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Autor: María José Ferlini Cartín

UNA trabaja en la construcción de escenarios para la planificar su futuro

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Este 2021, la Universidad Nacional ha implementado la prospectiva estratégica, para la proyección de su futuro en las próximas dos décadas, es decir, generar los cambios académicos, administrativos y estudiantiles propicios, en aras de alcanzar un mejor desempeño institucional y estar preparada como universidad del futuro, ante los grandes retos que plantea el horizonte de los próximos 20 años.

La UNA viene replanteando su labor como universidad necesaria, en la búsqueda de detectar los grandes retos, de cómo enfrentarlos y de cómo actuar, para dar solución a la demanda de la sociedad que le permita de manera pertinente aportar al desarrollo de Costa Rica.

La Universidad Nacional, en este ejercicio de auto examinarse de manera crítica, ha realizado webinarios, talleres y conversatorios y mesas de trabajo con participantes de diferentes instancias de la UNA, tanto académicos, estudiantes y administrativos; donde a través de ellos se han determinado aquellas variables de transformación y sus respectivos retos, los cuales son imperantes atender en pro del objetivo propuesto.

Este 24 de agosto de 2021 se realizó el taller “Construcción de escenarios y elección del escenario apuesta”, en este sentido, con el propósito de profundizar y motivar a los participantes, el M.Sc. Juan Carlos Mora Montero, Coordinador del Proyecto Planificación Prospectiva Estratégica UNA 2040, presentó el video del experto Gerd Leonhard titulado “The Good Future: Beautiful, inspiring short film by leading #Futurist”, traducido como “El buen futuro: Belleza, inspiración en un corto video por un líder prospectivista”.

En este corto audiovisual se señala, que los medios de comunicación nos muestran un futuro cada vez más negativo, señalando problemas ambientales, económicos y políticos; sin embargo, sostiene, que si tenemos el potencial científico y tecnológico para enfrentar las circunstancias se puede cambiar el rumbo hacia un mejor futuro.

Leonhard refiere que lo primero es determinar cuál es ese “buen futuro” que esperamos, por ejemplo, respecto a la alimentación, donde mucha de la producción actual es contaminada, el buen futuro en ello sería una producción sustentable y accesible, por otro lado, respecto a la energía es necesario remplazar aquellas de origen de gas y petróleo; por su parte, la educación debe enfocarse en desarrollar en las personas esa destrezas, habilidades y competencias que las máquinas no pueden hacer, de hecho, esto va relacionado al futuro del trabajo, finalmente, en cuando al futuro de la salud, no es aquella que se enfoca en atender enfermedades, sino más bien, en mantener y propiciar una verdadera salud.

El experto concluyó en el video, que los Gobiernos deben centrarse en las personas, en el planeta, el bienestar y la prosperidad; luego la sociedad como un todo debe involucrarse en este proceso, es decir, comunicar el buen futuro que se debe crear, asimismo se necesitan expertos prospectivistas que guíen eficientemente este proceso, por consiguiente, académicos con amplio conocimiento en diferentes áreas que permitan esta construcción de futuro. También, es relevante tener una mentalidad positiva y enfocada a ello, así como, dedicarle el tiempo y esfuerzo que este buen futuro necesita, indicó Gerd Leonhard.

Mora explicó el avance de este proyecto prospectivo que ha impulsado la UNA, de ahí, rescató el Webinario “Análisis prospectivos de las carreras y profesiones del futuro UNA” realizado el 29 y 30 de abril de 2021, en el que fue posible generar un Estado del Arte sobre la responsabilidad institucional con la docencia universitaria.

También destacó los aportes de los participantes en la serie de talleres realizados a partir del 28 de junio de 2021, para determinar los factores de cambio, mismos que dieron paso a las cinco variables de transformación analizadas en el taller (24 08 21), así como los actores más relevantes que incidirán para alcanzar los retos a futuro.

En trabajo de grupos se determinaron los actores clave y se categorizaron los retos de las variables y de ahí se redactaron las ideas de cada reto a modo de párrafo, que permitiera poner en perspectiva y análisis hacia donde debe mirar la UNA para emprender los desafíos de futuro.

Un tema que ha sido tratado por los participantes refiere a la normativa institucional, y de la necesidad de que la UNA plantee estrategias tácticas, para que la misma permita vehiculizar las aspiraciones planteadas desde la visión de la prospectiva estratégica para los años venideros.

