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Autor: María José Ferlini Cartín

El mundo unilateral de la UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

  1. lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
  2. mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
  3. amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
  4. reforzar las medidas de seguridad,
  5. readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
  6. un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
  7. reducir las tarifas eléctricas para la producción,
  8. mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
  9. permitir la exploración y explotación del gas natural,
  10. avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
  11. privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
  12. poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
  13. transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
  14. y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

  1. la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
  2. “medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
  3. la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
  4. aplicación “estricta” de la regla fiscal,
  5. reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
  6. mayores controles a las universidades públicas,
  7. reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
  8. erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
  9. una ley de empleo público,
  10. frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
  11. atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
  12. una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
  13. rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

Algunas consideraciones a propósito del dictamen legislativo sobre el FEES

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha presentado en estos días un dictamen sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el que se ponen en cuestión la dotación de presupuestos por parte del Estado a las universidades públicas y las funciones sustantivas que estas instituciones desempeñan, así como la validez y los alcances de la autonomía universitaria.

Es pertinente hacer al respecto algunas observaciones puntuales en relación con aspectos que se indican en el documento de dictamen y que derivan en distorsiones o en aseveraciones sin fundamento acerca del quehacer académico y del desempeño de las universidades públicas.

El análisis que aquí se presenta, se coloca en negrita lo señalado en el documento y de seguido se elaboran y presentan los respectivos comentarios.

  1. “Los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión Especial Investigadora suscribimos el presente informe luego de realizar el análisis de la normativa vigente, la información que trascendió en prensa, manifestaciones de estudiantes y profesores, así como de la ciudadanía en general, relacionada con la inversión y manejo que realizan las universidades públicas del Fondo Especial para la Educación Superior.”
  2. a) La normativa vigente en relación con las universidades públicas y su financiación es clara y se basa en la legalidad y legitimidad del Estado Social de Derecho y en la Constitución Política.
  3. b) La comisión interrogó a dirigentes de las federaciones de estudiantes y a rectores, representantes del CONARE y del Programa Estado de la Nación, así como a autoridades de gobierno. En ningún momento ha habido consulta a “la ciudadanía en general”, o al menos así no consta en el documento. A su vez, los medios de prensa citados en el documento tienen una línea editorial claramente hostil a las universidades públicas. En el trabajo de interrogación realizado por la comisión, además de ser densamente tendencioso y también agresivo, hay una sensible carencia de fuentes básicas de información, que den cuenta de manera veraz acerca del quehacer académico de las universidades públicas, de la forma en que hacen uso de los recursos que reciben del Estado por medio del FEES, de su gestión financiera e institucional, así como de todas las actividades académica y proyectos que estas instituciones llevan a cabo en docencia, investigación y acción social.
  4. “Bajo ninguna circunstancia disminuir recursos o pensar en cierres, pero si en un ordenamiento en el cuál este primer poder de la República, que es donde se aprueban los recursos y los presupuestos de la Educación Superior, tenga participación directa en el futuro de la educación de nuestro país y en este caso particular de la educación superior.”

El legislador constituyente consideró necesario y prudente establecer la autonomía universitaria dándole rango constitucional expreso, a fin de asegurar que las universidades públicas no se vieran expuestas al arbitrio circunstancial de las decisiones de los gobiernos de turno ni de otros poderes que podrían estar interesados en intervenir y afectar el desempeño de estas instituciones. Así, la universidad pública quedó establecida como una institución de Estado, no como una entidad dependiente del gobierno central ni de ningún otro poder del Estado. Así, por tanto, carece de toda validez y no se justifica la pretensión de la “Comisión” por tener “participación directa en el futuro” de la educación superior. Lo mismo el futuro como el presente de la educación superior pública es un asunto que, por disposición constitucional definida en la autonomía universitaria, le compete única y exclusivamente a las comunidades universitarias y a las autoridades académicas de las universidades públicas.

  1. “Las universidades públicas no son parte del Plan Nacional de Desarrollo, esto provoca distorsiones y hace perder potencial a las políticas públicas y a los objetivos de desarrollo que establece el país.”

Las universidades públicas, a través de la docencia, la investigación y la acción social, contribuyen no solo a fortalecer las políticas públicas, sino también a proponer políticas públicas que sean de beneficio para la mejora del bienestar de la sociedad costarricense en general. Por su propia naturaleza académica y por las actividades que desarrolla, la universidad pública no puede quedar atada a las regulaciones de los planes nacionales de desarrollo, que suelen ser cortoplacistas y que responden siempre a los intereses políticos de cada nuevo gobierno. Son múltiples los proyectos que, dentro de las funciones de investigación y de acción social, la universidad pública lleva a cabo en una gran diversidad de comunidades del país y en conjunto con variados sectores productivos, los cuales contribuyen de manera sustantiva al desarrollo nacional y, también, a dar sustentación concreta a los objetivos de un desarrolla nacional bajo una perspectiva de Proyecto País. Si la universidad pública quedara atada y encajonada en los planes nacionales de desarrollo, mucha de esta labor se vería limitada, restringida, liquidada.

