Día Internacional de Acción contra las Represas
La Asociación Ambientalista Montaña Verde conmemoró el pasado 14 de marzo el Día Internacional de Acción contra las Represas,

Enviado por Anthony García.
Escrito en . Publicado en Madre Tierra.
La Asociación Ambientalista Montaña Verde conmemoró el pasado 14 de marzo el Día Internacional de Acción contra las Represas,

Enviado por Anthony García.
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
El martes 2 de marzo, frente a un conocido diario, recordaba otros tiempos en que daba gusto leer a buenos periodistas en la prensa nacional, y cómo hoy es deplorable la calidad o falta de ella en que han caído algunos de estos medios. Leyendo el editorial del que, hasta hace unos pocos años, era un diario, y aunque no participáramos muchas veces de sus ideas, reconocíamos que se comportaba de manera bastante profesional en cuanto a la seriedad de las fuentes en que se apoyaba. Lamentablemente, de un tiempo para acá, no solo ha perdido en lo profesional sino, inclusive, en lo ético.
El editorial en mención (La Nación, 2 de marzo) se basa en la opinión sesgada y mal intencionada de un actor que, dicho sea de paso, formaba parte del gabinete de la administración que luego intentó criticar. Opinión, además, descontextualizada dado que él omitió tendenciosamente la información completa de los estudios actuariales y otros documentos y eso es lo que aprovecha el editorialista con igual actitud. Todo eso hace poco confiable la opinión que, además, proviene de quien es responsable de una desacreditada administración.
De todos es bien conocida la campaña que este periódico viene emprendiendo contra la institucionalidad pública, la cual le ha dado al país importantes condiciones que sobresalen en el contexto latinoamericano, y de esa campaña no han escapado las universidades públicas, cobijadas bajo el fuero constitucional de la autonomía, un logro esencial para su importante misión.
Se afirma, en ese editorial, que las medidas que se tomaron, en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que aumentaron la anualidad al 5,5% se hicieron sin estudios técnicos, y eso es absolutamente falso: el incremento de la anualidad no fue una ocurrencia peregrina, estuvo sustentada en sólidos estudios técnicos, jurídicos y financieros. Y ya sea que la memoria falla, o por mala intención, es bueno recordar que ese incremento se inicia por una resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007) que obligó a la UCR a subir la anualidad al 5,5% al personal de la Facultad de Odontología que había interpuesto el recurso para exigir el cumplimiento de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas y que tuvieron que ser reconocidos de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. Tratar de detener esa aprobación en los tribunales fue una lucha de casi 25 años, de quienes estuvimos al frente de la institución. La resolución sentó un precedente que obligó a su implementación, ya que cualquier funcionario del área de salud podía presentar el mismo recurso con la seguridad de reclamar pago retroactivo y de costas a la UCR.
La disposición de la Sala, además, provocaba una injustificada desigualdad en las remuneraciones salariales. El análisis jurídico hacía ver que la Constitución Política, en su artículo 57, establece que “… el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Así el fallo de la Sala generaba injusticia y, paradójicamente, de alguna manera, también inconstitucionalidad, al darse un trato salarial desigual para el resto de los funcionarios de la institución y abría la posibilidad de que cualquier persona que trabajara en la UCR y que no recibiera ese incentivo podía interponer un recurso alegando la violación de sus principios y derechos constitucionales y laborales. Como se desprende, el análisis legal estuvo en la base del proceso de toma de decisiones que llevó a la aprobación del aumento de la anualidad.
La decisión estuvo acompañada por otros estudios, entre ellos, uno de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) sobre el impacto y la sostenibilidad financiera que tendría ese aumento (“Costos proyectados de la relación de puestos 2010-2049, con la aplicación del incremento de la anualidad de un 3% a un 5,5%”). Sobre la base de este estudio, Oplau concluía que la aprobación de ese cambio de anualidad era sostenible financieramente. Al mismo tiempo se hicieron dos estudios actuariales: el primero lo realizó el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica” (2010), y el segundo estudio, basado en el mismo modelo pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
Es claro que la medida no fue ilegítima, como lo pretende el editorialista: fue aprobada por el Consejo Universitario, sin objeciones de la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, ni de la Contraloría General de la República cuando aprobó el presupuesto. En ese tiempo, la UCR seguía teniendo un rezago salarial en relación con las demás instituciones autónomas, como lo demostró un estudio de aquella época de la Contraloría General de la República, que indicaba que el salario promedio de la UCR era el más bajo de las entidades públicas que había analizado.
Una vez más puedo afirmar con toda certeza que las medidas implementadas durante mi administración estuvieron sustentadas en los criterios técnicos de los estudios actuariales, financieros y jurídicos para respetar el bloque de legalidad que nos regula y el precepto estructurador del equilibrio financiero institucional.
Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base y también, que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Ahora, si recordamos un poco de historia, el régimen de mérito o reajuste por carrera académica viene creciendo desde el 2008, cuando los salarios estaban estancados y eran los más bajos de los profesionales del sector público costarricense. Recordemos que, como su designación lo dice, los pasos para recibir estos reajustes están basados en el mérito y son acordes a criterios de excelencia académica, reconocidos por las universidades en el mundo.
No puedo dejar de resaltar que, en ese incremento de la anualidad, suman muchos otros factores externos a las decisiones universitarias, como son el Voto Constitucional No. 15460-08, que eliminó el tope de anualidad en el Sector Público y la Ley No. 8096, art. 85 que establece un reconocimiento del riesgo policial con un 18% adicional, entre otras.
Es bueno recordar, también, que la toma de decisiones con respecto al equilibrio financiero de una universidad requiere de análisis rigurosos y periódicos sobre los diferentes componentes del gasto institucional, lo que además de salarios comprende inversiones, becas y deuda, entre otros, junto con las expectativas de ingreso relacionadas con el financiamiento del FEES, y un principio estructurador del equilibrio financiero institucional que es la llamada relación 80/20; es decir, el parámetro fundamental que impone una contención del crecimiento en salarios y la operación de la institución.
