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Autor: María José Ferlini Cartín

Libro: Refundar la Política. Desafíos para una nueva izquierda latinoamericana

SURCOS comparte el libro “Refundar la Política. Desafíos para una nueva izquierda latinoamericana” de la autora Isabel Rauber. La publicación aborda cómo transformar las instituciones y las bases sociales, jurídicas, económicas y políticas, dado que es insuficiente tener “buenos gobernantes”; se trata de una articulación desde “arriba” con la participación protagónica de los “de abajo”, abriendo procesos integrales de empoderamiento popular.

La autora guía al lector por temas como:
Proyectos populares: entre el reformismo restaurador y los avances revolucionarios
Nudo temático 1: Modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo
Nudo temático 2: Crear y desarrollar un nuevo modo de producción y reproducción
Nudo temático 3: Recuperar la centralidad protagónica de los sujetos
Nudo temático 4: Salir del cerco ideológico, político, cultural y mediático del poder hegemónico
Nudo temático 5: Aportar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural
Reflexiones
Anexo: Proyecto estratégico y programa político

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020

Costa Rica Íntegra invita a participar de la presentación virtual “Lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020” el próximo jueves 28 de enero a las 9:00 am.

Además de la presentación de resultados, se llevará a cabo un panel de discusión bajo la pregunta “¿Coinciden las visiones nacionales e internacionales sobre la corrupción en Costa Rica?” con la participación de María del Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Guillermo Varela, CEO de GS1; y Eugenia Aguirre, Presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (CPCPRI)

Puede seguir la transmisión por Facebook Live de Costa Rica Íntegra.

Habrá partidos políticos para escoger

Vladimir de la Cruz

El Tribunal Supremo de Elecciones ya dio el banderazo de salida hacia las elecciones nacionales del 3 de febrero del 2022, con la publicación del Calendario Electoral, que es el que fija la hoja de ruta de todos los partidos políticos que quieran participar en las elecciones, y el que le señala a los ciudadanos los plazos y términos para organizar e inscribir en debida forma a los partidos políticos.

De lo novedoso es que el plazo de inscripción de partidos se prolongó del 5 de febrero al 5 de mayo, lo que siempre es un plazo muy corto pero imposible de prorrogarlo más. Quienes han estado interesados de inscribir partidos debieron haberse movido y actuado desde el año pasado. No es un proceso fácil para dejarlo para última hora.

La fecha importante que sigue es el viernes 5 de febrero que es el plazo que tienen los siguientes funcionarios, Vicepresidentes de la República, Ministros, Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, quien ocupe la Dirección General del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones autónomas y el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, para renunciar a sus cargos si quienes postularse a Presidente o Vicepresidente de la República para el período 2022 – 2026.

Para ser candidato a Diputado los siguientes funcionarios, si a ello aspiran, deben renunciar a sus cargos, seis meses antes de la elección, es decir, el 6 de agosto, el Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; los Ministros de Gobierno; los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; los militares en servicio activo; los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; los gerentes de las instituciones autónomas; y los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

De todos estos funcionarios los Vicepresidentes, deben renunciar, antes del 5 de febrero, si quisieran volver a ser candidatos a ese mismo puesto o al de Presidente. Pareciera que igual concepto vale para los actuales diputados, que no tienen más prohibición expresa de que no pueden reelegirse consecutivamente, pero si renuncian suspenden sus consecutividades, como lo haría un Vicepresidente que quiera postularse para ese mismo cargo.

Por inscrita una papeleta presidencial quienes la integran no pueden renunciar a su postulación, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, mientras esté el proceso electoral en curso y no se hayan hecho las elecciones.

El 5 de febrero vence el plazo para que los costarricenses por naturalización obtengan la carta que los acredite como ciudadanos, a efecto de que puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones nacionales. Esto es muy importante porque así se conoce con certeza cuántos nacionalizados, y de qué países, pueden ejercer el voto el 6 de febrero del 2021 y evita los rumores que a veces hacen correr de que migrantes o ilegales fueron inscritos para votar.

También, el 5 de diciembre pasado, del 2020, quedó establecida la División Territorial Administrativa por parte del Poder Ejecutivo, de manera que seguimos con las 7 Provincias, los 82 cantones y los casi 500 distritos, sin que puedan variarse para nada mientras está el proceso electoral en marcha.

Esta División Administrativa es la que permite al Tribunal Supremo Electoral realizar su propia División Territorial Electoral que no calza necesariamente con la Administrativa, y que generalmente es más amplia y compleja, sobre las cuales se distribuyen las Juntas y Mesas Electorales, que se deben llenar con los delegados de los partidos políticos para la vigilancia electoral del día de las elecciones. Todavía el 18 de febrero, como último día, ante el Tribunal Supremo de Elecciones se puede solicitar la creación de distritos electorales. Esto generalmente lo han hecho los partidos grandes, no los pequeños. Y, hasta el 5 de junio, en este mismo campo, el Tribunal puede dividir un Distrito en dos o más distritos electorales.

