Autor: María José Ferlini Cartín

¡Grupo de Lima, Un Cadáver Insepulto!

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El Grupo de Lima GL, es una instancia multilateral, que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en Perú, donde se reunieron representantes de 14 países, con el objetivo, de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la “liberación de los presos políticos”, pide “elecciones libres”, ofrece ayuda humanitaria y critica la “ruptura del orden institucional” en el país sudamericano.

Doce países americanos en un principio suscribieron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.

Siendo avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica, que asistieron al encuentro, así mismos organismos como la Organización de los Estados Americanos OEA y la Unión Europea UE, además de la oposición venezolana, han dado su respaldo a dicho documento. En febrero de 2019, se incorporó a Venezuela, más precisamente al gobierno interino de Juan Guaidó. Recientemente, bajo el gobierno de Jeanine Añez, ingresó Bolivia.

El Grupo de Lima Suscribió un Documento en el que Declara:

Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa.
Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana CDI a Venezuela.
Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, entre otros.

Los países y sus gobiernos, más incisivos contra Venezuela, y que reafirman su compromiso, para contribuir a la “restauración de la democracia” en Venezuela, y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país sudamericano son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú; quienes promueven la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del “régimen ilegítimo” de Maduro involucrados en actividades de “apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas”, así como en actos de corrupción, “narcotráfico”, delincuencia.

No obstante lo anterior, la realidad es que a estas alturas, los presidentes y sus gobiernos, que han quedado fuera del Grupo de Lima son: Enrique Peña Nieto (México), Mauricio Macri (Argentina), Jeanine Añez (Bolivia), Martín Vizcarra (Perú), Donald Trump como jefe de la banda. Quedando y en “pico e zopilote”, Iván Duque (Colombia), Jair Bolsonaro (Brasil) y Sebastián Piñera (Chile), entre otros.

En realidad, el GL, según Carlos Aznarez, director de Resumen Latinoamericano, “el Grupo de Lima está más que devaluado, se formó para precisamente desestabilizar a Venezuela, como un acuerdo con la posición que siempre ha mantenido en la OEA, el Secretario general, Luis Almagro, que por desgracia lo han reelegido”.

El Grupo de Lima, fue creado por EEUU, debido a que no logró recoger la votación necesaria, para su estrategia intervencionista en la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo torpeza política y el servilismo de los que lideran este grupo, ha logrado la insólita hazaña de apartar a la OEA, y ahora casi a disolver al mismo Grupo, al tratar de embarcar a los integrantes en componendas riesgosas.

Y por supuesto, ha fracasado en ese objetivo desestabilizador contra Venezuela, igualmente señala Aznarez: lo que hacen es “repetir el guion que les marca Mike Pompeo, el funcionario de EE UU, encargado de ser uno de los arietes de hostilización más importante contra Venezuela. Así como la decisión de Trump, para acusar a Venezuela de narcotraficante, de enviar barcos, aviones y tropas transportadas, a hacer toda una parafernalia de búsqueda de narcotraficantes en el Caribe, cortar el acceso de la cocaína que llega no desde Venezuela sino desde Colombia”.

Unos datos del articulista Mario Hernández señalan “respecto del tema de la droga, las cifras oficiales indican que el 84% de las drogas provenientes de América del Sur usan las rutas del Pacífico y solo el 7% pasan a través de Venezuela y el Caribe oriental. Además, la Oficina de la ONU Contra las drogas y el delito publicó un informe el año pasado, donde Venezuela no figura en la lista de países que siembran y fabrican, y sí Colombia que ocupa el primer lugar con el 69%”.

El grupo de Lima, es “un arco de gobiernos de derecha, que actúan como hijos bobos de los EE UU”, enfatiza Aznarez.

Por otro lado, Mario Hernández, hace una entrevista al economista Julio Gambina, quien afirma: “El epicentro del Grupo de Lima, es cambiar el gobierno venezolano, para subordinar a Venezuela, a la lógica de las trasnacionales del petróleo, a la política exterior estadounidense, y a esa lógica derechista que se está expresando como nueva hegemonía en este año 2019, en el Mercosur”.

Como se señaló arriba, el GL ha acusado a Venezuela, de estar involucrada en narcotráfico y en actos de corrupción, pero la realidad, es que muchos de los países del Grupo de Lima, si han estado envueltos en estos casos, veamos brevemente, según Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional:

Colombia:

Colombia, es la base de operaciones militares más importante del Comando Sur en América Latina, establecidas desde el 2007, en unas diez instalaciones castrenses colombianas aprobadas por el presidente Álvaro Uribe, violando el artículo 189 de la Constitución de 1991, artículo también violado ahora por el presidente Iván Duque. Pues su numeral 6 del artículo citado establece, “que es el Senado, el que puede autorizar el uso militar contra otro Estado solo si es agredido, pero no para que su territorio sea utilizado para agredir a otro país”.
No son ni han sido los gobernantes colombianos los más ejemplares, por ejemplo tenemos el caso del actual senador y ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. “En septiembre de 1991 el informe clasificado de Confidencial, de la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA (DIA. Defense Intelligence Agency) enviado al Departamento de Defensa, este informe señalaba con el numero 82 a Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos”. Esta ficha de inteligencia puede consultarse el original en el siguiente link en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm).