  1. “[…] un espacio de mejora esencial y muy necesario que han señalado diversos estudios radica en la mejora de la estructura productiva, aquí, sin una participación coordinada, comprometida y activa entre las instituciones públicas, el sector privado y las universidades no se tendrán mejoras sustanciales pronto.”

De múltiples maneras, tanto las instituciones del Estado como el “sector privado” se han beneficiado siempre de la labor que llevan a cabo y de los servicios que prestan las universidades públicas. Por su parte, “la mejora de la estructura productiva” pasa por definir y desarrollar políticas públicas que atiendan de manera integral a todos los distintos sectores productivos. No se trata únicamente de la estructura productiva vinculada a la inversión extranjera directa ni a la agroindustria a gran escala ni al sector industrial vinculado al mercado de la globalización corporativa.

La sociedad necesita que las universidades públicas, haciendo uso de la autonomía que les asiste, puedan realizar sus propios diagnósticos sobre las necesidades de formación profesional y de generación de conocimiento que el país requiere para promover e incentivar el fortalecimiento de la estructura productiva en todos sus diversos ámbitos de actividad. La universidad pública debe mantener su autonomía para discernir por sí misma cuáles son las necesidades de atención prioritaria y, en su lugar, buscar el desarrollo de las vinculaciones institucionales e interinstitucionales que corresponda.

Esta es una dinámica que las universidades públicas han desarrollado desde siempre. Son bien conocidas las coordinaciones de colaboración que, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica han mantenido con instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre muchas otras. Relaciones de apoyo y de colaboración que en una proporción elevada han ido en un solo sentido, es decir, sin que haya existido mayor reciprocidad por parte de las instituciones beneficiadas. Las funciones sustantivas de la universidad están al servicio de dichos apoyos y colaboraciones, todo lo cual se encuentra debidamente documentado

Todas las unidades académicas de la universidad han participado de estas relaciones de coordinación con las instituciones del Estado, con las comunidades, con asociaciones y colectivos del sector productivo. Son múltiples las acciones desplegadas por la universidad desde la investigación y la acción social para dar apoyo al sector productivo y mejorar la estructura productiva del país.

En el momento actual, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, esta disposición colaborativa de parte de las universidades públicas se expresa, entre otras acciones, por la relación establecida entre el Instituto Clodomiro Picado de la UCR y las autoridades del sistema nacional de salud, para hacer investigación y elaborar un medicamento que permita atender con eficacia a las personas que resultan enfermas por el contagio del virus. En medio de la pandemia y cuando la universidad se encuentra sin actividad presencial en sus instalaciones, la planta de investigación del Instituto Clodomiro Picado no para de trabajar en la búsqueda del medicamento que pueda servir para curar a las personas contagiadas.

  1. “Por su trascendencia y alto valor estratégico para el progreso del país, hay que plantear la posibilidad de una diversificación de los destinos de los recursos públicos que financian la investigación. El monopolio de la inversión en investigación con fondos públicos y privados en las universidades públicas requiere análisis y debate.”

La investigación en las universidades públicas responde a una visión integral y estratégica del bienestar nacional en los diferentes ámbitos del conocimiento, no a requerimientos específicos de carácter sectorial. La investigación en la universidad, tal como ya se indicó en el punto anterior, ha sido diversa y ha estado al servicio de muy diversos sectores productivos e institucionales.

Desde su propio quehacer de investigación y también desde la acción social, la universidad pública aporta al país y a la sociedad costarricense en general, manteniendo su independencia y autonomía y abarcando todos los campos del conocimiento. Esto es de sustantiva importancia, a efecto de no descuidar ningún ámbito y que, a su vez, la investigación no se sectorialice ni se restrinja a las demandas, por ejemplo, de un determinado “sector privado”.

Tampoco sería conveniente que las universidades queden obligadas a buscar financiamiento privado para realizar investigación. Esto significaría la privatización de la investigación y su puesta al servicio de intereses específicos, corporativos, que muy poco o nada tienen que ver con la búsqueda del bienestar social colectivo. En la medida que esto ocurra, la universidad pierde su esencia y la investigación deja de servir como un elemento de “valor estratégico para el progreso del país”.

