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Autor: María José Ferlini Cartín

Costa Rica Bicentenaria en Crisis-I Sondeo de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartir la percepción de la ciudadanía sobre los grandes problemas que aquejan a Costa Rica, fue el objetivo principal del Sondeo abierto sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción en Costa Rica, presentado este 23 de setiembre de 2021 por la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación del Tribunal de Honor y Ética (THE) del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER), la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA y el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Esta actividad bajo la presencialidad remota, se llevó a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Semana de la Comunicación 2021 y el Bicentenario de la Democracia de nuestro país.

Para los organizadores el propósito del sondeo fue obtener la opinión ciudadana respecto a, preferencias, problemáticas, niveles de satisfacción o determinados asuntos sobre los cuales el ciudadano pueda opinar en materia de ética, transparencia y lucha contra la corrupción; a la vez poder identificar retos y necesidades del país hacia el 2040.

El Dr. Martin Parada Gómez, Vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional-UNA, manifestó, que es pertinente dar a conocer la opinión de quienes respondieron el Sondeo Abierto, en virtud de que si el ciudadano, está cada vez más informado, podrá contar con herramientas para que, con sus acciones, propicie una interacción democrática, permanente y cercana entre los ciudadanos y los decisores públicos: “De ahí, que la responsabilidad ética de la comunicación colectiva se constituye en un ámbito relevante de la esfera pública, es un cimiento de las democracias representativas, y su aporte al fortalecimiento de los valores democráticos, es invaluable, no solo, por el ejercicio de contrapesos en la corriente de opinión, sino, porque favorece un clima de opinión pública para la sana discusión ciudadana de los asuntos de interés público y garantizar el ejercicio de la responsabilidad social, y la tutela de libertades fundamentales”, indicó el Vicerrector.

El sondeo abierto se realizó en el año 2020 mediante la aplicación de un cuestionario de 81 preguntas, entre abiertas y cerradas, que abordó temas del contexto nacional, entre estos: principales problemáticas del país, rendición de cuentas, problemas medio ambientales y de la democracia; la libre expresión y ciudadanía, participación de los jóvenes, visualización de los intereses ciudadanos y el acercamiento a minorías; por otro lado, respecto a la corrupción se buscó en la línea de luchas contra esta, credibilidad de instituciones y el papel de la ciudadanía; mientras que en materia del grado de cumplimiento ético se estudió respecto a la formación ciudadana, en las entidades y en comunidades sociales; finalmente, para los medio de comunicación se indagó en la confianza en estos, lo más empleados y los desafíos éticos que enfrentan.

Según el Dr. Ángel Ortega Ortega, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, los aportes, opiniones, criterios, críticas, comentarios, recomendaciones y observaciones derivados de la participación ciudadana, instituciones públicas, universidades, sector comunicación y diversos públicos, se constituyen en insumos valiosos y centrales, para reflexionar y analizar la realidad nacional del país e identificar problemas de fondo que amenazan severamente la estabilidad de Costa Rica en el campo de la ética, los valores y lucha anticorrupción: “El modelo de desarrollo del Estado Costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado desde una mirada prospectiva de la Costa Rica de los próximos 30 años, por ello, para el combate de la corrupción se requiere de muchos frentes de lucha: la familia, la escuela, la ciudadanía, la academia y el Estado como un todo”, comentó Ortega.

El cuestionario del sondeo fue completado por un total de 236 personas, de los cuales, 118 eran hombres, 117 mujeres y 1 binario (autodefinido de otro género); los consultados que participaron formaron parte de las siete provincias del país, no obstante, la participación del GAM fue mayoritaria. (Grafico 2).

El perfil de los consultados abarca estudiantes 28%, académicos24.5%, periodistas, 15.6%, así como una participación de otras disciplinas de la comunicación como el caso de los Relacionistas Públicos, 5.8%, publicistas, 3.3%, administradores 3%, diseñadores gráficos 2.1%.

(Grafico 4)

El Lic. Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación-COLPER, expresó que desde antes de la pandemia (Covid 19), ya el Tribunal de Honor y Ética-COLPER, venía trabajando en el tema, contribuyendo así a replantear el tema ético y la lucha contra la corrupción en su justa dimensión, porque todos los profesionales deben cumplir con una escala de valores, es deber de los comunicadores cambiar la escala social: “La institución cambia de nombre a partir de la reforma a su ley 4420, y a partir de ahora se denomina Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y con eso, se amplían los horizontes de la institución, para incidir en aspectos medulares para el bienestar y desarrollo de la sociedad”, dijo Solano.

Para el Master Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética del COLPER, la realización y presentación del Sondeo Abierto se constituye en un punto de partida para evaluar el panorama social, los nuevos fenómenos sociales de nuestro país, y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la Ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía: “creemos que, al compartir la experiencia y conocimientos de los diversos públicos, se afianza el compromiso de una acción colectiva, donde la comunicación en el marco del Bicentenario de la independencia de la República, se convierte en la plataforma de la acción social, que busca contribuir a la transformación y fortalecimiento del régimen democrático de nuestra sociedad.

El Director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, Master Juan Carlos Chavarría Herrera, manifestó que: “ cuando hablamos de ética, hablamos de gobernanza, dado que la gobernanza es recuperar la confianza en nuestra institucionalidad y entre nosotros, porque es necesario como nación interiorizar conceptos claves como la ética, entender el significado de transparencia en función de un dialogo abierto, como oportunidad para construir mejoras, asimismo, comprender el concepto de participación ciudadana y llevarlo a la práctica”, indicó Chavarría.

El Master Daniel Cavallini Espinoza, académico de EPPS-UNA y coautor de la investigación, señaló que los resultados del estudio fueron contundentes, al evidenciar en el contexto nacional, la percepción de que los principales problemas que enfrenta el país en mayor medida son: la corrupción, el desempleo y la crisis política.