México:

El gobierno del presidente Peña Nieto durante su mandato, fue uno de los más exigentes defensor de violentar el Estado de Derecho Internacional en el llamado Grupo de Lima y en la OEA, su canciller sufrió una gran derrota cuando se desarrolló en Cancún, México la reunión del Consejo Permanente de la OEA y en alianza con Estados Unidos y Luis Almagro trataron de forzar una sanción a Venezuela y aplicar la Carta Democrática.
Qué ejemplo de respeto a los derechos humanos hubo durante su gobierno en México, cuando los asesinatos diarios se contaban por cientos, cuando miles de mexicanos fueron extorsionados por los carteles de la droga, muy especialmente el de Sinaloa, y ahora se conoce y es público que funcionarios de su gobierno y el propio presidente Peña Nieto recibió millones de dólares del Chapo Guzmán por soborno. De que democracia podían hablar un país tan importante, rico entregado al oro de Washington y que tuviera tanta inseguridad ciudadana y con tanta inequidad y miseria.

Chile:

Chile país en el cual se han escrito las páginas más horrorosas de crímenes y asesinatos políticos contra el pueblo por la dictadura de Pinochet. El heroico presidente Salvador Allende, fue la primera víctima de Estados Unidos, cuando levantó la bandera del socialismo en democracia, como Venezuela levanta hoy su Revolución Bolivariana Democrática y Socialista, pero Chile continua bajo la Constitución pinochetista, porque realmente quienes continúan dirigiendo el país son fuertes defensores y pertenecieron al entorno más estrecho del dictador chileno como Sebastián Piñera.
El semanario El Siglo denunció, la cercanía y entorno intimo a Pinochet de Sebastián Piñera y su familia, que hizo su fortuna bajo el calor de la dictadura y lo relacionan con acciones delincuenciales como el “lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita” con respecto al banco de Talca.

Honduras:

Que ejemplos de democracia, respeto a los derechos humanos y honestidad puede presentar el gobierno de Honduras. ¿Dónde están los autores intelectuales del asesinato de Bertha Cáceres y de otros líderes sociales asesinados durante el gobierno fraudulento de Orlando Hernández? ¿Qué política hay de derechos humanos y de atención a su pueblo, cuando miles y miles de hondureños huyen a México para pasar la frontera hacia Estados Unidos y que Donald Trump tanto repudia?
Un gobierno establecido por el fraude electoral conocido y denunciado por los propios observadores de la OEA, que estuvieron en los comicios hondureños. Este gobierno es en el fondo un gobierno surgido de un Golpe de Estado Militar, contra Manuel Zelaya, apoyado por Estados Unidos en 2009.
Y qué decir del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado de múltiples casos de corrupción y narcotráfico, entre otros.

Guatemala:

Y qué decir de Guatemala, otro gobierno cuyas violaciones a los Derechos Humanos están denunciadas, incluso por organismos internacionales, así como también su presidente Jimmy Morales (2015) se encontró cuestionado por hechos de corrupción. Si un gobierno en América Latina no puede hablar de respeto a los derechos humanos es Guatemala y mucho menos de democracia.

Brasil:

Brasil un gigante y rico país, cuyo único rival y enemigo solapado en el hemisferio occidental es Estados Unidos, se ha plegado a las órdenes de Washington, es lógico que el gobierno de facto como el de Michael Temer y el del capitán presidente Jair Bolsonaro hayan cedido y entregado a las órdenes de Estados Unidos, en ambos casos dos gobiernos corruptos y violador de los Derechos Humanos, el caso de lo actuado contra Lula, es una demostración de la insensibilidad humana de este gobierno, y en el campo de la corrupción tienen el más claro ejemplo en el hombre que se prestó a juzgar a Dilma Rousseff, cuando era presidente del Congreso Eduardo Cunha quien está encarcelado por corrupto, su última misión en contra de su país y para favorecer a Estados Unidos fue facilitar la destitución de la presidenta Rousseff.
Los hombres demócratas, progresistas y revolucionarios brasileños deben estar espantados, con el camino tomado por estos dos últimos gobiernos, porque se han puesto al servicio de Washington, país, que incluso acometió el Plan político-militar llamado Iniciativa Regional Andina, cuyo objetivo estratégico es eliminar la competencia científico-técnica y económica de Brasil en nuestra región.

Argentina:

Argentina es otro de los países que forman parte del Grupo de Lima, la participación del presidente en acciones de corrupción está denunciada públicamente en los Paper de Panamá, las violaciones de los derechos humanos es denunciada permanentemente por la violencias contra las mujeres, el uso de la justicia totalmente entregada a la oligarquía argentina, se aprecia con el encarcelamiento de dirigentes populares como Fernando Esteche, quien sin prueba alguna ya lleva más de un año de prisión, otra fiel exponente es Milagro Salas que cumplió dos años de prisión sin pruebas y juicios.
El uso y abuso contra los medios de prensa opositores, es el pan de cada día, los argentinos no deben olvidar que, un grupo operativos reeditando los tiempos de la dictadura de Videla, irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados y defensores de derechos humanos, destruyeron equipos, archivos y se robaron las laptops y documentación que comprometían a Macri y su gobierno, una grave violación del estado de derecho que tanto cacarea el canciller macrista en el Grupo de Lima contra Venezuela, el siniestro grupo dejo claro que el que se oponga a las acciones del gobierno serán reprimidos. Sobre estos hechos ni el grupo Clarín ni la Nación dicen absolutamente nada. Son cómplice, de una dictadura sin uniforme, como lo fueron en la década del 70.

