupuesto de ciertas entidades autónomas al financiamiento de investigación científico-tecnológica

El universo de entidades autónomas de Costa Rica constituye un ámbito con enorme potencial para el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. Estas instituciones tienen grandes necesidades en la incorporación de conocimiento a sus actividades y líneas de desarrollo, para garantizar una mayor eficiencia y mejores servicios a la población a la que sirven. Aunque algunas de ellas cuentan con departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, estas instituciones podrían aprovechar mucho mejor el enorme potencial de investigación que existe en el universo de los grupos de investigación ubicados en las universidades públicas y otros sectores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, la Ley 7169 de Promoción del desarrollo científico y tecnológico, en el capítulo de Racionalización de los Recursos, incluye varios artículos que facultan a las instituciones de la administración pública que ejecuten acciones en materia de ciencia y tecnología a destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario anual a la promoción, el incentivo, la protección y el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Se propone que se efectúen las modificaciones legales pertinentes de manera que las instituciones autónomas destinen un porcentaje de su presupuesto a financiar actividades de investigación y desarrollo. Este financiamiento se canalizaría vía programas específicos, adaptados a las necesidades de dichas instituciones, y coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Estos entes gestionarían todo el proceso de diseño de concursos, evaluación de propuestas, seguimiento de contratos y evaluación de resultados. De esta manera se desarrollaría una dinámica de mutuo beneficio, mediante el cual las instituciones apoyarían el desarrollo científico-tecnológico nacional y, a la vez, recibirían insumos de conocimiento adecuados a sus necesidades para desarrollar su trabajo.

  • (6) Asegurar un adecuado financiamiento de las universidades públicas para que estas consoliden sus actividades de investigación

Las universidades públicas constituyen el principal reservorio de investigación científico-tecnológica del país, gracias a un colectivo académico diverso en muchas ramas del conocimiento. Existe el riesgo de que, en medio de las dificultades fiscales del país, se limiten los presupuestos asignados a estas instituciones de educación superior, lo cual tendría un efecto lesivo a la ciencia y la tecnología del país. Es necesario que los sectores políticos comprendan la importancia de mantener un adecuado financiamiento del sistema de universidades públicas y que, en estas instituciones, se asigne un presupuesto creciente a la investigación, manteniendo el equilibrio entre ciencias básicas, ciencias sociales, tecnologías y humanidades. También es necesario que estas instituciones consoliden sus sistemas de apoyo y evaluación a las labores de investigación que garanticen excelencia y pertinencia en la generación de conocimiento.

  • (7) Fortalecer, de manera bien concebida y ordenada, las actividades de investigación contratada, venta de bienes y prestación de servicios por parte de los grupos de investigación

 

Los colectivos de investigación del país, sobre todo aquellos ubicados en las universidades públicas, desarrollan una amplia labor de vínculo con necesidades de los sectores externos en el desarrollo de investigación, prestación de servicios y venta de bienes. Los grupos consolidados en determinadas líneas de trabajo tienen la posibilidad de ofrecer este tipo de servicios académicos en el ámbito internacional también. Estas líneas de acción ofrecen oportunidades importantes para apalancar el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo en la comunidad científico-tecnológica. Para ello las universidades cuentan con normativas específicas y con departamentos, oficinas y fundaciones que coadyuvan en su desarrollo. En este sentido, la ley 7169 establece que “las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.”

Es necesario fortalecer estas actividades, al tiempo que se garantice que las mismas realmente contribuyan al fortalecimiento de los grupos de investigación y consoliden su aporte a la sociedad. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • a- Se requiere definir claramente de antemano las características de los productos a contratar y considerar aspectos como propiedad intelectual y restricciones en el uso de los productos para investigación. Tales aspectos deben ser reflejados muy claramente en los términos de referencia y los contratos que se generen.
  • b- Estas actividades deben surgir del desarrollo académico de los grupos, aprovechando nichos de oportunidad en áreas de fortaleza académica. Deben ser de un contenido científico-tecnológico alto y no se trata simplemente ofrecer servicios repetitivos por el hecho de que estos permitan obtener fondos. La idea es no competir con lo que ofrece el sector externo / privado, sino ofrecer servicios de alto contenido en conocimiento.
  • c- Se debe hacer un análisis estricto y riguroso de costos y de determinación de precios de los servicios.
  • d. Estas actividades deben mantener un equilibrio con las actividades de generación de nuevo conocimiento mediante la investigación en las unidades académicas. Es decir, la prestación de este tipo de servicios no debe distraer a los grupos de investigación de su función central de generación de nuevo conocimiento.
  • e. Los montos que se perciban producto de investigación contratada, venta de bienes o prestación remunerada de servicios deben servir para financiar actividades esenciales de investigación en la unidad académica correspondiente y en la universidad.
  • f. Pese a la conveniencia de que exista una normativa clara y transparente que regule este tipo de actividades, la excesiva tramitología y burocratización, lo cual demanda una cantidad creciente de tiempo por parte de las personas investigadoras, constituye un lastre que se debe resolver. Es necesario que las universidades generen esquemas más eficientes de gestión de estos proyectos, y ofrezcan apoyo administrativo sustantivo a las personas investigadoras, para que estas puedan concentrar su esfuerzo en la actividad científico-tecnológica creadora.
  • (8) Desarrollar una estrategia de cooperación científica internacional ambiciosa que permita acceder a fondos para investigación

El país desarrolla esfuerzos importantes en la procura de fondos internacionales para investigación. Es necesario fortalecer esa línea de trabajo, mediante la mejora en la coordinación de las instancias públicas e institucionales relacionadas con cooperación internacional, incluyendo los ministerios, las universidades y las instituciones autónomas, de manera que se despliegue una estrategia bien concebida de detección de oportunidades de financiamiento de investigación y desarrollo de fuentes internacionales.

