Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

UCR, Voz experta: Algunas tecnologías utilizadas para las vacunas contra el COVID-19 y su eficacia

Por Eugenia Corrales Aguilar, viróloga de la UCR

El SARS-CoV-2 y el COVID-19

Dra. Eugenia Corrales Aguilar, viróloga de la UCR. Foto: Anel Kenjekeeva.

A finales del 2019 se alertó sobre la aparición de neumonías atípicas en China. Estas eran causadas por un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, que está compuesta por virus que pueden causar diversas enfermedades como diarreas en animales o enfermedades respiratorias desde un resfriado común hasta presentaciones más graves en humanos.

Solo siete coronavirus de muchos han logrado afectar a los seres humanos. Dos de ellos, MERS (2012) y SARS (2002), han tenido potencial pandémico, pero fueron mitigados exitosamente con medidas de salud pública.

El nuevo coronavirus, bautizado SARS-CoV-2, causa la enfermedad llamada COVID-19 y nos tiene viviendo esta pandemia actual. Tras casi un año desde los primeros casos que se reportaron en Costa Rica, entramos en una nueva fase de la pandemia: una campaña de vacunación en el país. Esta campaña de vacunación ha sido denominada por las autoridades nacionales en salud como “segura, controlada y de impacto”. Pero, ¿son estas vacunas seguras, controladas y de impacto?

Conceptos básicos sobre las vacunas

Las vacunas se han utilizado desde el siglo XV para combatir patógenos o microrganismos que causan enfermedades. Las vacunas son preparaciones que tienen como objetivo producir una respuesta inmune o de defensa contra ese patógeno y que esa respuesta inmune tenga memoria.

Lo anterior quiere decir que más adelante, cuando se enfrenta de nuevo a ese patógeno, ya la respuesta inmune está lista para que nuestro cuerpo pueda defenderse y eliminarlo. La inmunidad que se produce es de dos tipos: la humoral (los anticuerpos) y la celular (células T y B de memoria). Estas dos ramas trabajan conjuntamente para que la defensa contra el patógeno sea efectiva.

Existen diferentes tipos de preparaciones de vacunas contra los virus. Las más tradicionales utilizan virus debilitados (atenuados) o virus inactivados (tratados químicamente). Estas vacunas presentan algunas particularidades. Por ejemplo, para las vacunas de virus inactivados se necesitan producir grandes cantidades de virus. Esto es un problema para el SARS-CoV-2 ya que por su facilidad en la transmisión por aerosoles, debe trabajarse en laboratorios con niveles de bioseguridad altos y estos por costos y complejidad no están comúnmente presentes.

Por otro lado, para las vacunas de virus atenuados se pueden presentar riesgos como el proceso de reversión al virus patógeno desde el virus atenuado (vacuna oral contra polio). Otras preparaciones de vacunas virales utilizan subunidades proteicas del virus que estimulan al sistema inmune. Un ejemplo de esto es la vacuna contra la hepatitis B, que utiliza una proteína del virus que se llama antígeno de superficie (HbsAg).

Independientemente del tipo de vacuna, es importante saber cuál componente del virus va a inducir adecuadamente una respuesta inmune y que esta respuesta contra ese componente viral consecuentemente proteja al ser humano contra el patógeno, ya sea contra la infección, contra la enfermedad (presentar síntomas), contra la severidad de la enfermedad (requerir hospitalización) o evitar la muerte.

En el caso del coronavirus SARS-CoV-2 se conocía, por estudios previos con el MERS y el SARS, que la proteína estructural de la espícula del virus es la subunidad proteica contra la cual se necesita crear anticuerpos y células de memoria.

La espícula es el receptor viral, aquella proteína que el virus necesita para unirse a la célula, poder entrar a la misma y replicarse. Por lo tanto, se busca con las vacunas producir una respuesta inmune que evite que el virus entre a la célula por el mecanismo de bloqueo de esta unión, o lo que se llama neutralización por anticuerpos, y que elimine a las células infectadas, o lo que se llama citólisis por células T.

Tecnologías utilizadas para las vacunas contra el COVID-19

Hasta hoy (16.02.2021), existen 89 candidatos en fases preclínicas de investigación en modelos animales, 69 candidatos en ensayos clínicos en humanos (fase 1 a fase 4), 20 candidatos en fases finales (fase 3), 6 vacunas aprobadas para su uso de emergencia (EUA), 4 aprobadas para su uso en algunos países y 4 candidatos descartados.

Para SARS-CoV-2 se tienen candidatos o vacunas que abarcan desde tecnologías tradicionales para la preparación, como la atenuación del virus (aún en fases preclínicas o fase 1), la inactivación del virus (Sinopharm, Sinovac y COVAXIN de China) y la utilización de subunidades proteicas (Novavax), pero además se desarrollaron y afinaron tecnologías nóveles y emergentes.

Una de ellas utiliza vectores virales que pueden ser de distintos tipos como adenovirus humanos (como la vacuna Gamaleya Sputnik V o la de Johnson & Johnson (Janssen)) o de otros animales (como la vacuna de AstraZeneca-Oxford), virus tipo VSV (virus de la estomatitis vesicular) o virus como MVA (cepa vacunal de la viruela). Vacunas de este tipo ya habían sido aprobadas para su uso contra el virus ébola en 2019 y en 2020.

Pero la tecnología más novedosa para producir vacunas contra el COVID-19 fue la que utiliza ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARNm (ARN mensajero). Los candidatos más avanzados y ya aprobados para su uso son la de ARNm (Pfizer-BioNTech o Moderna-NIH). Para Costa Rica, hasta febrero del 2021 se han reservado dosis principalmente de dos vacunas: Pfizer-BioNTech y AstraZeneca-Oxford.

Vacuna Pfizer-BioNTech

Esta tecnología ha estado en desarrollo para su uso terapéutico contra enfermedades genéticas y cáncer por al menos durante 30 años y para su uso contra patógenos virales desde el 2013 en ensayos clínicos contra virus como Rabia, Zika e Influenza.

Esta vacuna tiene el material genético del virus SARS-CoV-2 como ARNm envuelto en una nanopartícula de lípidos. Esto tiene como propósito proteger el ARNm que es muy frágil y sensible a la temperatura, pero también esta nanopartícula se utiliza como un vehículo que, después de ser inyectado durante la vacunación, se fusiona con la célula para llevar esa información o mensaje (en forma de ARNm) adentro de la célula y que la maquinaria enzimática normal de cada célula lea ese mensaje y produzca solamente la proteína viral de la espícula.

Una analogía sería darle instrucciones a algunas células nuestras para que se conviertan temporalmente en “fábricas” de producción de proteína viral. El ARNm es degradado por enzimas celulares en cuestión de minutos y no se integra al material genético (ADN) propio. Una vez que se producen estas proteínas virales, células de nuestro sistema inmune o de defensa las reconocen, las procesan y se inicia así la inducción de la respuesta inmune.

