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Autor: María José Ferlini Cartín

Viendo el Show Legislativo UPAD / I Parte

Jiddu Rojas Jiménez

Tengo grandes diferencias con el rumbo económico Neoliberal del actual Gobierno CAQ, sin duda, pero creo que hay prioridades no electorales acá, y que tienen que ver no con los 5 minutos de fama de cada Diputado o Diputada, ni con el descrédito sostenido de la figura Presidencial… Eso no es saludable para nuestra República.

En fin… Viendo a Dolanescu con sus infantiles Teorías de la Conspiración, realmente me da pena ajena el nivel de pobreza política de la Asamblea Legislativa y hasta del Ejecutivo.

(No porque no existan medios antidemocráticos de control social, sino porque no se discuten en serio frente al Totalitarismo invisible del Mercado, y ni siquiera les pasa por la cabeza a nuestros Representantes).

Nota política: Cómo es posible que haya sindicalistas y gremios que dialoguen o desfilen con esa especie de Trumpista local.

Lamentable como siempre, el Diputado Prendas y la mayoría de las intervenciones.

A otra Diputada Neocon, – cuyo nombre desconozco y será olvidado para siempre en un par de años-, le preocupan los «Chiquillos» (sic), los mentados Asesores, tres muchachos con computadoras personales dice Pedro Muñoz (sic), el Diputado defensor de las Garroteras…

Don Pedro acaba de reinventar una nueva categoría jurídica, el «Juicio Político», yes man… (Él se siente en el Senado Norteamericano; pero no Diputado, no vea tanto CNN o será más bien Fox News).

La telenovela sigue… Los allanamientos en la Casa Presidencial no fueron suficientes. Las renuncias de ministros tampoco, ni siquiera el decomiso de los dos celulares del Presidente.

Se ponen políticamente correctos en la Asamblea, ahora con la intervención casi electoral de la Diputada Corrales Chacón del PLN, Fisioterapeuta de profesión…

Doña Carolina (PAC oficial) y Don Pedro (PUSC por derecha socio del «Gobierno de Unidad Nacional”) … mientras se sacan la lengua fuera de micrófono, «no dije o no dije su nombre», o sino ¿cuál es o no el objetivo o no de esta comparecencia Presidencial? (No hay ni en esto un acuerdo mínimo).

Pedro Muñoz, abogado, se luce de nuevo, con sus nuevos aportes al Derecho Constitucional y confunde y deriva «control político» con «juicio político» (Mucha CNN).

Por cierto, la pregunta importante acá es a dónde está almacenada esa información obtenida a partir del procesamiento de datos, y quién la accesa.

Se pierde así, sin embargo, una gran oportunidad cívica de una crítica de fondo a la defensa de la intimidad de los datos personales. Y de cómo utilizar o no estas herramientas estadísticas invaluables. Esto debió ser el verdadero tema de la comparecencia presidencial.

Mientras el Presidente pide permiso para ir al baño… Sólo 5 minutos, literal. (Cuidado se escapa).

Por favor… Todos mejor a almorzar en el Kinder.

Antes ya, la Presidencia había señalado, – muy tímidamente-, que es inconstitucional esta comparecencia frente al Poder Ejecutivo.

Y el Presidente aclara en público, que ninguno de los 5 millones de costarricenses han sido espiados. Veremos.

Google, Microsoft, Facebook, WhatsApp, Cambridge Analytica, el Brexit, etc., son meros detalles… Inventos «conspiranoicos» supongo yo.

Qué desperdicio de tiempo y recursos y que fragilidad la de nuestras instituciones democráticas. Lamentable.

Persisto en el error sin embargo, de escuchar este circo.

Acontecimiento obrero-histórico para la ANEP: choferes de autobús reciben capacitación sindical

El día miércoles 10 de febrero se presentó un acontecimiento muy importante para la ANEP, ya que se presentaron con licencia sindical y goce de salario, 5 trabajadores del servicio de transporte, específicamente choferes de autobús y 1 chequeador de la misma línea autobusera Tapachula para conformar la primera Junta Directiva de la seccional ANEP-TAPACHULA, lo que se considera un acontecimiento histórico.

