(FECON, 17/06/2020) En los últimos días se ha desarrollado un fuerte debate sobre la desafortunada idea de que Costa Rica se abra a la explotación petrolera, a la minería de oro a cielo abierto y a la explotación de gas natural. Ideas empujadas por diputados y diputadas de dudoso prestigio ambiental. Pero el debate que merece el país debe ser más profundo y consecuente. Es necesario hablar de justicia energética, justicia climática y transición justa.
El debate ha despertado por la negativa por parte del directorio de la Asamblea Legislativa de recibir a Cristiana Figueres, ex-Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2010-2016), pero también miembro de una de las familias propietarias de embalses hidroeléctricos privados. Al menos se conoce que las plantas hidroeléctricas “Volcan” y “Pedro”están ligadas a su familia; de las cuales para 2018 recibieron por parte del ICE ¢2.863 millones y ¢2.678 millones, respectivamente.
La discusión de la generación eléctrica en Costa Rica es importante debido a la gran presión que existe para represar ríos. En 2015, se detectaron al menos 16 proyectos hidroeléctricos solamente en la Zona Sur. Gracias a la organización comunitaria esto se pudo parar, pero continua la insistencia por parte de intereses particulares por llamarlo a esta energía “limpia”. Escondiendo así las consecuencias graves de este modelo energético sobre el ambiente y la gente de las comunidades.
Pero este “enjambre hidroeléctrico” no es casual, se sabe que la generación eléctrica privada es un gran negocio gracias a la apertura que brindan la Ley #7200: “Ley de Generación Autónoma o Paralela” y la Ley #8345: Ley Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.
Este marco normativo propicia un clima muy favorable para los negocios vinculados a la venta de energía al ICE. Que solo en 2018 significó un gasto por compra de energía innecesaria que ascendió a más de ¢25.000 millones de colones. Pero según informes del Diputado José María Villalta para el período 2010-2018 se ha pagado a las empresas privadas de energía ¢709.936 millones por energía que el ICE no necesitaba.
Sumas que año a año, de una u otra manera, las personas que pagamos el recibo de electricidad estamos condenadas injustamente para engordar las billeteras de unos cuantos. Que de paso, esos cuantos políticos y empresarios, siguen empeñados en destruir los ríos con sus represas.
Desde el sector ecologista por supuesto que deseamos que la moratoria a la explotación petrolera se convierta en ley. Pero aparejado a esto es urgente la justicia energética que proteja a los más pobres y genere las condiciones para transitar con justicia social hacia la sociedad post-petrolera.
El modelo que representa Cristiana Figueres pretende falsamente plantearse como el futuro, la Economía Verde propone la electrificación del transporte sin asumir los costos ambientales de la migración de la industria del vehículo eléctrico privado bajo el mismo modelo individualizado. A Cristina Figueres se le olvida que no solo existe el pico del petroleo, sino también estamos ante el pico en la extracción de minerales. Materiales necesarios para el impulso de la electrificación del sector automotríz. América Latina ya somos testigos de enfrentamientos armados y golpes de estado producto del extractivismo de oro, cobre, niquel, litio, cobalto, etc.
Costa Rica merece un debate profundo sobre su modelo energético. Proponemos que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa abra un Dialogo Energético, espacios inclusivos, basados en la ciencia, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la distribución de la riqueza y el acceso universal a la energía.
Delitos como trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia habrían cometido supuestamente estas empresas al exponer al COVID-19 a sus trabajadores y trabajadoras
(Fecon, 17-06-2020.) Una de las formas más grave de explotación laboral es poner en riesgo la vida de sus trabajadores y trabajadoras, aún a sabiendas por parte de la empresa que estas corren peligro. Es por esta razón que las 9 empresas piñeras cerradas esta semana deben de ser investigadas por la Fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara.
Según el Sindicato de Trabajadores de Sector Privado (SITRASEP): “Exportaciones Norteñas es socia de CANAPEP y ha sido fuertemente cuestionada desde el año 2015 por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud y sostener una fuerte política antisindical”.
Uno se los casos que más trascendió fue la empresa Exportaciones Norteñas S.A. en Santa Fe de Los Chiles fue clausurada este miércoles por personeros del Ministerio de Salud debido a la detección de un brote de al menos 21 trabajadores contagiados con Covid-19.
Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, “esta situación es preocupante debido a que las empresas piñeras parecen haber actuado de mala fe y cometiendo el delito de dolo al poner en riesgo a todos sus empleados, a la luz del artículo 127 del Código Penal. Es ampliamente sabido que el sector agroindustrial ha sido reacio a seguir las indicaciones del Ministerio de Salud dictadas a raíz de la pandemia”.
Además “en las últimas semanas las organizaciones empresariales como CANAPEP y CADEXCO insistieron al Gobierno de la República flexibilizar las disposiciones con el único objetivo de continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”. Señaló Villalobos.
“Desde la Federación Ecologista nos unimos al reclamo de diversos sectores para que Ministerio Público de levante una investigación para esclarecer esta situación”, señaló el presidente de la FECON.
SURCOS recibió el siguiente comunicado de Mujeres en Acción:
Queridas compañeras del movimiento feminista y de mujeres:
En Mujeres en Acción estamos muy preocupadas por las decisiones que el gobierno está tomando en el contexto de la crisis del COVID 19. Dichas medidas apuntan hacia una sociedad más desigual que la que teníamos, más excluyente para la diversidad de mujeres y otras poblaciones tradicionalmente discriminadas y, más frágil ante futuras emergencias como la que estamos viviendo. Sin embargo, esta crisis y sus lecciones, pueden ser la oportunidad para diseñar y construir una Costa Rica inclusiva, justa y democrática entre todas.
Pensando en la sociedad que sí queremos, hemos redactado un documento para plasmar las preocupaciones y plantear propuestas que aseguren el ejercicio de los derechos humanos básicos, tan urgentes en esta coyuntura.
Queremos invitarlas a leerlo, divulgarlo al interior de sus organizaciones y suscribirlo si así lo consideran. En el enlace que incluimos más abajo podrán leer el documento y firmarlo a título personal, como organizaciones o colectivas. Una vez recogidas las firmas, lo publicaremos y lo presentaremos junto a ustedes, en una sesión virtual de redes sociales.
Estudiantes de la Sede del Caribe se reunieron con el Vicerrector de Vida Estudiantil Foto: Anel Kenjekeeva.
El Dr. Carlos Sandoval García, vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica se reunió con las autoridades y estudiantes de la Sede del Caribe para identificar cuáles son los principales retos a los que se enfrentan la población estudiantil de esta sede universitaria en el contexto actual.
La reunión se llevó a cabo este miércoles 10 de junio, y contó con la participación de los estudiantes: Nicole Sánchez, María Elena Cordero, Damián Agüero, y Annia Vallejos, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Caribe.
En la discusión también estuvieron presentes la Mag. Ruth Mora Barrantes, Asesora Ejecutiva de la ViVE, la MBA. Anabelle León Chinchilla, directora de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, y los y las funcionarias de la Sede del Caribe: Jenny González, Jeffrey Bastos, Andy Fuller, Axel Alvarado, Leyla Alpízar, Guiselle Arias, Hernán Chaves, Noelia Acosta, Jackeline Cuadra, Seidy Meza; junto al Dr. Juan Diego Quesada, director de la Sede del Caribe.
Durante el encuentro, tanto estudiantes como funcionarios, se refirieron a las principales dificultades y retos de la población estudiantil, en la coyuntura del COVID-19, en materia de salud mental, acceso a la tecnología para continuar con sus estudios, y sobre la situación socioeconómica de la región.
Funcionarias de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil acompañaron al vicerrector a este encuentro con la población estudiantil Foto: Anel Kenjekeeva.
Por su parte el vicerrector también planteó la posibilidad de hablar acerca de cómo ha marchado el semestre, tras enfrentarse a la virtualización de la docencia; con el objetivo de apoyar desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con el reto de fortalecer la permanencia del estudiantado, en esta coyuntura.
Familias han perdido su trabajo
Con respecto a la condición socioeconómica de la población estudiantil de la Sede del Caribe, la estudiante Annia Vallejos señaló que, muchas familias han perdido su principal fuente de ingresos, por lo que varios estudiantes universitarios aportan parte de los recursos de su beca para apoyar en sus casas con los gastos familiares.
Asimismo, el estudiante Damián Agüero, afirmó que muchos estudiantes no pueden regresar, ni permanecer en sus hogares, durante esta emergencia, debido a los problemas familiares que enfrentan sus hogares.