En esta sesión (24 08 21) dos fueron los grupos que presentaron ante la plenaria su análisis de los retos planteados.

Para el caso de la mesa de trabajo (Grupo 1) que atendió el reto de la Generación de Recursos Propios, a grosso modo expuso que los aspectos más relevantes para atender el tema de la generación de recursos propios son:

  • Promoción de una cultura institucional innovadora y solidaria de generación de recursos propios, que oriente la calidad, la pertinencia y la sostenibilidad de las acciones sustantivas, en su contribución en la construcción democrática, progresiva y el mejoramiento ecosocial.
  • Renovar la normativa institucional, la plataforma e infraestructura, así como capacidades técnicas y humanas que dispone la UNA.
  • Tomar en consideración los actores sociales que inciden a lo interno como es el caso de: Consejo Universitario, FEUNA, Asesoría Jurídica, la Vicerrectorías, Consejo de Decanos-CONSACA, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación-AICE, Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa–OCDE; mientras que a nivel externo: los egresados, medios de comunicación, organismos internacionales, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, diferentes instituciones públicas, la ciudadanía, Consejo Nacional de Rectores- CONARE, empresas privadas, organizaciones sociales y al Ministerio de Industria y Comercio-MEIC.

La siguiente mesa de trabajo que expuso (Grupo 4), sobre la Internacionalización de la Oferta Universitaria, sintetizó los principales aspectos a tratar:

  • El desarrollo de una oferta académica atractiva, competitiva, flexible, pertinente, multimodal, multilingüe (de idiomas y de programación) y con diversas titulaciones.
  • La integración y consolidación de redes académicas para fomentar el trabajo colaborativo.
  • El desarrollo de capacidades en el personal académico, administrativo y estudiantil para el diseño e implementación de una estrategia institucional de Internacionalización, desde la renovación de la estructura universitaria y del Consejo Nacional de Rectores-CONARE.
  • Aspirar a una universidad 4.0 sin fronteras, que atienda problemas globales.
  • Entre los actores externos que se deben tomar en consideración se citan a los diversos Ministerios, al Consejo Nacional de Rectores CONARE, Embajadas y Sistema Nacional de Acreditación-SINAES como apoyo a estos procesos y a la convalidación o trámites en CONARE que podrían jugar en contra, sino se mejoran y se actualizan los procesos para incidir en la internacionalización de la oferta académica de las universidades.

Por asuntos de tiempo, los resultados de las mesas de trabajo a cargo de los grupos 2,3,4, serán retomadas y expuestas en la siguiente sesión (Taller 4. II parte: Construcción de escenarios y elección del escenario apuesta-31 08 21). De esta manera, contar con los insumos para pasar a la etapa siguiente y poder ir delineando las hipótesis de los escenarios que la UNA asumiría al 2040.

 

Por:
M.Sc Daniel Alejandro Cavallini Espinoza-Académico EPPS-UNA
M.Sc Efraín Cavallini Acuña-Académico EPPS- UNA

dce/eca- 24 08 21

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Cátedra Solidarista Alberto Martén

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La evolución del Solidarismo y su incidencia se puede apreciar mediante los datos más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al 30 de septiembre de 2019. Éstos indican que en el país existen 1483 Asociaciones Solidaristas provenientes de empresas del sector privado en un 92,6%, así como de organizaciones e instituciones del sector público correspondiente al 7,4%), que benefician a un total de 361.642 trabajadores asociados, correspondiendo a una tasa de asociación Solidarista del 23% de la población asalariada del país.

La Escuela de Planificación y Promoción y Social-EPPS, mediante acuerdo: UNA-CO-EPPS-ACUE-258-2020 del 11 de setiembre de 2020, creó la Cátedra Alberto Martén Chavarría, constituyéndose en un espacio académico, donde se fomentará la discusión, reflexión, análisis, estudio e investigación sobre el Solidarismo, con participación de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, centros de educación superior, los profesionales, las empresas y los centros de investigación científica y social. Asimismo, la Cátedra divulgará la portentosa obra, la producción intelectual y las experiencias de Alberto Martén para las actuales y futuras generaciones.