Albino Vargas, quien es el secretario general de la ANEP, manifiesta un gran reconocimiento a la empresa TAPACHULA, que ha hecho un gran esfuerzo para respetar la libertad sindical y los convenios internacionales en materia de libertad sindical que Costa Rica tiene suscritos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, destaca la importancia de que esta empresa ha empezado a respetar los derechos humanos del personal colaborador, algo que deberían según Vargas deberían imitar otras empresas autobuseras.

María Laura Sánchez Rojas, quien es la coordinadora de la unidad de capacitación y formación político-sindical de la ANEP, es la encargada de brindar la capacitación sindical a estas 6 personas. Ligia Solís Solís, directiva Nacional de la ANEP es la encargada de cumplir funciones de asesora sindical de esta seccional de choferes de autobús. En el video se remarca la importancia que tiene este acontecimiento en la historia de la ANEP y en general para el movimiento sindical costarricense.

Adjuntamos el video completo:

 

Compartido con SURCOS por Albino Vargas.

La Unidad Social Cristiana ni es Unidad, ni es Social, ni tiene nada de cristiano

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana realizó un suicidio con ese Partido. La realidad, que es muy terca, evidencia que la Unidad Social Cristiana no ha llegado a tener más de 10 diputados desde el 2006 hasta las elecciones del 2018. No han hecho nada sorprendente, como Partido, ni su fracción parlamentaria actual, para pensar que en las próximas elecciones se vayan a constituir en la principal fuerza electoral del país, e imponerse sobre las otras fracciones y partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa.

Tampoco ninguno de sus diputados se vislumbra como un gran candidato, atrayente para “masas” electorales, que al menos signifiquen un 20% del electorado o de simpatía pública, que haya surgido de esas lides parlamentarias. Al contrario, han mantenido posiciones muy conservadoras, y uno de sus principales diputados, y también aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, por todo lado pregona la necesidad de impulsar a la Unidad Social Cristiana en las próximas elecciones como una fuerza política de derecha.

La realidad política demuestra que en las últimas dos elecciones a la Unidad Social Cristiana la salvó la candidatura del Dr. Rodolfo Piza Rocafort. Los hechos nos recuerdan cómo en vísperas del cierre de inscripción de candidaturas, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en la elección del 2014, quien era el candidato de ese partido se retiró en el último instante, casi a punto de dejar por fuera su participación, la del Partido, la que la salvó Rodolfo Piza que era candidato a la Vicepresidencia, quien asumió la responsabilidad de la campaña, con decoro, y buen suceso para las circunstancias. Ese retiro pareció una jugada perversa para dejar a la Unidad Social Cristiana sin participación alguna, haciéndole el juego a quien sabe cuál fuerza electoral de ese momento.

En la campaña electoral del 2018 de nuevo jugó Rodolfo Piza como candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana mejorando su resultado, en comparación con la elección del 2014, y surgiendo en ese momento como un gran líder dentro de esa organización, y ya con mejor proyección nacional, con posibilidades de una tercera candidatura, en el 2022, a la que tácitamente ha renunciado.

En la Historia de los partidos políticos de Costa Rica, y vale prácticamente para todos los partidos principales, desde la izquierda hasta la derecha, en todas sus formas y matices, los altos dirigentes de esos partidos, eran personas que ejercían un nivel de liderazgo, casi incuestionable, que gozaban de confianza y de lealtad partidaria, y nacional, con capacidad de hablar, de tomar decisiones a nombre de sus partidos, y de llegar a acuerdos políticos por su condición de altos dirigentes partidarios, cuyas direcciones colectivas, en los partidos, generalmente avalaban y concertaban. No se veían disidencias sobre lo acordado por estos altos dirigentes.

En los partidos en que existían Comités Políticos, Direcciones Políticas colectivas, hechas las discusiones de rigor, sus puntos de vista eran expresados por esos dirigentes políticos, que generalmente eran los Secretarios Generales de los Partidos y en ocasiones sus presidentes.

La estructura organizativa de esos partidos hacía que hubiera otros líderes importantes, igualmente relevantes, reconocidos, de trayectoria histórica en sus partidos, con influencia pública, y con credibilidad.