Es necesario apoyar de manera efectiva a los grupos de investigación que logran establecer cooperación internacional con colegas, grupos e instituciones, para desarrollar plataformas que faciliten, y no entraben burocráticamente, estas relaciones.  Se requiere procurar que Costa Rica se integre a programas globales como Horizonte Europa, bilaterales como Dimensions of Biodiversity (National Science Foundation, EE. UU.) y otros semejantes, mediante emisión de deuda para cubrir nuestro compromiso financiero con el programa y permitiendo que los presupuestos se conciban y ejecuten como inversiones. Es urgente desarrollar una estrategia nacional de ‘diplomacia científica’ que incluya este aspecto de obtención de recursos para investigación y desarrollo y establecimiento de alianzas estratégicas con grupos internacionales. En dicha estrategia deben involucrarse diversos sectores de manera coordinada. En este ámbito de acción, el fortalecimiento de la relación con la diáspora científica costarricense ocupa un papel clave.

En este tema se debe considerar la procura de préstamos externos para apoyo de desarrollo científico-tecnológico, en el contexto de una estrategia país clara en este tema y cuidando el precepto de asegurar el desarrollo integral de todos los componentes del sistema CTI. Este tipo de préstamos contribuye a consolidar las plataformas de equipo científico-tecnológico, la formación, inserción y retención de recurso humano calificado en ciencia y tecnología, y el financiamiento de proyectos de carácter interdisciplinario que aborden temas de gran complejidad y relevancia para el país, entre otras posibilidades.

  • (9) Desarrollar un programa de reformas legales que faciliten el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Existen una serie de regulaciones en la normativa vigente que limitan de manera importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo su financiamiento. Es necesario efectuar un análisis minucioso de estas trabas y ‘cuellos de botella’, por parte de las autoridades en ciencia y tecnología y de la comunidad académica, para promover modificaciones a la normativa. A partir de este análisis deberían surgir propuestas y proyectos de ley dirigidos a modificar estas trabas y facilitar las actividades de investigación y desarrollo. A manera de ejemplo, se requiere impulsar la reforma del artículo 93 de la Ley 7169 para que indique que presupuestariamente las labores de investigación se consideren como inversiones y no como una actividad ordinaria, de manera que se permitan los presupuestos plurianuales para desarrollar proyectos ambiciosos de largo aliento. Como esta, hay muchas otras instancias de tipo normativo cuya modificación y ajuste apoyaría de manera significativa el trabajo en ciencia y tecnología.

  • (10) Generar mecanismos para que el sector privado invierta más en actividades de investigación y desarrollo

Una de las principales deficiencias en ciencia y tecnología de Costa Rica es el escaso financiamiento para actividades de investigación y desarrollo por parte del sector privado. La inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica gira predominantemente alrededor del sector público. Esto marca un contraste enorme con países con mayor nivel de desarrollo en este ámbito. Es necesario que el porcentaje de inversión en este rubro correspondiente al sector privado se incremente significativamente. Ello demanda cambios importantes en la cultura de este sector en cuanto a comprender la relevancia de estas actividades, así como modificaciones en normas y leyes que favorezcan dicha inversión. También es necesario afinar y mejorar los mecanismos de interfase entre el sector privado y la comunidad generadora de conocimiento en ciencia y tecnología mediante la investigación. Es necesario fortalecer y ampliar los programas de banca para el desarrollo, así como generar nuevas líneas de crédito para actividades de investigación y desarrollo.

A manera de conclusión

Pese a que Costa Rica ha efectuado ingentes esfuerzos a lo largo de su historia para desarrollar su capacidad endógena en ciencia y tecnología, existen enormes deficiencias y rezagos para lograr que estas actividades se conviertan en verdaderas propulsoras de procesos de desarrollo centrados en la procura de la equidad y la prosperidad, no solo para ciertos sectores sino para toda la población del país. Ello demanda una estrategia nacional integral de desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incluya los diversos componentes de un sistema que es sumamente complejo y que debe incorporar la generación de conocimiento a través de la ciencia básica y las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de ese conocimiento a amplios sectores de la sociedad. Ello exige un esfuerzo concertado nacional con amplia participación ciudadana y con clara voluntad política. Entre las muchas tareas pendientes para lograr este objetivo como país, un elemento central es incrementar significativamente el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo mediante esquemas renovados y creativos que involucren a sectores diversos en el marco de una estrategia nacional con visión de futuro. El Foro Confluencia Solidaria llama a efectuar procesos de discusión, análisis y toma de decisiones para que la investigación científica y tecnológica de Costa Rica cuente con el financiamiento adecuado, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, de manera que esta faceta de la vida nacional cumpla un rol protagónico en la construcción de una convivencia marcada por la equidad y la prosperidad colectivas.

NUBES TÓXICAS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Hace algunas semanas fui invitado a compartir reflexiones en una institución de secundaria en Costa Rica, en el marco de las conmemoraciones del bicentenario. El tema propuesto fue la xenofobia y sus impactos en la sociedad costarricense.

Cuando un tema así debe ser abordado, hay que movilizarlo desde la subjetividad misma, acercarlo a la experiencia y vida cotidiana para observar cuánto de lo que se hablará le atraviesa a la persona, para entonces desde allí impulsar contenidos pero sobre todo despertar las diversas formas de contener y detener la problemática.

La xenofobia, hemos dicho en otros momentos, es el miedo y el odio al extranjero y se cruza con contextos de excepcionalidad como los que actualmente experimentanos, con la aversión de clase muy profunda.

El temor y el rechazo a la persona pobre se mezcla con los propios miedos a “caer” en esa condición particularmente en tiempos en que la crisis social y económica ha empujado a cientos de miles de personas a la informalidad, el desempleo y la inanición.

Sea como sea, la xenofobia alimenta discursos exhacerbados, prácticas eufóricas y rituales de rechazo que se convierten en fuente de violencia simbólica y a menudo física.

