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Autor: María José Ferlini Cartín

El juzgado penal de Buenos Aires rechaza la solicitud de desestimación en la investigación del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Óscar Retana Montenegro.
Abogado representante de las víctimas, familia Rojas Lázaro.
15 de enero de 2021

El Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó, en resolución notificada el 14 de enero 2021, que deben de continuarse los actos investigativos en torno al homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, rechazando la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público en setiembre anterior, y cuya audiencia se realizó el pasado 3 de diciembre de 2020.

Lo anterior debido a que el ente juzgador señaló que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal.

Resuelto lo anterior, el Ministerio Público tiene un plazo de 5 días hábiles para rectificar lo resuelto o manifestar su desacuerdo. En este último supuesto, debe el superior jerárquico, es decir la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, quien resuelva sobre la gestión.

La investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acatamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica: “La expresión “debida diligencia” se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de todos los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156.)

Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.
Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora

UCR repudia intentos por menoscabar libertad de expresión

Alejandra Amador Salazar, Periodista Consejo Universitario

Mediante un Pronunciamiento aprobado en el mes de diciembre por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró su compromiso con la defensa del principio de libertad de expresión y el trabajo que realiza el sistema de medios de esta casa de estudios superiores al ofrecer a la ciudadanía costarricense información analítica, crítica y de alta calidad.

Para el Órgano Colegiado, la libertad de expresión, resguardada por la Constitución Política, garantiza que ninguna persona pueda ser inquietada o perseguida por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley.

En un Estado de derecho, la libertad de expresión es un requisito indispensable para la democracia, pues permite la construcción de una dinámica social de intercambio de ideas, conocimientos e informaciones que coadyuvan a generar consensos y tomar decisiones.

En este sentido, la Universidad reconoció que los y las periodistas deben gozar de independencia y protección para poder mantener informada a la sociedad, y esto se torna particularmente importante en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades que gobernarán un Estado.

Medios universitarios

Durante sus 80 años de historia, la UCR se ha caracterizado por brindar una formación humanista, con el propósito de preparar profesionales con un pensamiento crítico de la realidad nacional e internacional y respetuosos de las diferentes áreas del saber.

El sistema de medios de comunicación institucionales contribuye con la defensa de esos principios, así como con la promoción y consolidación de la comunicación como un derecho y bien público, por lo cual, mediante información veraz, pretende enriquecer el espíritu reflexivo y el conocimiento de la realidad universitaria, nacional e internacional.

Por lo tanto, el Consejo Universitario considera que cualquier intento de silenciarlos violenta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho de la sociedad costarricense de recibir información.

Este pronunciamiento surgió a raíz de una propuesta de miembro presentada por la Dra. Teresita Cordero Cordero, la Prof. Cat. Madeline Howard Mora, el M.Sc. Carlos Méndez Soto y la M.Sc. Patricia Quesada Villalobos.

 

Nota periodística publicada originalmente en página web del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

FMI y Empleo Público: ¿La última frontera?

La locura no tiene propósito o razón, pero puede tener objetivo
Sr. Spock. Stark Trek

Luis Andres Sanabria Zaniboni

En las últimas semanas asistíamos a la confirmación e inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el acceso al Servicio Ampliado del Fondo. Este hecho ha provocado muchas intervenciones desde distintos sectores, que cada quien se coloca desde las diversas posiciones al respecto, sin embargo, un hecho resalta a todas luces, la decisión del Poder Ejecutivo de dar prioridad máxima a la Ley de Empleo Público como llave para las negociaciones con el FMI. No podemos dejar de mirar el proceso político-económico que viene adoptando el país y consolidado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa hoja de ruta que hoy vuelve a confirmarse, debemos preguntarnos ¿Por qué esta necesidad de impulsar ese proyecto?

Si con la ley de Finanzas Públicas quedaba claro la postura de la carga impositiva regresiva del país y la protección de ciertos sectores económicos-financieros dominantes del país, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” perfiló la postura autoritaria ante el disenso y la criminalización de la protesta social, facilitando así la imposición de un supuesto “consenso” de los actores políticos, y el etiquetado a los disidentes.

Sin embargo, faltaba más, la Ley de Empleo Público procura realizar una reingeniería social sobre el Estado, basada en la anulación de la independencia y las autonomías de las instituciones, a través de la centralización de la política del empleo en MIDEPLAN, sin embargo, salta la primera pregunta ¿Qué hay del servicio civil?

Más allá de las percepciones que podríamos tener al respecto, que no se ignora la necesidad de repensar el empleo público, pero salta a la vista que esta postura no va en línea de la formalización laboral y protección de los derechos, sino como instrumento “austero” de los salarios, facilitando la congelación de estos y desregulación del empleo.

Como señalan muchos de sus defensores desde el Poder Ejecutivo hasta representantes de los mismos Organismos Financieros Internacionales, esta Ley coloca a Costa Rica en los “estándares internacionales”, sin embargo leamos esta afirmación detenidamente, estar dentro de dichos estándares para estos sujetos es la promoción de la desregulación laboral; la precarización de las condiciones de trabajo tanto de lugar de trabajo como de derechos, no podemos dejar de pensar lo que significó años atrás la movilidad laboral, en definitiva son formas de extorsión sobre los sectores trabajadores.

Y con esto, se consolida lo que muchas personas han señalado al respecto del Neoliberalismo, la erosión de la institucionalidad pública, grandes cascarones administrativos dedicados al pago de servicios profesionales, lo cual garantiza el desmejoramiento de los servicios y mercantilización de los derechos sociales, económicos y culturales, entiéndase la educación, la salud y la cultura de nuestro país.

Tal vez al leer esto ya lo pensó, el país continúa su ya reconocida vereda anti-sindical, si con el proyecto de Ley anti-huelga habían generado un consenso político de suprimir sindicatos (existía dicha cláusula, nada más que por extraño que parezca para estos sujetos era inconstitucional), este proyecto de ley procura cerrar los espacios de negociación colectiva de las y los trabajadores, profundizando así los alcances de las posturas autoritarias que están caracterizando a la formulación del tipo Estado que desean las élites político-económicas en esta época del “Consenso del Coronavirus”.

Podrían argumentarse con toda razón que nos encontramos en una crisis fiscal sin precedentes, pero les preguntamos aquí de todo lo que han propuestos los actores políticos ¿Qué asignaciones tienen que ver con la recuperación económica? A manera de ejemplo los grandes ausentes: política de empleo post-covid, alivio de deudas a la población, política de crédito blando para sectores productivos (pequeños y medianos), política contra la elusión y evasión fiscal integral o combate contra la morosidad de los grandes contribuyentes, impuestos selectivos sobre a las nuevas actividades económicas, por citar los grandes ausentes.

No es de extrañar que las grandes propuestas de negociación presentadas el pasado octubre 2020 fueran el calco y copia de las recomendaciones de la auditoría del FMI, así que para esta ocasión no podemos ser ingenuos, los supuestos “Acuerdos Multisectoriales” fueron una forma de legitimar esta negociación, ¿Cuánto de eso está en la mesa de negociación? Sumado a estas estrategias, el FMI invita a participar con 5 minutos para exponer, así legitiman su estilo participativo (tenemos que tomar nota esta será la nueva forma “participativa” para futuras negociaciones).