Por su parte, varios funcionarios de la sede apuntaron que la situación económica de Limón es precaria, y que el sector turismo ha venido decayendo desde el año anterior, y que esto es un factor que agrava la estabilidad económica de las familias y de los estudiantes de la zona.
Durante el conversatorio en la Sede del Caribe, el vicerrector de Vida Estudiantil, Dr. Carlos Araya explicó que la administración continuará apoyando a los y las estudiantes que no cuentan con los recursos tecnológicos para llevar los cursos en la modalidad virtual. Foto: Anel Kenjekeeva.
En este punto señalaron que la situación socioeconómica del estudiantado ha variado sustancialmente, ya que gran parte de los ingresos de las familias y de los estudiantes provienen de las fuentes propias, que muchos de ellos trabajan en transporte, el campo, turismo, y que por la situación del COVID-19 se quedaron sin ese empleo.
Además, apuntaron que muchos estudiantes de la Sede están en algún tipo de régimen becario, principalmente beca por participación en grupos artísticos o deportivos de la Universidad o de horas asistente que les permitía contar con recursos para sentirse más independientes y que la coyuntura les ha afectado, en este aspecto.
Añadieron que, los estudiantes de residencias que están valorando la posibilidad de pedir reubicación geográfica, ya que el dinero de la beca no les alcanza para alquilar un espacio, en donde puedan continuar con sus estudios de manera virtual.
Al respecto la MBA. Anabelle León, directora de la Oficina de Becas explicó que la Vicerrectoría de Vida Estudiantil ha estado analizando el tema de reubicación geográfica, residencias estudiantiles, asignación de beneficios, entre otros, para poder planificar y actuar para el II ciclo lectivo, en materia de becas.
En la discusión también participaron funcionarios y funcionarias de la Sede del Caribe Foto: Anel Kenjekeeva.
En cuanto a la beca por participación en actividades universitarias, como la designación de becas asistente y horas estudiante, la directora de la Oficina de Becas explicó que los estudiantes pueden ser designados o continuar con sus labores de apoyo, siempre y cuando cumplan con las actividades a través de la virtualidad.
Salud Mental
Durante el encuentro, la mayoría de los participantes coincidieron en que las preocupaciones económicas, las exigencias académicas y las dificultades tecnológicas y de conectividad, son algunos de los elementos que han agravado la salud física y mental del estudiantado.
Algunos estudiantes detallaron que la modalidad virtual, muchas veces les genera estrés e incertidumbre debido a que la carga académica es fuerte, y que es difícil para ellos y ellas cumplir con las asignaciones, por distintos motivos familiares, mala conectividad, falta de recursos, entre otros.
Además afirmaron que, muchos estudiantes deben utilizar el dinero de la beca para actividades como: subsanar el faltante económico familiar, para alquilar un apartamento para estudiar, y para pagar gastos asociados al estudio como planes de datos de Internet, su alimentación, etc.; y que todo esto hace que siempre estén preocupados por lo que va a suceder, principalmente en el siguiente semestre.
Juan Diego Quesada, director de la Sede del Caribe también participó en el encuentro. Foto: Anel Kenjekeeva.
Otros retos y necesidades
Con respecto al tema del acceso a las nuevas tecnologías y a Internet para continuar con los cursos en modalidad virtual, tanto funcionarios como estudiantes comentaron que en muchos puntos de la región no tienen como conectarse, ya sea porque los delincuentes se roban el cable de fibra óptica, porque la señal es de mala calidad, o porque la población estudiantil no tiene los recursos económicos para comprar un plan de datos.
También indicaron que la Sede recibe a estudiantes de diferentes lugares de la provincia, no solo del cantón central, sino de puntos más alejados en donde la realidad en cuanto a la conectividad y acceso a distintos servicios y a la tecnología varía considerablemente con respecto al cantón central.
Con respecto a la entrega de tabletas a estudiantes por parte de la administración, señalaron que el mecanismo puede ser más ágil. Los funcionarios de la Sede proponen que el préstamo se realice por medio de una plataforma de solicitud en línea en donde el estudiante pueda exponer su situación de manera rápida. Además, indicaron que para las entregas de las tabletas se requiere una mejor coordinación entre la Sede Rodrigo Facio y la Sede del Caribe.