También se mencionan, en menor medida, pero siempre presentes, la pobreza, la economía, la seguridad, la delincuencia, la educación, el narcotráfico y la ineficiencia del sector público. (Grafico 5)

La percepción de la población apunta a la corrupción y la ineficiencia de instituciones y autoridades como principal problema ético del Estado.

Destacaron aspectos como desarticulación entre instituciones, falta de claridad sobre el papel ético que debe desempeñar la función pública frente al Estado Costarricense, desinterés de la ciudadanía, falta de rendición de cuentas, dependencia de políticas internacionales, carencia de recursos económicos y deficiencia en la gobernabilidad. (Gráfico 6)

Respecto a la satisfacción en la rendición de cuentas, se observa un alto nivel de insatisfacción general, a excepción de la calidad del agua y el papel de la investigación de las universidades públicas que resultaron bien calificadas.

Los altos niveles de insatisfacción se expresan en la realidad financiera, acciones gubernamentales, manejo de contaminación, nivel de ruido y basura en la calle. (Grafico 7)

La Master Sylvia Arredondo Guevara, Directora del Tribunal de Honor y Ética-COLPER y co autora del estudio, se refirió al tema de la libertad de expresión y ciudadanía, destacando que el 71% de los participantes del sondeo indicaron no sentirse con total libertad para expresarse como desearían en el país, ahora bien, entiéndase la libertad de expresión, según los consultados, como un derecho a pensar, expresar y opinar sin tener temor y poder comunicar lo que quiera sin irrespetar a los demás.

Como puede constatarse las opiniones expresadas en este tema plantean desafíos importantes en materia del derecho a la expresión, los mecanismos existentes para fortalecerlo y los ámbitos individuales, para ejercer ese principio; así como también, considerar las referencias al rol de los medios de comunicación. (Gráfico 9)

Dentro de los espacios idóneos donde se puede ejercer la libertad de expresión se encuentra el hogar, las organizaciones comunales y sociales, las universidades, la calle, y las escuelas y colegios. Se destacó un roll dual asignado a la Asamblea Legislativa, pues aparece en cifras muy cercanas al 50% en el total acuerdo y el total desacuerdo de que esta institución es un espacio para ejercer la libertad de expresión. También se indicó que los medios de comunicación no son espacios para expresarse libremente, ni tampoco en la iglesia. El 58.5% está de acuerdo en que la democracia en el país es garante de esta libertad. (Grafico 11)

Respecto a libre expresión entre los jóvenes, los consultados consideran que estos se informan principalmente mediante redes sociales y sitios web, incluso, el 97% sostiene que los jóvenes no emplean la televisión, periódicos escritos o la radio para este fin. Por otro lado, se anota en mayor porcentaje

(64%) que los jóvenes no tienen plena confianza sobre la libertad de expresión. (Gráfico 14)

Por otro lado, en relación con la participación ciudadana, el 50% de los consultados dijeron que algunas veces su opinión es considerada para el diseño de propuestas que en verdad beneficien a las comunidades, mientras que el 31% indicó que nunca o casi nunca se les considerada. De ahí, que se sostiene que las prioridades en estos temas deben ser dirigidos hacia la votación informada, la denuncia de abusos y la organización comunal. Además, respecto al comportamiento positivo hacia los semejantes, las valoraciones afirmativas presentaron valores bajos, a excepción de la preocupación hacia los niños. Se manifiesta una percepción de actitud negativa hacia las minorías étnicas, las mujeres, los reinsertados, los desmovilizados, las personas desplazadas por la violencia y las que poseen orientaciones sexuales diversas. (Grafico 21)

El Master Efraín Cavallini Acuña, académico y Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, compartió datos sobre la Corrupción en Costa Rica, indicando que es preocupante el dato arrojado por los consultados, quienes indican a Costa Rica como un país corrupto en un alto porcentaje de 82.9% y expresa que las valoraciones sobre corrupción han ido creciendo y han desplazado otras preocupaciones, como el desempleo o la seguridad.

El sondeo arroja como dato que las principales entidades corruptas son los partidos políticos, el gobierno central y la Asamblea Legislativa; en menor medida, las municipalidades, empresas privadas, Poder Judicial e iglesias, no obstante, quedan incluidos los medios de comunicación dentro del rango de las entidades corruptas. (Gráfico 23)

En relación con la responsabilidad de esta corrupción, se considera que los empresarios, gobernantes, funcionarios públicos y los mismos ciudadanos son los principales responsables e incluso, estos manifestaron que los principales motivos que tienen para cumplir las leyes, se deben al temor hacia las autoridades (32.6%), por deber (22%), por principios morales (23.7%). Los principales motivos para no cumplir estas leyes son el hecho de que favorecen a los poderosos (26.7%), falta de valores (44.5%), exceso de tramitologías (11.4%), desconocimiento (5.5%), entre otros.

En cuanto al conocimiento para plantear denuncias, el 50.4% indica SI saber dónde y cómo realizar el debido proceso, mientras que el 49.6% opina que NO; sin embargo, estos sostienen que las denuncias son algo, poco o nada efectivas De hecho, la mayoría de la población consultada no conoce de acuerdos, para combatir la corrupción entre el sector privado y el público, ya que un 94% de estos así lo indicaron. (Gráfico 32)

En cuanto al cumplimiento ético en la formación ciudadana, la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, inició su presentación con la interrogante: ¿Existe una crisis real de valores cívicos, éticos y morales en Costa Rica? Al respecto, se rescata que el comportamiento de los habitantes se centra en una respuesta mediana, dado que hay una posición positiva con ciertos sectores sociales, como es el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores. En la convivencia con los vecinos se señala que persiste indiferencia hacia las buenas relaciones por lo que debe fortalecerse la convivencia entre estos.

