Este próximo jueves 22 de octubre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y la Vicerrectoría de Investigación de la UNED le invita a la actividad: “Crisis económica en Costa Rica: ¿Es el FMI una opción viable?”, con la participación de Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE-UNED y M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE.
Transmisión vía Zoom y Facebook / CICDEUNED
Datos para conectarse a Zoom: ID de reunión: 854 8562 3702 Código de acceso: 923449
En la zona de Occidente, grupos de personas mayores enfrentan el confinamiento con creatividad
La Etapa Básica de Artes Plásticas de la Sede de Occidente ha diseñado actividades artísticas que han detonado vivencias significativas entre las personas participantes, como las denominadas “Música y color” o “Autorretrato”, explicó la profesora Milagro Arias. Foto cortesía EBAP
Aunque la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha impuesto severas limitaciones de movilidad urbana y realización de actividades presenciales, laSede de Occidentede la Universidad de Costa Rica (UCR) continúa llegando a comunidades lejanas con opciones artísticas y recreativas.
Para llegar a las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad la Etapa Básica de Artes Plásticas (EBAP) de la sede adaptó su propuesta para lograr que la mayor cantidad de personas adultas mayores sigan activas en todos los sentidos.
“Lo primero fue analizar la situación de las agrupaciones e instituciones previstas para participar este 2020, con el fin de priorizar las poblaciones que estuvieran en situación de vulnerabilidad -económica, social, emocional- alta para orientar acciones como la entrega de material didáctico e insumos para actividades de expresión plástica. Posteriormente, se tomó en consideración los recursos tecnológicos disponibles en la población participante para convertir las actividades EBAP a un formato digital adecuado. Asimismo, se han establecido sinergias con otros proyectos de Acción Social como Cursos Libres, el Museo Regional de San Ramón, el Programa Integral de la Persona Adulta Mayor, entre otros”, explicó la Lic. Milagro Arias Rodríguez, coordinadora de la EBAP.
Hasta el momento, explicó Arias, se ha logrado llevar las actividades a personas de cinco cantones vinculadas a hogares diurnos, grupos comunitarios y asociaciones de personas adultas mayores en Naranjo, Sarchí, San Ramón, Grecia y Palmares. “Gracias a la divulgación de las actividades EBAP por las plataformas y redes sociales institucionales, se contabiliza un alcance de unas 550 visualizaciones de las propuestas realizadas”, detalló.
Las personas participantes van desde los 55 años de edad, las más jóvenes, hasta otras que ya suman los 98 años de vida. Todas ellas, se han sumado a plasmar en dibujos, pinturas y movimiento creativo sus talentos, que luego son compartidos mediante las plataformas virtuales o servicios de mensajería como Whatsapp, cuyas redes se han convertido en aliados en el trabajo de la EBAP.
Desafíos superados
La profesora Arias añadió que la EBAP se ha abocado a trabajar con la población adulta mayor que se encuentra de forma permanente en alguna institución, o bien, los que están en sus casas y son parte de grupos diurnos, a los que se comparten videos tutoriales o instructivos con las tareas sugeridas.
“Con los primeros, la ejecución de las actividades depende de la mediación que haga la persona de enfermería, terapia ocupacional o física; lo cual ha sido muy favorable porque son profesionales capacitados, se mantienen en contacto con diversos programas estatales y privados dedicados a esta población. Asimismo, tienen dominio y conocimientos para utilizar los dispositivos que se requieran, como el proyector de videos, tabletas, celulares, pantallas, entre otros”, manifestó Arias.
Uno de los principales obstáculos ha sido que algunas personas poseen poca alfabetización tecnológica, la mayoría utiliza el teléfono celular sobre todo para enviar y recibir audios y carecen de una cuenta de correo electrónico, lo que imposibilita el acceso a aplicaciones como Zoom, redes sociales o UCR Global.
Adicionalmente, otras personas por situación económica o ubicación geográfica no poseen teléfonos celulares y otras no saben leer ni escribir. “En el caso del grupo de La Paz, a unos 35 minutos del centro urbano de San Ramón, a una participante que vive en una zona de difícil acceso y no tiene celular, se optó por narrarle por teléfono algunas actividades adaptando el contenido según la temática”, ilustró.
