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Autor: María José Ferlini Cartín

UNA: ¡Preparadas para insertarse en las economías locales!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con un enfoque holístico, que combina conocimientos técnicos y habilidades blandas, el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades para la Empleabilidad y el Emprendimiento de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (EDA-UNA) ha preparado a más 2500 mujeres para insertarse en las economías locales.

“El curso me ha beneficiado en todo el sentido de la palabra porque me ha enseñado a la organizarme como emprendedora, a sacarle los costos a mis productos”, afirma Karla Munguía Membreño, quien ha visto crecer su negocio “Vigorones Yonisis”, en Lepanto de Puntarenas, gracias a las herramientas adquiridas como parte de esta iniciativa ejecutada por la EDA.

Y es que el proceso de formación de aproximadamente seis meses, impartido por docentes de esta unidad académica, brinda a las personas beneficiarias—en su mayoría mujeres de zonas en mayor vulnerabilidad social—herramientas técnicas que les permite fijar precios, llegar de mejor forma a su público meta, así como hacer su producto más competitivo, según informó Charleene Cortez Sosa, coordinadora del proyecto.

A la vez, se les ofrece a las personas beneficiarias un proceso de educación en habilidades blandas dirigido al fortalecimiento de aspectos emocionales, que les motiva a descubrir sus propias capacidades y a aprovecharlas en sus entornos.

Reconocimiento de la Unión Europea

El aporte de este proyecto para el desarrollo de las mujeres en el país fue reconocido por la Unión Europea al seleccionarlo como finalista del Premio por la Igualdad de Género 2020.

La ceremonia de entrega de este premio se realizó el pasado 8 de marzo en el auditorio Humboldt, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, con la participación de la vicepresidenta de la República Epsy Campbell, la embajadora de la Unión Europea en Costa Rica María Antonia Calvo Puerta, la ministra de la Condición de la Mujer Marcela Guerrero y representantes del gobierno y del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Recibieron el reconocimiento Charleene Cortez, actual coordinadora del proyecto, y Dunnia Marín, fundadora de esta iniciativa hace seis años y actual directora de la Escuela de Administración de la UNA.

Otorgado por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, el premio reconoce el trabajo sobresaliente en la defensa, promoción o protección de la igualdad de género, en este caso, en el ámbito económico y de desarrollo local promovido por el proyecto de la EDA.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334 4150.

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Feria de producción local en Térraba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Este próximo 13 de marzo de 7 a.m. a 1 p.m. en las instalaciones del Liceo Académico de Térraba se llevara a cabo la Feria de Producción Local del lugar. Será un evento abierto al público, en el cual participarán productores locales de alimentos y bienes de origen orgánico y ambientalmente sostenibles.

Más detalles en la siguiente imagen.

La máscara democrática de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

Costa Rica: Deuda interna y tasas de interés: La Dogmática del Mercado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Acerca de la carta de respuesta del presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda a Albino Vargas)

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

Escribo este artículo a solicitud del dirigente sindical don Albino Vargas Barrantes y de la ANEP. Analizo aquí la carta que, con fecha 15 de febrero de 2021 (referencias DM-0113-2021 y PRE 0013/2021), fue dirigida a don Albino, por don Elián Villegas Valverde y don Rodrigo Cubero Brealey, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, respectivamente. A su vez, esta nota de los señores Villegas y Cubero respondía una carta, fechada el 1° de febrero, que don Albino había dirigido a esas dos importantes autoridades económicas. A fin de evitar cualquier malentendido, aclaro que escribo este artículo muy gustosamente, y sin recibir ninguna remuneración a cambio.

1) Aspectos generales

  1. a) Política fiscal restrictiva

Según los señores Cubero y Villegas, un logro notable de la política fiscal del gobierno de Carlos Alvarado, es haber recortado el gasto público y aplicado con rigurosa meticulosidad la regla fiscal. Al parecer, lo consideran aún más meritorio, puesto que ello coincidió con la afectación de la pandemia del Covid-19.

¿Es esta una opción de políticas realmente virtuosa, tal cual se nos quiere hacer creer?

Nótese que estamos hablando de una política de restricción fiscal que se aplicó sobre el telón de fondo de una severa recesión, y, lo que es más grave aún, en un contexto de altísimo, realmente catastrófico, desempleo. Cuando en el mundo entero se opta por aplicar políticas de estímulo que, cuanto menos, alivien parcialmente las duras afectaciones de la crisis, en Costa Rica se exhibe como meritoria condecoración, aplicar políticas fiscales de carácter austeritario, que, como bien lo saben los economistas serios del mundo entero, agravan la crisis. Cierto que los severos desequilibrios fiscales que enfrentamos, limitan nuestros márgenes de maniobra. Pero también es cierto que, con un poco de imaginación y creatividad, pudieron ponerse en marcha programas que, inspirados por el principio teórico del “multiplicador del presupuesto equilibrado”, habrían posibilitado aliviar la recesión, atenuar los severos efectos sociales y humanos derivados de la crisis e impulsar la recuperación de la economía y del empleo y, de esa forma, crear condiciones más propicias desde las cuales resolver, con el menor costo social posible, el problema fiscal.

Lo cierto es que, según enfatizan los señores Villegas y Cubero, el gasto del gobierno, sin incluir intereses, disminuyó un -5,7% en 2020, lo cual pareciera ser prenda de orgullo para estos señores. Se subraya que se logró tal cosa, no obstante que se habrían destinado ₡ 294.172 millones para atención de la pandemia. Sin embargo, se omite indicar que esa reducción fue posible básicamente gracias a un recorte brutal (en el orden del -38,2%) en los gastos de capital. Ello implica menos inversión y menos formación de capital, lo cual compromete el desarrollo futuro de la economía, tanto como agrava, en lo inmediato, la recesión y el desempleo.

  1. b) ¿Se “aceleró” la economía?

Presumen las dos respetables autoridades económicas, que el crecimiento de la economía “se aceleró a partir de mayo de 2019” (p. 1), lo cual, según nos dicen, sería atribuible a la política económica del gobierno de Carlos Alvarado. Y, sin embargo, los datos demuestran que el tal “aceleramiento” tuvo un cariz extremadamente anémico, y particularmente contradictorio.

Al observar los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), tendencia ciclo (elaborado por el Banco Central), observamos que, a lo más, se registraron anémicas tasas de crecimiento interanual en el orden del 2%, registradas hacia finales de 2019, las cuales tendían a debilitarse al iniciar 2020, aún antes de sentirse el efecto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Por otra parte, es claro que el dato general, queda artificialmente inflado por las altísimas tasas de crecimiento del llamado “régimen especial” (básicamente zonas francas), con escaso o nulo impacto en el resto de la economía. El IMAE muestra que, para el período indicado, y hasta el inicio de la pandemia, el “régimen especial” crecía a tasas de dos dígitos (de hasta el 14% y 15% en algunos momentos), mientras el resto de la economía (el “régimen definitivo”) apenas lograba emerger de territorio negativo, pero sin alcanzar nunca a crecer ni siquiera al 1%. Y, al mismo tiempo que esto se daba, es decir, en coincidencia con la expansión espectacular del “régimen especial” y el paupérrimo desempeño del “régimen definitivo”, la tasa de desempleo, según los datos de la Encuesta Continua del Empleo (ECE) del INEC, se encumbraba incluso por encima del 12%. En concreto, para los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2019, y el primero de 2020, que coinciden con el período en que, según Villegas y Obando, el “crecimiento se aceleró”, las tasas de desempleo registradas fueron, respectivamente, las siguientes: 11,9%, 11,4%, 12,4% y 12,5%. No olvidemos que, al mismo tiempo, alrededor de un millón de personas penosamente subsistían en situación de informalidad laboral.