En los estudios clínicos realizados se demostró que aquellos que fueron vacunados con un esquema de dos dosis con 21 días entre la primera y la segunda dosis produjeron una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes (que bloquean la entrada del virus a la célula) y de células de memoria.

Además, se demostró una eficacia del 95 % para prevenir la aparición de síntomas. Esto quiere decir que de cada 100 personas vacunadas que entren en contacto con el virus, solo 5 van a presentar algunos síntomas característicos del COVID-19, pero levemente. Esto implica que la vacuna no protege contra la infección pero sí contra la enfermedad.

Impresionantemente, también se demostró tener un 100 % de eficacia para prevenir enfermedad severa (hospitalizaciones) y muertes. De igual forma, estudios preliminares han demostrado que disminuye la cantidad de virus presente en las personas vacunadas, lo que puede significar una disminución de la transmisión viral hacia los no vacunados. Esta vacuna presenta algunos retos logísticos por el transporte y almacenamiento a temperaturas ultra-frías. Sin embargo, estos retos están siendo poco a poco solucionados a nivel nacional.

Vacuna AstraZeneca-Oxford

Esta tecnología se aprovecha de un vector viral. En este caso se usa un adenovirus no replicativo de chimpancé. Este adenovirus contiene en su información genética la que codifica para la proteína espícula, pero en forma de ADN. El adenovirus es el vehículo (como la nanopartícula en la vacuna de Pfizer-BioNTech) y que al entrar a las células funciona como un “caballo de troya”.

Cabe recalcar que los seres humanos nos infectamos con adenovirus a menudo y que estos causan resfriados comunes no complicados. Las ventajas de utilizar este adenovirus de chimpancé es que los seres humanos no nos vamos a enfermar con un resfriado ser de otra especia, no deberíamos tener una respuesta inmune previa que afecte la entrada del virus a la célula y que al ser no replicativo, significa que el virus no se perpetúa, solo es utilizado como vehículo.

Al entregar la información de la espícula, nuevamente se aprovecha de la maquinaria enzimática normal de cada célula para que se lea este mensaje y produzca solamente la proteína viral de la espícula. Igual que con la vacuna de Pfizer-BioNTech, una vez que se producen estas proteínas virales, algunas células de nuestro sistema inmune las procesan y se inicia así la inducción de la respuesta inmune.

Los estudios clínicos realizados arrojaron resultados un poco confusos, ya que se utilizaron dos esquemas distintos de vacunación. En uno vacunaron con dos dosis completas con 28 días entre la primera y la segunda dosis y en otro, por error, vacunaron solo con media dosis en la primera puesta. En ambos casos, se demostró que aquellos que fueron vacunados produjeron una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes (que bloquean la entrada del virus a la célula) y de células de memoria.

También, se demostró una eficacia combinada del 70 % (62 % y 90 % respectivamente para los dos esquemas) para prevenir la aparición de síntomas. Esto quiere decir nuevamente que la vacuna previene la enfermedad y no la infección. Es decir, de cada 100 personas vacunadas que entren en contacto con el virus, solo 30 van a presentar levemente algunos síntomas característicos del COVID-19.

Sin embargo, aunque no tenga una eficacia tan alta como la de Pfizer para prevenir síntomas, los dos esquemas de vacunación demostraron tener un 100 % de eficacia para prevenir enfermedad severa (hospitalizaciones) y muertes. La ventaja de esta vacuna es que no requiere temperaturas tan bajas de transporte y almacenamiento. Esto la hace muy factible de aplicar en países de bajos y medios recursos que no tengan acceso a congeladores de ultra baja temperatura o en países donde las redes de vacunación deben llegar a sitios remotos y complejos.

¿Nos permitirán estas vacunas una campaña segura, controlada y de impacto?

Sí, lo van a permitir. Estas vacunas son seguras y eficaces y tendrán un gran impacto. Se presentan algunos efectos secundarios propios de la vacunación, síntomas que aparecen por la activación de nuestro sistema inmune como dolores musculares, de cabeza, fatiga, escalofríos, adormecimiento del brazo, dolores articulares. No obstante, no permanecen más de 24-48 horas. Muy poco frecuentemente se han presentado reacciones alérgicas, pero se pueden manejar médicamente.

No se puede omitir mencionar algunos aspectos que se desconocen aún, por el poco tiempo transcurrido tras el inicio de las aplicaciones o por no tener aún la evidencia completa, por ejemplo:

¿Evitan la transmisión del virus? Es esperable que sí la disminuyan.

¿Cuál es la duración de la protección causada por la vacunación? Hasta ahora se habla de por lo menos 3 meses, pero es esperable que sea por más tiempo.

¿Será necesaria una vacunación periódica? Es probable, debido no solo a la duración de la protección sino a la aparición de variantes virales.

¿Habrán efectos adversos a (muy) largo plazo o muy infrecuentes? Puede ser, pero hasta el momento desde el inicio de los ensayos clínicos en fase 1, no se ha observado ninguno.

¿Habrán vacunas para menores de edad? Ya se están realizando ensayos clínicos con adolescentes y menores de 12 años. Todo parece indicar que sí las habrán.

¿Es la vacunación lo que hará que la pandemia finalice? Es muy probable, pero no lo podemos predecir.

*Los ejemplos de las tecnologías de la preparación de vacunas ni los nombres de las mismas vacunas son exhaustivos.

 

Eugenia Corrales Aguilar, MQC, Ph.D. en Virología
Viróloga, Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET), Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica

UCR, Voz experta: La creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación es un retroceso para la ciencia del país

Por Dr. José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. De aprobarse este proyecto, el actual Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se transformaría en esta Promotora. Este proyecto tiene serias implicaciones para el desarrollo científico-tecnológico nacional; lamentablemente, no se ha dado en la comunidad nacional una discusión lo suficientemente amplia sobre el mismo y sus consecuencias.

Este proyecto parte de una visión limitada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación, lo cual podría tener implicaciones negativas para el desarrollo científico-tecnológico nacional. Se podría pensar que, si se propone que esta nueva entidad absorba las funciones del CONICIT, la misma debería velar por el desarrollo equilibrado de la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Ese, desafortunadamente, no es el caso. Veamos por qué, con base en el texto del proyecto del 17 de noviembre del 2020.

El complejo ciencia-tecnología-innovación tiene un carácter sistémico, lo cual implica que se debe mantener un equilibrio y un balance entre la generación endógena de conocimiento científico básico y aplicado, la investigación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento a los sectores sociales y productivos, incluyendo la transferencia tecnológica, y la innovación en muy diversos ámbitos de la sociedad. Se trata de un engranaje con múltiples componentes.

Estos subconjuntos del complejo ciencia-tecnología-innovación deben interactuar entre sí de manera eficaz, pero a la vez requieren mantener un desarrollo equilibrado, y todos han de ser fortalecidos y alimentados para lograr un sistema integrado y holístico. Resulta vital, por lo tanto, mantener ese equilibrio entre los componentes del sistema y evitar la priorización excesiva de unos en detrimento de otros.