En la convivencia con las mujeres prevalece aspectos idiosincráticos, donde las mujeres no solo se auto perciben como un grupo que a veces no es respetado, sino que se refleja en elementos ideológicos y propios de la idiosincrasia. A pesar de los avances en materia jurídica el machismo parece ser más fuerte. (Gráfico 40)

Sobre el respeto hacia las personas con diversa orientación sexual queda en evidencia el conservadurismo de los costarricenses, dado que se confirman los atavismos existentes en nuestra población y la resistencia con respecto a la diferencia.

En este tema se refuerza de nuevo, cuando se consulta sobre el respeto hacia las personas con diversa orientación sexual, que sobresalen los prejuicios de manera importante, a pesar de que el país tiene una política pública y ha realizado esfuerzos en el ámbito jurídico para erradicar estas formas de actuación.

A la consulta sobre ¿cuál valor ético que está menos presente en el comportamiento de los costarricenses?, se expresa que la responsabilidad acompañada del compromiso y la lealtad a los principios éticos y morales y se rescata la transparencia y consistencia entre lo que hacen y lo que dicen. De esta manera, queda evidente a lo largo del sondeo, lo que es la ruptura de lo que se entiende como vivencia y la práctica real de esta.

Se indica a quienes atribuyen los habitantes la difusión ética, por ello, se menciona que la pprincipal entidad responsable del cumplimiento ético a nivel nacional son los Centros Educativos, la Procuraduría de la Ética, los Colegios Profesionales y los Medios de Comunicación, sin embargo, persisten ambivalencia sobre los conceptos de ética y valores.

Se resalta como resultado de este Sondeo que las Universidades Públicas, son quizás los actores mas importantes, no solo del cumplimiento de los valores éticos, sino que el sistema educativo, debe ser el principal formador en esta materia. Se hace la observación de que no hay en el sistema institucional ningún referente de formación en valores éticos para los ciudadanos. (Gráfico 60)

En cuanto al desempeño de los periodistas se dividen las posiciones de su actuar como profesional, no obstante, se hacen referencia de algunos valores, como el hecho de promover el amarillismo y de su responsabilidad profesional en la promoción de los valores, educar a los habitantes y fortalecer la democracia. Se hace referencia a las presiones sociales, políticas y económicas a las que están sometidos los periodistas. (Grafico 65)

Se incluye en el estudio la percepción que tienen los consultados sobre el cumplimiento ético de parte de entidades nacionales, en este sentido, cabe destacar que el malestar social se debe al deficiente cumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa, que, de alguna forma, el protagonismo mediático y la sobre exposición informativa a que está sometida este poder de la República, contribuye a la percepción negativa que tiene la ciudadanía que refleja una mala imagen institucional.

La construcción mental del colectivo, sobre el cumplimiento ético de la Contraloría General de la República-CGR, la define con mejor valoración, de regular a buena. El Gobierno Central y los Ministerios reciben una de las notas más bajas en el cumplimiento ético. Las opiniones extremas recaen en las peores calificaciones sobre el mal desempeño de los partidos políticos, que es un elemento recurrente a lo largo de todo el sondeo. (Gráfico 50)

Es relevante tomar en cuenta que la familia y el hogar nunca aparece en este estudio, como referente en la formación ética y de valores cívicos, ciudadanos y morales. Este es una conclusión que nos preocupa, en virtud del papel que cumple el espacio familiar para la formación de la primera infancia, y por consiguiente, la interiorización y sensibilización en valores que se cimentan desde la infancia.

Desde la percepción de los diversos públicos que respondieron el sondeo, los medios de comunicación no son fuentes fidedignas para tomar decisiones.

Se señala que algunos medios son poco serios y se apoyan con datos incoherentes que no funciona para la toma de decisiones, no suelen revelar la información completa y tergiversan la información. (Gráfico 70)

Mucha de la población confía mayormente en las redes sociales y chats (WhatsApp) para informarse y tomar decisiones, dejando de utilizar la televisión, la radio y la prensa escrita. Esto es preocupante porque la penetración de las Noticias Falsas (Fake News) por las redes sociales, se convierte en una amenaza latente, por ello, se requiere de vocación de servicio, objetividad, veracidad y desempeño ético para evitar que se lesione la información destinada a los públicos. Suma a esta preocupación, el hecho de que los ciudadanos expresaron (86%), que los medios de comunicación influyen mucho en la sensación de inseguridad ciudadana. (Gráfico 73)

El Master Guillermo Acuña González, ex director de IDESPO UNA, Vicedecano de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Nacional y coautor de la investigación del Sondeo Abierto, recomendó poder contar con este tipo de herramientas de consulta ciudadana de manera mas constante y poder tener actualizado el estado de la ética en el país, sobre todo por los procesos de transición que vivimos en la actualidad: “Esta investigación nos permite acercarnos a nosotros mismos, a las realidades subjetivas, es decir como nos vemos reflejados como actores en estos resultados”, comentó Acuña.

El estudio (sondeo abierto) nos pone en perspectiva al futuro y nos permite dar forma a una reflexión profunda que urge realizarla en nuestros contextos sociales. Por ello, es meritorio el trabajo presentado, porque expone las narrativas de lo que perciben, sienten y piensan las audiencias. Según el Vicedecano, los resultados exponen la interpretación de estos públicos sobre el sistema democrático fallido o caído, que da la idea de estar en un constante reseteo. Se expone sobre una institucionalidad cuestionada en general, que plantea una fuerte crisis, la cual no se resuelva haciendo simples reingenierías, asimismo, subyacen en la percepción de los colectivos, la presencia de procesos de sociabilidad amenazada que incide en el pensar y actuar de la ciudadanía.

