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Autor: María José Ferlini Cartín

Los 200 años de la República de Costa Rica

(Conferencia del Historiador Vladimir de la Cruz, en el acto de Clausura del XXXIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patología, SLAP, realizado en San José, Costa Rica, los días 25 y 26 de setiembre del 2021)

Celebramos en Centroamérica, y en Costa Rica, los 200 años de la Declaración de la Independencia de España.

Con la celebración del Bicentenario deberíamos estar valorando el desarrollo de nuestros países durante estos 200 años. Sin embargo, la atención de los historiadores y especialistas, así como de los comentaristas de diverso tipo, no han atendido este proceso histórico y, por el contrario, se han concentrado en recordar la fecha de la Independencia, de acuerdo al Acta de Independencia de Guatemala del 15 de setiembre de 1821, que actuó como detonante de las Declaraciones de Independencia de El Salvador, el 21 de setiembre, de Comayagua, Honduras, y de Nicaragua, el 28 de setiembre y de Costa Rica, el 29 de octubre.

Los sucesos que provocaron la Independencia de Guatemala, entonces, la cabecera de la vieja Capitanía General de Guatemala, del Reino de Guatemala y de la Diputación de Guatemala, según lo queramos considerar, fueron el resultado de luchas anteriores.

En 1808, el costarricense, joven estudiante de Medicina en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, Pablo Alvarado Bonilla, el 15 de setiembre de ese año, enterado de los sucesos de ocupación francesa de España, y ante los movimientos que se orientaron a favor de la monarquía, inmerso en las ideas de la Ilustración que ya se conocían en Guatemala, y de los grupos que a su alrededor se formaban con sentido republicano e independentista, se alejó de esas posiciones exaltando opiniones contra la presencia española.

Las mismas razones de protesta y de lucha contra la ocupación francesa de España eran válidas para los movimientos anti españolistas e independentistas de la América Hispana. La lucha contra la ocupación francesa de España era igualmente válida contra la ocupación española de América, la lucha por la Libertad de los españoles de Francia, era igualmente válida de la libertad de los americanos de España, la lucha por la Independencia de España de la ocupación francesa era igualmente válida de la independencia de América de la ocupación española, la lucha por la expulsión de los ocupantes y usurpadores franceses de España era también igualmente válida en América, de la expulsión de los españoles y del cese de su autoridad colonial.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, de carácter pontificio, como lo fueron prácticamente todas las universidades durante la colonia, fue fundada en 1681. La práctica médica durante esos años de la colonia fue fundamentalmente asistencialista en los dos hospitales que se fueron creando en Guatemala, administrados por órdenes religiosas.

Desde la fundación de la Universidad se dieron los estudios de Medicina, iniciados el 20 de octubre de 1681. Así, puede considerarse a la Universidad de Guatemala como la primera del imperio hispanoamericano en desarrollar estudios de Medicina, en tener una Cátedra de Medicina, en tanto en México, en el Virreinato, la carrera de Medicina se estableció hasta 1729.

Los médicos Manuel de Avalos y Porres, Joseph Felipe Flores y Narciso Esparragosa y Gallardo marcaron los primeros pasos de los estudios de Medicina en Guatemala colonial. Estos médicos influyeron, en su formación, a discípulos que en los días de la lucha por la Independencia destacaron, como médicos comprometidos en esta lucha, entre ellos, a Pedro Molina, uno de los más prominentes patriotas, liberal y luchador por la Independencia.

El estudiante de medicina Pablo Alvarado se formó en esos últimos años de la colonia, al calor de estos ilustres médicos guatemaltecos, inquietos políticamente y comprometidos en la lucha anticolonial.

Así el 15 de setiembre de 1808 publicó Pablo Alvarado unas notas en El Hispanoamericano, que le provocaron la cárcel en Guatemala, considerándose Pablo Alvarado el primero en haber caído preso por esta lucha en la Capitanía General, y de hecho en el Virreinato de Nueva España.

Su Grito de Independencia fue precursor de estos movimientos en la región. Pedro Molina, profesor de Medicina en la Universidad de Guatemala, impulsor del periódico El Editor Constitucional, luego llamado El Genio de la Libertad, donde difundía las ideas liberales, junto con el prócer independentista salvadoreño José Matías Delgado, ambos eran amigos de Pablo Alvarado.

Al declararse la Independencia en Guatemala junto con la copia que se envió a las Provincias de la Capitanía, Pablo Alvarado envió escritos a los costarricenses para apoyar la Independencia. Días después, proclamada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821, había enviado escritos que fueron la base de la redacción de la Primera Constitución Política de Costa Rica, que se denominó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia.

Así, con el Acta de Independencia de Guatemala operando como el detonante de la Independencia, el resto de las Provincias lo hicieron de seguido, terminando esas Declaraciones con la de Costa Rica.

Entre el Grito de Independencia de Pablo Alvarado, en 1808, y los días que precedieron la Declaración de Guatemala, en Centroamérica, el 15 de setiembre de 1821, se dieron una serie de movimientos anti españolistas e inconformistas que prepararon el rompimiento con el orden colonial español, entre ellas en 1809 la insurrección en Ciudad Real de Chiapas, en 1810 el intento del Ayuntamiento de Guatemala de desconocer el Consejo Supremo de Regencia y establecer la autonomía del Reino de Guatemala, en 1811 la sublevación de San Salvador, León y Granada de Nicaragua, Honduras, en 1812, la sublevación de Chiquimula en Guatemala y la Segunda Conspiración de San Salvador, en 1812 y 1813 la Conspiración de Belén en Guatemala, en 1814 la Conspiración de San Salvador, y en 1812 las protestas contra los estancos y estanquillos en Costa Rica.

A ello se sumaron las luchas internas en el Virreinato de México que culminaron en febrero de 1821 con el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, quien también se proclamó emperador, invitando a la anexión a su Imperio, arrastrando a las Provincias de la Capitanía General de Guatemala a sumarse.

Declarada la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821, se inició la marcha de estos 200 años, que se acaban de celebrar el pasado 15 de setiembre, que se tiene como fecha oficial de celebración de la Independencia de Centroamérica. En Costa Rica se celebrará el próximo 29 de octubre.

El arranque inicial, por impulso de la Declaración de Independencia de Guatemala fue la convocatoria a un Congreso centroamericano para tomar una decisión conjunta, ya declaradas las independencias de cada provincia, para valorar la continuidad de una unidad política regional, en período independiente, como se había tenido y vivido en el período colonial.

Así entramos a partir de 1823 a las llamadas Provincias Unidas de Centroamérica y en 1824 a la República Federal de Centroamérica, siguiendo el modelo de federalismo que se había constituido en las colonias que se habían independizado de Inglaterra, las que impulsaron la creación de los Estados Unidos.

Como símbolos de las Provincias Unidas y de la República Federal se imitó la Bandera de Argentina en sus colores, celeste, blanco, celeste, de igual forma, que la creó Manuel Belgrano, ya enarbolada el 27 de febrero de 1812 que, junto con su Sol, recuerda la gesta del 25 de mayo de 1810, cuando inicia el proceso independentista en el Virreinato del Río de la Plata.

Bajo la Federación Centroamericana, con un régimen presidencialista, y la constitución de los tres poderes clásicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, impuso la creación de Estados en las antiguas Provincias coloniales, de manera que a partir de 1824 empezamos a tener la forma de Estado de Costa Rica, con la estructuración de los tres poderes políticos.

Las Provincias Unidas de Centroamérica dio paso a la República Federal de Centroamérica, que por circunstancias internas, se desagregó de hecho en 1838. Costa Rica, bajo la Jefatura de Francisco Morazán, en 1842 intentó reunirla de nuevo. Sin embargo, por la caída de Morazán y su fusilamiento en setiembre de ese año, este proyecto federal fracasó. Costa Rica bajo la Jefatura de Estado de José María Castro Madriz declaró la República el 31 de agosto de 1848, elaboró su nuevo símbolo nacional, la Bandera, siguiendo los colores de la Bandera de Francia y lo que ellos enarbolaban de la Gran Revolución Francesa.

Durante el período de 1821 a 1823 Costa Rica estuvo gobernada por una Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas. La primera, nombrada el 12 de noviembre de 1821, la cual impulsó la redacción de la Primera Constitución Política, el 1 de diciembre de ese año. Las otras dos Juntas impulsaron dos Estatutos Políticos dando origen a nuestro desarrollo constitucional, que desde esos tiempos hasta hoy ha tenido 13 Constituciones Políticas, 11 de ellas entre 1821 y 1871, período clave en la gestación del sólido Estado Derecho que se ha formado en el país. La última, y vigente, Constitución viene desde el 7 de noviembre de 1949

La estructuración política del país se ha mantenido con los tres poderes clásicos. De excepción el Poder Legislativo, en breves períodos, ha tenido un sistema bicameral, con Congreso y Senado. La última vez que existió el Senado fue entre 1917 y 1919.

Desde los días de la Independencia se establecieron mecanismos de elección de autoridades políticas y de representantes populares, que con el tiempo se han ido perfeccionando, y de amplia participación ciudadana en cabildos y ayuntamientos. Al inicio el sistema electoral era muy excluyente. No podían votar las mujeres, los analfabetas, los que carecieran de cierto monto de ingresos o rentas. Había un sistema de elección de Electores, entre los que tenían la capacidad de votar o la condición de ciudadanos políticos, y de votación de segundo grado, donde los electores escogían entre ellos a otros que finalmente votaban o elegían, y lo hacían de manera pública.

Con motivo de unos sucesos que se interpretaron como una intención de posible fraude a favor de un candidato en la elección de 1889, que tenía esas condiciones de elección, se produjo una movilización ciudadana, entonces cercana a los 5000 habitantes, cerca de medio millón hoy, entre ellas mujeres para hacer respetar el resultado electoral. Ello, dio origen a que esa fecha 7 de noviembre de 1889, haya sido declarada como fecha de la Fundación de la Democracia Nacional, asociada en este caso a la defensa de un resultado electoral.