La situación política surgida en la primera ronda electoral de las elecciones del 2018, que sorprendió a todo mundo, a todas las fuerzas electorales, que desplazó del escenario de posibilidad de gobierno a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana, impuso las alianzas fácticas naturales que se produjeron hacia la segunda ronda.

No olvidemos lo sucedido. Liberación Nacional salió corriendo a darle apoyo a Fabricio Alvarado, con su equipo económico y sus principales economistas. La mayor cantidad de dirigentes reconocidos de la Unidad Social Cristiana hicieron lo mismo. De piernas abiertas se fueron a apoyar a Fabricio y a sus hermanos pentecostales. Solo Rodolfo Piza tuvo la visión de apoyar a Carlos Alvarado, en esa coyuntura. El apoyo lo comunicó y lo gestionó, a los principales miembros de ese Partido y a su Comité Político, sin lograr solidaridad partidaria. Asumió solo esa tarea y con él se allegaron los miembros de su equipo económico para apoyar esa Unidad, que culminó en la forma del Gobierno de Unidad Nacional, sin que significara una coalición política ni resultado de acuerdos políticos de los partidos que se incorporaron con ministros en el actual gobierno. Así tenemos en Gobierno de estos últimos tres años.

Ante las nuevas elecciones, el personaje más importante que tiene la Unidad Social Cristiana, de trascendencia nacional, por haber sido Diputado, Ministro y Presidente de la República, Secretario General de la OEA, el Dr. Miguel Ángel Rodríguez, por su presencia en el actual escenario nacional como analista, articulista de diversos medios de comunicación, por su capacidad intelectual, por sus opiniones, que pueden o no compartirse, con evidente experiencia organizativa y partidaria, y con gran olfato político, había llamado la atención al Partido Unidad Social Cristiana de que impulsaran una coalición política hacia las próximas elecciones. Insistió en esta tesis. Hizo que la Asamblea Nacional de su Partido atendiera su propuesta y la Asamblea la rechazó, echando por la borda cualquier intento de coalición posible, lo que significó que van solos a la próxima campaña nacional.

El acuerdo de la Asamblea es como si se hubieran pegado un tiro, como si se hubieran suicidado. Lo inteligente estaba en haber tomado la palabra de Miguel Ángel Rodríguez y hubieran acordado una política general, haber autorizado a las Autoridades del Partido, a su Comité Político, a sus principales dirigentes formales para llevar a cabo o participar en cualquier reunión o esfuerzo político, que se hiciera, en la dirección de lograr una Coalición Política. Esto es lo que mejor hubiera sido acordado.

En las tiendas del Partido de Rafael Ángel Calderón, donde él sí es el líder principal, sí se impulsa la posibilidad de una Coalición Política “centro humanista”, como me parece la ha llamado, con más sentido de la realidad. Al fin y al cabo, los dos Ángeles, Miguel y Rafael, vienen en las lides electorales desde el Gobierno de José Joaquín Trejos, en 1966, en el caso de Miguel Ángel, y del Gobierno de José Figueres, 1970, Rafael Ángel, lo que los hace tener olfato y gran colmillo político. Ambos con la experiencia de la Coalición Unidad que llevó a Rodrigo Carazo a la Presidencia en 1978, y Rafael Ángel, especialmente, de haber llevado a la Coalición Unidad a la fusión de la Coalición y la constitución del Partido Unidad Social Cristiana, en 1983. Además, Miguel Ángel tenía la experiencia de la coalición que llevó a José Joaquín Trejos Fernández al Gobierno en 1966.

En materia de alianzas y coaliciones, las más importantes, por su trascendencia histórica, los socialcristianos las realizaron en la década de 1940. Primero, en 1939 cuando lograron el apoyo de la Iglesia a la candidatura del D. Calderón Guardia, a cambio de la derogatoria de las leyes liberales, lo que el Dr. Calderón cumplió en sus primeros meses de Gobierno. Segundo, cuando en medio de la crisis mundial de la II Guerra Mundial, y sus repercusiones en Costa Rica, se alió a los comunistas para la aprobación de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, con apoyo de la Iglesia dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Tercero, cuando hacia las elecciones de 1944, para impulsar la candidatura presidencial de Teodoro Picado, constituyeron la Coalición Electoral, la unión de los partidos Republicano y el comunista Vanguardia Popular, en lo que se llamó el Bloque de la Victoria, con comunistas, calderonistas y católicos, todos unidos. No era, obviamente una coalición de centro derecha como pretenden hoy algunos socialcristianos que desconocen por todo lado la Historia del Calderonismo político, de su época más gloriosa.