En materia de Salud, los participantes explicaron que los estudiantes también tienen necesidades en cuanto a cuidados odontológicos y de optometría, ya que no pueden acceder a estos servicios en el espacio público (CCSS) ni privado, y que consideran importante que la Universidad pueda reactivar estos beneficios para la población estudiantil de la Sede del Caribe.
En este punto, la directora de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica explicó que existen diferentes mecanismos administrativos que permiten la reactivación de estos servicios de salud para los y las estudiantes.
Por otra parte, funcionarios y estudiantes señalaron que es importante reactivar programas e iniciativas para motivar a los y las estudiantes a realizar algún tipo de actividad física porque la gran mayoría a raíz de la pandemia se han vuelto sedentarios y este es otro factor desencadenante de los problemas de salud mental.
Al respecto, el vicerrector señaló que hay muchas iniciativas de la Oficina de Bienestar y Salud en materia de Salud Mental que podrían ser compartidas por las autoridades de la Sede con sus estudiantes.
Sobre el acceso a Internet, el vicerrector explicó que está en negociaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad para valorar la posibilidad de mejorar la conectividad en las regiones.
Tatiana Carmona Rizo Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
“No hay una hoja de ruta que permita visualizar la reactivación económica para generar empleo”.
Así lo considera Lenin Hernández Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines al referirse a la tasa de desempleo del 15,7%.
Además, cuestionó que el presidente Alvarado “se lavara las manos diciendo que el Estado no es el que genera puestos de trabajo”.
Según el dirigente sindical el Estado tiene la obligación de generar políticas que promuevan el emprendedurismo para evitar que sean las grandes empresas las que dominen los mercados.
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos compartió con SURCOS este video del conversatorio acerca de la situación de los derechos para la población de la diversidad sexual en nuestra región. Le invitamos a ver y compartir el video.
Respirador no requiere de energía eléctrica para funcionar y posee una máscara de aislamiento incorporada
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Médicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) ya tienen listo el primer modelo de ventilación no invasivo, y con máscara de aislamiento incorporada, que permitirá tratar a pacientes con COVID-19. La innovación cuenta con todas las pruebas preclínicas superadas exitosamente y los parámetros de seguridad comprobados.
El dispositivo lleva por nombre Fluxus Mask y hora, lo que sigue, es encontrar apoyo financiero y la autorización final del Ministerio de Salud para su producción en masa.
En esta ocasión, las mentes maestras detrás de la innovación son el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio y la Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, de la Escuela de Medicina de la UCR; así como el Dr. Olman Coronado García, terapista respiratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, se contó con el apoyo de Miguel Imbach Bartol y Pablo González Lucas, quienes colaboraron desde la empresa privada.
Fluxus Mask es un esfuerzo adicional de la UCR liderado por la Escuela de Medicina, distinto al proyecto “Respira UCR” y al de la Facultad de Ingeniería que en este momento trabajan en otros modelos de respiradores. En total, la UCR desarrolla cuatro modelos diferentes.
El equipo consta de cinco componentes principales. Entre ellos, una máscara de aislamiento, válvulas, un sistema de conductos y filtros biológicos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Importantes ventajas
La innovación posee cuatro importantes cualidades que posibilitará su uso en centros médicos y ambulancias, así como en áreas rurales del país en donde hay un visible aumento de casos por COVID-19. Por ejemplo, la Zona Norte.
De acuerdo con el Dr. Jean Carlo Segura, la primera ventaja es que el mecanismo no depende de la energía eléctrica para funcionar. Segundo, no se requiere intubar al paciente. Tercero, al poseer una máscara de aislamiento para la persona enferma, el personal sanitario reduce significativamente el riesgo de contagiarse al momento de brindar la atención.
Por último, está el bajo costo de producción. Según lo explicó el Dr. Segura, tan solo un respirador tradicional tiene un precio aproximado a los $10 000 dólares (o a veces más por la alta demanda en la actual pandemia). Algo muy distinto a Fluxus Mask, cuyo costo de producción es hasta cinco veces menor ($2 000 dólares).