Estas deprimentes cifras del empleo -anteriores a la pandemia- ensombrecen cualquier dato sobre crecimiento económico, y deberían ser motivo de gran preocupación (pero no pareciera ser el caso) para las autoridades económicas. Una pregunta se hace obligatoria: ¿cómo entender que una tan penosa situación del empleo conviva con tasas de crecimiento tan espectaculares en los “regímenes especiales”? Esto evidencia severas anomalías estructurales, las cuales ponen en cuestionamiento el proyecto o “modelo” de desarrollo vigente en Costa Rica.

  1. c) Deuda interna versus deuda externa

El señor ministro de Hacienda y el señor presidente del Banco Central, explican que se ha decidido dedicar una parte significativa del endeudamiento externo que se obtenga, a “sustituir deuda cara por deuda barata” (p. 2). Es importante que, como país, reflexionemos acerca de si ese es el mejor uso que se le podría dar a esos recursos.

Se aduce que la deuda interna se coloca a tasas de interés muy altas, y que el mecanismo por el que se ha optado, permite ahorrar “,,,de forma directa un estimado de USD 70,6 millones anuales en intereses” (p. 2. Subrayado y negrita son del original). O sea: se prefiere destinar la deuda que el país está asumiendo en moneda extranjera, para refinanciar deuda preexistente, en vez de destinarla a usos realmente productivos, que modernicen la economía, eleven la productividad, y generen la capacidad de pago futura que será necesario tener para poder cumplir, a su debido momento, con esas obligaciones asumidas en una moneda que Costa Rica no puede emitir. Y, entretanto, como luego habrá oportunidad de ratificar, estas mismas autoridades económicas se declaran absolutamente incapaces -o quizá absolutamente remisas- a tomar medidas más enérgicas que permitan reducir las tasas de interés sobre la deuda interna. ¿Es eso lo más sensato?

Para el país sería mucho más conveniente -socialmente más redituable- utilizar esos recursos externos en el financiamiento de programas de inversión pública, que sean planificados para generar muchos empleos en el corto plazo, y los cuales contribuyan, al mismo tiempo, a elevar la capacidad productiva de la economía, y a construir una sociedad más justa e inclusiva, en el medio y largo plazo. Deberían esos fondos destinarse al fortalecimiento de la infraestructura educativa, de atención sanitaria y de cuido; el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica; la modernización, ampliación y mejora del transporte público; la migración hacia energías limpias y tecnologías verdes; los acueductos y el cuido y protección del agua; el desarrollo de un amplio programa de vivienda para grupos de ingresos medios y bajos; la creación de condiciones que mitiguen los efectos del cambio climático, entre otras cuestiones igualmente importantes. Frente a los altísimos índices de desempleo que padecemos, esa alternativa cobra todavía más importancia, como también es la vía que debería privilegiarse para crear condiciones económicas sólidas que, a su vez, den sostenibilidad, sobre bases realmente firmes, a las finanzas públicas.

2) Las tasas de interés de la deuda pública y la política monetaria del Banco Central

Los señores Villegas y Cubero ofrecen sobre este tema una discusión, sembrada de numerosas contradicciones, falacias y vacíos.

Primero, procedan a aclarar que, desde su punto de vista “…no procede comparar las tasas de colocación del Ministerio de Hacienda con la TPM, ni tampoco con la Tasa Básica Pasiva (TBP)” (p. 7) (TPM: tasa de política monetaria).

Explican entonces (p. 7) que la TPM es un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. O sea, y según se desprende de lo anterior, su efecto parece agotarse “a un día plazo”. A lo cual agregan, con el lenguaje ambiguo e impreciso que les es característico, que los movimientos “en la TPM y su nivel son indicadores del tono de la política monetaria”. De tal modo, pareciera entonces que la TPM es una tasa de limitadísimo alcance, una especie de gesto simbólico que el Banco Central emite. Vendría a ser algo así como el equivalente al guiño de un ojo que se les hace a los bancos y demás actores participantes en el sistema financiero.

Se comprende entonces que la TPM, que según Cubero y Villegas no sirve para establecer comparaciones con las tasas de interés de la deuda pública, en realidad sirve para muy poco, si es que para algo.

Al referirse a la Tasa Básica Pasiva (TBP), repiten lo que todo el mundo sabe acerca de la correspondiente metodología de cálculo, para terminar recalcando que el “plazo promedio de estas captaciones es menor a un año” (p. 7).

O sea, y según logra deducirse de lo indicado, Villegas y Cubero, consideran que tanto la TPM como la TBP son tasas de corto plazo, la primera es incluso de muy corto plazo, mientras que las colocaciones del Ministerio de Hacienda son “usualmente superiores a los 3 años”, con un promedio de 5,9 años a diciembre de 2020 (p. 7). De ahí que “…no procede compararlas”.

Curiosamente, Cubero y Villegas olvidan que la Tasa Básica Pasiva (TBP) es una tasa de referencia para muchos créditos, incluso créditos de muy largo plazo como los de vivienda. Una nota reciente en El Financiero (¿Quiere comprar una casa? Deberá pagar al menos ¢7.000 por cada millón que le financien) lo ilustra con amplitud. Recordemos que el crédito para vivienda representa cerca del 30% del crédito total, y que las tasas de interés que se aplican sobre ese tipo de crédito, en parte muy significativa, está reguladas por la TBP. O sea, y en contra de lo que afirman estos señores, es una tasa que tiene importantes consecuencias prácticas en el largo plazo, y una muy significativa influencia en el sistema financiero. No obstante lo cual, nos dicen estos señores, “no procede” compararla con las tasas de interés de la deuda pública. Esta última, pues, pareciera estar situada en un “universo paralelo”, ajena por completo a los avatares propios del sistema financiero costarricense.

Aparte lo anterior, y en lo que a la otra tasa de interés en consideración se refiere -la tasa de política monetaria, TPM- de un repente, estos señores le atribuyen efectos muy significativos, por completo insospechados, si nos atuviésemos tan solo al papel, del todo irrelevante, que le atribuyeron anteriormente, y con base en lo cual quisieron descartar que jugase ningún papel en relación con los intereses de los bonos de la deuda pública.

Así, en la página 8 nos hablan del “tono expansivo de la política monetaria”, lo cual se confirmaría en la baja de la TPM a mínimos históricos (0,75% anual). Y agregan que con ello se “buscó propiciar la baja de las tasas de interés en el sistema financiero nacional y, de esa forma, mejorar las condiciones para los nuevos créditos y aliviar la carga financiera de los deudores que formalizaron préstamos con tasa de interés variable y que sus contratos de crédito así lo permitieran”.

Qué interesante. Pareciera entonces que la TPM tiene efectos mucho más amplios de lo que se nos había dicho. No parece agotarse en “un día plazo”. Pero, desde luego, si se trata de la deuda pública, ya sabemos que “no procede compararlas”. Es que la deuda pública -venimos a ratificarlo- levita en un universo paralelo.

Otro ejemplo que nos proporcionan estas dos autoridades económicas, tiene que ver con el papel que le atribuyen a la mencionada TPM, en relación con el así llamado programa de “facilidad de crédito de mediano plazo en moneda nacional”, que puso a disposición de los bancos comerciales ₡700.000 millones (recientemente ampliado a ₡842.887 millones) (pp. 9-10) ¿Cuál es la tasa de interés de referencia que se utiliza en este caso? Pues precisamente la TPM, que presuntamente solo era un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. Pareciera que esto último aplica exclusivamente si hablamos de las colocaciones de deuda del gobierno, a fin de aleccionarnos en el sentido de que “no procede compararlas”. En cualquier otro caso, la definición se vuelve mucho más amplia y flexible. Además, nótese que, según se indica en la carta, la mencionada “facilidad” concede plazos de entre 2 y 4 años ¿y no que la TPM aplicaba solo para “operaciones a un día plazo”?