De esta fecha destaca la participación de las mujeres en esa lucha cívica que dio base para que el Presidente José Joaquín Rodríguez, 1890-1894, favorecido por esa elección, empezara a hablar del reconocimiento de voto de las mujeres, lo que se alcanzó hasta la Asamblea Constituyente de 1949, que estableció el voto universal, a pesar de que desde ese momento, 1889, se empezara a agitar la idea del sufragio femenino, más tarde alentado por la Liga Feminista y sufragista, y por intenciones que así se plantearon en la Asamblea Constituyente de 1917 y en otros movimientos políticos.

De esa fecha, del 7 de noviembre de 1889, destaca también el surgimiento de un régimen electoral basado en partidos políticos, de manera que desde esa época hasta hoy solo por medio de partidos políticos los ciudadanos pueden aspirar a cargos de elección popular.

En 1913 se introdujo la reforma electoral del voto directo de los ciudadanos, eliminando el voto indirecto, pero manteniendo aún el voto público, que se eliminó en 1924 cuando se estableció el voto secreto. Más tarde, en 1935 se realizó otra modificación en el sistema electoral que estableció que los resultados electorales para elegir presidente se resolvían con el 40% o más de los votos a favor de un candidato, lo que le empezó a dar más estabilidad al sistema electoral y al resultado de las elecciones.

Hasta 1948 los resultados electorales se pasaban al Congreso para conocer de los mismos y resolver sobre ellos, si fuera del caso, cuando no se alcanzaba, en esa época, el 50% de los votos por algún candidato.

Las leyes electorales que venían funcionando hasta 1948 daba esa facultad al Congreso y los Tribunales Electorales que operaban eran muy controlados por el Poder Ejecutivo. Esto empezó a corregirse en 1946 y en 1949 cuando se constituyó el Tribunal Supremo de Elecciones como un Poder de Estado, absolutamente independiente y director con facultad declarativa de los procesos y resultados electorales.

La integración de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones es de elección de la Corte Suprema de Justicia. Interesante es que el Tribunal Supremo de Elecciones desde que se declara el período oficial de elecciones, y se convoca a las mismas, a inicios del mes de octubre, del año anterior a las elecciones, hasta 3 meses después de las mismas, todas las autoridades policiales y de seguridad del Estado quedan bajo la potestad y mando de este Tribunal para asegurar el mismo proceso electoral y evitar cualquier intromisión política de gobiernos que pudiera haber. De igual modo es prohibido a los miembros de los cuerpos policiales y de la Fuerza Pública durante el día de las elecciones asistir a los recintos electorales con armas. Como ciudadanos en ejercicio de su función policial deben presentarse, a las urnas, para emitir su voto, sin armas. Los recintos electorales están al cuidado de Juntas Electorales compuestas por ciudadanos, así como las mesas electorales están bajo el cuido de delegados que nombran, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos políticos.

Los otros avances en materia electoral dentro de estos 200 años de Independencia, es el voto de los jóvenes mayores de 18 años logrado en 1994, y especialmente las leyes que se han ido aprobando para asegurar la mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la participación como candidatos a elección, así se llegó a la paridad vertical en las listas de diputados y se avanzó a la paridad horizontal, obligando a los partidos políticos que participan en varias provincias a que también haya igualdad de posibilidad electoral en los primeros puestos de elección por provincia.

Administrativamente con la Independencia se tuvo un país que era una unidad en sí mismo, sin ninguna división interior. Costa Rica como región era una parte de la Capitanía General de Guatemala y de la Diputación de León de Nicaragua. Al independizarnos la región se mantuvo tan solo dividida por la presencia de los distintos pueblos, villas y ciudades existentes. En 1824 se unió a Costa Rica el Partido de Nicoya, que era una región territorial autónoma entre Nicaragua y Costa Rica, dependiente tanto de Guatemala como de Nicaragua en distintos aspectos administrativos de la colonia.

Con la Independencia, la población del Partido de Nicoya, por plebiscito, el 25 de julio de 1824, acordó su agregación a Costa Rica. Esto facilitó para que en 1835 se estableciera una división interna territorial que comprendía tres Departamentos, el Oriental y el Occidental, que se dividían en el Valle Central del país, y el de Guanacaste como se conocía el Partido de Nicoya. En 1848 con el Dr. José María Castro Madriz se estableció la actual división administrativa por Provincias. En ese momento cinco, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y dos Comarcas, Puntarenas y Limón, que luego alcanzaron la condición de Provincias. A su interior se fueron creando Cantones y al interior de los Cantones se crearon Distritos administrativos. Actualmente el país se constituye de 7 Provincias, 82 Cantones y alrededor de 487 Distritos.

Las Provincias hasta 1998 tuvieron de autoridad superior un Gobernador, cargo que fue eliminado ese año. Se fortalecieron los órganos de representación popular cantonal y distrital con Consejos Municipales y Consejos Distritales, y a partir del año 2002 con Alcaldes cantonales, cuya elección separada de las elecciones nacionales se hace desde el 2010, para darle más importancia a los gobiernos locales.

Desde 1821 se empezó a fortalecer la educación y los valores cívico ciudadanos. La educación en la colonia fue muy reducida, muy pocas escuelas con una orientación de enseñar a leer, escribir y contar. En 1814 se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás que fue un bastión importante, a pesar de las limitaciones de época, de divulgación de las ideas liberales.

Con la Independencia, y bajo la dirección del primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que era educador, se dio impulso a las escuelas con apoyo municipal, tanto para la educación de niños como de niñas. Más tarde, en 1847, se fortaleció la enseñanza de mujeres y hacia 1885-1887 se produjo una revolución educativa bajo la dirección del Ministro de Instrucción Mauro Fernández, fortaleciendo la educación secundaria y la formación de maestros. Esto se fortaleció luego con otras reformas impulsadas, entre otros, por Miguel Obregón Lizano, otro Ministro de Instrucción, que también impulsó Bibliotecas, entre ellas la Nacional, que esta semana acaba de ser declarada Institución Benemérita Nacional.

En 1914 se creó la Escuela Normal, en la ciudad de Heredia, para la formación y preparación de maestros y profesores, que en esos días jugaron también un importante papel en la lucha contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919, con cuyas movilizaciones junto a las luchas populares y el movimiento cívico militar encabezado por Julio Acosta la derrumbaron.

Dentro de esos alcances educativos estuvo la Reforma Liberal que, desde 1882, separó la educación religiosa de la enseñanza pública estatal, lo que se mantuvo hasta 1940, junto con otras reformas liberales de julio de 1884, que también se mantuvieron casi todas hasta 1940.

La Universidad de Santo Tomás creada en 1843 fue cerrada en 1888, manteniendo unas pocas áreas de estudio abiertas. En ella se impulsaron los estudios de Medicina, con poca participación de estudiantes. Los jóvenes que deseaban estudiar Medicina lo hacían yendo a la Universidad de Guatemala, o a la de León de Nicaragua, que se había fundado al calor de los sucesos de Cádiz. Unos pocos, a partir de la década de 1840 pudieron ir a estudiar a Europa, especialmente con motivo de los primeros contactos comerciales de exportación de café a partir de 1843.

En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica y en 1956 dentro de ella la Escuela de Medicina. La Universidad de Costa Rica por su proyección regional centroamericana es la más importante en investigaciones y programas académicos. La Escuela de Medicina ha sido modelo de formación de médicos desde su creación. Hoy Costa Rica tiene una medicina de primer mundo prácticamente en todos los campos médicos, disciplinas y especialidades.

La educación ha sido un gran motor del desarrollo nacional. En el siglo XX ha tenido grandes reformas. En 1956 la reforma que amplió y fortaleció la escuela primaria y secundaria.

A nivel universitario se diversificó los estudios. La escuela privada se desarrolló como complemento de la pública. A partir de la década de 1970 se amplió la educación superior pública que hoy tienen seis universidades, y a nivel privado hay 50 universidades y más de 60 instituciones parauniversitarias. La población estudiantil de escuelas y colegios alcanza el 1.200.000 niños y jóvenes, hoy gravemente afectados en sus estudios por el impacto de la Pandemia del Coronavirus, que ha sacado del proceso educativo a cerca de 120.000 estudiantes en el último año.

Las tierras que pertenecieron al Rey y a la Corona durante al período colonial, al momento de la Independencia pasaron a ser tierras estatales, conservando y respetando los títulos que en el régimen colonial se habían dado a particulares. Esto hizo posible importantes políticas de colonización por parte del Estado desde 1821 hasta 1948 cuando todavía se daban tierras para colonizar o había grupos sociales, políticamente organizados, que luchaban por tierras para colonizar. Esto permitió desarrollar un régimen de pequeña propiedad muy desarrollado asociado al cultivo del café principalmente, producto que se había introducido en el país a finales del siglo XVIII.

De ese período traíamos como cultivo principal el tabaco, y se tenía el cacao, además de otras actividades productivas o agro productivas, como la ganadería. Hacia la década de 1840, sobre experiencias del cultivo de caña en la colonia, se vuelve a activar sus cultivo en Valle Central.

Desde 1819 hasta 1844 se explotaron minas en los Montes de los Aguacates, en el Valle Central, que sirvieron de acumulación de riqueza que fue reinvertida en café y caña de azúcar en esos años.

En 1843 se empezó a realizar comercio de café con Europa. Fue exitoso y poco tiempo después se fortaleció dando origen a la construcción de la vía férrea al Atlántico, como se denominaba la región Caribe. Para ello se trajo a contratistas extranjeros que entre 1870 y 1884 terminaron la construcción del Ferrocarril al Atlántico. De ello derivaron beneficios para los contratistas que estimularon las plantaciones de banano en toda la región Atlántica caribeña y de explotaciones mineras en las regiones norte del país, en los distritos de Abangares y de Tilarán.

Junto a los constructores del ferrocarril se abrió el país a procesos migratorios fuertes tanto para trabajar directamente en esa obra, dado que la mano de obra del país no podía desplazarse a esos trabajos por estar, prácticamente empleada en su totalidad a los cultivos agrícolas de Café y Caña de azúcar en el Valle Central. Aquí hubo migraciones de negros traídos de Panamá, cesantes de los trabajos en la construcción del canal cuando paralizaron su obra, y de Jamaica.