Paraguay:

Paraguay es otro miembro del Grupo de Lima, y fuerte exponente donde los derechos humanos son violados de manera sistemática y cuyo sistema democrático fue absolutamente quebrado, cuando se produjo por el Golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo (2008), todo montado por una acción criminal contra un grupo de campesinos, realizado por la fuerza pública con fines de utilizarlo como es conocido para justificar golpe de la extrema derecha stronista, como ha sido denunciado públicamente por los sectores democráticos y progresista paraguayos. La subordinación del gobierno, títere del imperio ha actuado de manera oportunista a pedido de Washington, rompiendo relaciones con Venezuela. Más claro ni el agua.

Perú:

Perú no es indiferente a los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos, nada muy diferente a los escándalos de la familia Fujimori y sus relaciones con sectores del Congreso y del poder judicial, han dado lugar a la solicitud de renuncia de magistrados y jueces. Pero también los ex -presidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, a los que se suman otros importantes dirigentes y congresista entre ellas Keiko Fujimori, Susana Villarán, Nadine Heredia, todos vinculados a los sobornos de la brasileña Odelbrech.
Actualmente, es conocido el escándalo del presidente Martin Vizcarra, destituido por corrupción, lo cual ha generado una rebelión popular. El congreso peruano abanderó como presidente a Manuel Merino, quien ante una cruenta persecución contra el pueblo, dimite. Actualmente el congreso peruano ha nombrado como presidente interino a Francisco Sagasti, y seguimos en acontecimientos en pleno desarrollo.

La última perla del GL, según Aram Aharonian, periodista y comunicólogo uruguayo, es que el diezmado Grupo de Lima también quiere apropiarse de los fondos venezolanos. El gobierno estadounidense exigió que los países del llamado Grupo de Lima, se sumen al pirateo de los fondos venezolanos en el exterior. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió que los países latinoamericanos congelen los activos petroleros de Venezuela.

El presidente colombiano Iván Duque, habló de la necesidad “Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, que son gubernamentales, sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional, y del presidente Guaidó para que establezcan los mecanismos de administración”.

En definitiva, según Tony López, “como los lectores pueden apreciar, el Grupo de Lima, no tiene ninguna moral para juzgar a ningún país, menos a Venezuela, que puede darle lecciones de democracia, tampoco no aparece ningún Jefe de Estado muy honrado, todos vinculados a hechos de corrupción, algunos ordenando asesinatos, vinculados al narcotráfico y a la represión contra su pueblo”.

Como lo señala el título del artículo, y visto lo anterior, el Grupo de Lima debería ya estar olvidado en la más oscura sepultura del olvido y la historia.

*Imagen tomada de: https://www.infobae.com/

“Una vaca importa más que un indio”

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

Cartografía: construir un mundo sin miedo para las mujeres

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte este enlace a Cartografía, una página que hace un estudio con lo cual se invita «a tomar conciencia, a organizarse, a construir un mundo en que podamos las mujeres vivir sin miedo».

En la presentación se dice:

“Recordando las mantenemos vivas en la memoria. Recordando exigimos justicia. Recordarlas es el motor de nuestra lucha. Esta cartografía es una invitación a tomar conciencia, a organizarse, a construir un mundo en que podamos las mujeres vivir sin miedo.

En el mapa cada punto representa un femicidio, cada color es la historia de una mujer que fue asesinada por el hecho de ser mujer. La visualización cartográfica permite comprender el femicidio como una problemática país. Nos muestra las diferentes regiones y provincias donde se ha concentrado en los últimos años estos crímenes. Gracias a la interactividad del mapa, se pueden geolocalizar variables, y por ende pensar en las interseccionalidades que atraviesan cada escenario de femicidio.

La cartografía surge de un monitoreo y registro cotidiano de la prensa digital. Esto permitió construir una base de datos donde se sistematiza información relativa a cada femicidio, y a su vez se contrasta con información pública del Poder Judicial. El periodo que abarca es del 2017 a la actualidad, y se encuentra en constante actualización. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de mi tesis doctoral en Sociología y Género, en la Universidad de Paris.”

Mariana R. Mora

Compartimos el enlace a la página:
https://cartografiafemicidioscr.com/

Compartido con SURCOS por Vania Solano Laclé.

Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Derechos.

El pasado 5 de noviembre de 2020, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Catedra Alberto Martén de la Escuela de Planificación y Promoción Social- EPPS- UNA y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, llevaron a cabo el Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?

La exposición central de la actividad estuvo a cargo del Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, abogado y académico y fue transmitida en directo mediante el Facebook Live de la página de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y de la EPPS-UNA.