En conclusión: lo cierto es que las dos tasas de interés en mención -la TBP y la TPM- si son tasas relevantes, contra las cuales es válido comparar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública interna. Intentar proscribir esa comparación, como lo hacen Villegas y Cubero, es una forma de eludir la discusión sobre los factores que subyacen a las tasas irrazonablemente altas que es pagan sobre la deuda pública interna. Veremos enseguida que ese intento de justificación y racionalización, es un rasgo idiosincrásico de estas dos autoridades económicas.

3) La dogmática del mercado y las altas tasas de interés sobre la deuda pública interna

La cuestión es que, según nos dicen, las elevadas tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, son fruto de un fenómeno muy particular: “…su comportamiento pone de manifiesto la trayectoria creciente de la razón de deuda pública a PIB, así como la incertidumbre que existe entre los agentes económicos, locales y externos, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas” (p. 6)

En otra parte, reiteran esa misma idea. Así, nos dicen (p. 11), que si bien las tasas de interés en el sistema financiero han disminuido, las tasas de la deuda pública “no han experimentado movimientos similares”, lo cual atribuyen a la “valoración de riesgo de crédito por parte del acreedor”. De donde resulta que, en el caso de los bonos del gobierno, “los agentes económicos demandan un premio que mitigue ese riesgo” (p. 11).

Hablamos aquí de lo que usualmente llaman “los mercados”, que, a veces, se transfigura como “los inversores”. En cualquiera de los dos casos, es al modo de una fuerza abstracta, anónima e impersonal. Un ente mítico; quizá una fuerza de origen divino. O sea: un poder que escapa al control humano, y, de hecho, se le impone y subyuga a los seres humanos.

Con toda claridad, estamos frente a algo que en la literatura recibe básicamente dos designaciones: algunas veces se le llama “neoliberalismo”, otras veces se le designa como “fundamentalismo de mercado”. Hay autores muy connotados -por ejemplo, Joseph Stiglitz en su libro “El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa” (2017)- que utilizan indistintamente ambos términos. Se trata de una dogmática por la que nuestras autoridades económicas parecen guardar reverencial devoción. Y así lo designaré aquí: la “dogmática del mercado”.

Ya va quedando más claro por qué nos decían que “no procede” comparar la TBP o la TPM con las tasas sobre las colocaciones de deuda pública interna. A fin de cuentas, el mensaje que, de forma más o menos velada o explícita, estos señores repiten una y otra vez, es el siguiente: “tratándose de los intereses de la deuda pública no podemos hacer absolutamente nada”.

Aunque, en realidad, no está claro si no pueden hacer nada, o no quieren hacer nada. Así, en página 7 nos dicen: “…no es posible pretender que el BCCR reduzca de forma artificial los costos de financiamiento del Ministerio de Hacienda”.

¿Cómo interpretar el “no es posible pretender”?

– Primera posibilidad: leer la frase como: “simplemente es imposible”, en cuyo caso cabría preguntarse: ¿es objetivamente imposible (del mismo modo que es imposible evitar que el sol salga cada mañana) o es “imposible” porque la ley lo prohíbe? Si fuera lo primero, estaríamos ante otra expresión propia de esa dogmática del mercado que mencioné anteriormente, devotamente cultivada por estas autoridades económicas. Si fuera lo segundo, el Banco Central debería estar activamente promoviendo un cambio de la ley, puesto que sería inaceptable, y muy dañina, una ley que obliga al Banco Central a permanecer de brazos cruzados, mientras el país se ve obligado a pagar caprichos por las tasas de interés de la deuda pública.

– Segunda posibilidad: también esa frase podría leerse como: “consideramos incorrecto e inadmisible que alguien pretenda tal cosa”. Si ése fuese el caso, habría que preguntarse: incorrecto o inadmisible ¿para quién y por qué?

En la página 9, las cosas quedan mucho más claras, cuando nos dicen lo siguiente: “Es importante reiterar que la intervención en el mercado secundario de títulos valores emitidos por el MH no tiene como objetivo bajar las tasas de interés de estos títulos, sino inyectar recursos en situaciones de tensión sistémica de liquidez y, de esa forma, asegurar el normal funcionamiento del mercado y la estabilidad del sistema financiero, acorde con las facultades dadas por su Ley Orgánica”.

Traduzcamos lo que se nos dicen: el Banco Central se desentiende de lo que pase con las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública. Lo que le interesa son dos cosas: “el normal funcionamiento del mercado” y la “estabilidad del sistema financiero”, no la estabilidad financiera del sector público ni los posibles episodios de “tensión sistémica” que éste pudiera enfrentar (que, de hecho, en los últimos años se han vivido varios).

En realidad, ese comportamiento, permisivo, pasivo y desentendido, finalmente cómplice, ha sido, a lo largo de los años, la tónica característica del Banco Central. Incluso cuando, hacia finales de septiembre de 2018, escuchábamos a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, hablando de tasas de interés “obscenas”, ni siquiera entonces el Banco Central movió ni un dedo para aliviar la situación.

A decir verdad, toda esta argumentación resulta omisa y, finalmente, inconsistente. Lo cierto es que ante la posibilidad -no muy probable pero sí posible- de que las finanzas del sector público enfrenten un episodio extremo de “tensión sistémica”, ese “sistema financiero”, por cuyo bienestar y estabilidad el Banco Central se desvela, no podrá mantenerse indemne. La crisis en el sector público inevitablemente se contagiaría al sistema financiero en su conjunto y a los mercados cambiarios ¿Qué haría el Banco Central en tal caso? ¿Se mantendría impasible en su actitud de cómplice pasividad?

La discusión anterior nos permite comprender mejor el hecho de que Villegas y Cubero descarten, sin mayor dilación, la existencia de cualquier posible comportamiento colusivo, especulativo o antisocial sobre la deuda pública: “…en su labor de seguimiento de las actividades en los mercados financieros y de valores, las superintendencias del ramo no han detectado comportamientos inusuales o colusivos de los distintos agentes económicos que actúan en el mercado” (p. 11). Todo lo cual es concordante con el anónimo e impersonal automatismo que estos señores atribuyen al comportamiento de las tasas de interés sobre la deuda pública. Son simplemente “las fuerzas del mercado”, al modo de designios del cielo, inevitables, incontrolables e incomprensibles. No nos dicen que se trate de un mercado de “competencia perfecta”, pero poquísimo les falta para hacerlo, aunque, si lo hicieran, sería preciso recordarles las graves inconsistencias que hacen insostenible esa teoría. En fin, es la dogmática del mercado, una vez más.

De ser las cosas como estos señores dicen, las tasas de interés “obscenas” de que en alguna oportunidad nos hablaba la señora Aguilar, son simplemente el fruto -tan sabio como misterioso- de la magia del mercado. Ninguna voluntad humana ha intervenido en ninguno de las reiteradas ocasiones en que esas tasas de interés han exhibido su “obscenidad”.

Ahora bien, supongamos que fuese cierto que no hay “colusión”, si por tal cosa entendemos alguna forma de acuerdo, más o menos abierto o embozado, más o menos implícito o explícito. Incluso en esa optimista hipótesis, resulta innegable que sí hay comportamientos especulativos, que se dan como resultado de la irracionalidad asociada a un rasgo característico de los mercados: el comportamiento de rebaño. Ello introduce graves deformaciones que, en el caso que nos ocupa, dañan a la sociedad en pleno. Es ello lo que, episódicamente, da lugar a tasas de interés “obscenas”. Es ello lo que, asimismo, presiona para que las tasas se mantengan en niveles socialmente inaceptables. Aducir que ello refleja las percepciones de “riesgo” por parte de los “agentes económicos”, es una racionalización ex post, para embellecer lo que, en el mejor de los casos, sería un rasgo de irracionalidad e ineficiencia, con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

Resulta entonces obligatorio preguntarse: ¿a quién le conviene este cuento fantasioso y alucinado que Cubero y Villegas nos presentan? Pues a los intereses del mundo financiero que así quedan recubiertos por una humareda ideológica, trajeados de tecnicismos eufemísticos, omisos y contradictorios.