La lectura del proyecto deja ver un énfasis desmedido en el tema de la innovación y de la aplicación del conocimiento con fines económico-productivos. Se confiere un peso excesivo al desarrollo tecnológico y la innovación y al papel del sector empresarial en el complejo ciencia-tecnología e innovación, en detrimento de los otros elementos del sistema.

Si bien el texto del proyecto menciona el desarrollo científico y la importancia de la ciencia en diversos artículos, el énfasis se centra de manera inconveniente en la innovación, el desarrollo tecnológico y el rol de la investigación en la esfera económico-productiva. Al hacerlo, se debilita significativamente la prioridad que debe tener el desarrollo de capacidades endógenas para generar conocimiento original a través de la ciencia, lo cual tendría implicaciones negativas en el desarrollo de todo el sistema.

La ciencia es mucho más que la provisión de insumos para la innovación y el desarrollo económico. La ciencia permite comprender la realidad natural y social y genera insumos originales de conocimiento que alimentan todo el engranaje de ciencia-tecnología e innovación. Es, además, un valioso componente de la cultura en un contexto amplio. En este sentido, el proyecto tiene una limitación conceptual de fondo.

Para fundamentar esta crítica, me remito a los siguientes aspectos del proyecto:

(1) En el artículo 2 se señala: “La Promotora tendrá como finalidad la promoción de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país”. No obstante, la lectura del texto del proyecto no concuerda con esta finalidad, ya que se coloca un énfasis desmedido en el tema de la transferencia de tecnología y la innovación, descuidándose el fomento del desarrollo científico.

(2) En el artículo 6 se dice lo siguiente: “La Promotora tendrá las siguientes funciones:

  1. a) Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación”.

Queda claro, de la lectura de este artículo, que las cuatro primeras funciones se centran en la innovación, el desarrollo tecnológico, los emprendimientos y la transferencia tecnológica. Se omite por completo el fomento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada. Solamente el inciso (v) podría cubrir aspectos relacionados con la ciencia, al enfocarse en la formación de recurso humano calificado. No obstante, tomando en cuenta el espíritu que se desprende de todo el proyecto, es muy factible que esa formación de recurso humano se centre en aspectos tecnológicos y de innovación. Este artículo deja ver claramente la excesiva e inconveniente priorización en las esferas tecnológicas y de innovación, alejándose de la consolidación de una base científico-tecnológica endógena que garantice la creación de nuevas ideas y la comprensión de la realidad, sobre la que se basan el desarrollo tecnológico y la innovación.

(3) Quizá el punto del proyecto que más claramente refleja esta visión sesgada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación es la integración de la Junta Directiva de la Promotora. Esta Junta estaría integrada por:

“a) La persona jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; quien presidirá y fungirá como presidente de la Junta Directiva.
b) La persona jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Un representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
d) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
e) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
f) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
g) El (la) Presidente del INA.
h) Un representante de las Universidades Públicas designado por CONARE.
i) Un representante de las Universidades Privadas designados por UNIRE.”

Tenemos acá un predominio de sectores empresariales e institucionales cuya misión se centra en el desarrollo económico, al tiempo que hay una casi nula representación de la comunidad científico-tecnológica. Los principales reservorios de investigación científico-tecnológica del país son las universidades públicas. Es sorprendente que estas instituciones tengan solo un asiento en esta junta directiva, con igual peso que las universidades privadas, en las que la investigación es muy limitada. Sorprende también que no haya un sitio en esta directiva para la Academia Nacional de Ciencia. El desbalance es más que evidente.

Estamos hablando de una nueva entidad que va a sustituir al CONICIT y que, por ende, debe velar por el desarrollo integral de la ciencia-tecnología-innovación del país. Es preocupante que la junta directiva de una entidad que va a asumir estas funciones tenga esa integración, mostrando una clara tendencia hacia la ‘corporativización’ de este ámbito fundamental del desarrollo nacional. El desequilibrio que traería la integración de esta junta directiva podría afectar seriamente los esfuerzos que el país ha realizado a través de décadas para gestar una comunidad de investigación en ciencia y tecnología, ubicada fundamentalmente en las instituciones de educación superior públicas.

No argumento que la innovación y el desarrollo tecnológico no sean importantes; son fundamentales y nuestro país debe avanzar mucho más en estos ámbitos. Pero son solo dos componentes de un sistema mucho más complejo. Lo aquí planteado es muy claro en los países desarrollados, donde se apoya fuertemente el fomento de la ciencia básica y aplicada, a la vez que se generan mecanismos para que el conocimiento fluya a las esferas de desarrollo tecnológico y de innovación. Pero el sistema debe contemplar y apoyar la investigación científica, en equilibrio con los otros componentes.

Lejos de ayudar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, el proyecto pone en riesgo avances importantes que ha tenido el país en dichos campos, no resuelve los muchos problemas que tenemos en estos temas, y excluye a sectores y protagonistas que están llamados a jugar un papel protagónico en estas áreas estratégicas del desarrollo nacional.

 

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

El leviatán en el proyecto de Ley de Empleo Público

Gerardo Hernández

Son muchas las dimensiones problemáticas de un proyecto que llegó a la Asamblea con fallas de origen y que ha sido todavía más enredado durante su trámite legislativo.

Más allá de la discusión sobre salarios y la problemática fiscal que han concentrado el debate, están en riesgo elementos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, de la institucionalidad democrática y del buen funcionamientos de los servicios públicos. Les comparto por ahora 4 dimensiones que considero alarmantes, sobre las que invito a reflexionar y debatir:

1.

En contra del diseño institucional de nuestro Estado Social de Derecho, incluyendo la división de poderes, las autonomías municipales, la autonomía universitaria, la autonomía de la CCSS y las de otras entidades públicas, así como a la desconcentración y descentralización con que actúan otras tantas; la mal llamada “ley marco” de empleo público crearía un SUPER PODER regulador, centralizado y absolutista en la materia, que alcanzaría hasta a las empresas municipales:

“ARTÍCULO 2- Ámbito de cobertura

Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos (…):

  1. a) Los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones.
  2. b) El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
  3. c) El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas.”

2.

En contra incluso del discurso neo-liberal de algunos de sus impulsores, favorables a languidecer al Estado, fortalecer el mercado, eliminar regulaciones y flexibilizar las relaciones laborales, la mal llamada “ley marco” de empleo público generaría un SUPER PODER rector, burocrático y tecnocrático:

ARTICULO 6, inciso 1): “Rectoría: Toda materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría de la Dirección General Servicio Civil, quién debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”

3.

Por las nuevas funciones que le asignan, el ente rector necesitaría una reorganización, incremento de personal e inversión de grandes recursos para poder cumplirlas. Veamos solo algunos ejemplos:

ARTÍCULO 7 Competencias de la Dirección General Servicio Civil

“d) Asesorar a las entidades y órganos incluidos, bajo el ámbito de cobertura de la presente ley, para la correcta implementación de las políticas públicas, las disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, manuales, y resoluciones que se emitan en el marco de la rectoría en empleo público y la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978”.