María Eugenia Arredondo Bejarano, coordinadora del grupo comunitario de La Paz, en San Ramón, relató que sus integrantes son muy unidos y “desean es que todo esto pase para reunirnos, aunque el vivir en el campo es diferente a la ciudad porque tienen más espacios abiertos y se sienten menos confinados, con más libertad de salir. Algunos no tienen Internet, no manejan Whatsapp, y en sus casas los familiares les ayudan, aunque algunos viven solos”.
En medio de estas carencias la solidaridad apareció entre amigos y vecinos. “Cuando inició la pandemia yo apoyaba a don Gonzalo, de 85 años, le ayudaba a enviar sus trabajos, lamentablemente él y su esposa se contagiaron con el COVID-19 y gracias a Dios se recuperaron”, recordó Alicia Segura Umaña, vecina de Sarchí e integrante del grupo diurno de ese cantón.
A sus 74 años, Segura sigue siendo una apasionada del dibujo y la pintura, de experimentar con el arte. “No se imagina cuánto me ha ayudado, porque pasamos ocupados, nuestra mente pasa trabajando y nos alejamos de las preocupaciones”, expuso. En su carpeta acumula manualidades, dibujos y otros que surgen de momentos de observación de la naturaleza. Todos son compartidos mediante el teléfono celular y mantienen una comunicación constante entre todas las personas de la agrupación.
De acuerdo con la profesora Arias, “al posibilitar espacios para la expresión plástica se genera un efecto catalizador y sensibilizador que invita a la reflexión, así como el disfrute de la vivencia cultural. Por cada dibujo o pintura resultante de la participación en las actividades hemos recibido audios que complementan esas imágenes que nos hacen llegar los participantes, es decir, surge la imagen y también la palabra. Se hace evidente, ahora más que nunca, la necesidad de expresar verbalmente lo que sentimos y pensamos. Para la población adulta mayor ha sido muy positivo pues ejecutan las actividades a su ritmo, tomando decisiones según sus criterios y posibilidades”.
Personas adultas mayores de cantones norteños se han sumado a seguir explorando su creatividad con proyectos virtuales emprendidos por la Etapa Básica de Artes Plásticas de la Sede de Occidente. Fotos cortesía EBAP
Sumando aprendizajes
Para la Etapa Básica de Artes Plásticas el año 2020 fue uno lleno de retos y para el siguiente se abren nuevas posibilidades de trabajo con comunidades alejadas geográficamente o personas a quienes se les dificulte la movilidad.
“Hemos visto la virtualidad como un espacio muy prometedor porque ha posibilitado conectar con comunidades como Toro Amarillo, en el cantón de Sarchí; que desde un formato presencial, hubiera sido complejo acceder. La interactividad que se genera con las redes sociales también ha sido una experiencia muy positiva”, manifestó la profesora Arias.
Tomando en cuenta lo realizado este año, para el 2021 se podría mantener un porcentaje de actividades en formato virtual, dependiendo de las directrices de la administración universitaria. “Ahora que las limitaciones geográficas se desdibujan dando lugar a espacios virtuales, vemos con optimismo los esfuerzos que se están haciendo desde las distintas instancias de la institución. Este proyecto ha evolucionado y se ha ajustado a las circunstancias y el contexto. La experiencia en este 2020 suma nuevos aprendizajes que han resaltado, una vez más, lo fundamental de mantener, fomentar y robustecer la labor articulada entre proyectos de Acción Social”, concluyó.
Etapa Básica de Artes Plásticas, Sede de Occidente Desde hace 35 años la Etapa Básica de Artes Plásticas de la Sede de Occidente se orienta a diversas poblaciones para desarrollar aptitudes creativas mediante actividades artísticas y vinculantes con la cultura, bajo la dirección de profesionales en diferentes especialidades de las Artes Plásticas.
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social
Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante las mociones presentadas en la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa, para recortes presupuestarios a la educación pública, al FEES y al presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2020-2021:
El país atraviesa una de las crisis socioeconómicas y políticas más fuertes de su historia, la cual se acrecentó a raíz de la emergencia sanitaria, en los últimos ocho meses, trayendo serias consecuencias para la población nacional, como un aumento en las tasas de desempleo y pobreza, así como un impacto significativo de los ingresos del Estado.
Esta situación afecta las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de bajos recursos o regiones en condición de vulnerabilidad.
La Universidad Nacional coadyuva a la atención de la pandemia y la crisis fiscal del Estado, atendiendo los principios estatutarios, la solidaridad, sensibilidad y la responsabilidad social.