En las circunstancias actuales lo que urge es un proyecto político que reivindique una plataforma social profunda. Ya las medidas económicas duras neoliberales han sido tomadas y están en ejecución.

Falta asegurar las condiciones sociales de la población, de su calidad de vida, de sus condiciones de trabajo, de empleo, de estabilidad, de ingresos por salarios, y pensiones, decorosos y decentes, de preocuparse por el empleo femenino y por las mujeres cabeza de familias, por recuperar el empleo de los desempleados de la pandemia.

No veo a los socialcristianos en estas banderas más allá de posturas absolutamente demagógicas. Hoy la Unidad Social Cristiana ni es Unidad, ni es Social ni tiene nada de cristiano. Pareciera una organización de no videntes políticos, y desmemoriados históricos, que han renunciado a su mejor lazarillo electoral, al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Criminalización de la protesta social – video del foro

Costa Rica es un país de dilemas, contradicciones, ensueños y mitos, cuando de políticas y democracias, se trata. El simple ejercicio de una democracia procedimental puede sonar muy bien para los apetitos electorales, sin embargo, la gran desigualdad social que sufre Costa Rica, realidades de racismo, xenofobia y exclusión, desentonan con la narrativa oficial que endiosa la historia política costarricense.

El disenso ha sido castigado en Costa Rica. Que los puntos de comparación que ofrece Latinoamérica sean brutales, no implica que podamos revisar la historia de la represión, criminalización, judicialización e incluso muerte, de personas que han hecho manifiesto un desacuerdo con el statu quo en lo que de arenas políticas se trata.

La protesta social, además de ser un derecho fundamental, es un fenómeno que interesa tanto al mundo de la política, de la academia, como a los sectores populares y movimientos sociales, por supuesto. La protesta en Costa Rica ha adquirido particularidades en las últimas décadas, que invitan a su reflexión, pero que también preocupan a los sectores afines a las luchas sociales.

Dicha preocupación radica en que, paralelo a la transformación del papel de los partidos políticos, la intrusión de las redes sociales los juegos electorales, los nuevos o diversos repertorios de protesta, se presentan, a su vez, nuevas modalidades de represión, criminalización y judicialización de la protesta social en el país.

Confluencia Solidaria, como una iniciativa de convergencia socio política, convoca a este espacio de repaso histórico y reflexión como insumo para la comprensión de la coyuntura actual. Nos acompaña Marcela Zamora Cruz, quien forma parte del Centro de Amigos para la Paz, así como del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social. Esperamos que este conversatorio resulte de provecho.

 

Foto: UCR.

Conflictos por generación privada y exportación de electricidad

SURCOS comparte la siguiente invitación:

El día jueves 11 de febrero a las 8:00am se llevará a cabo una transmisión por Facebook Live en las redes del Programa Kioscos Socio-ambientales para la Organización Comunitaria en la que se abordará la siguiente temática: “Conflictos por generación privada y exportación de electricidad”. Este será un programa especial para conocer el impacto y preocupaciones de exportar energía privada a Centroamérica.

Se tendrá la participación de los siguientes expositores:

  • Osvaldo Duran
  • Raquel Bolaños

Defensora de los ríos

  • Otto Méndez

Defensora de los ríos

  • Jiri Spendlingwimmer

Defensor de los ríos

Adjuntamos la invitación formal del evento:

 

Enviado por Mauricio Álvarez Mora.

“Justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre”

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento público:

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y Personas Firmantes

Organizaciones Internacionales

  1. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA (México)
  2. Tequio Jurídico A.C. (México)
  3. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México
  4. Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá
  5. Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA). Montevideo, Uruguay
  6. Feministas Periféricas Dementes, Madrid
  7. O Istmo, Red Centroamericanista
  8. GT-CLACSO, El Istmo Centroamericano Repensando los Centro

Organizaciones nacionales

  1. Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, Pueblo Bribri de Salitre
  2. Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
  3. Organización Autónoma Gwrvechi Kare, Territorio Ngäbe, Conte Burica
  4. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego
  5. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
  6. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska
  7. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
  8. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
  9. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
  10. Recuperador@s Broran de Crun Shurin
  11. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés
  12. Alaklä Sulú Takïlï Wëmi, La Fortaleza de la Mujer Maíz por Siempre
  13. Asociación de Mujeres Mano de Tigre, Orcuo Dbön
  14. Asociación de Productores de Finca 10
  15. Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena
  16. Cootraosa R.L.
  17. Comité de Lucha por la Tierra de kilómetro 37, Golfito y Corredores.
  18. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
  19. Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia
  20. SOJUPANO, Palmar de Osa
  21. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
  22. SERBUSUR, Finca Puntarenas
  23. Proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica: aportes interdisciplinarios para su resolución, CIAN-UCREA, UCR
  24. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
  25. Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
  26. Asociación Ambientalista Shurakma
  27. Voces Nuestras
  28. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
  29. Coordinadora de Lucha Sur Sur
  30. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  31. Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
  32. Asociación Proyectos Alternativos PROAL-PACUARE
  33. Radio Machete
  34. Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales-UCR, EC-519
  35. Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria-UCR, EC-3555
  36. Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra, EC-518
  37. Programa de Gestión Local, UNED
  38. Ríos Vivos
  39. Bloque Verde
  40. La Barriada
  41. Colectiva Caminando
  42. Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
  43. Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
  44. Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
  45. Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
  46. Colectivo CEAAL Costa Rica
  47. Trincheras Expresión Artística
  48. Hablemos de Derechos Humanos
  49. La Cadejos, Comunicación Feminista
  50. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
  51. Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica
  52. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  53. Asociación ciudadana ACCEDER
  54. Escuela de Biología, UCR
  55. Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO)
  56. Hablemos de Derechos Humanos
  57. Movimiento Ríos Vivos
  58. Centro Demostrativo de Sostenibilidad
  59. Partido Frente Amplio
  60. Akoben Colectiva Afrofeminista
  61. Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad Socioambiental (GPDS), Facultad de Derecho, UCR
  62. Coordinación, Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, Facultad de Derecho, UCR
  63. Proyecto Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socioambiental costarricense, IIJ-UCR
  64. Asociación Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico y Sustentable
  65. Colectivo Radio Andante
  66. CEP-Alforja
  67. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Personas