“k) Preparar una estrategia coherente e integral para el aprendizaje y el desarrollo en todo el servicio público, estableciendo cómo se desarrollará la capacidad a largo plazo para estándares de dirección y competencia profesional más altos y proporcionando orientación a las instituciones públicas sobre cómo planificar y aplicar las actividades dentro de la estrategia”.

“m) Realizar diagnósticos en materia de recursos humanos de las entidades y órganos incluidos para lograr un adecuado redimensionamiento de las planillas existentes, y la elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad, por su valor estratégico institucional, así como la vinculación con la actividad sustantiva, se debería reservar para que sean realizadas exclusivamente por personas servidoras públicas. Además, analizar los que sirvan de orientación para delimitar la prestación de los que podrían ser externalizados y las condiciones de prestación de estos”.

“n) Prospectar las tendencias globales del futuro del empleo público, con el propósito de informar la planificación de este.”

O sea, desde realizar diagnósticos en cada organismo público para establecer cuáles trabajos serían empleo público y cuáles podrían ser externalizados; hasta sacar la bola de cristal para “prospectar las tendencias globales del futuro”, entre otras complejas pero cantinflescamente “definidas” atribuciones, la ley de empleo público podrían generar resultados muy distantes de la “eficiencia, eficacia, economía, simplicidad y calidad” que pregonan como principios para la evaluación (Artículo 7, inciso p).

4.

En contra del desarrollo histórico de nuestro Estado Social de Derecho, que ha resultado en la creación de una gran diversidad de entes públicos; que realizan funciones y servicios muy relevantes para el desarrollo y bienestar de nuestra población; para lo cual requieren personal con muy diferentes calificaciones y especializaciones; que trabajan además en condiciones muy diferentes en todo el territorio nacional aún cuando desempeñen la misma función (ej. una maestra en una escuela rural uni-docente y otra en una urbana multi-docente); el proyecto de ley de empleo público plantea reiteradamente que se busca la “estandarización, simplificación y coherencia del empleo público” (Artículo 6, inciso 1 y 1d; Artículo 7 inciso c;).

Además propone una clasificación en solo a 8 familias de puestos para todas las personas que trabajen en la Administración Pública y establece que solo mediante una nueva ley se podrán crear otras familias, con la debida justificación “por criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y eficaz gestión pública” (Artículo 13).

¿Serán la estandarización, la clasificación cerrada en 8 familias y los amarres de ley para crear nuevas, pasos efectivos hacia un Estado y servicios públicos más ágiles, eficientes y eficaces? A mi me parece que son todo lo contrario y pueden terminar afectando no solo la gestión de la relaciones y necesidades laborales de cada entidad pública sino también los servicios que prestan.

Y por cierto, ¿cuáles fueron los “criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y eficaz gestión pública” que se utilizaron para crear las 8 familias de puestos?; ¿dónde está formulados?; ¿quién los formuló? ; ¿dónde y con quién se debatieron?.

En fin: concentración de poder, burocratización, funciones tan difusas en su formulación como peligrosas en sus consecuencias, estandarizar y amarrar aún más a las entidades públicas…

Me parece que no estaríamos avanzando hacia el necesario fortalecimiento de una gobernanza democrática y participativa, sino dando un paso más hacia una gobernanza tecnocrática, elitista y autoritaria.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Simposio Virtual: “Los humedales y el agua”

SURCOS comparte la siguiente información:

Del 15 al 27 de febrero se estarán llevando a cabo algunas charlas y actividades con respecto a los humedales, tales como: biodiversidad, estado de salud de los arrecifes, propuestas y alternativas sostenibles, planificación y conservación. Contará con la participación de especialistas en las diferentes temáticas (al final de la nota encuentra el cronograma de actividades e invitados). Esta actividad es gestionada por UNED y la transmisión se puede observar en el perfil de la institución o bien con la siguiente dirección UNEDNicoya.

Para más información del evento contactar a: jvillareal@uned.ac.cr

¡Esperamos su participación en nuestras redes sociales!

Invitan:

  • UNED
  • Parque Marino
  • SINAC

Adjunta encuentra la invitación formal del programa:

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Llamado a la defensa de la Universidad Pública

Rectores e integrantes de las comunidades universitarias se congregarán este jueves frente a la Asamblea Legislativa para defender a la Universidad Pública y su posibilidad de desarrollar sus actividades académicas con independencia, lo que la llamada Ley de Empleo Público limitaría.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.

“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.

Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

Contención del gasto desde Conare

  1. Sobre los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa en materia de contención del gasto de las universidades estatales, Francisco González aprovechó para recapitular las medias aplicadas en esta materia y en política salarial por estas casas de educación superior:
  2. Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020. De igual forma, han cumplido con el Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.
  3. Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.
  4. La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.
  5. En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.
  6. Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
  7. En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Video adjunto:

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/febrero-2021/3353-llamado-a-la-defensa-de-la-universidad-publica

***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).

 

Enviado por Oficina Comunicación UNA.

Los procesos electorales para cada partido y candidato no son simples, son complejos

Vladimir de la Cruz

En Estados Unidos, en la lucha electoral y los procesos electorales, juegan dos escenarios, el de la elección popular, orientado a sacar la mayor cantidad de votos posibles, y el de ganar los miembros del Colegio Electoral, que tiene que ver con quien gana la mayoría de los votos en cada Estado, de los 50 Estados que conforman la Unión Americana. No necesariamente el que tiene más votos nacionales gana si no tiene la mayoría de los miembros del Colegio Electoral, como sucedió con Al Gore contra Bush y con Hillary Clinton contra Trump. Por ello el esfuerzo de Donald Trump de eliminar, anular y cuestionar votos de Estados donde había perdido mayoritariamente que le daban más miembros del Colegio Electoral a Joe Biden.

En esos Estados hay diferencias de población, unos tienen más que otros, y eso les posibilita más miembros del Colegio Electoral a quienes los ganen electoralmente.

Es un sistema electoral perverso, pero es el que gobierna la forma de elegir en Estados Unidos, porque en la práctica hay 50 elecciones diferentes, que tienen también sistemas diferentes de conteo de votos y de porcentuales para definir ganador. En Estados Unidos ni siquiera hay un Tribunal o Consejo Electoral Nacional que tenga a cargo todo el sistema de votación, desde que arranca hasta que termina, y sea éste el que declare sobre los resultados al ganador. Aquí el asunto puede llevarse hasta la Corte Suprema de los Estados y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Federal.

