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Autor: María José Ferlini Cartín

Volver al mito ¿y a la comunidad?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No es posible aún dimensionar si ese regresar progresivamente a la presencialidad en la educación costarricense forme parte de una necesaria excepcionalidad, que ya poco se sostiene entre tanta desigualdad, violencia, exclusión y descrédito de su sistema político.

El mito fundante de una sociedad igualitaria, “igualitica” (Sojo, 2011) que sustituye soldados por maestros, ejércitos por estudiantes, armas por lápices, volvió a ser reestablecido con urgencia pero también con fines instrumentales bien definidos.

La forma mediante la cual el sistema educativo costarricense tanto público como privado (tan desiguales entre ellos) fue levantado de la raíz de su propio confinamiento para regresar a la “normalidad”, motiva algunas reflexiones sobre ese regreso, ese volver a una experiencia colectiva que daba muestras de deterioro, de distanciamiento sociocultural aun antes de la pandemia.

Durante este disruptivo 2020 aprendimos a tonificar la distancia, modular las gotas de saliva, casi que a pronunciarlas en un nuevo alfabeto dibujado por el miedo, pero no pudimos entender como sociedad que los desarreglos que mostramos a lo largo de los meses y que hicieron aumentar exponencialmente los casos positivos venían de adentro y no de los cuerpos extraños que tanto señalaron aquellos para quienes la otredad sigue siendo un misterio.

Cuando en Costa Rica los casos positivos empezaron a tener expresión pobre y excluida, los discursos y las prácticas elevaron a concilio militar el blindaje de las fronteras. Había que contener a toda costa ese cuerpo extraño, mantenerlo fuera de nuestra casa para que permaneciera protegida, higiénica, saludable, blanca.

En medio de estas elucubraciones de una excepcionalidad desgastada, los medios de comunicación hegemónicos costarricenses, la institucionalidad y la sociedad en general se percataron sorprendidas que los 900 millones de dólares anuales que le genera la piña a Costa Rica se deben en mucho a la explotación intensiva de una fuerza de trabajo migrante proveniente de Nicaragua.

También se percataron con asombro primerizo que en la capital existían dispositivos de sobrevivencia llamados cuarterías donde si, vivían personas migrantes y si, también eran mayoritariamente nicaragüenses.

Este año que se fue ha sido el año de la graduación para las discriminaciones, dada la racializacion de la pandemia: clase, nacionalidad y espacialidad se conjugaron como argumentos para desplegar una peligrosa maquinaria de rechazo que aún hoy continúa moviendo sus engranajes. Mientras se escriben estas reflexiones se da a conocer qué un grupo de turistas franceses que arribaron a Costa Rica fueron diagnosticados positivamente con el virus. Para ellos la ecuación clave, nacionalidad y espacialidad no fue aplicada ni en medios ni en redes sociales.

En este contexto, el regreso progresivo a la presencialidad en escuelas y colegios no sólo ha mostrado la profunda desigualdad entre el sistema público y privado en sus condiciones materiales. También ha encendido las luces de precaución ante un funcionamiento simbólico de la educación costarricense. Una vez más, como tantas veces, este sector se vuelve a accionar como un sobrio aparato ideológico desde el cual despunta nuevamente esa construcción de sentido colectivo, tan conveniente para los intereses hegemónicos.

Sobre este rol del sistema educativo costarricense se sugieren algunas interrogantes.

¿Podrá este poderoso aparato ideológico restituir desde el campo de lo pedagogico, el gran vacío creado en el afecto social por la idea profunda de que el distanciamiento físico es en realidad la conformación de un distanciamiento social que siempre se ha construido alrededor de ciertas poblaciones migrantes?

¿Cómo volver a la socialización y la convivencia sin el rubor de la sospecha?

¿Será posible un nuevo pacto sociocultural que deje atrás las décadas de temor y exclusión que fueron construyendo un otro social hasta el día de hoy?

Si era tan urgente mostrar normalidad con el regreso a la presencialidad, es aún más necesario que ese poderoso aparato ideológico trabaje en una pronta refundación sociocultural con sus estudiantes, en la que el afecto y el reconocimiento sean materias obligadas en los procesos didácticos y sociales durante y en la postpandemia.

 

Foto: https://eurosocial.eu

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

Nuevo acuerdo con Irán y las celadas de Macron

Por: Mikail Álvarez Ruiz

Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mejicano Excelsior, un artículo firmado por Esther Shabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título “¿Nuevo acuerdo con Irán? Las propuestas de Macron”.