Este foro fue moderado por el académico de la EPPS, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, y contó con la participación de algunos miembros de la Academia Solidarista y de la Red de Asociaciones Solidarista de las universidades públicas: Álvaro Villalobos Garro, Efraín Mejía, Gonzalo Delgado Leandro, Guido Alberto Monge, Franklin Solano Castro, Mario Alberto Venegas. También participó el Subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, quienes aportaron a la discusión sobre la pregunta generadora: ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?

Esta actividad es la segunda que se realizada en el marco de la Cátedra Alberto Martén Chavarría, que se constituyó en la EPPS-UNA dentro del Convenio de Cooperación entre la UNA y la Academia Solidarista. La primera actividad fue un conversatorio acerca la “Realidad Nacional y Solución Solidarista durante y después del Covid-19”, realizado el 15 de octubre del 2020 y se encuentra disponible en la red social del Facebook, tanto, de la EPPS como el de la Academia Solidarista. Enlaces: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/666790810938606/?v=666790810938606
https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria

El Máster Álvaro Villalobos Garro, presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén, comentó la importancia de este tema debido a la situación actual que se está viviendo a nivel nacional con el solidarismo, ya que se ha visto la intención de deslegitimar su función de vocación social.

El académico y subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, dijo que desde la Escuela de Planificación y Promoción Social se decidió apoyar a la Cátedra Solidarista, debido a que los principios del solidarismo, tales como; el trabajo colaborativo, la promoción del trabajo conjunto, la búsqueda de la mejora en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, grupos empresariales, instituciones públicas, entre otros, se complementan y se relacionan estrechamente con los aportes que la EPPS-UNA y la Academia Solidarista desarrollan con la sociedad costarricense.

El Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, comentó que en el año 2007 se propuso la meta de lograr el reconocimiento Constitucional del Solidarismo, hasta que se hizo posible en el 2011, siendo este una reforma al artículo 64 de la Carta Magna. Con este logro, se creyó que esto provocaría un impulso para el Solidarismo Costarricense y sus asociaciones al estar incluidas en la Constitución Política de Costa Rica: “ Cabe recalcar que, ante la ley, el Solidarismo se reconoce como un “instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto, en el sector privado como en el sector público (..) así mismo reconocerá el derecho del patrono y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas con el fin de obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo económico y social”.

Espinoza expresó que esta definición es un mandamiento que el Estado debe realizar y respetar, ya que de lo contrario lo escrito en la ley no tendría ninguna incidencia en la realidad práctica: “Con la constitucionalización del Solidarismo se estableció que este sector tiene su propio campo de acción y que ni el Sindicalismo, ni el Cooperativismo pueden intervenir en su campo, ya que estas tienen enfoques diferentes. Sin embargo, en la práctica, en vez de fomentar el Solidarismo, se asigna una competencia administrativa entre el Sindicalismo y el Cooperativismo que contradice la función del solidarismo”.

Para Espinoza, esto resulta ser una paradoja, ya que la Sala Constitucional tomó esta decisión de separar sus campos de acción de forma preventiva ante la preocupación de que el Solidarismo intervenga en el accionar del Cooperativismo y el Sindicalismo. No obstante, el Solidarismo siempre se enfocó en su área de acción, y las otras dos organizaciones compitieron en su campo e incursionar en actividades administrativas propias del Solidarismo.

El académico acotó que en su momento, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado Quesada, se negó a conceder una audiencia con el Solidarismo, a pesar de que el Sector Solidarista y miembros del Movimiento Solidarista, gestionaron en conjunto con el Ministerio actividades para tratar asuntos de interés del Solidarismo. De la misma forma, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio del gobierno pasado aportó a la negación contra el Solidarismo, ya que no permitió que las Asociaciones Solidaristas obtuvieron su reconocimiento como pequeñas y medianas empresas, por el hecho de que no son entidades de lucro, ya que su enfoque es la búsqueda del bienestar de los trabajadores: “Una posición incongruente y obsoleta del Gobierno con respecto al Solidarismo, es que se empieza a obligar a las Asociaciones Solidaristas a ser supervisadas por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras”.

El expositor, propone, el estudio del voto 2010-009927, (Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), planteamiento de acciones administrativas y judiciales (voto 2010-009927) que se refleje en la práctica procurar la unidad del sector solidarista, favorecer la creación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales, fortalecer y ampliar la alianza solidarista, presencia en la Asamblea Legislativa y otros poderes, enlace con el Poder Ejecutivo,) enseñanza del solidarismo en todos los niveles, realizar un congreso en donde se discuta la reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas, la universalización del Solidarismo y homologar los aportes patronales y la conformación de un equipo profesional de alto nivel.

El Dr. Espinoza quiso evidenciar que la constitucionalización del Solidarismo debió haber sido una ventaja para promocionarlo y fortalecerlo. Sin embargo, esto solo quedó escrito en la reforma, ya que al aplicarlo no se demuestra una verdadera constitucionalización, debido a las dificultades que las instituciones públicas le generan al solidarismo para ejecutarse y desarrollarse.