En nuestros países, por el sistema presidencialista que tenemos, se resuelva más fácilmente el resultado electoral. El que tiene la mayoría nacional gana. Solo que esa mayoría nacional tiene distintos porcentajes para ganarse. En unos países se exige más del 50% de la votación y en otros, como en Costa Rica, más del 40%. Si ese resultado no se obtiene, entonces, pasan a una segunda vuelta electoral, aquellos dos partidos políticos, o candidatos, que hayan sacado más votos o los porcentajes más altos de votación, sean menores al 40% o al 50% de los votos que se exigen para declarar ganador.

En todos los países la segunda vuelta se gana con la simple mayoría, y es natural que así sea, porque de lo contrario se podría entrar en una espiral votaciones de nunca acabar.

Este sistema electoral gringo se me parece mucho a la situación que se presenta al interior de los partidos políticos nuestros, y el papel que en ellos tienen sus líderes, especialmente, los que aspiran a ganar puestos electorales, tal como ahora existen las tendencias para que los puestos electorales los elijan las Asambleas Provinciales, en el caso de los puestos a candidatos a Diputados, y a Presidente cuando son de designación de la Asamblea Nacional del Partido. En el caso de los candidatos que se definen por elecciones internas, por mecanismo de convenciones abiertas o cerradas, el que impone el triunfo es quien gana la convención, que queda solamente para ser ratificado su resultado por la Asamblea Nacional, como se establece en la legislación nacional.

Veamos la situación en el país. Partidos políticos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, resuelven sus candidaturas presidenciales con Convenciones abiertas o cerradas. Ahí lo que tenemos es número de candidatos que estén dispuestos a mantenerse como candidatos aun cuando les exigen, partidariamente, cifras elevadas de inscripción, justificadas en los gastos que exige la Convención y los preparatorios de la campaña electoral.

Pero, en materia de diputados lo que se evidencia es una lucha a muerte por encabezar los primeros puestos que son los posibles elegibles para todos los partidos. Y aquí viene lo interesante, lo que se me asemeja al Consejo Electoral gringo en los partidos políticos costarricenses.

La elección que se viene haciendo, a propuesta de las Asambleas Provinciales de cada partido, implica hacer siete asambleas provinciales, a razón de una por cada Provincia. Allí se definen las candidaturas. Quien haga las primeras impone sus candidatos. No vaya a suceder como en la última campaña electoral que la Unidad Social Cristiana dejó de último lugar la Asamblea de San José, cuando ya tenían las seis provincias resueltas, y tenían por Ley que respetar la alternabilidad horizontal de que al menos en tres provincias encabezaran la lista de diputados mujeres. San José se definió por una candidatura masculina y el Tribunal Supremo de Elecciones les obligó a invertir el orden de candidatos para asegurar ese orden legal.

Actualmente el partido Unidad Social Cristiana quiere imponer con una disposición de la Asamblea Nacional cuáles provincias irán encabezadas por mujeres y cuales por hombres. Si esto lo acuerdan ya, antes que se realicen las asambleas provinciales, pueden imponerlo. Pero, si las Asambleas Provinciales empiezan a ser convocadas por sus propios miembros para decidir esas candidaturas la Asamblea Nacional no puede hacer nada.

Los aspirantes a candidatos a diputados, mujeres u hombres, de la Unidad Social Cristiana, para el 2022, ya deberían estarse moviendo en la convocatoria de esas Asambleas con la intención de ir definiendo y declarando sus candidatos provinciales.

¿Cómo ganar una Asamblea Provincial? No es fácil. Hay que ganar primero, al menos, la mayoría de Asambleas Cantonales, que son las que nombran, cada una, los cinco delegados de representación ante la provincial, porque de esa manera se tiene la mayoría de votos, sin importar que tan grande y qué tan populoso sea un cantón, y por ello sin importar el número de distritos de cada cantón. Lo que hay que asegurar es que los cinco delegados que se nombran por cantón apoyen a un candidato, que se mueve en esa dirección de obtener su apoyo.

Veamos algunos ejemplos. San José tiene 20 cantones, Alajuela 16, Cartago 8, Heredia 10, Guanacaste 11, Puntarenas 11 y Limón 6. Así el candidato que tenga ganados 11 cantones de San José, 9 de Alajuela, 5 de Cartago, 6 de Heredia, 6 de Puntarenas y 4 de Limón se impone como el que controla la mayoría de los delegados de cada Provincia, y de hecho controla la Asamblea Nacional cuando no tiene otros componentes sociales que la integren.

Dentro de esta lógica, entonces hay que actuar con bisturí político. ¿Cuáles cantones interesa ganar o ejercer control sobre sus delegados cantonales a la Asamblea Nacional? Aquellos en los cuales sea más fácil ejercer ese control. Esos son aquellos cantones que tienen menos distritos administrativos, que teóricamente se representan en esas Asambleas Cantonales con cinco delegados por distrito.

En Costa Rica hay siete Provincias, 82 Cantones y 488 Distritos. Estos Distritos se distribuyen así, por Provincia: 123 San José, 116 Alajuela, 51 Cartago, 47 Heredia, 61 Guanacaste, 60 Puntarenas y 30 Limón. A la vez este número de Distritos se distribuye muy desigualmente en cada Cantón y Provincia, tanto en tamaño geográfico, población y distancia para visitarlos e ir a hacer el trabajo político.

Así por ejemplo, en la Provincia de San José, el Cantón Central de San José tiene 11 Distritos, Escazú tiene 3, Desamparados 13, Puriscal 9, Tarrazú 3, Aserrí 6, Mora 7, Guadalupe 7, Santa Ana 6, Alajuelita 5, Vázquez de Coronado 4, Acosta 5, Tibás 5, Moravia 3, Montes de Oca, 4, Turrubares 5, Dota 3, Curridabat 4, Pérez Zeledón 12 y León Cortés 5.

De esta manera, en esta Provincia, con 20 cantones, el que domine con la totalidad de sus delegados a la Asamblea Provincial, los 12 cantones con 5 o menos Distritos de hecho domina la Asamblea Provincial. Hay cantones muy difíciles de hacer en su Asamblea Cantonal por la lejanía de sus distritos, como es el de Pérez Zeledón. Así se trabaja, en análisis de la situación, con cada Provincia, Cantón y Distrito por quienes están interesados en ser electos, en cargos elegibles o posibles de ser electos por cada partido político.

Así es como debe estar funcionando la arquitectura y la ingeniería del mapa electoral interno, del diseño de la campaña, en su táctica y estrategia, y la lógica de cada candidato que quiera ocupar el primer puesto de diputado por cada uno de estos partidos en estos días que vienen. Aun así no es simple. Es un proceso complejo que obliga a que los candidatos realicen visitas a todos los distritos, a todos los cantones, y a todas las provincias, amarrar sus simpatizantes, leales y dispuestos a trabajar por ellos. Asegurar, sobre todas las cosas que los delegados asistan a la Asamblea Cantonal y la Provincial, incluso asegurándoles viáticos de transporte y hasta de hotel si es necesario.

Entonces, la clave es tener la mayoría de delegados de los distritos de cada cantón bajo control de sus delegados, y la mayoría de los delegados cantonales a la asamblea provincial respectiva. Con esto hasta candidato presidencia puede imponerse.