  1. Marvin Amador Guzmán, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  2. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), UCR
  3. Yasy Morales Chacón, docente Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria, UCR.
  4. Juan Carlos Cruz-Barrientos, comunicador social jubilado
  5. Liliana Monge Sánchez, docente Escuela de Trabajo Social UCR
  6. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE-UNED
  7. Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora CICDE-UNED/UCREA-UCR
  8. Carmen Caamaño Morúa
  9. Lucía Molina Fallas
  10. Andrés Dinartes Bogantes
  11. Pablo Sivas Sivas (conocido como Pablo Sibar Sibar)
  12. Daniel Torres Sandí, Sociólogo
  13. Jorge Zeledón Pérez
  14. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED
  15. Rebeca Gu Navarro, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  16. Gustavo Gatica López, investigador CICDE-UNED
  17. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR
  18. Dylanna Rodríguez Muñoz, docente Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  19. Laura Álvarez Garro, profesora asociada, UCR
  20. Gerardo Hernández Naranjo, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  21. Ana Tristán Sánchez, jubilada del Poder Judicial
  22. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, activista ecologista
  23. Raquel Molina Huezo, comunicadora y profesora
  24. Paulo Coto Murillo, profesor Posgrado en Sociología, UCR, investigador CICDE-UNED
  25. Marcela Moreno Buján, investigadora UCREA-UCR
  26. Carlos Peralta Montero
  27. Claudia Palma Campos
  28. María Eugenia Bozzoli
  29. Guillermo García Segura, director de la Escuela Sindical de ANDE
  30. María del Carmen Araya Jiménez
  31. Helga Arroyo Araya
  32. Roberto Castillo Vásquez
  33. Freddy Humberto Vargas Chavarría
  34. Juan Antonio Gutiérrez Slon, sociólogo e historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  35. César Moya Aburto, investigador del Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  36. Mariana Delgado Morales
  37. Miguel Regueyra Edelman
  38. Douglas Esquivel González
  39. Erick Mauricio Zúñiga Monterrosa
  40. Luis Emilio Cortés Ugalde
  41. Gustavo Oreamuno Vignet
  42. Andrés Pages Zamora
  43. Giancarlo Andrade Colón
  44. Ángel Molina Fernández
  45. Lilliam Marbelli Vargas Urbina
  46. Israel Azofeifa Retana
  47. Benjamín Hernández Domínguez
  48. José Ramírez Aguilar
  49. Nayla Carvajal Sancho
  50. María Paula Barrantes Reynolds
  51. María José Víquez Barrantes
  52. Silvia Castillo Morales, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
  53. Isis Campos Zeledón, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
  54. Mariana Castillo Rojas
  55. Melissa Mendiola Vásquez, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), Universidad Nacional (UNA)
  56. Alberto Gutiérrez Arguedas
  57. Ciska Raventós Vorst
  58. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica
  59. Patricia Mora Castellanos
  60. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  61. Sergio Villena Fiengo
  62. José Luis Arce Sanabria
  63. Onésimo Rodríguez Aguilar
  64. Teresita Ramellini, Universidad de Costa Rica
  65. Ivania María Rojas Herrera
  66. Rafael Cuevas Molina
  67. Claudio Vargas Arias
  68. Osvaldo Durán Castro/Sociólogo ITCR-FECON
  69. José Julián Llaguno Thomas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
  70. Manuel Peralta Reyes
  71. Isabel Avendaño Flores, docente, Facultad de Ciencias Sociales
  72. Irma Arguedas Negrini
  73. Jeisson Gutiérrez Pizarro, bachiller universitario, Heredia
  74. Olman Bolaños Vargas
  75. Pedro Salguero Aguilar
  76. Henry Mora Jiménez
  77. Alexis Rodríguez Brenes
  78. Jaime García
  79. Guadalupe Urbina
  80. Yerling Ruiz Vásquez
  81. Meibell Solera Fernández
  82. Marcela Dumani Echandi
  83. Mariana Zumbado
  84. Maritza Marín Herrera, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
  85. Gaus Monge
  86. David Solís Aguilar
  87. Guido Barrientos
  88. Christoph Burkard
  89. Carol Castro Begnozzi
  90. José Ignacio Ureña Umaña
  91. Emanuel Villamil Chinchilla
  92. Cinthya Soto
  93. José María Gutiérrez Gutiérrez
  94. María Elena López Núñez
  95. Juan Fernando Cerdas Albertazzi
  96. Carolina Serrano
  97. Andrey Morales Méndez
  98. Héctor Ferlini Salazar, SURCOS Digital
  99. Carlos Cruz Chaves
  100. Ariel Robles Barrantes, académico, Regidor Municipal de Pérez Zeledón
  101. Doriam Chavarría López
  102. Liz Brenes Cambronero, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica
  103. María Esther Montanaro Mena
  104. Arturo Montanaro
  105. Ana Marcela Montanaro
  106. Mauricio Álvarez Mora, IDELA-UNA y Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía
  107. Nery Chaves García
  108. Guillermo Acuña Gonzáles, investigador del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (IDESPO-UNA)
  109. Adelina Salazar Altamirano, Chacarita # 3
  110. Jacqueline Hernández Contreras
  111. Óscar Jara Holliday
  112. Onésimo Rodríguez Aguilar
  113. Mario Zúñiga Núñez
  114. Carolina Quesada Cordero
  115. Keilyn Rodríguez Sánchez
  116. Ana Cristiana Aguilar Vega
  117. María Ramírez Chinchilla
  118. Paula León Saavedra
  119. Gerardo Miguel Alarcón Zamora
  120. Vania Solano Laclé
  121. Melania Mayela Portilla Rodríguez
  122. Ernesto Cortes Amador
  123. Denia Román Solano
  124. Gerardo Cerdas Vega

Para ver el documento oficial haga click

Presentación del 18avo Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

Surcos comparte la siguiente invitación:

El día miércoles 10 de febrero a las 11:0am se llevará a cabo una transmisión por Facebook Live en las redes de @frentenacionaldepueblosindigenas en la que se abordaran aspectos en relación a la presentación del Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena.

