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Autor: María José Ferlini Cartín

Pese a leve mejora, número de delitos en distritos turísticos costeros de Guanacaste continúa mostrando cifras elevadas

Tasa de homicidios en Nosara es comparable con ciudades más peligrosas del mundo

Esteban Barboza
Aarón Chaves

La mayoría de las categorías delictivas en los distritos costeros con mayor desarrollo turístico e inmobiliario en Guanacaste disminuyó en número en 2024 en comparación con 2023; sin embargo, la cantidad de delitos cometidos sigue siendo muy alta tomando en cuenta la cantidad de habitantes y visitantes de esos distritos, y en comparación con distritos con menor desarrollo turístico en la provincia.

Estas primeras impresiones se desprenden del análisis hecho desde el OBTUR a las estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial al año 2024, y su comparación con las de 2023, que ya habían sido analizadas y publicadas anteriormente en un informe crítico sobre seguridad y desarrollo turístico, disponible en https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/informe-critico-sobre-inseguridad-y-desarrollo-turistico-e-inmobiliario-en-el-litoral-de-guanacaste-segun-datos-de-2023-amenazas-al-desarrollo-o-producto-de-un-modelo-de-desarrollo-desigual.

La desigualdad persistente que genera un desarrollo inmobiliario acelerado y desordenado en distritos como Nosara, Tamarindo y Sardinal, además de un mercado de venta y consumo de drogas como parte de las experiencias de desenfreno prometidas a visitantes en los imaginarios turísticos de esos destinos, parecen ser las explicaciones más plausibles de los altos índices delincuenciales de estas zonas costeras en comparación con distritos no costeros, con excepción de las cabeceras centrales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia.

En cuanto a homicidios, si bien es cierto su número descendió de 44 a 34 de un año a otro en las regiones litorales con mayor desarrollo turístico, los datos de Nosara son realmente alarmantes. En el 2024 se registraron 11 homicidios, dos menos que en 2023. Sin embargo, con una población de 8716 habitantes, según los datos del censo de Nosara de 2024, el distrito tuvo una tasa de homicidios, el año pasado, de 125 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Esto coloca a Nosara al mismo nivel de ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, o Colima y Acapulco en México, que son las tres ciudades con mayor índice de homicidios del mundo en la actualidad. La mayoría de homicidios se debió a ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el mercado de trasiego de drogas.

La forma de medir los homicidios por cada 100 000 habitantes es un estándar internacional, utilizado por la Organización Mundial de la Salud, que también señala que una tasa mayor de 10 muertes por homicidios por cada 100 000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosara supera esa cifra doce veces y media.

Otro rubro en el que este distrito costero destacó por sobre los demás es en el robo de vehículos. De registrar 13 robos en 2023, pasó a 29 en 2024. Es decir, el número subió a más del doble en un año. Esta cifra fue bastante alta también en los casos de Tamarindo y Sardinal, como se puede observar en el gráfico siguiente.

En términos generales, en los distritos costeros de mayor visitación la cifra de robo de automotores creció de 106 casos reportados en 2023 a 118 casos al año siguiente. La tacha de vehículos en estos distritos turísticos sí disminuyó considerablemente, de 116 en 2023, a 63 en 2024. El igual que en el 2023, y según se puede observar en la figura 3, Tamarindo y Cabo Velas son los distritos con mayor número de vehículos tachados en ambos años.

Finalmente, los robos, hurtos, y asaltos en los distritos costeros de Guanacaste mostraron una leve disminución entre 2023 y 2024. Los primeros pasaron de 381 casos registrados en 2023, a 361 en 2024. Los hurtos pasaron de 494 a 398, y los asaltos de 150 a 133. En esta última categoría, Tamarindo fue el único distrito que tuvo más asaltos en 2024 que en 2023. De registrar 41 casos en 2023 pasó a reportar 47 al año siguiente.

Si bien existe una leve disminución, tal cantidad de hechos delictivos en los distritos con mayor desarrollo de infraestructura turística, segundas residencias y visitación de turistas, sigue provocando la pregunta de si estas altas cifras de incidentes son una amenaza al sistema turístico regional, o un síntoma del modelo extractivista del mismo.

La conflictividad socioambiental, la especulación inmobiliaria, la escasez de recursos vitales como el agua, la falta de oportunidades para los habitantes locales dentro de la derrama simbólica que promete este tipo de turismo, un amplio mercado para la venta de drogas ilícitas, y una simbiosis institucional con este tipo de modelos extractivistas parece ser la combinación que contribuye al elevado índice de delincuencia en la región. Estas cifras definitivamente son indicadores de un problema serio que la mayoría ve como una amenaza al sistema turístico de Guanacaste, pero que pocos ven como una consecuencia inevitable de la forma en que este sistema se conforma.

Al tiempo que las autoridades tratan de amenizar estos datos, o bien celebrar la leve disminución de casos en la mayor parte de las categorías, surgen también las preguntas en cuanto a los posibles efectos de estos sucesos en el turismo en Guanacaste, e incluso nacional a mediano y largo plazo.

Si bien es cierto, este 2025 ha habido un menor ingreso de turistas al país, no se puede alegar a ciencia cierta que esto sea por razones de seguridad. La literatura científica ha comprobado que la imagen de un país en el escenario turístico internacional no se deteriora de un día para otro por razones de seguridad, a menos que sea por casos muy graves como una guerra.