Cuando veo tantos candidatos a diputados, muy sentaditos en San José, me parece que algunos están jugando a la gallinita ciega, o a darle a la piñata. Ni qué decir de la cantidad de candidatos a Presidente de la República, que tienen que estar en todo el escenario, aquí y ahora, no a la distancia ni en la lejanía. En política la gente, las personas, y los miembros de los partidos se van definiendo y adquiriendo compromisos, lealtades e identificación con aquellas personas, candidatos, que les visitan, que los atienden, que les hablan directamente, que los abrazan y apapachan, y les producen confianza. Así es la política, por más redes sociales y mecanismo virtuales que haya y se usen, así como por las encuestas que se produzcan, para cada instante que se evalúe. En esta materia hay que recordar que una encuesta mata a otra encuesta.

En materia de candidaturas a diputados cualquier persona puede serlo por cualquier Provincia, aunque no viva en ella, porque los diputados son electos “por la Nación”, en representación de todo el electorado del país.

En materia de candidaturas a la Presidencia cualquiera también puede serlo. Tan solo se necesita que tenga 30 años cumplidos. Ni siquiera se exige un examen de comprensión de lectura, ni de escritura, ni de entendimiento de lo que se lee, ni examen de capacidad de memoria…

Las huacas de fotos

El misterioso archivo pictórico del etnógrafo Walter Lehmann

LUKO HILJE

Cuando uno busca el significado del término huaca o guaca en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), se percata de que proviene del vocablo waca, que en quechua significa «Dios de la casa». Asimismo, percibe que en varias partes del continente describe el sepulcro o entierro de los antiguos indígenas, a cuyo cadáver se sumaban algunas de sus pertenencias, como alhajas, vasijas, lanzas, flechas, semillas, etc. De ahí, surge el calificativo de huaquero para el que profana esas tumbas con el fin de extraer esos valiosos objetos y comercializarlos.

No obstante, con el correr del tiempo, el término se ha ampliado mucho. Por ejemplo, ya en 1919 en su Diccionario de costarriqueñismos, el célebre lingüista Carlos Gagini agregaba que «en Cuba y Costa Rica tiene además la acepción de hoyo o escondrijo donde se depositan frutas verdes para que se maduren». En el DRAE hay nueve acepciones, aunque bastante coincidentes en cuanto a que se trata, ya sea de un conjunto de objetos valiosos escondidos, o del sitio específico donde están ocultos dichos objetos. Al respecto, recuerdo que, en mis días de infancia y adolescencia, los cuales trascurrieron mayormente en Sabana Sur, donde abundaban los cafetales, cada cierto tiempo algún amigo de mayor edad invitaba a comer bananos que habían sido robados y escondidos —mientras el racimo maduraba— en un hueco tapado con hojas de plátano, en algún escondrijo del cafetal.

Así que, por analogía, cabe asegurar que existen las huacas de fotografías, pero esas están en lugares impensados.

Debo relatar que siempre he sido un apasionado de las imágenes y, en particular, de las fotografías. Y, como a los biólogos nos son imprescindibles en nuestras labores de campo, recuerdo que, en 1975, con mis primeros salarios como profesor en la Universidad Nacional pude adquirir una cámara profesional, una Asahi Pentax Spotmatic; me la trajo de Panamá el recordado amigo y colega Misael Quesada Alpízar, profesor de genética en la Universidad de Costa Rica (UCR). Esa excelente cámara me acompañó por casi 40 años en mis labores profesionales, hasta que, hace pocos años, una infausta madrugada, me la robaron de mi casa. Hoy atesoro unas 6,000 diapositivas —muchas ya convertidas en fotografías digitales—, brotadas de esa leal compañera en mis viajes de trabajo por numerosos países. Triste e irónicamente, no conservo ninguna foto de ella.

Ahora bien, en los últimos 15 años, en que he dedicado amplios esfuerzos a la investigación de aspectos históricos de Costa Rica y, especialmente, de aquellos relacionados con nuestras ciencias naturales, he ido haciendo un acopio de imágenes antiguas, sobre todo para ilustrar los libros que he publicado. Al respecto, revistas como Pandemónium y Páginas Ilustradas son muy valiosas fuentes de fotografías, muchas de las cuales he podido reproducir. Además, tengo conmigo unos diez excelentes álbumes que compilan fotos brotadas del lente de los extranjeros Henry G. Morgan, Harrison Nathaniel Rudd y los hermanos Paynter, al igual que de los costarricenses Fernando Zamora Salinas y Manuel Gómez Miralles. Pero hay muchas más, dispersas, no solo de ellos, sino también de J. Hobart, William C. Buchanan, Thomas C. Rhodes, Lorenzo Fortino, Edward J. Hoey, Otto Siemon, Vicente Lachner Brant, Francisco Valiente, y quizás de algunos más.

Sin embargo, obviamente, ahí no están todas las que uno quisiera o necesita. Al respecto, he tenido la fortuna de hallar material muy útil, desconocido e inédito, en museos y bibliotecas de Europa y EE. UU. Asimismo, cuando necesito alguna fotografía específica y de difícil consecución, envío una carta a la sección «Cartas a La Columna», del diario La Nación, que es un método casi infalible, pues los archivos familiares son la principal fuente de fotos de personas, cuando los descendientes se han esmerado en preservarlas.

También, con frecuencia recurro a amigos o colegas que suelen coleccionar ciertos tipos de fotos. Este fue el caso que me ocurrió a raíz de la búsqueda de una foto antigua de la iglesia de Zarcero. En efecto, gracias al amigo Fernando González Vásquez, antropólogo ramonense, pude enterarme de la existencia de esa y muchas fotos más, todas inéditas, tomadas por el ingeniero David Tucker Brown durante la construcción de la Carretera Interamericana. Él las dejó en manos de su colega y compatriota John K. Flick y, al morir este, fueron salvadas de su destrucción por el ingeniero Tomás Zeledón Pérez, quien muchos años después las donó a Claudio Barrantes Cartín. ¡Una auténtica huaca de fotos, de inestimable valor!

Sin embargo, por fortuna, ya no lo será más, pues hoy forman parte del libro Costa Rica, Nicaragua y Panamá, 1930-1932: Álbum fotográfico de D. Tucker Brown, preparado por la Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas y Fernando, y pronto a publicarse por la Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED). De hecho, invitado como comentarista en noviembre de 2020 a la presentación anticipada de dicho libro en las Jornadas de Investigación y Acción Social del Centro de Investigaciones Antropológicas, de la UCR, comenté acerca de otra huaca de fotos. Y, por su importancia, es a ese invaluable acervo fotográfico al que deseo referirme en este artículo.