  1. “LAS UNIVERSIDADES DEBERÍAN ESTAR GENERANDO UN VALOR PÚBLICO QUE SOBREPASE LAS NECESIDADES ESTUDIANTILES Y QUE, ADEMÁS, ESTÉ AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

“El valor generado por las entidades y órganos del Estado, mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad, toda institución pública incluidas las universidades estatales, están llamadas a generar en los servicios que prestan un valor público para la ciudadanía.”

Este título es inexplicable e inconcebible; una afirmación carente de toda veracidad. La sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, el sector privado y una gran variedad de organizaciones civiles se han beneficiado y se benefician constantemente del valor público que representa el quehacer académico de la universidad en sus funciones de docencia, investigación y acción social. Es inaudito no reconocer los servicios que aporta la universidad en términos de valor público para la sociedad. No se puede decir, tal como se afirma en este titular, que las universidades públicas solo se dedican a hacer labor de enseñanza.

  1. […] por eso creemos que es tan importante quitarle la presión inercial a la masa salarial, a través de una reforma de empleo público para que pueda invertirse en investigación. Esta es una apuesta inteligente en el largo plazo, no solo para generar valor público sino también para que los entes universitarios generen sus propios ingresos y dependan cada día menos del FEES, el cual por la situación financiera del país y principalmente por los niveles endeudamiento, cada día está más comprometido.”

En este documento se hace énfasis en que las universidades públicas deben incrementar la matrícula y además diferenciar el valor de los aranceles, de manera que el estudiantado proveniente de familias adineradas pague más.

Reducir salarios a fin de trasladar mayor volumen de recursos a la investigación. En este aspecto, la comisión legislativa no se da por enterada de que para hacer investigación se necesita tener una formación académica sólida y que esta formación no se logra sino a través de toda una experiencia acumulada. Se requieren condiciones adecuadas para lograrlo, dentro de las cuales está contar con un salario decente que permita la adquisición de material bibliográfico, el acceso a fuentes de información en internet y otras. Por otra parte, en la medida que en la universidad pública la investigación es con mucha frecuencia parte del quehacer académico, que no se reduce éste exclusivamente a la docencia, plantear una ley de empleo público que vendría a precarizar las condiciones de trabajo en la universidad, esto no significaría otra cosa más que un serio y muy peligroso debilitamiento de la investigación.

  1. “[…] hay un sistema de educación universitaria que va creciendo, la expansión en general es positiva, pero los énfasis en que se están produciendo, graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita.”

Argumento recurrente de las instituciones del gobierno central. Sin embargo, “los énfasis que nuestra economía o que nuestra sociedad necesita” no son necesariamente los que están planteados en los planes nacionales de desarrollo. En estos planes hay interferencias de sectores y de intereses políticos que, en general, las universidades siempre han buscado evitar para no caer en una distorsión ni restricción de sus enunciados misionales. La universidad pública es una institución de la sociedad y para la sociedad. El papel histórico jugado por ellas es, en este sentido, fundamental como contribución al desarrollo del país y a la búsqueda de bienestar para la sociedad en general.

La formación profesional en carreras técnicas, ingenierías y otras, es naturalmente muy importante. Sin embargo, “los énfasis” de la formación universitaria no pueden quedar circunscritos a este tipo de carreras. La sociedad necesita contar con profesionales en todos los campos del saber. En el actual contexto de la crisis sanitaria, pasa a quedar en evidencia la necesidad de que, por ejemplo, las instituciones de salud cuenten con la labor de análisis y de asesoría que pueden brindar los profesionales en psicología social, para que ayuden a las autoridades de salud a prevenir y controlar posibles desencadenamientos de patologías psicológicas a raíz del confinamiento y también de la angustia por la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, la incertidumbre que se proyecta hacia futuro y otros tantos factores que podrían estar generando tendencias de patologías psicológicas en la sociedad.

  1. “[…] también hay un actor relevante que es el Conesup, quien vela por el tema de las universidades privadas; entonces, ahí, tanto el Estado de la Nación como OCDE nos han dicho que hay que mejorar en materia de la gobernanza para garantizar una mejor rectoría, en la medida de lo posible, que garantice mayor coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas.

No se puede equiparar el sistema universitario público con el sistema privado. Se trata de dos regímenes totalmente distintos. A lo sumo, lo que sí se puede hacer es que se exija y cumpla una evaluación de la calidad académica especialmente en las universidades privadas. La sociedad necesita que se le garantice que lo que las personas paguen a una universidad privada por los servicios de enseñanza sea, en efecto, de calidad.

Después de tres décadas en que da inicio en Costa Rica el auge de las universidades privadas es sabido que hasta la fecha la gran mayoría de ellas no rinden cuentas sobre la calidad académica de las titulaciones que están vendiendo. Una gran mayoría de ellas tampoco dan información sobre sus planes de estudio.