Ese número de Juntas y Mesas varía de una elección a otra. A los partidos pequeños les ponen mayores dificultades de participación y control electoral que a los grandes, aunque esto se ha subsanado bastante con los llamados Delegados Electorales que oficialmente nombra el Tribunal Supremo de Elecciones para que colaboren con los miembros de Mesa, y garantizar que en todas las Mesas haya al menos un Delegado del Tribunal, que son funcionarios pagados por ese día.

El día 5 de febrero es también el plazo para que el Tribunal Electoral establezca el monto que el Estado reconocerá de la contribución pública a los partidos políticos por su campaña electoral, tomando en cuenta como base de cálculo el producto interno bruto a precio de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica.

Para fortalecer el funcionamiento del Tribunal Supremo se integrarán dos nuevos Magistrados a partir del sábado 6 de febrero, constituyendo los cinco Magistrados el equipo a cargo, de forma exclusiva e independiente, de la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, es decir, de todo lo atinente al proceso electoral que ya está en marcha.

Las elecciones nacionales se realizarán el domingo 6 de febrero de 2022 donde se elegirán 60 puestos: un Presidente, dos Vicepresidentes de la República y 57 diputados.

Para estas elecciones hay más 25 partidos nacionales y al menos 8 provinciales, inscritos en posibilidad de completar todos los trámites para su debida participación.

Los partidos nacionales son la Agenda Democrática Nacional, Alianza Democrática Nacional, Cambiemos, Ciudadanos por el Bien Común, Democracia Participativa, Encuentro Nacional, Frente Amplio, Fuerza Nacional, Integración Nacional, Liberación Nacional Movimiento Social Demócrata Costarricense, Partido Costa Rica Justa, Renovación Costarricense, Republicano Social Cristiano, Restauración Nacional, Salvemos Costa Rica, Social Demócrata, Socialdemócrata Independiente Todos por Costa Rica, Unidad Social Cristiana, Unión Costarricense Democrática, Unión Liberal, Unión Pacífica Costarricense, Vida.

A estos hay que sumar el Liberal Progresista, Nueva Generación, el Movimiento Libertario, el de Natalia Díaz, el Partido de los Trabajadores, y los intentos de Coalición que se impulsa, especialmente por los Presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, así como el esfuerzo que están haciendo militantes de izquierda de volver a inscribir Pueblo Unido.

Los partidos provinciales son Confraternidad Guanacasteca, Ciudadanos por Cartago, Alternativo SOS Costa Rica, Nuevo Partido Socialista Cartago, Unidos por Costa Rica, En Pedazos, Fuerza Solidaria.

Sin lugar a dudas de todos estos habrá dónde escoger, después de que se haga la repela de los procesos de inscripción que son rigurosos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que conlleva hacer las 82 asambleas cantonales, las siete provinciales y la nacional, para todos los partidos nacionales, y lo correspondiente a las provinciales con los cantones de sus respectivas provincias y la asamblea provincial, que todos son procesos engorrosos y exigen mucho trabajo organizativo de los ciudadanos de cada partido.

Indudablemente que las elecciones atraen, apasionan, son inevitables para públicos y pueblos electoreros y electorales. Por todo lo mal que se hable de la política, de los políticos, de las instituciones como los partidos políticos, la gente sigue confiando en ellos y se apunta para participar.

Veremos y seguiremos el pulso de este proceso.

Caminar hacia la nada

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

La imagen es real y contundente. Apostados frente a un contingente de policías guatemaltecos, una familia de migrantes hondureños provenientes del Departamento de Cortés donde se ubica San Pedro Sula, implora la continuación de su viaje hacia Estados Unidos, para buscar medicina con la cual atender la parálisis cerebral de su hijo (Radio Progreso. Perfil oficial Facebook. 16 de enero de 2021).

El grupo de policías guatemaltecos recibe órdenes y ejecuta. Implementa a la medida la primera frontera vertical a la que se enfrentarán más de 8.000 personas hondureñas que salieron de su país en los últimos días, esta vez obligadas por las condiciones de pobreza, la corrupción de las altas esferas gubernamentales y la mala gestión de la pandemia, aunada a una deficiente atención de la emergencia producida por los dos huracanes (Eta e Iota) que azotaron aquel país en noviembre de 2020.  En conjunto produjeron un poco menos de 100 personas fallecidas y cerca de 4.000.000 millones de damnificados según cifras aportadas por Amnistía Internacional en diciembre anterior (Llueve sobre mojado en Honduras: El devastador impacto de los huracanes Eta e Iota | Amnistía Internacional. Duncan Tucker & Encarni Pindado. Diciembre 2020)

Justamente Cortés fue uno de los Departamentos más devastados por los fenómenos naturales y ya el desplazamiento interno había empezado a ser considerado como opción antes de tomar la decisión de cruzar fronteras centroamericanas rumbo a Estados Unidos.