En un trabajo conjunto con la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA y La Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, se abrirán espacios académicos y de comunicación para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del Solidarismo, mediante una visión académica basada en las siguientes grandes áreas: investigación, educación, capacitación y promoción, en procura de alcanzar una sociedad más solidaria, próspera y equitativa. En el marco de la celebración de los 74 años de creación del Solidarismo Costarricense, el pasado 24 de septiembre del 2021 se realizó la Inauguración de la Cátedra Alberto Martén Chavarría.

El vídeo de la inauguración se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/1497101250649731/

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Apoyo para la reelección de la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola Noguera

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Se le invita a apoyar la reelección de la Presidenta Antonia Urrejola Noguera para los Estados miembros de la OEA. Su continuidad en el cargo es fundamental para continuar con la construcción de legitimidad institucional de la CIDH de cara a las graves problemáticas que la región está atravesando. 

Considerando su importante trayectoria en este organismo y sus décadas de experiencia profesional, se le solicita el apoyo para su reelección.

Se recibirán adhesiones, (únicamente institucionales), hasta el miércoles 6 de octubre a las 11:59  p.m. a través del siguiente formulario https://forms.gle/1mHx9dxz73yAx82p8

 

Compartido con SURCOS por María Elena López.

ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.

La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.

Afectación de derechos

1.Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

2.Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”

  1. Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.  
  2. Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión

5.La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:

  1. Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.

Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique

Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.

Para más información sobre este proceso adjuntamos la página oficial de ANEP:

https://anep.cr/anep-presenta-recurso-de-amparo-contra-medida-cautelar-atipica-girada-por-jueza-contra-ministerio-de-justicia-y-paz/

 

Imagen del header tomada de: https://anep.cr/

¡Alerta internacional caso Keyla Martínez Rodríguez!

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

JUSTICIA ESTATAL BUSCA DEJAR EN IMPUNIDAD FEMINICIDIO DE KEYLA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

La narcodictadura de Juan Orlando Hernández en Honduras vuelve a ser el centro de atención de las organizaciones de Derechos Humanos en todo el mundo, por la flagrante arbitrariedad contraria al derecho y a la justicia, debido a la sentencia dictada en el caso del feminicidio de la joven Keyla Martínez Rodríguez en la Unidad Departamental N°10 de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, el domingo 7 de febrero del 2021. Keyla tenía 26 años, era estudiante de enfermería al servicio de su comunidad. Menos de tres horas después de su detención fue asesinada en dicha unidad policial. El policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento quien, aprovechándose de su posición de poder por su condición de género, agredió, torturó y asesinó a Keyla Martínez Rodríguez, en complicidad con otros policías.

Denunciamos que el pasado 11 de septiembre, en la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua, los jueces Rubén Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero y Omar Bonilla declararon parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, a cargo de los abogados Nolvia Judith Montoya y Samuel Elías Aguilar Sauceda, en la cual se modificó la tipificación inicial del delito, pasando de “Femicidio agravado” a “Homicidio simple”. Dejamos constancia de que estos jueces han sido investigados ante denuncia por los delitos de actuaciones al margen de la ley, abuso de autoridad y prevaricato según expediente No.1539903415-18 del Coordinador de la Fiscalía Regional de Comayagua.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, este procedimiento legal es muy grave y obedece a una clara intención de reducir la pena carcelaria que debería dictarse contra dicho feminicida y así, cohesionar aún más la política de impunidad e inmunidad impuesta por el régimen de Juan Orlando Hernández (JOH).

Es preocupante que el Poder Judicial del Estado de Honduras haya hecho caso omiso a recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) (10-02-2021) quienes afirman: “…que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por lo tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas” y que “las investigaciones deben orientarse a identificar no solo los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella.” El feminicidio de Keyla Martínez es el primer caso en Honduras tipificado según este Protocolo.

Destacamos que según postulados del Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, este proceso penal es una clara violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Por lo tanto, lanzamos esta ALERTA INTERNACIONAL y hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, feministas y personas a nivel nacional e internacional, para denunciar al Poder Judicial de Honduras por la evidente mediatización de la justicia y la parcialidad demostrada en el feminicidio de Keyla Martínez Rodríguez, perpetrado por el estado de Honduras. A la vez, instamos a articularnos en nuevas acciones de solidaridad y denuncia. Así mismo, exigimos al gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández que detenga todas las acciones de hostigamiento, intimidación y amenazas contra familiares de Keyla, por parte de entidades oficiales y extraoficiales.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

La terca pérdida de contacto con la realidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (9).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Si bien es cierto que resulta imposible el poder captar en todo su significado y extensión eso que, con mucha frecuencia, llamamos simplemente “la realidad”, lo más deseable es tratar de acercarnos a todo aquello que sea más cercano, a lo que efectivamente acontece o ha ocurrido en distintos momentos o trances del devenir histórico, tratando de entenderlo, para poder actuar y reaccionar con alguna efectividad frente a determinados eventos, que podrían resultar fatales o negativos para nuestra existencia, tanto como especie como en tanto individuos.