Sin embargo, esta situación podría cambiar con el tiempo, como se ha demostrado que sucede en destinos con un deterioro de su imagen en temas de seguridad prolongada y constante, que con el tiempo se refleja en la baja de visitación. Esto podría ser un problema a mediano plazo, sobre todo porque Costa Rica, y en especial Guanacaste, son altamente dependientes de turistas extranjeros.

Sin embargo, lo que más debe llamar a la reflexión es la clara relación entre el modelo de desarrollo turístico dominante en Guanacaste y el crimen. Este último se nutre de la desigualdad, la falta de oportunidades, y de modelos de desarrollo e instituciones extractivistas. Esto hace que sea preciso impulsar formas más inclusivas de desarrollo turístico y de otras actividades económicas en la región, de forma que se creen más oportunidades y bienestar para la mayor parte de la población.

Medición estratégica para la excelencia universitaria

Dr. Javier Rodríguez Ramírez
Economista – Académico
Escuela de Economía, UNA
javier.rodriguez.ramirez@una.ac.cr

Para el año 2026 la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior se estableció en un monto de ₡593.484 millones. Estos recursos promoverán la equidad en el acceso a la educación, así como la mejora en becas, investigación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros beneficios que impulsan el desarrollo del país. Sin embargo, junto con esta asignación presupuestaria, el contexto actual exige que las universidades cuenten con instrumentos adecuados para medir los resultados de sus acciones, considerándolo una necesidad estratégica y un medio de rendición de cuentas ante la sociedad.

La calidad universitaria ha sido tradicionalmente un ideal aspiracional que trasciende la simple satisfacción del usuario. Se concibe, más bien, como el resultado de una gestión integral que abarca todas las etapas del quehacer sustantivo de la institución. En este marco, la evaluación debe ser un proceso intrínseco, permanente y orientado a la mejora continua, en el que los indicadores de gestión actúan como insumos cuantitativos que vinculan las acciones institucionales con los logros deseados.

Las universidades costarricenses han dependido tradicionalmente de indicadores simples, como el número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación, la proporción docentes/estudiantes, los porcentajes de retención o el número de publicaciones, entre otros. Si bien esos datos permiten monitorear ciertas tendencias, resultan insuficientes para reflejar la complejidad del sistema académico y las interrelaciones que se dan entre la docencia, investigación, extensión universitaria, gestión de la infraestructura y prestigio externo.

En el ámbito de la medición del desempeño universitario, el QS Latin America & Caribbean University Rankings 2026 constituye una clasificación regional elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). Su propósito es ofrecer una evaluación comparativa entre las universidades de América Latina y el Caribe, considerando las particularidades propias de la región. Para ello, incorpora ocho indicadores: el de mayor peso relativo es la reputación académica (30%), seguido por reputación entre empleadores con 20%. Con una ponderación de 10% cada uno se incluyen los indicadores: profesores con doctorado, profesores por alumno, citaciones por artículo, red internacional de investigación; finalmente, con un 5% de peso relativo, se encuentra el impacto web y publicaciones por académico.

Las universidades públicas costarricenses ocupan posiciones modestas frente a sus pares regionales. La Universidad de Costa Rica (UCR) se ha consolidado como la principal institución del país en esta evaluación, al ubicarse en el puesto 19 en el ranking latinoamericano y la posición 499 de la versión global 2026 de QS. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional se posicionan en los lugares 91, 96 y 115, respectivamente, dentro del ranking regional.

Para que las universidades públicas superen el estancamiento relativo observado en los últimos años, sería necesario revisar su planificación estratégica con el fin de alinear y equilibrar los esfuerzos institucionales hacia las dimensiones más valoradas por QS: reputación académica, reputación ante empleadores, producción científica, citaciones, relación docentes-estudiantes y visibilidad web.

En este contexto, la adopción institucional de un modelo interno de indicadores compuestos podría brindar a las universidades públicas una ventaja competitiva. Un indicador compuesto (IC) se genera cuando varios indicadores temáticos se integran mediante procesos metodológicos de normalización, ponderación y agregación. Diversos autores señalan que este tipo de índice permite medir fenómenos multidimensionales, como la competitividad académica, así como comparar de manera integral unidades internas (facultades, sedes) o incluso diferentes instituciones.

Los indicadores compuestos permiten integrar diversas dimensiones o áreas de interés, facilitan la comparación y sirven como herramienta para identificar qué componentes del quehacer sustantivo presentan rezagos: ¿son las citaciones? ¿la reputación internacional? ¿la proporción de investigadores con grados avanzados? Esta visión sistémica posibilita priorizar acciones estratégicas que generen un mayor retorno institucional.

Un indicador compuesto bien diseñado permite evaluar los efectos de las políticas institucionales, como la contratación de profesores con grado de doctorado, el estímulo a la producción científica o la mejora de la infraestructura digital, sobre el índice agregado. La divulgación del modelo metodológico y de los resultados internos proporciona una herramienta adicional para fortalecer la institución y mejorar su credibilidad ante organismos de acreditación, agencias de financiamiento, entidades gubernamentales y la sociedad en general. El uso de indicadores compuestos, siempre que se construyan con rigor y transparencia, puede transformar la manera en que una universidad orienta sus esfuerzos hacia la excelencia.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Pública Superior costarricense no solo deben crecer en volumen -número de estudiantes, edificios, flota vehicular-, sino también en coherencia, visibilidad y relevancia. Para lograrlo, no basta con ampliar el alcance de las mediciones existentes; es necesario medir con mayor precisión y pertinencia. Una política institucional que impulse la creación de un sistema interno de indicadores compuestos, confiable y ampliamente aceptado, puede resultar decisiva para que la institución supere su rango global, mejore su posición regional y, sobre todo, consolide su papel como referente académico nacional y motor de desarrollo social.