Igualmente trajeron ciudadanos de Italia y chinos que eran literalmente comprados, bajo la fórmula de contratos de trabajo con los cuales podían adquirir su libertad laboral.

También migrantes de Europa, de todos los países, en la segunda mitad del siglo XIX, que se proyectaron en los campos de la cultura, la educación, las ciencias, las artes, la ingeniería y la arquitectura, y en la medicina.

El progreso social y material que se iba desarrollando con la Independencia cubrió las preocupaciones por las obras públicas básicas, las de impulsar caminos que comunicaran a los principales pueblos el Valle Central y del resto del país, especialmente hacia los puertos del Pacífico y en la búsqueda de la ruta hacia el Caribe. Se dio la preocupación por el saneamiento público, letrinas, aceras y desagües en la construcción de poblados, desarrollo de hospitales, el Leprosario o Lazareto y luego el Hospital San Juan de Dios en 1845. A finales del siglo XIX ya había varios hospitales en otras partes del país y se habían desarrollado los llamados médicos de pueblo.

Se impulsó el consumo de agua potable con una cañería pública en 1865. Desde entonces hasta hoy, en todo el territorio nacional se puede consumir o beber agua de cualquier tubo de agua de la administración pública de Acueductos y Alcantarillado.

En las actividades agrícolas se impulsaron grandes campañas de saneamiento, especialmente en la de grandes cultivos como el banano con el concurso en la década de 1920 de las Fundaciones Rockefeller y Kellogg.

En 1924 se creó la Secretaría de Salud que jugó un papel muy importante en este sentido, y en 1928 se creó la Secretaría de Trabajo.

Intentos de políticas de seguridad social se dieron en 1917 cuando en la Constitución Política de ese año se estableció la obligación del Estado por políticas de seguridad social, lo que se logró hasta 1940 cuando se fundó la Caja Costarricense de Seguridad Social. Siendo hoy, esta institución, junto con el Ministerio de salud, los dos pilares más importantes de atención de la salud de los costarricenses, y los grandes buques insignia en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus que nos afecta a todos. En materia de salud basta señalar que en 1800 la expectativa de vida de los costarricenses era de 30 años, en 1900 era de 35 años, en 1943 era de 45 y hoy es de 82 años las mujeres y de 78 los hombres. Hoy también tenemos una zona azul, en la región de Nicoya, donde se alcanzan edades mayores de los 100 años.

En cuanto a otros eventos que afirmaron la independencia, y aseguraron el desarrollo del Estado y de la democracia costarricense podemos señalar lo siguiente:

En 1841, el Jefe de Estado Braulio Carrillo estableció lo que se llamó el Código General de Carrillo, que fue un compendio de legislación básica nacional que dejaba atrás la legislación española que todavía se usaba, por lo que se le llama el constructor del Estado costarricense.

En 1856 la amenaza de la intervención filibustera norteamericana en Centroamérica, en Nicaragua particularmente, y en Costa Rica, nos hicieron desarrollar el Ejército Nacional, pero después de esos sucesos por contradicciones políticas y económicas internas profundas, que provocaron el asesinato de Estado, de los héroes nacionales y jefes de la lucha antifilibustera, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, hicieron que el Ejército poco a poco fuera debilitándose, al reducirle sus gastos para dárselos a la educación. En 1949 en la Asamblea Constituyente se tomó la decisión de eliminar el Ejército Nacional, lo que ya se había propuesto en el Congreso en 1946. Del impacto del asesinato de Estado contra el Presidente Mora y el general Cañas se abolió la pena de muerte en 1882.

La clave más importante del desarrollo de la democracia nacional fue que en el ejercicio de la Jefatura de Estado o de la Presidencia de la República, y en el ejercicio del cargo de diputados, han predominado educadores, abogados, médicos y civiles sobre militares. Los militares casi no han ejercido cargos públicos, de tipo político, de importancia. El debilitamiento de lo militar fortaleció la educación pública, en general, y se ha alcanzado un régimen de garantías individuales, de libertades públicas y de derechos ciudadanos amplio, hoy fortalecido con políticas audaces de Derechos Humanos.

Otro elemento que caracteriza la Costa Rica de estos 200 años es que, desde el inicio de la vida republicana, aún sin imprenta, en el período 1821-1830, se estimuló prensa escrita en periódicos murales, con fortalecimiento en la libertad de opinión, de pensamiento. Con la imprenta, en 1833 aparecieron los primeros periódicos que fueron de gran vida ciudadana, de organización alrededor de ellos de grupos preocupados por la política y por la formación ciudadana. En los gobiernos del Dr. José María Castro Madriz se fortaleció la libertad de prensa y de la prensa crítica opositora al gobierno. Desde entonces se ha tendido a fortalecer el ejercicio de la libre emisión y publicación del pensamiento, y de la libertad de prensa.

Los proyectos unionistas centroamericanos, tratando de mantener la unidad regional existente antes de la Independencia, solo se dieron en el período 1823-1838, luego en 1842 y con la proclamación de la República en 1848 empezamos a caminar por cuenta propia en el escenario internacional. Se iniciaron las relaciones diplomáticas con Europa, el Vaticano y Estados Unidos principalmente. Con el Vaticano se logró en 1852 la Diócesis de Costa Rica con lo cual se creó la Iglesia Católica costarricense con autoridad propia. Antes de esto se dependía de la Iglesia de León, de Nicaragua.

La apertura a procesos migratorios, de carácter laboral, principalmente, en el siglo XIX fue importante para estimular una sociedad tolerante y solidaria, que han permitido que hoy el país se defina como una país multiétnico y pluriracial.

La Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que llegando invitados a Nicaragua en 1855, amenazaron con anexar los territorios centroamericanos a los estados sureños de los Estados Unidos y de esclavizar estos pueblos a sus intereses. Walker estableció el esclavismo en Nicaragua en 1855. La Guerra Nacional dirigida por Juan Rafael Mora, su hermano Joaquín y el General José María Cañas, con colaboración de los ejércitos centroamericanos, después de la peste del cólera en 1856, que derrota a los filibusteros, afirma la Soberanía, la Independencia y la Libertad de Centroamérica, y de Costa Rica, en lo podría considerarse la primera gran derrota, de este tipo, que sufrió Estados Unidos, el único país que reconoció a William Walker como Presidente de Nicaragua.

Desde 1849 los procesos electorales han sido bastante estables, con períodos de gobierno de 6 o cuatro años, con ligeros momentos de interrupción, lo que ha hecho en el país, una práctica democrática de ejercicio político cada vez más consolidado. Así desde 1882 el proceso político solo se ha interrumpido ligeramente en noviembre de 1889, bajo la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919, y bajo el Gobierno de Facto de José Figueres, 1948-1949.

El desarrollo municipal desde el siglo XIX fortaleció la democracia política, distribuyendo poder y aliviando tensiones políticas.

A partir de 1980 con el impulso de los Planes de Ajuste Estructural, y a partir de 1990, con la política de Tratados de Libre Comercio, que se han firmado 17, Costa Rica ingresa a un nuevo modelo de desarrollo económico, que hace girar las exportaciones de pocos productos tradicionales, café, azúcar, ganadería y algunos otros a una canasta de exportación de más de 5000 productos.

En política exterior del país ha girado alrededor de los siguientes ejes, como políticas de Estado: derecho de asilo político, defensa de la democracia y del sistema democrático, la paz, la lucha contra el militarismo y la defensa de los derechos humanos en todas sus formas, lucha y condena contra regímenes militares y dictaduras, atención de refugiados, la defensa del derecho de asilo.

La inserción en las nuevas relaciones internacionales, abiertas. Especialmente las relaciones con la República Popular China desde el 2008 ha hecho gravitar la economía nacional con otros motores, y potenciarlos en esta década 2020-2030, que se vislumbra que China llegará a ser el principal motor económico del mundo. La Incorporación a la OCDE y la posibilidad del Tratado de la Cuenca del Pacífico serían también parte estos pilares del desarrollo próximo.

Estos han sido algunos de los principales caminos de estos 200 años en la construcción de la actual Costa Rica.

Hacia el primer domingo de febrero

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.

Algo hay que decir

Por José Luis Callaci

El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.

Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.

Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.

Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.

Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.

Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.

Acuerdo con el FMI: Una agenda fallida con graves implicaciones sociales y humanas

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Elaboro este breve documento, atendiendo la solicitud que me fue formulada por la Alianza Sindical del Poder Judicial, y como insumo para la reunión que ese colectivo de organizaciones tendrá con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día lunes 3 de octubre de 2021, a las 2 p.m. Es, desde luego, una contribución completamente desinteresada, en la que no media retribución alguna.

He dividido el documento en 10 puntos, cada uno de estos atinente a una cuestión particular, aunque todas, en su conjunto, estrechamente vinculadas entre sí. Se ofrece tan solo un esbozo sintético de cada punto, siendo innegable que cada uno de esos ítems daría material para una reflexión mucho más amplia.

1) Un elevado costo social inmediato: la política fiscal en aplicación, centrada en la regla fiscal y orientada a lograr el equilibrio fiscal con base principalmente en la restricción del gasto y de la inversión pública, está teniendo severas consecuencias sociales y humanas, ya que está impactando de forma negativa en los servicios esenciales del Estado, como educación, salud, cuido, atención a la niñez, atención a los problemas de adicción, seguridad ciudadana, medio ambiente, vivienda popular, apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre tantos otros. Las negativas consecuencias de todo esto, se agigantan en vista de las extendidas devastaciones sociales y humanas que está dejando la pandemia del Covid-19. Es muy llamativo que sean tan escasos, prácticamente nulos, los esfuerzos que se hacen por combatir el muy cuantioso fraude fiscal, como asimismo resulta notorio que se enfaticen impuestos sobre salarios y sobre el consumo, prescindiendo de tributos de un carácter más progresivo. Es decir, al costo social asociado a esta opción estrechamente fiscalista, se le suma una opción ideológica favorable a los grupos más ricos y solventes de la sociedad costarricense.