Para el académico e investigador Acuña González, se visualizan como parte del trabajo 4 ejes, que el estudio propone desde la Sociología Política que son: el desafío de la construcción de la convivencia, que se constituyen en la base para la generación de prácticas éticas en plural, con capacidad para reconocernos como una comunidad de diferentes. Un segundo elemento, que se hace necesario rescatar atañe a la pertinencia de hacer una reconstitución del pacto o contrato social que se ha perdido o dejado atrás, que imposibilita el dialogo social y ha frustrado las mesas de diálogo para consensos nacionales. Un tercer aspecto que se deduce del sondeo, tiene relación directa con la creación y la forma como trabajamos la confianza intersubjetiva y colectiva. Una cuarta dimensión tiene que ver con la pertinencia de hacer conciencia sobre la existencia de comunidades más homogéneas que las mismas comunidades que los discursos oficiales construyen y plantean: “Hay que ponerle atención a esos nuevos alfabetos sociales y a esos nuevos alfabetos comunicativos. Me da la impresión que hay un mandato fuerte a los medios de comunicación y a los profesionales del campo de la comunicación social, para que se reconstituyan y se reformulen en el marco de estos nuevos contenidos y nuevas agendas que la ciudadanía costarricense está demandando”, concluyó el Vicerrector de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA.

El Master Pablo Barahona Kruger, Abogado, Analista Político y Jurídico, coincidió con el Master Guillermo Acuña, en recomendar que este estudio puede tener mucho valor si se le da seguimiento cada año o cada dos años, de esta manera, ir fijando datos más estructurales, asimismo, ampliar la cantidad de participantes y el radio de alcance de la muestra.

Barahona expresó que, en cuanto al estudio de percepciones de los procesos informativos, le llama la atención el monopolio sobre los jóvenes que prácticamente están presentando las redes sociales de internet, al salir con un 97% de preferencia de los jóvenes costarricense sobre estos nuevos medios (Facebook, WhatsApp Instagram, Twitter), constituyéndose así: “en un dato aplastante, una llamada de atención que le pone un enorme signo de interrogación, una crítica contundente, severísima, demoledora a los medios de comunicación tradicionales, ya que el 84% de los jóvenes suman un descredito pues no creen en los medios de comunicación. Es un llamado de atención no solo para el gremio periodístico, sino también para los empresarios que sustentan esos medios de comunicación, que los han utilizado, que los han malogrado, y la ciudadanía ya se ha impuesto de ese manejo político, económico, empresarial de los medios de comunicación, que hacen que desde luego no les crean”, adujo Barahona Kruger. (Grafico18)

En cuanto al tema de la corrupción, el Analista Político comentó que es consecuente la relación dentro del sondeo, de que tanto los políticos (36%) como los partidos políticos (35%) son responsables de la corrupción en el país. (Gráfico 25)

En esta ruta Barahona, dijo que es preocupante que las tres cuartas partes de los consultados, afirmen no interponer denuncias, no por no conocer los procedimientos sino porque no confían en las instituciones: “en efecto es el miedo al final el que está imperando cuando un ciudadano va a denunciar y eso que en la ley 8422 establece la posibilidad de las denuncias anónimas”.

En cuanto a la percepción expresada sobre las Universidades Públicas, el académico indicó que, aunque estos centros de educación superior pública, obtuvieron un 52.5% de confianza y seguridad, las mismas han sido fuertemente golpeadas en su credibilidad y no se debe desestimar el porcentaje restante (47.5%) que piensa lo contrario, por esta razón, se debe poner atención al gran reto por delante, dado que las universidades por su misión académica, no debería sufrir desgastes, más bien fortalecer debe incidir en su quehacer sustantivo, para aportar al desarrollo del país.

El abogado finalizó su participación indicando que los Colegios Profesionales deben reivindicar su credibilidad, responsabilidad y su papel protagónico en la sociedad, por ello, recomendó que en próximos estudios se incluya a estas organizaciones con mayor posibilidad de análisis sobre su quehacer.

El Procurador de la Ética Master José Armando López Baltodano, desde la visión de la institucionalidad publica, expuso que el Sondeo Abierto de Ética y Lucha contra la Corrupción, es contundente en la misma línea que señala la referencia internacional y nacional en materia de corrupción, lo que evidencia con claridad la coincidencia de que la corrupción y el desempleo son los principales problemas del país: “lo valioso es que en el sondeo se identifica una falta de esos valores, falta de la ética y de la ineficiencia en la prestación de servicios, es un tema que no trata solo de enfocar la rectitud, la buen fe, el correcto ejercicio de la función pública, sino también una exigencia al servidor público de que actúe con eficiencia, que garantice igualdad en la prestación del servicio”, comentó el Procurador.

López Baltodano, fue enfático al mencionar que los resultados de este sondeo y otros estudios de percepción sobre la situación del país, obliga a definir una ruta y poner la atención en la efectividad de los sistemas, normas penales y administrativas para evitar la impunidad y fortalecer los sistemas judiciales con independencia y eficiencia. Por ello, es importante robustecer la capacidad y autonomía de los entes u órganos encargados de detectar e investigar la corrupción: “La agenda mayor de lo que nos convoca hoy con estos estudios, literaturas, evidencias, esta dirigida a trabajar en la educación temprana en valores y participación ciudadana, a mitigar esos riesgos de esa captura de las políticas y toma de decisiones al nivel de los partidos políticos, regulando el cabildeo, cuando existe la materia regulatoria, los conflictos de interés, a garantizar eficiencia y transparencia en la gestión de la contratación y la obra pública, a ponerle énfasis en un ejercicio de la función pública conforme a la ética profesionalizada con una vocación de servicio, de integridad, cultura y control de legalidad, conforme a competencias bien definidas, en una agenda de gobierno abierto para pasar a un Estado Abierto, para integrar el parlamento, integrar el poder judicial, que garantice transparencia y acceso a la información, apertura de datos, rendición de cuentas y participación ciudadana, sin duda alguna esto es vital en el tema de la corrupción, esa gobernanza y definir con claridad el reparto institucional y la política nacional en este tema”, manifestó López.