En un entorno en el que la calidad educativa se somete cada vez más al escrutinio internacional, y donde la virtualización y el acceso en tiempo real a educación de calidad permiten a los estudiantes elegir entre universidades de todo el mundo, serán aquellas instituciones que se gobiernen con datos -y no solo con intuición- las que lideren el futuro académico de Latinoamérica.

6-10-2025

Proyecto busca legalizar comercialización de datos sensibles de las personas

OMERCON

El Proyecto de Ley N.° 24.374 pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas. Esta propuesta busca legitimar el negocio de la venta de datos confidenciales, obtenidos por entidades financieras y comerciales de personas físicas o jurídicas privadas. En esencia, convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por una suma de dinero.

Este peligroso proyecto permitiría que personas y empresas recopilen, gestionen, almacenen, procesen y comercialicen información crediticia relacionada con el historial de pagos de individuos o empresas que figuran como deudores, codeudores o fiadores en operaciones de crédito otorgadas en Costa Rica. Es decir, parte de su historial privado podrá ser vendido y comprado sin su consentimiento, simplemente porque representa un negocio rentable para algunos, aunque eso ponga en riesgo su tranquilidad y seguridad.

Disfrazado como una iniciativa para proteger a los consumidores y facilitar el acceso al crédito, este proyecto propone que entidades privadas puedan acceder y vender información tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones crediticias, actualmente en poder de los acreedores. Los motivos detrás de esta propuesta son claramente mercantiles, ya que esas bases de datos tienen un valor de cientos de miles de dólares.

El proyecto obligaría a los entes que otorgan crédito a trasladar a empresas privadas tanto la información sobre morosidad como sobre créditos al día, datos que hasta hoy se consideran de carácter sensible.

La información que se maneja es esencialmente información de incumplimiento, por falta de previsión expresa regulatoria. De esta forma, esta información resulta de cierta manera incompleta y no permite un análisis total de las situaciones”, indica el proyecto en su exposición de motivos.

La falta de control oficial sobre los datos de los créditos activos, los montos pagados mensualmente, los ingresos devengados, el efectivo manejado, y la situación de fiadores o codeudores, eleva exponencialmente el riesgo de que esa información personal circule entre terceros privados. Esto no solo vulnera la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizada para fines delictivos, como extorsión, secuestros o incluso asesinatos, en una Costa Rica cada vez más violenta e insegura.

Nada de lo que plantea este proyecto resulta necesario hoy en día, ya que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ente estatal, cuenta con una base de datos centralizada sobre toda la población costarricense. Dicha información puede ser consultada individualmente por los entes financieros formales que otorgan crédito, a través del Centro de Información Crediticia (CIC).

De hecho, hace pocos años las cámaras empresariales solicitaron, con acierto, que fuera el Banco Central de Costa Rica el único administrador del registro de accionistas, precisamente por la sensibilidad de esa información y el riesgo de que terminara en manos indebidas.

Resulta inaceptable que, por medio de una ley, se pretenda autorizar a empresas privadas para vender información personal y sensible de la ciudadanía costarricense. Cualquier error en esa información podría generar graves daños reputacionales y personales. Hoy más bien deberíamos eliminar del mercado a ciertas empresas que ya se lucran con parte de estos datos.

Existen compañías que hoy venden información personal obtenida de forma engañosa mediante cláusulas abusivas en contratos de adhesión, o bien comercializada ilegalmente, incluso hackeada de bases de datos. Muchas veces, además, se trata de información falsa. Contra este tipo de prácticas deberíamos actuar como sociedad para eliminar ese negocio ilegal y perjudicial.

Cerca de un millón de costarricenses han visto afectado su historial crediticio por entes financieros que, tras promover créditos de consumo sabiendo que comprometerían en exceso su capacidad de pago, hoy los acosan para cobrar. Con este proyecto, esas personas no solo deberán limpiar su historial ante la SUGEF, sino que también tendrán que lidiar con trámites, pagos y pérdida de tiempo para corregir su información en múltiples entidades privadas que podrían estar manejando sus datos sensibles.

Estamos conscientes del crecimiento de grupos delictivos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y mafias extorsivas, los cuales no dudarán en aprovechar estas brechas para su propio beneficio. Por una suma de dinero, podrían acceder a información sobre cuánto gana una persona, cuándo desembolsa dinero o cuándo paga sus créditos. No solo porque las empresas que negocian con esta información se los vendan, sino porque incluso podrían comprar dichas empresas o crear las suyas propias, todo de manera legal.

Llama la atención que algunos sectores que apoyan este proyecto, se opongan al mismo tiempo a que el Banco Central de Costa Rica pueda cruzar información para identificar riesgos en el manejo del dinero por parte de los intermediarios financieros —dinero que, al final, es de la sociedad. Incluso han propuesto que el BCCR no pueda acceder ni utilizar esa información, que con este nuevo proyecto se pretende dejar en manos privadas y disponibles para la comercialización.

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestemos en contra.

Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor

Hospital Calderón Guardia viola derecho a lactancia materna

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, informa a trabajadoras y trabajadores de la CCSS y a la opinión pública nacional que nuestro sindicato, en defensa de las funcionarias del Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que se encuentran en período de lactancia materna, ha solicitado la intervención directa de la presidenta de la CCSS.