El Máster Guido Alberto Monge, académico del Centro Internacional en Política Económica-CINPE de la Universidad Nacional, comentó que, si se logra la coordinación bajo la figura de una confederación, se deben tener claras las posiciones con respecto al sector solidarista como tal, ya que esto le daría una voz mucho más poderosa y sólida al solidarismo en las discusiones con otros sectores: “ Es decir, que la voz del solidarismo representada por muchos plantee de manera integrada posiciones con respecto a temas de gobernabilidad, ambiente, empleo, educación técnica, pobreza, desigualdad, entre otros”. Monge, recalcó la necesidad de crear un Instituto de Fomento Solidarista, el Ideario Solidario en donde se homologuen dichas posiciones de diversos actores y sectores, así como también la gestión, a partir del próximo año, de un congreso en donde el solidarismo presente su posición con respecto a los temas del Plan Nacional del Desarrollo.

Franklin Solano Castro, Supervisor del Ministerio de Educación Pública-MEP, comentó, algunos inconvenientes para apoyar acciones en favor del Solidarismo, como es el caso de la falta de voluntad política por parte de las autoridades del MEP, para instaurar una Asociación Solidarista del Ministerio de Educación Pública (ASOMEP): “Es debatible cómo a pesar de que el solidarismo esté incluido en el rango constitucional, se dificulte tanto la creación de asociaciones solidaristas necesarias, sin embargo, las personas pertenecientes a este sector siguen en la constante lucha para seguir aportando a la sociedad costarricense a pesar de los obstáculos”.

El presidente de la ASOTEC, Master Gonzalo Delgado Leandro, comentó acerca del estado de la conformación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales: “Actualmente las asociaciones de la UNED, UNA y el TEC tienen una alianza que les permite trabajar como red, sin embargo, hace falta formalizar esta alianza en un documento, el cual ya se está desarrollando. Se espera que, a partir del próximo, 2021, cada universidad presente la propuesta en sus respectivas asambleas para contar con el visto bueno por parte de la administración ejecutiva”.

Es importante recalcar que la Academia Solidarista, la EPPS y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, seguirán trabajando en conjunto para realizar actividades con estos temas necesarios de discutir, para que mediante estas actividades se puedo incidir en el fortalecimiento del sector solidarista costarricense. Asimismo, se abre la posibilidad de que los integrantes de distintas Asociaciones Solidaristas ofrezcan ideas de posibles actividades a realizar.

El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Escuela de Planificación y Promoción Social y de la Academia Solidarista Alberto Martén, para quien guste profundizar más los temas conversados en esta actividad.

Enlace: https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria/videos/2923490451208086/?v=2923490451208086

Por: María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS-UNA
Efraín Cavallini Acuña-Académico-EPPS-UNA

Sindicato Nacional de Periodistas felicita a quienes obtuvieron premios de la Semana de la Prensa

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Derechos.

Del 2 al 6 de noviembre de 2020, se celebró la SEMANA DE LA PRENSA y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN, con la participación de colegiados en diferentes campos de la comunicación.

Dentro de las actividades que se efectuaron, una de ellas fue la entrega de los premios: ARMANDO ALFARO PANIAGUA, MARIO ROA, CARMEN CORNEJO MÉNDEZ, RENÉ PICADO ESQUIVEL, NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ, JORGE VARGAS GENÉ y OSCAR CORDERO ROJAS.

En nombre del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, deseamos felicitar a los diferentes ganadores de los premios de la Semana de la Prensa 2020. Especialmente a nuestros periodistas sindicalizados.

PREMIO ARMANDO ALFARO PANIAGUA

Estudiante Publicidad:
Amanda Núñez Chacón (en representación de Estudio i).
Estudiante Periodismo: Mario Leitón Romero.

PREMIO MARIO ROA: Isaac Villalta Vargas.

PREMIO FRANCISCO “CHICO MONTERO”:
Allan Arroyo Castro y Rodolfo González Ulloa.

MENCIÓN DE HONOR: Alejandro Arley Vargas.

PREMIO CARMEN CORNEJO MÉNDEZ

Marilyn Batista Márquez. Sindicalizada al SNP
Patricia Salas Cárdenas

PREMIO RENÉ PICADO ESQUIVEL:

Ivania Villalobos Vindas
Fressy Camacho Quirós

MENCIÓN DE HONOR: Roberto Sancho Sevilla.

PREMIO NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ: Jason Alvarado Rodríguez

MENCIÓN DE HONOR: Ignacio Solís Gómez

PREMIO JORGE VARGAS GENÉ y OSCAR CORDERO ROJAS: Hulda Miranda Picado.

También el Tribunal de Honor y Ética otorgó el “PREMIO DE LA ÉTICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020» AL PERIODICO SURCOS DIGITAL DE COSTA RICA, el cual es dirigido por el agremiado Héctor Ferlini. Este reconocimiento de parte de los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, es por el trabajo desempeñado por este medio de comunicación, el cual, se ha comprometido con un sector de la población muy importante y por la labor que como director, ha desarrollado el periodista Héctor Ferlini, sindicalizado al SNP.

Por esta razón es que, felicitamos a todos los premiados en la SEMANA DE LA PRENSA y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN del 2020.

Muchas felicidades y saludos fraternos para todos,

Mgr. Gerardo Chavarría Vega
Secretario Adjunto SNP

Las personas con discapacidad siguen marginadas de la participación electoral

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.

Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.

Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.

Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.

Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.

Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.

Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.

Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.

Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.

Enviado por el autor.