Se tendrá la participación de los siguientes expositores:

  • Víctor Madrigal Sánchez

Participante de la 18A. Misión

  • Ana Castillo Delgado

Participante de la 18A. Misión

Adjuntamos la invitación formal del Evento:

Encuesta sobre Corresponsabilidad Social de los Cuidados en el contexto de la pandemia por COVID-19 (Mujeres sin trabajo remunerado)

Distintas organizaciones de mujeres compartieron con SURCOS un  elaborado por el INAMU. Tiene la finalidad de conocer las principales características del trabajo que realizan las mujeres que no cuentan con empleo remunerado, para al mantenimiento del hogar y la atención de los cuidados de las personas con algún grado de dependencia a su cargo (personas menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, entre otras); esto, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

La participación es voluntaria y se garantiza que el proceso de recolección y tratamiento de información es confidencial.

El link para completar la encuesta es el siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejCCDCrgpQmVBY0Slsaq7yBzs3QZFhUn7ETdodRPAn0bnQOA/viewform

Miles de personas con discapacidad sin servicios de rehabilitación por cierre de CENARE

Dr. Federico Montero Mejía/ Lic. Luis Fernando Astorga Gatjens

Después de casi un año del cierre del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), miles de personas que han requerido los servicios de rehabilitación, no los han recibido del todo o lo han hecho en forma muy restrictiva.

Esta injusta situación ha sido reclamada, con respeto pero con vehemencia, por las y los 172 expacientes, usuarios y padres de niños usuarios de ese centro especializado, suscriptores de una carta dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, fechada el día 2 de febrero del año en curso.

Los autores del presente artículo forman parte de ese numeroso grupo de firmantes, que suma cada día a más personas que hacen el mismo reclamo y que lo han venido patentizando por distintos medios.

El CENARE fue cerrado en marzo del 2020 para que la totalidad de sus instalaciones, fueran ocupadas por el Centro Especializado de Atención de de Pacientes con la Covid-19 (CEACO).

En la mencionada carta se destaca la comprensión y flexibilidad que se ha tenido ante la gravedad de la pandemia, pero ya hay un agotamiento colectivo de la paciencia y larga espera, ante el incumplimiento de la Caja, al no ofrecer las alternativas requeridas al cierre de los servicios de rehabilitación que venía prestando el CENARE. Tal fue el compromiso asumido por la entidad pero la posposición indefinida, ha sido la respuesta dominante. Y lo más grave es que este tipo de servicios también fueron cerrados en otros hospitales para ser ocupados por pacientes con Covid-19.

Subestimación de la rehabilitación

Las autoridades de la Caja y del CENARE se suman a quienes (aquí y en otros lugares del mundo), no le dan la debida importancia a la rehabilitación. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) de los Estados Unidos, titulado “Estimaciones Globales de la necesidad de rehabilitación basada en la Carga Global de Enfermedad del 2019: un análisis sistemático para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2019” y publicado en la revista The Lancet del 1 de diciembre del 2020 (en línea), concluye que en algún momento de sus vidas, un tercio de los seres humanos requiere servicios de rehabilitación. Si ese dato lo extrapolamos a la población actual del país, casi un millón setecientas mil personas habrán requerido o requerirá tales servicios.

Según el estudio en mención: “las estimaciones globales establecen a la rehabilitación como una estrategia clave para la cobertura universal de salud en el Siglo XXI y reta la idea de la rehabilitación como un servicio opcional que solo es requerido por una minoría de la población. Los hallazgos indican la urgente necesidad de aumentar proporcionalmente la rehabilitación, particularmente a nivel de atención primaria, para asegurar que los servicios alcancen a aquéllos que los necesitan. El estudio provee fuertes argumentos para los tomadores de decisiones de políticas para priorizar la rehabilitación y enfocar las necesidades funcionales de su población”.

El impacto negativo en su salud y su calidad de vida por no recibir los servicios requeridos, afecta a miles de personas con discapacidad. Con ello se suma un eslabón más a la situación de discriminación y exclusión múltiple, que afecta a este sector poblacional de alrededor de 900 mil personas.