En medio del fragor de esta hipermodernidad o posmodernidad desbocada en la que vivimos, traída a cuento con suma frecuencia por innumerables autores(Marc Augé LOS “NO LUGARES” Una antropología de la sobremodernidad Gedisa editorial Barcelona 1996), como un período histórico en el que los seres humanos parecen haber decidido prescindir del uso de la razón, del análisis de la información, y de una indispensable dosis de honestidad, en la difícil tarea de hacer afirmaciones sobre numerosas, y complejas situaciones a las que nos vemos enfrentados, aunque podría resultar que simplemente todo esto responde a “otra racionalidad” o a otras percepciones del entorno, ligadas a una aceleración de la historia y del achicamiento del planeta (Marc Augé), ambos en cuanto vendrían a ser el resultado o las consecuencias más visibles de la revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones, tanto en lo referente a la velocidad de nuestro desplazamiento por el planeta, en naves y todo tipo de transporte terrestre, aéreo o marítimo más veloces, como en la velocidad creciente impresa a la noticia por las redes sociales, por lo que se ha implantado un aquí y un ahora que ya no reconocen las fronteras de los estados nacionales.

La ligereza y falta de seriedad con las que alguna gente se atreve a hacer afirmaciones, sin fundamento alguno sobre toda clase de temas, resulta ser algo abrumador y tedioso para quienes intentamos atenernos a los datos, y a la elaboración sistemática de pensamiento sobre ellos, algo que las páginas de los diarios, la radiodifusión, las televisoras y las redes sociales nos muestran, de manera cotidiana, en cientos e innumerables casos.

Es así como se olvida, con suma frecuencia, que resulta esencial la confiabilidad de la información disponible, tanto en lo que se refiere a los datos estadísticos como en cuanto al sustento de lo que suele llamarse “juicios de valor”, emitidos desde la subjetividad más profunda. ¿será por eso que tanta gente se deja decir sus ocurrencias pura y simplemente importándoles, muy poco o nada, si lo que dicen está conectado con la realidad?

Es por todo lo anterior, que como una consecuencia visible de este diálogo (más bien monólogo) que hemos venido sosteniendo en voz alta, resulta ser un ejercicio vano tratar de entender a qué se refieren algunas gentes cuando emplean ciertos términos para descalificar a otros, tanto en el orden de lo político como en el de lo social, quienes en realidad lo único que hacen es exteriorizar sus obsesiones y prejuicios.

Es así como el término “comunista” y la doctrina (o doctrinas políticas) que lo originó, el “comunismo” no pasan de ser fantasmagorías enraizadas en las mentes de quienes lo ven como la encarnación de todos los males posibles, endilgándoselo a sus adversarios o rivales políticos o sociales, todo con el propósito de sacarlos de la escena política por ser una amenaza, no sabemos si real o ficticia, tal y como sucede en el Perú del bicentenario, un lugar donde el mentado “comunismo” no aparece por ninguna parte, a pesar de su invocación constante, por parte de una ultraderecha que extravió su contacto con la realidad, después de haber perdido las elecciones frente una izquierda provinciana (a la que en vano trataron de satanizar), mucho más moderada que la que ellos ven el espejo imaginario como la encarnación de un “marxismo-leninismo”, y una “dictadura del proletariado” que nunca fueron realidad, ni siquiera en los países así llamados “comunistas”, razón por la que todo este affaire no pasa de ser un juego retórico, o a lo sumo la fabricación de un esperpéntico juego de los que nos hablaban en sus novelas, tanto el español Ramón del Valle Inclán, como el estadounidense Sherwood Anderson autor, entre otras obras de una célebre novela que tituló “WINSBURG OHIO”, por no mencionar el mítico condado de Yoknapatawpha en el Mississipi de William Faulkner, el que sólo existió en el universo de las complejas y bien tramadas novelas de este otro autor norteamericano.