De lo expuesto por el Procurador se resalta que es urgente definir las líneas de acción, dado que en este país creemos que el control recae únicamente la Contraloría General de la República y no hemos entendido; por interés, por pasividad, por falta de un compromiso mayor, que la primera línea de defensa es precisamente en la gestión del día a día, en la gestión operativa, donde el servidor o el funcionario público está para brindar un servicio y a partir de ahí, se deben definir las líneas de control de la relación público-privada, tener claridad de dicho vinculo, de ninguna manera disminuirla o minimizarla, sino más bien potenciarla para el desarrollo del país.

El funcionario de la Procuraduría de la Ética puntualizó, sobre la coincidencia del sondeo abierto con respecto a la carencia absoluta de una política pública en materia de corrupción, ausencia de indicadores de resultados, falta de coordinación inter institucional, desarticulación programática interna y externa, duplicidad de proyectos y acciones, desatención en temas y áreas prioritarias y urgentes: “La vinculación es clara entre este sondeo que hoy se presenta con los insumos necesarios para fortalecer esa proyección de cara a una acción concreta, a soluciones que Costa Rica requiere, y es fundamental integrar a mas actores y sectores en las diversas estrategias institucionales, nacionales e internacionales para la prevención y abordaje integral de la corrupción”.

Enlaces: Sondeo Abierto Completo:
https://www.ideario.una.ac.cr/documentos-transformacion-del-estado
http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/PDF/galeria_digital/ideario/053.pdf

Transmisión en Vivo:
F: https://www.facebook.com/colpercr/videos/644476946532952

El Tribunal de Honor y Ética desde la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación, se ha comprometido con la profundización y fomento de la democracia costarricense y el fortalecimiento de los valores de la ciudadanía. En este sentido, como cierre del evento se inauguró una campaña en el contexto del Bicentenario de la independencia de la República.

Esta campaña producida audiovisualmente en el marco del bicentenario de nuestra democracia, busca reafirmar los valores idiosincráticos propios de la cultura y la nacionalidad costarricense, donde priva la inclusión, la diversidad, así como elementos de autorreconocimiento de la identidad nacional que pervive en el imaginario colectivo y que se espera que dichos contenidos de los mensajes pasen a la práctica cotidiana.

 

Por:
Msc. Daniel Cavallini Espinoza.
Msc. Efraín Cavallini Acuña

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Territorios indígenas: resistencia y recuperaciones

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por el Proyecto ED-3526: “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica” de la Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

La semana pasada se desarrolló la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios en la Universidad de Costa Rica. Una de las mesas temáticas fue la de Territorios indígenas: resistencia y recuperaciones, con la participación de recuperadoras y recuperadores de los pueblos Brörán, Cabécar y Bribri.

¿Que son las recuperaciones? “Las recuperaciones por parte de los diferentes pueblos indígenas no se limitan en recuperar “fincas” o “parcelas” de tierra, se basa en la recuperación del territorio indígena propio, lo que implica la recuperación de identidad, de conocimientos, de espiritualidad, de prácticas culturales y de derechos humanos”. Así lo expusieron representantes de pueblos indígenas en la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios, organizada por Kioscos Socioambientales y diversas instancias de la Universidad de Costa Rica.

La tierra, según Doris Ríos de la organización de Defensa del Territorio China Kichá (Territorio Cabécar) es la esencia de los pueblos indígenas, sin ella, están destinados a desaparecer. Lesner Figueroa Lázaro-Tuariwak del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa (Territorio Salitre) aportó desde la cosmovisión indígena, todo lo que existe en esta tierra es un ser, y debe ser respetada. No se defiende porque existe la ley 6172 (Ley Indígena), se defiende porque la tierra “es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella”. De aquí la importancia de entender qué significa el territorio. Se basa en la existencia de un sentido de pertenencia, una identificación con el espacio, y, por ende, una apropiación para desarrollar prácticas ligadas a las cosmovisiones propias.

¿Qué representa las recuperaciones de tierra? Ahora bien, existe un conflicto territorial alrededor de estas tierras causado por la invasión de personas no indígenas y por la falta de voluntad política por parte del Estado y sus instituciones que no aplican la legislación. En el artículo 5° de la ley 6172, se estipula que en el caso que personas no indígenas sean propietarios de tierras dentro de territorios indígenas, antes de la entrada en vigencia de esta norma, deberán ser reubicadas o expropiadas e indemnizadas.

Estas tierras, históricamente les pertenecen a las sociedades indígenas, pero debido a la inacción del Estado por hacer cumplir la ley, las personas indígenas han decidido aplicar las recuperaciones por hecho y derecho, como lo explica Pablo Sivar Sivar del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), las recuperaciones de tierra son una decisión que representa la autodeterminación por parte de los pueblos indígenas. Si no se resiste y no se recupera, los pueblos están condenados a desaparecer, alerta Doris Ríos Ríos. Asimismo. Se recupera por un tema de identidad y dignidad, defendiendo la autonomía de los pueblos indígenas y garantizando la seguridad alimentaria. Particularmente, las mujeres indígenas recuperadoras valoran más el proceso, porque les aseguran una vida digna y un futuro a sus descendientes.

De esta manera, las recuperaciones de tierra significan un proceso de re-territorialización que implica la consolidación de relaciones sociales, la reapropiación de los elementos simbólicos-materiales del territorio, y de la libertad de tránsito o movilidad y de organización, como nos señala Cindy Vargas Ortiz, colaboradora del Consejo de Mayores del Territorio Brörán. Según Lesner Figueroa, esta libertad permite que la espiritualidad se pueda palpar, fortaleciendo la identidad de los pueblos indígenas con sus tierras.