En dicho artículo la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada según ella por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias del COVID, como de la historia del popularmente denominado Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto o JCPOA por sus siglas en inglés, para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo que no es otro sino el ofrecimiento “mediador” del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel.

Ciertamente el pasado 4 de febrero el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo junto con el Reino Unido y Alemania, dijo estar dispuesto a servir de mediador «honesto y comprometido» en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudita y el ente sionista.

La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante, y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos regímenes quedaran salvaguardados.

La pregunta es ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano-sionista del que la troika europea son meros subalternos; en absoluto para la República islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado, y siguen apostando todo, en favor de ese acuerdo.

Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los EE.UU. hizo varias alusiones a su intención de devolver a los EE.UU. al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los EE.UU., que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras “negociaciones” con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica.

Si el acuerdo nuclear en su momento para muchos iraníes fue un trago amargo obligado a tomar en pro de una esperanza de alivio de la situación económica que sufría del país como consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas especialmente desde la presidencia del “demócrata” Bill Clinton, lo cierto es que pronto se pudo comprobar, antes incluso del abandono estadounidense, que todo lo relacionado con los compromisos de los países occidentales hacia Irán dentro de ese acuerdo era puro papel mojado, por no haber cumplido estos jamás ninguna de sus obligaciones.

Nada hizo la Francia de Macron, ni los otros países europeos firmantes del acuerdo ratificado por la Resolución 2.231 del Consejo de Seguridad de la ONU, para salvar el pacto tras el abandono estadounidense, como hubieran podido hacer con la puesta en marcha del mecanismo Entidad con Cometido Especial (SPV, por sus siglas en inglés) y el mecanismo llamado Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales (Instex, por sus siglas en inglés), con los cuales podría haberse avanzado en el desarrollo del JCPOA. Nada, salvo enredar e intentar ganar tiempo frente a la República Islámica con interminables conversaciones, al igual que hicieron durante la negociación del propio acuerdo y durante el corto periodo en el que este estuvo en teórico vigor, mientras al tiempo exigían que Irán cumpliera escrupulosamente con sus obligaciones, como así hizo y ha hecho hasta principios de este año 2021 cuando frente al continuo incumplimiento de los países occidentales desde que el acuerdo entró en vigor en enero de 2016, Irán comenzó a reducir de forma gradual y casi simbólica, a pesar del bombo dado en Occidente, sus compromisos con el acuerdo nuclear.

La postulación de Macron como negociador «honesto y comprometido» raya en lo cómico, habida cuenta la histórica animadversión de la República Francesa hacia la República Islámica de Irán, y los compromisos e intereses del régimen francés con sus homólogos árabes del Golfo Pérsico y por supuesto con el ente sionista, amén de lo ya mencionado respecto al comportamiento y la responsabilidad de Macron y su gobierno en la no implementación de los acuerdos plasmados en el Plan de Acción Integral Conjunto.

Más cómica aún es la pretensión de los EE.UU. y sus adláteres europeos de plantear una renegociación de lo ya pactado en el JCPOA para incluir en el hipotético nuevo acuerdo temas fundamentales para la seguridad de la República Islámica como son su capacidad de influencia regional y sobre todo el control de su industria militar, especialmente el programa misilístico de la misma.

Si el acuerdo nuclear fue un trago amargo a cambio de una esperanza que pronto se demostró falsa, y que no solo no fue capaz de eliminar las sanciones estadounidenses vigentes en 2015 sino que a 6 años vista desde la firma del acuerdo las mismas han sido considerablemente incrementadas con las lógicas consecuencias para la economía iraní y la vida de los iraníes, lo que ahora proponen los países occidentales firmantes del acuerdo, con el aliento del ente sionista y los regímenes monárquicos del Golfo, representaría un simple acta de rendición para la República Islámica que nadie en Irán, ni siquiera aquellos sectores más occidentalizados y que tanto siguen intentando vender las supuestas virtudes del JCPOA, podrá aceptar ni tan siquiera negociar.