Como ocurrió en la ciudad chilena de Iquique al finalizar el mes de setiembre, cuando colchones y juguetes pertenecientes a migrantes venezolanos sin hogar fueron quemados en una manifestación organizada que protestaba por su presencia en campamentos en espacios públicos de la ciudad. El hecho fue protagonizado por algunos grupos de exhaltados que llevaron su actitud hasta ese punto.

Ya en Costa Rica en agosto de 2018 habíamos presenciado un fenómeno xenofóbico parecido al ser convocada una marcha para sacar a nicaragüenses de espacios como parques de la capital. El episodio estuvo a punto de tener consecuencias dramáticas si no interviene la policía local.

Con la consigna de impregnar en el cuerpo de las personas estudiantes participantes en la charla estos temas, les lancé a las muchachas y los muchachos una pregunta inicial: “nombre una palabra con la cual haya sido discriminada o discriminado alguna vez”.

La nube de palabras fue formándose y conforme iba tomando un tamaño importante empezaba a reflejar un conjunto de ideas que en lo cotidiano podrían pasar como el lenguaje propio de las relaciones de personas adolescentes.

Pero puestas en contexto de sus impactos, de lo que van resultando para la vida, la identidad y la fortaleza de esas mismas personas, resultan una clara llamada de atención acerca de la construcción de procesos de discriminación que el lenguaje diario va creando. La conversación posterior con ellos y ellas confirmó dicha apreciación.

Es importante no desconocer la forma como interpelamos, desde estructuras de poder, de humor mal intencionado, de deseos de hacer sentir mal al otro, a la otra y trabajar revirtiendo sus efectos. Es necesario disipar esas nubes tóxicas de discriminación y desapego, en procura de mejores experiencias de convivencia.

¡Alerta internacional: justicia Keyla Martínez Rodríguez!

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos comparte un comunicado en donde, ante la Audiencia preliminar en Juzgados de Intibucá contra el policía feminicida Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, el pasado miércoles 27 de octubre exigieron justicia y alto a la impunidad ante el feminicidio de Keyla Martínez Rodríguez.

La narco dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH) en Honduras, permanece bajo la observación crítica y consciente de organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo, en vísperas de llevarse a cabo la Audiencia Preliminar contra el feminicida policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, quien el domingo 7 de febrero del 2021, aprovechándose de su posición de poder por su condición de género, agredió, torturó y asesinó a la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, en complicidad con otros policías, dentro de las celdas de la Unidad Departamental N°10 de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.

Denuncian que el gobierno hondureño, encabezado por Juan Orlando Hernández, es responsable de la flagrante arbitrariedad contraria al derecho y a la justicia, debido a la sentencia dictada el pasado 11 de septiembre en la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua.

Esta nota que realizan, tiene como objetivo lanzar esta ALERTA INTERNACIONAL para:

  1. Que las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, feministas y personas a nivel nacional e internacional, exigen al Poder Judicial de Honduras cese su evidente mediatización de la justicia y la parcialidad demostrada en este caso, perpetrada como estado de Honduras.
  2. Que nos articulemos en nuevas acciones de solidaridad y denuncia para que el régimen de Juan Orlando Hernández detenga todas las acciones de hostigamiento, intimidación y amenazas contra familiares de Keyla, por parte de entidades oficiales y extraoficiales.

NOS MANTENDREMOS EN ALERTA ANTE AUDIENCIA DEL PRÓXIMO LUNES 1″ DE NOVIEMBRE DONDE PRETENDEN AFIANZAR LA VIL TIPIFICACIÓN POR «HOMICIDIO SIMPLE».

Se invita a leer la nota completa adjunta.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Anotaciones sobre el recrudecimiento del conflicto armado interno en Colombia

Por Carlos Meneses Reyes

El conflicto armado interno colombiano, presenta visos de incremento e intensidad. Se yergue enhiesto, cuál retador desafiante, por más que la política de bloque oligárquico contra insurgente lo desconozca e intente acallarlo; haciendo cada día más difícil el entorno gobernable al cual se enfrenta un gobierno títere, del amo imperial.

En el lenguaje político destacase la tenacidad y persistencia, aún sea de gestión individual, para la obtención de un objetivo; pero resulta de eficacia relativa y por ende errónea, cuando se alista como un recurso sectario, no se admite, al contrario, ni el libre juego de las contradicciones; imponiéndose la cero tolerancia, entronizándolo en la verdad sabida y la buena fe guardada, pese a la notoria secuencia de errores. Así, se puede calificar a un gobernante de contumaz o sobre todo a una política a aplicar, degradada en contumacia; es decir, perseverante en el error y la ineficacia. A eso también se conoce como una habilidad ciega para gobernar. Es tal cual sucede con la negación del conflicto armado interno en Colombia y la obcecada, oscura y testaruda posición oligárquica, nublando la capacidad analítica y reflexiva, que conlleva a la inexistencia de un objetivo al cual confluyen, inexorablemente, la dinámica de la actuación política, por algo tan burdamente negado.

Para el corriente año en curso de 2021, el desplazamiento masivo de víctimas que huyen por los enfrentamientos en el campo, por parte de insurgentes contra las tropas gubernamentales, llegó a 57.100 personas; lo cual significó un incremento del 135%, en relación con el año anterior.

En Puerto Berrio, ubicado en el río Magdalena, a 335 kilómetros de Bogotá. DC, contabilizan el número de cadáveres, que han flotado, producto del conflicto armado y que reposan en tumbas como NN; en lo dado en llamar la adopción de muertos recogidos que tira el río, como a los “pobres de solemnidad”. La mayoría de esos cuerpos fueron recogidos y a la fecha, en labor de identificación, por actuaciones de la JEP, se encuentran con signos de violencia, impacto de bala, amarradas sus manos y pies. Corresponde a la incansable labor de hallar entre 80.000 y 120.000 desaparecidos, que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia, en más de cincuenta años y que pese a la desmovilización de las antiguas FARC, continúa creciendo.