En este sentido, la Universidad Nacional ha realizado las siguientes acciones:
Sobre la atención de la pandemia:
1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia.
2) Eje económico y productivo.
3) Eje social, psicológico y educativo.
4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la transmisiónde la covid-19.
Sobre el tema fiscal:
Atención de recortes y postergaciones de presupuesto que se han realizado en los últimos años. Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ¢8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ¢5.000 millones. Ambas cifras suman ¢13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.
Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA.
El Consejo Universitario rechaza las propuestas que procuren una nueva reducción del presupuesto a la educación pública en su conjunto, siendo un sector estratégico para el desarrollo del país y la atención de la covid-19, específicamente las mociones presentadas en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para reducir el monto acordado en la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior; en consecuencia se pondría en riesgo las áreas más sensibles de nuestra universidad, para garantizar la atención de las necesidades académicas y estudiantiles.
Recordar a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que el sistema de educación superior de Costa Rica ha sido un baluarte en el desarrollo integral y la movilidad social de poblaciones que no ha tenido las oportunidades de mejorar la condición de vida mediante la educación; en consecuencia, una reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo nacional.
Atentamente, CONSEJO UNIVERSITARIO
Más información con la Oficina de Comunicación al 8720-4908.
Compartimos la siguiente petición hecha por el sector de cultura.
Estimadas Señoras Diputadas y Diputados, Estimado Señor Presidente de la República,
Como Sector Cultura reconocemos la situación país, y sabemos lo importante que es en este momento su trabajo para tratar de impedir el agravamiento de la crisis social y económica. Entendemos también que es necesario tomar decisiones difíciles y que muchas veces esas decisiones pasarán por asumir recortes presupuestarios importantes en diferentes áreas y sectores.
Sin embargo, en la discusión que están teniendo las y los diputados de la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174, la diputada Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional presentaron el día 15 de octubre la moción #129 la cual propone un recorte de ¢6.400.756.551,00 millones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Igualmente se presentó la moción #72 por parte de la diputada María Inés Solís y varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana que pretende recortar ¢4.126.307.837 millones, lo cual llevarían al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud a equipararse en el 2021 con el monto visto en el año 2013 en la administración de Laura Chinchilla.
Este recorte que en sumatoria podría representar aproximadamente el 15% del presupuesto, deja al Ministerio de Cultura y Juventud inhabilitado para ejecutar gran parte de sus programas, incluso desapareciendo del todo compromisos adquiridos por ley en algunas de sus partidas. Para algunas de las instituciones culturales del país, el recorte significa prácticamente un cierre técnico.
Estos recortes impactan negativamente los programas de extensión cultural de una industria que representa el 2.2% del PIB (2015) del país, así como la fuente de empleo de miles de profesionales y técnicos cada año.
El Partido Liberación Nacional, el mismo cuyo principal líder alguna vez pronunció la famosa frase: ¿para qué tractores sin violines?, está promoviendo los recortes más significativos que sepultan la capacidad de recuperación del sector ya impactado fuertemente por la pandemia.
Es por ello que solicitamos a las y los diputados que se proteja el presupuesto de cultura, que los recortes que se propongan sean en conjunto con los rectores del Ministerio y representantes del sector para garantizar que no afecte la operatividad del Ministerio, ni la ejecución de sus principales programas que impactan directamente a las personas trabajadoras del arte y la cultura y la población en general.
Exhortamos así mismo al Señor Presidente de la República, que se nos incluya en el diálogo multisectorial nacional. La cultura debe ser una aliada en la reconstrucción económica del país. Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura, solamente la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano.
Este tipo de recortes, así como que se nos excluya de la convocatoria a un diálogo nacional, demuestran desconocimiento del crecimiento que ha tenido la Economía Cultural a nivel mundial y un paso atrás como país frente a lo que está siendo una fuerte apuesta de desarrollo en otros países Latinoamericanos, respaldados inclusive en estudios del Banco Internacional de Desarrollo (BID).
Un país sin cultura, es un país sin identidad.