De cierto que los EE.UU. y sus aliados europeos saben esto, luego esa vacía pretensión de renegociación del “acuerdo nuclear” solo puede perseguir dos cosas. Por una parte, prolongar la actual situación de presión máxima frente a Irán a la espera de que un colapso económico lleve a una inestabilidad social que ayude a su postergada intención desde hace 42 años de hacer claudicar a la República Islámica, culpando al tiempo a “la intransigencia iraní” de la situación creada ante la acomodada y acéfala opinión pública de sus países. Por otra parte, y en paralelo con lo anterior, intentar que la brecha entre los sectores prooccidental y revolucionario en el seno de la política iraní se ensanche al punto de un enfrentamiento tal que igualmente contribuya a la destrucción de la República Islámica de Irán tal como hoy la conocemos.

Sin embargo, la República Islámica, para desesperación de sus enemigos, viene demostrando en los últimos 42 años una capacidad de resiliencia como pocos países han hecho en la historia moderna. El mundo unipolar referenciado a los EE.UU., a su poder militar y a su economía está cambiando poco a poco, abriéndose nuevos horizontes en el oriente más colaborativos y menos impositivos, a los cuales seguramente la República Islámica sabrá mirar salvaguardando como hasta ahora su independencia.

Seguramente veremos pasar a Macron y a sus ambiciones neocoloniales, o mejor dicho, las ambiciones neocoloniales de la República Francesa (tan entrometida por ejemplo en la situación libia, siria o libanesa); veremos pasar a Biden al igual que vimos pasar a Trump y a todos sus antecesores desde hace 42 años, y seguramente veremos que la República Islámica de Irán seguirá en su lugar. Por tanto, mejor harían los EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania en aceptar que la realidad histórica no siempre es la que ellos trazan, en aceptar que las relaciones entre países deben alejarse de las imposiciones unilaterales y la rapiña. Y sobre todo, mejor harían los países que componen la Unión Europea en dejar de ser perros falderos de la política e intereses de otros países que falsamente los llaman aliados, y que solo los utilizan como peones carne de cañón de su propia política, lo que muchas veces, como en el caso que nos ocupa, representa una importante pérdida de capacidad de negocio para estos países a cambio de nada, ya que esto “del negocio” es lo único que en el fondo parece pretender unir a esta “comunidad económica”.

La Universidad de Costa Rica rediseña su esquema de apoyo a la innovación y la transformación para el desarrollo

La nueva Administración universitaria propone fortalecer el impacto de la generación de conocimiento en territorios fuera de la GAM, así como apoyar la transformación productiva de empresas cooperativas y asociativas o consorcios de mipymes que así lo requieran

El ecosistema de innovación de la UCR lo conforman diversas unidades que desarrollan vínculos de trabajo, co creación y desarrollo de proyectos e ideas, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con base en conocimiento. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

La propuesta de rediseño del ecosistema de innovación de la Universidad de Costa Rica (UCR) incluirá una Dirección de Innovación y Transformación Tecnológica que desde la Vicerrectoría de Investigación coordinará las actividades de la Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento (AUGE-UCR), la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova-UCR) y el proyecto Hélice-UCR para el mejoramiento de la capacidad productiva y competitiva del país.

El responsable de la transformación es el politólogo Dr. Alberto Cortés Ramos quien explicó que está muy consciente del aporte que hace la UCR en innovación al país, y que la intención de la nueva administración es fortalecerlo, utilizando al máximo toda la capacidad e infraestructura institucional.

“El enfoque de asumir esta responsabilidad de rediseñar las unidades que trabajan con el sector productivo por medio de la gestión y transferencia de conocimiento y tecnología, no parte de cero. El camino recorrido aporta experiencia, es masa crítica aquilatada para escalar el impacto de esta transferencia a la sociedad costarricense. No es borrón y cuenta nueva”, explicó Cortés Ramos.

El enfoque anunciado incluye el fortalecimiento del rol de las sedes regionales en los procesos de transferencia, un mayor vínculo con el conjunto de las universidades públicas y nuevos socios estratégicos a nivel nacional. Lo anterior favoreciendo proyectos de transformación tecnológica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Continuidad

Las unidades como AUGE-UCR, Proinnova-UCR y Hélice-UCR seguirían trabajando normalmente en sus agendas y respondiendo a los compromisos asumidos con terceros durante los próximos meses.

Dr. Alberto Cortés Ramos, politólogo con una Maestría en Estudios del Desarrollo (1997) y Doctorado en Geografía (2008). Tiene una Especialidad en Economía Social de la Universidad de Mondragón (2017).