El problema, a medida que avanzamos en esta vía. es que también, a manera de lo que sucede con un inmenso espejo o en una sala llena de espejos, quienes afirman ser “comunistas”, o hacen profesión de fe del comunismo como si fuera la encarnación del “reino de Dios sobre la tierra”, no importa si lo hacen desde una perspectiva secular (El filibustero del sur de los Estados Unidos que nos invadió entre 1854 y 1857, el famoso William Walker pensaba que estaba llamado a implantar el reino de Dios en la América Central nos dice el escritor costarricense Óscar Núñez Olivas en su novela “LA GUERRA PROMETIDA”, Editorial Alfaguara, varias ediciones, el que consistía en implantar o reimplantar la esclavitud en nuestro istmo, para que fuera un calco o una extensión del Sur de los Estados Unidos de aquella época), resultan incapaces de explicarnos con certeza a que se están refiriendo cuando usan, con gran ligereza los términos “comunismo” e incluso “socialismo”. Han pasado más de tres décadas desde la disolución de la llamada Unión Soviética, un hecho con el que se habría puesto fin a la llamada “guerra fría” que libraron durante casi medio siglo dos bloques encabezados por los Estados Unidos y la mencionada potencia, a la cabeza del bloque “comunista”, aunque resulta evidente que mucha gente ni siquiera se enteró de lo sucedido.

La izquierda de estas latitudes más confusa que radical, incluso aquella conformada por quienes se autodenominan orgullosamente “comunistas”, ha sido incapaz de explicarnos ¿qué fue lo que ocurrió en la Europa Central, llamada entonces “oriental” y en la Unión Soviética, la que cayó como un castillo de naipes? Nos quedaron debiendo una explicación que tuviera alguna lógica o el despliegue de una dialéctica elemental en el análisis, algo que no fuera una simple pelea entre los “buenos” y los “malos”, es por todo esto que no puedo dejar de pensar que sólo el filósofo y escritor tico chileno, Helio Gallardo, publicó en aquel entonces un fascinante libro que tituló “CRISIS DEL SOCIALISMO HISTÓRICO Ideologías y desafíos”, editado por el Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI, y fechado en San José de Costa Rica, en 1991, en cuyas páginas convendría volvernos a adentrar…de ahí en adelante, hacia los dos lados o bandos interesados, el tema parece que nos conduce a adentramos en el terreno de las fantasmagorías o en el corazón de una nueva Torre de Babel la que, como su homónima bíblica, nos impide construir algo que siquiera tenga la apariencia de sólido.

Julián Zugazagoitia: periodista, escritor y ministro republicano

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Julián Zugazagoitia Mendieta nació en Bilbao el 5 de febrero de 1899.

Su padre, Fermín Zugazagoitia Aranguren, fue director de la Cooperativa Socialista de la Casa del Pueblo de Bilbao, ejerciendo de concejal de la ciudad desde 1905 hasta 1909.

En 1914, Julián Zugazagoitia se afilió a las Juventudes Socialistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Bilbao, por el influjo paterno. En 1917, participó en la Huelga General y, por ese motivo, pasó una breve estancia en la cárcel de Larrinaga.

En 1920, Zugazagoitia fue elegido presidente de las Juventudes Socialistas de Bilbao e inició su actividad como periodista en El liberal, La Lucha de Clases y El Socialista, entre otros medios, siendo condenado a un destierro en Santoña en 1923 por un artículo en el semanario La Lucha de Clases.

En su destierro de Santoña, Zugazagoitia inició también su carrera literaria. De esos años, son sus obras Una vida heroica: Pablo Iglesias (1925), Una vida humilde: Tomás Meabe (1925), Una vida anónima (1927), El botín (1929) y El asalto (1930).

En las elecciones municipales de 1931, que acabaron con la monarquía en España, Julián Zugazagoitia fue elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En las elecciones constituyentes del mismo año, obtuvo el acta de diputado.

En 1933, Zugazagoitia fue cofundador de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, una asociación dedicada a presentar a la URSS en la sociedad española. Un año después, tuvo un papel destacado en la Revolución de Octubre, desarrollada principalmente en Asturias y Cataluña. Por su participación, cumplió condena de prisión en la cárcel Modelo madrileña.