Artes Escénicas Costa Rica (AECR) Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional (AGITEP) Asociación Nacional de Trabajadores de la Danza (ANATRADANZA) Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE) Unión de Trabajadores de la Música, las Artes y Afines (UTM) Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses (AGICUP) Directoras de Cine de Costa Rica Red Nacional de Teatro Comunitario (RNTC) COOPEARTES RL Fundación Tico de Corazón Compañía Folclórica Matambú PROARCA S.C. Memoria de las Artes Escénicas (MAE) El Guato Los Garbanzos La Milixia Endemia Cooperativa Sulá Batsú RL Asociación Cultural de Guácimo Respirarte Sección Nacional del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales (CIOFF COSTA RICA) InterArtis Costa Rica
Organizaciones, agrupaciones, empresas, personas trabajadoras del Sector Artístico, Cultural y Creativo de Costa Rica, sociedad civil, abajo firmantes.
Por Vanessa Romo, Yvette Sierra Praeli en 13 septiembre 2020
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.
Él y su padre habían sido amenazados en varias oportunidades desde el año 2012, cuando se inició la invasión de sus territorios
Las amenazas se cumplieron. Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado ayer cuando salió a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios.
El cuerpo de Roberto Carlos fue encontrado por su padre Demetrio el viernes 11 de setiembre en medio de una trocha que conducía a un terreno agrícola de la comunidad de San Juan, predio colindante con la concesión de Pacheco. Dos balas, una en la cabeza y otra en la cadera terminaron con la vida de Pacheco Villanueva, quien, en más de una oportunidad, junto con su padre, había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.
Roberto Carlos Pacheco Villanueva. Foto: Archivo personal Demetrio Pacheco.
Un día antes de su asesinato, Roberto Carlos salió como de costumbre a recorrer su concesión pero esta vez no regresó a casa. Preocupados por su desaparición, dos de las personas que trabajaban con él y su padre salieron en buscarlo. Lamentablemente lo encontraron muerto.
De acuerdo con información policial, el cuerpo fue ubicado en una trocha de acceso a un predio agrícola ubicada a la altura del kilómetro 356 de la carretera Interoceánica Urcos-Iñapari, a unos dos kilómetros de distancia de esta vía principal. Muy cerca encontraron un vehículo color naranja, sin placa de rodaje y sin número de chasis. La fiscal Miriam Huillca Huamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, llegó hasta la escena del crimen.
Una historia de amenazas
“Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, fue la última amenaza que recibió Roberto Carlos Pacheco en abril de este año. Su padre la recuerda muy bien y la mencionó en una entrevista con Mongabay Latam.
Son más de 800 hectáreas de concesión. El problema es que están ingresando por varios lados, indica Pacheco. Foto: Jack Lo.
El amedrentamiento provino de un grupo de aproximadamente seis personas que encontró dentro de la concesión, a quienes su hijo recriminó por haber talado algunos de sus árboles, narra Pacheco.
Las invasiones a la concesión de 842 hectáreas de bosque adjudicadas a Pacheco empezaron a registrarse en el año 2012. Este terreno, dedicado principalmente al aprovechamiento de la castaña, está a su nombre desde 1995. “Desde que empezaron a invadir, en el 2012, he realizado por lo menos ocho denuncias por deforestación”, asegura Pacheco.
Fue siguiendo ese camino en defensa de los bosques de Madre de Dios que se convirtió en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por un grupo de ambientalistas y propietarios de concesiones forestales ubicadas en la zona de amortiguamiento de esta área protegida. Todo ellos llevan años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones de terrenos.
En una ocasión, Demetrio Pacheco y su hijo encontraron una bala en la mesa de su casa dentro de su concesión. Foto: Archivo Mongabay Latam.
“En junio del 2016 pedí una medida cautelar para que paralicen todo tipo de actividades en la vía administrativa y en el campo, pero es letra muerta. Ellos [se refiere a los invasores] han presentado supuestos certificados de posesión de los años 1988 y 1989. Nosotros pedimos imágenes y hasta el año 2005 no hay cambio en la cobertura boscosa, ¿Cómo en 1988 otorgaron constancias?”, señala Pacheco en referencia a los documentos que entregan a las autoridades regionales para certificar el cambio de uso de suelo que ocurre en el bosque.
Las amenazas y agresiones hacia la familia Pacheco han sido constantes. En el 2017, Roberto Carlos Pacheco fue golpeado y amenazado con un arma y un machete. Ese mismo año le pusieron el cañón de un arma en la boca y destruyeron sus bienes personales. En una ocasión dejaron una bala en la mesa de su comedor, recuerda así Pacheco todas las veces que recibieron estos mensajes contra sus vidas.