La “coordinación y coherencia de las políticas públicas de las entidades educativas” es una demanda ilusoria. Deja de lado que las universidades privadas responden a sus propios intereses de mercado y que para ellas no existe ninguna fiscalización por parte del Estado en relación con lo que hacen.

Las universidades públicas, con base en la autonomía institucional que les asiste, responde con su oferta académica a las necesidades de formación profesional y técnica que la sociedad necesita. Actualiza sus planes de estudio y cuando es necesario crea nuevas carreras. Esa es la institución universitaria que la sociedad necesita; una institución que orienta a la sociedad y que promueve e impulsa el desarrollo del país con equilibrios intersectoriales, con inclusión de los diversos sectores sociales y productivos y con pertinencia de la formación que proporciona.

  1. Vinculación subordinada del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) con los planes nacionales de desarrollo:

“Poderles contar como socios estratégicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública y no únicamente, posteriormente, durante la Agenda Nacional de Cooperación o, también, poderles hacer partícipes, de una manera más directa, en el plan estratégico nacional, que esta visión de largo plazo, al 2050.”

Las universidades no pueden ni deben plegarse ni asociarse con los planes nacionales de desarrollo. Esto necesariamente implicaría dejar de lado o minimizar su autonomía e independencia para realizar análisis crítico de las propuestas del desarrollo nacional. Por disposición constitucional, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, esta institución tiene a su cargo analizar propuestas de política pública y proyectos de ley y dar su criterio. Esta es una forma en que la universidad contribuye a mejorar la orientación estratégica que tales políticas pueden tener para un desarrollo económico equilibrado y para la mejora del bienestar común en la sociedad.

Desde hace bastantes años, las políticas públicas asociadas a los planes de desarrollo han sido claramente lesivas para sectores específicos de la sociedad, por ejemplo, el sector agricultor. Los planes nacionales de desarrollo, como políticas de Estado, requieren del juicio crítico de un actor que no forme parte del gobierno central ni que esté asociado a este de manera subordinada. Para eso están las universidades públicas.

Por supuesto, las universidades públicas pueden ser y siempre han sido colaboradoras cuando se trata de desarrollar acciones en COORDINACIÓN con las distintas instituciones del Estado. Siempre ha existido una relación de sinergia entre el PLANES del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los planes nacionales de desarrollo. En vez de establecer rigideces y camisas de fuerza, la lógica de una administración pública propositiva y fructífera debería plantearse en términos de diversidad de actores institucionales.

  1. “El Ministerio de Planificación y Política Económica como rector del empleo público no pretende entrometerse, si cabe la palabra, dentro de las regulaciones internas y la manera de administrarse de las universidades, lo que pretende es establecer lineamientos generales que lleven hacia la unicidad, la coherencia, hacia la sostenibilidad y hacia la excelencia.”

Lo que aquí se dice es totalmente contradictorio. Es como decir: “te vamos a establecer un marco rígido del cual no te podrás mover en ningún sentido, pero tenés plena libertad para hacer lo que querrás ahí dentro”. Bien se sabe que, en buena lid, las políticas públicas constituyen parámetros de proyección cuya ejecución debe ser evaluada, corregida y mejorada según sean los resultados de la evaluación. Entre las políticas públicas y las políticas institucionales de las universidades, según ya se ha indicado, existen necesariamente confluencias y sinergias. Las universidades pueden muy bien representar marcos de referencia para la evaluación de las políticas públicas.

En la medida que se les obligara a subordinarse a los planes nacionales de desarrollo y a las políticas de las instituciones del Estado, las universidades pasarían a convertirse en no otra cosa que en dependencias de esas instituciones. Consecuentemente, con ello ya habrían perdido toda posibilidad de tomar sus propias decisiones en materia de su oferta académica, de la definición de la investigación y de la prestación de los servicios de la acción social.

  1. “[…] se pueda hacer un proceso de formulación conjunto porque las universidades también pueden aportar mucho con evidencia a tener mejores diseños de programas, de proyectos de inversión pública, pueden aportar a las fases de pre inversión, las fases de programación y pudiéramos hacer un único instrumento donde quizá en el largo plazo estén incorporados como responsables de algunos de los proyectos de inversión y los programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública.”

No es necesario que Mideplan esté en el CONARE para que las universidades presten el tipo de asesorías que aquí se mencionan. Es interesante que se reconozca la capacidad que tienen las universidades para el diseño de programas y proyectos de inversión pública, pero que con mayor énfasis aún se demande la incorporación de Mideplan al CONARE.