En el caso específico de AUGE-UCR las nuevas autoridades señalan una condición delicada de la FundaciónUCR frente a la Contraloría General de la República (CGR), que esperarían que cambie en las próximas semanas, con el objetivo de darle sustento material al vínculo de la Universidad de Costa Rica con el sector productivo. En la actualidad AUGE-UCR mantiene relaciones estratégicas con el Sistema de Banca para el Desarrollo que se quieren fortalecer.

Por su parte Proinnova-UCR continuará con su trabajo en la gestión de innovación, protección de la propiedad intelectual, la transferencia de conocimiento en varias vías y su labor de capacitación a nivel nacional e internacional; y Hélice-UCR cumplirá con los acuerdos alcanzados con la República de Corea para el apoyo a 12 proyectos de prototipado en sectores de salud y bienestar, producción de agroalimentos, sociedad de la información y conocimiento, y ambiente y energía.

Un nuevo énfasis que se impulsará desde la nueva dirección se orientará a la transformación productiva de empresas cooperativas, asociativas y de consorcios de mypimes consolidadas, que ocupen una mayor densificación tecnológica y la incorporación de componentes que tengan que ver con economía regenerativa y adaptación y mitigación al cambio climático.

La nueva directora de Proinnova-UCR, la también politóloga Licda. Geannina Sojo Navarro explicó que el rediseño busca el impacto de una Universidad fortalecida y pertinente en todas sus sedes y en las regiones para aumentar con innovación la calidad de vida de las personas.

El proceso de rediseño se tomará de dos a tres meses para ser presentado de forma completa según lo señaló Cortés Ramos, pero asegura que se visualiza desde esta nueva administración universitaria, y de forma contundente, un fortalecimiento de la relación Universidad -Sociedad.

Licda. Geannina Sojo Navarro. Politóloga. Su desarrollo profesional ha estado orientado a procesos de gestión pública, gobernanza abierta, innovación y derecho a la comunicación.

Autoridades entrantes

En Hélice-UCR y AUGE-UCR: Alberto Cortés Ramos.

Politólogo con una Maestría en Estudios del Desarrollo (1997) y Doctorado en Geografía (2008). Tiene una Especialidad en Economía Social de la Universidad de Mondragón (2017). Es profesor catedrático de las escuelas de Geografía y Ciencias Políticas. En términos de su desarrollo profesional, fue director por Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (2015-2018) y consultor de FAO (2020) en la formulación de una estrategia para la reactivación rural con inclusión social y transformación sostenible en el contexto de la crisis del COVID-19 en la Franja de Desarrollo Norte (2020-23).

En Proinnova-UCR: Geannina Sojo Navarro.

Politóloga. Su desarrollo profesional ha estado orientado a procesos de gestión pública, gobernanza abierta, innovación y derecho a la comunicación. Se ha desempeñado como Coordinadora de Gobierno Abierto de la Presidencia de la República, asesora del Director por Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas, del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi).

 

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información – UCR

Documento: “AGRICULTURA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE EN COSTA RICA”

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “AGRICULTURA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE EN COSTA RICA: Un sello para promover el comercio solidario” de la autoría de Andreas Stamm.

“El documento propone un sello para la agricultura familiar campesina, como un instrumento para fomentar la cohesión social y territorial. Puede ayudar a la agricultura familiar competir con importaciones y asegurar buenos niveles de venta y precios atractivos”.

SURCOS invita a consultar el documento a continuación:

Reconstrucción económica del Distrito Hospital

SURCOS comparte la siguiente información:

Los Territorios Seguros de los Barrios del Sur: Alfabetización Ciudadana de Barrio Carit y Actitud Ciudadana, de Cristo Rey, están desarrollando una iniciativa procurando reconstruir la economía del Distrito Hospital, desde la perspectiva ciudadana y acorde a las necesidades de esta población. El objetivo es fortalecer las Pymes y los emprendimientos, crear oportunidades de desarrollo y fomentar la formalidad, generando fuentes de trabajo y empleo. Se coordinan acciones con las instituciones como el INA y el Concejo Municipal.

Adjuntamos algunas fotografías en relación con la nota:

Ministerio Público Hondureño: ¡Justicia para Keyla Martínez! ¡Asesinada bajo custodia de la Policía de Honduras!