¿Cuál es el rol del Estado en las recuperaciones? La falta de voluntad política para defender los pueblos indígenas y sus derechos no es una situación del presente, sino un legado de larga data. Osvaldo Durán Castro, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dice que la celebración del bicentenario representa el legado colonial, señalando que las relaciones de poder con los pueblos indígenas no han variado de ninguna forma para beneficiar a estos pueblos milenarios. Parte de esta neo-colonialidad, se refleja en la negación de la esclavitud y el extermino de las personas indígenas en la historia costarricense.

Con respecto a las recuperaciones, Pablo Sivar acusa que el Estado los ha abandonado, y Doris Ríos califica al Estado junto con los terratenientes, como la otra pandemia. El Estado se ha encargado de criminalizar a los grupos indígenas, además de dejar impunes los asesinatos de Sergio Rojas en el 2019 y de Jehry Rivera en el 2020. A pesar de que existe la legislación para brindar la soberanía y los derechos a los pueblos indígenas, no hay voluntad política. Para Cindy Vargas si bien se ha generado un trágico grado de violencia por las recuperaciones, la violencia se ha generado desde hace años y “cada vez que los pueblos indígenas queremos ejercer derechos.”

Las personas representantes indígenas también acusaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) por ser instrumentos en donde el Estado busca ejercer control en los territorios indígenas. Esto representa una problemática porque la visión y el modelo de desarrollo que se impulsa desde el Estado es incompatible con la cosmovisión y las organizaciones propias de los pueblos indígenas. Para garantizar una autonomía, los pueblos indígenas han abogado por una organización propia, en donde el aprovechamiento de los bienes comunes, así como las decisiones de ordenamiento y uso del territorio, sean decididas por y desde las mismas comunidades.

La mesa fue moderada por Gustavo Oreamuno Vignet de la Organización de Iniciativas Populares Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Esta Semana fue organizada en conjunto con el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas y otras unidades académicas, gracias al apoyo del Canal 15-UCR.

Para ver el contenido completo de la Mesa Territorios indígenas: resistencia y recuperaciones – YouTube y de las otras mesas en kioscos ambientales – YouTube

 

Compartido con SURCOS por Kioscos Ambientales.

Para Mirar Nuestros Pasos

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El Colegio de Profesionales en Sociología Costa Rica comparte el poemario «Para Mirar Nuestros Pasos«, del colegiado Carlos Brenes Castillo, ex- miembro de la Junta Directiva. En el enlace del final, se comparte entre todos y todas las colegiadas, como parte de la conmemoración del décimo aniversario del Colegio el pasado 30 de setiembre.

Enlace: https://read.bookcreator.com/vN9od…/UIoPh7RrRo-GHF8wfa5d6Q

Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita medidas alternativas a la prisión para siete personas presas políticas en Nicaragua

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SURCOS comparte la siguiente información:

  • La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a siete personas detenidas y encarceladas en meses pasados, todas reconocidas opositoras al gobierno. Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco y Jorge Hugo Torres integran el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos); Arturo José Cruz es precandidato presidencial del partido Alianza Ciudadana; y Luis Alberto Rivas es integrante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). La resolución puede consultarse aquí: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_71-21_mc_593-21,%20665-21%20y%20680-21_ni_es.pdf

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Téllez, Vijil, Barahona, Torres y Tinoco, la resolución retoma aspectos importantes sobre la situación de las personas beneficiarias y sobre el contexto nicaragüense actual.

A continuación, ofrecemos algunos de estos párrafos (los destacados son nuestros):

  • La CIDH “señala que la situación de las personas propuestas como beneficiarias no se trata de una situación aislada, sino que forma parte de una práctica de detenciones arbitrarias, criminalización de personas opositoras y defensoras de derechos humanos”. “Al respecto, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares y la Corte Interamericana una medida provisional a personas identificadas como opositoras quienes están privadas de libertad en Nicaragua”.
  • “La Comisión observa que las alegadas situaciones de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias estarían relacionadas con sus perfiles como opositoras al Gobierno”.
  • La CIDH “observa que las detenciones de las personas propuestas como beneficiarias se habrían producido con violencia y presuntamente sin que los agentes policiales hubieran presentado órdenes de detención”.
  • “La Comisión requiere al Estado evaluar la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad atendiendo a la situación particular de las personas propuestas como beneficiarias”.

La Comisión también requiere al Estado que informe sobre el paradero o la ubicación de las personas beneficiarias, considerando que hasta el día 31 de agosto ni las familias ni las representantes legales habían logrado visitar ni contactar a las personas encarceladas.

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

UNA trabaja en la construcción de escenarios para la planificar su futuro

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Este 2021, la Universidad Nacional ha implementado la prospectiva estratégica, para la proyección de su futuro en las próximas dos décadas, es decir, generar los cambios académicos, administrativos y estudiantiles propicios, en aras de alcanzar un mejor desempeño institucional y estar preparada como universidad del futuro, ante los grandes retos que plantea el horizonte de los próximos 20 años.

La UNA viene replanteando su labor como universidad necesaria, en la búsqueda de detectar los grandes retos, de cómo enfrentarlos y de cómo actuar, para dar solución a la demanda de la sociedad que le permita de manera pertinente aportar al desarrollo de Costa Rica.

La Universidad Nacional, en este ejercicio de auto examinarse de manera crítica, ha realizado webinarios, talleres y conversatorios y mesas de trabajo con participantes de diferentes instancias de la UNA, tanto académicos, estudiantes y administrativos; donde a través de ellos se han determinado aquellas variables de transformación y sus respectivos retos, los cuales son imperantes atender en pro del objetivo propuesto.