Por lo dicho anteriormente sobre la condición de agente de análisis crítico de las universidades públicas, estas instituciones no debieran operar dentro de un instrumento único. Por otra parte, a propósito del “largo plazo”, diversos centros e institutos de investigación de las universidades han elaborado propuestas de largo plazo para atender problemas prioritarios del país; sin embargo, en una gran mayoría de casos las autoridades de gobierno no las han tomado en cuenta. No es de recibo insinuar que las universidades públicas operan en el marco del corto plazo y que se olvidan de tener una visión estratégica, con proyección de futuro, del desarrollo nacional. Es todo lo contrario.

  1. “Algo que quiero destacar es que, en este periodo de nuestra gestión, de 2010 a 2018, la población estudiantil en el Tecnológico aumentó un 36% de 2011 a 2018, en diferentes programas que tenemos. Y quiero resaltar que, atendiendo las solicitudes de varios sectores productivos, el aumento más grande se dio en la carrera de Producción Industrial, un 69%, y en la carrera de Ingeniería en Computación con un 54% de aumento de la matrícula de primer ingreso.”

Desde su origen, el TEC es una institución universitaria especializada en ingenierías y carreras técnicas. Es decir, es una institución sectorializada que atiende las demandas de formación de sectores vinculados a la tecnología, la construcción, la agroindustria, tecnologías del medio ambiente, computación e informática. Nadie podría objetar nada al respecto. Pero de decir que es la “universidad del futuro” porque imparte las carreras que más demanda el mercado laboral es decir una evidente falacia. Significa privilegiar un sector del mercado laboral y dejar por fuera a los demás. Si se está hablando de una preocupación por el desarrollo nacional, no se puede dejar al margen la formación en educación, salud, ciencias sociales, artes y otras muchas carreras más.

  1. “El TEC tiene una gama curricular de vital importancia para la atracción de inversiones, por lo que merece, sin duda, un mayor porcentaje del FEES, si el país quiere resolver a mediano y largo plazo el problema del desempleo.”

Está más que probado que la inversión extranjera directa no resuelve el problema del desempleo. Además, se trata de empresas de producción industrial o de maquilas que operan con privilegios fiscales y cuyo mercado laboral, por los niveles de organización tecnológica de sus procesos de producción, no constituyen fuentes de trabajo tan significativas según lo quiere hacer ver la Comisión.

Igual que muchas otras cosas que se afirman en el dictamen de la comisión, esta afirmación también es radicalmente falaz, tendenciosa y desconocedora del significado de la universidad pública y de los beneficios que ella aporta a la sociedad.

  1. “La señora ministra tiene una alta cuota de responsabilidad y yo quiero, doña Giselle, que usted asuma un compromiso, no conmigo ni con doña Patricia, ni con los miembros de esa Comisión, sino con el país para detener estos borbollones de dinero que estamos destinando a salarios y que están condenando muy pronto a las universidades a desaparecer financieramente.”

Desconoce la evidencia que aporta este mismo documento, que al final presenta la lista de las personas que cuentan con los mayores salarios en las universidades públicas. Habría que decir cuántas personas en las universidades tienen un salario mayor a 4 millones de colones y qué proporción de la planta docente y administrativa representan esas personas. Este documento es solo un rosario de falsedades que se asumen como argumento para buscar la destrucción de las universidades públicas.

  1. “En el caso en particular de lo que don Marcelo llama privilegios, usted estaría de acuerdo con la frase de don Marcelo que son los privilegios los que podrían acabar con la autonomía universitaria, específicamente ese tema.”

El término privilegios se convierte en una muletilla vacía que sirve como arma de destrucción masiva, a la vez que obvia los intereses de la sociedad por contar con la educación superior pública y con los servicios de investigación y de acción social que las universidades públicas proporcionan. El foco de ataque son la UCR y la UNA. Las otras universidades públicas “hacen mucho con poco” y, además, el ITCR ya fue declarado en el documento como “la universidad del futuro”.

  1. “La OCDE, hoy habría reunión, pero no puedo estar en dos partes a la vez, la OCDE en el informe del año 2018 señala que las universidades estatales tienen pocos incentivos para responder a las necesidades del mercado laboral, potenciar los graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y mejorar la representatividad en el acceso a la educación superior.”

El enfoque de mercado por encima de la visión integral de la formación profesional universitaria. Restringir la visión del quehacer formativo de la universidad a las carreras que respondan “a las necesidades del mercado laboral” significa no solo cercenar el cuerpo académico de la universidad, sino también direccionar la formación universitaria hacia carreras que responden a un determinado sector del mercado laboral; el sector precisamente vinculado a la economía de capitalismo corporativo transnacional y el que representan las empresas nacionales inscritas en la dinámica de la globalización neoliberal. En este sentido, cuando se habla de fortalecer la oferta de educación superior en las regiones, de lo que se está hablando es de algo muy difuso, en la medida en que de lo que se trata es de habilitar fuerza de trabajo técnica en las regiones para ser empleada por ese mercado laboral corporativo, pero no en recuperar ni potenciar las capacidades productivas locales para promover el desarrollo y el bienestar social local a partir de las propias particularidades productivas de las regiones.