Por esta razón, es importante reconocer que la hoja de ruta está planteada lo que justifica el porqué de las contradicciones entre las y los negociadores, ya que las negociaciones tomarán el rumbo que este Organismos cite, hay consenso en las elites de las bondades para esta reingeniería del Estado, las desigualdades estructurales continuarán (precarización laboral y erosión de los servicios públicos) y el privilegio de algunos se consolida (exoneraciones, privatizaciones y desregulación).

Ante esto es necesario reconocer la importancia de la protesta social como instrumento de incidencia pública, eso sí mientras siga existiendo, pero claramente insuficiente, se hace necesario repensar la participación desde otros espacios, y debemos abordar la discusión desde otras propuestas de trabajar y abordar el déficit fiscal y la estabilidad financiera, pero la urgencia es evidenciar los intereses en conflicto y dejar claro que la apuesta de la población seguirá siendo por una sociedad inclusiva y solidaria.

 

Imagen tomada de CRONICON.

Aún estamos a tiempo de hacer posible lo imposible

Adolfo Pérez Esquivel

Los pueblos buscan alcanzar la convivencia y la Paz en su dinámica permanente de transformación social, cultural, política y espiritual, entendiendo la necesidad de encontrar caminos de unidad en la diversidad.

La humanidad sufrió dos guerras mundiales con millones de muertos, heridos y el aumento de la marginalidad y pobreza; la comunidad de las naciones buscó superar esa tragedia y darse un código de conducta dando nacimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valioso aporte. La Comunidad de las Naciones avanzó en generar espacios de convivencia y reconstruir las vidas de los pueblos, pero sin modificar las estructuras de dominación económica y política capitalista que afirmaron su poder internacional provocando conflictos y otras guerras que aumentaron la confrontación Este- Oeste, la intolerancia, la discriminación y la concentración económica en pocas manos.

Esta ponencia la expuse en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, hace ya algunos años, pero pienso que tiene vigencia frente a la realidad actual y he sumado a la reflexión algunos problemas como la pandemia del Covid 19, tragedia sin precedentes que afecta a toda la humanidad y la otra pandemia que es el hambre en el mundo.

Thomás Merton señala que ningún ejército es garante de la Paz, todos están estructurados para ejercer la violencia del poder de las armas.

El mundo vive conflictos y guerras de “baja intensidad,” se suman los genocidios cotidianos del hambre, la pobreza y la concentración del poder de quienes manejan el poderío mundial e imponen a los pueblos mecanismos de dominación como la “deuda externa”, apropiándose de los bienes y recursos de países más pobres y débiles.

Hoy, a los golpes militares en diversos países, se suma la Lawfare, es decir la guerra judicial impuesta en Brasil contra Lula, en Honduras contra Manuel Zelaya, en Bolivia para el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, en Paraguay contra Fernando Lugo y la agresión permanente contra Cuba y Venezuela, que pone en evidencia la política de dominación que intenta imponer los EEUU al continente latinoamericano.

La humanidad debe enfrentar desafíos que supera en muchos aspectos los conocidos hasta nuestra época, la ciencia y técnica han generado nuevos caminos y debemos estar atentos. Simplemente quiero señalar algunos de estos emergentes que nos preocupa.

La tecnología ha llevado a la humanidad a la aceleración del tiempo que ha alterado el ritmo natural y provocado en el ser humano y nuestras sociedades cambios profundos e irreversibles, como los ritmos asimétricos que viven los pueblos llamados sub-desarrollados que no podrán alcanzar a quienes disponen del conocimiento tecnológico y científico.

El tiempo de la técnica es diferente del tiempo cósmico, así como del tiempo humano. Es más, la tecnocronía no sólo transforma el tiempo cósmico, sino también la temporalidad humana y por ello la técnica tiene el formidable poder de modificar, además, de la naturaleza humana, la naturaleza a secas. – como señala R. Panikkar.

En todo caso es un hecho que el hombre solo sin la ayuda de la técnica, no sigue a la máquina, sino que es engullido por ella. Por otra parte, debemos tener conciencia que la tecnología llegó para quedarse y por lo tanto es necesario desarrollar la capacidad del equilibrio y no de la dependencia.

La humanidad dispone de condiciones tecnológicas y científicas para superar el hambre, basta leer los informes de la FAO donde afirma que por día mueren en el mundo más de 35 mil niños de hambre. El hambre es un mal crónico y la pandemia del Covid 19 ha profundizado la desigualdad social, se calcula más de 821 millones de personas en el mundo víctimas del hambre. Un genocidio económico del cual no se habla y que pasa a ser parte de los llamados “olvidos intencionados”, en un mundo que está en condiciones de superar ese terrible flagelo que afecta a la humanidad.

El médico brasileño Josué de Castro quien fuera director de la FAO, en la década del 60 publica una obra que continúa vigente, “La Geografía del Hambre” señala la grave situación de desigualdad entre los pueblos. Son las guerras silenciosas que afectan a gran parte de la humanidad; “Josué Señala que, “el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica”.

Quiero recordar al Dr. Norman Burlog, quien recibiera el Premio Nóbel de la Paz en 1970 por la llamada “Revolución Verde”, una excelente persona con quien me reuní en varias oportunidades. Creía que su trabajo sería comprendido y aplicado para superar el hambre en el mundo, tenía claro la necesidad de encontrar nuevos métodos y técnicas de producción de alimentos; sin embargo sus aportes se utilizaron para los monocultivos y tecnología de alto costo e impacto ambiental, la imposición de los agro tóxicos para alcanzar los rindes de producción, en nombre del desarrollo y el aumento de las fronteras de los monocultivos van destruyendo la biodiversidad, expulsando a los pequeños y medianos productores rurales y dañando la vida y a la Madre Tierra-

Con Norman Burlog hemos conversado y discutido sobre la producción, el desarrollo y la soberanía y la cultura alimentaria de gran diversidad y riqueza de los pueblos, como el impacto de los monocultivos impuestos a la producción sobre los pequeños y medianos productores rurales. Políticas aplicadas por gobiernos y empresas que confunden desarrollo con explotación, dañando la biodiversidad y riqueza de las comunidades y pueblos y profundizando la desigualdad con aquellos que no disponen de los recursos económicos y técnicos para superar las asimetrías y desigualdades y sufren los impactos ambientales y económicos, siendo desplazados de sus territorios e imponiendo los agro-tóxicos y la dependencia a las semillas transgénicas. Sumándole a esas políticas económicas la megaminería, que provoca graves daños a los bienes y recursos naturales como el agua y al medio ambiente.

Estas políticas de explotación no pueden ser aplicadas sin la aprobación y complicidad de los gobiernos, que apuntan a la coyuntura, y no a los cambios estructurales que los pueblos necesitan para su vida y desarrollo.

En la Universidad de Tokio, Japón, hace ya algunos años tuve la oportunidad de conocer a Vandana Shiva investigadora india, quien viene trabajando y denunciando las causas y efectos de la producción agrícola, las políticas y consecuencias de los grandes intereses económicos.