Si logran sortear Guatemala, seguirá México, uno de los principales aliados en la política de blindaje de fronteras que ha tendido la Administración Trump en los últimos años.

El fenómeno de las agrupaciones y colectivos que han tomado las carreteras y fronteras centroamericanas llegó para quedarse. Las circunstancias en los países de la región no han mostrado mejoría y si se considera la incertidumbre que representa la nueva Administración Biden próxima a instalarse, en el tema de la gestión migratoria regional, el panorama no se vislumbra esperanzador.

Lo que si pareciera expresar un cambio son las formas mediante las cuales las movilidades humanas centroamericanas empezaron a producirse con fuerza desde octubre de 2018, tomando la colectivización y la visibilización como sus principales estrategias. La formación de una nueva subjetividad política en materia de movilidades humanas sería justamente un efecto a considerar en el marco de estas nuevas expresiones regionales.

Para la familia hondureña apostada frente a la policía guatemalteca, el objetivo sigue siendo el mismo: cruzar, caminar, no detenerse. Por eso su solicitud expresa de que les dejen continuar para lograr su propósito.  Dado el escenario actual, migrar implica ciertamente una estrategia, pero con resultados no necesariamente esperanzadores.

En este año 2021 el desafío será revertir esa tendencia de caminar hacia la nada como fin último para un buen porcentaje de la población centroamericana. La restitución del simple derecho a vivir debe ser promovida y asegurada.  Aguardemos por las posibilidades.

Fotografías tomadas del Semanario Universidad.

La superación de la pandemia de COVID-19 sólo es posible con políticas de vacunación universal y sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria

SURCOS comparte el pronunciamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):

  • Más de 400 organizaciones y personas de todo el continente americano exigen a los Estados de la región que las políticas contra la pandemia no dejen a ninguna persona atrás.

Las Américas, 18 de enero de 2021. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, y frente a la inminente creación y ejecución de planes de vacunación en todo el continente americano en contra de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), las organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, especialistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y pueblos indígenas abajo firmantes exigimos a las autoridades de todos los Estados de la región a garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población que se encuentra bajo la jurisdicción de cada Estado. Obligaciones legales ineludibles y fundamentos básicos de salud pública hacen imprescindible la universalidad en el acceso a todas las medidas que los Estados implementen frente a la pandemia del virus COVID-19.

Recordamos a las autoridades que la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción está expresamente establecida en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados y ratificados por los mismos Estados, los cuales tienen carácter vinculante. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El derecho a la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, principio vertebrador de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) desarrollado por los Estados desde mediados del siglo pasado. Los órganos internacionales creados por los Estados a través de los tratados, han reafirmado una y otra vez esta obligación, enfatizando la prohibición de discriminación por razones como la nacionalidad, el tiempo o tipo de residencia, o la condición migratoria:

  • El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, ha señalado que los Estados deben abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluyendo las personas en situación migratoria irregular, garantizando el acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Asimismo, ha reafirmado la obligación de garantizar a las personas migrantes los derechos protegidos en el Pacto (PIDESC), incluyendo el derecho a la salud, sin ninguna discriminación.
  • Los Comités de Derechos de Trabajadores Migratorios y de Derechos del Niño han subrayado que las restricciones impuestas al derecho a la salud de los migrantes adultos a causa de su nacionalidad o su situación migratoria podrían afectar también al derecho a la salud, la vida y el libre desarrollo de sus hijos. Por consiguiente, un enfoque integral de los derechos de los niños debe incluir medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus familiares adultos sin importar su situación migratoria y, en caso de ser no acompañados, de sus cuidadores principales. Hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes garanticen que la vacunación a menores de 16 años es segura y adecuada, niñas, niños y adolescentes migrantes deben de tener el mismo acceso que los nacionales al resto de servicios de salud disponibles, sin importar su situación migratoria o la de sus familiares.
  • En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios Interamericanos sobre derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, incluyó los siguientes:
    • Principio 2: Dignidad humana. Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. Los Estados deben crear las condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona humana y no crearán, por comisión u omisión, condiciones que la dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los derechos a la salud (…).
    • Principio 35: Derecho a la salud. Todo migrante tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a los determinantes subyacentes de la salud; no se puede denegar la atención médica a un migrante por razón de su situación migratoria, ni se le pueden negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad. Toda persona, independientemente de su situación migratoria o su origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales (…).

Asimismo, en contexto de la pandemia actual, estos organismos han reafirmado la importancia de asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “solo a través de la inclusión de toda la población en dichas medidas [sanitarias], sin discriminación de nacionalidad y origen, la región podrá superar la crisis de salud pública”. Recientemente, ha recordado “que los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección”. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que, “dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas (…) migrantes, los refugiados, los apátridas (…)”.