Este 24 de agosto de 2021 se realizó el taller “Construcción de escenarios y elección del escenario apuesta”, en este sentido, con el propósito de profundizar y motivar a los participantes, el M.Sc. Juan Carlos Mora Montero, Coordinador del Proyecto Planificación Prospectiva Estratégica UNA 2040, presentó el video del experto Gerd Leonhard titulado “The Good Future: Beautiful, inspiring short film by leading #Futurist”, traducido como “El buen futuro: Belleza, inspiración en un corto video por un líder prospectivista”.

En este corto audiovisual se señala, que los medios de comunicación nos muestran un futuro cada vez más negativo, señalando problemas ambientales, económicos y políticos; sin embargo, sostiene, que si tenemos el potencial científico y tecnológico para enfrentar las circunstancias se puede cambiar el rumbo hacia un mejor futuro.

Leonhard refiere que lo primero es determinar cuál es ese “buen futuro” que esperamos, por ejemplo, respecto a la alimentación, donde mucha de la producción actual es contaminada, el buen futuro en ello sería una producción sustentable y accesible, por otro lado, respecto a la energía es necesario remplazar aquellas de origen de gas y petróleo; por su parte, la educación debe enfocarse en desarrollar en las personas esa destrezas, habilidades y competencias que las máquinas no pueden hacer, de hecho, esto va relacionado al futuro del trabajo, finalmente, en cuando al futuro de la salud, no es aquella que se enfoca en atender enfermedades, sino más bien, en mantener y propiciar una verdadera salud.

El experto concluyó en el video, que los Gobiernos deben centrarse en las personas, en el planeta, el bienestar y la prosperidad; luego la sociedad como un todo debe involucrarse en este proceso, es decir, comunicar el buen futuro que se debe crear, asimismo se necesitan expertos prospectivistas que guíen eficientemente este proceso, por consiguiente, académicos con amplio conocimiento en diferentes áreas que permitan esta construcción de futuro. También, es relevante tener una mentalidad positiva y enfocada a ello, así como, dedicarle el tiempo y esfuerzo que este buen futuro necesita, indicó Gerd Leonhard.

Mora explicó el avance de este proyecto prospectivo que ha impulsado la UNA, de ahí, rescató el Webinario “Análisis prospectivos de las carreras y profesiones del futuro UNA” realizado el 29 y 30 de abril de 2021, en el que fue posible generar un Estado del Arte sobre la responsabilidad institucional con la docencia universitaria.

También destacó los aportes de los participantes en la serie de talleres realizados a partir del 28 de junio de 2021, para determinar los factores de cambio, mismos que dieron paso a las cinco variables de transformación analizadas en el taller (24 08 21), así como los actores más relevantes que incidirán para alcanzar los retos a futuro.

En trabajo de grupos se determinaron los actores clave y se categorizaron los retos de las variables y de ahí se redactaron las ideas de cada reto a modo de párrafo, que permitiera poner en perspectiva y análisis hacia donde debe mirar la UNA para emprender los desafíos de futuro.

Un tema que ha sido tratado por los participantes refiere a la normativa institucional, y de la necesidad de que la UNA plantee estrategias tácticas, para que la misma permita vehiculizar las aspiraciones planteadas desde la visión de la prospectiva estratégica para los años venideros.

En esta sesión (24 08 21) dos fueron los grupos que presentaron ante la plenaria su análisis de los retos planteados.

Para el caso de la mesa de trabajo (Grupo 1) que atendió el reto de la Generación de Recursos Propios, a grosso modo expuso que los aspectos más relevantes para atender el tema de la generación de recursos propios son:

  • Promoción de una cultura institucional innovadora y solidaria de generación de recursos propios, que oriente la calidad, la pertinencia y la sostenibilidad de las acciones sustantivas, en su contribución en la construcción democrática, progresiva y el mejoramiento ecosocial.
  • Renovar la normativa institucional, la plataforma e infraestructura, así como capacidades técnicas y humanas que dispone la UNA.
  • Tomar en consideración los actores sociales que inciden a lo interno como es el caso de: Consejo Universitario, FEUNA, Asesoría Jurídica, la Vicerrectorías, Consejo de Decanos-CONSACA, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación-AICE, Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa–OCDE; mientras que a nivel externo: los egresados, medios de comunicación, organismos internacionales, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, diferentes instituciones públicas, la ciudadanía, Consejo Nacional de Rectores- CONARE, empresas privadas, organizaciones sociales y al Ministerio de Industria y Comercio-MEIC.

La siguiente mesa de trabajo que expuso (Grupo 4), sobre la Internacionalización de la Oferta Universitaria, sintetizó los principales aspectos a tratar:

  • El desarrollo de una oferta académica atractiva, competitiva, flexible, pertinente, multimodal, multilingüe (de idiomas y de programación) y con diversas titulaciones.
  • La integración y consolidación de redes académicas para fomentar el trabajo colaborativo.
  • El desarrollo de capacidades en el personal académico, administrativo y estudiantil para el diseño e implementación de una estrategia institucional de Internacionalización, desde la renovación de la estructura universitaria y del Consejo Nacional de Rectores-CONARE.
  • Aspirar a una universidad 4.0 sin fronteras, que atienda problemas globales.
  • Entre los actores externos que se deben tomar en consideración se citan a los diversos Ministerios, al Consejo Nacional de Rectores CONARE, Embajadas y Sistema Nacional de Acreditación-SINAES como apoyo a estos procesos y a la convalidación o trámites en CONARE que podrían jugar en contra, sino se mejoran y se actualizan los procesos para incidir en la internacionalización de la oferta académica de las universidades.

Por asuntos de tiempo, los resultados de las mesas de trabajo a cargo de los grupos 2,3,4, serán retomadas y expuestas en la siguiente sesión (Taller 4. II parte: Construcción de escenarios y elección del escenario apuesta-31 08 21). De esta manera, contar con los insumos para pasar a la etapa siguiente y poder ir delineando las hipótesis de los escenarios que la UNA asumiría al 2040.