Es importante conocer sus trabajos y algunas de sus obras fundamentales, la “Bio-piratería“, “La cosecha robada”, “La democracia de la Tierra,” entre otras , donde expone la grave situación de los campesinos en la India por la apropiación de sus saberes y experiencias sobre las semillas que se fueron transmitiendo de generación en generación y que hoy, empresas trasnacionales se apropian y patentan, las semillas y saberes de los pueblos, y cuando éstos reclaman sus derechos son reprimidas sus protestas sociales, les obligan a pagar las semillas transgénicas y encima les aplican la ley antiterrorista, violando los gobiernos el derecho de los pueblos.

Es necesario cambiar los ejes de nuestros análisis, como lo señala F. Kapra: “los nuevos conceptos de la física han ocasionado un profundo cambio en nuestra visión del mundo, determinando el paso de una concepción mecanicista newtoniana, a una holística y ecológica y buscar los valores y ética en nuestras sociedades, universidades, escuelas y promover la participación social y proteger a la Madre Tierra.

Es prioridad de los pueblos el preservar los recursos naturales, el agua y la biodiversidad, hoy en peligro por la devastación y voracidad de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos; olvidando que precio y valor no son lo mismo. Hay quienes piensan que hay que “humanizar el capitalismo”, no creo que sea posible porque nació sin corazón. Es la deshumanización que pierde el rostro y conciencia de la humanidad.

Los avances tecnológicos tienen muchas luces y sombras; por un lado, la ciencia ha prolongado la vida de los seres humanos, eliminado las distancias entre los pueblos, eleva la vida hasta un grado insospechable hasta hace poco tiempo en el mundo y por otro debemos tener conciencia que la máquina ya no se adapta al hombre, sino que es éste quien debe adaptarse al ritmo de la máquina. Lo que debe tenerse presente es la aceleración, la vida del ser humano y la técnica nos ha llevado a preguntarnos hacia dónde vamos y para qué.

Quiero plantear brevemente qué entendemos por derechos humanos, si bien en la carta de la Declaración Universal de los DDHH de las Naciones Unidas sus principios están en las bases y valores de las religiones y pensadores en diversos tiempos y épocas, es fundamental clarificar desde donde se debe hacer un abordaje correcto para no caer en el acotamiento y cansancio de las políticas de DDHH.

Los derechos humanos son integrales y hacen a la vida misma de las personas y los pueblos. Hoy son las comunidades que sufren la falta de garantías para desarrollarse plenamente en la democracia, por lo tanto, DDHH y democracia son valores indivisibles, se construye en el hacer cotidiano, en la participación social, cultural y política, por lo tanto, debemos comprender los derechos humanos desde su integridad y restablecer el equilibrio entre el ser humano y la Madre Tierra, preservando la creación y su evolución.

Es urgente proteger la vida planetaria antes que sea tarde, en volver la mirada y el pensamiento en restablecer el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Madre Tierra, nuestra Casa Común, hay caminos a seguir teniendo presente la vida planetaria, las Encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tuti son un llamado a la mente y al corazón. Otros pensadores, teólogos, científicos llaman a encontrar nuevos caminos para la vida.

Es necesario encontrar nuevos paradigmas hacia la construcción de un “Nuevo Contrato Social”, caso contrario los grandes intereses económicos continuarán destruyendo la Casa Común. La rebelión de los pueblos frente a la situación actual es poder recuperar el equilibrio entre sus necesidades y el respeto a la Madre Tierra antes que sea tarde. Las actuales democracias delegativas no responden a sus necesidades y es necesario la construcción de democracias participativas, donde puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones y no derivar todo el poder en sus gobiernos y poder determinar el camino a seguir-.

Algunas posibilidades y pistas para encontrar caminos alternativos: la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, Italia, ha lanzado la campaña para constituir el Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes ambientales que la humanidad viene soportando en el mundo, como la devastación y contaminación, las quemas y deforestación. La propuesta es la reforma del Art. 7 del “Estatuto de Roma” e incluir los crímenes de lesa humanidad contra la Madre Naturaleza, por la

degradación que provocan empresas que actúan con total impunidad y complicidad de muchos gobiernos, como la destrucción de la capacidad productiva de los pequeños y medianos productores.

Si vemos el tiempo recorrido desde la Cumbre de Río, hasta Río + 20, tenemos que señalar que fue Río- 20, en donde las posibilidades de avanzar fueron inversas a lo anunciado y que continúa profundizándose la destrucción de los bosques, la biodiversidad y alcanzando en muchos países índices de contaminación y destrucción de los recursos naturales, como el agua, provocando daños ambientales irreversibles.

La campaña de la FAO es llegar al año 30 como meta para superar el hambre en el mundo, pero no creo que ese objetivo se alcance en la actual situación mundial de explotación y dependencia.

Frente a la pandemia del Covid 19 que sufre la humanidad es urgente que las vacunas lleguen a todos los sectores sociales y sean un bien libre y gratuito para toda la humanidad. Las vacunas van a ayudar, pero no van a resolver el mortal virus del Covid 19, el problema es restablecer el equilibrio con la Madre Tierra. Hay que aprender a vivir

Es urgente despertar conciencia crítica, valores, y comprender que somos parte y no dueños de la Madre Tierra; necesitamos cambiar la estructura del pensamiento cartesiano y comprender el pensamiento holístico que nos permitirá recuperar el sentido de pertenencia, identidad y valores, es decir el equilibrio de la creación.

Son muchos los desafíos que enfrentamos en nuestros países y el mundo y debemos buscar en nuestro interior la fuerza de la espiritualidad y poner en práctica el amor en acción. Hacer caminar la palabra del pensamiento crítico y valores, que nos permita generar y construir un “nuevo contrato social” para proteger la creación y no caer en el derrotismo, en que no hay salida al sistema imperante y a los mecanismos de dominación que hoy agobian y sufre las dos terceras partes de la humanidad. La peor de las derrotas es la resignación.

Necesitamos fortalecer la esperanza en que otro mundo es posible, no los paliativos que calman el dolor, pero nada cambia, es decir la necesidad de asumir los desafíos, la resistencia y despertar de los pueblos, dejar de ser espectadores y asumirse como sujetos y constructores de su propia historia antes que sea tarde para la vida planetaria.

San Isidro 8 de enero del 2021 en tiempo de pandemia.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

La ineficacia de la derogatoria al mandato de alcaldes

Carlos Meneses Reyes

La Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91) se ufana de ser garantista. En su artículo 103 consagra el mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía conocido como revocatoria del mandato. Pero como sucede en un país de leguleyadas (santanderismo), el mandato del constituyente primario resultó diluido en el cuerpo normativo de su reglamentación. El ejercicio de la democracia directa en contraposición al de la democracia representativa o indirecta, perece, como si se tratara de dos formas contrapuestas, en un mismo de sistema de poder. La conquista de las diversas formas de ejercicio soberano del pueblo, resultan letra muerta.