En la misma dirección, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó, entre las Directrices relativas a la COVID-19, que los “Estados deben aplicar medidas específicas para incluir a los migrantes, los desplazados internos y los refugiados en los esquemas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19. Entre estas medidas deberían figurar las destinadas a garantizar el acceso equitativo a la información, los análisis y la atención médica para todos…, cualquiera que fuere su condición jurídica”. El Relator de Derechos de Migrantes, junto al Comité de Derechos de Migrantes y sus Familias, también subrayó que los Estados deben integrar a las personas “migrantes a los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 (…) y respeten su derecho a la salud, incluyendo a través del aseguramiento de que las pruebas, las medicinas esenciales, y las medidas de prevención y de tratamiento sean proporcionadas de manera no discriminatoria”.

Por otra parte, en términos de salud pública y para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad.

En este marco, toda exclusión, preferencia o restricción que afecte a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y/o apátridas no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado y la comunidad internacional a fin de superar esta grave pandemia mundial. Por ende, el resto de las personas de cada sociedad, aún pudiendo acceder a la vacunación, pueden verse afectadas también en sus derechos a la salud y la vida, como consecuencia de la exclusión de las personas en razón de la nacionalidad o condición migratoria. No hay beneficio para las personas “nacionales” en la exclusión de las personas migrantes que conviven en la misma sociedad, como plantean algunas autoridades de manera irresponsable. Al contrario, esa exclusión puede poner en riesgo la salud de millones de personas, o incluso poner en riesgo el éxito de las políticas que los Estados implementen para enfrentar esta gravísima e inédita crisis sanitaria mundial.

Finalmente, junto a la obligación legal ineludible de garantizar estos derechos en condiciones de igualdad y sin ninguna clase de discriminación, lo cual a su vez es esencial para alcanzar las metas de salud pública -y por ende, prevenir que se propague el virus-, múltiples aspectos operativos, incluyendo recursos económicos y humanos, también exigen la universalidad como estrategia esencial para enfrentar la pandemia. En efecto, la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia, afectando consecuentemente su salud y la de otras personas, podría derivar en la necesidad de mayores recursos de todo el sistema de salud para la atención de personas enfermas, incluyendo en los servicios de emergencia. Eso afectaría también la atención de esos servicios en general, para todo tipo de prestaciones de urgencia del sistema dirigido a toda la población. Ello, sin contar el impacto que, en otras áreas – como el mercado de trabajo-, tendría el agravamiento de la condición de salud de las personas que no puedan acceder a las vacunas y otros tratamientos desarrollados en cada país para enfrentar la pandemia.

En virtud de todo lo expuesto, consideramos inadmisibles y totalmente contrarias a derechos humanos y obligaciones legales inexcusables cualquier política, programa, protocolo u otra medida dirigida a prevenir y combatir la pandemia de la COVID-19, que excluya total o parcialmente a las personas en virtud de su nacionalidad, lugar de origen, tipo de residencia o tiempo de residencia, o estatus migratorio. Asimismo, como se explicó, esas restricciones constituyen medidas contrarias a metas de salud pública que son más vitales que nunca para todos los pueblos del mundo, y pueden afectar los recursos humanos, técnicos y financieros de los sistemas de salud, agravando la emergencia sanitaria existente.

Por lo tanto, exigimos a los Estados americanos el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la garantía del acceso a todos los tratamientos, preventivos y terapéuticos necesarios para enfrentar la pandemia por COVID-19 para todas las personas, sin perjuicio de su nacionalidad, lugar de origen, residencia o estatus migratorio.

De manera complementaria, instamos a todas las autoridades de los Estados de la región a actuar con profunda responsabilidad en esta delicada y desafiante etapa que atraviesa la humanidad, absteniéndose de todo tipo de discurso discriminatorio y estigmatizante en contra de la población migrante y refugiada. En esta emergencia sanitaria mundial que exige que todas las personas accedan al tratamiento (por derecho y para proteger a las demás), los discursos de corte nacionalista o de preferencia con base en la nacionalidad no solo derivan en la vulneración de derechos sino que pueden poner en serio riesgo todos los esfuerzos que se están haciendo para luchar contra la pandemia.