“El dispositivo superó de manera satisfactoria todas las pruebas preclínicas y está en capacidad de proporcionar soporte ventilatorio a los enfermos con COVID-19 en los primeros tres niveles de la enfermedad señalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): leve, moderado y grave. El mecanismo permite aumentar la capacidad pulmonar y mejorar el intercambio gaseoso. Además, tiene filtros biológicos que evitan la propagación del virus causante del COVID-19”, manifestó el Dr. Segura.
La idea fundamental del mecanismo es evitar que el paciente llegue a un estado crítico que requiera de intubación en una unidad de cuidados intensivos. Esto no solo beneficiaría al paciente hacia una rápida recuperación, sino que también liberaría recursos para atender a otros enfermos y disminuiría los costos de atención que incurre la CCSS.
Además, el mecanismo fue pensado con una clara ventaja: los suministros médicos requeridos para su elaboración, como los filtros, las válvulas o los tubos, están ampliamente disponibles en Costa Rica. Por lo tanto, en el país se puede realizar todo el ensamblaje y no depender de insumos extranjeros.
“En este momento tenemos un aumento importante de personas contagiadas con COVID-19 y el dispositivo podría necesitarse, principalmente, en las zonas rurales. Por eso se propuso un equipo sencillo de fácil transporte”, indicó la Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, directora de la Escuela de Medicina de la UCR e integrante del proyecto.
El soporte ventilatorio se adapta a todas las instalaciones de oxígeno hospitalarias de la CCSS y a las unidades de traslado, sin necesitar espacio adicional para su instalación. De igual forma, el equipo puede ser ajustado para dar nebulización a pacientes asmáticos que tienen COVID-19.
Actualmente, no es recomendable nebulizar a los pacientes con asma infectados por el SARS-CoV-2 porque pueden exponer a las personas de su alrededor a un mayor contagio. Con el recurso se podría brindar dicho tratamiento sin ningún peligro.
El Dr. Segura explica el funcionamiento del ventilador no invasivo
¿Cómo nace?
El origen de Fluxus Mask se inspira de una práctica particular: el buceo. Miguel Imbach Bartol, representante de la empresa privada Lucas ElectroHidráulica que colaboró con la UCR para la generación de la iniciativa, explicó que el artefacto funciona como una segunda tapa de buceo modificada.
La lógica es sencilla. El equipo de buceo usa un cilindro de aire comprimido, cuyo elemento sale con fuerza cuando se abre la válvula. La innovación de la UCR lo que hace es usar ese mismo principio, pero lo adapta a una presión “respirable” para pacientes con dificultades respiratorias a fin de evitar el colapso en los pulmones.
¿La fuente de poder? De carácter neumático y mecánico; es decir, solo necesita del mismo oxígeno para hacer funcionar el mecanismo.
“Cuando vimos lo que estaba pasando en Italia, yo le dije a Pablo, dueño de la empresa, que hiciéramos algo. Nos pusimos a trabajar y llamamos primero al Dr. Olman Coronado García, quien nos puso en contacto con el Dr. Segura para poder activar algo que tuviera sentido. Entonces, pensamos en un equipo fácil de construir, de bajo costo, muy robusto y confiable. Partimos de herramientas que ya se utilizaban para seres humanos y eso hace que uno tenga trabajo adelantado”, indicó Imbach.
El dispositivo permite administrarle al paciente oxígeno de dos formas: flujo continuo o bajo demanda. En este último caso, con tan solo un mínimo esfuerzo que el paciente haga para respirar, ya el soporte ventilatorio le dará el oxígeno que necesita a fin de fortalecer sus pulmones.
“Solo imagine, por ejemplo, que llega un sospechoso de COVID-19. Usted nada más le pone la máscara y sabe que no está infectando a nadie y, al mismo tiempo,
se le está dando el tratamiento que necesita. Es un aislamiento portátil inmediato”, agregó Imbach.
El equipo también sirve como un ambú (respirador manual) en caso de que así lo decida el personal médico. Otra fortaleza es su fácil esterilización, lo que permite usarlo nuevamente en otros pacientes. Lo único que se debe cambiar, como es usual en otros equipos médicos, son los filtros y las válvulas.
“Esto es un aporte a largo plazo. Cuando concluya la pandemia, el respirador va a quedar en los hospitales y va a funcionar por muchos años más. No es algo que posteriormente se vaya a desechar, sino que brindará un apoyo sostenido en el tiempo”, dijo el Dr. Segura.