 En Colombia no existe el llamado Poder electoral. A diferencia de avances en el constitucionalismo latinoamericano que lo consagra expresamente; ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta en Colombia y para con el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospecto de efectividad o viabilidad, difuminada a lo etéreo en la maraña de recursos. Cito la frustración de la salida, por bien armada acción de revocatoria contra el entonces alcalde de Bogotá DC, Enrique Peñalosa y también traigo a colación la revocatoria contra la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, bajo condición de subjudice y expresidiaria por delitos comunes contra la Administración Pública.

Se trata de dos casos emblemáticos.

1.- En el del exalcalde Peñalosa primó el uso de argumentos traídos de los cabellos como el concluir que a los registradores distritales no les había sido posible expedir la certificación sobre firmas recaudadas al no fijar la ley plazos razonables para emitir tales certificaciones. Se creó hasta una fundación para defender al alcalde encartado, con mentiras, para su aval como comité. Lo convirtieron cual proceso contencioso declarativo, ungiéndolo con el debido proceso, a la defensiva y a ser elegido. Algo así como mistificar quien por ser elegido popular no se le podía revocar; o como quedaría los que ejercieron el voto a su favor. Reducida la acción directa popular de revocatoria del mandato a un contencioso administrativo; significó que el acto soberano de la recolección de firmas-que obviamente ha de ser certificado- lo redujeron a la mínima expresión de importancia, consistente en que, aunque se necesitaban 240.000 firmas, el golpe político lo represento el abultado recaudo de un millón de firmas en su contra.

Aquí el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales y por ende del artículo 103 citado de la carta Constitucional. El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Tampoco las manifestaciones de acción de participación del pueblo en ejercicio soberano, como lo son la revocatoria directa del mandato, el cabildo abierto, la consulta popular. Todas maniatadas por la enredadora legalista, leguleya y atrabiliaria. A ello agregarle el abusivo e improcedente uso de la tutela por parte de los gobiernos municipales en cuestión, para evitar que prospere el uso de la acción pública y popular de la población expresada en su contra.

Toda esa divagación sobre el debido proceso, a la defensa y a ser elegido conllevó a sepultar la iniciativa popular de revocatoria del mandato en una parodia con representación burlesca…Un experimento ciudadano parodia la revocatoria contra Peñalosa. La intervención de la Rama Judicial y su propósito ideo-político, plasmó lo improductivo de una acción de revocatoria del mandato, relegándolo a ninguna ganancia política. Es objetivo, de todo accionante contra el mandato, fundar en exposiciones objetivas demostrables, las razones que den cuenta del incumplimiento del plan de gobierno y la justificada acreditación de la inconformidad de la ciudadanía. Se sobreentiende y acepta que no se trata solo de la mecánica de la recolección de firmas. Se admite que el alcalde ejerza su derecho a demostrar la falta de fundamento de quienes quieren revocarlo. Pero se trata de una actuación procedimental breve y sumaria, de ejercicio directo, oral y abreviado, si se quiere y no a formalismos que desnaturalizan la esencia misma de la revocatoria del mandato, como tal. Desconocen que se trata de un ejercicio de oposición política y no de actuación administrativa alguna en contra del alcalde cuestionado. En el caso contra el alcalde Peñalosa, actuaron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que más da. En esa decisión, la Corte también ordenó al Congreso reglamentar los futuros procesos de revocatoria para garantizar los derechos al debido proceso y a la información. Y con euforia ese poder legislativo mafioso “le mete el diente”, como lo hizo al desnaturalizar los Acuerdos de La Habana, con la extinta guerrilla de las FARC. De manera, que el CNE no solo sepultó la revocatoria, sino que sancionó a su promotor “tutelando” los derechos del alcalde.

  • – En el caso de la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, se acreditaron las firmas para la revocatoria. Se fundamentaron los cargos en el ejercicio fraudulento de su mandato contra las arcas públicas. Se demostró la procedencia de las acciones penales en su contra con reclusión en prisión. Se efectuó la jornada electoral de revocatoria respectiva trayendo como resultado que votaron en su contra más sufragantes que el número de votantes que la habían elegido. Pero en este caso particular jugo el Mefistófeles, aliado con Maquiavelo, con el recurso leguleyo del umbral de votos; el cual bajo operaciones matemáticas no alcanzaron los votos depositados – pese a todo-para la revocatoria. En el aquelarre de rituales, cual conciliábulo de brujos, el jefe puma blanca, entronizado por el clientelismo y corrupción, ordeno al acumulado de sus votos cautivos, la estrategia de abstención, de no votar. Ello, traducido en el lenguaje mesiánico, significo la no compra de votos o el pago por no salir a votar. Se considera, además, que la administración pública local buscó mecanismos de presión, al aliarse con los contratistas para que no salieran a votar los ciudadanos. A ello se agregaron alcaldadas, como la disposición súbita de cambios de vías, cierre de acceso de vías principales y ajustadas reparaciones el “día de las elecciones” y a un sinnúmero de consideraciones que adornaron la ejecución de todo un plan diablesco, rayante con el cinismo, plasmando la estridente, sonora y burlona carcajada, a que quedó reducido el soberano interés popular.

La imperiosa necesidad de la reforma política y electoral

Pese a existir la CP91, que suprimió la medida del “Estado de Sitio”; el Sistema Electoral Colombiano continua vigente gracias a un Decreto de Estado de Sitio, sacado a espaldas del poder legislativo y es así como por medio del Decreto 2241 del 15 de junio de 1986, se adoptó el Código Electoral, en lo del binomio Código Electoral Colombiano- Registraduría Nacional del Estado Civil. Esa vergüenza jurídica, empotrado en el “estado de derecho” colombiano, es el causante de múltiples males a la Nación colombiana. Sin pena ni gloria persiste un adefesio en contra del mandato constitucional. Esta ilegitimidad y estado de cosas inconstitucional (eci) no se puede ocultar y demuestra el ejercicio dictatorial del poder oligárquico en Colombia. Ahora, para remediar tales males, a fecha 22 de diciembre de 2.020, el actual congreso colombiano, de mayoría narco-paramilitar, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado, se aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley para reformar el Código Electoral. El Proyecto de Ley es el 234 de 2.020 Senado y 409 de 2.020 Cámara “Por el cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones.” Motivan los votantes en contra, que permanecieron normas retardatorias intocables, que no garantizan unas elecciones limpias y que la aprobación de tal entuerto legislativo se hizo de manera virtual, violando el espíritu de la Constitución Nacional. No se resuelve la prohibición de la violencia política y de género en propaganda electoral y lo relacionado con la responsabilidad administrativamente en lo electoral. Lo de la jornada electoral en estado de emergencia. La implicación de facultades extraordinarias en lo electoral. Lo relacionado con el voto de extranjeros y la biometría en particulares. La constancia de la oposición política, por parte de (Colombia Humana) lo hizo el senador Gustavo Petro, expresando que “con este Código Electoral la Colombia Humana no tendría participación en las próximas elecciones 2.022.”