  1. Un reclamo generalizado y evidenciado en esta Comisión es que las universidades se han enfocado en desarrollar únicamente el GAM, lo que ha desembocado en que únicamente las empresas de zonas francas que generan empleo de altísimo nivel estén interesadas únicamente en desarrollarse dentro del GAM.

Ahora entonces ya sí lo dijeron: de lo que se trata es de invertir en el fortalecimiento de la oferta de educación superior técnica en las regiones para habilitar fuerza de trabajo que permita desconcentrar de la zona urbana de la GAM a las empresas de zonas francas. Es lo dicho anteriormente: lo que interesa no es la educación superior en las regiones para estimular y dar soporte al desarrollo local, sino para habilitar fuerza de trabajo técnica para las empresas de inversión extranjera directa y también para las empresas nacionales vinculadas a la economía de la globalización neoliberal.

  1. “Sin embargo, estos diputados y diputadas no podemos recomendarles a las universidades como impartir sus carreras, dado que están protegidas por la autonomía constitucional en este punto.”

¿Con qué criterio académico y de planificación prospectiva las diputadas y los diputados le podrían decir a las universidades cuáles carreras impartir y cuáles no? Por tal razón, hay que eliminar o debilitar la autonomía universitaria en la Constitución para que sean las personas integrantes de una comisión legislativa quienes les indiquen a las universidades públicas cuáles carreras impartir y cuáles no.

  1. “Algo en lo que hemos coincidido los legisladores, y lo hemos venido confirmando a través de las diferentes audiencias, es la urgencia de cambiar los criterios de distribución del FEES, de manera que no respondan a un criterio costumbrista, sino más bien a criterios técnicos, que reconozcan el cumplimiento de indicadores efectivos y, además de ello, que puedan traducirse en metas y mediciones, de manera que se premie con mayor monto del FEES a las universidades que efectivamente están cumpliendo con sus proyectos y metas, las cuales deben traducirse en mayores cupos, investigaciones, infraestructura e inversión en las regiones.”

La Universidad que cumpla con los indicadores que los señores diputados determinen, esa universidad será “premiada” y, así, cada vez que se entreguen los fondos del FEES, la distribución podrá variar en función del cumplimiento de esos indicadores. Es decir, ya no se trata únicamente de condicionar la entrega de los recursos del FEES a la reducción de personal (administrativo, se ha dicho) y a la rebaja de los salarios en las universidades, sino también que los diputados se atribuyen la facultad de realizar la correspondiente distribución del presupuesto, de conformidad con sus decisiones políticas. Y es por eso entonces que se hace necesario subordinar la autonomía universitaria a las decisiones económicas en materia de aprobación de presupuestos nacionales para la educación superior pública.

  1. “Es importante para estos diputados y diputadas que en esa mesa de trabajo se puedan definir mecanismos que le permitan a la Asamblea una visión integral, una perspectiva integral, sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento que tienen las universidades dentro del presupuesto nacional de la República. Introducir en la discusión y aprobación de recursos a las universidades vía FEES, el tema de los recursos, producto del superávit que mantienen las universidades.”

De nuevo, uno de los aspectos medulares en que recalca este documento es la intervención, fiscalización y determinación política externa, efectuada de manera cruzada entre el poder ejecutivo y el legislativo, de la disposición y organización de los presupuestos por parte de las universidades. De esta manera, las rectorías de las universidades pasarían a ser no más que empleadas al mando de los poderes ejecutivo y legislativo. Y aún así afirman en este documento que lo que buscan es mejorar el desempeño de las universidades y no afectar los alcances de la autonomía universitaria.

  1. “La diputada Yorleny León ha sido enfática en que el Planes debe evaluarse por un tercero, y dicha propuesta fue acogida por esta Comisión, dado que es Conare quien lo realiza y, además, es quien lo evalúa; por ende, la evaluación no es realmente objetiva, pues es un “yo con yo” tal como lo ha dicho reiteradamente la señora León. Y su posición fue compartida por la Contraloría General de la República.”

Una vez más, interferencia política externa sobre las decisiones de política y de inversión de las universidades públicas. Tal como se puede ver a lo largo de todo el documento, la aprobación del FEES estaría supeditada a la intervención de las decisiones políticas externas en materia de desarrollo institucional, definición de programas de inversión, costo de los aranceles, oferta académica y gestión de la investigación.