Organizaciones sociales e Instituciones académicas firmantes:

  1. Acceso a la Justicia
    2. Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino AC
    3. AlertaVenezuela
    4. Alianza Américas
    5. América Diversa
    6. American Friends Service Committee LAC
    7. Amnistía Internacional
    8. Articulate Foundation INC
    9. Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica
    10. Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
    11. Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI
    12. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
    13. Asociación Intercultural Miranda
    14. Associacao Casinha de Acolhida para Lesbicas. Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgeneros (Brazil)
    15. Asociación Pop No’j
    16. Asociación pro Derechos Humanos, APRODEH (Perú)
    17. Asylum Access Mèxico (AAMX) A.C
    18. Belo Horioznte
    19. Canada Venezuela Democracy Forum
    20. Casa de la Mujer
    21. Casa del Migrante de Saltillo
    22. Casa Paraguaya de Cordoba
    23. Cátedra Racismos y Migraciones Contemporaneas, Universidad de Chile
    24. Catedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR – CSVM/UFPR- Brasil
    25. Cecavid-Venezuela
    26. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
    27. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
    28. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ», CSMM (Ecuador)
    29. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    30. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA)
    31. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED
    32. Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF) Venezuela
    33. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
    34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD (Perú)
    35. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OBMICA
    36. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
    37. Chicago Religious Leadership Network on Latin America
    38. Corporación ONG Raíces, Chile
    39. Civilis Derechos Humanos, CivilisDDHH, (Venezuela)
    40. Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
    41. Colectiva Luna Celaya
    42. Colectivo de Prostitutas de Sevilla
    43. Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas
    44. Colectivo justicia y esperanza de San Luis de la paz, Guanajuato
    45. Colectivo Rebeldía
    46. Coletivo Flores de Lótus – Brasil
    47. Colegiado do NIEM – Núclei Interdisdisciplinar de Estudos Migratórios. Brasil, Rio de Janeiro
    48. Comisión de Derechos Humanos de Ica CODEHICA (Perú)
    49. Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH
    50. Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS (Perú)
    51. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, (México)
    52. Comite Migracoes e Deslocamentos_ Associacao Brasileira de Antropologia(ABA)
    53. Comité de familiares

La República Piñatera

SURCOS comparte la nota publicada en la Regional Latinoamericana de la UITA, del autor Carlos Amorín:

  • Cuando personas elegidas por el pueblo para dirigir y gestionar las instituciones del Estado renuncian a sus deberes y responsabilidades más elementales como proteger la vida humana, y lo hacen para resguardar y apadrinar los intereses económicos de una elite cipaya y de corporaciones transnacionales, habilitan el derecho a llamarles “homicidas sociales seriales”.

Esto ocurre seguramente en muchos países del mundo, pero en este momento nos ocupa lo que está sucediendo en las fincas piñeras de Dole en Costa Rica. Un territorio que parece haber sido exonerado por las autoridades políticas y de contralor locales de todo deber y responsabilidad empresarial, además de pagar sueldos de pobreza y someter a sus empleados y empleadas a condiciones laborales extremas y de total abuso de poder.

Por un puñado de dólares…

A este tétrico panorama se debe agregar la deforestación permanente en procura de nuevas fronteras agrícolas para sus cultivos de piña, la utilización masiva y sin control real de agrotóxicos de todo tipo, algunos de ellos incluso denunciados como prohibidos, la fumigación directa sobre los trabajadores y trabajadoras en los plantíos, la contaminación del medio ambiente, incluyendo las fuentes de agua de muchas comunidades locales, algunas de las cuales vienen luchando desde hace años contra estas prácticas, y que hasta deben ser abastecidas de agua mediante camiones cisterna ya que sus tomas naturales han sido envenenadas por Dole y otras empresas.

Y no es que no se conozcan estos extremos de crueldad empresarial y humana. Las denuncias abundan. Los sindicatos que logran resistir heroicamente a la feroz e implacable persecución de Dole, y los propios trabajadores afectados se han presentado en innúmeras ocasiones a los tribunales de Trabajo, a la prensa, y han intentado dialogar de manera permanente con la compañía transnacional, pero prácticamente de nada ha valido. Por una situación que se soluciona, decenas quedan pendientes, perdidas en el limbo perverso del que son víctimas los trabajadores de la piña en Dole.

Dos casos actuales y prototípicos. “Es todo lo que pido”

Mariano trabaja para Dole desde hace varios años. Tuvo que someterse a una cirugía bastante banal, pero su caso se complicó ya que fue víctima de una mala praxis nunca reconocida por el sistema de salud. Él se enteró de su situación cuando, un par de años después, comenzó a tener problemas para trabajar: dolores, imposibilidad de sostener varias de las posiciones físicas necesarias para cumplir con sus tareas, entre otras cosas.

Al recurrir al médico se le detectó la mala praxis, pero, dicen, se trata de algo que “no es operable”. Así que el médico recomendó a la empresa que lo quitara del trabajo de campo y se le diera una tarea que él pudiese cumplir. Apenas unos pocos meses después de haber recibido otra asignación, Mariano fue restituido a sus antiguas labores, las mismas desaconsejadas por el galeno.

No tuvo más remedio que acatar, porque de lo contrario perdería su trabajo, único sustento de su numerosa familia. Intentó plantearlo en Recursos Humanos de Dole, pero le respondieron que si lo que tenía no era operable ellos no pueden hacer nada tampoco, y que la recomendación del médico que presentó no es obligatoria para la empresa.