De manera que son muchas las preocupaciones y con 82 artículos que generaron múltiples discrepancias, nos encontramos con un acto legislativo de reforma constitucional fallido y una frustración más para el pueblo colombiano, debiendo afrontar lo que ello repara. Esta tal reforma resulta ser un remedio peor que la enfermedad. No cumple con el mandato consignado en los Acuerdos de La Habana, de compromiso ineludible, por parte del Estado colombiano, en su implementación

Se hace imperiosa la necesidad de la reforma estructural a los procedimientos en lo de reforma política y electoral consagrada en el numeral 4 de los citados Acuerdos, agobiados por la constante de hacerlos “trizas” en violación al pacta sud servanda que inspiro la dejación de las armas por parte de las traicionadas a FARC-EP.

El análisis de la ineficacia a que ha sido reducido el mecanismo de expresión soberana y popular de la revocatoria del mandato enfila en la consideración del análisis del sistema corrupto electoral colombiano, que continua vigente. Obedece a la constante del llamado “orden contra insurgente” que la secta política, que no partido, en el poder, impulsa en todos los ámbitos de la vida nacional; siendo el causante de tantas desgracias. Todo ello por cuanto que el actual sistema electoral es el que ha permitido la permanencia e influencia de una casta política inspirada en lo antipopular y alimentada de los recursos del narcotráfico y el para militarismo, que les permite atornillarse en el ejercicio dictatorial del poder. Ante los avances del descontento social y del movimiento popular de masas, perciben pasos liberatorios que los colocan en una defensiva de miedo al pueblo y apresuran presentar proyectos estentóreos, con ecos mediáticos, que resultan impotentes a sus propósitos hegemónicos.

El papel jugado por la Registraduría continúa siendo el de su utilización como un botín burocrático al servicio de quien resulte ganador en el proceso electoral. Actualmente la Registraduría cuentas con 4.000 funcionarios y solo eran de planta unos 600. Con este proyecto conciliado 1.120 registradores municipales quedan en el vaivén de la libre remoción, perdiéndose la confianza y calidad de independencia en el cargo, anunciando lo incierto de las reglas de juego para la oposición y la suerte de la contienda electoral. Se confirma así que el que escruta elige.

La tal reforma resultó ser la prolongación de la práctica del carrusel de la compraventa de votos, que emprende con diligencia y presteza el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se refleja en su ejecución por las mafias narco paramilitares en las regiones

Un gobierno ilegitimo le teme a l debate y la confrontación directa con la población organizada

Se es dado en afirmar, que en Colombia proyectar los profundos y radicales cambios políticos, sociales, económicos, militares y de defensa de lo ecológico, aún con propuestas Alternativas, resulta utópico. Esas rémoras políticas retrasan al movimiento popular; detienen el ansiado cambio e impiden la realización de aplicación de verdaderos programas que conlleven a una Revolución Institucional. La oposición política de la izquierda legal viva y expresa en las movilizaciones de masas, no tiene dueños. Obedece a una visión propia de país en lo político-social; subsiste con la presentación de programas máximos y mínimos, cual universo de ideas y propuestas inspiradas en la vocación de poder popular. Por eso trasciende, con cosmovisión propia, ante el alcance de los Progresistas, Reformistas, Socialdemócratas liberales, Humanistas; los cuales son sus aliados en la identificación de alianzas y lucha de resistencia contra la derecha militarista y ante la hegemonía oligárquica contra insurgente impuesta en el país.

En Colombia, se logra superar el desdibuje de la realidad política, al aceptar la inexistencia del llamado “centro”. Dinamiza la iniciativa en asonancia con la supremacía de las convicciones de posmodernidad que impera en el mundo. Se cuenta con el mayor acervo teórico de distinción y claridad, en el presupuesto dialéctico que, sin teoría revolucionaria, no se dan cambios revolucionarios. Comenzando por perder el miedo impuesto por la dictadura mediática a lo de “revolucionario”. Esto contribuye a la cualificación de la actividad política en la aplicación de una lingüística de distinción. Triunfa la aplicación de la lucha de los contrarios. Contribuye a su identificación, superando lo de “blandos”, “centristas”, “conservaduristas” y reivindicando al vergonzante de izquierda ubicado como “mamerto”. En el entorno de la actividad política se está ante la identificación de la lucha de contrarios entre la derecha y la izquierda. Este presupuesto se da como resultado de la cualificación del movimiento popular y el asomo de concretar una política de proyección, en el ineludible paso de obtención de un gobierno de transición en Colombia.

Primando la lucha contra el neoliberalismo y por la defensa de la democracia, acudir en las actuales circunstancias políticas por la que atraviesa el país – que he intentado esbozar en lo anteriormente escrito- a la revocatoria de mandato a alcaldes, como mecanismo de participación popular, resulta improductivo. A más de 28 alcaldes en el país intentan aplicarle la revocatoria del mandato, transcurrido un año de su posesión y con aplicación de los requisitos en la Ley 134 de 1994. Pero no se trata de una aplicación de uso mecánico en el tiempo, como si llegara la época del invierno o el verano. Seguro que ese número de alcaldes arribaron al poder con sobrado juego de engaños y artimañas, propio de un sistema electoral corrupto y de casino, imperante. A sus motivadores les puede asistir la convicción y demostración que como mandatarios han incumplido el programa de gobierno, por el cual fueron elegidos. Se darán casos sobrados de existencia de descontento generalizado entre la ciudadanía contra la gestión de determinados actores en cuestión. Resaltarán los indicios y pruebas de incumplimiento descarado a las promesas de campaña y querrán, con el uso de ese instrumento, definir el futuro de tales elegidos y someterlos a la voluntad ciudadana. Pero tal como está el estado de cosas inconstitucional (eci) en el país, todo resultará vano e ineficaz. No compensa el desgaste político de líderes y de activistas que le restan dinámica al avance del movimiento de protesta de Resistencia social. Precisamente, ese acumulado de incumplimientos es el que deben afrontar los ilegítimos ungidos de falsa autoridad ante el reclamo de la lucha popular, la Minga indígena, el Paro Cívico Político Nacional. Todas las causas y motivaciones están dadas para la movilización popular en esos 28 municipios citados. Esos alcaldes y sus asesores, cual perros rastreadores, en el uso astuto de los recursos, preverán que si dieren con alguien sagaz, no les tomarían el pelo de manera aguda y perspicaz. Ese recurso de participación popular, mediante el instrumento legal de reglamentación, quedó cual armatoste de gran tamaño y poca utilidad y el diligente líder social queda a la zaga, en la parte trasera, cual corredor que no asimila la competitividad, en esa desigual competencia. Seria más de lo mismo.

La indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados.

De epidemias, pandemia y sindemias

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

De epidemias de toda clase ha estado surcada la larga historia de la humanidad, éstas no sólo han sido de orden natural o biológico en estricto sentido, sino que casi todas ellas se han exteriorizado, dentro de una naturalidad muy impregnada por lo social, con toda clase de situaciones paradojales, puntos de encuentro y desencuentro hacia el interior de la sociedad misma, dentro de lo que han sido siempre unas tensas y asimétricas relaciones con la naturaleza, las que con el paso del tiempo han venido estrechándose, y alcanzando peligrosos límites que eran insospechables, al menos durante el siglo XIX, cuando innumerables autores expresaban su optimismo acerca de los inagotables recursos del planeta. Hoy la naturaleza nos lanza advertencias no siempre explícitas de que las cosas han cambiado: el problema es que la especie humana hace como si esos peligros no existieran, por lo que no introduce los cambios requeridos en su accionar.