2) Graves implicaciones en el mediano y largo plazo: esa política, unilateral y rígidamente fiscalista, reduce la inversión pública al mínimo. De facto, la bloquea. Ello implica posponer inversiones que para Costa Rica son necesarísimas, en áreas clave: educación, cuido, transporte público, vivienda, sanidad, energías alternativas, ciencia y tecnología, conectividad, acueductos, tratamiento de aguas, espacios públicos, arte y deporte, parques nacionales, recuperación de las ciudades, etc. Esto imposibilita que la economía se modernice y diversifique, que se alcance el deseable equilibrio en los niveles de desarrollo de las distintas regiones del país, y que se logre elevar los bajos niveles de productividad que la caracterizan, pero, asimismo, esto siembra a profundidad condiciones que generarán mayor exclusión y desigualdad social. Literalmente, se está destruyendo el futuro y se está legando un país en ruinas a las generaciones jóvenes y no nacidas.

3) El sesgo ideológico de las políticas monetarias: Las políticas económicas obsesivamente fiscalistas, siguen siendo acompañadas de políticas monetarias centradas en el control de la inflación, las cuales solo se flexibilizaron de forma muy limitada durante el contexto de la crisis asociada al Covid-19. La inflación permanece por debajo del límite inferior de los rangos oficialmente definidos por el propio Banco Central, lo cual para este no es motivo alguno de preocupación, como en cambio sí enciende todas las alarmas el simple hecho de que la tasa de inflación se aproxime al punto medio del rango establecido. Y, entretanto, los niveles de desempleo continúan siendo altísimos, con un ritmo de recuperación del empleo muy insatisfactorio y niveles de informalidad que, tras descender durante los meses más agudos de la crisis, están retornando a sus cotas históricas (alrededor del 45% de la población ocupada). El Banco Central, dominado por un sesgo ideológico que se desentiende de la catástrofe del empleo y es totalmente insensible frente a las realidades de la vida de la gente, sigue siendo una institución opaca que, parapetada detrás del dogma de la “autonomía”, es complaciente con los intereses financieros, mientras permanece invulnerable a cualquier ejercicio democrático de rendición de cuentas.

4) La exclusión de las mujeres: las tasas de desempleo e informalidad son mucho más bajas de lo que potencialmente podrían ser, puesto que, por su parte, las tasas de participación en los mercados laborales y de ocupación de las mujeres son extremadamente bajas, no obstante lo cual el desempleo y el subempleo son mucho más altos entre las mujeres. Imaginar una situación de relativa paridad con los hombres, implicaría necesariamente la incorporación al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, de varios cientos de miles de mujeres en edad de trabajar. En las condiciones institucionales prevalecientes, y bajo las actuales realidades de la economía costarricense, y dada su extrema incapacidad para generar empleos decentes, ello elevaría los datos de desempleo e informalidad, de forma abrupta.

5) La desconexión entre las autoridades económicas y las realidades de la población: con cada encuesta que se realiza, sistemáticamente se hace manifiesto el sentimiento popular de malestar, impotencia y frustración. Hay angustia ante la deplorable situación del empleo, como asimismo las personas expresan profunda preocupación frente a las persistentes amenazas a la estabilidad económica de sus familias y las grave incertidumbres que ensombrecen su futuro. Y, sin embargo, las autoridades económicas, muy panglosianamente, insisten en tratar de hacer creer que este es el mejor de los mundos posibles. La baja inflación les llena de júbilo, mientras no se cansan de ver “mejoras” en una situación del empleo que, desde todo punto de vista, y para la gente de a pie, sigue siendo tristísima.

6) Indicadores irreales: recientemente el Banco Central publicó indicadores que muestran que la economía ha recuperado sus “niveles prepandemia”, lo cual es celebrado con gran fanfarria por esas autoridades. Los datos están evidentemente influidos, además de inflados, por una expansión desorbitada de los regímenes especiales, básicamente zonas francas. Entretanto, la economía que no dispone de las condiciones de privilegio de tales regímenes, y de la cual depende cerca del 95% del empleo total, todavía no recupera sus niveles de febrero 2020. Pero, en todo caso, hay un contraste marcado entre los indicadores de Cuentas Nacionales del Banco Central, y los datos sobre el empleo. Estos últimos logran aproximar, con cierto creíble realismo, el sentimiento de profunda preocupación y malestar que domina en la generalidad de la población, cuando los datos del Banco Central cuentan una historia completamente distinta y muy poco creíble. Se hace urgente una reconsideración crítica, ya desde sus mismas bases epistémicas, teóricas y metodológicas, de las estadísticas que elabora el Banco Central, en virtud del abismo cada vez más amplio, que las separa respecto de las realidades que vive la gente común y corriente. Estadísticas que son por completo incapaces de reflejar esas realidades de la vida, no pasan de ser un inútil ejercicio intelectual y una pérdida de tiempo.

7) Dualización estructural: Pero, asimismo, esto advierte acerca de la situación de aguda dualización que fractura a la economía costarricense. Es muy satisfactorio que varias docenas de miles de personas tengan un empleo en zonas francas, sobre todo porque en la mayoría de los casos reciben un salario relativamente más alto que los promedios nacionales. Y, sin embargo, la evidencia empírica es clarísima en el sentido de que hay un desenchufe entre las zonas francas y el resto de la economía, como es obvio que es imposible resolver los agudos problemas del empleo, si para ello el país se atiene a una estrategia unilateralmente centrada en la atracción de inversiones extranjeras destinadas a las zonas francas.

8) La urgencia de un cambio: al país le urge replantear aspectos fundamentales de su estrategia de desarrollo, lo cual no significa renunciar al aporte que los regímenes especiales brindan, pero si redefinir prioridades y reorientar políticas, de forma que se garantice a la gente su derecho a un trabajo digno y de calidad, algo que hoy le está siendo negado a una porción sustancial de la población trabajadora, según lo demuestran las elevadas tasas de desempleo e informalidad, y la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales.

9) Renunciar al futuro: las políticas de rígida austeridad fiscal que el gobierno ha propuesto al FMI, y que éste avala, imposibilitan poner en ejecución las políticas que al país le urgen. No es posible poner en marchas programas de emergencia para la generación de muchos empleos en el corto plazo, ni diseñar estrategias integrales de política pública de mediano y largo plazo, que, articuladas y concertadas con el sector privado y la ciudadanía en general, permitan avanzar hacia la modernización y diversificación de la economía, que promuevan la justicia social y la inclusión equitativa de todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones del país, que asimismo levanten la productividad, incorporen a las mujeres en los mercados laborales en condiciones dignas e igualitarias, y que respondan apropiadamente, y con sentido precautorio y de anticipación, ante los colosales desafíos del cambio climático y la crisis ambiental.

10) El FMI es corresponsable de este desastre: los costos sociales y humanos que todo esto comporta son altísimos, y ponen en riesgo la paz social y la democracia en Costa Rica. En una sociedad fracturada por múltiples desacuerdos y conflictos, esto simplemente suma motivos agudizados para que las desavenencias se profundicen, y para se aleje, más y más, cualquier posibilidad de diálogo democrático y entendimiento pacífico. El FMI está asumiendo graves, y muy sustanciales responsabilidades en relación con todo esto. En Costa Rica no lo olvidaremos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista. Alajuela, Costa Rica, 2 de octubre de 2021

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Personal administrativo de la UCR suscribió un pronunciamiento contra la Ley de Empleo Público

La iniciativa de la representante del sector administrativo fue respaldada por más de 1000 funcionarios y funcionarias de la UCR. (Foto: Archivo ODI) Foto: Karla Richmond.

A partir de una iniciativa impulsada por la representante del sector administrativo en el Consejo Universitario, la MTE Stephanie Fallas Navarro, un grupo de más de 1000 funcionarios y funcionarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) suscribió un pronunciamiento en defensa de la universidad pública estatal y en contra del proyecto de Ley Marco de empleo público (Expediente 21.336).

En el documento, que será enviado a los diputados y a las diputadas de la República, se identifican una serie de repercusiones presentes para la educación superior en esta propuesta legislativa, entre las que destacan el debilitamiento de la autonomía institucional estipulada en la Constitución Política, la afectación del modelo de educación superior pública, los derechos laborales, así como la precarización de los salarios del sector público, la invisibilización de la convención colectiva como instrumento para resguardar los derechos de la clase trabajadora y la intromisión de los intereses políticos en el quehacer universitario. Debido a esta situación, el personal administrativo de la UCR, en defensa de la educación superior pública y de los derechos de la ciudadanía costarricense, le solicitó a la Asamblea Legislativa que archive inmediatamente este proyecto de ley.

LEA EL PRONUNCIAMIENTO COMPLETO

 

Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario

UCR: Expertos costarricenses respaldan el uso de semilla asexual de alta calidad

Foro virtual «Importancia de la semilla asexual en los sistemas agroalimentarios: Análisis de los alcances técnicos, legales y comerciales».

Mediante las técnicas de reproducción asexual, ya sean convencionales o de laboratorio, se obtienen plantas genéticamente idénticas a la planta de origen. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

En Costa Rica se produce una amplia variedad de cultivos, tanto para el mercado interno como para la exportación, los cuales dependen de la semilla asexual, es decir, de métodos de propagación vegetativa. Entre ellos: el café, la caña de azúcar, el banano, tubérculos como la papa y la yuca, el camote y frutos como fresas, moras y arándamos, entre otros.

Dada su importancia en los sistemas agroalimentarios y ante la discusión del proyecto de Ley para la promoción y desarrollo de la producción y comercio de semillas, Expediente N°. 21.087, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizó un foro para analizar los alcances técnicos, legales y comerciales de la semilla asexual.

 “El objetivo del foro fue fomentar un vínculo de la UCR con el sector productivo y el sector institucional, transferir conocimiento sobre tecnología de propagación asexual y también identificar oportunidades de mejora a la legislación actual y en la que se está proponiendo” acotó el Dr. Luis Barboza, director del Centro de Investigación en Granos y Semillas (CIGRAS) de la UCR.