Por otra parte, una obligación de las instituciones de educación superior en el mundo es mantener un talento humano de primera calidad, altamente formado e internacionalmente vinculado a redes de colaboración de primer orden y vigilar constantemente que esta comunidad de académicos tenga las condiciones de equipo y materiales para realizar sus labores de docencia, investigación y acción social. En la historia de nuestra universidad este principio ha guiado las decisiones de la política salarial universitaria.
En conclusión, después de estudiar los informes financieros, se demuestra que no está la Universidad en una situación deficitaria, contrario a lo que se ha señalado en múltiples ocasiones, desde diversos frentes y que la relación 80/20 no se ha visto afectada: los datos actualizados muestran decrecimiento del peso salarial en relación con los otros gastos institucionales (inversión, endeudamiento, becas y los gastos de operación) para el 2017 y el 2018 y un crecimiento moderado en el 2019 y 2020 pero inferior al 80%; un porcentaje, repito, garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Estos datos nos permiten destacar que el principio estructurador de la relación 80/20, que se mide regularmente en forma semestral por política de equilibrio financiero institucional, alerta una serie de mecanismos y controles actuariales, técnicos, financieros y jurídicos que sustentan las evaluaciones periódicas de la política salarial institucional, tal y como se refleja en los informes semestrales y en las diversas instancias universitarias y, esto, en la UCR, desde hace al menos tres décadas.
Al observar estos datos y el comportamiento de la masa salarial se evidencia que el equilibrio financiero institucional debe ser abordado considerando otros dos componentes fundamentales de la ecuación: por un lado la meta de que el FEES llegara, en 2015, al 1,5% del PIB y el mandato constitucional de ser quinquenal (pero ninguno de los dos elementos lo ha cumplido el Gobierno: el FEES no ha llegado, aún al 1,5% del PIB y no se han vuelto a firmar de manera quinquenal, desde 2010) única forma de garantizar un proceso de planificación racional de la inversión en educación superior pública y, por otro lado, los compromisos de inversión y de endeudamiento que afectan en el largo plazo ese equilibrio financiero.
Las universidades públicas están conscientes, como lo han asegurado sus autoridades actuales, de la conveniencia de analizar, corregir, mejorar cualquier situación que lo amerite, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, eso sí, dentro de las mismas condiciones que el mandato constitucional les otorga y les exige sin peligrosas injerencias ajenas, a veces desconocedoras de su imporatnte Misión.
Si de veras los que se han empeñado en esta campaña, como el susodicho periódico, entendieran y quisieran favorecer a las universidades públicas y su indiscutible servicio al país, no deberían proponer que estén “a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico” como dice el editorialista, permitiendo que intereses políticos, económicos y empresariales ajenos al verdadero espíritu de ellas las pongan “en la ruta al despeñadero”, como han dado al traste con el desempeño de algunas universidades, principalmente en el contexto latinoamericano.
Imagen ilustrativa, UCR.
Publicado en https://semanariouniversidad.com/
Escrito en . Publicado en Madre Tierra.
Compartimos la siguiente charla impartida el pasado 11 de marzo por Randall Arauz y Carolina Ramírez acerca de la actualización sobre el proyecto de ley «reforma al párrafo cuarto del artículo 1 de la ley de Conservación y Vida Silvestre n 7313 del 30 de octubre de 1992 expediente n 21754«.
Enviado por Juan Carlos Núñez.
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) presentó esta semana, la estrategia de desarrollo regional denomina Estrategia Económica Territorial, la que será impulsada y coordinada por esta instancia gubernamental.
La estrategia busca aprovechar las características de cada región y desarrollar 11 polos de desarrollo, que serán: el de Liberia, el de Nicoya-Costa Pacífico, el de Golfo de Nicoya, el de Quepos-Uvita, el de San Isidro del General, el de Golfito-Golfo Dulce, el de Limón-Cahuita, Guápiles, el de Ciudad Quesada, el de Cañas-Tilarán-Upala y el de Cartago-Juan Viñas-Turrialba.
Para conseguir el impulso de cada polo de desarrollo, la idea del Gobierno es estimular la creación de zonas francas para atraer la instalación de nuevas empresas. El objetivo es impulsar el establecimiento de empresas con un alto valor de innovación en actividades como investigación y desarrollo (I+D) en tecnología, logística, turismo, manufactura o energías renovables en zonas con niveles altos de desempleo donde vive el 21% de la población de Costa Rica.
La jerarca de MIDEPLAN, explicó que la lógica del plan es implementar un modelo de desarrollo inclusivo mediante un ecosistema económico descentralizado, digitalizado y descarbonizado, al cual denominaron 3D.
Agregó la Ministra que la estrategia propuesta implicará el trabajo conjunto de instituciones del Gobierno Central, municipalidades y el sector educativo, desde el Ministerio de Educación Pública y universidades (públicas y privadas).
Para plantear el nuevo modelo de desarrollo, ese Ministerio realizó una investigación de 14 meses en la que determinó que la Gran Área Metropolitana concentra el 92% de las compañías vinculadas a la innovación, concentra el 76% de las ventas de bienes y servicios del sector privado y provoca una alta dependencia del resto de zonas del país a la región central. (LN,10-3-2020)
Respecto a la propuesta de esta estrategia de desarrollo, es posible aceptar que se trata de un esfuerzo importante del Gobierno actual en su preocupación por el desarrollo de las regiones del país, así como en la realización del estudio sobre la concentración de las actividades económicas en la GAM.
No obstante, es oportuno mencionar algunos aspectos a la luz del estudio realizado, de la validez de estrategia misma y de la pertinencia del enfoque de Polos de desarrollo.
En primer lugar, habría reconocer que el estudio realizado podría estar reiterando lo que análisis recientes habían puesto en evidencia sobre la concentración de actividades en la GAM y el origen de las desigualdades regionales.