¿En serio Cubero y Villegas pretenden que admitimos como natural e inevitable, que las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, leviten muy por encima de lo que sería razonable y admisible, y que aceptemos que todo ello es simplemente el designio -a la vez sabio, virtuoso e inevitable- de las inexorables e impersonales fuerzas del mercado?

Lejos de esta concepción mitificada, lo cierto es que los mercados no solo son a menudo ineficientes e irracionales, sino que, además, son espacios de ejercicio del poder. Como los movimientos de los precios no solo son, con más frecuencia de la que se suele admitir, el fruto de movimientos acumulativos irracionales e ineficientes, sino que, sobre todo, son mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza. Las altas tasas de interés sobre la deuda pública, reflejan ineficiencias e irracionalidades, pero también relaciones de poder, y muy posiblemente son estas relaciones de poder las que subyacen al discurso apologético y la actuación permisiva, de nuestras autoridades económicas. De hecho, asociada a la anómala situación de las tasas de interés sobre la deuda pública, se están produciendo movimientos de redistribución del ingreso y la riqueza.

Costa Rica tiene derecho a preguntarse, si el abordaje que se hace de este grave problema, se preocupa realmente por proteger los derechos de la ciudadanía y el bien común, o si tan solo es un juego ideológico propicio a ciertos estrechos intereses. También es importante cuestionarnos acerca del riesgo que todo esto pone sobre la estabilidad financiera del sector público, y, en un caso extremo, incluso sobre la prestación de los servicios públicos.

4) Acotaciones finales

  1. a) En relación con la “facilidad crediticia” aprobada (₡700.000 millones en su versión inicial, ampliada luego a ₡842.887 millones) los señores Cubero y Villegas aclaran que “…no es para apoyar al sistema financiero: su objetivo es más bien apoyar a las familias y empresas afectadas por la crisis” (subrayado es del original). Cabe sin embargo preguntarse: ¿no debería hacerlo el sistema financiero motu proprio, sin esperar que el Banco Central le dé este “empujoncito”? ¿Por qué no lo hace? Probablemente porque conlleva riesgos. Si tal fuera el caso, estaríamos entonces en presencia de un ejercicio de socialización de esos riesgos: el objetivo podría ser loable y necesario, pero lo cierto es que, en protección de los bancos, es la sociedad la que asume el riesgo.

Dicen además estos señores que, a partir de esos recursos, los bancos deben conceder créditos a empresas y hogares “afectados por la pandemia”, y que deben ofrecer “condiciones favorables” en cuanto a tasas de interés y plazos ¿Qué se está entendiendo aquí por “condiciones favorables”? ¿Se definieron rangos o parámetros que permitan confirmar que las condiciones son realmente “favorables”? En su carta, Villegas y Cubero son omisos sobre ese particular. No vaya ser que, al cabo, resulten más “favorables” para las entidades financieras que para “las empresas y hogares afectados por la pandemia”.

Y en todo caso, sigue en pie el cuestionamiento: ¿por qué en este caso el Banco Central si se anima a desmarcarse un poco de su tradicional ortodoxia, y en cambio no lo hace tratándose de la estabilidad de las finanzas públicas?

  1. b) En el apartado de “Anotaciones sobre algunos indicadores” (p. 12), aparecen señalamientos que es preciso aclarar, en relación con las tasas de crecimiento de los pagos por intereses a que se hace referencia en la carta de don Albino Vargas. Al respecto, indican los señores Villegas y Cubero: “Se desconoce de dónde proviene la tasa de 28% mencionada en su carta”. Para ilustración del público en general, es importante indicar que esas cifras efectivamente existen, y pueden ser corroboradas en esta dirección: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/601d79cb7e6a2_12%20Diciembre%2020%20Definitivo.xls. Sugiero dirigirse a la parte correspondiente a gastos por intereses, el ítem correspondiente específicamente a la deuda interna, en la parte de “variación porcentual” (que en este caso corresponde a la variación de diciembre a diciembre de cada año). Se observará entonces que los pagos por intereses de la deuda interna, crecieron de la siguiente forma: 19,4% en 2017; 23,6% en 2018 y 28,0% en 2019.

Es lamentable que Cubero y Villegas no tengan noción de estos datos, los cuales una vez más ratifican la necesidad de hacer algo en serio, por bajar las tasas de interés sobre la deuda pública interna, no solo mediante una enérgica acción del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda, sino, asimismo, mediante un inteligente proceso de renegociación de la deuda interna, de forma que se acuerden mejoras significativas tanto en las tasas de interés como en los plazos. Sabemos que ello afectará no solo a los bancos públicos y privados, y no solo a gente muy rica que tiene inversiones en bonos de deuda pública, sino también a fondos de pensiones, cooperativas y otros actores de similar naturaleza. Pero también es necesario poner en la balanza la ganancia que, como país, se obtendría al abrir espacio y ganar márgenes de maniobra, para poner en marcha un programa de política económica de signo progresista, que minimice el costo social asociado a la estabilización de las finanzas públicas, a la vez que impulse un proceso de vigorosa recuperación de la economía y creación de empleos, animado por objetivos de justicia social e inclusión.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED, Alajuela, Costa Rica, 10 de marzo de 2021

 

Publicada en el blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Mujeres de Mano de Tigre exponen desde Térraba su posición ante consulta de política pública para pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió de la defensora indígena Elides Rivera Navas, el siguiente documento:

Térraba 8 de marzo de 2021

POSISIONAMIENTO DE LAS MUJERES DE MANO DE TIGRE:

Agradezco la invitación enviada de parte del señor Randall Otárola Madrigal Viceministro de Diálogo Ciudadano a este importante evento.

Esta jornada, es sin duda un paso importante para las poblaciones indígenas de Costa Rica, un día dónde empezara una nueva era de discusiones y análisis para el buen vivir de nuestros pueblos e intentando visibilizar el rostro de la mujer indígena en todas sus dimensiones

Para las mujeres indígenas que en su mayoría habitamos los territorios con escasos servicios públicos que nos garantice salud, economía, educación, presencia en puestos políticos y públicos, donde muchas veces seguimos sufriendo las afectaciones del poder del machismo y nos desvaloriza, seguimos tratando de sobre ponernos a las dificultades que se nos imponen para que no levantemos la voz, esa voz de mujeres que requerimos no sólo ser escuchadas sino ser gestoras de nuestro propio desarrollo.

En esta propuesta por el Estado se hace necesario reconocer a las mujeres indígenas recuperadoras en sus territorios que han tenido que tomar acciones para la defensa del territorio, de su cultura, del derecho a vivir dignamente, el derecho a dar comida a sus hijos con honor y dignidad, sin prejuicios a no ser juzgadas por vivir enfrentando el sistema colonialista opresor.

Anteponiendo sus cuerpos físicos, sus familias su dignidad, porque al participar de estas acciones son señaladas de ladronas, brujas, sinvergüenzas, son perseguidas y señaladas del sistema de dominación racista y xenofóbico de este país.

La organización de Mujeres Mano de Tigre ha venido trabajando hace más de 15 años en mejorar condiciones de vida de las mujeres indígenas de la región sur de Costa Rica a través de capacitación, acompañamiento en sus ideas de cambio, de empoderamiento.

Aunado a la resistencia y resiliencia, que es lo único que se visibiliza ante la situación de inseguridad que se vive en los territorios donde no se ve llegar la justicia que corresponde.

Costa Rica goza de un excelente discurso lleno de palabras bonitas como democracia, paz, derechos humanos, justicia, país sin ejército (Costa Rica PURA VIDA) quisiera saber dónde esta este país para los pueblos indígenas especialmente para las mujeres y la niñez.

El 18 de septiembre del año 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el documento final de la cumbre del Desarrollo Sostenible. Según este documento en uno de los preámbulos dice textualmente: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Promover el bienestar para todos en todas las edades, la igualdad de la mujer y el combate al cambio climático.