Así que allá regresó Mariano a los cultivos con su dolor a cuestas, sintiéndose humillado, casi un esclavo. Hasta que hace cuatro meses sufrió un accidente cerebro vascular que le paralizó parcialmente el rostro, como consecuencia, según los cirujanos que lo atendieron, del daño provocado por aquella mala praxis y por el esfuerzo físico que debe realizar cada día a pleno sol.

Los cirujanos le aseguraron que hablarían con la empresa para procurar su traslado, pero después de varios meses Mariano no ha recibido noticias.

Acosado por el dolor, se presentó ante el médico de la empresa, pero éste le respondió que nada puede hacer ya que no tiene potestad para solicitar intervenciones o exámenes en la salud pública, que en la finca sólo atiende consultas y urgencias, pero que no tiene autorización para enviarlo a la Caja de Seguridad Social, y que no puede recomendar ningún cambio de su posición laboral a Dole.

Como la película: “Atrapado sin salida”. Mariano expresa que “solo quiero que me den una tarea que pueda cumplir de pie para poder seguir sosteniendo a mi familia. Es todo lo que pido”.

Demasiado buen trabajador

Cándido Amador tiene una enfermedad cardíaca desde que fue fumigado con agrotóxicos mientras trabajaba en los cultivos de piña de Dole. Tuvo que ser internado en varias oportunidades, y su diagnóstico fue establecido por cardiólogos del hospital público de la zona. El episodio fue traumático, porque Cándido perdió el conocimiento en el piñal y tuvo que ser trasladado en un vehículo en emergencia.

Como a Mariano, los médicos recomendaron que no desempeñara ninguna tarea que lo expusiera nuevamente a los agrotóxicos, pero la empresa hace oídos sordos a ese mandato y lo mantiene laborando en los cultivos.

Cándido ha intentado dialogar con el jefe de Recursos Humanos de Dole, pero la respuesta que le han dado es que “soy un buen peón, y por eso me mantienen allí”. Inclusive aceptando ese destrato que pone en riesgo su salud y su vida, Cándido pidió que, por lo menos, no fumigaran los lotes donde él se encuentre trabajando, cosa que prometieron.

Pero de nada valen las promesas de Dole. En diciembre 2020 y en enero 2021, las máquinas fumigadoras se acercaron a escasos 30 metros de donde Cándido se encontraba trabajando, y en una de esas ocasiones, el fumigador entró dispersando agrotóxicos en el propio sector donde él estaba laborando. Cuando estuvo a unos 20 metros de Cándido, cortó los chorros de producto químico, pasó sobre él, y entonces reanudó la fumigación 20 metros más adelante.

Cada vez que fumigan en su cercanía Cándido siente dolor en el pecho, se le seca la garganta y se le cierran los bronquios. Casi siempre sufre irritaciones en la piel y en sus ojos, pero debe seguir trabajando para mantener esa alta productividad que lo convierte en “un buen peón” y así conservar su empleo.

Afirma con desesperación que ya no sabe qué hacer, a quién recurrir, ya que al Sindicato tampoco lo respetan. Los inspectores de Trabajo, cuando llega alguno, no se interesan en lo que ocurre en los plantíos y solo hablan con la empresa.

El sistema perverso de Dole

La burocracia local de Dole expide órdenes de atención médica con errores voluntarios y los trabajadores afectados son rechazados en los consultorios médicos por razones burocráticas. A nadie le importa si para llegar a los puestos de salud deben perder una jornada de trabajo que no les es reembolsada. Y eso lo hacen una y otra vez de manera permanente, hasta que los trabajadores se cansan, abandonan y retoman su trabajo enfermos o lesionados. De esta forma Dole se ahorra tener que pagarles jornadas por licencia médica.

Es difícil de imaginar esta realidad fuera de esa burbuja de terrorismo empresarial que ha montado Dole en Costa Rica, con la complicidad de las más altas autoridades locales y nacionales. En Costa Rica es un secreto a voces que la situación de los trabajadores agrícolas en las piñeras es deplorable, inhumana, y que sus vidas están, literalmente, en manos de pésimos empresarios y peores funcionarios, ambos humanamente deleznables.

Es una forma de apartheid, una negación tan cruel de derechos que linda con el trabajo esclavo. Esta República Piñatera de Costa Rica trae al recuerdo los ecos tristes, indignos, vergonzosos, de las Repúblicas Bananeras de antaño.

Cándido y Mariano continúan dejando cada día retazos de su salud y sus vidas entre las plantas de piña, cuyos frutos proporcionan placer en las mesas estadounidenses y europeas, adonde es exportada casi la totalidad de la producción de Dole en Costa Rica.