El Banco Central de Costa Rica en la actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) había mostrado la especialización y la concentración de la producción en la GAM.
En este análisis se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, en la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Además determinó que la administración pública está altamente concentrada en el centro del país y que pese a que la educación y salud se encuentran más distribuidos a lo largo del país, su mayor concentración sigue presentándose en la GAM.
Se estableció que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y sus cantones, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una decena de Administraciones. (Alterdescr.com, nov,2020)
Hasta ahora la modificación de las políticas concentradas en la GAM no ha contado con la voluntad política y la planificación necesaria, por lo que únicamente se han realizado tenues intentos de incorporar algunos cantones fuera de la GAM a las oportunidades de desarrollo e inversión, como podría ocurrir con la estrategia de Polos de Desarrollo.
En segundo lugar ante las desigualdades regionales existentes, es necesario plantear una transformación profunda e integral del desarrollo regional (más allá de las regiones administrativas), orientado a revertir los indicadores persistentemente bajos de las regiones menos desarrolladas, en una perspectiva de desarrollo sostenible e incluyente de los territorios de las zonas periféricas del país.
El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2020 elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que si bien Costa Rica ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el esfuerzo no ha sido suficiente para alcanzar a las regiones y personas en mayor condición de vulnerabilidad, como las mujeres, las zonas rurales y regiones periféricas.
El Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), ratificó que la mayor desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.
Este Atlas confirmó también que el comportamiento de los índices por cantón es coincidente con el nivel de pobreza existente en el 2019 según el INEC, en la que la pobreza es alta en algunas regiones, como la región Brunca, la Huetar Atlántica y el Pacífico Central, en las que la pobreza ronda el 30%, y la pobreza extrema es del, 9.2, 8.9 y 9.1, las más altas del país. (LN.com,18-10-19). En tanto la desigualdad en las regiones según el coeficiente de Gini, en la Brunca, Chorotega y Huetar Atlántica es cercano al 0,53 con el nivel más alto (ElPaís.cr, 18-10-2019) lo que confirma las persistentes desigualdades y desequilibrios territoriales y los deteriorados índices de desarrollo social, particularmente en las zonas rurales y costeras.
La información de los indicadores cantonales es contundente con respecto a las profundas desigualdades de las regiones periféricas e incluso al interior de éstas, además del imperativo de adoptar la visión territorial, a partir de territorios con características sociodemográficas, históricas, físicas y culturales propias.
Incluso algunas Autoridades estatales han avalado la perspectiva territorial como la actual Ministra de Trabajo, al indicar que “el crecimiento económico y la riqueza, ha estado concentrada en la Gran Área Metropolita (GAM), ha sido una situación histórica que esperamos resolver a partir del desarrollo productivo de los territorios”. Agregó que, debemos enfocar nuestro trabajo en el desarrollo de los territorios, conociendo las fortalezas regionales. (CRHoy,29-1-2021).
En tercer lugar, es conveniente valorar si el enfoque de creación de Polos de desarrollo o crecimiento, es el enfoque adecuado para impulsar el desarrollo territorial y recordar que este enfoque impulsado por entidades académicas y organismos internacionales después de la II guerra mundial, trataba de promover el desarrollo de un territorio sobre la base de concentrar inversiones industriales básicas en un punto geográfico determinado, de forma que su potenciación provocara efectos difusores sobre la economía de las zonas próximas.
De esta forma la creación de varios polos de crecimiento supone el desarrollo de toda una región, como se plantea en la estrategia mencionada para la región Chorotega, en la que los Polos: Liberia, Cañas-Tilarán-Upala y Nicoya-Costa Pacífico, deben facilitar y dinamizar el desarrollo esa región hacia el año 2050.
Algunos autores que han analizado dicho enfoque han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)
Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, el cual es definido como un tipo de desarrollo más centrado en las características territoriales. En el desarrollo local destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.
De ahí que este nuevo planteamiento de los 11 polos de desarrollo se sumerge en la controversia de la acción institucional dirigida a la concentración de inversiones en determinados puntos geográficos, frente a desigualdades regionales y problemáticas que requieren soluciones territoriales integrales y sostenibles con la participación de todos los actores locales.
Imagen: Instituto Tecnológico de Costa Rica
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SURCOS comparte este documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina, 2020 fue publicado a inicio de 2021. Reproducimos parte de la introducción del documento y le invitamos a descargarlo para su lectura completa en el enlace al final del texto.
En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, “se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis” (CEPAL, 2020h, pág. 13). De lo que no cabe duda es de que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y de que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región (CEPAL, 2020h).
A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. El primer caso en la región se detectó en el Brasil el 25 de febrero de 2020 y, tras la notificación de casos en todos los continentes a escala comunitaria, el 11 de marzo la OMS declaró que el brote de COVID-19 podía considerarse una pandemia. Si bien esta se encuentra en constante evolución, los datos disponibles indican que América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por el coronavirus, en términos tanto de número de casos como de muertes. Si bien, en 2020, en la región vivía solo el 8,4% de la población mundial, a diciembre de ese año, se concentraban en ella el 18,6% de los contagios acumulados de COVID-19 y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad.
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos en diversos frentes para controlar la pandemia. La propagación del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales se ven agravados por los problemas estructurales de la región: principalmente, los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, la región se caracteriza por poseer sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados y asentamientos urbanos marginados en expansión carentes de acceso a servicios básicos. También presenta grandes flujos migratorios y desplazamientos de población, así como conflictos de diversa índole, y sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis climática.