Esto a raíz de situaciones reiteradas de trato desigual y discriminatorio en la asignación de tiempo extraordinario, que afectan directamente el ejercicio de la licencia de lactancia, derecho protegido por el Código de Trabajo, la Ley 7430 de Promoción de la Lactancia Materna y convenios internacionales como el Convenio 183 de la OIT.

Durante más de dos años, UNDECA ha presentado denuncias ante las autoridades institucionales, señalando que la jefatura y dirección médica del hospital han establecido condiciones diferenciadas y excluyentes para las trabajadoras en período de lactancia.

La intervención directa de la Junta Directiva de la Caja es urgente ante la seriedad de estas denuncias y abre el camino para que se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes.

UNDECA reafirma que la licencia de lactancia es un derecho irrenunciable y de orden público, y exige a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las autoridades del Hospital Calderón Guardia que cesen toda práctica discriminatoria y adopten medidas correctivas inmediatas.

UNDECA continuará acompañando y defendiendo a las trabajadoras afectadas, y hace un llamado a todo el personal de la institución a mantenerse vigilante, organizado y unido en la defensa de sus derechos laborales y sociales.

FRENAPI: Sobre el uso inadecuado del término “malicia indígena” en campañas de ciberseguridad

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) manifiesta su rechazo contundente al uso del término “malicia indígena” en la reciente campaña de ciberseguridad, publicada bajo el título “La sabiduría costarricense al servicio de la ciberseguridad”.

Aunque la intención declarada sea educativa, esta campaña reproduce estereotipos coloniales que asocian lo indígena con la astucia, la desconfianza o la “trampa”, banalizando siglos de conocimientos, cosmovisión y sabiduría ancestral de nuestros pueblos. La frase “malicia indígena” no representa la identidad de los pueblos indígenas, sino que refuerza un prejuicio histórico que busca caricaturizar nuestra inteligencia y nuestra forma de relacionarnos con el mundo.

Nuestros saberes no son malicia: son conocimiento, intuición, resiliencia y respeto por la vida y la Madre Tierra. Reducirlos a un juego de palabras para explicar cómo “no dejarse engañar” en internet es una forma de violencia simbólica que invisibiliza nuestra dignidad, nuestra historia y nuestra contribución a la sociedad costarricense.

Desde el FRENAPI hacemos un llamado a las instituciones y medios de comunicación a evitar el racismo cotidiano disfrazado de humor o creatividad, y a reconocer que la identidad indígena no puede ni debe ser utilizada como recurso publicitario o educativo sin nuestro consentimiento y sin respeto pleno a nuestra historia y cultura.

Exigimos respeto, conciencia y rectificación inmediata del uso de este término. La sabiduría indígena no es “malicia”: es vida, memoria y resistencia viva en nuestros territorios.

Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI)
Por la defensa de la vida, la Tierra /Territorios y la autodeterminación de Los Pueblos Indígenas

Acompañamiento de líneas de lucha, movilización política y criminalización de la protesta social: Un panorama

Por: Trino Barrantes Araya

Correo-e: camilosantamaria775@gmail.com

Introducción

Las líneas de lucha, la movilización de las masas, y la protesta social tanto en América Latina, como en la América Anglosajona, se ha expresado de múltiples y distintas formas. En la “historia insurgente” la lucha de clases, la resistencia popular se manifiesta con diversos objetivos y con sus propias particularidades y maneras de dirigir la protesta social. La “democracia de la calle” difiere del movimiento social en cuanto a los métodos que practican, pero en términos del objetivo que persiguen, ambos tienen como punto de llegada el cambio social, las transformaciones políticas o la lucha reivindicativa como ejercicio de la democracia popular.

No buscamos aquí, ofrecer en orden cronológico las distintas formas de la protesta social. Al contrario, queremos anclar algunos elementos vitales que sirvan de base a una investigación más profunda en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos, impulsada por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

Sociología del movimiento popular

Existe, por así decirlo, un punto de inflexión en la forma y características que asumen los diferentes tipos de movilización popular. Todo conflicto estará siempre mediado por la lucha de clases y, la mayor parte de las veces, contra el orden establecido y el imperialismo.

Los movimientos reivindicativos, generalmente adscritos a la lucha sindical y a las grandes movilizaciones de masa, tienen a la base alcanzar la equidad social y consecuentemente la justicia distributiva. La lucha por el territorio, la soberanía alimentaria y la consolidación de un mercado socialmente justo, están en el horizonte de estos movimientos.

Pero hoy, frente a una sociedad altamente cambiante, la lucha por la autonomías culturales, la recuperación de la memoria histórica y la resimbolización de los valores ancestrales y de identidad, se tornan como parte de esta gran sociología de la legitimación del movimiento popular.

En el proyecto unificado de la Carta Social de las Américas, la lucha por un nuevo orden económico y social y la afirmación de los Derechos Humanos afirma y legitiman la onda expansiva en favor de los derechos políticos y civiles, los derechos económico, culturales y sociales, la defensa de los derechos humanos de la tercera

Tipos de modalidades de Resistencia Popular

Procuramos en este breve trabajo reconocer, de manera sucinta los tipos de modalidad de la resistencia popular y las formas particulares que asume la protesta social en los diferentes ámbitos. Es claro que en la superficie de estas luchas aparecen las marchas y protestas. Algunas manifestaciones se asumen mediante el llamado como pacíficas y no violentas; pero otras, por el contrario tienen un matiz violento, pues buscan visibilizar sus demandas, hacer lobby mediante la redes sociales y presionar a los gobiernos en el ámbito nacional como internacional.