En el evento virtual, que se realizó el 5 y 6 de agosto de 2021, participaron personas investigadoras, profesionales en agronomía, agricultores y representantes de diversas instituciones públicas involucradas en la actividad agrícola y semillerista. Durante las charlas los expertos y expertas invitados demostraron que contar con semilla asexual de alta calidad es clave para el rendimiento de los cultivos, el progreso de los agricultores y la competitividad del país.

El programa del foro incluyó temas como: conceptos básicos de micro y macro propagación de plantas, certificación de semilla, casos y experiencias exitosas, tecnología e innovación, comercio y legislación vinculante, entre otros. La grabación de las charlas está disponible en el canal de Youtube de Ucagro por medio de este enlace.

Semilla asexual y métodos de propagación

La reproducción asexual es cuando a partir de una célula de una planta se crea otra idéntica mediante el proceso de mitosis. Las plantas obtenidas conservan la misma identidad genética que la planta de la cual se originaron, es decir, que son clones.

Este tipo de reproducción es posible gracias a la característica de las células vegetales llamada totipotencia, que es la capacidad de especializarse y formar órganos y plantas completas, explicó Esther Vargas Ramírez, investigadora del CIGRAS.

Existen diferentes estrategias y métodos de propagación asexual de plantas. Macropropagación: Entre las más comunes están la reproducción por estaca, por esqueje, injerto, estolón, bulbos, rizomas y acodos. Micropropagación: técnicas y métodos de cultivo de tejidos que se llevan a cabo a nivel de laboratorio como la reproducción in vitro y la clonación.

«Cuando hablamos de semilla, desde el punto de vista agronómico, corresponde a cualquier órgano (o fracción de órgano) vegetal que se utiliza como medio de propagación», detalló Vargas.

Múltiples actores aseguran la calidad de las semillas

En el país, entes como el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) se dedican a investigar y reproducir variedades de importancia comercial y promisorias para proporcionar a los productores materiales de alta calidad para iniciar o renovar sus cultivos.

Por ejemplo, en el CIA-UCR se reproducen y conservan semillas de papa, camotes, yuca, ñampí, ñame, tiquizque, malanga, papaya, fresas, frambuesas, moras, uvas y también plantas ornamentales y medicinales de importancia económica. Allí, el Dr. Arturo Brenes, coordinador del Laboratorio de Biotecnología de Plantas, es el responsable de propagar la semilla de alta calidad para los agricultores.

Por otra parte, el Centro de Investigación en Granos y Semillas (CIGRAS) aporta su capacidad técnica en el control de calidad, mientras que la Oficina Nacional de Semillas (ONS) se encarga de los procesos de certificación. Para las tres entidades, es fundamental proporcionar a los productores materiales de alta calidad en procura de mejorar la eficiencia en las fincas y el control fitosanitario.

Así mismo, existen organizaciones o empresas privadas como la Liga Agrícola Industrial de Caña de Azúcar (Laica), que cuentan con su propio programa de mejoramiento y reproducción de semilla. Según el agrónomo Ing. Javier Bolaños Porras, jefe del programa de productividad, esto les permite, año a año, contar con materiales adaptados a las condiciones del país y con mayor resistencia a las múltiples plagas y enfermedades (virus, hongos y bacterias) que atacan a este cultivo.

El CIA brinda asesoría a los agricultores para que puedan producir semilla de alta calidad en invernadero donde se aseguran de que las plantas se desarrollen libres de virus y enfermedades antes de ser trasladadas al campo.

Ventajas de la reproducción asexual

La Ing. agrónoma, M.Sc. Carolina Porras Martínez, coordinadora técnica de la ONS, explicó la relevancia del uso de semilla asexual de alta calidad. “Nos permite fijar características de interés agronómico en un cultivo, (como el ejemplo de la papa) lo que nos permite que después de un programa de mejoramiento, multipliquemos de manera rápida un genotipo con características que sean más deseables”.

Porras explicó que tener poblaciones más uniformes es una ventaja comercial pues facilita el manejo. Sin embargo, también representa un riesgo de pérdida de diversidad. La experta acotó que es importante, a nivel institucional, preservar la diversidad genética para contar con los materiales de los cuales vamos a depender para el futuro, a mediano y largo plazo.

Por su parte, el investigador Dr. Arturo Brenes, señala que gracias a la producción de plantas libres de virus los productores pueden tener mayor éxito en sus cultivos. Por ejemplo, en el caso de la papa, el CIA viene implementando un programa de mejoramiento genético desde el 2005 que que busca poner a disposición de los productores nuevas variedades de papa con mejores niveles de tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades que limitan el cultivo en el país.

“En papa fuimos los pioneros en la producción de vitroplantas libres de virus en Costa Rica, hemos ofrecido continuamente a los productores material de altísima calidad que es indexado para los principales virus que infectan este cultivo. Esta indexación se realiza por medio de técnicas serológicas o utilizando marcadores moleculares”, señaló el Dr. Brenes.

El cultivo de papa es vulnerable a más de 40 virus, al menos 10 de ellos son capaces de generar deficiencias importantes e incluso pérdidas de los cultivares. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Entre otras ventajas de este tipo de propagación para la producción comercial, que señalan los expertos, destaca la reducción del uso de agroquímicos para el combate de enfermedades, pues los materiales mejorados/micropropagados presentan mayor resistencia a múltiples enfermedades causadas por virus, bacterias, hongos y nemátodos que afectan la productividad de los cultivos.

Al respecto, el Dr. Luis Felipe Araúz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, destacó la importancia de la semilla certificada como parte del manejo integrado de los cultivos para evitar la degeneración de la semilla ocasionada por enfermedades y plagas que disminuyen significativamente la producción, y por tanto, reduce las ganancias de los agricultores y la competitividad del país.

Continuando con el ejemplo de la papa, de acuerdo a los resultados publicados por Andrade-Piedra 2019, Aráuz señaló que “la mejor táctica para manejar la degeneración de la semilla es una combinación de resistencia genética, manejo de semilla en finca y uso de semilla certificada”. El agrónomo, especialista en fitopatología, además destacó que “es muy importante no sólo tener plantas libres de virus sino darle un cuidado adecuado al material de siembra”.

Experiencias exitosas

El Foro: «Importancia de la semilla asexual en los sistemas agroalimentarios: Análisis de los alcances técnicos, legales y comerciales» fue organizado por la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Oficina Nacional de Semillas en colaboración con el Instituto de Investigaciones Agrícolas, la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, el Centro de Investigaciones Agronómicas y el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica.

Esta iniciativa surgió a solicitud el Consejo Universitario de la UCR que analizó la propuesta de Ley de Semillas que actualmente se encuentra en la corriente Legislativa.

Como parte de la actividad se presentó una serie de videos de casos de éxito, elaborados por el Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) de la UCR. Los videos muestran la experiencia de productores costarricenses en la reproducción de semilla asexual con altos estándares de calidad en diversos cultivos de relevancia comercial como la papa, el café y el aguacate en diferentes zonas del país.

Casos exitosos: aguacate, café y papa.
Casos de éxito en la producción de semilla asexual en Costa Rica, presentados durante el Foro: «Importancia de la semilla asexual en los sistemas agroalimentarios: Análisis de los alcances técnicos, legales y comerciales». Actividad organizada por la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Costa Rica Bicentenaria en Crisis-I Sondeo de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Costa Rica

Compartir la percepción de la ciudadanía sobre los grandes problemas que aquejan a Costa Rica, fue el objetivo principal del Sondeo abierto sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción en Costa Rica, presentado este 23 de setiembre de 2021 por la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación del Tribunal de Honor y Ética (THE) del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER), la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA y el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Esta actividad bajo la presencialidad remota, se llevó a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Semana de la Comunicación 2021 y el Bicentenario de la Democracia de nuestro país.

Para los organizadores el propósito del sondeo fue obtener la opinión ciudadana respecto a, preferencias, problemáticas, niveles de satisfacción o determinados asuntos sobre los cuales el ciudadano pueda opinar en materia de ética, transparencia y lucha contra la corrupción; a la vez poder identificar retos y necesidades del país hacia el 2040.

El Dr. Martin Parada Gómez, Vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional-UNA, manifestó, que es pertinente dar a conocer la opinión de quienes respondieron el Sondeo Abierto, en virtud de que si el ciudadano, está cada vez más informado, podrá contar con herramientas para que, con sus acciones, propicie una interacción democrática, permanente y cercana entre los ciudadanos y los decisores públicos: “De ahí, que la responsabilidad ética de la comunicación colectiva se constituye en un ámbito relevante de la esfera pública, es un cimiento de las democracias representativas, y su aporte al fortalecimiento de los valores democráticos, es invaluable, no solo, por el ejercicio de contrapesos en la corriente de opinión, sino, porque favorece un clima de opinión pública para la sana discusión ciudadana de los asuntos de interés público y garantizar el ejercicio de la responsabilidad social, y la tutela de libertades fundamentales”, indicó el Vicerrector.

El sondeo abierto se realizó en el año 2020 mediante la aplicación de un cuestionario de 81 preguntas, entre abiertas y cerradas, que abordó temas del contexto nacional, entre estos: principales problemáticas del país, rendición de cuentas, problemas medio ambientales y de la democracia; la libre expresión y ciudadanía, participación de los jóvenes, visualización de los intereses ciudadanos y el acercamiento a minorías; por otro lado, respecto a la corrupción se buscó en la línea de luchas contra esta, credibilidad de instituciones y el papel de la ciudadanía; mientras que en materia del grado de cumplimiento ético se estudió respecto a la formación ciudadana, en las entidades y en comunidades sociales; finalmente, para los medio de comunicación se indagó en la confianza en estos, lo más empleados y los desafíos éticos que enfrentan.

Según el Dr. Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, los aportes, opiniones, criterios, críticas, comentarios, recomendaciones y observaciones derivados de la participación ciudadana, instituciones públicas, universidades, sector comunicación y diversos públicos, se constituyen en insumos valiosos y centrales, para reflexionar y analizar la realidad nacional del país e identificar problemas de fondo que amenazan severamente la estabilidad de Costa Rica en el campo de la ética, los valores y lucha anticorrupción: “El modelo de desarrollo del Estado Costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado desde una mirada prospectiva de la Costa Rica de los próximos 30 años, por ello, para el combate de la corrupción se requiere de muchos frentes de lucha: la familia, la escuela, la ciudadanía, la academia y el Estado como un todo”, comentó Ortega.