Cuando este artículo estaba siendo preparado para su publicación, se nos informa desde Costa Rica que Cándido Amador fue nuevamente víctima de fumigaciones en su entorno, por lo que de regreso a su casa debió trasladarse urgentemente al hospital donde quedó internado 48 horas. Los médicos que lo atendieron reiteraron que la empresa debe transferirlo a otra tarea donde no esté en contacto con químicos.

Notas:

1- La Real Academia Española define el término como “secuaz a sueldo”.

2- El nombre de quien han brindado este testimonio fue cambiado para evitar represalias de la empresa.

Foro Social Mundial 2021: otro mundo es posible

Del 23 al 31 de enero de 2021 se llevará a cabo en modalidad virtual el Foro Social Mundial (FSM), evento que convoca a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo.

Entre las actividades por desarrollarse se encuentra “La marcha virtual”, que consiste en una transmisión por Internet en directo de 24 horas de duración en la que se destacarán las luchas, visiones y experiencias de los movimientos de todas las partes del mundo.

También habrá una serie de paneles que abordarán temas transversales como género, combate al racismo, pandemia y futuro del foro.

Para participar del FSM virtual es necesario crear una cuenta de usuario con Login y Contraseña en el sitio web oficial, confirmar algunos datos para acceder a la información y las actividades, y registrar las iniciativas.

Con dicha cuenta podrá inscribirse como participante, registrar su organización o movimiento social, registrar actividades, registrar una asamblea autónoma o una iniciativa, ya sea una campaña, una lucha, un proceso, de forma continuada, de una o varias organizaciones.

El juzgado penal de Buenos Aires rechaza la solicitud de desestimación en la investigación del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Óscar Retana Montenegro.
Abogado representante de las víctimas, familia Rojas Lázaro.
15 de enero de 2021

El Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó, en resolución notificada el 14 de enero 2021, que deben de continuarse los actos investigativos en torno al homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, rechazando la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público en setiembre anterior, y cuya audiencia se realizó el pasado 3 de diciembre de 2020.

Lo anterior debido a que el ente juzgador señaló que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal.

Resuelto lo anterior, el Ministerio Público tiene un plazo de 5 días hábiles para rectificar lo resuelto o manifestar su desacuerdo. En este último supuesto, debe el superior jerárquico, es decir la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, quien resuelva sobre la gestión.

La investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acatamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica: “La expresión “debida diligencia” se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de todos los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156.)

Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.
Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora

UCR repudia intentos por menoscabar libertad de expresión

Alejandra Amador Salazar, Periodista Consejo Universitario

Mediante un Pronunciamiento aprobado en el mes de diciembre por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró su compromiso con la defensa del principio de libertad de expresión y el trabajo que realiza el sistema de medios de esta casa de estudios superiores al ofrecer a la ciudadanía costarricense información analítica, crítica y de alta calidad.

Para el Órgano Colegiado, la libertad de expresión, resguardada por la Constitución Política, garantiza que ninguna persona pueda ser inquietada o perseguida por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley.

En un Estado de derecho, la libertad de expresión es un requisito indispensable para la democracia, pues permite la construcción de una dinámica social de intercambio de ideas, conocimientos e informaciones que coadyuvan a generar consensos y tomar decisiones.

En este sentido, la Universidad reconoció que los y las periodistas deben gozar de independencia y protección para poder mantener informada a la sociedad, y esto se torna particularmente importante en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades que gobernarán un Estado.

Medios universitarios

Durante sus 80 años de historia, la UCR se ha caracterizado por brindar una formación humanista, con el propósito de preparar profesionales con un pensamiento crítico de la realidad nacional e internacional y respetuosos de las diferentes áreas del saber.

El sistema de medios de comunicación institucionales contribuye con la defensa de esos principios, así como con la promoción y consolidación de la comunicación como un derecho y bien público, por lo cual, mediante información veraz, pretende enriquecer el espíritu reflexivo y el conocimiento de la realidad universitaria, nacional e internacional.

Por lo tanto, el Consejo Universitario considera que cualquier intento de silenciarlos violenta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho de la sociedad costarricense de recibir información.

Este pronunciamiento surgió a raíz de una propuesta de miembro presentada por la Dra. Teresita Cordero Cordero, la Prof. Cat. Madeline Howard Mora, el M.Sc. Carlos Méndez Soto y la M.Sc. Patricia Quesada Villalobos.

 

Nota periodística publicada originalmente en página web del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

FMI y Empleo Público: ¿La última frontera?

La locura no tiene propósito o razón, pero puede tener objetivo
Sr. Spock. Stark Trek

Luis Andres Sanabria Zaniboni

En las últimas semanas asistíamos a la confirmación e inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el acceso al Servicio Ampliado del Fondo. Este hecho ha provocado muchas intervenciones desde distintos sectores, que cada quien se coloca desde las diversas posiciones al respecto, sin embargo, un hecho resalta a todas luces, la decisión del Poder Ejecutivo de dar prioridad máxima a la Ley de Empleo Público como llave para las negociaciones con el FMI. No podemos dejar de mirar el proceso político-económico que viene adoptando el país y consolidado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa hoja de ruta que hoy vuelve a confirmarse, debemos preguntarnos ¿Por qué esta necesidad de impulsar ese proyecto?