El COVID-19 llega a una región marcada por una matriz de desigualdad social, cuyos ejes estructurantes —el estrato socioeconómico, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial, el territorio, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, entre otros— generan escenarios de exclusión y discriminación múltiple y simultánea que redundan en una mayor vulnerabilidad ante los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta enfermedad. En el ámbito de la salud, estas desigualdades se expresan en la cobertura, el acceso efectivo y los resultados de los servicios de salud, así como en las condiciones basales de salud de las personas y las comunidades (CEPAL/OPS, 2020). Sin embargo, las desigualdades se ven frecuentemente invisibilizadas por problemas relacionados con la disponibilidad de datos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, solo el Brasil y Colombia informan sobre casos confirmados y defunciones por COVID-19 entre las personas afrodescendientes2. Visibilizar y considerar la desigualdad en la respuesta a la pandemia es clave. En el contexto actual, y desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, el deterioro de las condiciones económicas de los hogares, con el consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria (FAO/CEPAL, 2020), podría forjar un círculo vicioso de pobreza y mal estado de salud en el caso de amplios sectores de la población, lo que repercutirá en las sociedades a largo plazo. En particular, en tiempos de crisis, los déficits de protección social pueden afectar de manera catastrófica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con impactos críticos en el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de capacidades humanas. A pesar de que no son los más afectados por la enfermedad en términos de salud, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes serán quizás una de las principales víctimas de esta crisis, por las consecuencias que tendrán en ellos el cierre temporal de los establecimientos educacionales y la crisis económica y social que afecta a sus hogares.
Los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población se potencian con el paulatino aumento de la pobreza y la pobreza extrema y el enlentecimiento del ritmo de disminución de la desigualdad observados en el quinquenio previo a la crisis del coronavirus. Pese a los avances alcanzados en lo que respecta a la reducción de la pobreza y la desigualdad y la expansión de los estratos de ingreso medio entre los años 2002 y 2014, antes de la pandemia, el progreso económico y social de la región ya mostraba señales claras de estancamiento, y crecía el descontento de la población. En el sexenio 2014-2019, el PIB de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan solo un 0,3% por año (CEPAL, 2020a). En América Latina, el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 7,8% al 11,3% de la población y la pobreza, del 27,8% al 30,5% (véase el gráfico 1). Asimismo, la reducción del coeficiente de Gini se había ralentizado, de un promedio del 1,1% anual en el período 2002-2014 a uno del 0,5% anual en el período 2014-2019. Además, desde fines de 2019, la ciudadanía de varios países había expresado su malestar, descontento e insatisfacción con el sistema político y sus actores en grandes manifestaciones de protesta en las que se exigía mayor justicia social.
Es importante también reconocer los retos específicos que enfrentan los países del Caribe. Antes de la llegada de la pandemia, estos países presentaban un alto nivel de endeudamiento público debido a su necesidad de financiamiento para recuperar y reconstruir su estructura productiva frente a los recurrentes desastres climáticos, lo que limita su capacidad fiscal de respuesta a la pandemia (CEPAL, 2020d). Asimismo, las repercusiones de la pandemia en el sector del turismo, relacionadas con el empleo, los ingresos de los hogares y los ingresos gubernamentales, son mayores en el Caribe, donde el sector emplea a unos 2,4 millones de personas y representa el 15,5% del PIB. A esto se suma la gran dependencia de estos países de alimentos y otros bienes importados, que pone en riesgo sus cadenas de suministro (CEPAL/OPS, 2020).
En 2020, las proyecciones relativas a los indicadores económicos y sociales de América Latina y el Caribe muestran un escenario muy complejo, ligado a factores tanto internos como externos. Para frenar la propagación del coronavirus, evitar el desborde de los sistemas de salud y reducir las pérdidas humanas, los gobiernos han adoptado medidas de cuarentena y distanciamiento físico. En muchos casos se ha recurrido al confinamiento de la población en sus hogares como forma de minimizar los contactos, especialmente aquellos que pudieran producirse a escasa distancia o en ambientes cerrados, lo que se ha demostrado que incrementa las probabilidades de contraer el virus (CEPAL, 2020b). Por lo tanto, sectores enteros de la economía han visto su actividad mermada o temporalmente reducida a cero, según la rigidez de las medidas adoptadas. Por otra parte, se produjo una fuerte caída de la demanda de los productos de exportación de la región, originada en la adopción de medidas similares en el resto del mundo. A consecuencia de ello, la CEPAL (2020a) ha estimado que el PIB del conjunto de las economías de América Latina y el Caribe caerá un 7,7%, y la tasa de desocupación aumentará 2,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2020a). Esta fuerte recesión económica supondrá un empeoramiento de las condiciones de vida, así como sustanciales aumentos de la desocupación, la pobreza y las desigualdades. A continuación, se discuten tres temas que es necesario abordar para entender el desarrollo de la pandemia en la región: los factores de riesgo ligados a la urbanización y metropolización, y sus efectos en la salud y la educación. Posteriormente, se presentan los hallazgos principales de esta edición del Panorama Social de América Latina con respecto a la pobreza y la desigualdad, el mercado de trabajo, la protección social, el gasto social, la economía del cuidado y el malestar social. Finalmente, se concluye con los mensajes principales de política pública de este informe.
Compartido con SURCOS por German Masís.
Escrito en . Publicado en Derechos.
La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA) y el Posgrado en Pensamiento Estratégico y Prospectiva; le invitan a participar del evento de arranque del Posgrado en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que dará inicio en el mes de abril del 2021. (Aún quedan algunos espacios para matricularse).
Este evento está orientado a mostrar los productos que pueden generar la aplicación de la prospectiva estratégica para las empresas, las organizaciones de la Economía Social Solidaria, las instituciones públicas, las Municipalidades, las organizaciones no gubernamentales y la academia.
Agenda
Fecha: miércoles 17 de marzo de 2021
Hora: 5:00 p.m.
Mayor información: maestpps@una.cr
ENLACE: https://una-cr.zoom.us/j/83173493091?pwd=dGFIOFdhNithOFl1V0VYRE94MmFBQT09
ID de reunión: 831 7349 3091

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
SURCOS comparte este documento publicado por la Asociación Latinoamericana de Sociología y CLACSO. El autor hace un análisis en cuatro capítulos: 1. ¿Adiós a la hiperglobalización? 2. ¿Por qué los países de América Latina sufren un estancamiento económico de largo plazo? 3. Del SARS-COV-2 a un virus social en América Latina. 4. Contagio viral, riesgos políticos en América Latina. Compartimos la introducción e invitamos a descargar el documento completo en el enlace que está al final.