Colectivo de Solidaridad con Honduras

SURCOS comparte la siguiente petición:
El día sábado 6 de febrero de 2021, a las 11:40 pm la joven estudiante universitaria Keyla Patricia Martínez Rodríguez de 26 años, fue capturada por oficiales de la Policía Nacional Preventiva, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras, por desacato del toque de queda impuesto por el gobierno para «prevenir» contagios de la Covid-19.
A las 2:55 am del día domingo 7 de febrero Keyla es ingresada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde certifican ausencia de signos vitales. Durante la mañana de ese mismo día el Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, Jefe de la Unidad Departamental de Policía Nº10 del Departamento de Intibucá (UNIDAD POLICIAL DONDE KEYLA FUE ASESINADA), en conferencia de prensa afirmó que horas después de haber sido encarcelada, durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció.
En contradicción a lo expresado en el comunicado oficial de la Policía leído por Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, el vocero del Ministerio Público declaró que la causa de la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, según el informe preliminar de medicina legal se establece que la muerte de Keyla fue un homicidio y no un suicidio, como lo expresó el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Derasa. Cómo lo han manifestado algunos medios de comunicación el cuerpo presentaba numerosas lesiones.
Este feminicidio ocurrido dentro de las celdas de la Policía Nacional Preventiva se da en el segundo país con mayor tasa de feminicidios en América Latina, en un contexto histórico de violencias sistemáticas, estructurales, patriarcales, capitalistas y colonialistas contra las mujeres y el pueblo en general.
Ante esto, exigimos al Ministerio Público y a las instancias respectivas:
1. Una investigación rigurosa y transparente que conduzca a una efectiva aclaración de los hechos en torno al feminicidio de Keyla y con carácter de urgencia.
2. Que se apliquen las penas más altas para estos delitos a la totalidad de las personas implicadas en este feminicidio, tanto a los autores materiales, intelectuales, cómplices y quienes han intentado encubrir y manipular los hechos y/o pruebas.
3. La entrega inmediata, a sus familiares y personas acreditadas, del dictamen médico legal que contiene detalles precisos de lo acontecido en las últimas horas de vida de Keyla. Así mismo, toda documentación vinculante a este repudiable hecho.
4. Desarrollo del proceso de investigación conforme lo establece la legislación nacional e internacional, de tal manera que se garantice que no quedará bajo la impunidad.
5. Que se les aplique las medidas cautelares correspondientes a las personas implicadas en este feminicidio, como separación inmediata de sus cargos de la función pública, prisión preventiva, prohibición de acercarse a las víctimas de este suceso, entre otras.
6. Que el Estado de Honduras se haga responsable de resarcir los daños de imposible reparación a la familia de Keyla.
Adjuntamos el siguiente enlace para firmar la petición:
https://www.change.org/p/ministerio-p%C3%BAblico-hondure%C3%B1o-justicia-para-keyla-mart%C3%ADnez-asesinada-bajo-custodia-policial-en-honduras?utm_content=cl_sharecopy_27318802_es-419%3A2&recruiter=1180420531&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
#bastayadeimpunidad #nomásfeminicidiosenhonduras #niunamenos #justiciainmediataparakeyla

Foro: Enfrentando la crisis «Bases para una economía solidaria y del bien común»

  • Invita el Foro de Acción Unitaria FAU

El día miércoles 17 de febrero a las 5:30pm se llevará a cabo un foro virtual por medio de una transmisión de Facebook Live en las redes de IDESPOUNA en el que se abordará la temática: “Bases para una economía solidaria y del bien común”.

Se contará con la participación de Sofía Guillen Pérez, Luis Paulino Vargas Solís y Welmer Ramos González como panelistas, en la moderación acompañará Norman J. Solorzano Alfaro.

Adjuntamos la invitación formal al Foro:

 

Compartido con SURCOS por Albino Devandas Brenes.

Arturo Fournier: En Comisión sobre violencia y racismo en EE.UU escuchamos, recabamos pruebas y haremos sugerencias

El abogado costarricense y defensor de derechos humanos, Dr. Arturo Fournier, recibió testimonios en la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, los días 1, 3 y 5 de febrero.

La Comisión reúne a 12 juristas de Japón, India, Pakistán, Francia, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Nigeria, Barbados, Antigua, Jamaica y Costa Rica para indagar de manera independiente, complementando con los testimonios de los abogados y familias de las víctimas.