La idea fundamental del mecanismo es evitar que el paciente llegue a un estado crítico que requiera de intubación.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Riguroso proceso
Para convertir en realidad esta dispositivo, el equipo de la UCR junto con la empresa privada trabajaron por casi cuatro meses hasta tener el primer prototipo.
Posteriormente, el soporte ventilatorio fue probado bajo estrictos estándares la calidad. El primer paso fue comprobar la capacidad de ventilación asistida en simuladores humanos. En este caso, la evaluación fue en la Sección de Integración Médica de la UCR y dio como resultado el cumplimiento satisfactorio de los requerimientos exigidos para un soporte de este tipo.
Seguidamente, se realizaron mediciones de seguridad ventilatoria y de calibración. En este aspecto participó ANCA Médica, empresa costarricense especialista en dispositivos médicos, la cual dictaminó un alto nivel de precisión.
“En una reunión que tuvimos con Gabriel Infante y Flor Navas, ambos del Ministerio de Salud, nos indicaron que el dispositivo es clase dos. En otras palabras, no hay riesgo para el paciente”, aseveró el Dr. Segura.
Beneficio regional
El Dr. Segura resaltó que este esfuerzo adicional de la UCR es de acceso libre. Asimismo, enfatizó que el equipo innovador de la Universidad está dispuesto a visitar hospitales rurales que requieran el dispositivo, con el propósito de fortalecer su respuesta de atención.
“El dejar este dispositivo a disposición de que cualquier interesado pueda fabricarlo si tiene los insumos es muy positivo. En esta situación como la que estamos viviendo lo primordial es compartir el conocimiento para salir adelante”, mencionó el Dr. Segura.
Para la Dra. Salazar, en medio de la emergencia nacional, el desarrollo de este equipo es una alentadora esperanza ante un pandemia que se podría prolongar.
“Nuestros docentes son los que están en la primera línea atendiendo a los pacientes con COVID-19 y eso nos da una noción de los pacientes que están llegando. La Escuela de Medicina de la UCR tiene las buenas prácticas de investigación en salud humana. Eso es muy importante, porque nosotros en el área clínica estamos inscritos como investigadores en el Ministerio de Salud. Por esa razón, estamos en la mejor disposición de colaborar con los hospitales públicos del país”, dijo la Dra. Salazar.
Si usted desea colaborar con el financiamiento de este proyecto, se puede contactar directamente con el Dr. Jean Carlo Segura Aparicio al teléfono: 2511-5910 o al correo jean.seguraaparicio@ucr.ac.cr
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
En los archivos adjuntos encontrará la última nota entregada a los jerarcas de los ministerios del MEIC (Victoria Eugenia Hernández Mora), MINSA (Daniel Salas Peraza) y MAG (Luis Renato Alvarado Rivera), así como al actual Presidente de la República (Carlos Alvarado Quesada), que acompaña la sexagésima primera (61a.) entrega de firmas de apoyo a la solicitud formal realizada el 16/04/15 para la elaboración de un reglamento de etiquetado de los productos alimentarios que contengan ingredientes transgénicos.
También se incluye la promesa realizada por el Sr. Carlos Alvarado Quesada, quién se comprometió firmando, junto a sus vicepresidentes y otros miembros cercanos al señor presidente, a establecer «… la obligatoriedad de informar al consumidor de alimentos para consumo humano o animal que contengan ingredientes genéticamente modificados». (Punto 9. del documento adjunto «Acuerdos con sectores. Carlos Alvarado presidente 2018. Yo creo en el Ambiente»).
Con esta última entrega, ya suman 54 027 (cincuenta y cuatro mil veintisiete) el número de firmas de personas que apoyan y solicitan la promulgación de un decreto ejecutivo que haga valer el compromiso adquirido precitado, para así hacer efectivo el derecho constitucional que tenemos las personas consumidoras a recibir información adecuada y veraz, así como a la libertad de elección, en los términos especificados en nuestra Carta Magna (art. 46), la Ley n.° 7472 de Defensa Efectiva del Consumidor (art. 32, 33 y 34) y su reglamento (Decreto Ejecutivo n.° 25 234-MEIC, art. 91 y 92).