DIÁLOGOS PROSPECTIVOS: “Encrucijadas de la Costa Rica Bicentenaria: desafíos sociales, económicos y ambientales”

Escrito en 18/11/2020. Publicado en Derechos.

Este jueves 29 de octubre de 2020, a las 5:30 PM, se llevó a cabo el Programa Diálogos Prospectivos: Encrucijadas de la Costa Rica Bicentenaria: desafíos sociales, económicos y ambientales, a través de la plataforma virtual Zoom, y del Facebook Live de la página de la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica.

El Foro fue dirigido por el Máster Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, PhD. Martín Parada Gómez, Vicerrector de Extensión-UNA; Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación-UNED; Dr. José Rodrigo Rojas Morales, Académico del Campus Liberia, UNA; y Máster Natalia Morales Aguilar, Investigadora, Capítulo de Equidad e Integración Social del Informe Estado de la Nación.

La Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación-UNED realizó una breve retrospectiva sobre los últimos 200 años de vida independiente de Costa Rica, para comprender mejor cuáles han sido algunos de los logros más importantes, así como los desafíos persistentes.

Asimismo, Víquez se refirió al cambio de contexto tan radical que experimentó Costa Rica, al haber pasado de estar bajo la cobertura de la corona española antes de 1821, a ser un país soberano e independiente, que ha adoptado ideas de otros países, sin abandonar los propos ideales nacionales, y que lucha por el desarrollo, en la actualidad. También, la expositora se refirió a retos globales a los que Costa Rica también debe hacer frente, en temas económicos, sociales y sobre todo, ambientales.

Entre otros temas la Vicerrectora comentó la necesidad de estar alerta y mirar en diversas direcciones en temas sobre: la situación económica y el déficit fiscal, que nos obliga a una innovación de lo social-institucional. El Cambio climático, que se constituye en una gran preocupación, por lo que se debe actuar con gran responsabilidad y entenderlo en su verdadera dimensión como expresión de la forma en que vivimos en el planeta, mostrando la urgencia de una transformación de nuestra forma de vivir y producir. Asimismo, acotó sobre la incidencia de la tecnología de información y comunicación que cambia con mucha fuerza la forma en que se construyen las interacciones entre las personas. Al respecto, mencionó que las agendas mundiales abordan estas tres problemáticas y proponen soluciones, por ello, recomendó revisar la Declaración de las Juventudes de América Latina y el Caribe.

El Dr. Rojas Morales analizó el papel tan relevante que Costa Rica ha tenido en el tema del desarrollo sostenible de cara al nuevo centenario. Al respecto se refirió a las intenciones de Costa Rica por pertenecer a la OCDE, desde hace muchos años, así como los retos que representan para Costa Rica las encrucijadas ambientales, sobre todo en temas como la pesca de arrastre vs. pescadores artesanales, aleteo de tiburones, pesca sostenible, la situación de Crucitas, etc. De igual manera, mencionó que, durante años, Costa Rica se ha destacado por ser un país promotor de temas ambientales, y ha adquirido prestigio internacional, debido a estas acciones y a los logros como país.

El expositor destacó que a pesar de los avances se produce existencia de rezagos importantes, e invitó a la a reflexionar y a dejar de lado lo discursivo, para entrar de lleno a las acciones concretas a favor del medio ambiente: “En la actualidad estamos en una eencrucijada, es una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y debemos pensar muy bien cuál es el camino a seguir”.

Para el académico de la UNA, a Costa Rica se le reconoce como una nación con una efectiva acción climática que se conecta con aspiraciones de desarrollo sostenible local y global. Agregó que, no obstante, marchamos con rezagos importantes, seguimos con incumplimientos ambientales que nos alejan de aspiraciones como las que se firmaron en la agenda 2030 y por las que transitaremos en el Bicentenario: “En materia ambiental somos camaleónicos tenemos brechas importantes entre lo que vivimos en lo local y lo que predicamos internacionalmente sobre una economía ambientalmente resiliente, eficiente y sostenible”.

Rojas, indicó que el reto central de nuestro país en materia ambiental es conectar la agenda de desarrollo con la sostenibilidad de la Costa Rica Bicentenaria: “Avanzar con transformaciones en vez de transiciones, manifestó el Dr. Rojas.

La Coordinadora del Capitulo de Equidad e Integraciòn Social del Programa del Estado de la Naciòn, Master Natalia Morales Aguilar se refirió a los desafíos de Costa Rica, en temas de equidad e integración social. En ese sentido, desarrolló el tema en tres ejes centrales, que representan retos muy fuertes que enfrenta Costa Rica en el área de equidad e integración social nacional: transición demográfica avanzada (envejecimiento acelerado de la población), la distribución tan desigual de las oportunidades económicas, lo cual agudiza cada vez más la situación de vulnerabilidad de los grupos sociales tradicionalmente excluidos; y el desarrollo de una sólida política social y de un Estado de Bienestar fuerte que Costa Rica formó en el siglo XX.

Morales explicó, que es necesario que Costa Rica genere acciones concretas que luchen para disminuir y erradicar las desigualdades sociales y económicas, y que se prepare para la transición a una población en donde una minoría es joven, y la mayoría se encuentra envejecida; también, hay que hacerle frente al fortalecimiento del Estado de Bienestar y a crear esfuerzos para fomentar la inclusión, para que esta política social tan fuerte no se deteriore.