La pandemia está en marcha en América Latina, tal vez haya terminado para cuando leas esto. Espero. En el momento de redactar el presente libro –entre marzo y junio de 2020–, parece que está lejos de haber terminado y que su punto álgido no se ha alcanzado todavía en Perú, México y Brasil, que ya están gravemente afectados. Uno podría preguntarse por qué no esperar antes de escribir este libro, y algunos de mis amigos me han hecho esta pregunta. Es un poco peligroso comenzar este análisis cuando la Historia aún no está escrita.
Siempre es más fácil decirlo una vez que lo sabes. Por lo que a mí respecta, soy de los que no creen que la Historia sigue un camino inevitable, siempre hay bifurcaciones económicas y/o políticas posibles y por ello prefiero situarme antes, a riesgo de equivocarme, que después. Parafraseando a Marx: “Los hombres hacen su historia libremente, pero en condiciones que no son libremente decididas por ellos”. En otras palabras, hay un margen entre el idealismo y el determinismo. La Historia que se hace es, al mismo tiempo, producto de este idealismo de los Hombres, de su voluntad y del determinismo de las leyes económicas. Ninguno de los dos puede ser ignorado excepto hundiéndose en el idealismo puro o el determinismo vulgar. Es este margen el que me interesa, es fascinante y sobre todo puede ser útil para quienes piensan que, sobre la base de un análisis profundo, podemos actuar sobre el curso de los acontecimientos o prepararnos para hacer frente a una repetición de la pandemia o a la aparición de un nuevo virus.
¿Por qué este tema, por qué la pandemia? Porque ningún economista o sociólogo había previsto que pudiera tener tal efecto en la economía y la sociedad. Ciertamente, virólogos, epidemiólogos y algunas figuras públicas habían señalado el riesgo, pero una vez más nadie, incluyéndome a mí, había pensado que una pandemia podría paralizar la economía mundial en tal medida.
La pandemia actuó como un indicador de la fragilidad de un sistema. Todas las fragilidades y las nuevas dependencias estaban punteados por la hiperglobalización. La globalización no produjo la pandemia, pero sí contribuyó a ella mediante el deterioro de la naturaleza y, como consecuencia, a la aparición de nuevos virus. Las pandemias existían antes de la globalización. Pero la globalización ha sido un vehículo muy importante para la propagación del virus y el contagio. Con la pandemia y su propagación global surgieron fragilidades y vulnerabilidades intrínsecas a la hiperglobalización.
Las consecuencias del contagio en términos de soberanía sobre ciertas producciones esenciales, como la producción de medicinas, pero también la industria automotriz, que se había vuelto imposible, no por una demanda insuficiente, sino por la imposibilidad de satisfacer la oferta… se hicieron evidentes. Lo que las movilizaciones no lograron contra la globalización desenfrenada y por una alter-mundialización, lo logró la pandemia. Es cierto que desde la crisis financiera de 2008-2009, la elección de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos y el temor a ver el ascenso de China se estaban poniendo en marcha los frenos al ascenso de la hiperglobalización.
La fragmentación de los territorios dentro de las naciones, entre los que pierden y los que ganan, con una desindustrialización más o menos pronunciada aquí y allá, la precariedad y las nuevas formas de organización del trabajo, el desempleo en algunos países y el temor a un futuro más o menos de pesadilla han legitimado las medidas proteccionistas, fomentado las deslocalizaciones todavía tímidas y permitido que la hiperglobalización se convierta de nuevo en una globalización del comercio, frenando así el ascenso del poder de China, especialmente en las nuevas tecnologías. Revelando la fragilidad del sistema, pero también las consecuencias socioeconómicas y los peligros para la democracia en los Estados Unidos y algunos países europeos, la pandemia también revela la extrema fragilidad de las economías latinoamericanas y la fortaleza de sus sistemas políticos.
El virus del SARS-CoV-2 actuó sobre un “cuerpo ya enfermo” en América Latina. ¿Ya estaba enfermo? La respuesta es, desafortunadamente, positiva. Desde finales del decenio de 1980, la famosa “década perdida” de América Latina, la tasa media de crecimiento del PIB per cápita ha sido más que modesta, por lo general inferior al 1%. Si bien muchas economías asiáticas han experimentado su “milagro” económico con la ayuda de un Estado en desarrollo en los últimos cuarenta años, en América Latina se estaba arraigando una tendencia de estancamiento económico, que contrastaba con los años de fuerte crecimiento que abarcan desde la [segunda] posguerra hasta el decenio de 1970. Se podría pensar que el bajo crecimiento sería una forma de decrecimiento beneficiosa para el medio ambiente, pero se estaría olvidando que con un crecimiento del 1% se necesitan unos 70 años para que el ingreso per cápita se duplique, y que, incluso con un crecimiento tan moderado, el daño a la naturaleza y a la humanidad, como resultado, ha sido considerable. Esto significa que, a tal ritmo, la movilidad social se hace casi imposible. Un individuo que nace pobre solo puede ser desarraigado de esta condición si se convierte en un excelente futbolista, en un muy buen cantante, en un político que no duda en coquetear con la corrupción, en un miembro de la mafia, pero también debe ser excelente para no caer bajo las balas de los oponentes o de la policía, ya que la esperanza de vida es generalmente corta. Por cierto, hay otras posibilidades para salir de la pobreza, principalmente un esfuerzo sustancial en materia de educación y salud, cuyos efectos positivos se sentirán a largo, corto y mediano plazo, la redistribución de la riqueza y/o lograr una tasa de crecimiento alta y sostenible. Esto último no ha sido posible pues las causas estructurales dificultan el crecimiento. La redistribución de los ingresos a favor de los pobres, y en detrimento no tanto de los ricos sino de una fracción de las clases medias, es posible. Esto fue realizado en los primeros diez años de la década del 2000, por unos pocos gobiernos progresistas. Sin embargo, esta política se encontró con obstáculos políticos, y después de la ola de izquierda siguió una ola de derecha en muchos países. Poco antes de la aparición del virus, surgieron importantes movimientos sociales que anunciaron el regreso del progresismo en varios países de América Latina.