El cuestionario del sondeo fue completado por un total de 236 personas, de los cuales, 118 eran hombres, 117 mujeres y 1 binario (autodefinido de otro género); los consultados que participaron formaron parte de las siete provincias del país, no obstante, la participación del GAM fue mayoritaria. (Grafico 2).

El perfil de los consultados abarca estudiantes 28%, académicos24.5%, periodistas, 15.6%, así como una participación de otras disciplinas de la comunicación como el caso de los Relacionistas Públicos, 5.8%, publicistas, 3.3%, administradores 3%, diseñadores gráficos 2.1%.

(Grafico 4)

El Lic. Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación-COLPER, expresó que desde antes de la pandemia (Covid 19), ya el Tribunal de Honor y Ética-COLPER, venía trabajando en el tema, contribuyendo así a replantear el tema ético y la lucha contra la corrupción en su justa dimensión, porque todos los profesionales deben cumplir con una escala de valores, es deber de los comunicadores cambiar la escala social: “La institución cambia de nombre a partir de la reforma a su ley 4420, y a partir de ahora se denomina Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y con eso, se amplían los horizontes de la institución, para incidir en aspectos medulares para el bienestar y desarrollo de la sociedad”, dijo Solano.

Para el Master Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética del COLPER, la realización y presentación del Sondeo Abierto se constituye en un punto de partida para evaluar el panorama social, los nuevos fenómenos sociales de nuestro país, y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la Ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía: “creemos que, al compartir la experiencia y conocimientos de los diversos públicos, se afianza el compromiso de una acción colectiva, donde la comunicación en el marco del Bicentenario de la independencia de la República, se convierte en la plataforma de la acción social, que busca contribuir a la transformación y fortalecimiento del régimen democrático de nuestra sociedad.

El Director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, Master Juan Carlos Chavarría Herrera, manifestó que: “ cuando hablamos de ética, hablamos de gobernanza, dado que la gobernanza es recuperar la confianza en nuestra institucionalidad y entre nosotros, porque es necesario como nación interiorizar conceptos claves como la ética, entender el significado de transparencia en función de un dialogo abierto, como oportunidad para construir mejoras, asimismo, comprender el concepto de participación ciudadana y llevarlo a la práctica”, indicó Chavarría.

El Master Daniel Cavallini Espinoza, académico de EPPS-UNA y coautor de la investigación, señaló que los resultados del estudio fueron contundentes, al evidenciar en el contexto nacional, la percepción de que los principales problemas que enfrenta el país en mayor medida son: la corrupción, el desempleo y la crisis política.

También se mencionan, en menor medida, pero siempre presentes, la pobreza, la economía, la seguridad, la delincuencia, la educación, el narcotráfico y la ineficiencia del sector público. (Grafico 5)

La percepción de la población apunta a la corrupción y la ineficiencia de instituciones y autoridades como principal problema ético del Estado.

Destacaron aspectos como desarticulación entre instituciones, falta de claridad sobre el papel ético que debe desempeñar la función pública frente al Estado Costarricense, desinterés de la ciudadanía, falta de rendición de cuentas, dependencia de políticas internacionales, carencia de recursos económicos y deficiencia en la gobernabilidad. (Gráfico 6)

Respecto a la satisfacción en la rendición de cuentas, se observa un alto nivel de insatisfacción general, a excepción de la calidad del agua y el papel de la investigación de las universidades públicas que resultaron bien calificadas.

Los altos niveles de insatisfacción se expresan en la realidad financiera, acciones gubernamentales, manejo de contaminación, nivel de ruido y basura en la calle. (Grafico 7)

La Master Sylvia Arredondo Guevara, Directora del Tribunal de Honor y Ética-COLPER y co autora del estudio, se refirió al tema de la libertad de expresión y ciudadanía, destacando que el 71% de los participantes del sondeo indicaron no sentirse con total libertad para expresarse como desearían en el país, ahora bien, entiéndase la libertad de expresión, según los consultados, como un derecho a pensar, expresar y opinar sin tener temor y poder comunicar lo que quiera sin irrespetar a los demás.

Como puede constatarse las opiniones expresadas en este tema plantean desafíos importantes en materia del derecho a la expresión, los mecanismos existentes para fortalecerlo y los ámbitos individuales, para ejercer ese principio; así como también, considerar las referencias al rol de los medios de comunicación. (Gráfico 9)

Dentro de los espacios idóneos donde se puede ejercer la libertad de expresión se encuentra el hogar, las organizaciones comunales y sociales, las universidades, la calle, y las escuelas y colegios. Se destacó un roll dual asignado a la Asamblea Legislativa, pues aparece en cifras muy cercanas al 50% en el total acuerdo y el total desacuerdo de que esta institución es un espacio para ejercer la libertad de expresión. También se indicó que los medios de comunicación no son espacios para expresarse libremente, ni tampoco en la iglesia. El 58.5% está de acuerdo en que la democracia en el país es garante de esta libertad. (Grafico 11)

Respecto a libre expresión entre los jóvenes, los consultados consideran que estos se informan principalmente mediante redes sociales y sitios web, incluso, el 97% sostiene que los jóvenes no emplean la televisión, periódicos escritos o la radio para este fin. Por otro lado, se anota en mayor porcentaje

(64%) que los jóvenes no tienen plena confianza sobre la libertad de expresión. (Gráfico 14)

Por otro lado, en relación con la participación ciudadana, el 50% de los consultados dijeron que algunas veces su opinión es considerada para el diseño de propuestas que en verdad beneficien a las comunidades, mientras que el 31% indicó que nunca o casi nunca se les considerada. De ahí, que se sostiene que las prioridades en estos temas deben ser dirigidos hacia la votación informada, la denuncia de abusos y la organización comunal. Además, respecto al comportamiento positivo hacia los semejantes, las valoraciones afirmativas presentaron valores bajos, a excepción de la preocupación hacia los niños. Se manifiesta una percepción de actitud negativa hacia las minorías étnicas, las mujeres, los reinsertados, los desmovilizados, las personas desplazadas por la violencia y las que poseen orientaciones sexuales diversas. (Grafico 21)

El Master Efraín Cavallini Acuña, académico y Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, compartió datos sobre la Corrupción en Costa Rica, indicando que es preocupante el dato arrojado por los consultados, quienes indican a Costa Rica como un país corrupto en un alto porcentaje de 82.9% y expresa que las valoraciones sobre corrupción han ido creciendo y han desplazado otras preocupaciones, como el desempleo o la seguridad.

El sondeo arroja como dato que las principales entidades corruptas son los partidos políticos, el gobierno central y la Asamblea Legislativa; en menor medida, las municipalidades, empresas privadas, Poder Judicial e iglesias, no obstante, quedan incluidos los medios de comunicación dentro del rango de las entidades corruptas. (Gráfico 23)

En relación con la responsabilidad de esta corrupción, se considera que los empresarios, gobernantes, funcionarios públicos y los mismos ciudadanos son los principales responsables e incluso, estos manifestaron que los principales motivos que tienen para cumplir las leyes, se deben al temor hacia las autoridades (32.6%), por deber (22%), por principios morales (23.7%). Los principales motivos para no cumplir estas leyes son el hecho de que favorecen a los poderosos (26.7%), falta de valores (44.5%), exceso de tramitologías (11.4%), desconocimiento (5.5%), entre otros.

En cuanto al conocimiento para plantear denuncias, el 50.4% indica SI saber dónde y cómo realizar el debido proceso, mientras que el 49.6% opina que NO; sin embargo, estos sostienen que las denuncias son algo, poco o nada efectivas De hecho, la mayoría de la población consultada no conoce de acuerdos, para combatir la corrupción entre el sector privado y el público, ya que un 94% de estos así lo indicaron. (Gráfico 32)

En cuanto al cumplimiento ético en la formación ciudadana, la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, inició su presentación con la interrogante: ¿Existe una crisis real de valores cívicos, éticos y morales en Costa Rica? Al respecto, se rescata que el comportamiento de los habitantes se centra en una respuesta mediana, dado que hay una posición positiva con ciertos sectores sociales, como es el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores. En la convivencia con los vecinos se señala que persiste indiferencia hacia las buenas relaciones por lo que debe fortalecerse la convivencia entre estos.

En la convivencia con las mujeres prevalece aspectos idiosincráticos, donde las mujeres no solo se auto perciben como un grupo que a veces no es respetado, sino que se refleja en elementos ideológicos y propios de la idiosincrasia. A pesar de los avances en materia jurídica el machismo parece ser más fuerte. (Gráfico 40)

Sobre el respeto hacia las personas con diversa orientación sexual queda en evidencia el conservadurismo de los costarricenses, dado que se confirman los atavismos existentes en nuestra población y la resistencia con respecto a la diferencia.

En este tema se refuerza de nuevo, cuando se consulta sobre el respeto hacia las personas con diversa orientación sexual, que sobresalen los prejuicios de manera importante, a pesar de que el país tiene una política pública y ha realizado esfuerzos en el ámbito jurídico para erradicar estas formas de actuación.

A la consulta sobre ¿cuál valor ético que está menos presente en el comportamiento de los costarricenses?, se expresa que la responsabilidad acompañada del compromiso y la lealtad a los principios éticos y morales y se rescata la transparencia y consistencia entre lo que hacen y lo que dicen. De esta manera, queda evidente a lo largo del sondeo, lo que es la ruptura de lo que se entiende como vivencia y la práctica real de esta.

Se indica a quienes atribuyen los habitantes la difusión ética, por ello, se menciona que la pprincipal entidad responsable del cumplimiento ético a nivel nacional son los Centros Educativos, la Procuraduría de la Ética, los Colegios Profesionales y los Medios de Comunicación, sin embargo, persisten ambivalencia sobre los conceptos de ética y valores.