“La única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la Prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. Luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al Defensor del Pueblo en Madre de Dios”, menciona Pacheco.
Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, dice que cada vez que Demetrio entraba a su concesión era amedrentado. “Muchos como Demetrio, lamentablemente por la minería ilegal que ha ingresado a las concesiones, son amenazados”.
La minería ilegal en Madre de Dios ha destruido grandes extensiones de bosques. Foto cortesía Cincia.
Loaiza agrega que con lo sucedido ahora evaluarán solicitar la protección de Demetrio y su familia. “Hay muchos concesionarios que han sido amenazados. Ellos están expuestos al riesgo de sufrir cualquier atentado al estar en zonas próximas a la minería ilegal y a los invasores. Los que tienen concesiones forestales son los más vulnerables”.
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, se pronunció sobre el asesinato de Pacheco a través de sus redes sociales. “Recibo desde Perú la terrible noticia de que Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, fue asesinado”, escribió en su cuenta de Twitter.
El 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.
El congresista del Partico Morado, Alberto de Belaúnde, también escribió sobre la muerte de Roberto Carlos Pacheco. “Pese a la difícil coyuntura política, no puedo dejar de lamentar y condenar la muerte de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, quien como parte del Comité de Gestión de la RN Tambopata viene luchando en contra de la minería ilegal en Madre de Dios”.
Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente hizo un llamado a las autoridades para que brinden protección a los ambientalistas amenazados. “Mis sentidas condolencias a la familia de Demetrio Pacheco. Urgente llamado a @Defensoria_Peru, @MinjusDH_Peru, @MinamPeru @MininterPeru para que brinden efectiva seguridad personal y familiar”, escribió en sus redes.
La ministra del Ambiente (Minam), Kirla Echegaray Alfaro, también lamentó lo sucedido a través de las redes sociales.
Mongabay Latam buscó a Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y actual representante del Minam ante la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, para consultar sobre las acciones que se están realizando para proteger a los ambientalistas amenazados. En la misma línea consultamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el cierre de esta edición no se manifestaron.
Un esquema de ilegalidad
La fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, señala que la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras son lideradas por mafias que se han instalado en Madre de Dios. “Quienes están comprometidos con la conservación son amenazados. Muchas veces no presentan sus denuncias ante la Fiscalía por miedo a lo que les pueda pasar”.
La Operación Mercurio se inició en febrero de 2019 con el fin de erradicar la minería ilegal en La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Ministerio del Interior.
Garay explica que los invasores de tierra son mafias que operan junto con la minería ilegal y la tala ilegal. Las concesiones invadidas, muchas veces bajo la fachada de asociaciones de agricultores, pasan con el tiempo a manos de mineros ilegales cuando ya se deforestó el bosque, explica Garay.
La fiscal señala que con la Operación Mercurio en la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, muchos mineros ilegales están desplazándose hacia otros lugares cercanos e invadiendo otros terrenos.
Hace una semana un operativo que duró tres días destruyó más de 60 dragas de minería ilegal en zonas fuera de la Pampa.
Lo ocurrido con el hijo de Demetrio Pacheco ha alarmado a otros concesionarios que son víctimas de esta violencia. “Tengo medio y quisiera dejar la concesión”, dice Freddy Vracko, hijo del ambientalista Alfredo Vracko, asesinado dentro de su concesión en noviembre de 2015 por taladores ilegales.
La minería ilegal ahora amenaza a las comunidades nativas de Pariamanu. Foto: FEMA Madre de Dios.
Vracko señala que son muchos los dueños de concesiones en Madre de Dios que tienen sus terrenos invadidos y son víctimas de amenazas. Comenta también que las denuncias en las fiscalías se quedan estancadas o son archivadas y lo mismo sucede con las investigaciones policiales.
El caso de su padre –recuerda Vracko– tiene cinco años sin resolverse pese a que hubo pruebas y testigos del hecho. “La situación está terrible en Madre de Dios. Lo que ha sucedido ahora es una forma de decirle a Demetrio y a todos los ambientalistas que dejen de hablar”.
Imagen principal: Concesión forestal de Demetrio Pacheco en Madre de Dios. Foto: Jack Lo.
Este jueves 22 de octubre a las 2 p.m. hora Centroamérica, se llevará a cabo el panel: Justicia Climática para las mujeres. Realidades y desafíos para Costa Rica.