La resistencia civil de acciones no violentas y pacíficas, tiene como objetivo central desobedecer el poder institucional, frente a las demandas que ellos y ellas consideran injustas y de cumplimiento obligatorio por el gobernante de turno-

Breve radiografía de la protesta social

1.- A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre las aguas del río Magdalena-Colombia, se llevaron a cabo grandes “movilizaciones de canoas”. Prácticamente bloquearon el Magdalena. De la misma forma la toma de las vías acuíferas, tuvieron una misma práctica en el Urabá.

2.- En los Estados Unidos y en Europa, contra los megapoderosos grupos financieros y los Organismos Financieros Internacionales (FMI, BM, OMC, Grupo de los 7), aparecen las movilizaciones de jóvenes “antiglobalización”, los cuales ponen como nueva práctica en la protesta social, “las sentadas y los encadenamientos”.

3.- En 1990, en Argentina, los colectivos populares y los pibes enfrentan la crisis que se denominó el “Corralito, a través de un nuevo mecanismo de protesta que se denominó como “los piqueteros” “ y el mecatazo”, dan una nueva forma a la lucha popular.

4.- En casi toda América Latina se ha tenido como una práctica en las grandes movilizaciones populares, el mecanismo de los “tranques”. Con esta acción de agitación política, tuvo lugar la caída del régimen del dictador Anastasio Somoza; obviamente, acompañado de un proceso de insurgencia popular.

Más recientemente, con el apoyo explícito de la CIA, las ONG´s, la USAI y el Departamento de Estado, la derecha y sectores reaccionarios de la oligarquía nicaragüense, nuevamente, bajo la modalidad de los tranques, impulsaron la caída del gobierno democrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la contrarespuesta del poder popular llevó a la derrota a los traidores de Sandino.

5.- En Costa Rica, en tres momentos diferentes y bajo condiciones coyunturales particulares, 1976, alza en las tarifas eléctricas, 1980, políticas antisindicales, 1995, ataque violento contra el régimen de pensiones, nació una nueva expresión de la lucha callejera, por lo demás, sumamente novedosa y contestaria, en dichos contextos históricos, hacemos referencia a “las barricadas”.

6.- Otra práctica de movilización política y popular que ha tenido lugar en diferentes países de América Latina, con un gran signo campesino e indígena, es “el tortuguismo” y la “caravana a pie” de grandes contingentes humanos. Chile, México, Ecuador, Bolivia, Haití y Guatemala, son ejemplos muy importantes en esta radiografía. La siguiente cita nos ayuda a enriquecer lo que exponemos:

“…Bolivia: La sublevación popular que derrocó al gobierno de Jeanine Áñez y llevó al poder al Movimiento al Socialismo (MAS).

Chile: El levantamiento popular que sepultó al gobierno de Sebastián Piñera y llevó a la creación de una Asamblea Constituyente.

Ecuador: La resistencia indígena que derrotó al gobierno de Lenin Moreno y logró la derogación de medidas económicas impopulares.

Haití: La resistencia popular que enfrenta al gobierno y a las bandas paramilitares que aterrorizan a la población”

7.- En Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, surge otra forma en la movilización social y la protesta social; se alcanza por medio “del arte popular y el performance”. En estas nuevas prácticas de lucha popular se han puesto en juego el “escrache, el plantón, la carpa y el lavado de la bandera”. Todas ellas de un gran contenido contestario y con métodos renovados en la protesta y la lucha social.

8.- “La pinta, el graffiti crítico”, forman un sello de larga data en la protesta social en América Latina. La consigna que se encierra en esta narrativa es decir y hablar lo que la prensa mediática calla.

9.- Definitivamente una novedad en el arte de la protesta social se articula en el Uruguay a través de “las Llamadas” y “las murgas callejeras”. El sentido satírico y crítico que se encierran en cada una de estas sendas formas de lucha conlleva a una profunda denuncia contra el gobierno de turno. Mediante el diálogo mordaz, se ataca fuertemente a las estructuras gubernamentales y al aparato del poder.

10.- Con un contenido más conspirativo y de gran violencia, entre los años de 1989 y 1995, se incorporan dos nuevos métodos en la protesta social. Hacemos referencia a la voladura de puentes y la tumba de monumentos. Ambas formas de agitación han sido más cercanas a los grupos fascistas y supremacistas, que a la protesta social popular propiamente dicha.

Ahora bien, como corolario de toda esta agitación y manifestación de la protesta social, la cual debe contemplarse como el primer derecho humano fundamental, a la cual pueden aspirar los sectores populares, deviene en Argentina inicialmente, en Centro América y otros países, “la criminalización, penalización y judicialización de la protesta social” contra los piqueres en las vías públicas, asumen rango de delito constitucional.

El mitin que había sido la práctica consuetudinaria en la protesta social hoy tiene el imperio de la ley.

Pero pese a toda la represión estatal, América latina vive nuevas formas de resistencia popular y movilización, entre ellas “la minga, la olla comunitaria, el sancocho, los cantautores populares y los pasacalles”, hacen que la voz popular de la protesta no pueda ser callada. La lucha y el avance hacia un nuevo proyecto de democracia social y participativa, no podrán detenerlo bajo el auspicio de leyes fascistas y mecanismo represivos. La utopía cada vez se visualiza más cerca de todas las clases populares de América Latina.