En este sentido, la expositora mencionó que estamos en una situación difícil al final de esta década, que la coyuntura es crítica y de pronóstico reservado: “Transcurridas dos décadas del nuevo siglo, un desafío importante de Costa Rica es tener una sociedad más inclusiva, que integre a todos sus habitantes al desarrollo”.

Morales apuntó, que durante el siglo XX Costa Rica desarrolló una fuerte política social y hoy, esa exitosa política enfrenta el desafío de cómo mantener y mejorar sus resultados en una economía con débil generación de empleo y reglas de reparto concentradoras de riqueza cómo mantener y mejorar sus resultados en una economía con débil generación de empleo y reglas de reparto concentradoras de riqueza.

La representante del Programa Estado Nación, indicó que la política social en nuestro país da para más, por ello, entre otras cosas importantes, se deben fortalecer programas sociales (Ej. REDCUDI), lograr más eficiencia (Ej. educación), apostar a nuevas fuentes ingresos frescos (Ej. municipalidades), actuar con creatividad e innovación. Necesidad de un crecimiento económico sostenido, articular estructura productiva y generación de empleo, propiciar encadenamientos fiscales y productos con sectores dinámicos, generar políticas de fomento productivo, estimular la inserción laboral y las oportunidades de empleo para mujeres y mayor productividad: “Generar oportunidades y capacidades en la población”.

El Dr. Martín Parada Gómez, Vicerrector de Extensión-UNA, se refirió al contexto adverso en lo económico, que experimenta el mundo, y específicamente Costa Rica, ante la pandemia del COVID-19.

Expresó que en Costa Rica ya existían niveles preocupantes de desempleo, pobreza y endeudamiento nacional, pero tras la llegada del Coronavirus, dichos niveles se vieron agudizados, y las tasas de desempleo y déficit fiscal se dispararon en cierto grado, y se volvieron más profundos de lo que solían ser: “Debido a la actual pandemia, se ha evidenciado un decrecimiento del Producto Interno Bruto, y una convivencia más cercana con los fenómenos de la pobreza y pobreza extrema”.

El académico destacó que la crisis sanitaria no solo ha generado efectos adversos en lo económico, sino también en lo político, social, económico y cultural y ante estas razones, es necesaria la participación conjunta de las instituciones, así como los análisis a corto, pero sobre todo mediano y largo plazo durante los próximos años, para así tener un panorama más claro sobre cómo proceder ante las eventualidades que se están viviendo.

Ante la interrogante de ¿QUE HACER? ¿COMO ENFRENTAR LA COYUNTURA ECONÓMICA?, el expositor contextualizó, que es necesario reiterar que la planificación económica era un medio para lograr el desarrollo: los cambios económicos ayudarían a transformar la sociedad y la política en el Continente. La posibilidad de una modernización desarrollista aumentó debido a la voluntad que mostraban los gobiernos, con apoyo de sus funcionarios y de las entidades internacionales encargadas de administrar el modelo a escala regional. Según Arturo Escobar, la planificación buscaba implantar el esquema desarrollista y se asentó en la administración pública como medio de acceso al conocimiento científico, con un fundamento ideológico explícito: la idea de progreso (1996, cap. 2).En este sentido, el economista se refirió a dos elementos a resaltar:“1. Ante la pandemia ha sido la institucionalidad pública de Costa Rica la que ha reducido el impacto de la pandemia y no las fuerzas del mercado operando libremente. 2. Es necesario la intervención del Estado para introducir MECANISMOS REDISTRIBUTIVOS ante la pandemia. ¡Asumir una posición SOLIDARIA!

El Rector de la UNA y moderador del Foro interactuó con los expositores sobre si estamos o no viviendo de los réditos del Estado de Bienestar que consolidamos. En este sentido, se vertieron algunos comentarios en relación con que el país tuvo esa visión hace setenta años, y que eso fue lo que nos ayudó como país a disminuir la pobreza y a invertir más en la educación y en la salud. No obstante, es necesario adaptar más ese modelo a la realidad nacional contemporánea para ajustarlas de manera más precisa y eficiente al contexto actual del país.

También se indicó que efectivamente el modelo de Estado de Bienestar se está agotando, y no porque sus propuestas sean inválidas, sino, porque no se ha logrado ajustarlas efectivamente al modelo actual nacional, lo cual se evidenció con mucho ímpetu desde marzo de este año, mediante la pandemia y los efectos adversos que ha traído al país. En este sentido, existe consenso entre los expertos y el moderador de que es necesario realizar análisis prospectivos para ajustar dicho modelo de Estado de Bienestar al contexto de manera planificada y bien fundamentada, así como efectiva y eficiente, de modo que se le pueda dar continuidad a esta política social tan sólida y significativa para Costa Rica.

Por:
Efraín Cavallini Acuña-UNA
Raquel Arce Mora. Estudiante RI-UNA- Ideario Dialogo Nacional

Programa Diálogos Prospectivos completo en el Enlace: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/417646462592311

Cámaras empresariales impulsan nuevo reglamento en SETENA sin sustento técnico-legal, ni científico

Escrito en 17/11/2020. Publicado en Madre Tierra.