Se resalta como resultado de este Sondeo que las Universidades Públicas, son quizás los actores mas importantes, no solo del cumplimiento de los valores éticos, sino que el sistema educativo, debe ser el principal formador en esta materia. Se hace la observación de que no hay en el sistema institucional ningún referente de formación en valores éticos para los ciudadanos. (Gráfico 60)

En cuanto al desempeño de los periodistas se dividen las posiciones de su actuar como profesional, no obstante, se hacen referencia de algunos valores, como el hecho de promover el amarillismo y de su responsabilidad profesional en la promoción de los valores, educar a los habitantes y fortalecer la democracia. Se hace referencia a las presiones sociales, políticas y económicas a las que están sometidos los periodistas. (Grafico 65)

Se incluye en el estudio la percepción que tienen los consultados sobre el cumplimiento ético de parte de entidades nacionales, en este sentido, cabe destacar que el malestar social se debe al deficiente cumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa, que, de alguna forma, el protagonismo mediático y la sobre exposición informativa a que está sometida este poder de la República, contribuye a la percepción negativa que tiene la ciudadanía que refleja una mala imagen institucional.

La construcción mental del colectivo, sobre el cumplimiento ético de la Contraloría General de la República-CGR, la define con mejor valoración, de regular a buena. El Gobierno Central y los Ministerios reciben una de las notas más bajas en el cumplimiento ético. Las opiniones extremas recaen en las peores calificaciones sobre el mal desempeño de los partidos políticos, que es un elemento recurrente a lo largo de todo el sondeo. (Gráfico 50)

Es relevante tomar en cuenta que la familia y el hogar nunca aparece en este estudio, como referente en la formación ética y de valores cívicos, ciudadanos y morales. Este es una conclusión que nos preocupa, en virtud del papel que cumple el espacio familiar para la formación de la primera infancia, y por consiguiente, la interiorización y sensibilización en valores que se cimentan desde la infancia.

Desde la percepción de los diversos públicos que respondieron el sondeo, los medios de comunicación no son fuentes fidedignas para tomar decisiones.

Se señala que algunos medios son poco serios y se apoyan con datos incoherentes que no funciona para la toma de decisiones, no suelen revelar la información completa y tergiversan la información. (Gráfico 70)

Mucha de la población confía mayormente en las redes sociales y chats (WhatsApp) para informarse y tomar decisiones, dejando de utilizar la televisión, la radio y la prensa escrita. Esto es preocupante porque la penetración de las Noticias Falsas (Fake News) por las redes sociales, se convierte en una amenaza latente, por ello, se requiere de vocación de servicio, objetividad, veracidad y desempeño ético para evitar que se lesione la información destinada a los públicos. Suma a esta preocupación, el hecho de que los ciudadanos expresaron (86%), que los medios de comunicación influyen mucho en la sensación de inseguridad ciudadana. (Gráfico 73)

El Master Guillermo Acuña González, ex director de IDESPO UNA, Vicedecano de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Nacional y coautor de la investigación del Sondeo Abierto, recomendó poder contar con este tipo de herramientas de consulta ciudadana de manera mas constante y poder tener actualizado el estado de la ética en el país, sobre todo por los procesos de transición que vivimos en la actualidad: “Esta investigación nos permite acercarnos a nosotros mismos, a las realidades subjetivas, es decir como nos vemos reflejados como actores en estos resultados”, comentó Acuña.

El estudio (sondeo abierto) nos pone en perspectiva al futuro y nos permite dar forma a una reflexión profunda que urge realizarla en nuestros contextos sociales. Por ello, es meritorio el trabajo presentado, porque expone las narrativas de lo que perciben, sienten y piensan las audiencias. Según el Vicedecano, los resultados exponen la interpretación de estos públicos sobre el sistema democrático fallido o caído, que da la idea de estar en un constante reseteo. Se expone sobre una institucionalidad cuestionada en general, que plantea una fuerte crisis, la cual no se resuelva haciendo simples reingenierías, asimismo, subyacen en la percepción de los colectivos, la presencia de procesos de sociabilidad amenazada que incide en el pensar y actuar de la ciudadanía.

Para el académico e investigador Acuña González, se visualizan como parte del trabajo 4 ejes, que el estudio propone desde la Sociología Política que son: el desafío de la construcción de la convivencia, que se constituyen en la base para la generación de prácticas éticas en plural, con capacidad para reconocernos como una comunidad de diferentes. Un segundo elemento, que se hace necesario rescatar atañe a la pertinencia de hacer una reconstitución del pacto o contrato social que se ha perdido o dejado atrás, que imposibilita el dialogo social y ha frustrado las mesas de diálogo para consensos nacionales. Un tercer aspecto que se deduce del sondeo, tiene relación directa con la creación y la forma como trabajamos la confianza intersubjetiva y colectiva. Una cuarta dimensión tiene que ver con la pertinencia de hacer conciencia sobre la existencia de comunidades más homogéneas que las mismas comunidades que los discursos oficiales construyen y plantean: “Hay que ponerle atención a esos nuevos alfabetos sociales y a esos nuevos alfabetos comunicativos. Me da la impresión que hay un mandato fuerte a los medios de comunicación y a los profesionales del campo de la comunicación social, para que se reconstituyan y se reformulen en el marco de estos nuevos contenidos y nuevas agendas que la ciudadanía costarricense está demandando”, concluyó el Vicerrector de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA.

El Master Pablo Barahona Kruger, Abogado, Analista Político y Jurídico, coincidió con el Master Guillermo Acuña, en recomendar que este estudio puede tener mucho valor si se le da seguimiento cada año o cada dos años, de esta manera, ir fijando datos más estructurales, asimismo, ampliar la cantidad de participantes y el radio de alcance de la muestra.

Barahona expresó que, en cuanto al estudio de percepciones de los procesos informativos, le llama la atención el monopolio sobre los jóvenes que prácticamente están presentando las redes sociales de internet, al salir con un 97% de preferencia de los jóvenes costarricense sobre estos nuevos medios (Facebook, WhatsApp Instagram, Twitter), constituyéndose así: “en un dato aplastante, una llamada de atención que le pone un enorme signo de interrogación, una crítica contundente, severísima, demoledora a los medios de comunicación tradicionales, ya que el 84% de los jóvenes suman un descredito pues no creen en los medios de comunicación. Es un llamado de atención no solo para el gremio periodístico, sino también para los empresarios que sustentan esos medios de comunicación, que los han utilizado, que los han malogrado, y la ciudadanía ya se ha impuesto de ese manejo político, económico, empresarial de los medios de comunicación, que hacen que desde luego no les crean”, adujo Barahona Kruger. (Grafico18)

En cuanto al tema de la corrupción, el Analista Político comentó que es consecuente la relación dentro del sondeo, de que tanto los políticos (36%) como los partidos políticos (35%) son responsables de la corrupción en el país. (Gráfico 25)

En esta ruta Barahona, dijo que es preocupante que las tres cuartas partes de los consultados, afirmen no interponer denuncias, no por no conocer los procedimientos sino porque no confían en las instituciones: “en efecto es el miedo al final el que está imperando cuando un ciudadano va a denunciar y eso que en la ley 8422 establece la posibilidad de las denuncias anónimas”.

En cuanto a la percepción expresada sobre las Universidades Públicas, el académico indicó que, aunque estos centros de educación superior pública, obtuvieron un 52.5% de confianza y seguridad, las mismas han sido fuertemente golpeadas en su credibilidad y no se debe desestimar el porcentaje restante (47.5%) que piensa lo contrario, por esta razón, se debe poner atención al gran reto por delante, dado que las universidades por su misión académica, no debería sufrir desgastes, más bien fortalecer debe incidir en su quehacer sustantivo, para aportar al desarrollo del país.

El abogado finalizó su participación indicando que los Colegios Profesionales deben reivindicar su credibilidad, responsabilidad y su papel protagónico en la sociedad, por ello, recomendó que en próximos estudios se incluya a estas organizaciones con mayor posibilidad de análisis sobre su quehacer.

El Procurador de la Ética Master José Armando López Baltodano, desde la visión de la institucionalidad publica, expuso que el Sondeo Abierto de Ética y Lucha contra la Corrupción, es contundente en la misma línea que señala la referencia internacional y nacional en materia de corrupción, lo que evidencia con claridad la coincidencia de que la corrupción y el desempleo son los principales problemas del país: “lo valioso es que en el sondeo se identifica una falta de esos valores, falta de la ética y de la ineficiencia en la prestación de servicios, es un tema que no trata solo de enfocar la rectitud, la buen fe, el correcto ejercicio de la función pública, sino también una exigencia al servidor público de que actúe con eficiencia, que garantice igualdad en la prestación del servicio”, comentó el Procurador.

López Baltodano, fue enfático al mencionar que los resultados de este sondeo y otros estudios de percepción sobre la situación del país, obliga a definir una ruta y poner la atención en la efectividad de los sistemas, normas penales y administrativas para evitar la impunidad y fortalecer los sistemas judiciales con independencia y eficiencia. Por ello, es importante robustecer la capacidad y autonomía de los entes u órganos encargados de detectar e investigar la corrupción: “La agenda mayor de lo que nos convoca hoy con estos estudios, literaturas, evidencias, esta dirigida a trabajar en la educación temprana en valores y participación ciudadana, a mitigar esos riesgos de esa captura de las políticas y toma de decisiones al nivel de los partidos políticos, regulando el cabildeo, cuando existe la materia regulatoria, los conflictos de interés, a garantizar eficiencia y transparencia en la gestión de la contratación y la obra pública, a ponerle énfasis en un ejercicio de la función pública conforme a la ética profesionalizada con una vocación de servicio, de integridad, cultura y control de legalidad, conforme a competencias bien definidas, en una agenda de gobierno abierto para pasar a un Estado Abierto, para integrar el parlamento, integrar el poder judicial, que garantice transparencia y acceso a la información, apertura de datos, rendición de cuentas y participación ciudadana, sin duda alguna esto es vital en el tema de la corrupción, esa gobernanza y definir con claridad el reparto institucional y la política nacional en este tema”, manifestó López.