La amenaza silenciosa de la acidificación marina: lo que significa para Costa Rica

Por Allan Astorga

(Imagen de svs.gsfc.nasa.gov)

Cuando pensamos en el cambio climático, la mayoría imagina temperaturas más altas, huracanes más intensos o sequías más largas. Sin embargo, existe otro fenómeno igualmente preocupante que avanza de manera silenciosa en nuestros océanos: la acidificación marina. Este proceso está ocurriendo a nivel mundial y tiene consecuencias directas para la vida en el mar, la pesca y, en el caso de Costa Rica, para las comunidades que dependen de sus costas.

¿Qué es la acidificación del mar?

Para explicarlo de forma sencilla: cuando quemamos carbón, petróleo o gas natural, liberamos dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera. Una parte importante de ese CO₂ no se queda arriba, sino que es absorbido por los océanos. El mar actúa como una “esponja” de carbono. Hasta ahora, ha absorbido aproximadamente un tercio de todo el CO₂ que hemos emitido desde la Revolución Industrial, aunque, ese fenómeno se ha dado, principalmente, de los años 80.

El problema es que, al disolverse en el agua, ese CO₂ reacciona formando ácido carbónico, que reduce el pH del agua marina, volviéndola más ácida. Aunque la variación parece pequeña, en términos químicos es enorme: el océano superficial ya ha perdido cerca de un 30 % de su alcalinidad en los últimos 200 años. Y esto afecta directamente a los organismos marinos que dependen de minerales como el carbonato de calcio para formar sus conchas o esqueletos: corales, moluscos, crustáceos y hasta parte del plancton.

De acuerdo con datos del Marine – Copernicus el agua de mar se está acidificando 10 veces más rápido que en cualquier momento de los últimos 300 millones de años.

¿Por qué es un problema global?

La acidificación debilita a los corales, que dejan de crecer y de cementar sus arrecifes. Esto pone en riesgo ecosistemas enteros, pues los arrecifes de coral son como las “ciudades submarinas”: refugio, guardería y despensa de miles de especies. Es el segundo ecosistema más biodiverso del mundo, después de los bosques tropicales.

Si los corales no pueden crecer al mismo ritmo que se erosionan, los arrecifes comienzan a desmoronarse. A largo plazo, esto significa menos peces, menos biodiversidad y menos protección natural para las costas. La pesca mundial también se ve comprometida, porque muchos moluscos y crustáceos de importancia comercial sufren directamente la pérdida de carbonato. A eso se suma el riesgo en la acuicultura, que ya reporta problemas en países como Estados Unidos y Chile debido a aguas más ácidas que matan larvas en viveros.

¿Y qué pasa en Costa Rica?

Aunque se habla poco, la acidificación ya es una realidad en nuestras costas. En el Pacífico Norte, especialmente en la Bahía Culebra y la zona de Papagayo, los vientos intensos de Papagayo empujan aguas profundas hacia la superficie en un fenómeno llamado surgencia. Estas aguas que suben son naturalmente más frías, pobres en oxígeno y ricas en CO₂. Cuando llegan a la superficie, combinan sus características naturales con la tendencia global de mayor acidificación, creando episodios en que el pH del agua baja mucho más de lo normal.

Se han medido allí valores de pH cercanos a 7,8, cuando lo normal en el océano abierto es de alrededor de 8,1. Esa diferencia representa un gran estrés para los organismos marinos. Durante estos eventos, los corales, moluscos y peces jóvenes enfrentan condiciones críticas que pueden afectar su supervivencia.

En el Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, el problema se agrava porque se combina la surgencia con la descarga de aguas residuales y sedimentos de origen humano, que provienen del Valle Central (transportados por el Río Tárcoles) y la misma zona urbana de Puntarenas – El Roble.

En el Caribe de Costa Rica, por su parte, aunque el efecto directo de la acidificación ha sido menor hasta ahora, los arrecifes enfrentan simultáneamente el estrés por calentamiento, contaminación y pérdida de cobertura coralina.

Las causas que debemos entender

Hay dos niveles de causas que en Costa Rica se debe tener claro:
1. La causa global: la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón mineral) sigue siendo el motor principal. Mientras la humanidad no ralentice y reduzca las emisiones de CO₂, los océanos seguirán absorbiendo más y más, aumentando la acidificación.
2. Las causas locales: en Costa Rica, la contaminación costera, la sobrepesca y la falta de protección efectiva de ecosistemas arrecifales y manglares reducen la capacidad natural de resiliencia.

Perspectivas y riesgos para el futuro

Si las emisiones globales no se reducen drásticamente, los modelos científicos proyectan que para la segunda mitad de este siglo los episodios de acidificación en el Océano Pacífico Norte podrían pasar de ser eventos temporales a condiciones casi permanentes. Esto significaría arrecifes más frágiles, menos biodiversidad y una caída en la productividad pesquera.

Para un país como Costa Rica, cuya identidad y economía dependen tanto del mar —turismo, pesca, cultura costera—, el impacto puede ser altamente significativo.

¿Qué podemos hacer?

– Reducir emisiones: seguir apostando por energías renovables y presionar para que los grandes emisores reduzcan su huella de carbono, o en su defecto, que se desarrollen e implementen acciones estratégicas de ralentización de las emisiones (aplanamiento de la curva) como las que se han sugerido a nivel global.
– Cuidar lo local: reducir la contaminación costera, tratar las aguas residuales, proteger los manglares y regular la pesca.
– Monitorear y educar: necesitamos estaciones permanentes de monitoreo de pH y oxígeno en zonas críticas como Papagayo y Nicoya, y debemos educar a la población sobre lo que significa este fenómeno.