 

Por:
M.Sc Daniel Alejandro Cavallini Espinoza-Académico EPPS-UNA
M.Sc Efraín Cavallini Acuña-Académico EPPS- UNA

dce/eca- 24 08 21

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Cátedra Solidarista Alberto Martén

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La evolución del Solidarismo y su incidencia se puede apreciar mediante los datos más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al 30 de septiembre de 2019. Éstos indican que en el país existen 1483 Asociaciones Solidaristas provenientes de empresas del sector privado en un 92,6%, así como de organizaciones e instituciones del sector público correspondiente al 7,4%), que benefician a un total de 361.642 trabajadores asociados, correspondiendo a una tasa de asociación Solidarista del 23% de la población asalariada del país.

La Escuela de Planificación y Promoción y Social-EPPS, mediante acuerdo: UNA-CO-EPPS-ACUE-258-2020 del 11 de setiembre de 2020, creó la Cátedra Alberto Martén Chavarría, constituyéndose en un espacio académico, donde se fomentará la discusión, reflexión, análisis, estudio e investigación sobre el Solidarismo, con participación de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, centros de educación superior, los profesionales, las empresas y los centros de investigación científica y social. Asimismo, la Cátedra divulgará la portentosa obra, la producción intelectual y las experiencias de Alberto Martén para las actuales y futuras generaciones.

En un trabajo conjunto con la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional-ASOUNA y La Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, se abrirán espacios académicos y de comunicación para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del Solidarismo, mediante una visión académica basada en las siguientes grandes áreas: investigación, educación, capacitación y promoción, en procura de alcanzar una sociedad más solidaria, próspera y equitativa. En el marco de la celebración de los 74 años de creación del Solidarismo Costarricense, el pasado 24 de septiembre del 2021 se realizó la Inauguración de la Cátedra Alberto Martén Chavarría.

El vídeo de la inauguración se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/1497101250649731/

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Apoyo para la reelección de la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola Noguera

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Se le invita a apoyar la reelección de la Presidenta Antonia Urrejola Noguera para los Estados miembros de la OEA. Su continuidad en el cargo es fundamental para continuar con la construcción de legitimidad institucional de la CIDH de cara a las graves problemáticas que la región está atravesando. 

Considerando su importante trayectoria en este organismo y sus décadas de experiencia profesional, se le solicita el apoyo para su reelección.

Se recibirán adhesiones, (únicamente institucionales), hasta el miércoles 6 de octubre a las 11:59  p.m. a través del siguiente formulario https://forms.gle/1mHx9dxz73yAx82p8

 

Compartido con SURCOS por María Elena López.

ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.

La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.

Afectación de derechos

1.Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

2.Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”

  1. Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.  
  2. Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión

5.La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:

  1. Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.

Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique

Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.

Para más información sobre este proceso adjuntamos la página oficial de ANEP:

https://anep.cr/anep-presenta-recurso-de-amparo-contra-medida-cautelar-atipica-girada-por-jueza-contra-ministerio-de-justicia-y-paz/

 

Imagen del header tomada de: https://anep.cr/

¡Alerta internacional caso Keyla Martínez Rodríguez!

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

JUSTICIA ESTATAL BUSCA DEJAR EN IMPUNIDAD FEMINICIDIO DE KEYLA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

La narcodictadura de Juan Orlando Hernández en Honduras vuelve a ser el centro de atención de las organizaciones de Derechos Humanos en todo el mundo, por la flagrante arbitrariedad contraria al derecho y a la justicia, debido a la sentencia dictada en el caso del feminicidio de la joven Keyla Martínez Rodríguez en la Unidad Departamental N°10 de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, el domingo 7 de febrero del 2021. Keyla tenía 26 años, era estudiante de enfermería al servicio de su comunidad. Menos de tres horas después de su detención fue asesinada en dicha unidad policial. El policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento quien, aprovechándose de su posición de poder por su condición de género, agredió, torturó y asesinó a Keyla Martínez Rodríguez, en complicidad con otros policías.

Denunciamos que el pasado 11 de septiembre, en la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua, los jueces Rubén Rivera Flores, Mirtila Lizeth Romero y Omar Bonilla declararon parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, a cargo de los abogados Nolvia Judith Montoya y Samuel Elías Aguilar Sauceda, en la cual se modificó la tipificación inicial del delito, pasando de “Femicidio agravado” a “Homicidio simple”. Dejamos constancia de que estos jueces han sido investigados ante denuncia por los delitos de actuaciones al margen de la ley, abuso de autoridad y prevaricato según expediente No.1539903415-18 del Coordinador de la Fiscalía Regional de Comayagua.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, este procedimiento legal es muy grave y obedece a una clara intención de reducir la pena carcelaria que debería dictarse contra dicho feminicida y así, cohesionar aún más la política de impunidad e inmunidad impuesta por el régimen de Juan Orlando Hernández (JOH).

Es preocupante que el Poder Judicial del Estado de Honduras haya hecho caso omiso a recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) (10-02-2021) quienes afirman: “…que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por lo tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas” y que “las investigaciones deben orientarse a identificar no solo los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella.” El feminicidio de Keyla Martínez es el primer caso en Honduras tipificado según este Protocolo.

Destacamos que según postulados del Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, este proceso penal es una clara violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Por lo tanto, lanzamos esta ALERTA INTERNACIONAL y hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, feministas y personas a nivel nacional e internacional, para denunciar al Poder Judicial de Honduras por la evidente mediatización de la justicia y la parcialidad demostrada en el feminicidio de Keyla Martínez Rodríguez, perpetrado por el estado de Honduras. A la vez, instamos a articularnos en nuevas acciones de solidaridad y denuncia. Así mismo, exigimos al gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández que detenga todas las acciones de hostigamiento, intimidación y amenazas contra familiares de Keyla, por parte de entidades oficiales y extraoficiales.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.