Los Gobiernos firmantes se comprometieron a cerrar brechas antes del 2030, los pueblos indígenas están largo de esto al no contar con sus tierras y territorios para garantizar la alimentación de los pueblos, en estas brechas las mujeres indígenas y la niñez es la que más sufre el rezago social.

La impunidad y falta de justicia para estos pueblos es un arma que asecha y atenta cada día contra las defensoras y defensores que reclaman sus derechos. Hasta el día de hoy a dos años del asesinato del hermano Sergio Rojas Ortiz y a un año del asesinato de Jerhy no hay justicia pertinente para sus vidas y sus pueblos. Dos compañeros que contaban con medidas cautelares emanadas por la comisión interamericana de Derechos Humanos la CIDH.

Podríamos seguir señalando acuerdos firmados por los gobiernos a nivel Nacional e Internacional en materia de defensa de los derechos de estos pueblos originarios.

Lo cierto es que falta mucha voluntad política para avanzar y no es con planes políticos que se mejora la situación de estos territorios, demandamos que se analice el fondo del Plan de Recuperación Territorial, esta propuesta no concreta nada en mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y sus defensoras y defensores, este plan está diseñado para crear nudos burocráticos y dejarnos a merced de una Asociación de Desarrollo que en muchos territorios no les interesa la defensa del territorio.

Quiera entender que las políticas públicas son una buena herramienta de equidad e igualdad, pero no podemos perder de vista que mientras las tierras indígenas sigan estando en manos de usurpadores no es cierto que se mejora la situación en los territorios y sus pueblos.

En la política pública se debe garantizar la recuperación o saneamiento de los territorios indígenas, la participación política de mujeres en liderazgos de sus comunidades, organizaciones y que se garantice la plenitud de la mujer indígena en salud, educación, economía, seguridad.

Exigimos un proceso de participación ciudadana en esta construcción que considere nuestros roles multitareas en la sociedad, para organizarnos en nuestras familias y comunidades, y así realmente incorporar nuestras visiones de defensa de nuestros derechos, las de nuestras familias, de nuestra gente y nuestros recursos.

UCR, Voz experta: ¿Innovación sin inclusión?: una crítica a la creación de la Promotora Costarricense de Innovación desde un enfoque de cohesión social

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Ronny J. Viales Hurtado, Ronald Sáenz Leandro y Marco Garita Mondragón del Programa Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)

La Ciencia es una actividad social. Por esa razón, para comprender las demandas sociales de investigación científica y de producción de conocimiento, es necesario que haya una interacción entre todos los campos que lo producen: las Ciencias, las Humanidades, las Ingenierías y las Ciencias Sociales, lo que ayudará a una mejor aproximación al problema del desarrollo científico y tecnológico y coadyuvará en su gestión, al favorecer el diálogo entre Ciencia y Sociedad. Deberíamos tener la claridad para internalizar que los científicos y las científicas deben ser reconocidos como expertos, cuyo criterio puede orientar y generar pensamiento crítico sobre la gobernanza de la Ciencia, con la finalidad de construir políticas científicas, tecnológicas y de innovación en cuya formulación también deben participar los diversos sectores de la sociedad costarricense, sin perder de vista el contexto mundial.

Lo anterior, tal y como se ha planteado en otras latitudes, puede generar un novedoso contrato entre la Ciencia, los científicos y las científicas, las universidades, las industrias, las empresas, los gobiernos y, por otra parte, la Sociedad, los grupos de presión y el público, los ciudadanos y las ciudadanas. El obstáculo de fondo para lograr esta interacción tiene que ver con el hecho de que la Ciencia también es poder. En nuestro país, generalmente se ha perdido de vista el hecho de que el reformismo neoliberal impulsado después de la Crisis de 1980 había sido lento, en comparación con otras naciones latinoamericanas, sin embargo, este ha sido de amplio espectro, por lo que en su agenda también se ha incluido la transformación de la Ciencia.

En Costa Rica, un proceso de “endogenización tecnológica” permitió orientar esfuerzos tanto en las políticas de Estado de mediano y largo plazo, como en la articulación con sectores estratégicos vinculados a la producción, en busca de condiciones más favorables para la implantación de iniciativas de inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D+i). Es decir, esta agenda se encuentra presente al menos desde la reformulación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), a inicios de la década de 1990. En 2006 se creó la primera “Comisión Especial”, en la Asamblea Legislativa, para tratar el tema del desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero dependiente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y, si bien realizó un esfuerzo por convocar a algunos actores estratégicos del país, no convocó a la ciudadanía en general y priorizó la inclusión de actores científicos y empresariales. De ahí la visión “desde arriba” que se manejó sobre esta problemática en dicho órgano político.

Esta es una problemática harto tratada por el campo de los estudios sociales de la ciencia: es a partir de políticas sustentadas en la retórica de la innovación que se genera la formulación de políticas públicas, con importantes déficits democráticos, mientras que el proceso de diálogo entre los hacedores de políticas y la sociedad civil permanece poco claro. En este esquema, la preocupación por formular políticas de ciencia, tecnología e innovación que busquen paliar la profundización de las brechas sociales y la apropiación ciudadana de la innovación tecnológica, está obviamente fuera del plano central de la inminente creación de la Promotora Costarricense de Innovación, tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley con el que se sustituirá al CONICIT, perdiendo la oportunidad de democratizar y transformar la histórica relación ciencia-sociedad.

El contexto internacional, donde algunos organismos financieros y think tanks vinculados con la Ciencia y sobre todo con la Economía de la Innovación, ha ido marcando una tendencia que favorece el modelo lineal de innovación, que privilegia un elemento retórico y lineal, según el cual los procesos de innovación se sustentan en la investigación básica, que pasan luego a la investigación aplicada y al desarrollo experimental y finalmente se transforman en innovaciones que llegan al Mercado, como han planteado Pablo Kreimer y Juan Zabala.

A esto le agregan otro elemento retórico: las políticas científicas neoliberales en América Latina señalan la producción de conocimiento como insumo para la resolución de problemas sociales. Pero en ningún momento dejan claro ¿cuándo le preguntaron a la sociedad cuáles son sus problemas sociales? Esto debido a que en el reformismo neoliberal el mercado se constituye en el elemento que supuestamente cohesiona a la sociedad. Pero el modelo lineal de innovación se planteó en 1945 y existen muchas visiones críticas sobre este, así como visiones alternativas; y está claro que el mercado es una institución que tiene grandes limitaciones para resolver “problemas sociales” que, en buena parte, ha contribuido a crear.

No debemos perder de vista que el conocimiento no es creado en forma aislada, que el mercado no es el único ente que puede plantear demandas de conocimiento y que las empresas innovan en tanto se vinculan con competidores, proveedores, clientes y con una diversidad de instituciones, como ha dejado claro Eduardo Mallo. Es más, en los países latinoamericanos también innovan otros actores institucionales, fundamentalmente las universidades públicas. Tomemos como referencia todos los esfuerzos interinstitucionales (con un importante financiamiento público) que se han tomado para desarrollar tratamientos y vacunas contra el virus SARS-Cov-2, impulsando la investigación y la innovación de la biomedicina, como han argumentado Bhaven N. Sampat y Kenneth C. Shadlen en un reciente artículo.

Por esta razón, es importante tomar en cuenta que la Innovación es un proceso que vincula la Investigación y el Desarrollo (I+D+i), que debe transmitirse por medio de la educación y que estos pilares se deben potenciar por medio de políticas de Ciencia y Tecnología, según indica José Luis Mateo y que, agregaremos nosotros, estas políticas deben orientarse a generar inclusión social, así como cohesión social. Por lo tanto, la innovación es un proceso social, en el que deben intervenir actores y actoras diversos y no solamente las empresas que, en la historia de nuestro país, contrario a la experiencia estadounidense, no han invertido de manera fuerte en I+D+i.