Como un resultado visible de las actitudes humanas que han venido imperando, en este cambio de siglo nos alcanzó una epidemia de proporciones totales y con temibles efectos para la población, de tal manera que se le ha dado el calificativo de pandemia por ser una enfermedad extendida dentro una dimensión planetaria jamás alcanzada anteriormente, esa es el Covid 19, con una escala o condición totales que no alcanzaron ni la gran peste negra de la Edad Media europea, ocasionada por las ratas y el desconocimiento de los agentes patógenos que aquellas incubaron, ni la mal llamada “gripe española” de 1918-1920, una especie de deriva o “daño colateral”, provocado por las malas condiciones sanitarias a que dio lugar la Gran Guerra Europea (1914-1918), aunque ambas hayan ocasionado la pérdida de millones de vidas, no alcanzaron a ser pandemias en estricto sentido y difícilmente hubieran sido percibidas como tales.

La más reciente noción de sindemia apareció por ahí, de manera sigilosa, hace ya unos treinta años, pues se afirma que: “ El término sindemia, que es un neologismo creado con la unión de las palabras sinergia y epidemia, fue acuñado por Merrill Singer a mediados de la década de 1990 y desarrollado en su libro Introduction to syndemics de 2009”(Aristos Veyrud ECONOMÍAS); ahora bien, tengo la impresión de que todavía no hemos encontrado el término para designar el exterminio de hecho de buena parte de la población mundial, lo que implícitamente ocurriría una vez que se despliegue en toda su intensidad la llamada Cuarta Revolución Industrial, con la automatización de la mitad de los puestos de trabajo (para el caso de Costa Rica), aunque los apóstoles de ésta anuncien medidas paliativas (aquellas que alivian, pero no evitan el deceso del paciente) diz que para enfrentar ese fenómeno, a pesar de que no hay duda alguna que ese desempleo masivo se sumaría al que ya ha generado el Covid 19, en fin se trata de otro fenómeno epidémico para el que no habrá ninguna vacuna. Esa no este otra cosa que la cara política de un evento de suyo tan complejo, la dictadura del capital financiero se dispone a asaltar el estado social de derecho y los últimos bastiones del capital productivo, por lo general anclados en los estados nacionales que intentan reafirmar su soberanía frente a los poderes fácticos o silenciosos, los que van mucho más allá de la lógica de la existencia de los estados nacionales y de los requerimientos efectivos de las grandes poblaciones del planeta.

Frente a la amenaza latente, pero no oculta y más bien manifiesta, de la automatización masiva de los puestos de trabajo, sus apóstoles o emisarios nos dicen: ”Hay que mejorar y garantizar la protección social (algo en esencia paradojal) para evitar que los niveles de pobreza se disparen incluso mucho más en comparación con las cifras que enfrentamos actualmente con la pandemia”, apuntó el investigador (Andrés Fernández Arauz, Academia de Centro América)…Por esa razón, el estudio propone reducir las cargas sociales laborales que limitan la contratación de personal en las empresas…Costa Rica es un país con altas cargas laborales y esto desincentiva la creación de nuevas empresas y para las que sí se desarrollan, muchas lo hacen en el mercado informal” aseveró” (EL FINANCIERO n°1319 15 de enero de 2021, página 9). Todo esto es en realidad un conjunto de argumentaciones falaces que ocultan el efecto de las políticas recesivas, las que ha provocado la contracción del mercado interno, al disminuir estrepitosamente la demanda agregada de bienes y servicios. El capital financiero y sus agentes ideológicos se encargan de ocultar muy bien sus corridas financieras, en especial el peso insoportable de los intereses de la deuda interna sobre el conjunto de la economía, unos intereses asfixiantes con los que se beneficia ese sector social, con la ayuda de sus mentores ideológicos de la Academia de Centro América.

En estas condiciones sociales y políticas tan delicadas, sucede que las sindemias se desarrollan o irrumpen en condiciones de una gran inequidad sanitaria, la que por lo general tiene su origen en la pobreza creciente e intensificada, también el estrés o la violencia estructurales se encargan de hacer lo suyo en este macabro escenario, estamos avisados.

UCR: Inicia la fase de verificación de las pruebas de saliva para detectar el COVID-19

Genes sintéticos del virus SARS-CoV-2 fueron creados para la primera fase de prueba

Científicos de la UCR, TEC y UNA concluyeron el primer prototipo de las pruebas de saliva para el diagnóstico rápido del COVID-19, que ahora es verificado a nivel in vitro y con genes sintéticos

Las pruebas de saliva se están aplicando en diversos países. Por ejemplo, el 15 de agosto de 2020, la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) aprobó el quinto test de saliva para la detección del SARS-CoV-2. Foto: Karla Richmond, UCR.

Después de casi un mes de trabajo continuo, y el apoyo de más de 20 investigadores, los científicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) finalmente inician la fase de verificación de las pruebas de saliva que están desarrollando para el diagnóstico rápido del COVID-19.

Esta fase es in vitro (análisis de laboratorio fuera de un organismo vivo), con el uso de genes sintéticos también diseñados en la UCR. De acuerdo con el equipo investigador, los resultados preliminares obtenidos hasta ahora son alentadores.

“Los primeros resultados arrojan que las pruebas in vitro utilizando genes sintéticos lograron una sensibilidad del 94.4 % (capacidad de la prueba para detectar la enfermedad) y una especificidad del 100 % (exclusión de los individuos sanos). Los porcentajes obtenidos son muy altos y significa que la prueba tiene gran potencial para ayudar al diagnóstico del COVID-19”, manifestó el Dr. German Madrigal, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar), de la Facultad de Farmacia de la UCR.

Con el objetivo de realizar las pruebas de validación, los científicos diseñaron genes sintéticos del SARS-CoV-2, y hasta saliva artificial, como un primer paso para contrarrestar los resultados con la prueba estándar de oro de Costa Rica: la qPCR-RT.

Si las pruebas superan con éxito esa fase, y otras dos más que aún están pendientes, en pocos meses la UCR estaría transfiriendo el conocimiento generado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Ministerio de Salud y a cualquier productor nacional que desee producirlas. De esta manera, el país tendrá un recurso adicional a la PCR que es hasta un 70 % más barata.

El resultado se manifiesta como un cambio de color en la muestra: amarillo en caso de que sea positivo y rojo si la prueba da negativo, dependiendo del indicador de pH utilizado. Foto: Karla Richmond, UCR.

¿En qué consiste la prueba?

En términos científicos, a la prueba se le conoce como RT-LAMP (amplificación isotérmica por lazo o por bucle, por sus siglas en inglés). Esta prueba molecular permite la amplificación del material genético del virus.

Para ello, se toma la muestra de saliva de la persona. Luego, se calienta a 95° grados Celsius para amplificar posibles trazas del virus y, así, se obtiene el resultado sin necesidad de laboratorios de biología molecular u otros equipos especializados, como los que se requieren con las actuales pruebas de tipo PCR.