Organizaciones ambientales advierten a la nueva ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, sobre el peligro que conlleva aprobar propuesta de los empresarios;
Nueva forma de evaluación ambiental contradice, omite y amenaza los principios expresos en la Ley Orgánica del Ambiente n.º 7554 y la Constitución Política;

(FECON, 16/11/2020) La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente mostró su preocupación ante la propuesta de las cámaras empresariales para implementar un nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA) y su manual (MECSA). Estos documentos no se ajustan a las necesidades de una normativa ambiental de alta calidad como la que merece tener el país, al mismo tiempo la propuesta que actualmente analiza el MINAE carece de fundamentos ambientales, legales y científicos.

El proceso de reforma de la Secretaría Técnica Ambiental inició el gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual fue frenado por las organizaciones ambientales debido a serios retrocesos en materia ambiental contenidos en una nueva propuesta de reglamento concebida en los círculos empresariales de la construcción.

Para el inicio de gobierno de Carlos Alvarado, el entonces ministro Carlos Manuel Rodríguez decidió volver a plantear la reforma, impulsada desde el Despacho de la Primera Dama. Donde Claudia Dobles intercedió para que se aprobara dicho reglamento, pero esto tampoco prosperó debido a las denuncias de las organizaciones ambientales. Pero una vez más la actual administración insistió nuevamente y envió la propuesta empresarial a la Comisión Mixta de SETENA, la cual ha venido sesionando desde inicios del 2020, la comisión tuvo la tarea de revisar dicho reglamento impulsado por los sectores empresariales. Ahora el proceso de análisis en la Comisión Mixta ha acabado y próximamente le toca a la nueva ministra de ambiente, Andrea Meza recibir las recomendaciones sobre esta modificación y decidir el destino de dicha propuesta.

¿Qué plantea el RECSA?

En la carta dirigida a la ministra Meza por parte del presidente de FECON Dany Villalobos se advierte que:

Elimina o reduce cuestiones centrales de la Evaluación de Impacto Ambiental. Haciendo un balance general, los instrumentos planteados terminan por contradecir, omitir o amenazar principios expresos en los diferentes capítulos temáticos de la Ley Orgánica del Ambiente 7554, que fue establecida para orientar la adecuada gestión ambiental.
Se desconoce el fundamento técnico con el que se estableció la escala dimensional de los umbrales para las actividades.
No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en el apartado del RECSA es superflua y deja serios vacíos conceptuales.
Suprime el concepto de Efectos Acumulativos que existe en el Reglamento 31849 vigente, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación.
Elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación, dejando un vacío en evaluación con enfoque territorial.
Las Auditorías Ambientales carecerían por completo de imparcialidad desde su formulación, pues impide la participación de organizaciones ambientales, locales, universidades públicas, entre otras.
El nuevo reglamento excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como diferentes tipos de ganadería y agrícolas.
Los ajustes pretendidos sobre tal clasificación de actividades a evaluar han sido ajustados a conveniencia de los sectores empresariales y no a criterios científicos.
Las represas hidroeléctricas dejan de ser evaluadas por su impacto ambiental y pasan a ser regidas por criterios económicos y productivos. Sin considerar los impactos en los caudales de agua.
Todas las concesiones y captaciones de agua sin importar el tamaño se considerarían de bajo impacto ambiental.
Para las obras de construcción los umbrales de clasificación de los proyectos son antojadizos y carecen de base técnica-científica.
La propuesta de RECSA y MECSA no contempla mejoras en la gestión del patrimonio arqueológico nacional, ni en cuanto al diagnóstico ni mucho menos en cuanto al control y seguimiento. Al contrario: esta propuesta constituye una amenaza.
La participación social en la evaluación de proyectos es poco aplicable y no existe mecanismo para que las comunidades y personas afectadas por los proyectos sean escuchadas.
La metodología de evaluación en que se basarían los Estudios de Impacto Ambiental está centrada en parámetros económicos y de ganancias no en términos ambientales y de conservación.

Debido a estos señalamientos Villalobos recomienda a la ministra de Ambiente y Energía rechazar la propuesta de modificación de reglamentos.

Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot señala que: “si se establecen umbrales apoyados en áreas simplemente que no se sabe de dónde provienen y ni qué las motivó, se estaría ante inconstitucionalidades por violación a la tutela científica debida y sería claro, que operaría simplemente la discrecionalidad administrativa. Las normas de los procedimientos ante SETENA deberían, más que ningunas otras, ser las primeras a estar fundamentadas dentro de la razonabilidad y la proporcionalidad de lo que la ciencia implica y pensar lo contrario, sería un sinsentido en un Estado que reconoce a nivel constitucional el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Autor: María José Ferlini Cartín

Lic. José A. Amesty R.

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

Novedad editorial – Antología esencial

De: Luis Fernando Astorga Gatjensluferag@gmail.com

Organizaciones ambientales advierten a la nueva ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, sobre el peligro que conlleva aprobar propuesta de los empresarios;

Nueva forma de evaluación ambiental contradice, omite y amenaza los principios expresos en la Ley Orgánica del Ambiente n.º 7554 y la Constitución Política;

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