Conclusión

La acidificación marina es una amenaza silenciosa que avanza en paralelo al calentamiento global. En Costa Rica ya estamos viendo sus señales en nuestras costas. Comprender sus causas y consecuencias es esencial para proteger nuestras comunidades costeras, nuestra biodiversidad y nuestro futuro.

Si ignoramos este problema, los mares que hoy nos alimentan podrían volverse hostiles en pocas décadas. Pero si actuamos con visión y decisión, Costa Rica puede ser ejemplo en la defensa de los océanos, igual que lo ha sido en la defensa de la naturaleza.

https://marine.copernicus.eu/es/ocean-climate-portal/ocean-acidification
ii Sánchez-Noguera, C., Stuhldreier, I., Cortés, J., Jiménez, C., Morales, Á., Wild, C., and Rixen, T.: Natural ocean acidification at Papagayo upwelling system (north Pacific Costa Rica): implications for reef development, Biogeosciences, 15, 2349–2360, https://doi.org/10.5194/bg-15-2349-2018, 2018.
Fuente de la imagen: https://svs.gsfc.nasa.gov/30697/

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/10/la-amenaza-silenciosa-de-la-acidificacion-marina-lo-que-significa-para-costa-rica/

¿HAMÁS como pretexto?

La instrumentalización de la resistencia para justificar el genocidio en Gaza

Por Juan Carlos Cruz

Fuente: BBC

Desde el 7 de octubre de 2023, la narrativa dominante ha girado en torno al ataque de HAMAS como detonante de una supuesta “respuesta legítima” por parte de Israel. Sin embargo, diversas investigaciones y testimonios revelan que el operativo insurgente fue precedido por señales claras que fueron ignoradas por los servicios de inteligencia israelíes. Esto ha llevado a analistas, juristas y comunicadores críticos a preguntarse si el ataque no ha sido más bien utilizado como pretexto para acelerar un proceso de limpieza étnica que lleva décadas en curso.

Más allá del impacto inmediato, lo que está en juego es la legitimidad de la resistencia palestina y la forma en que ha sido sistemáticamente criminalizada para justificar el despojo territorial, el exterminio y la impunidad internacional. Este artículo propone una lectura crítica desde el derecho internacional, la historia de la resistencia y el análisis comunicacional, desmontando el relato hegemónico que reduce el conflicto a una reacción defensiva frente al “terrorismo”.

Fallos de inteligencia y advertencias ignoradas

Advertencias previas: Según investigaciones del Wall Street Journal y The Jerusalem Post, Israel recibió señales claras del operativo de HAMAS, incluyendo activación de tarjetas SIM israelíes y movimientos de tropas el 6 de octubre.

Interpretación errónea: Los altos mandos pensaron que HAMAS realizaba ejercicios defensivos o preparaba incursiones menores. Se descartaron documentos que apuntaban a un ataque coordinado.

Exceso de confianza: Tras años de contención exitosa, Israel asumió que HAMAS estaba disuadido y debilitado. Esta lectura errónea permitió que el ataque tomara por sorpresa a las fuerzas israelíes.

¿Venganza o estrategia de exterminio?

Masacre posterior: Desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, según cifras de medios palestinos y ONG. La mayoría son civiles, incluyendo miles de niños.

Destrucción sistemática: Hospitales, universidades, archivos históricos y barrios enteros han sido arrasados. Se impide el ingreso de ayuda humanitaria y se bloquea el acceso a agua, electricidad y alimentos.

Desplazamiento forzado: Se ha intentado forzar a la población gazatí hacia el sur, hacia Egipto, lo que ha sido denunciado como una estrategia de limpieza étnica.

Impunidad internacional: A pesar de las denuncias de genocidio, ni EE.UU. ni la UE han exigido un alto al fuego ni han sancionado a Israel. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque del 7 de octubre se usa como pretexto para culminar el despojo territorial.

Lectura crítica desde la comunicación y el derecho internacional

Narrativa dominante: Los medios hegemónicos han centrado la cobertura en el ataque de HAMAS, invisibilizando el contexto de ocupación, apartheid y resistencia.

Derecho internacional: La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el castigo colectivo, el desplazamiento forzado y los ataques a civiles. Israel ha violado sistemáticamente estas normas.

Comunicación crítica: Espacios como La BaseLatam, Al Jazeera, Canal Red y medios alternativos han denunciado el uso del lenguaje como arma de guerra: se criminaliza la resistencia y se legitima el exterminio.

La resistencia no comenzó con HAMAS

La resistencia palestina ha sido instrumentalizada por el ente colonial y sus aliados, para justificar el genocidio y el despojo territorial, desde antes de la implantación del estado sionista.

Desde el inicio del proyecto colonial británico que facilitó la creación del Estado de Israel —sin consultar ni reconocer los derechos del pueblo árabe palestino— se ha desplegado una resistencia constante frente al despojo, la ocupación y la violencia estructural. Esta resistencia, en sus múltiples formas, ha sido sistemáticamente etiquetada como terrorismo por los poderes hegemónicos, invisibilizando su carácter legítimo como respuesta a la opresión. La larga lista de acontecimientos violentos no puede entenderse sin reconocer que la resistencia palestina es expresión de un derecho universal: el de los pueblos a defender su tierra, su vida y su dignidad frente a la colonización y la limpieza étnica.