Puede inscribirse en el siguiente link:
https://forms.gle/1pWgu6oiy5HhUCPZ6
Se realizará vía zoom y se transmitirá por Facebook:
https://www.facebook.com/CentroamericaVulnerable
https://www.facebook.com/ditsoCR
Organizado por:
-Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida
-Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
-Coordinadora Norte Tierra y Libertad
-Departamento Ecuménico de Investigaciones / DEI
-Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste / FEDEAGUA
OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA NACIONAL – ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS
El equipo del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) presenta el monitoreo de medios de comunicación 8-2020 y 9-2020 correspondientes a la semana del 27 de setiembre al 10 de octubre.
Además, el más reciente análisis de la Coyuntura Política Nacional «La Costa Rica Política en tiempos del FMI», disponible en el siguiente enlace.
Ministerio de Salud “acomoda” decreto para justificar reutilización de respiradores
CCSS no admite desabastecimiento de insumos
El Ministerio de Salud emitió, el pasado 12 de octubre, un decreto cuya finalidad es justificar legalmente la directriz que dio la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 17 de setiembre para reutilizar los respiradores N95 o sus similares.
Así lo consignó el enfermero profesional y coordinador del Programa de Educación Continua, Jorge Ugalde, quien emplazó, la tarde de este viernes, a las autoridades de salud en una reunión que sostuvieron siete sindicatos del sector con la CCSS y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
SINAE AFINES defendió la tesis de que el lineamiento emitido por el presidente de la institución Román Macaya carecía de legalidad, puesto el Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud afines establece que todo el Equipo de Protección Personal descartable debe ser de un solo uso. Por lo anterior obligar a los funcionarios de salud reutilizar sus respiradores carece de legalidad.
Por otra parte SINAE AFINES cuestionó los argumentos técnicos que las autoridades la CCSS como el Ministerio de Salud defienden en el sentido de que otros país aplican la reutilización de los insumos y que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Centro de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), sugieren en casos extremos el reúso de los insumos de protección personal.
El profesional en Enfermería indicó que esos organismos a que se refieren la CCCSS y el MS también hablan de las condiciones de reprocesamiento que debería haber en los centros de salud para garantizar que los insumos no se conviertan en focos de infección para el personal de salud.
“Lo malo de todo esto es que la CCSS y Salud cambian lineamientos y hasta un manual de bioseguridad para justificar la reutilización de los equipos sin garantizar la seguridad de quienes están en la primera línea de la pandemia. No hay explicaciones y pareciera que imperan interés políticos o económicos”, subrayó el profesional en Enfermería.
Innovación y resiliencia de la administración pública en el marco del COVID-19, con respecto a la transparencia y el derecho al acceso a la información
Este miércoles 30 de setiembre de 2020, a las 9:00 am se continuó con la jornada del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la plataforma virtual Zoom.
Rosibel Hernández, quien es integrante del equipo coordinador del evento, hizo un breve repasó, lo realizado en las mesas de trabajo 1 y 2, celebradas el día lunes 29 de setiembre de 2020, donde se vieron diferentes puntos de especialistas nacionales e internacionales que reflejan la importancia de aprobar la ley de acceso a la información pública.
Posteriormente, Sylvia Arredondo, Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, invitò a conocer más de cerca las experiencias de los poderes legislativos de la región, sobre las iniciativas y esfuerzos en favor de la transparencia, pilar fundamental de parlamento abierto, teniendo en consideración también los procesos de modernización y adaptación que han sido necesarios para mantener el funcionamiento del parlamento en escenarios de crisis como el que afrontamos actualmente. Arredondo, considera importante trabajar estos temas de actualidad para el avance de un diálogo respecto a las coyunturas actuales.
El señor Emanuel Barrantes integrante del Movimiento de Iniciativa Popular y moderador de la mesa 3 afirmó que es necesario, aún más en tiempo de pandemia, tener una administración pública eficiente, para ello, presenta a las personas panelistas: Jorge Umaña, miembro del Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica; Wagner Jiménez, diputado de la República de Costa Rica; Carolina Botero, invitada internacional de la Fundación Karisma de Colombia; Luis Adrián Salazar, Ex Ministro de MICIT, empresario y consultor en tecnología y Juan Carlos Mora Montero, académico e investigador de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, quienes abordaron su perspectiva en lo que respecta al uso de la tecnología como medio de comunicación, la necesidad de hacer ajustes en la legislación del país, así como la resiliencia en la administración pública y la transparencia.