En Ituango, Antioquia, sumaban 3.500 campesinos que tuvieron que abandonar sus viviendas, animales y cosechas, ante los crecientes combates de guerrilleros con tropas del ejército.

El diario El Espectador en edición del 27 de julio de 2.021, destacó que “El de Ituango es el desplazamiento más grande en la historia de Antioquia”. En total 3.7321 campesinos, de 1.548 núcleos familiares, han tenido que abandonar sus viviendas, recientemente, ante el aumento de los enfrentamientos armados en sus lugares de habitación. Están siendo afectadas 28 veredas, de ese municipio. No existe acceso a la cabecera municipal, tanto por los enfrentamientos, como por el fuerte invierno.

Según Harold Cadena Vidal, representante de la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia (OCHA), la cifra de desplazados en la región de río San Juan asciende a 4.608 y la de confinados a 33.280. El Río San Juan es el más importante de los ríos de la vertiente del Pacífico colombiano y recorre el sur occidente de El Chocó, pasa por territorio vallecaucano y desemboca en el océano Pacifico.

Destacando solamente algunos sucesos, al 21-10, se recrudece el conflicto en el Departamento del Cauca, Colombia. En lo que va del año 2021, han sido asesinados 23 líderes y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) y han ocurrido 14 masacres, las cuales se han saldado con la muerte de 43 personas.

Según Indepaz, un total de 293 líderes sociales y defensores de DD.HH. han sido asesinados en ese departamento desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016) hasta la fecha. En total de 229 murieron víctimas de asesinatos selectivos, durante el mandato del sub presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2.018.

Se registra en Colombia la masacre número 78, con el asesinato de los hermanos José Norbeý, José Javier y Édison Reyes Mosquera, en el municipio de Cajibío, Corregimiento Casas Bajas. Vereda Puerto Alto, el 15 de octubre.

Grupos armados provocan el desplazamiento de 3.700 campesinos en el municipio colombiano de Ituango. Luego se agrava el desplazamiento en Ituango, con más de 40.000 personas… La ONU advierte que el desplazamiento en Colombia va en aumento del 193% al 235%, en los Departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño. Se registran 67.000 desplazados, 10.000 más confinados; hasta una cifra de 30.052 personas en esa situación. Mas de 1.000 niños desplazados y con hambre, tras diez días de combate ininterrumpidos del ejercito contra las guerrillas insurgentes. La explicación o posición oficial habla de disputa territoriales entre grupos armados y no de enfrentamientos con el ejército, manipulando lo de recompensas, entregas etc. Pura falsa media.

En el Departamento fronterizo de Nariño, aumenta a 40.000 el número de desplazados y sobrepasan los 21.000 desplazados en el Triángulo de Telembi, en el presente año.

El lunes 11 de octubre, con explosivo atentaron contra gobernador del Meta., a su paso por una carretera. Y el gobernador del Magdalena, hubo de abandonar el país, al ser informado de un inminente atentado en su contra.

Desde la firma de los Acuerdos con las desmovilizadas FARC, en 2016, han sido asesinados 1.218 lideres sociales. En el Departamento del Cauca, en lo que va del año 2.021, han sido asesinados 23 lideres y defensores de derechos humanos y ocurrido 14 masacres, para un total de 43 personas asesinadas.

El recrudecimiento de las acciones contra el ejército y la policía no merma. Hasta la naturaleza pareciere estar en su contra, luego que un rayo cayó y afectó a cinco soldados en zona rural del norte del Cauca, vereda La Venta, municipio de Cajibío. A ello se agrega, un suicidio y el asesinato de un soldado por su compañero de guardia. Al menos registro un caso de deserción de un soldado del ejército made in Usa, con todo y armamento.

En ese rosario de afectaciones, se registra que ladrones entraron al batallón Pichincha, sede de la tercera brigada del ejército en Cali, golpearon a un soldado de guardia y le robaron el fusil. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 21 de octubre. El ejercito admite que no ha podido recuperar el fusil. Sin lugar a duda no se trata de un simple pasaje de ladronzuelos, que en número indeterminado asaltaron esas instalaciones super resguardadas y protegidas. Para la inteligencia popular, más bien obedece a una acción de comando, realizado por los llamados “pisa suave”, milicianos entrenados en combate para acciones de comando. Eso, obvio, que lo oculta el generalato, con sus barbas en reposo. De paso indicar que la actividad de la Minga indígena, el 9-09, en Caldono, Cauca, decidieron expulsar de su territorio a miembros del ejército. Anuncian que no permitirán ni erradicación y menos aspersión de la coca con glifosato.

 

Acciones militares

Sujetos armados atacan a soldados que se dirigían a su batallón, en el Departamento del Meta, el pasado 27 de septiembre. También hubo ataque en el Putumayo.

El 21-09, 5 soldados resultaron muertos y 7 heridos tras atentado en Puerto Libertador, Córdoba, a un Batallón de Operaciones Terrestres.

Los Departamentos de Bolívar, Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca, Vaupés, Guainía, Arauca, siguen azotadas por fuertes combates en sus territorios.

En lo corrido del año 2.021, van 124 líderes sociales asesinados.

Conmoción causó en el Guainía la retención de un médico el día 05 de octubre del presente año, llevado a un campamento guerrillero para atender heridos y aparece muerto, 11 días después, luego de un bombardeo del ejército a ese campamento guerrillero, en inmediaciones de los Departamentos de Guainía y Vaupés. El Doctor Leonel Martínez Mendoza, cofundador de la Asociación de Médicos Internos Residentes Extranjeros (AMIREX), Capitulo Colombia, ejercía la profesión y era graduado en la Universidad de La Habana.

EL 16-09, ocurrió ataque a la Policía en San Vicente del Caguán, en Caquetá, con resultado de dos policías muertos.