  1. “El sistema de acreditación también golpea con más dureza a las regiones, es por ello vital que exista una forma más acelerada y barata de poder acreditar más carreras en zonas rurales, con el objetivo de bajar las brechas y esto es de suma importancia para realizar mejoras de fondo en la educación, porque tal como fue dicho por representantes de Sinaes:”

Esta indicación inentendible refleja muy bien el nulo o muy bajo nivel de comprensión que tienen las personas integrantes de la comisión acerca de lo que es una universidad pública. Imagina esta gente que las universidades son como una especie de planta industrial donde se fabrican profesionales y también paquetes de objetos tecnológicos.

[1] Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica.

Nativa aporta canción contra xenofobia

Escrito en . Publicado en Derechos.

NATIVA: Les cuento que acabo de sacar una nueva canción sobre migración, indignada por la ola de xenofobia que estamos viviendo en CR. Se las comparto y también les invito a sumarse a una campaña por Instagram, realmente luchar contra los grandes medios en estos temas es difícil y solo con el apoyo de ustedes puedo difundir mi canción y más importante aún el mensaje.

Aquí Nativa nos explica:

Letra:

No es un día igual a los demás
ha salido el sol y su corazón no para de vibrar
Tomo una decisión, no por gusto
si no por necesidad
Emprender un largo viaje hacia la soledad
La voluntad la alimenta su familia y sus hijos
razón por la cual
emprende este acertijo
Dejar su país para tocarle la puerta al vecino
Y que el destino ponga trabajo en su camino
Se despide de su vida no sabe por cuánto tiempo
Todo listo en la frontera, brinca el procedimiento
que han impuesto
Para decidir lo que es tuyo y lo que es nuestro

Dejar todo atrás para encontrar la paz, paz
Abajo las fronteras, más, más
SOLIDARIDAD

Dejar todo atrás para encontrar la paz, paz
Abajo las fronteras

Del bus, la última parada
A su alrededor observa luces de madrugada
Un hotel lo anuncia un cartel luminoso
Una larga noche entre el miedo y el reposo
de una ciudad desconocida
En su corazón… la esperanza está expandida
Al salir el sol… será el primer día
de una nueva lucha, racha de violencia lleva en su espalda
Valiente, fuerte, refleja su mirada
Sangre caliente, centroamericana
Bienvenida hermana, la tierra no es de nadie
Bienvenido hermano, caminemos de la mano

Dejar todo atrás para encontrar la paz, paz
Abajo las fronteras, más, más
SOLIDARIDAD

Dejar todo atrás para encontrar la paz, paz
Abajo las fronteras

El arroz viene de China, fina la pizza italiana
Tu Dios es judío, mi música es negra
mexicana la novela de la suegra
Los números árabes, la democracia griega
Las cosas traspasan las fronteras,
los humanos estancados en trincheras
mentales, prisioneros de territorios banales
Hace rato que somos lo mismo
dando vueltas en el mismo abismo

Y en Spotify

https://open.spotify.com/track/3sWbsDWhPHrJvZxWj2nlxh?si=WlVQjEQsTTmoPYsh6MdgRQ

«Cualquiera se puede sumar en cualquier momento. Puede ser una foto de ustedes con el rotulito o el rotulito solo como prefieran», dice Nativa. Aquí nos regala su canción:

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

Con falsedades intentan apropiarse de la historia del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Dr. Mario Hidalgo González*

La UCCAEP, asesorada por economistas, envía el 25 de enero 2020, una carta al presidente de la República denominada Un pacto por el empleo, fundamentada en varias falsedades con las cuales trata de apropiarse de la historia del país.

Afirman que “pequeños, medianos y grandes empresarios carecen de privilegios”. Falso. Los grandes empresarios han disfrutado de privilegios financieros, hacendarios y jurídicos. Recordemos la amnistía tributaria última, que pretende reducir deuda y morosidad, significó que empresas como Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El rey y varias otras se ahorraron más de lo que pagaron. Son grandes empresas que durante un tiempo incumplieron con el Estado.

Declaran que llevan “200 años de producir libertad”. Falso. Los grados de libertad de la sociedad costarricense se han obtenido, en gran medida, por el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, en particular, los educadores. Basta recordar la jornada laboral de ocho horas. Y esto es válido aquí como en otros países. La Revolución Francesa estableció la libertad de tránsito y la igualdad ante la ley. Por supuesto, con fines de desplazar mano de obra del campo hacia las ciudades en donde se desarrolla el capitalismo industrial, pero aún así son grados mayores de libertad.