“De momento se están oyendo testimonios de familiares, porque lamentablemente las demás personas fueron víctimas fatales y no están vivas. Han sido esposas, hijos y abogados que los han representado”, comentó Fournier a SURCOS, y agregó que “la Comisión busca demostrar cómo juristas del mundo estamos interesados en escuchar, recabar pruebas y hacer sugerencias”.

En junio de 2020 organizaciones de derechos humanos y fundaciones tales como Mothers against police brutality solicitaron a Naciones Unidas una investigación a raíz de los hechos ocurridos en Minnesota, los cuales acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Ante la negativa, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (International Association of Democratic Lawyers-IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Afroamericanos (National Conference of Black Lawyers-NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild-NLG) de Estados Unidos conformaron la comisión independiente.

“El ideal sería que fuera el sistema internacional de los derechos humanos porque es algo más institucionalizado, más organizado de acuerdo al sistema internacional vigente, pero en Estados Unidos se usa mucho la formación de comisiones privadas”, dijo Fournier.

Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión serán enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Los testimonios

De acuerdo con Fournier, en los testimonios se evidencia un patrón sobre los constantes casos de brutalidad policial hacia afrodescendientes.

“Un abogado mencionaba que en el estado de Kansas se tiene como política dispare primero, pregunte después, y eso nos lleva a la facilidad en el uso de armas, de la fuerza letal”, mencionó el abogado.

El abogado y testigo, Stacy Sylvester Lee Merritt, aportó en el testimonio del 27 de enero estudios que establecen que los afroamericanos tienen al menos 2.5 más de posibilidades de ser asesinados por agentes de la policía, que cualquier otro ciudadano.

“El modelo de aplicación de la ley en Estados Unidos representa la cultura policial más mortífera del mundo moderno”, indicó S.Lee en el testimonio.

Fournier aportó a SURCOS cifras de una investigación periodística del medio The Guardian en la cual exponen que en los primeros 24 días de 2015, la policía de los Estados Unidos disparó a matar en mayor número que la policía en Inglaterra y Gales en 24 años.

Según el abogado costarricense, los testigos relatan que algunos de los agentes de policías con casos de agresión aún continúan trabajando, les han sugerido que se pensionen o los pasan a hacer labores de oficina, pero pocos son despedidos.

“Una de las cosas que estamos sugiriendo, y que ha pedido mucha de la gente, es que se haga un esfuerzo institucional, de parte de todos los departamentos de policía y de las ciudades, para que haya una mejor educación y formación de los policías para que no usen con tanta facilidad el arma y los disparos”, comentó, y agregó que la mayoría de víctimas de violencia policial no portaban armas.

En opinión de Fournier, pese a que el racismo y la discriminación llevan siglos, y por tanto es un problema sistémico, los gobiernos pueden dar pasos importantes. “El presidente Biden ha hecho un par de referencias al racismo, y evidentemente Biden es muy diferente a Trump, entonces esperamos que el cambio de administración pueda traer algo bueno”, agregó.

Estados Unidos no acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de modo que las víctimas que no han visto resueltos sus casos en el país no pueden elevarlos al sistema interamericano.

“Lo que recomendaré al final es que el gobierno de los Estados Unidos incorpore a su país a la Corte IDH y al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Biden ha dado unos pasos positivos en sus primeros días y esperamos que tenga disposición a tomar algunas otras determinaciones que son buenas para Estados Unidos, para el sistema en su generalidad, y evidentemente para la población”, expuso Fournier.

Al consultar a Fournier acerca del rol que juegan los medios de comunicación y generadores de opinión pública, mencionó que su papel es fundamental para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto y tome conciencia de la necesidad de hacer cambios y enmendar, e incluso es una de las preguntas que ha incorporado en las audiencias con los testigos.

Larga trayectoria

Fournier ha dedicado su vida a trabajar en la defensa de los derechos humanos de todas las generaciones. El abogado ha cooperado con organizaciones como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otras.

Tras haberse desempeñado como Embajador de Costa Rica en Rusia de 2016 a 2018, tomó la decisión de jubilarse. “Lo más bonito es que yo no concursé, no envié mi currículum, sino que me consideraron. Inicialmente había una lista grande como de 25 personas. Como latinoamericano y costarricense eso me llena mucho de orgullo”, destacó.

Las grabaciones de los testimonios son de acceso público. Puede encontrarlas aquí con sus respectivas transcripciones.