El 18-09, EL ELN libera a dos militares que tenía retenidos en Arauca. Participo la CRIC y la iglesia. El ejército se negó a desmilitarizar o cesar acciones, para atender a la liberación de estos…En este Departamento son frecuentes los ataques al ejército y a la policía, por parte de insurrectos. Como respuesta reforzaron con 380 unidades a las fuerzas existentes; mas 60 infantes de marina para el río… No obstante, el 22 de octubre, se dio otro violento ataque contra integrantes del ejercito: las imágenes de vídeo muestran cómo se bajan de un vehículo, dos comandos, quienes la emprenden a tiros contra los soldados de guarda de la vigilancia, los cuales salen pies en polvorosa. En tanto, los atacantes se suben a su carro y alejan. Los hechos relatados se presentaron en la base militar Selva de Lipa, en Arauca.

El 20-10, un patrulla del ejército es atacada, en zona rural de Puerto Inírida, Guainía, dejando como resultado, 5 soldados heridos de gravedad y un soldado muerto.

Ataque contra soldados del Batallón Especial Energético y Vial Numero 1, en el sector de Caño Verde, Arauquita, en la mañana del martes 12 de octubre, deja como resultado un soldado muerto y otro herido.

Hacia el 22-10, el Ejército confirma la muerte de diez guerrilleros de las Nuevas Farc, tras fuertes combates en el Cañón del Micay, Cauca. Lo presentan como enfrentamientos entre esas nuevas guerrillas y el ELN, conforme al desempeño de la guerra, que los asesores norteamericanos les dictan. El comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Jonh Rojas, confirmó que este jueves 28 están ingresando otros cinco pelotones del Ejército por los corregimientos del Sinaí y El Plateado, en el municipio de Argelia, para apoyar a las tropas… No pueden ocultar que estos hechos bélicos, han provocado nuevos desplazamientos forzados de unas 400 personas, en Argelia. Cientos de campesinos, como consecuencia de los constantes enfrentamientos están viéndose obligadas a desplazarse hacia el Caquetá. El Alcalde de Argelia se refirió a un desplazamiento de mil personas.

También en Argelia y Cajibío, Cauca, se registra ataque con misiles artesanales, por parte de milicianos, a estaciones de la policía y puestos del ejército.

27-10. Crisis humanitaria y confinamiento en el Pacífico colombiano. En Chocó, el 16 de septiembre, el ejército colombiano mató a cuatro niños en un bombardeo, para eliminar al máximo jefe del ELN. Fabián (Ogli Ángel Padilla). El ruido ensordecedor de las ciento de bombas lanzadas y el temblor del suelo, causaron gran conmoción en los niños y vecinos del territorio. Luego de los intensos y desproporcionados bombardeos, vecinos de las comunidades afectadas se dirigieron a los lugares destrozados por las bombas, para buscar a vecinos desaparecidos. Denuncian que la aviación del ejercito disparó al agua, cerca de algunos botes en el que se desplazaban civiles, huyendo de los bombardeos en une escalonado incremento de violación de los derechos humanos y del principio de distinción, que se incrementa por la continuación del conflicto armado interno.

Todas esas comunidades están viviendo en un contexto de guerra muy fuerte, debido a la militarización de sus territorios por parte del Ejército Nacional, el avance paramilitar de quienes se llaman a sí mismas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La simbiosis de estas dos fuerzas estatales y para estatales, se enfrentan al ELN, de presencia histórica en esos territorios. Estos combates en ocasiones conllevan que estos grupos se enfrenten, incluso, al interior de las comunidades. El resultado es el desplazamiento y confinamiento. La fuerzas armadas del Estado colombiano están realizando bombardeos en donde hay presencia de menores de edad, lo cual es una violación al Derecho Internacional Humanitario y a la Convención sobre los Derechos de los Niños. “Estas comunidades están sometidas a un genocidio, un etnocidio”. De igual manera denuncian que esos efectivos para estatales han portado brazaletes del ELN para amenazarles. Al ser requeridos esos forajidos por la comunidad, denuncian que llegó un helicóptero del ejército y se los llevó… “Dentro de las comunidades, la fuerza pública utiliza a los niños para sacarles información” y a todo eso se suma el hambre por las condiciones de guerra en la región.

De tal manera que baste la presente sucinta relación de hechos de solo un mes del corriente año de 2.021, para destacar que la perfidia gubernamental de desconocer la existencia del conflicto armado interno obedece a engaños en el análisis concreto de la situación concreta colombiana y por ende una estafa a la opinión pública nacional e internacional, sobre la conducción del país y la solución a tan álgido problema.

El presente artículo fue concebido, luego de la lectura del libro EL PODER OBCECADO del autor Rene Balestra y Prologo de Hugo Caigares, el cual recomiendo a mis lectores.

Costa Rica en la encrucijada electoral. Un análisis a inicios del bicentenario de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Costa Rica, como país, goza de una fama internacional de Democracia centenaria, de gran estabilidad política y de ser un país sin Ejército desde 1949, aparte de gozar, también, de uno de los índices de mayor felicidad en el mundo.

La tradición antimilitarista es real. Desde el siglo XIX, aun cuando hubo un Ejército Nacional que desempeñó un papel heroico, derrotando la presencia filibustera norteamericana en Costa Rica, en Nicaragua y en Centroamérica, durante los años 1856 y 1857, a partir de 1869 empezó a debilitarse su presupuesto nacional, fortaleciéndose a la vez los presupuestos orientados a la educación e instrucción pública.

El primer Jefe de Estado, luego de la Independencia de España, en 1821, fue un educador, quien gobernó el país desde 1824 hasta 1833, marcando desde entonces un impulso al proceso educativo, contrastado con el resto de los países centroamericanos que no apostaron por la educación como una política prioritaria de Estado y de Gobiernos.