En efecto, el Dr. Miguel Ángel Quesada Pacheco, connotado lingüista, Premio Nacional de Cultura Magón 2014, y profesor en la Universidad de Bergen, Noruega, como parte de sus investigaciones, tenía interés en estudiar los aportes del etnógrafo Walter Lehmann, quien a inicios del siglo XX (1907-1908) visitó Costa Rica y Nicaragua. Para ello, Miguel Ángel viajó al Instituto Iberoamericano, en Berlín, donde se conserva el inmenso legado de Lehmann, y pudo consultar su bitácora o diario de viaje. Al leer dicho documento, hoy reproducido en su libro Entre silladas y rejoyas; viajeros por Costa Rica de 1850 a 1950, publicado en 2001 por la Editorial Tecnológica, Miguel Ángel encontró reiteradas menciones de fotografías.

Por ejemplo, el sábado 21 de diciembre de 1907, Lehmann consignaba: «fotografié a José María y a otros chirripós de Platanillo frente al comisariato», para después anotar que «por la tarde intento revelar la fotografía de José María». Asimismo, el miércoles 8 de enero de 1908, «fotografié a Juan en camisa» y, al día siguiente, «arreglé la cámara fotográfica y empaqué». En días sucesivos, aparecen expresiones como «fotografié», «por la noche revelado de las fotos», «temprano en el cafetal dos fotografías de Damasio López y Genaro Moya», «dos tomas fotográficas del paisaje desde la colina», «temprano fotografías del comisariato», «por la noche revelé placas. Ordené la colección», «temprano con la cámara fotográfica al rancho indígena. Fotografías hasta de los hombres, quienes no se quieren quitar los sombreros de fieltro» y «mi equipaje está hecho, la cámara fotográfica y la prensa de plantas se enviaron la víspera en carretas».

Por tanto, como es lógico suponerlo, Miguel Ángel solicitó ver esas imágenes. En su libro, él relata así este episodio:

Pese a sus numerosas publicaciones, de las que se cuentan 122, este infatigable investigador ha dejado una enorme cantidad de material que ni siquiera ha sido catalogado en la Biblioteca Iberoamericana, de donde he extraído y traducido una pequeña parte, gracias a la colaboración del personal y al permiso correspondiente para su publicación. Tal es la cantidad de material desconocido que Lehmann recopiló, que ni siquiera se tenía conocimiento de que el antropólogo alemán hubiera sacado y reproducido fotografías, algunas de las cuales ilustran el presente libro; mediante la lectura de su Tagebuch (Diario) pude darme cuenta de ello, e inmediatamente me puse en contacto con el personal para averiguar su paradero.

Sin embargo, le dijeron que no existían.

Como buen investigador, de los que no se doblegan ante el primer obstáculo, sino que, con gran tenacidad, empeño y hasta obstinación procuran alcanzar sus objetivos, Miguel Ángel insistió, seguro de que esas fotos estaban en algún rincón de ese edificio.

Aunque no lo narra en su libro, me lo contó la vez que nos conocimos, cuando en uno de sus viajes a Costa Rica nos reunimos gracias a su hermana Leda, viuda de mi recordado y entrañable amigo de juventud, el agrónomo Felipe Perlaza Rojas. Yo recordaba los aspectos esenciales, mas no los detalles, por lo que hace poco le pedí que me los recordara, para elaborar este artículo.

Su respuesta fue la siguiente:

En efecto, insistí porque, según Peter Masson, quien era el encargado de velar por el legado de Lehmann, no había sino algunas litografías, en las cuales se había basado Doris Stone para la reconstrucción de lo que había visto Lehmann. Yo le indiqué que Lehmann, en su diario, decía que se ponía a revelar fotos durante las noches, y él me dijo: «Para que usted se convenza, lo voy a llevar donde está el legado de Lehmann», y me bajó por un ascensor. Me acuerdo de que era un perfecto laberinto, al punto de que había flechas amarillas en el piso para indicar salida y entrada. Y al final, en no sé qué parte de ese laberinto, me mostró un pequeño cuarto donde estaba todo lo que no había sido clasificado; nada más ver, y jalé unos álbumes grandes y gordos, y allí estaban las fotos de que hablaba Lehmann. Eran, creo, dos álbumes, uno para Costa Rica y otro para Nicaragua; no recuerdo haber visto para los demás países del área. En todo caso, Masson se quedó tan sorprendido, que me dio permiso de reproducir las fotos que quisiera, sin costo alguno, y hasta me ofreció una estadía o pasantía de tres meses para ayudar a organizar el legado de Lehmann, oferta que lamentablemente no pude aceptar.

Como era de esperar, tras descubrir esa portentosa huaca pictórica, Miguel Ángel incluyó muchas de esas 49 fotografías en su libro, por su gran valor etnográfico. Si no hubiera sido por él, es posible que hoy aún estuviesen soterradas, literalmente, en ese sótano.

Por fortuna, y gracias a él, esas valiosas imágenes vieron la luz, además de que es pertinente destacar que, según me lo contó Miguel Ángel, en octubre de 2019 tuvo la oportunidad de participar en un coloquio sobre Walter Lehmann, en el cual un colega alemán se refirió a dichas fotos, a la vez que anunció la excelente noticia de que ya están digitalizadas y a disposición del público.

Para concluir, y como corolario de esta historia, hay que seguir buscando, siempre que uno tenga claro lo que quiere. Porque lo cierto es que huacas de fotos como las ejemplificadas con los casos de Tucker Brown y Lehmann, siempre ha habido y quizás siempre las habrá. Se trata de ser persistente y acucioso, para saber olfatear dónde podrían estar.

Y… ¡quién sabe cuántas gratificantes sorpresas más nos deparará el futuro!

 

Fuente original e imagen: https://wsimag.com/es/cultura/64821-las-huacas-de-fotos

Enviado a SURCOS por el autor.

El efecto de la nota diplomática cubana

Por Carlos Meneses Reyes

Un suceso de trascendencia política, de profundo efecto diplomático, representa la Carta enviada por el titular de la Embajada cubana en la capital colombiana, Bogotá DC. En esa Nota, el representante del gobierno de Cuba avisa, en tono de alerta, al gobierno colombiano, que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N) prepara una Operación Militar, en suelo colombiano.

Una Operación Militar significa un conjunto coordinado de acciones, con la utilización de recursos logísticos bélicos, para la obtención de un objetivo determinado. Obedece a una planificación estratégica. La Nota indica como Teatro determinado el Nor Oriente colombiano; sugestivo, por cuanto apunta a la frontera con la República Bolivariana de Venezuela; potencial para una cabeza de playa en los planes expansionistas del ejército, Made in Usa, colombiano. Pero a su vez, insinuante, al atraer como tema de análisis, la agudización del conflicto armado en el trazado fronterizo, desde La Guajira, El Catatumbo, Arauca; que actualmente genera la mayor concentración de miles de tropas colombianas, en unidades y capacidad bélica. Al parecer la mayor actividad de asesoría de las tropas norteamericanas acantonadas en Colombia, se sucede en la Zona Futuro de El Catatumbo y Arauca. Con nuestros limitados elementos para el análisis del “caso concreto de la situación concreta”; nos arriesgamos a descartar que la tal operación miliar pudiere obedece a una ofensiva concreta, en esa extensa región o zona del territorio colombiano. La guerra de guerrillas por la que transita la insurgencia colombiana no alude a una guerra de posiciones. Aunque la multiplicación de los actores insurgentes en ese teatro de operaciones sea mayor a la existente hacia el año 2.016 en que se da la desmovilizan de las antiguas Farc-EP.