De lo expuesto por el Procurador se resalta que es urgente definir las líneas de acción, dado que en este país creemos que el control recae únicamente la Contraloría General de la República y no hemos entendido; por interés, por pasividad, por falta de un compromiso mayor, que la primera línea de defensa es precisamente en la gestión del día a día, en la gestión operativa, donde el servidor o el funcionario público está para brindar un servicio y a partir de ahí, se deben definir las líneas de control de la relación público-privada, tener claridad de dicho vinculo, de ninguna manera disminuirla o minimizarla, sino más bien potenciarla para el desarrollo del país.

El funcionario de la Procuraduría de la Ética puntualizó, sobre la coincidencia del sondeo abierto con respecto a la carencia absoluta de una política pública en materia de corrupción, ausencia de indicadores de resultados, falta de coordinación inter institucional, desarticulación programática interna y externa, duplicidad de proyectos y acciones, desatención en temas y áreas prioritarias y urgentes: “La vinculación es clara entre este sondeo que hoy se presenta con los insumos necesarios para fortalecer esa proyección de cara a una acción concreta, a soluciones que Costa Rica requiere, y es fundamental integrar a mas actores y sectores en las diversas estrategias institucionales, nacionales e internacionales para la prevención y abordaje integral de la corrupción”.

Enlaces: Sondeo Abierto Completo:
https://www.ideario.una.ac.cr/documentos-transformacion-del-estado
http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/PDF/galeria_digital/ideario/053.pdf

Transmisión en Vivo:
F: https://www.facebook.com/colpercr/videos/644476946532952

El Tribunal de Honor y Ética desde la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación, se ha comprometido con la profundización y fomento de la democracia costarricense y el fortalecimiento de los valores de la ciudadanía. En este sentido, como cierre del evento se inauguró una campaña en el contexto del Bicentenario de la independencia de la República.

Esta campaña producida audiovisualmente en el marco del bicentenario de nuestra democracia, busca reafirmar los valores idiosincráticos propios de la cultura y la nacionalidad costarricense, donde priva la inclusión, la diversidad, así como elementos de autorreconocimiento de la identidad nacional que pervive en el imaginario colectivo y que se espera que dichos contenidos de los mensajes pasen a la práctica cotidiana.

 

Por:
Msc. Daniel Cavallini Espinoza.
Msc. Efraín Cavallini Acuña

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Territorios indígenas: resistencia y recuperaciones

Por el Proyecto ED-3526: “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica” de la Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

La semana pasada se desarrolló la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios en la Universidad de Costa Rica. Una de las mesas temáticas fue la de Territorios indígenas: resistencia y recuperaciones, con la participación de recuperadoras y recuperadores de los pueblos Brörán, Cabécar y Bribri.

¿Que son las recuperaciones? “Las recuperaciones por parte de los diferentes pueblos indígenas no se limitan en recuperar “fincas” o “parcelas” de tierra, se basa en la recuperación del territorio indígena propio, lo que implica la recuperación de identidad, de conocimientos, de espiritualidad, de prácticas culturales y de derechos humanos”. Así lo expusieron representantes de pueblos indígenas en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios, organizada por Kioscos Socioambientales y diversas instancias de la Universidad de Costa Rica.

La tierra, según Doris Ríos de la organización de Defensa del Territorio China Kichá (Territorio Cabécar) es la esencia de los pueblos indígenas, sin ella, están destinados a desaparecer. Lesner Figueroa Lázaro-Tuariwak del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa (Territorio Salitre) aportó desde la cosmovisión indígena, todo lo que existe en esta tierra es un ser, y debe ser respetada. No se defiende porque existe la ley 6172 (Ley Indígena), se defiende porque la tierra “es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella”. De aquí la importancia de entender qué significa el territorio. Se basa en la existencia de un sentido de pertenencia, una identificación con el espacio, y, por ende, una apropiación para desarrollar prácticas ligadas a las cosmovisiones propias.

¿Qué representa las recuperaciones de tierra? Ahora bien, existe un conflicto territorial alrededor de estas tierras causado por la invasión de personas no indígenas y por la falta de voluntad política por parte del Estado y sus instituciones que no aplican la legislación. En el artículo 5° de la ley 6172, se estipula que en el caso que personas no indígenas sean propietarios de tierras dentro de territorios indígenas, antes de la entrada en vigencia de esta norma, deberán ser reubicadas o expropiadas e indemnizadas.

Estas tierras, históricamente les pertenecen a las sociedades indígenas, pero debido a la inacción del Estado por hacer cumplir la ley, las personas indígenas han decidido aplicar las recuperaciones por hecho y derecho, como lo explica Pablo Sivar Sivar del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), las recuperaciones de tierra son una decisión que representa la autodeterminación por parte de los pueblos indígenas. Si no se resiste y no se recupera, los pueblos están condenados a desaparecer, alerta Doris Ríos Ríos. Asimismo. Se recupera por un tema de identidad y dignidad, defendiendo la autonomía de los pueblos indígenas y garantizando la seguridad alimentaria. Particularmente, las mujeres indígenas recuperadoras valoran más el proceso, porque les aseguran una vida digna y un futuro a sus descendientes.

De esta manera, las recuperaciones de tierra significan un proceso de re-territorialización que implica la consolidación de relaciones sociales, la reapropiación de los elementos simbólicos-materiales del territorio, y de la libertad de tránsito o movilidad y de organización, como nos señala Cindy Vargas Ortiz, colaboradora del Consejo de Mayores del Territorio Brörán. Según Lesner Figueroa, esta libertad permite que la espiritualidad se pueda palpar, fortaleciendo la identidad de los pueblos indígenas con sus tierras.

¿Cuál es el rol del Estado en las recuperaciones? La falta de voluntad política para defender los pueblos indígenas y sus derechos no es una situación del presente, sino un legado de larga data. Osvaldo Durán Castro, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dice que la celebración del bicentenario representa el legado colonial, señalando que las relaciones de poder con los pueblos indígenas no han variado de ninguna forma para beneficiar a estos pueblos milenarios. Parte de esta neo-colonialidad, se refleja en la negación de la esclavitud y el extermino de las personas indígenas en la historia costarricense.

Con respecto a las recuperaciones, Pablo Sivar acusa que el Estado los ha abandonado, y Doris Ríos califica al Estado junto con los terratenientes, como la otra pandemia. El Estado se ha encargado de criminalizar a los grupos indígenas, además de dejar impunes los asesinatos de Sergio Rojas en el 2019 y de Jehry Rivera en el 2020. A pesar de que existe la legislación para brindar la soberanía y los derechos a los pueblos indígenas, no hay voluntad política. Para Cindy Vargas si bien se ha generado un trágico grado de violencia por las recuperaciones, la violencia se ha generado desde hace años y “cada vez que los pueblos indígenas queremos ejercer derechos.”

Las personas representantes indígenas también acusaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) por ser instrumentos en donde el Estado busca ejercer control en los territorios indígenas. Esto representa una problemática porque la visión y el modelo de desarrollo que se impulsa desde el Estado es incompatible con la cosmovisión y las organizaciones propias de los pueblos indígenas. Para garantizar una autonomía, los pueblos indígenas han abogado por una organización propia, en donde el aprovechamiento de los bienes comunes, así como las decisiones de ordenamiento y uso del territorio, sean decididas por y desde las mismas comunidades.

La mesa fue moderada por Gustavo Oreamuno Vignet de la Organización de Iniciativas Populares Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Esta Semana fue organizada en conjunto con el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas y otras unidades académicas, gracias al apoyo del Canal 15-UCR.

Para ver el contenido completo de la Mesa Territorios indígenas: resistencia y recuperaciones – YouTube y de las otras mesas en kioscos ambientales – YouTube

 

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales.

Para Mirar Nuestros Pasos

El Colegio de Profesionales en Sociología Costa Rica comparte el poemario «Para Mirar Nuestros Pasos«, del colegiado Carlos Brenes Castillo, ex- miembro de la Junta Directiva. En el enlace del final, se comparte entre todos y todas las colegiadas, como parte de la conmemoración del décimo aniversario del Colegio el pasado 30 de setiembre.

Enlace: https://read.bookcreator.com/vN9od…/UIoPh7RrRo-GHF8wfa5d6Q

Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita medidas alternativas a la prisión para siete personas presas políticas en Nicaragua

SURCOS comparte la siguiente información:

  • La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a siete personas detenidas y encarceladas en meses pasados, todas reconocidas opositoras al gobierno. Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco y Jorge Hugo Torres integran el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos); Arturo José Cruz es precandidato presidencial del partido Alianza Ciudadana; y Luis Alberto Rivas es integrante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). La resolución puede consultarse aquí: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_71-21_mc_593-21,%20665-21%20y%20680-21_ni_es.pdf

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Téllez, Vijil, Barahona, Torres y Tinoco, la resolución retoma aspectos importantes sobre la situación de las personas beneficiarias y sobre el contexto nicaragüense actual.

A continuación, ofrecemos algunos de estos párrafos (los destacados son nuestros):

  • La CIDH “señala que la situación de las personas propuestas como beneficiarias no se trata de una situación aislada, sino que forma parte de una práctica de detenciones arbitrarias, criminalización de personas opositoras y defensoras de derechos humanos”. “Al respecto, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares y la Corte Interamericana una medida provisional a personas identificadas como opositoras quienes están privadas de libertad en Nicaragua”.
  • “La Comisión observa que las alegadas situaciones de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias estarían relacionadas con sus perfiles como opositoras al Gobierno”.
  • La CIDH “observa que las detenciones de las personas propuestas como beneficiarias se habrían producido con violencia y presuntamente sin que los agentes policiales hubieran presentado órdenes de detención”.
  • “La Comisión requiere al Estado evaluar la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad atendiendo a la situación particular de las personas propuestas como beneficiarias”.

La Comisión también requiere al Estado que informe sobre el paradero o la ubicación de las personas beneficiarias, considerando que hasta el día 31 de agosto ni las familias ni las representantes legales habían logrado visitar ni contactar a las personas encarceladas.

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.