Desde aquellos años iniciales después de la Independencia hasta hoy los Jefes de Estado y los Presidentes han sido principalmente educadores, abogados, médicos y civiles. No se desarrollaron ni surgieron líderes militares, porque el Ejército desde 1869 estuvo controlado en su dirección política superior por civiles, y por ausencia de conflictos militares internos y externos, que hubieran facilitado el desarrollo de castas y líderes militares.

Excepcionalmente militares han ocupado, por breves períodos el Gobierno sin haberse perpetuado como dictadores o tiranos, al estilo de los países centroamericanos y latinoamericanos.

Dictaduras y golpes de Estado en el Siglo XX fueron dos, una desde 1917 hasta 1919, que cayó por la lucha y presión popular, y la otra, desde 1948 hasta 1949, que resultó de la Guerra Civil, de marzo abril de 1948, que voluntariamente dejó el Poder entregando la Presidencia de la República al candidato Otilio Ulate, a quien el Congreso le anuló la elección de febrero de 1948, lo que provocó ese alzamiento armado y el establecimiento de esa Junta de Gobierno de Facto.

En la práctica electoral desde 1872 los gobiernos han sido alternos, cada seis, tres o cuatro años, que han sido los plazos de gobiernos, en distintos momentos. Desde 1882 cada cuatro años los gobiernos han alternado regularmente.

Hasta 1890 las autoridades de gobierno se elegían sin participación de partidos políticos, que empezaron a funcionar desde 1890. Desde entonces solamente a través de partidos políticos se puede ser candidato a puestos de elección popular, municipales, provinciales, de diputados, y presidenciales.

La reelección de diputados y concejales municipales se permitió de manera continua hasta 1948. Desde 1949 no se permite la reelección consecutiva de diputados ni de presidentes. Sí se permite la reelección consecutiva de concejales municipales y de partidos políticos en las estructuras de poder ciudadano, y alternativa al menos de un período de gobierno para los puestos de diputados y presidentes.

El sistema electoral desde 1821 se ha perfeccionado, ampliado y democratizado. Hasta 1913 las elecciones eran indirectas, y de segundo grado, con pocos electores. Directas a partir de ese año por parte de todos los electores. A partir de 1924 se establecieron las votaciones secretas, frente a la práctica del voto público imperante. En 1935 se estableció un mecanismo que le dio mayor estabilidad al proceso electoral, de decidir las elecciones con el 40% de los votos válidos.

En 1949 se estableció el voto universal reconociendo el voto de la mujer, quien lo empezó a ejercer en 1951 siendo electas por primera vez en el nivel legislativo en 1953, y a nivel presidencial por primera vez en el 2010. Desde 1974 se estableció el voto a los 18 años.

Un elemento clave en este proceso fue el desarrollo de las instituciones electorales, la legislación electoral anterior a 1948, la constitución de un Tribunal Nacional Electoral en 1946, que a partir de 1949 se le dio rango constitucional, llamado desde entonces Tribunal Supremo de Elecciones, como cuarto Poder de Estado, separado e independiente de la esfera del Gobierno, con capacidad de organizar plenamente los procesos electorales y con la capacidad declarativa de sus resultados sin posibilidad de su revisión o apelación.

La experiencia electoral desde 1949 le ha dado a este organismo la confianza pública, en los procesos electorales y sus resultados.

Un elemento que distingue a Costa Rica en estos procesos electorales es que durante el período electoral, que cubre en la práctica 5 meses, cuatro anteriores a las elecciones y uno posterior, toda la Fuerza Pública, y todas las policías administrativa, como la de Tránsito, pasan a la potestad administrativa y dirección política nacional del Tribunal Supremo de Elecciones, y durante el día de las elecciones, ningún miembro de la Fuerza Pública puede presentarse a los recintos y juntas electorales con sus armas de servicio.

Todo el proceso electoral, y de los materiales electorales, papeletas de votación, y lo que se necesita para ese día de las elecciones, lo entrega el Tribunal Supremo de Elecciones a los miembros civiles, que son representantes de los partidos políticos, que participan en las elecciones, que son quienes componen o integran esas Juntas Electorales. Del resultado electoral se hacen actas de cada Junta Electoral, con copia a cada miembro de partido de esa Junta, para los controles ciudadanos y partidistas correspondientes.

Desde 1949 hasta hoy se ha perfeccionado bastante el sistema de partidos políticos y de la participación. Electoralmente desde 1953 hasta hoy han habido 17 gobiernos. El próximo 6 de febrero se harán las elecciones nacionales para elegir un nuevo gobierno.

De los 17 gobiernos que ha habido, nueve los ha ganado el partido Liberación Nacional, de orientación social demócrata, seis por tres coaliciones de partidos en general socialcristianos y tres por el partido Unidad Social Cristiana, y los dos últimos gobiernos por el Partido Acción Ciudadana, que no tiene una ideología de referencia. De esto se desprende que en el país se haya hablado de un Bipartidismo dominante que corresponde al dominio de los socialdemócratas y socialcristianos en 15 de 17 gobiernos. Actualmente podemos hablar de un tripartidismo gobernante. También se ha hablado de un Bipartidismo legislativo en tanto hasta 1998, desde 1953, estos dos grupos dominantes también ejercieron la mayoría parlamentaria, lo que les permitía tomar acuerdos políticos fácilmente, aun cuando había otras fuerzas representadas en el Poder Legislativo. Pero, a partir de 1998 ese bipartidismo legislativo parlamentario se perdió. Los grupos hasta entonces dominantes perdieron su conjunta mayoría, y desde ese momento se ha entrado en una situación cada vez más amplia de partidos políticos parlamentarios.