Desde que se publicaron las primeras estadísticas sobre Ciencia y Tecnología en Costa Rica, en la década de 1970, se ha destacado el papel de liderazgo que han asumido las universidades públicas y las unidades de investigación del sector público en la inversión en I+D+i. En contraste, la iniciativa privada más bien ha sido baja: la inversión privada representó solo el 21,4 por ciento de la inversión nacional costarricense en I+D durante 2011, de acuerdo a datos del Estado de la Nación. Si las empresas se encargan de fomentar la innovación, con fondos públicos, reforzaríamos la línea de la corporativización de la ciencia en Costa Rica, como lo han estudiado Randall Blanco y Viviana Guerrero (ver la reciente publicación del libro: ¿Son públicas las políticas públicas? Las redes de poder en Costa Rica en la ciencia y la tecnología), entre otras personas investigadoras que han contribuido a estudiar la “otra cara” del discurso de innovación en el país.

Con base en un análisis pormenorizado del texto del proyecto, el Dr. José María Gutiérrez apuntó en este mismo foro de Voz Experta el carácter problemático de su posible ratificación en segundo debate, en el tanto la creación de la Promotora deja desatendidos una serie de debates en torno al régimen de representación pretendido y a la asunción acrítica del modelo lineal de innovación. Consideramos que la propuesta legislativa, ya aprobada, ignora abiertamente toda una tradición crítica formulada en América Latina desde los estudios CTS, que se puede rastrear desde la década de 1960, que evidencia en varias latitudes la repetición de esquemas moldeados por una visión tecnocrática que necesita una mayor discusión sobre temáticas como la participación de actores sociales y estratégicos; la gobernabilidad y la calidad de vida requerida, a partir de un enfoque que se tome en serio el acceso a las oportunidades, a los recursos y el impacto social de la investigación científica. Paradójicamente se está transformando la institucionalidad sobre ciencia y tecnología, desatendiendo las propias problemáticas que la ciencia ha señalado sobre el tema.

Es necesario promover nuevos espacios para la democratización de la innovación en la sociedad civil, no solo en Costa Rica, sino en toda la región centroamericana, la cual sigue presentando «déficits de implementación» de políticas científicas, cortoplacismo e inestabilidad de líneas de acuerdo con cambios de gobierno, entre otros problemas. Esos espacios deben de estar compuestos por actores diversos, que no se limiten únicamente a los actores académicos y empresariales.

Por lo anterior, la verificación de la implementación de las políticas científicas de cohesión e inclusión social debe avanzar a un siguiente nivel, que dé cuenta de los mecanismos de participación ejecutados en la materia, al tiempo que potencie la construcción de una cultura política de retroalimentación entre los diferentes sectores que componen la sociedad, más allá del predominio empresarial. Es ahí donde las universidades públicas del país deben avanzar como actoras fundamentales de la innovación, pero también de la I+D con su visión de poder contribuir con la cohesión social, que se ha venido debilitando en el contexto del reformismo neoliberal, donde la desigualdad creciente y la pobreza se están tratando de naturalizar, y donde el mercado se está convirtiendo en el principal regulador de la ciencia y la tecnología.

 

Ronny J. Viales Hurtado, Ronald Sáenz Leandro y Marco Garita Mondragón
Investigadores del Programa Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC)

PROYECTO RUTA 32: pasos de fauna

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS ha compartido en varias ocasiones las cartas enviadas a instancias de gobierno por parte de la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, Ma. Elena Fournier S, quien se ha referido al proyecto de ampliación de la Ruta 32 y por ende a la debida construcción de los pasos para la fauna tanto subterráneos como aéreos.

A inicios del presente mes, Ma. Elena Fournier recibió respuesta de parte de CONAVI referente al tema, la cual está en el documento adjunto para su lectura:

202-UE-DRA-RN32-010-2021-0202-563Descarga

Como parte de la respuesta de Fournier a dicha carta en un correo compartido con SURCOS, se puede leer como parte de su inquietud: “… Respecto a la mala educación vial de muchos y muchas conductoras, es por ello que hemos venido insistiendo en forma reiterada, que por favor se coloquen cámaras de control de velocidad, es una forma de educar a las y los ciudadanos, cuando les afecta directamente el bolsillo, tenemos que probar todos los medios para disminuir drásticamente la velocidad en nuestras carreteras y una medida es esta, que ya pasó la Sala IV y tenemos entendido por el COSEVI ya se pueden poner colocar a lo largo y ancho de Costa Rica…”

Para leer más sobre este tema en SURCOS, ingrese aquí.

Los neofascistas siguen en guerra sucia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Óscar Ávila

Seguir creyendo que, por haber estudiado filosofía marxista, dar discursos a favor de la distribución equitativa de los bienes y servicios públicos, es suficiente para que el pueblo lo o la elija en cargos de funciones del Estado, está un poco alejado de la realidad actual.

Ahora, hay corrientes conservadoras que saben hablar muy bien en favor de los intereses comunes incluso, manejan algunas categorías del marxismo, cuando están en campaña política. Sus retóricas son bastante similares a un improvisado izquierdista, al grado de, atraer la atención del pueblo trabajador.

Hay tales engaños al grado que ahora, ingenuos militantes de grupos de izquierda, presentan a personas infiltradas de las filas conservadoras, como grandes cuadros políticos con un pedigrí maravilloso, lo cual la militancia común cree a ciegas, sin comprobar la verdad de lo expuesto.

A dónde está la diferencia entre estos discursantes con admirable retórica, es en los hechos de su pasado personal.

Las experiencias de expresidentes como Lula Da Silva y Rafael Correa han sido insuficiente para que las sociedades de trabajadores aprendan a elegir a sus líderes. Seguimos creyendo en recomendaciones erradas cuyas consecuencias son de gravedad política.

Sabemos de personalidades que se cristalizaron en directivas de grupos progresistas, sin que nadie se haya atrevido a cuestionar su pasado, confirmando su verdadera identidad.

Estamos tan ansiosos de crecer numéricamente, que encontramos una mezcla sorprendente de gente adentro de las filas militantes de lo que solemos denominar de «la izquierda». Tampoco se practican procesos de formación político ideológicos, que orienten un real compromiso con las mayorías de trabajadores.

Las consecuencias de esto vienen cuando se distribuyen los cargos y responsabilidades institucionales, si se ganan cuotas de poder dentro del servicio público. Dos años después se verifica los perfiles de esos personajes, quienes poco o nada se distinguen de los corruptos, cínicos y delincuentes que estuvieron en el poder el cual se derrotó y destituyó por esos mismos defectos. Sin embargo, es tarde para corregir.

Recientemente escuché a un gran líder de un país centroamericano, ungir con «la rama de laurel», a un personaje que no se le ve ese compromiso con el pueblo trabajador, excepto gozar de fáciles y cómodas condiciones y buenos ingresos. No sorprendería que de ganar esa instancia partidaria las próximas elecciones, esos beneficios personales se triplicaran, no así sus aportes y compromisos objetivos con la masa obrera ni campesina.

El atrevimiento de algunos líderes nacionales llega a definir «a dedo» quién representa a la clase obrera, la clase campesina y, hasta a los pueblos originarios.

Nuestra cultura política ha sido predominantemente liberal. No dejamos de ser eso: liberales culturalmente. No importan lo incendiarios que sean los discursos antimperialistas. En el fondo, queremos la vida fácil, libre de trabas y controles del Estado y menos del pueblo. Al llegar a tener poder, no importa si poco o bastante, creemos merecer obtener los mayores beneficios personales, pues para eso luchamos realmente, para eso tragamos gases y nos toletearon. Además, nos adjudicamos el sacrificio de nuestros mártires, aunque cuando estuvieron luchando en vida, no fuéramos muy solidarios con esos mártires.