Además, este resultado se manifiesta como un cambio de color en la muestra: amarillo en caso de que sea positivo y rojo si la prueba da negativo, dependiendo del indicador de pH utilizado.

Su principal ventaja es que la misma persona podría recolectar la muestra de saliva sin requerir personal de salud altamente especializado, como ocurre con la prueba de qPCR-RT, lo que permitiría disminuir las posibilidades de contagio en el equipo sanitario y reducción en los costos, pues no se requiere de hisopos y medios de cultivo especiales para el transporte de los mismos.

Pero no solo eso. La prueba RT-LAMP posee un menor costo, no necesita de equipo sofisticado para amplificar el material genético del virus y se pueden obtener los resultados en aproximadamente una hora.

“Tanto la prueba RT-LAMP como la qPCR-RT son pruebas moleculares; es decir, se encargan de detectar algún fragmento de los genes del virus. Entonces, ¿cómo se diferencian? Primero, la PCR requiere de un equipo costoso que no cualquiera puede manejar y de un proceso analítico especializado. Segundo, para tener la muestra se efectúa un hisopado nasofaríngeo, se extrae el ARN y se purifica. Luego, utilizando reactivos, se lleva a cabo la amplificación de algunos de los fragmentos del virus. Este es un proceso laborioso y lleva de dos a cuatro horas de trabajo en el laboratorio. Estas limitantes nos llevaron a buscar otra alternativa”, indicó el Dr. Andrés Gatica Arias, profesor de la Escuela de Biología de la UCR y coordinador del proyecto “Verificación de la sensibilidad in vitro de kits comerciales de RT-LAMP para la detección del virus SARS-CoV-2”.

La idea es que la RT-LAMP no sustituya a las pruebas de PCR en tiempo real, sino que sea una opción complementaria. Así, se pretende que el país cuente con más posibilidades y no solo con un único test diagnóstico vinculado a la disponibilidad de insumos en los mercados internacionales.

“La prueba parte del principio de tomar una muestra de saliva del paciente. Ya se demostró en la literatura científica que el virus está presente en la saliva en una alta concentración. Esto da la posibilidad que obtener la muestra no sea tan molesto, como lo es introducir un hisopo a la nariz. La toma de la saliva es más sencilla y, distinto a la PCR, se puede transportar sin un medio de cultivo que preserve el material genético del virus”, amplió el Dr. Gatica.

Actualmente, países como Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Perú y Uruguay ya lo está implementado por su gran facilidad. Por citar un ejemplo, la persona solo debe recolectar su saliva en un recipiente estéril, similar al que se usa para la orina y las heces, y llevarla a un laboratorio. En casi 60 minutos se tendría el resultado.

La siguiente infografía explica el proceso de la prueba

En casi 60 minutos se tendría el resultado.

La ciencia detrás

¿Qué hace que la saliva sea una prometedora opción? Además de las ventajas ya mencionadas, para el Dr. Madrigal hay otra razón de gran peso: la forma en cómo se transmite el virus.

“El virus se trasmite como un aerosol que en el 90 % de las ocasiones sale por la boca. Si bien, el virus entra por la nariz y ahí hace su primera incubación, ya desde el primer día podría encontrarse en la saliva debido a la comunicación entre la nariz y la boca”, afirmó el Dr. Madrigal.

Adicional a lo anterior, también está la facilidad en el proceso de análisis. El Dr. Gatica explicó que cuando se tiene la muestra, la saliva se mezcla con un reactivo para liberar el material genético. Ese reactivo es una enzima cuya función es degradar la capa externa del virus. Para que funcione, la saliva con el reactivo se deja reposar 15 minutos a temperatura ambiente. Después, se calienta a 95° C en baño maría.

Según el Dr. Gatica, ese proceso destruye la cubierta que protege el virus y se libera el material genético del SARS-CoV-2. Posteriormente, dicho material se amplifica utilizando otros reactivos de la técnica RT-LAMP.

“Mediante una reacción colorimética (un cambio de color) se detecta a simple vista si el paciente es negativo o positivo por el virus. Entonces, primero la muestra se calienta, se combina con los reactivos y solo, si el material genético está presente, se amplifica el virus y se da un cambio de color. Si es rojo, el paciente es negativo. Si es positivo, es una reacción de color amarillo, dependiendo del indicador de pH utilizado”, ahondó el Dr. Gatica.

La prueba RT-LAMP utiliza seis imprimadores (para copiar el virus) que se pegan a seis sitios del gen o los genes en el SARS-CoV-2. En total son tres genes que se analizan, para un juego de 18 imprimadores en total. Esto es importante para asegurar que realmente es el SARS-CoV-2 y no otro tipo de coronavirus. Foto: Karla Richmond, UCR.

Producción nacional

Los reactivos se pueden comprar a nivel internacional. No obstante, los científicos de la UCR trabajan fuertemente para desarrollarlos en suelo nacional y que el país sea autosuficiente.

Si se logra, el costo rondaría los 10 a 15 dólares. Asimismo, las pruebas se podrían efectuar en laboratorios de bioseguridad 1 o 2 y en laboratorios portátiles, debido a que el equipamiento es muy básico. En el proceso solo se requiere de termobloques (dispositivo para incubar el virus), baño maría, micropipetas (goteros), los consumibles plásticos donde se coloca la saliva, imprimadores y enzimas, principalmente.

“El país podría ahorrar dinero, llevar a cabo más pruebas y hacer tamizajes masivos con el fin de tener un panorama más real de personas infectadas y asintomáticas, que son como una ‘bomba de tiempo’, porque están infectando a otros sin darse cuenta. Además, podría ser de utilidad para identificar pacientes que ya fueron positivos y, de esa manera, apoyar a los programas de vacunación. Para optimizar el recurso económico, sería conveniente verificar previamente si la persona no está o estuvo enferma”, interiorizó Gatica.

El termobloque, cuya versión tica está siendo desarrollada por ingenieros eléctricos de la UCR, puede albergar de manera simultánea hasta 384 muestras. En una semana, y con solo 10 de estos dispositivos, más de 200 000 análisis podrían realizarse.

“Desde un inicio el proyecto pensó en abarcar todas las aristas que van desde, la fabricación nacional de los insumos, los reactivos, los ingredientes que necesitamos para efectuar la prueba (así como enzimas e indicadores de PH) hasta el propio equipo que se necesita para el análisis, en este caso, los termobloques de 384 muestras. El propósito es no depender de casas comerciales internacionales”, dijo Gatica.

«En estos momentos nos estamos uniendo con colegas centroamericanos, porque ellos tienen un proyecto similar, solo que iniciaron diferente. Con el vínculo se quiere que ambos países agilicen el camino y se efectúe una validación simultánea», destacó el Dr. Madrigal.

Aporte innovador

El equipo trabaja en otro eje adicional poco abordado: la combinación simultánea de muestras de saliva de distintas personas.