Si con la ley de Finanzas Públicas quedaba claro la postura de la carga impositiva regresiva del país y la protección de ciertos sectores económicos-financieros dominantes del país, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” perfiló la postura autoritaria ante el disenso y la criminalización de la protesta social, facilitando así la imposición de un supuesto “consenso” de los actores políticos, y el etiquetado a los disidentes.

Sin embargo, faltaba más, la Ley de Empleo Público procura realizar una reingeniería social sobre el Estado, basada en la anulación de la independencia y las autonomías de las instituciones, a través de la centralización de la política del empleo en MIDEPLAN, sin embargo, salta la primera pregunta ¿Qué hay del servicio civil?

Más allá de las percepciones que podríamos tener al respecto, que no se ignora la necesidad de repensar el empleo público, pero salta a la vista que esta postura no va en línea de la formalización laboral y protección de los derechos, sino como instrumento “austero” de los salarios, facilitando la congelación de estos y desregulación del empleo.

Como señalan muchos de sus defensores desde el Poder Ejecutivo hasta representantes de los mismos Organismos Financieros Internacionales, esta Ley coloca a Costa Rica en los “estándares internacionales”, sin embargo leamos esta afirmación detenidamente, estar dentro de dichos estándares para estos sujetos es la promoción de la desregulación laboral; la precarización de las condiciones de trabajo tanto de lugar de trabajo como de derechos, no podemos dejar de pensar lo que significó años atrás la movilidad laboral, en definitiva son formas de extorsión sobre los sectores trabajadores.

Y con esto, se consolida lo que muchas personas han señalado al respecto del Neoliberalismo, la erosión de la institucionalidad pública, grandes cascarones administrativos dedicados al pago de servicios profesionales, lo cual garantiza el desmejoramiento de los servicios y mercantilización de los derechos sociales, económicos y culturales, entiéndase la educación, la salud y la cultura de nuestro país.

Tal vez al leer esto ya lo pensó, el país continúa su ya reconocida vereda anti-sindical, si con el proyecto de Ley anti-huelga habían generado un consenso político de suprimir sindicatos (existía dicha cláusula, nada más que por extraño que parezca para estos sujetos era inconstitucional), este proyecto de ley procura cerrar los espacios de negociación colectiva de las y los trabajadores, profundizando así los alcances de las posturas autoritarias que están caracterizando a la formulación del tipo Estado que desean las élites político-económicas en esta época del “Consenso del Coronavirus”.

Podrían argumentarse con toda razón que nos encontramos en una crisis fiscal sin precedentes, pero les preguntamos aquí de todo lo que han propuestos los actores políticos ¿Qué asignaciones tienen que ver con la recuperación económica? A manera de ejemplo los grandes ausentes: política de empleo post-covid, alivio de deudas a la población, política de crédito blando para sectores productivos (pequeños y medianos), política contra la elusión y evasión fiscal integral o combate contra la morosidad de los grandes contribuyentes, impuestos selectivos sobre a las nuevas actividades económicas, por citar los grandes ausentes.

No es de extrañar que las grandes propuestas de negociación presentadas el pasado octubre 2020 fueran el calco y copia de las recomendaciones de la auditoría del FMI, así que para esta ocasión no podemos ser ingenuos, los supuestos “Acuerdos Multisectoriales” fueron una forma de legitimar esta negociación, ¿Cuánto de eso está en la mesa de negociación? Sumado a estas estrategias, el FMI invita a participar con 5 minutos para exponer, así legitiman su estilo participativo (tenemos que tomar nota esta será la nueva forma “participativa” para futuras negociaciones).

Por esta razón, es importante reconocer que la hoja de ruta está planteada lo que justifica el porqué de las contradicciones entre las y los negociadores, ya que las negociaciones tomarán el rumbo que este Organismos cite, hay consenso en las elites de las bondades para esta reingeniería del Estado, las desigualdades estructurales continuarán (precarización laboral y erosión de los servicios públicos) y el privilegio de algunos se consolida (exoneraciones, privatizaciones y desregulación).

Ante esto es necesario reconocer la importancia de la protesta social como instrumento de incidencia pública, eso sí mientras siga existiendo, pero claramente insuficiente, se hace necesario repensar la participación desde otros espacios, y debemos abordar la discusión desde otras propuestas de trabajar y abordar el déficit fiscal y la estabilidad financiera, pero la urgencia es evidenciar los intereses en conflicto y dejar claro que la apuesta de la población seguirá siendo por una sociedad inclusiva y solidaria.

 

Imagen tomada de CRONICON.