En esos años republicanos, Zugazagoitia estuvo centrado en su actividad política, aunque mantuvo viva su faceta de periodista y escritor de la década anterior. En esa etapa de su vida, fue director de El Socialista y escribió Rusia al día (1932). Durante su estancia en prisión por la Revolución de Octubre del 34, escribió también Trabajos clandestinos, obra inédita hasta el año 2005, entonces publicada con prólogo de su nieto José María Villarías Zugazagoitia.

En las elecciones de febrero de 1936, Julián Zugazagoitia consiguió el acta de diputado por Vizcaya. Tras producirse el Golpe de Estado del 18 de julio de ese año y el inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939), permaneció en Madrid, siendo nombrado ministro de la Gobernación en 1937 por el presidente Juan Negrín.

En junio de ese año, desde su nuevo cargo, Zugazagoitia diseñó y creó el Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE), un servicio de inteligencia supervisado por él, que tenía como principal objetivo el espionaje de franquistas y anarquistas contrarios al gobierno republicano. En marzo de 1938, el DEDIDE fue absorbido por el Servicio de Información Militar (SIM), es decir por el servicio de inteligencia de la Segunda República Española, el cual mantuvo su labor.

En 1937, Zugazagoitia, además, fue ministro interino de Hacienda y promovió a la navarra Julia Álvarez Resano para el cargo de gobernadora civil en la provincia de Ciudad Real, convirtiéndose ésta en la primera mujer en desempeñar el cargo en España. Desde esa fecha hasta el final de la guerra, estuvo al frente de la Secretaría General de Defensa Nacional.

Finalizada la Guerra Civil, Julián Zugazagoitia se exilió y fijó su residencia en París. En la capital francesa, dirigió la revista Norte y colaboró con el diario La Vanguardia de Buenos Aires, escribiendo artículos sobre la guerra de España. En Norte, publicó su libro Madrid. Carranza 20. Los artículos publicados en La Vanguardia fueron reunidos en 1940 en un libro importante titulado Historia de la guerra de España.

En el prólogo que le dedicó Santos Juliá a una edición moderna del libro, comentó que el autor no quiso ejercer como historiador en la obra. El propio Zugazagoitia lo escribió así: “Yo no soy, ni puedo ser, un historiador. Soy un periodista que descubre sus observaciones y sus notas, por si tienen alguna utilidad para quienes hagan, serena y fríamente, la historia de la guerra». Con su libro dedicado a la Guerra Civil Española, Zugazagoitia dejó para la posteridad y las futuras generaciones una aportación única, llena de datos y juicios serenos desde su propia y directa experiencia.

Tras la ocupación alemana de Francia, fue detenido el 27 de julio de 1940 por la Gestapo. Pocos días después, el 31 de julio fue entregado a las autoridades franquistas.

Ya en España, sufrió una parodia de juicio. Fue juzgado por militares golpistas culpables del delito de Rebelión contra la Segunda República Española, siendo condenado a muerte paradójicamente por ese delito.

De poco le sirvió en el juicio haber sido ecuánime en su famoso libro dedicado a la guerra de España, incluso a la hora de valorar el juicio y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. “¿Por qué se ejecutó a Primo de Rivera? Nunca supo nadie contestarme satisfactoriamente… Se le condenó no por lo que había hecho, sino más bien por lo que se suponía que habría hecho de encontrarse en libertad…”, escribió.

Tampoco le sirvió en el juicio el hecho de que durante su mandato intentase evitar la muerte de varios personajes del bando sublevado, como el periodista y escritor Wenceslao Fernández Flórez o el también escritor Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de Falange Española y famoso protagonista de la novela Soldados de Salamina de Javier Cercas, que relata su fallido fusilamiento en el santuario de Santa María del Collell de Girona y su huida por los bosques de Palol de Revardit hasta Cornellà del Terri.

Julián Zugazagoitia fue fusilado el 9 de noviembre de 1940, en las tapias del Cementerio del Este de Madrid; fue uno de los 14 fusilados en ese día, uno de los 953 fusilados en ese año, uno de los 2.663 ejecutados desde mayo de 1939 hasta febrero de 1944 en ese mismo lugar. Inmediatamente después, su mujer y sus hijos se marcharon de Francia rumbo a México, país de acogida de un buen número de republicanos ilustres.

Tras el final de la dictadura franquista, los ayuntamientos de Bilbao y Madrid le dedicaron una calle. Poca cosa para tan ilustre socialista vasco; para tan ilustre periodista, escritor y político republicano. Para tan ilustre personaje. Muy poca.