“Nuestra idea es tomar muestras individuales y luego mezclarlas en grupos de tres o cinco individuos (aún debemos determinarlo) para hacer menos reacciones. Si un grupo salió negativo, se genera un ahorro porque no se hicieron pruebas individuales para llegar al mismo resultado. Ahora bien, si un grupo dio positivo, las muestras se individualizan para saber quién es el individuo positivo. La saliva, al ser un líquido más abundante que una muestra de hisopo, hace que esta oportunidad sea posible”, indicó el Dr. Gatica.

Con una misma muestra de saliva de un único sujeto se puede realizar hasta cinco veces la prueba. Si aún así el médico duda, por alguna razón, de un resultado positivo obtenido con la prueba RT-LAMP, este luego puede hacer una confirmación adicional con la PCR.

“Lo bueno aquí es que desde el minuto uno, con el resultado de la prueba RT-LAMP, se puede poner a la persona en aislamiento con una orden sanitaria para evitar la propagación del virus, mientras se espera la confirmación del PCR”, amplió el Dr. Madrigal.

Con este proyecto de investigación hay dos posibilidades concretas. Uno es comprar kits de RT-LAMP en el extranjero para el análisis de saliva y validarlo en Costa Rica. La otra opción, que desean los científicos de la UCR, es desarrollar los componentes de ese kit en el país. Foto: Karla Richmond, UCR.

¿Qué falta?

Las pruebas de validación constan de tres fases. La primera ya se aplica y es usar genes sintéticos y saliva artificial para luego contrastarlos con la qPCR-RT. Ambos deben arrojar exactamente el mismo resultado (negativo o positivo).

La segunda fase de validación es elaborar un protocolo para desarrollar un estudio que use muestras reales de pacientes anónimos positivos por COVID-19, previamente diagnosticados con la qPCR-RT. Si la prueba RT-LAMP realmente funciona, el resultado que arroje también debe ser positivo.

“La validación es una in vitro (en laboratorio) y otra in vivo (en personas). En estos momentos nos estamos uniendo con colegas centroamericanos, porque ellos tienen un proyecto similar, solo que iniciaron diferente. Ellos ya tienen los protocolos de pacientes y los permisos, pero no las pruebas. Nosotros tenemos las pruebas, pero no los protocolos y el permiso de estudio en pacientes. Entonces, con el vínculo se quiere que ambos países agilicen el camino y se efectúe una validación simultánea”, comentó el Dr. Madrigal.

Por parte de la UCR se encuentran la Escuela de Biología, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar), la Escuela de Matemática, la Escuela de Física, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva,

De igual forma, se apoya la Escuela de Salud Pública y, el Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y Salud (Cices).

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Sigue la pesadilla: urge respuesta del SINAC-MINAE sobre pasos de fauna en la Ampliación de Ruta 1 Alajuela-San Ramón

SURCOS comparte las consultas enviadas por la coordinadora de la Comisión Vías y Vida Silvestre y presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, Ma. Elena Fournier S, dirigidas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (Minae) sobre los pasos de fauna subterráneos y aéreos en la Ampliación de Ruta 1 Alajuela-San Ramón:

16 enero, 2021

Señor Director
Lic. Rafael Gutiérrez Rojas
Director
Sistema Areas Conservación, SINAC
MINAE

Licda. Angie Sánchez
Directora
Vida Silvestre, SINAC-MINAE

Presente.

ASUNTO: Urgente consultas Ampliación Ruta 1 Alajuela-San Ramón, pasos de fauna subterráneos y aéreos.

Estimado don Rafael y Angie:
Reciban nuestros atentos saludos.

En relación con la ampliación en curso de la Ruta 1 Alajuela-San Ramón, nos gustaría que por favor nos indiquen la siguiente información:

  1. Si en el el estudio de EIA de SETENA ustedes, como ente rector estatal de la fauna silvestre SINAC-MINAE, han incluído pasos de fauna aéreos y subterráneos como medidas de mitigación, cuántos son y dónde se encuentran ubicados.
  2. Tenemos entendido de que hay un mapa actualizado con todos los Corredores Biológicos a nivel nacional, por favor sin nos pueden indicar cuáles Corredores Biológicos van a ser impactados con la ampliación de esta Ruta 1, ya que, recientemente fui a San Ramón, temprano en la mañana y vi varios animales silvestres (un ave y varios mamíferos pequeños) muertos, puedo asegurar que no se trataban de perros o gatos.
  3. ¿Existe alguna Comisión de parte del SINAC-MINAE y las comunidades, como el Grupo que lidera la administración/organización de esta Ruta a nivel comunitario que estén trabajando en este sentido?

Agradecemos mucho su atenta respuesta que apreciaremos sea lo antes posible.

Ma. Elena Fournier S.
Coordinadora
Comisión Vías y Vida Silvestre, CVVS (2012)

 

Compartido con SURCOS por Ma. Elena Fournier S.

SEC: rechazo total a las propuestas que el Gobierno le está presentando al FMI

SURCOS comparte el pronunciamiento del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):
Respecto a la reunión virtual sostenida este viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual el SEC participó con otras organizaciones sindicales como la CTRN, BUSSCO, entre otros; el planteamiento que se dejó muy claro por parte del movimiento sindical, fue el rechazo total de las propuestas que el Gobierno les está presentando a este organismo financiero internacional, entre ellas: el proyecto de empleo público, la venta de activos y el desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho que se ocasionaría con esta negociación. Además incrementaría la pobreza, el desempleo y que ya está provocando una confrontación social en el país.
En su respuesta, los personeros del FMI manifestaron que les interesaba establecer un acercamiento con los grupos sociales y sindicales para conocer nuestra visión del panorama social y económico que está viviendo el país. Manifiestan que el FMI no está exigiendo la venta de instituciones públicas, no pretenden se les culpe de crear crisis en los países acompañado de conflictos sociales.
Para el FMI según las palabras de sus voceros, lo que ellos valoran es que se ofrezcan garantías y sostenibilidad de la deuda y que las mismas deben ir acompañadas de medidas compensatorias sociales que mitiguen la pobreza y el desempleo. Al final del encuentro, indicaron que estarán en el país durante unos días cumpliendo con otras reuniones.
Esperamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no apresuren esta negociación engañando al pueblo y tengan mucha objetividad de las implicaciones negativas que tendría el país al adquirir más endeudamiento.

 

Imagen ilustrativa.

Rescate Nacional hace llamado para salir nuevamente a las calles

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento y video:
Las personas, organizaciones y sectores abajo firmantes, hacemos de conocimiento público considerando:
PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca:
Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de la desigualdad social.
Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita.
SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente:
Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía.
Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas.
TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía:
Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber:
a) Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional.
Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal.
b) Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
c) Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
d) El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas. Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente,
e) El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República.
f) Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad.
g) Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria.
h) Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica.
i) Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid- 19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso.
POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo:
1- Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía.
2- Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado.
3- Nuestra exhortación urgente al Gobierno y a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado.
4- Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.
5- Nuestra disposición de unir esfuerzos y establecer una agenda de mínimos comunes, con otros actores, organizaciones y/o comunidades que compartan lo aquí expresado.
6- Nuestro vehemente y urgente llamado a nuestras propias bases sectoriales, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas para prepararse desde ya para dar su aporte a las distintas acciones conjuntas en fechas que estaremos anunciando en los próximos días.