La mesa inició con la participación de la señora Carolina Botero, quien explicò el caso particular de Colombia, donde se desea implementar la tecnología para combatir el COVID–19. En este país sudamericano intentaron utilizar una aplicación llamada Coronapp, donde se encontraron vicios en transparencia, en seguridad y funcionaba de forma poco eficiente. Tras una serie de correcciones los problemas en ciberseguridad mejoraron, pero en transparencia seguía presentando graves falencias. “Si bien las coyunturas necesitan respuestas rápidas, tampoco se puede dejar la transparencia de lado. Menos en un tema tan delicado como la salud”, afirma Botero.
Jorge Umaña mencionó que los servicios de mensajería son vistos como una nueva alternativa, por ello, cada día incrementan más. Según el panelista, esto se debe a que hay una nueva cultura, que se molesta con las multitudes, lo que necesariamente cambiará la forma de protesta y manifestación: “Llevar a lo digital la administración pública es un cambio que debe hacerse con urgencia, aunque falta mucha cultura, por ausencia de la ley de transparencia. Asimismo, se deben resguardar los datos de las personas, debido a que se puede manejar información muy sensible”, acotó Umaña.
El diputado Wagner Jiménez, dijo que la eficiencia es necesaria en un mundo virtualizado: “Es desastroso que la Hacienda Pública del país se maneja con Excel”, comentó que en irregularidades como fraude aduanero y corrupción se pierde un 14% del PIB, por eso es que la Asamblea trata de digitalizar los múltiples sistemas, para evitar los fraudes y para agilizar instancias como Hacienda, donde es sumamente complicado hacer declaraciones de impuestos. Jiménez exhorta a un cambio cultural en gobierno si se quiere implementar la tecnología efectivamente, donde considera que el ciudadano es el centro del cambio tecnológico: “Ahora es más importante debido a la situación de pandemia, porque se necesita frenar el contacto físico en la mayor medida posible”, indicó el legislador.
Para Luis Adrián Salazar, ya desde 2016 se empieza a ver la tecnología y todo su potencial. El panelista hizo ver que cuando llega el COVID 19, toma a todo el mundo por sorpresa, donde sectores de la economía se ven enormemente golpeados, y que es ahí donde la tecnología se pone como una alternativa al contacto.
Expresó que el sector público ha demostrado falencias para realizar el cambio, donde la empresa privada ha demostrado ser mucho más eficiente, por lo que el gobierno debe hacerse más pequeño para dar espacio a la inversión privada. Salazar afirmó que es necesario contemplar la interoperabilidad entre sistemas, donde se busca que las instituciones del Estado estén interconectadas, para evitar dobles papeleos y falencias en seguridad, ya que con el implemento de tecnología se puede ahorrar hasta un 9% del PIB: “Se debe tener una estrategia de transformación digital sólida y con apoyo del poder Legislativo, así como evitar caer en enemistades políticas que sólo vienen a ralentizar el progreso”. Agregó el Ex Ministro de Ciencia y Tecnología-MICIT.
Por su parte Juan Carlos Mora Montero, académico de la EPPS-UNA, hizo una proyección de Escenarios para Costa Rica al Año 2040 e indicó que estas proyecciones usualmente no concuerdan con la realidad, debido a que hay cambios de gran velocidad y cambios de mentalidad. El funcionario de la Escuela de Planificación y Promoción Social UNA, recalcó la diferencia entre innovar y la tecnología, dado que la tecnología no garantiza capacidad de adaptación: “El mundo es tan complejo y tan cambiante, que las teorías explicativas de la realidad no durarían mucho tiempo, por lo que los estudios sobre lo que puede traer la innovación y la coyuntura del COVID 19 no se va a ajustar a lo que se va a vivir. Por ello, innovar no es sólo cambiar la tiza por una Tablet, eso no es suficiente. Se requiere un proceso y una preparación para un cambio cultural”, manifestó el investigador social y experto en prospectiva.
Mora, mencionó que en la investigación realizada por la Escuela de Planificación EPPS-UNA:
“Escenarios 2040-La Nueva Normalidad”, se plantea una alerta importante con respecto a una Costa Rica virtual en el año 2040; pero también un país que podría ver un aumento de la desigualdad social acrecentada por la falta de universalización de temas como la conectividad que podrán acentuar la desigualdad en la educación, en el trabajo y en general en el acceso a oportunidades: “ El resultado de esta investigación (“Escenarios 2040) plantea la importancia de la inversión en I+D, el trabajo virtual, la educación virtual y las ciudades inteligentes como los temas con mayor germen de futuro”, concluyó Mora Montero.