El fracaso del fin del conflicto armado con esa cincuentenaria guerrilla, gracias a la hechura de trizas de lo Acordado en La Habana y el Teatro San Carlos, permite el distingo de los siguientes actores armados insurgentes, en Colombia: El Ejército de Liberación Nacional (E.L.N). El Ejército Popular de Liberación (E.P.L), Las Nuevas Farc-ep (engrosadas por quienes no se acogieron a la firma del Acuerdo). La Segunda Marquetalia. Aunque no unidas (por ahora) orgánicamente; pero sí ideológicamente, todas buscan, estratégicamente, la toma del poder y a profundidad, la derrota político-militar de las fuerzas armadas operacionales. Así planteado, esto no implica una correlación de fuerzas. Salvo que las condiciones internas de las guerrillas colombianas hayan adquirido o estén en capacidad de adquirir misiles, que los hay de tamaños y alcances muy variados y/o armas de tecnología de punta, con uso de drones(…)

No al margen, pero tampoco como tema central, la Nota descarta se tratare de alguna acción personal, contra personalidad en particular.

Alcances prácticos

Como resultado de este hecho de política internacional, resaltan varios alcances, como el elaborar la Nota Diplomática el Señor Embajador de la República de Cuba en Bogotá, DC. Al no hacerlo el gobierno central de Cuba, ante el Embajador Corso de Colombia, sitúa en una posición incómoda a esa representación diplomática; a la que relega a una oficina de representación, cual una Legación, que es de rango inferior a una Embajada. Queda como un ministro plenipotenciario y sabido es que los Embajadores superan en rango a esos ministros.

Las Embajadas cumplen el papel de informar a sus gobiernos. Al hacerlo el titular embajador al gobierno-parte, articula el ejercicio del Principio Internacional de Reciprocidad.

El “principio de reciprocidad internacional”

Es de ejercicio diplomático y opera conforme a la costumbre de un Estado que concede a otro, un trato semejante al que recibe de él, con base en la cooperación internacional. El conducto regular se ejerce por las respectivas Cancillerías. El proceder de la Embajada Cubana es acertado muestra de cooperación internacional. Causa verdadera desazón el protagonismo tomado, en las primeras de cambio, por el titular de la cartera de guerra, de Colombia y por el delgado de paz, que funge como un delegado de guerra. En cuanto al sub presidente Duque, aún no ha metido las de andar.

El Estado-parte, Colombia en este caso, haciendo uso del Principio citado, puede solicitar requerimientos a esa Nota, como un procedimiento formal para ahondar en el contenido de la misma. Partamos de la base que ya lo ha hecho. En tanto en el montaje de la dictadura mediática, teniendo como polichinelas en la trama de comedia, al insulso y falta de tacto político Delegado Ceballos y al desenfocado funcionario de guerra Molano, han aportado la sensación de falta de un acertado proceder diplomático al salirse de las funciones que les corresponden y constituirse, con sus almibaradas declaraciones, como voceros de la contra replica; saltándose los conductos diplomáticos, plasmando, con tan desagradable actuación, la inexistencia de una coordinada acción diplomática del Estado- parte colombiano

De igual manera, en ejercicio del desarrollo de este suceso o hecho político, causa profunda extrañeza el comportamiento de la alcaldesa de Bogotá, de asumir que la Nota alude a un “ataque” en Bogotá. Lamentable, que raye en lo ridículo al hacer eco de la política contra insurgente del bloque de poder oligárquico en Colombia. Contribuye a avalar la adulteración del mensaje diplomático, como si el Frente Nor oriental de Guerra del ELN, tuviera su sede en Bogotá. Alteran el sentido de la Nota, junto al papel de la desinformación dictatorial mediática.

Se impone el reconocimiento a la labor de Cuba

Son múltiples las razones por la cual el gobierno de Cuba acude a la cooperación internacional. Como país receptor de la Delegación de Plenipotenciarios del Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N, en búsqueda a un Dialogo o Conversaciones por la salida política al conflicto armado, entre esa fuerza insurgente y el Estado colombiano. La realidad de esa organización alzada en armas es que puede subsistir en el desempeño de varias funciones, teniendo a sus máximos dirigentes nacionales en Cuba, logrando cooptar el desempeño de sus vacantes, en el seno de esa organización, en palpable demostración de ejercicio democrático interno, lejos de los ecos trágicos de una división organizativa a su interior. Ello solo explicablemente por la aplicación del principio universal de división del trabajo y compartimento clandestino. Los miembros del Comando Central (COCE) que se encuentran en Cuba, no conocen de los tales planes y acciones de esa Operación Militar a que alude la Nota diplomática. Al cooperar así, Cuba salva su responsabilidad. Demuestra la integridad y valía como país garante. Alienta en el deseo que a Cuba no se siga afectando, tratando de inmiscuirla en el medio del conflicto ELN-gobierno colombiano. Ya es hora de que cese tanto desconocimiento a su loable labor de garante. Por ello el instrumento allegado demuestra la capacidad, experiencia y maestría del uso de la diplomacia, como ejemplo de estado soberano y libre ante el mundo.

En cuanto a que sucederá

Conviene traer a colación que La Carta de las Naciones Unidas, en su Preámbulo, resalta como objetivo: «crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional».

Con la Nota diplomática analizada, queda despejado el escenario de confrontación bélica del conflicto armado interno colombiano. Al romper, el régimen colombiano, las Conversaciones se encuentra en mora de facilitar las condiciones del regreso, sano y salvos, de los Delegados Plenipotenciarios del E.L.N, a su país de origen. La persistencia en desconocer esos Protocolos es una clara violación al derecho internacional. Demuestra la tozudez y la ignorancia en algo demostrado: no se ha afectado la existencia organizacional insurgente y si se ha colocado al Estado colombiano en sujeto pasivo de acción de la justicia internacional por el incumplimiento o desconocimiento de aplicación de los Protocolos de regreso, dada la terminación o fracaso de las Conversaciones.

De la misma manera, dada la eminencia del recrudecimiento de las acciones armadas insurgentes en Colombia, es de resaltar que esas desafortunadas acciones militares, de darse, solo podrán dirigirse contra combatientes y objetivos militares. Las acciones de la Insurgencia están supeditadas en lo que regula el derecho internacional sobre la guerra (ius ad bellum) como beligerante ilegal y en el entendido que asimilan lo tipificado para ejércitos regulares, como si se tratare de una confrontación entre países. Obedecen a límites aceptables de conducta a observarse durante la guerra y plasmados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).