La complejidad de las palabras y la simplicidad del discurso del poder

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Juan Huaylupo

Las palabras son la manifestación del pensamiento, cultura, ideología, historia e identidad de las personas. En este sentido, las palabras son ricas y poseen complejas significaciones presentes en toda comunicación, las cuales trascienden la interrelación entre individuos para ser también expresiones de grupos y sociedades en tiempos-espacios particulares.

Esto es, la comunicación requiere de algunas condiciones para establecer la interacción, sin embargo, en determinados contextos la situación, condición y pensamiento distinto entre los interlocutores la inhibe porque las palabras y su articulación, no son comprendidas por no poseer significaciones ni intereses comunes. La incomunicación en el presente, es el resultado de la fragmentación y separación social, no necesariamente física, en una sociedad paradójicamente articulada e interdependiente, plagada de medios técnicos para la comunicación.

La pluralidad social en el presente globalizado requiere de la comunicación porque es un requisito necesario para la convivencia, para la vida en comunidad y para nuestra socialización como seres humanos en un mundo integrado e interdependiente. Sin embargo, a pesar de su necesidad social e histórica, la incomunicación está presente y nutre muchas de nuestras relaciones sociales y políticas con el poder prevaleciente.

Se podría afirmar que, la incomunicación es una condición patológica de la sociedad contemporánea, que impide el conocimiento entre unos y otros, a pesar de una extensa e intensa relación en la diversidad de nuestra cotidianidad.

La incomunicación no solo es una separación con quienes tenemos que convivir, es una ruptura con los otros, a los cuales les niegan absurdamente tener comunidad de intereses y anhelos compartidos. La incomunicación es antagónica a todo proceso democrático, no representa el interés de todos ni el respeto al pensamiento, actuación e ideologías distintas a la propia. Es parte consustancial de un proceso político totalitario que crea enemigos, que separa lo que está unido, que desprecia y pretende desaparecer a los otros, y que en pulsión suicida asesina a quienes sustentan su existencia.

La actuación y pensamiento idéntico entre las personas, no existe, todos somos distintos, nunca máquinas estandarizadas, como tampoco contendientes ni enemigos. Creer que las diferencias son separaciones absolutas, es asumir absurdas posiciones totalitarias que auguran confrontaciones y guerras infinitas de destrucción contra la humanidad.

Gran parte de los medios de comunicación en Costa Rica, son ejemplos de la incomunicación, porque con la mercantilización de las noticias pueden decir cuanta falsedad quieren sus contratantes, privados o gubernamentales, además de mentir, calumniar y difamar, crean miedos y desconfianza informando sobre asesinatos, asaltos, fraudes y accidentes. Así, promueven ilusiones, frustraciones y disputas entre los seguidores del futbol, mientras se enriquecen los negociantes que usurpan y corrompen el deporte popular.

Esos medios no son públicos, son privados, se imponen con palabras parciales y parcializadas que ofenden la inteligencia e impiden el pensamiento complejo, así como simplifican la complejidad de los acontecimientos y realidades. La veracidad y la pluralidad del pensamiento, así como el debate serio, plural, comprometido, sobre los derechos ciudadanos, la democracia, la planificación o el desarrollo nacional, están ausentes en dichos medios, no obstante, están protegidos y mantenidos por el poder. Los propietarios de los medios encubren su funesta actuación con la honestidad, honradez y sacrificio de muchos otros periodistas, que en honor a su compromiso social denuncian a gobernantes ilegítimos, a los corruptos, así como defienden la institucionalidad pública y los derechos ciudadanos.

Las palabras del discurso del poder en Costa Rica están dirigidas a las mayorías trabajadoras para ocultarles que son ellas quienes sustentan los ingresos fiscales y que son los generadores de las ganancias y riquezas privadas. También para imponerles decisiones y acciones, como verdades absolutas, de las cuales supuestamente depende el bienestar y la existencia de los trabajadores, a pesar de que los perjudica y empobrecen. Asimismo, el discurso del poder se dirige a las mayorías para buscar apoyo y legitimar su poder con mentiras y demagogia. Esas intencionalidades del discurso del poder dictatorial, hacia los trabajadores, es para mantenerlos pasivos, obedientes, engañados, confundidos, enfrentados, enfermos e incomunicados para posesionarse en el poder dictatorial.