A nivel presidencial hasta las elecciones del 2018 participaban hasta 15 partidos a nivel presidencial. Para las próximas elecciones de febrero hay 27 partidos en trámite de inscripción presidencial, pudiendo quedar finalmente en unos 20 participando, con orientaciones políticas muy divididas entre sí. Los resultados electorales de los últimos dos procesos electorales significaron que el Partido Acción Ciudadana, partido gobernante, eligiera 14 y 10 diputados de los 57 que integran la Cámara legislativa, lo que lo ha hecho un partido débil parlamentariamente, lo que no le ha impedido hacer acuerdos legislativos más por la agenda nacional común política que por proyectos propios.

Esta situación ha alterado ligeramente el ambiente electoral, porque a nivel legislativo se estima que todos esos partidos participarán con sus propios candidatos para elegir los 57 diputados nacionales, más 26 partidos provinciales que solo participan en este nivel legislativo, para un total de probablemente más de 45 partidos finalmente inscritos, para las elecciones legislativas, con un total de por lo menos 2500 candidatos a diputados, con una población electoral que ronda los 3 millones de ciudadanos, de los cuales puede haber un electorado abstencionista de un 25 al 30%.

Esta es la encrucijada electoral que enfrenta Costa Rica a partir de esta publicación, cuando ya estará definido todo el panorama electoral, que volveré a atender en diciembre, al realizarse la tregua electoral, de quince días, de la navidad.

Apoyo de HIDROCEC-UNA a proyecto de Confraternidad Guanacasteca

SURCOS comparte la carta mediante la cual HIDROCEC-UNA expresa su apoyo a un proyecto de Confraternidad Guanacasteca orientado al aprovechamiento de aguas mediante una metodología tarifaria que posibilite la protección del recurso hídrico.

Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe
(HIDROCEC-UNA)
Sede Regional Chorotega

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-HIDROCEC-ACUE-001-2021

08 de Octubre de 2021

Confraternidad Guanacasteca
Sr. Gadi Amit Kauffman

Estimado señor:

Para los efectos pertinentes, le transcribo el acuerdo tomado por el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC-UNA) de la Sede Regional Chorotega, en Sesión Ordinaria No. 16-2021, celebrada el 08 de Octubre de 2021:

PRONUNCIAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (HIDROCEC) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) ANTE LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA SOBRE LA MODIFICACIÓN AL DECRETO Nº 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA INCLUIR LA TARIFA DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO A TODOS LOS USUARIOS.

CONSIDERANDO:

  1. El Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y El Caribe (HIDROCEC-UNA) es un centro de investigación, formación y extensión que forma parte de la Universidad Nacional (UNA) especializado en las problemáticas asociadas al agua y que está ubicado en el Campus universitario Liberia de la Sede Regional Chorotega.
  2. El Centro de Recursos Hídricos (HIDROCEC-UNA) es un centro que busca contribuir a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en Centroamérica y el Caribe, mediante la excelencia en la investigación, la extensión, la docencia y la vinculación con todas y todos los actores sociales relacionados con los distintos procesos de gestión, estableciendo alianzas intra e intersectoriales.
  3. Que en la sesión ordinaria 16-2021 del HIDROCEC-UNA se presenta solicitud por parte de la asociación Confraternidad Guanacasteca para solicitar el pronunciamiento de este centro como parte de la Universidad Nacional sobre una propuesta a modificar el decreto Nº 32868-MINAE, canon por concepto de aprovechamiento de aguas para incluir la tarifa de protección del recurso hídrico a todos los usuarios.

Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC-UNA) Sede Regional Chorotega

  1. Que la asociación Confraternidad Guanacasteca es una organización no gubernamental que desde la sociedad desarrolla acciones civiles en defensa socio-ambiental de las poblaciones más vulnerables de la región.
  2. El recurso hídrico es un bien demanial del Estado de vital importancia para el desarrollo de la vida, de los ecosistemas y de la sociedad y que desde el ordenamiento jurídico costarricense establece el acceso al agua potable como un derecho humano.
  3. Mediante la Ley N°9849, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica adicionó al artículo 50 de la Constitución Política, el siguiente párrafo: «Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano”.
  4. Que la protección de los recursos hídricos es una tarea nacional pendiente y necesaria para el aseguramiento de los flujos futuros de bienes y servicios ambientales del agua y que esto tiene un costo que debe ser asumido con justicia y de manera equitativa en el marco normativo por todos los usuarios, personas físicas o jurídicas, que hacen uso del recurso.
  5. Que el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Nº 7593, establece la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad ambiental a la hora de fijar tarifas, precios y tasas de los servicios públicos.
  6. Que ya existe una metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico para los usuarios de agua potable. AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS RESOLUCIÓN RE-0213-JD-2018 ESCAZÚ, A LAS ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
  7. Que el DECRETO Nº 32868-MINAE sobre el Canon por Concepto de Aprovechamiento de Aguas constituye el modelo tarifario para las concesiones de aprovechamiento de agua administradas por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (DA-MINAE).
  8. Que la ausencia de una tarifa ambiental hídrica en el modelo tarifario lesiona el principio de equidad y solidaridad social entre los distintos usuarios beneficiarios de los bienes y servicios del mismo recurso hídrico, a pesar de que los caudales de explotación concesionados son mucho mayores que los utilizados para el consumo de agua potable, lo que conlleva una mayor responsabilidad ambiental sobre su protección. Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC-UNA) Sede Regional Chorotega
  9. Que la aplicación de una tarifa extra por la protección de los recursos hídricos podría provocar un aumento de los precios de los productos. Pero a la vez, la misma busca asegurar el uso eficiente del agua, promover su ahorro y protección para las futuras generaciones.
  10. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene la función de ejercer la rectoría en materia de recurso hídrico, a través de la Dirección de Agua (DA), cuyo objetivo principal es administrar el recurso hídrico a nivel nacional y resolver sobre el dominio, control, aprovechamiento y utilización de los cuerpos de agua y cauces. Además de Implementar instrumentos económicos, normativos, de planificación e informáticos para una adecuada gestión y protección del recurso hídrico.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. Apoyar a la asociación Confraternidad Guanacasteca en su solicitud al MINAE de modificar el decreto Nº 32868-MINAE, canon por concepto de aprovechamiento de aguas para incluir la Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico (MTPRH) aprobada por ARESEP a todos los usuarios.
  2. Solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) debido a su función de ejercer la rectoría en materia de recurso hídrico. A revisar y analizar la inclusión de la Metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico (MTPRH) a los usuarios de concesiones de aprovechamiento de aguas de todos los diferentes usos.
  3. Solicitar a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) revisar la metodología tarifaria para la protección del recurso hídrico con el fin de adaptarla e incluir a todos los usuarios del agua inscritos como concesionarios de su aprovechamiento en la Dirección de Aguas del MINAE.