¿Por qué este crecimiento es tan lento? Por varias razones ligadas a la historia, que hemos descrito como las ocho plagas de América Latina (Salama, 2020b) y de las que es tan difícil deshacerse: desigualdades de ingresos y riqueza que están entre las más importantes del mundo, una informalidad del trabajo absolutamente considerable, una restricción externa particularmente alta en algunos países que provoca un crecimiento irregular del tipo stop and go, una apertura a los movimientos de capital mucho más importante que la del comercio de bienes, una llamada desindustrialización temprana unida a una repartición de las exportaciones, un nivel de violencia considerable.
Cada una de estas heridas tiene su propia responsabilidad particular, que difiere de un país a otro. El resultado es que el virus actúa sobre un cuerpo enfermo, con poca capacidad de reacción enérgica y produciendo un impresionante número de muertes.
¿Un número impresionante de muertes? Sí, pero tenemos que ir más lejos. La llamada pandemia COVID-19 alcanza a toda la población de los conglomerados –los lugares donde la pandemia se propaga– donde emerge. Primero, aparecen los grupos. Algunas regiones se salvan, otras no o a duras penas, sin saber por qué, salvo que no se tomaron a tiempo medidas preventivas (medidas de barrera, uso de la máscara, pruebas, encuestas) para frenar su propagación, la mayoría de las veces por falta de medios y errores de apreciación. Dentro de estos grupos opera una diferenciación social. Todos se ven ciertamente afectados, pero los de las categorías sociales más pobres y modestas son los más afectados por varias razones. Los pobres están mucho más necesitados. Viven en barrios marginales, más o menos consolidados, donde la densidad demográfica es muy alta. La promiscuidad hace casi imposible practicar “gestos de barrera”. El acceso al agua es, a veces, dificultoso y el frecuente lavado de manos para eliminar el virus se hace difícil. Los pobres suelen tener poco o ningún acceso a los hospitales públicos, o lo tienen demasiado tarde, y ningún acceso a los hospitales privados que están mejor provistos de respiradores. Y cuando es posible, el gasto sanitario público y privado, en promedio mucho más bajo que en los países avanzados, genera una baja eficiencia en la detención del virus, especialmente en los hospitales públicos. Por último, en el caso de los pobres y los grupos de bajos ingresos, la elección suele ser entre permanecer confinados y sin ingresos, arriesgándose a contraer el virus, o seguir trabajando de manera informal, con pocos ingresos y una alta probabilidad de contraer el virus. La pandemia provoca una disminución de la producción, un aumento del desempleo, una mayor desigualdad de los ingresos y un aumento de la pobreza.
Las perspectivas de un rebote siguen siendo poco claras, especialmente porque la capacidad de un rebote fuerte es débil debido a un cuerpo que se ha enfermado, como veremos. Algunos gobiernos tratan de hacer lo imposible, para aliviar las consecuencias sociales de la pandemia, otros actúan más o menos coherentemente y otros, peor aún, subestiman incoherentemente la pandemia y militan cínicamente por la apertura de empresas y la reanudación del trabajo, incluso antes de que la pandemia hubiera alcanzado su punto máximo cuando aún se podían adoptar las precauciones mínimas (uso de una máscara, distanciamiento social). Una crisis así no es neutral.
No habrá recuperación cuando el virus haya desaparecido como si nada hubiera pasado, como si estos momentos dolorosos pudieran ser borrados. La memoria colectiva está teñida de estos sufrimientos, los empleos han caído, los ingresos han disminuido con el cierre de muchos negocios considerados no esenciales, las deudas públicas se han incrementado más allá de lo que se consideraba razonable ayer.
Luego, será difícil rehacer el mundo, tal como era ayer. Sin embargo, es posible y muchos empresarios lo están pidiendo. Pero, como dijo Marx en el 18 Brumario… criticando a Hegel, cuando la historia se repite es “la primera vez como una gran tragedia, la segunda como una sórdida farsa”.
La búsqueda de la soberanía perdida se producirá probablemente en algunos sectores llamados estratégicos, como la salud, y menos en otros, como la industria automotriz. No será ni autarquía ni libre comercio, sino más “proteccionismo-protección”. Puede ser una soberanía regional más que nacional sobre ciertos sectores. Las fronteras entre el mercado y el Estado se moverán. El lugar del cursor entre lo privado y lo público, entre los bienes y los bienes comunes, dependerá de la evolución de la política después de esta tragedia.
El virus ya está mutando en un virus político. La historia no está escrita, pero las tendencias funcionan bajo tierra y están surgiendo los lineamientos y los comienzos de los trastornos políticos. La aparición del populismo de extrema derecha, incluso el “illberalismo”, es amenazante. Para analizar estas posibilidades, se hace necesario un retorno analítico a los populismos del siglo XXI y un análisis profundo de las iglesias evangélicas en las que se apoyan una serie de representantes electos, en especial porque están creciendo rápidamente en América Latina. La comparación con los movimientos europeos de extrema derecha en cuanto a la composición social de sus electorados o adherentes, sus creencias, su relación con los demás, con las minorías, con la política, con la importancia de la intervención estatal y la corrupción, sus tradiciones culturales y religiosas reaccionarias o incluso fundamentalistas es rica en lecciones. Con todos los matices necesarios, no todas las iglesias evangélicas son iguales, sus miembros no son “soldaditos” obedientes a las instrucciones de las autoridades religiosas. El hecho es que los evangélicos, en rápido crecimiento, pueden constituir un “ejército de sombras” favorable al advenimiento del populismo de extrema derecha o de gobiernos “antiliberales” a menos que… A menos que se elabore una profunda renovación de las propuestas progresistas, teniendo en cuenta la historia tal como se ha desarrollado en los últimos 30 años. Este es, en cierto modo, el propósito de este libro, escrito en el calor del desarrollo de la Historia por alguien que ama particularmente a América Latina, mi segunda patria.