Las tiranías requieren de esas palabras y discursos, no para dialogar ni concertar, sino para imponer las decisiones y acciones contra quienes les han negado la palabra y no son escuchados. El discurso del poder no solo son palabras del mandatario, también hablan y actúan las leyes, los medios, la educación formal, la administración pública, la religión o “las fuerzas del orden”, que contribuyen con la difusión de sus palabras y miedos a la consecución de los propósitos del poder.

La incomunicación social es una condición privativa del poder, pero ninguna tiranía es eterna, como tampoco lo es la incomunicación. El fracaso del discurso del poder, es la imposibilidad de seguir dominando y explotando, es la absurda pretensión de eternizar un poder irracional, sin horizonte histórico. El pensamiento y conciencia crítica y disidente, son la esperanza para reconstruir una sociedad plural y un mundo mejor.

¿Cómo explicar que los empresarios se les exima pagar las deudas al seguro social, cómo se permite la elusión y evasión tributaria y el no pago de intereses moratorios, a pesar que fueron cobrados en las mercancías y servicios que venden?, ¿cómo es posible que un mandatario afirme que fue electo para emitir criterio?, ¿qué podemos esperar de un Estado que pregona democracia y libertad, cuando impone acciones contra el pueblo que dice representar?, ¿cómo confiar en alguien que defraudó y traicionó la decisión electoral del pueblo?

Al parecer las palabras y acciones de los autócratas, de los intelectuales del sistema, de los propietarios de los medios y del capital, revelan transparentemente el cinismo de su poder. Es lamentable que aún no podamos democráticamente destituir al mandatario, dado que no tiene la solvencia moral de renunciar ni reconocer su traición al pueblo costarricense. Nuestra población será callada y disciplinada, pero no es ignorante ni tonta, son tales, quienes creen engañar y defraudar eternamente al pueblo.

Imagen: https://steemkr.com/spanish/@luzmar/el-poder-del-discurso

Respecto a la venida de personal del FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Ureña Cascante

Se tiene certeza al señalar, que ex compañeros del Ministerio de Hacienda, hoy día forman parte de la planilla del FMI.

En fechas pasadas, casos como el de Juan Carlos Pacheco, quién fue viceministro en Hacienda, y otras personas de las que no vale el interés señalar, ingresaron a ese gigante de las finanzas estatales.

Hoy excompañeros laboran para ese ente financiero, lo que nos agrada realmente, porque sabemos que en mucho podría contribuir a dotar a Costa Rica, quizás de mejores condiciones, no favoritismo, pero si mejores condiciones para un dinero, para utilizarlo en paliar un problema financiero, viendo a Costa Rica, como una empresa, con pandemia COVID.

Si usted lector, fuera el analista financiero del FMI buscaría primero saber qué activos podrían ser líquidos, en una razón de apalancamiento financiero alto, para hacerlos exigibles como una garantía real y absoluta de recuperación del dinero prestado.

Nadie presta de regalado, siempre hay intereses que pagar, pero una administración audaz, conseguirá condiciones, plazos e intereses aceptables y razonables para respaldar ese dinero, sin que para ellos requiera vender entidades como FANAL, como RECOPE, como el INS, etc., en fin, no entregar las Joyas de la Abuela.

Así las cosas, si Costa Rica, es garante de pago, hay préstamo, pero lo malo es que las condiciones no son tan flexibles o buenas para la realidad que vivimos, o tan buenas como las realizadas por un gurú financiero, contra un simple patrono que conoce poco o casi nada del tema, de ahí, que su fortuna o activos se puedan ver comprometidos por una mala negociación.

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos ….

En consecuencia, como las finanzas del país son una “caja de pandora”, podríamos estar empeñando esas joyas de la abuela, pero una cosa también es claro, este gran desorden provocado por una mala concentración de directrices y competencias materiales institucionales, nos asegura que hay dinero y mucho, ejemplo el INS, se señala tiene reservas para pagar tes veces Costa Rica en un terremoto Nacional, Recope, con la venta de gas y gasolina es muy rentable, Y si así sacamos las autónomas, hasta da para que se roben en casos COCHINILLA, en IVM, la 1856 y hasta para proponer llevar el ROP o IVM a inversiones internacionales.

¿Cómo es la cosa? Pues se lo dejamos de tarea, el FMI puede ser bueno, en la medida que podamos obtener la condición mínimo deseable, de lo contrario, hipotecar a Costa Rica no tiene sentido.