Atentamente,
Andrea Suárez Serrano, PhD
Coordinadora
Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC)
Water Research Center for Central America and the Caribbean
Sede Regional Chorotega, Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Tel. (506) 25626268/ 87197499/ hidrocec@una.cr
Sitio web: http://www.hidrocec.una.ac.cr

Christian Golcher Benavides, PhD
Académico
Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y El Caribe (HIDROCEC)
Researcher
Sede Regional Chorotega, Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Tel. (506) 25626268/ 85837967/ hidrocec@una.cr
Sitio web: http://www.hidrocec.una.ac.cr

María Teresa López Maietta, MSc
Académica
Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y El Caribe (HIDROCEC)
Researcher
Sede Regional Chorotega, Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Tel. (506) 2562-6296/ 8599-0766/ hidrocec@una.cr
Sitio web: http://www.hidrocec.una.ac.cr

Johanna Rojas Conejo, MSc
Académica
Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y El Caribe (HIDROCEC)
Researcher
Sede Regional Chorotega, Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Tel. (506) 2562-6270/ 88548530/ hidrocec@una.cr
Sitio web: http://www.hidrocec.una.ac.cr

Ing. Alvaro Baldioceda Garro, Msc.
Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y El Caribe (HIDROCEC)
Researcher
Sede Regional Chorotega, Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Tel. (506) 25626269 hidrocec@una.cr
Sitio web: http://www.hidrocec.una.ac.cr

Anny Guillen Watson, Msc.
Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y El Caribe (HIDROCEC)
Researcher
Sede Regional Chorotega, Universidad Nacional (UNA), Costa Rica
Tel. (506) 25626269 hidrocec@una.cr
Sitio web: http://www.hidrocec.una.ac.cr

Adjuntamos documento oficial:

 

Enviado a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca.

Costarricenses envían apoyo y solidaridad al proceso constituyente chileno

Comunicado de prensa

El pasado 18 de octubre del 2021, un grupo amplio de costarricenses ha enviado una carta de respaldo y solidaridad al proceso constituyente que se desarrolla en el hermano país de Chile. Precisamente ayer se comenzaba en Santiago la redacción de lo que será la próxima Constitución Política chilena, la cual es un hito en cuanto a la conformación social de sus integrantes, la cual entre otras consideraciones respeta la equidad de género e integra a los diferentes pueblos originarios presentes en la geografía del país sudamericano.

Desde la integración de la Convención Constituyente, desde diversos sectores que se sienten amenazados por la finalización de sus privilegios, se ha desatado una furiosa campaña de desprestigio en contra del proceso y en especial de las personas que lo dirigen. Por lo que, este grupo de ciudadanas y ciudadanos, se han unido en el esfuerzo de ayudar a visibilizar y legitimar la Convención Constitucional. 

La misiva fue recibida por la Presidenta de la Convención Constituyente, señora Elisa Loncón, quién agradeció la solidaridad entre pueblos hermanos.

En la cara de solidaridad enviada por los/as costarricenses se menciona:

“Conociendo el proceso Constituyente que vive la hermana República de Chile, que surge del estallido social de octubre 2019, reivindicando derechos básicos, oponiéndose al sistema económico surgido de la dictadura de 1973 a 1990, a la desigualdad social y económica, al alto costo de los servicios básicos y en favor de cambiar la actual Constitución Política promulgada en 1980, durante la misma dictadura. Considerando el papel del Plebiscito del pasado 25 de octubre de 2020, respaldado por un 78% de las personas votantes, que habilitó la formulación del texto de una nueva Constitución y los mecanismos para su redacción. Y conociendo los resultados de la elección de los representantes del pueblo chileno a la Convención Constituyente, en mayo de este año, que incorpora fuerzas nuevas y representativas de la ciudadanía, satisfaciendo así la demanda de democratización de la política en Chile. Observando que Chile vive un momento histórico y que se trata de uno de los procesos constituyentes más innovadores que se hayan dado. Conociendo que la elección de la Convención Constitucional tiene una composición paritaria e incorpora la participación de los pueblos originarios, situando dicho proceso en la vanguardia del derecho constitucional comparado. Teniendo claro que el objetivo es no sólo elaborar y aprobar una nueva Constitución sino también que dicho proceso podría convertirse en una referencia para el mundo. Celebrando que, en este contexto, el proceso en Chile tiene entre sus referentes las experiencias constitucionales en otros países con el fin de nutrir su propia experiencia. Las ciudadanas y ciudadanos costarricenses, abajo firmantes, expresamos nuestra solidaridad: Al histórico proceso Constituyente en Chile que permitirá dar legitimidad al texto constitucional en un contexto histórico en democracia, distinto a aquel en que se aprobó la Constitución vigente desde 1980. Un saludo efusivo y grato reconocimiento a la Presidenta de la Convención Constituyente, señora Elisa Loncón y al Vicepresidente, señor Jaime Bassa, así como a las 155 personas que componen la Convención Constitucional. Un deseo de hermandad, para que el proceso culmine con una nueva Constitución fruto de amplios consensos políticos, económicos, intergeneracionales y territoriales, y que esa nueva Constitución sea una llave para la dignidad de las amplias mayorías del pueblo de Chile”.