En la carta también se reclama “atención intrahospitalaria, lo cual resulta indispensable para las personas afectadas por lesiones y condiciones tan serias como una lesión de la médula espinal, un trauma cráneo-encefálico, una amputación, un evento cerebro-vascular y muchas otras”.

Palabras frente a testimonios y números irrebatibles

Ni una sola persona con secuelas de una lesión aguda de la médula espinal, de un trauma cráneo-encefálico, de un evento cerebro-vascular, que en cualquier momento recibiría servicios de rehabilitación intrahospitalaria, pues constituyen una emergencia, ha podido ser hospitalizado en el CENARE. Por otra parte, este centro especializado ha venido prestando servicios de Odontología, a miles de personas con discapacidad que necesitan recibir atención y tratamiento, bajo condiciones muy específicas. Pues bien, desde hace 48 semanas tal servicio está cerrado y la Caja no ha ofrecido otra alternativa. Eso lo atestiguan miles de pacientes y familiares de niños y jóvenes con discapacidad, a quienes les urge este tipo de atención.

Por su parte, la Caja responde mediante un Twitter, publicado el 9 de febrero que “El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), mantuvo la continuidad de sus servicios presenciales y virtuales a su población durante toda la pandemia y ofreció en 2020, 385 113 tratamientos de terapia”.

La cifra indicada puede conducir a interpretaciones erróneas, pues una sola persona puede recibir más de un tratamiento de terapia. En todo caso, los números que fijan la afectación por no recibir la rehabilitación requerida así como múltiples testimonios de las centenares de personas afectadas, contradicen lo que expresa la Caja. Pareciera que quien escribió ese Twitter vive en un país paralelo y no el de la mayoría de los costarricenses, particularmente, las personas con discapacidad.

Acciones a desarrollar

Lo que se está exigiendo es “que la CCSS encuentre a la mayor brevedad alguna alternativa que garantice los servicios de rehabilitación integrales a los miles de habitantes de nuestro país que requieren de dichos servicios de manera urgente e integral”. Simplemente, no más palabras sino hechos concretos e impostergables.

Quienes participamos de este reclamo colectivo, demandamos asimismo una respuesta seria de las autoridades de la Caja. La Junta Directiva de la institución es la que debe responder a la citada misiva ofreciendo soluciones concretas tanto a las y los pacientes del CENARE como el de los otros hospitales donde también se suspendieron los servicios de rehabilitación.

Otro temor que ha venido ganando terreno entre las y los reclamantes es que cuando sea superada la pandemia, el CEACO no vuela a reconvertirse en el CENARE, que es el único hospital nacional en rehabilitación. El Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, asumió tal compromiso el 29 de mayo del 2020, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ante el incumplimiento de los compromisos de la institución –como lo estamos demostrando—esa preocupación cobra pleno sentido.

Por ahora, se está en espera de una respuesta pronta de la institución, que esté a la altura de la dignidad y seriedad de los reclamos de las y los peticionarios. Empero de no ofrecerse esa respuesta con las justas soluciones exigidas, se desarrollarán otras acciones; entre las que se destacan: una, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y dos, la presentación de una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Tales acciones se amparan en muchos instrumentos jurídicos, pero destacamos dos, a saber:

La ley 7600 que establece en su Artículo 33, que “La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima”.

Por otra parte, la CDPD indica en su artículo 25: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”. Asimismo el artículo 26 del mismo tratado internacional regula todo lo concerniente al derecho a la habilitación y rehabilitación.

En general, las personas afectadas por el incumplimiento de la CCSS y, especialmente, las personas con discapacidad, contamos con argumentos sólidos para demostrar nuestros asertos y para ganar las acciones judiciales, que hayamos de emprender. Sin embargo, esperamos que impere el compromiso institucional y en la Caja, los hechos le ganen a las palabras y compromisos incumplidos para evitar recurrir a las vías jurisdiccionales.

Costa Rica en el año de su bicentenario, lo demanda y se lo merece.

(9 de febrero, 2021)

 

Imagen tomada de: https://www.ccss.sa.cr/

Enviado a SURCOS por Luis Fernando Astorga.