Matriz comparativa: Resistencia palestina vs. represión israelí

Vinculación con resoluciones internacionales

  • Resolución 194 (1948): Reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

  • Resolución 242 (1967): Exige la retirada israelí de territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días.

  • Resolución 2334 (2016): Condena los asentamientos israelíes en territorio palestino como ilegales.

  • Estatuto de Roma (CPI): Permite investigar crímenes de guerra, incluyendo limpieza étnica y castigo colectivo.

HAMAS como contrapeso a la OLP y el cambio de rol estratégico:

Desde su fundación en 1987 como escisión de los Hermanos Musulmanes, HAMAS ha sido objeto de una compleja relación con el ente colonial sionista. En sus primeros años, Israel toleró —e incluso facilitó indirectamente— su crecimiento, en parte porque su emergencia fragmentaba el liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y debilitaba la unidad nacional frente a la ocupación. Sin embargo, con el fracaso de los Acuerdos de Oslo y el ascenso electoral de HAMAS en Gaza, el movimiento pasó a ocupar el lugar simbólico y estratégico que por décadas tuvo la OLP: el de enemigo útil, funcional a la narrativa de “defensa” israelí.

En los años 80 y 90, Israel vio con buenos ojos el surgimiento de HAMAS porque debilitaba a la OLP, que había logrado reconocimiento internacional como representante legítima del pueblo palestino. Esta división interna fue instrumentalizada para fragmentar la resistencia.

Ascenso electoral y legitimidad popular. En 2006, HAMAS ganó las elecciones legislativas palestinas con amplio apoyo en Gaza. Su victoria fue desconocida por Israel, EE.UU. y la UE, que impusieron sanciones y bloquearon el gobierno. Desde entonces, HAMAS fue aislado y demonizado como “grupo terrorista”, a pesar de su legitimidad electoral.

A partir de entonces, HAMAS pasó a ocupar el papel de enemigo absoluto. Cada acción de resistencia —desde el lanzamiento de cohetes hasta la defensa armada— ha sido utilizada como pretexto para justificar bombardeos masivos, invasiones terrestres y bloqueos prolongados.

La victimización del ente colonial sionista

Narrativa de autodefensa. Israel ha construido una doctrina comunicacional basada en el “derecho a defenderse”, que se activa cada vez que HAMAS responde a la ocupación. Esta narrativa invisibiliza el contexto de apartheid, colonización y violencia estructural.

Instrumentalización del ataque del 7 de octubre de 2023. El operativo conjunto de HAMAS y otras fuerzas insurgentes fue inmediatamente presentado como una agresión sin contexto. Desde entonces, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, destruyendo hospitales, universidades y barrios enteros, bajo el pretexto de eliminar a HAMAS.

La resistencia como derecho, no como amenaza

La existencia de HAMAS —como antes la de la OLP, las intifadas o el movimiento BDS— ha sido utilizada por Israel y sus aliados para justificar una política sistemática de exterminio, desplazamiento forzado y colonización. Pero la resistencia palestina no es la causa del genocidio: es su excusa. Invisibilizar su legitimidad equivale a negar el derecho de los pueblos a defenderse frente a la ocupación, el apartheid y la violencia estructural.

A la luz del derecho internacional, de la memoria histórica y de los testimonios que emergen desde Gaza, lo que se vive no es una guerra, sino una masacre planificada. Y lo que se necesita no es más cobertura mediática del horror, sino una ruptura ética con la narrativa colonial que convierte a las víctimas en culpables y a la resistencia en terrorismo.

La pregunta no es si HAMAS justifica la respuesta israelí. La pregunta es por qué el mundo sigue permitiendo que se utilice la resistencia como pretexto para el exterminio.

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma

Pedro Alberto Soto Sánchez

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.

Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.

Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.

Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.

Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.

El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.

La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.

Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.

El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.

¡Alerta ante la amenaza imperialista contra Venezuela y la paz de Nuestra América!

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente las maniobras agresivas e ilegales del imperialismo estadounidense en el Caribe, que constituyen una amenaza directa a la paz latinoamericana y un atentado contra la soberanía del pueblo venezolano.

La acumulación extraordinaria de medios militares de EE.UU. en el sur del Caribe, las incursiones ilegales de sus aviones de combate en espacios aéreos controlados por Venezuela, la destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, así como la pretensión de extender estas acciones a zonas terrestres, forman parte de un plan cuidadosamente diseñado para fabricar un pretexto de agresión militar. Esta política belicista viola de forma flagrante la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

El imperialismo estadounidense, en su desesperación por recuperar control político y económico sobre los recursos venezolanos, busca imponer por la fuerza lo que no ha podido lograr con bloqueos, sanciones y campañas mediáticas. Se trata de una ofensiva peligrosa que podría desatar un conflicto armado con consecuencias incalculables para toda América Latina y el Caribe.

El PVP reafirma su solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano, su Gobierno Bolivariano y su unidad cívico-militar, que han resistido dignamente décadas de agresiones imperialistas. Defender la soberanía de Venezuela es defender la soberanía de todos los pueblos de la región.

Llamamos a las fuerzas progresistas, a los movimientos sociales y a los gobiernos comprometidos con la paz a cerrar filas contra esta amenaza y a movilizarse para impedir que una nueva agresión imperialista siembre muerte y destrucción en nuestra América.

Partido Vanguardia Popular
3 de octubre 2025