Esta reflexión va después de ver lo ocurrido en El Salvador, ver lo que acontece en Bolivia y Ecuador ahora mismo. Y así seguirá en todo el continente.

Pareciera que es necesario ser más exigentes, autocríticos y saber con qué criterios seleccionar nuestros líderes y lideresas.

Inmediatamente nos relajamos un poco, la ultraderecha trata de introducir sus «minas», sus intrigas y venenos adentro del sistema, que pensamos es de nuestro entero control. Los neofascistas no descansan, tienen muchos recursos técnicos y económicos. Además, no tienen ningún escrúpulo en hacer cualquier daño. Compran a cualquier precio la dignidad de personas de su interés. El que su principal líder visible, Donald Trump, haya perdido las elecciones políticas en su propio hogar, no significa que estén derrotados internamente.

Sabemos que la ultraderecha no está derrotada internacionalmente. Se reacomodan y aprovechan cualquier coyuntura para avanzar. Están en el Grupo de Lima, como en el Pentágono, en las iglesias como en cualquier partido político que se deja penetrar.

En esta guerra no hay respiro, se gana o se pierde. Si se pierde, los costos son trascendentes, si se gana, se salvan vidas.

Necesidad de la elección separada de diputados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Tuvimos en Costa Rica la primera elección de diputado cuando se escogió al Dr. Florencio del Castillo como Diputado a las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando aún éramos colonia española. Después, los días inmediatos a la proclamación de la Independencia, de Guatemala y de Costa Rica, cuando se eligieron los miembros de la la Junta de Legados de los Pueblos, que se instaló el 12 de noviembre de 1821, que terminó sus funciones el 1 de diciembre de 1821, cuando se aprobó el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, reconocida como la Primera Constitución costarricense. La de Cádiz fue la Constitución Española, cuando todavía pertenecíamos al Reino español.

El Historiador Rafael Obregón Loría señala a la Junta de Legados como el I Congreso y la I Asamblea Constituyente del país, desde donde él hace iniciar la historia legislativa de Costa Rica.

La Junta de Legados estuvo integrada por representantes de 22 pueblos, entre propietarios y suplentes.

El II Congreso y Segunda Asamblea Constituyente, que revisó el “Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, desde el 6 hasta el 12 de enero de 1822 se integró con representantes de 8 pueblos.

El III Congreso y Tercera Asamblea Constituyente que trabajó del 3 de marzo hasta el 10 de octubre de 1823, se instaló con representantes de 11 pueblos o comunidades, cuando todavía no nos habíamos integrado a las Provincias Unidas de Centro de América.

Pero, ya integrados, el Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centro de América, decretó, el 5 de mayo de 1824, que se establecieran los Congresos de cada una de las Provincias que formaban parte de esta Unión, para que a su vez establecieran la Constitución particular de cada Estado miembro de esta Unión, ordenándose nombrar Jefe de Estado, con un Vice Jefe de Estado, y a los diputados respectivos, para los que se exigía ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y tener 25 años. También hubo un Congreso Federal Centroamericano.

El IV Congreso o la Cuarta Asamblea Constituyente, ya en el período del Estado de Costa Rica, se instaló el 6 de setiembre de 1824, con 12 diputados propietarios y 4 suplentes.

El 23 de setiembre de 1824 por Decreto se ratificó la Independencia Absoluta del Estado de Costa Rica y se dispuso la organización del Gobierno. El Vice Jefe de Estado presidía al Congreso, probablemente siguiendo la tradición de la República Federal de Centroamérica y del Congreso estadounidense. Desde el 11 de abril de 1832 se tuvo reglamento legislativo. Así se inició, en resumen nuestra vida legislativa y parlamentaria.

El Congreso hasta 1838 se hizo representar por diputados de 7 pueblos. Aun cuando ya se había establecido una división territorial de Departamentos, en 1835, la representación se hizo por pueblos, hasta que en 1844 se empezó a reconocer la región de Guanacaste, ya era Departamento, con su representante, año en que también funcionó un Senado. En procesos electorales para el nombramiento de los diputados podían cambiar los miembros de algunos pueblos por otros pueblos.

El 31 de agosto de 1848 fue declarada la República de Costa Rica, por el Dr. José María Castro Madriz, y la instalación del Congreso de 1848-1849 se hizo con representantes de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y Guanacaste, cuando ese mismo año se estableció la división administrativa nacional por Provincias, que en ese momento eran esas cinco. Puntarenas y Limón eran Comarcas.

En la Constitución Política de 1848 se estableció que los diputados durarían en sus cargos seis años, debiendo renovarse por mitades el Congreso cada tres años.

Con la República apareció la figura del Presidente y de los Designados a la Presidencia, que sustituyeron al Vice Jefe de Estado.

En la instalación del Congreso de 1858 se eligieron representantes de Moracia, como se le había cambiado de nombre a Guanacaste. En el Congreso instalado el 16 de octubre de 1859, ya destituido Juan Rafael Mora Porras, se eligieron representantes de Puntarenas y todavía de Moracia. Después de su fusilamiento se le volvió a denominar Guanacaste.

La Constitución de 1859 volvió a restablecer el Senado. Los diputados entre propietarios y suplentes, con una población de 100.000 habitantes en términos generales, eran 21 y 12 senadores.

En la Constitución Política de 1859 se estableció que el Congreso se instalaría cada año el Primero de Mayo, como se hace actualmente. Para la elección de la Asamblea Constituyente de 1870 se dispuso la elección en dos grados. Las elecciones usualmente en esa época se hacían en varios días, y con padrón electoral de los facultados para ejercer el voto, que debía tenerse listo al menos 6 días antes de las elecciones.

Para la elección de diputados de 1882 se hizo representar a Limón, que todavía no era Provincia.

Desde finales del siglo XIX el Congreso y sus diputados iban en armonía temporal con el período presidencial, de cuatro años, renovándose la mitad de los diputados cada dos años.

Era usual también que diputados a la vez se lanzaran a candidatos a la Presidencia. Así lo hicieron Ricardo Jiménez Oreamuno, Alfredo González Flores que fue sacado de la diputación para ser declarado Presidente, siendo nombrado para ello Designado a la Presidencia, y llamado a ejercer la Presidencia. Otros diputados que llegaron a ejercer la Presidencia fueron Francisco Aguilar Barquero, Santos León Herrera, León Cortés Castro, Otilio Ulate Blanco, que fue diputado en la Asamblea Constituyente de 1917 y en el Congreso de 1930. Rafael Ángel Calderón Guardia forjó su candidatura presidencial cuando fue diputado, 1934-1939, siendo electo diputado para el Congreso de 1940, Teodoro Picado Michalski, Francisco José Orlich Bolmarcich, Virgilio Calvo Brenes, Manuel Mora Valverde, Luis Alberto Monge Álvarez, empezó su carrera parlamentaria cuando fue electo en la Asamblea Constituyente de 1949

Algunos Presidentes, antes de 1948, fueron nombrados diputados después de que ejercieron la Presidencia de la República, como Carlos Durán Cartín y Cleto González Víquez. Después de 1948 no se prohíbe esta elección pero no se acostumbra.

Ricardo Jiménez Oreamuno fue electo diputado en 1922 y en 1924 por la Provincia de San José y por la de Cartago, siendo candidato a diputado en ambas provincias a la vez, año en que fue electo Presidente. Repitió como candidato a diputado en ambas provincias al mismo tiempo en 1930, por San José y Cartago, siendo electo por Cartago. También Marcial Fallas Díaz fue candidato a diputado en la elección de medio período de 1930 en la Provincia de San José, al mismo tiempo por dos partidos, el Republicano constitucional y el Unión Provincial. En esta misma campaña electoral Otilio Ulate Blanco fue candidato a la vez de dos partidos políticos, el Alianza de Obreros y Campesinos, en San José y por otro en Alajuela, siendo electo por Alajuela. En San José, ya candidato tuvo mucha oposición a su candidatura por grupos obreros organizados.