Compartido con SURCOS por German Masís.
Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.
Me refiero aquí al artículo de Rubén Hernández Valle, titulado “La burguesía salarial y la autonomía universitaria” (La Nación, 5 de marzo de 2021).
El escrito transmite claramente la impresión de que el distinguido jurista da por bueno que a las universidades se les aplique una versión parcialmente modificada de la ley del empleo público. Ello podría incomodar a La Nación, medio que, con infinita largueza y generosidad, le concede a Hernández Valle, tarima y altavoces para difundir sus ideas. Es que, como es público y notorio, ese medio se ha dedicado a satanizar cualquier posible trato diferenciado a las universidades.
O sea, pareciera que Hernández Valle contradice la ortodoxia establecida, puesto que admite que para el personal académico de las universidades rija una especie de sistema paralelo de remuneración o premio, que se entregaría de forma casuística. Ilustremos el punto. Dígase que este año Paquita publicó un par de artículos científicos y Remigio un libro. Entonces les dan un bono (o varios bonos, no lo sé), como recompensa. Claro, ello no se incorpora a sus salarios, pero sí aporta un “plus” para el año o temporada en que les fue concedido, con la posibilidad de que esos “pluses” se repitan cada vez que Paquita y Remigio publican algo.
Lo de “plus”, bien lo sabemos, es palabra maldita, ominosa, peligrosísima. Ninguna persona que no desee caer en desgracia con los grandes poderes que rigen a nuestro país, debiera jamás pronunciarla. Y, claro está, Hernández Valle no la menciona. Su heterodoxia no da para tanto. Lo de “plus” lo digo yo, que de todos modos soy parte del grupo de forajidos, que aquellos poderes ha declarado culpables de todos los males que aquejan a Costa Rica. Pero, en fin, es rigurosamente cierto que Hernández Valle mete por la ventana de atrás, este otro tipo de “plus”, acaso confiado a que La Nación no se entere. No vaya a salir regañado.
Eso sí, ni Paquita ni Remigio tendrán una trayectoria académica que exhibir y de la cual ufanarse, para al cabo de los años decir: “soy catedrática”, “soy catedrático”. A los 60 serán el mismo profesor y profesora que eran a los 22 ¿O será que en la versión de Hernández Valle es posible conceder este tipo de estímulos morales a modo de pluses simbólicos? No lo sé, y el famoso jurista no lo aclara.
Por otra parte, nos alecciona Hernández Valle en el sentido de que las universidades, dotadas de “autonomía administrativa”, pueden “administrar su personal (nombrarlo, sancionarlo, despedirlo, etc.)”. Y, sin embargo, el proyecto de empleo público dice que es un órgano externo a las universidades el que reglamentará todo eso ¿Realmente las universidades estarían “administrando su personal” cuando es una instancia externa la que formula y aprueba los reglamentos que regulan esos menesteres? No creo que Hernández Valle sea tan ingenuo como para tomarse en serio tal cosa, aunque sí pareciera lo suficientemente arrogante como para creer que los demás somos tan idiotas como para admitir tamaño desatino. Lo más que podríamos decir es que las universidades aplicarán las reglas que alguien más formuló, con un agravante: ese ente externo posiblemente no tiene ni idea de cómo funcionan las universidades públicas costarricenses.
Podemos ilustrar el punto así: supóngase que Hernández Valle tiene un muy exclusivo bufete de abogados (es solo un decir, ignoro si lo tiene). Pues resulta que una empresa que se dedica a la fabricación de inodoros se encarga de formular los reglamentos en materia de personal del bufete de nuestro distinguido jurista ¿podemos confiar que lo harán bien y a satisfacción de tan reputado abogado?
Hernández Valle nos habla asimismo de la “autonomía académica” y de la “autonomía financiera”. En relación con esta última menciona el “numeral 85 de la carta política”, y, en gesto de inusitada magnanimidad, reconoce que depender en materia de financiamiento “de los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, impediría ejercer “a cabalidad” la autonomía académica. Aquí de nuevo, el señor jurista arriesga ganarse una reprimenda por parte de los mandamases. Baste recordar que La Nación misma ha presionado reiteradamente para que los “humores del Ejecutivo o del Legislativo” metan mano en los presupuestos universitarios, y cuando lo han hecho -porque recientemente lo han hecho- lo han aplaudido de pie y a rabiar.
En relación con esto último, y como para apaciguar la ira que sus heterodoxias y veleidades pudiesen provocar, Hernández Valle enfatiza que las universidades están obligadas a observar una “sujeción estricta a la regla fiscal”. Cae entonces la pregunta: y si la regla fiscal de alguna manera entrase en conflicto con el “numeral 85 de la carta política” ¿cuál prevalecería? Se supone -entiendo que todavía el orden institucional de Costa Rica funciona de esa forma- que una norma constitucional es superior a una ley. Y la regla fiscal -no lo olvidemos- nace de la ley 9635.
Pero hay algo más que, no obstante la infinitud de su sapiencia, Hernández Valle deja pasar desapercibido: el artículo 78 de la Constitución. Este ordena que a la educación (incluidas las universidades) se destinará un financiamiento total, no inferior al 8% del PIB. Supuesta una “sujeción estricta a la regla fiscal” ¿sabe usted que ocurriría con los presupuestos para educación (la totalidad de éstos, no solo los de las universidades)? Sencillo: el porcentaje con respecto al PIB irá disminuyendo con el paso del tiempo. Es un resultado inexorable que deriva del diseño de la regla fiscal y de la aritmética que le es propia. Mientras la deuda pública exceda del 30% como porcentaje del PIB, el gasto en educación estará forzado a crecer menos que el PIB, y, por lo tanto, el porcentaje entre ese gasto en educación y el propio PIB, irá en descenso año con año. Y si hoy la deuda ronda el 70% del PIB ¡haga usted cálculos para cuándo se logrará que descienda por debajo del 30%! De aquí a ese momento -acaso yo no vea la aurora de tan venturoso día- el porcentaje que los presupuestos de la educación representen en el PIB, habrán caído lejos, muy lejos del 8%.