RIPESS LAC invita al Diálogo Latinoamericano y del Caribe «Sobre Economías Transformadoras – Economía Solidaria – Economía Feminista – Agroecología – Pueblos Originarios – Soberanía Alimentaria, este viernes 19 junio a las 3 p.m. hora Centro América.
HÉCTOR MARTÍNEZ MOTIÑO: A CINCO AÑOS DE SU ASESINATO
Crónica de una muerte anunciada, es un clásico de la literatura, publicado en 1981. Forma parte, sin lugar a dudas, una de las obras más realista, dentro de la narrativa latinoamericana. El asesinato de Héctor Martínez Motiño, no difiere en sus circunstancias y hechos, al punto nodal de la novela señalada. Todos saben que lo van a asesinar, Solo que aquí, una señora, la cual todos conocemos, se convierte en la asesina intelectual de este gran compañero de lucha y defensor inclaudicable de los Derechos Humanos y las luchas sindicales de la Universidad, en la que este luchador, laboró hasta el día de su muerte.
Fue hace exactamente 5 años que quisieron apagar la luz de Martínez Motiño, pero sigue irradiando energía por todo Honduras y Centroamérica. Lo enterraron, creyendo que con eso lo sepultaban, pero la intelectualidad honesta, el movimiento estudiantil comprometido, ha hecho de Héctor una semilla que germina aún en la aridez de ese régimen corrupto, asesino y narcotraficante que gobierna a nuestra hermana república de Honduras, bajo la bota asquerosa de Juan Orlando Hernández-JOH.
Claro compañeras y compañeros, déjenme llorar una vez más mi tristeza, permítaseme llenar de lágrimas mi blusa negra, por la muerte de este entrañable amigo y luchador por las causas justas.
Como en la novela citada, todos los lugares son comunes, son nuestros, y pertenecen a nuestra memoria. En el Centro Universitario Regional Litoral Pacífico, en Choluteca —Honduras, la lucha permanente de Héctor Martínez, por la Defensa de los Derechos Humanos, su militancia orgánica en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-SITRAUNAH, hoy está presente.
En la novela son los hermanos Vicario los asesinos convictos, aquí al contrario, es la Rectora y sus secuaces los que perpetraron el asesinato de este incansable defensor y activista de los Derechos Humanos.
A JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, le debe pesar mucho la fecha del 17 de junio de 2015, bajo la escoria de los más sucios intereses y objetivos, fríamente se había diseñado la muerte de este ilustre profesor, sindicalista y defensor de los derechos humanos. Recordemos que Héctor Motiño no tuvo ningún reparo en nombrar con apellidos y funciones a cada uno de sus asesinos(as): Julieta Castellanos, Aleyda Romero, Alina Molina, Rogelio Alvarez. Pero la perversidad del régimen fascista de JOH, guardó ese silencio impune, parecido a la estupidez.
Digamos que, para salvar un poco ese «asco nauseabundo«, como lo señala Horacio Castellano Moya, en su exquisita novela: El Asco, aunque la investigación de este asesinato sigue «una espeluznante travesía», y por qué no decirlo una investigación exhaustiva, la mano negra de la Excretora obliga a que la Fiscalía General, en una actitud cobarde y cómplice haga mutis. Por eso, a pesar de las pruebas fehacientes, y la evidencia absoluta del asesinato de mi amigo entrañable Héctor Martínez Motiño, su caso nunca llegó a los Tribunales de Justicia y la impunidad se extiende sobre el corazón de la Patria de Morazán, como una magra y pesada sombra de fetidez e impunidad.
Agradezco a mi organización, la ACODEHU, todo el respaldo y acompañamiento que, durante estos largos cinco años de dolor, me ha brindado.
Hoy, una vez más alzo mi voz ante el mundo. Espero que en ese latido solidario, la verdad real de los hechos, brille en la bandera blanco, azul y que las cinco estrellas que la forman, compartan este largo luto que vivimos los centroamericanos honestos.
AID me tiraron ID me tumbaron w me remataron ® me silenciaron lb no fueron suficiente it, y sigo presente;- lb pesadillas serán ® los perseguirán
ANA FRANZEN, def. DDHH internacional. Representante de Héctor Martínez Motiño en vida y en muerte. ACTIVISTA de DD.HH. — ACODEHU Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
Imagen tomada de https://www.solidaritycenter.org/