Emanuel Barrantes, moderador, recalcó que, ante el distanciamiento como factor de cambio social e institucional, es necesario maximizar el sector tecnológico, asimismo, que es crucial el papel de la población para una nueva ciudadanía, donde las instituciones se adapten a una nueva visión de país, procurando una alianza de sector público y sector privado, así como el tema de creación de valores y creación de política pública, y con ello, contar con la madurez política para continuar los proyectos posteriores. En este sentido, agregó que la administración pública debe ir modernizándose y actuar con rapidez y eficiencia para responder a los cambios sociales y desarrollar las tecnologías de comunicación que demanda la sociedad.
Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica
Centroamérica 12 de octubre de 2020
El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida FCV-UV, es un espacio de participación amplio e inclusivo, donde concurren unas 200 OSC centroamericana, cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.
El FCV-UV, desde hace más de 10 años, ha fortalecido pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica, así como el interés genuino por contribuir al cambio social mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento del rol protagónico de las mujeres en los procesos de desarrollo.
En este 2020, el FCV-UV promoverá un dialogo inclusivo, permitiéndonos la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión PostCovid19; que reconceptualiza y amplíe la mirada hacia factores de riesgos, que han formado parte de la compleja dinámica social de la región, pero no considerados por el modelo convencional de gestión de riesgos y desarrollo.
Nuestro contexto
Actualmente el Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) evidencia que los procesos y modelos de desarrollo, junto a un manejo insustentable de la gestión pública, generan riesgos y calamidades que profundizan las brechas sociales y nos alejan de lograr objetivos y metas de desarrollo.
La situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas, lo cual nos desafía a gestionar el escenario regional de crisis complejas desde una perspectiva multisectorial, integradora y sustentable, enfatizando el carácter diferenciado de los impactos y la gestión desde la perspectiva de igualdad y equidad de género.
Hoy en día, la ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos.
Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, política e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria PostCOVID19; a partir de considerar holísticamente los riesgos vigentes y las crisis emergentes, para el incremento de la resiliencia territorial y social.
Nuestra propuesta:
Hacia la sustentabilidad del Desarrollo PostCOVID19 es la forma en que concebimos los procesos de transición individual y colectiva necesarios para reencausar nuestros estilos y sistemas de vida hacia el desarrollo sustentable, centrados en:
Autocuido – Protección Individual y Colectiva.
En el ámbito organizacional, en contextos de crisis complejas, las organizaciones de sociedad civil deben contribuir a la búsqueda de soluciones desde los enfoques de gestión social de riesgos basada en derechos.
Desde el ámbito comunitario, la protección guarda relación con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y se refiere a todas las actividades tendientes a conseguir el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres, y por consiguiente la efectiva construcción de ciudadanía (Protección y Garantía de Derechos).
Reconfiguración Organizacional. Las organizaciones de sociedad civil deben seguir trabajando para la sustentabilidad, impulsando procesos de construcción colectiva de readecuación de planes estratégicos y repensados desde la sostenibilidad organizacional. cada una desde su propia identidad, rol y expertis (Iniciativas en Implementación y Formulación).
Autogestión Territorial: Promoción de acciones de protección, conservación y recuperación de los bienes naturales, medios de vida y capacidades productivas, basadas en un enfoque de esencialidades y en armonía con las aspiraciones de bienestar y calidad de vida de todos y todas, sobre la base de reconocer el Rol de nuestros Gobiernos en la concreción de ese bienestar desde la gestión pública y principal protector de derechos. Nuestro rol como OSC es apoyar y ser auditores de que eso se cumpla en base a estándares de igualdad y equidad para todas las personas en Centroamérica.
Finalmente, como organizaciones sociales que conformamos el Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! consideramos que un marco de referencia hacia la sustentabilidad del desarrollo PostCOVID19, además de oportuno y necesario, debería servir de base para motivar la interlocución, las colaboraciones y las alianzas público-privadas, considerando la dimensión local, nacional y regional, para intervenir desde una forma holística ante las crisis complejas que enfrentamos.
¡Voces Centroamérica por la justicia ambiental y seguridad climática! ¡Existimos porque resistimos! Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!
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