Ya para entonces, el artículo 78 constitucional habrá pasado a ser, por mérito propio, una “leyenda urbana”, muy de acuerdo, por cierto, con la estética literaria tan del gusto de nuestro afamado jurisconsulto. Y, entonces, ¿mantenemos apego al mandato de “sujeción estricta a la regla fiscal”?
Y en cuanto a la “autonomía académica”, hay hilos que el señor abogado no enhebra. Dejarlos sueltos es peligroso. Esa autonomía no solo requiere, para hacerse efectiva, de la autonomía financiera, de forma que, en materia de dineros, las universidades no queden sometidas a “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”. Es que la autonomía académica se concreta en la libertad de cátedra, y ésta última es mucho más que un principio abstracto que flota en el éter de las ideas. La libertad de cátedra se hace efectiva, se encarna y materializa, cuando los académicos y las académicas la ejercitan: en la docencia, la investigación o la extensión o acción social. La cosa se enturbia cuando el nombramiento, evaluación, despido, etc. de ese personal queda sujeto a reglamentaciones influidas por “los humores del Ejecutivo o del Legislativo”, que es, exactamente, lo que ocurre en este caso.
También nos habla Hernández Valle de las convenciones o negociones colectivas. Se abstiene de repetir su tan entrañable pero vulgar falacia en relación con el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, pero igual insiste en la prohibición. Ello convierte en “leyenda urbana”, no solo el artículo 62 de nuestra Constitución, sino también el propio Convenio 98, como también el Convenio 154 de la OIT.
Pero, en fin, creo que de eso se trata justamente. Es decir, las realidades políticas en Costa Rica han evolucionado hacia el imperio incontestable de ciertos intereses y, respectivamente, de la ideología propicia a esos intereses. Esa hegemonía es a tal punto asfixiante, que inclusive están reescribiendo la Constitución y reescribiendo las obligaciones internacionales del país. Todo aquello que no se ajuste a esos intereses y esa ideología va metamorfoseándose en “leyenda urbana”.
En el cierre de su artículo, tal y como ya lo había hecho en el título de éste, Hernández Valle opta por curarse en salud, recurriendo a la descalificación a priori en contra de quienes opinen diferente a él. Sé que mucha gente que lea esto, recurrirá al mismo sucio y vil procedimiento. Me tiene sin cuidado. A mis 63 años, con mi derecho jubilación mediante el sistema IVM de la Caja debidamente consolidado, y habiendo renunciado a cualquier figuración política, puesto que Costa Rica jamás me consideró merecedor de alcanzar ninguna, no tengo ya ningún interés personal que defender. Lo dejo dicho, pero sin esperar que haya ninguna comprensión sobre mi decir.

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/
Escrito en . Publicado en Derechos.
Este martes 16 de marzo a las 5 p.m. se realizará el foro “contexto de violencia en Salitre desde la investigación y la vivencia”, en las voces de jóvenes investigadores/as – En honor a la memoria de Sergio Rojas Ortiz.
Se contará con la participación de:
La transmisión del foro se realizará vía: https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
Organizan: Proyecto Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía UCR; Escuela de Antropología UCR; CIAN-UCREA UCR; CICDE-UNED; Cátedra Agenda Nacional de la Escuela de Ciencias Sociales del ITCR; DITSO; Voces Nuestras y Coordinadora de Lucha Sur Sur.
¡Contra la impunidad y el olvido, Sergio Rojas vive!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.
SURCOS comparte la siguiente campaña de apoyo a la iniciativa de ley:
La gran cuenca del río Sarapiquí abarca una región nacional e internacionalmente reconocida por su exuberante y extraordinaria riqueza natural, la cual ha permitido por décadas el desarrollo de la actividad ecoturística y científica, generando grandes beneficios a la calidad de vida del costarricense.
Hoy en día, reconocemos las amenazas y afectaciones que ponen en riesgo este gran tesoro natural, fuente de vida y trabajo. Para tal efecto se ha creado una COMISIÓN, en adelante conocida como COMISIÓN DE SALVAGUARDA DEL RIÓ SARAPIQUÍ, cuya tarea primordial y objetivo central es la redacción del proyecto “Ley, para La Promoción del Desarrollo Sostenible de La Cuenca del Río Sarapiquí y La Protección de su Cauce Principal”. Dicho proyecto de ley se presentará a finales del presente año 2020 a las autoridades correspondientes para que sea elevado a la Asamblea legislativa para su debido conocimiento.
Por todo lo anterior le hacemos un vehemente llamado para que apoye esta histórica jornada ciudadana en favor del Río Sarapiquí y de una Costa Rica mejor para todos.
La salud y el bienestar del río Sarapiquí están en nuestras manos. Unámonos todos para que este gigante de agua dulce lo puedan disfrutar las futuras generaciones como hemos podido disfrutarlo nosotros.
Si desea más información al respecto, ingrese al Facebook Salvaguarda Río Sarapiquí, o ver carpeta de drive https://bit.ly/Infoiniciativadeley. Para contactar a la comisión, lo puede hacer al siguiente correo electrónico: salvaguardariosarapiqui@gmail.com
¡Muchas gracias por su apoyo!
Para firmar en apoyo al proyecto de Salvaguarda de rio Sarapiquí ingrese en el siguiente enlace:
http://bit.ly/leyriosarapiqui
Imagen tomada de: http://www.sarapiquicostarica.com/
Enviado por Rafael López Alfaro.
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