Hasta 1948 el Congreso se renovaba cada dos años por mitades. Con la Constitución de 1949 se estableció un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata para los diputados, como sí se permite la reelección de Alcaldes y de Regidores y Síndicos. La reelección continua con renovación por mitades permitía un mejor funcionamiento del Congreso porque la mitad de los diputados que permanecía permitía su mejor funcionamiento, mientras los nuevos diputados se iban entrenando en el trabajo legislativo y el conocimiento del reglamento parlamentario. Actualmente se estima que cada nuevo Congreso duran sus diputados hasta 10 meses para manejar bien el reglamento legislativo, y todos los diputados, a los efectos prácticos, resultan neófitos diputados, lo que se evidencia mucho en la actual Asamblea Legislativa.

Desde 1953 se eligen los diputados simultáneamente con la elección presidencial. Hasta el 2010 se elegían también en el mismo acto los Regidores y Síndicos. Ya los Alcaldes se habían separado de esa elección, y hoy tienen todos ellos su propio proceso electoral dos años después de las elecciones nacionales de Presidente y de Diputados.

Hasta el año 2002, desde 1953, nunca había habido, una segunda vuelta electoral porque en la primera convocatoria para emisión del voto, la del primer domingo de febrero, del año electoral, siempre se había obtenido un ganador con votación superior al 40% de los votos válidamente emitidos. Pero, en las elecciones del 2002, 2014 y 2018 hubo que ir a la segunda vuelta, el primer domingo de abril del mismo año electoral a repetir la elección con los dos candidatos, que en la primera votación habían obtenido el mayor porcentaje electoral o número de votos, dejando en la primera vuelta electos los diputados que acompañarían al Presidente, electo en la segunda vuelta.

En las elecciones de segunda vuelta del 2014 y 2018 resultó que el partido ganador, Acción Ciudadana, solo eligió 14 y 10 diputados respectivamente, de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que evidencia una situación anómala en el funcionamiento legislativo, institucional y gubernamental. La fuerza real de votos que tienen los últimos dos gobiernos es la que sacaron en la primera votación, cuando se eligieron sus diputados, y no los votos de la segunda vuelta, cuando todo el pueblo electoral, a la fuerza, tiene que escoger entre las dos alternativas, aún cuando ninguna les guste. Son gobiernos en este sentido débiles, más allá de si los otros partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, les prestan sus diputados, con sus votos, para la aprobación de sus Proyectos de Ley, lo que les aparenta cierta fortaleza, como ha sucedido con el actual gobierno.

En este sentido, en el proceso electoral, debemos avanzar con decisión y con visión de futuro, y con valor, en las siguientes reformas de elección de diputados:

1.- en la reelección consecutiva de los diputados, como se hacía antes de 1948. En ese período había Escuela y Universidad legislativa en la formación de los diputados. Los que se reelegían eran los destacados, así se puede ver de la lista de diputados que integraron el Congreso, lo que se demuestra también cuando varios partidos, al menos dos, proponían un mismo candidato, por una misma provincia o por distintas provincias, o cuando un Presidente, dejando la Presidencia iba al Congreso.

2.- la reelección consecutiva, podría hacerse, incluso, con elección de mitad de diputados a medio período, ligando esta elección a la de Alcaldes, Regidores y Síndicos, lo que le daría más fortaleza y entusiasmo político a esta elección.

3.- mantener la doble candidatura de Presidente y de Diputado a la vez, en que un candidato a Presidente sea a la vez a diputado, lo que se establecido desde el 2002. Así se hacia en el período anterior a 1948. Ricardo Jiménez y Rafael Ángel Calderón Guardia lo fueron. Hoy se permite que un Diputado en ejercicio pueda ser candidato y hasta Presidente, como Abel Pacheco, o candidatos que siendo diputados lo han sido, y hay varios, como ahora los hay en la Asamblea Legislativa calentando motores en esa dirección.

4.- valorar un mecanismo para que los candidatos a la Presidencia, que no son electos diputados, pero que sacan un porcentaje de votos, o un número de votos determinado, puedan ser electos diputados, lo que llevaría al Congreso a algunos diputados de alta calidad política y dirigentes políticos que se consideran altos, grandes o importantes líderes de sus partidos y de reconocimiento nacional por los votos obtenidos.

5.- y mi propuesta, la que considero más urgente, y quizá la más importante y relevante, es que se separe la elección de Presidente y la de Diputados, como ya se separó la de Regidores y Síndicos.

La elección de Presidente debe dejarse para el primer domingo de febrero como está establecido en la Constitución Política, y si hubiera segunda ronda, se hace igual, el primer domingo de abril, como también está establecido en la Constitución Política. Y la elección de Diputados se deja para el primer domingo de abril, cuando debe celebrarse la segunda ronda electoral, fecha que ya está establecida, y se ha experimentado y practicado.

Este cambio en la elección de Presidente y Diputados permitiría escoger mejor al Presidente y a los Diputados. Al Presidente porque toda la atención se concentraría en eso, en escoger la mejor opción de la oferta presidencial. Se pondría más y mejor atención a los candidatos y sus partidos, a sus ofertas programáticas de gobierno y electorales.

Permitiría, igualmente, que por realizada la primera ronda, y definidas las fuerzas electorales por el caudal de votos de cada candidato, en la segunda ronda, solo para elegir diputados, el pueblo electoral, enfoque mejor su decisión frente a quien ha ganado electoralmente la primera votación, para darle más poder legislativo o para ejercerle más control parlamentario, por la elección de diputados que se realice, lo que estaría muy ligado al resultado de la primera votación y escogencia.

El país necesita más estabilidad política en su funcionamiento parlamentario y ejecutivo, mejor relación, más fortaleza institucional para tomar decisiones políticas y parlamentarias, y este cambio podría ser el determinante en este sentido.

Mientras no avancemos hacia un régimen parlamentario, menos presidencialista o semi parlamentario, podemos continuar en un zigzag político sumamente peligroso de no realizarse reformas como éstas, especialmente la de separar la elección de diputados.

Estableciendo esta reforma es más seguro que en la primera ronda electoral se saque el 40% por parte de alguno de los candidatos, y se elija Presidente ese primer domingo de febrero. Si no se eligiera se pasa a la segunda ronda, como está establecido, pero probablemente con mayor caudal real electoral, para influir en la elección de la segunda en la escogencia del Presidente y los diputados. Pero, a toda verdad la gente valoraría mejor si le da más diputados al candidato que ha ganado la primera ronda o al que encabeza la segunda, si así fuera del caso.

Esta elección separada de Presidente y de Diputados reducirá sin lugar a dudas el abstencionismo electoral, por el énfasis que en la realidad obtienen y tienen ambas elecciones por separado, ligando la de diputados al resultado de la elección presidencial.

Para esta elección que esta encima, la del 2022, ya es prácticamente imposible hacer este cambio, en parte porque requiere una reforma constitucional, la que habría que consultarla al Tribunal Supremo de Elecciones, que nunca ha tenido iniciativas de esta naturaleza, de impulsar por sí mismo reformas electorales de este tipo, que tiendan a mejorar el sistema y funcionamiento democrático electoral nacional, de manera real y efectiva. En parte, también, porque requiere un gran acuerdo político, al menos de los partidos, que parlamentarios o no, estén de acuerdo en este sentido, así como del apoyo de los diversos analistas y gestores de opinión pública.

Pero, si no lo hacemos para el 2022, avancemos hacia el 2026, si no se ha hundido el barco nacional antes, o si no le permiten salir de puerto porque no le desaten sus amarres del muelle de la inoperancia política, como se ha venido haciendo en el país de muy distintas maneras. Todavía tenemos tiempo, pero no mucho, si queremos sacar adelante al país por buenos caminos, con seguridad, pensando en el mayor bienestar y felicidad del pueblo costarricense.