Consideran que debemos “dejar de presentar en la imaginación de los costarricenses un país dividido entre productores y ambientalistas, pequeños contra grandes, exitosos y fracasados, funcionarios enfrentados a trabajadores privados”. Falso, Han sido ellos quienes han promovido, financiado y diseñado una política de confrontación y divisionismo. Para la manifestación en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el ejecutivo, a través de un ministro, se refirió a los manifestantes como cuatro gatos. En verdad, los manifestantes fueron entre 800 mil y 1 millón de personas.

Denigraron a los participantes en la manifestación tratándolos de animales, dicho esto con el debido respeto a los gatos. El periódico que los avala declaró que eran unos irresponsables, y otros tantos descalificativos utilizados por los diputados, y las televisoras. El expresidente Miguel A. Rodríguez clamaba desde La República que se descontaran del salario los días no trabajados por la huelga.

Ellos inventan el estigma de pensionados de lujo, tratando de producir una división entre los educadores jubilados y la sociedad costarricense.

Continúan diciendo que debe existir responsabilidad en el sector público “especialmente en aquellas instituciones financiadas con nuestros impuestos”. Doble falsedad. Hay muchos trabajadores públicos altamente responsables, conscientes de la necesidad de hacer un trabajo de calidad. Y el financiamiento de estas instituciones también es de todos sean del sector público, privado o mixto. Un trabajador paga cualquier cantidad de impuestos. Falta espacio para enumerarlos. Si alguien desea conocer cómo se ejerce el dominio y explotación de los trabajadores basta con revisar la estructura impositiva.

Instan a los empleados públicos a cumplir “con las leyes y sus reglamentos”. ¿Quiénes son los evasores, elusores y los que se apropian indebidamente de miles de millones en las aduanas? ¿Yanber es de los trabajadores públicos? ¿Aldesa es de los trabajadores públicos? De nuevo falta espacio para enumerar.

Dicen que los empresarios han “sostenido al Estado costarricense desde las mismas bases desde el primer día de la independencia”. Falso. Ha sido la sociedad plena la que ha acordado un contrato social basado en la Constitución. De paso, y brincándome años de historia, Juan Santamaría ¿era empresario?

Agregan que gracias a ellos fue posible “dejar atrás el sistema colonial para ingresar al mundo moderno”. Debido al tamaño de esta falsedad prefiero remitir la respuesta al Estudio sobre economía costarricense de Rodrigo Facio, y a los cuatro volúmenes de Historia económica de Costa Rica, editado por la ECR. Los economistas asesores de la UCCAEP nunca leyeron sobre historia económica de Costa Rica y Centroamérica.

¡Costarricense: la UCCAEP y La Nación mienten!
* Economista y sociólogo
10-06-2020

Imagen ilustrativa.

La agonía de un ministerio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

Cerca de su cincuenta aniversario, parece que la emergencia nacional por la pandemia pone a flote la crisis que arrastra el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), acumulada en los últimos treinta años y acelerada en los últimos diez. Gracias a la contrarreforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con los tristemente célebres Planes de Ajuste Estructural (PAEs), dicho ministerio ha sido despojado de algunas de las funciones estratégicas para las que originalmente fue creado. Por eso carga con serias limitaciones para responder a una realidad cambiante y también en crisis, la cual se expresa en una sociedad trastocada por el cambio global y por una creciente y profunda desigualdad estructural.

De cara a su aniversario (y ante el opaco bicentenario de la “república”), muchas personas pensamos que bien valdría la pena realizar un balance colectivo del ministerio y de las políticas culturales en Costa Rica para repensar lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer y, fundamentalmente, sobre el rol que debería jugar el MCJ en el futuro cercano, sin olvidar que, al menos simbólicamente, también es el ministerio de la juventud. Es una tarea pendiente y es de esperar que el mismo ministerio se aboque a ella con la presencia organizada de los sectores involucrados en el quehacer cultural y artístico del país.

En retrospectiva, es importante recordar que el 5 de julio de 1971, mediante la Ley No. 4788, se crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, de tal modo que la cartera involucraba también a la Juventud y al Deporte. (El pequeño ministerio se había incubado en la otrora Dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación, cuyo gran impulsor, entre otros, fue el artista y arquitecto Rafael “Felo” García). En los años setenta y parte de los ochenta, funcionó el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) un vigoroso proyecto con casas de la juventud por todo el país. Por cierto, el actual Ministro de la Presidencia fue Director del MNJ por mucho tiempo. Más tarde eliminaron al “movi” (así lo llamábamos) porque estaba ayudando a crear dirigentes juveniles conscientes y críticos (¡con instructores israelíes!), muchos de ellos pasaron a la izquierda. Y, además era el ente rector del deporte; luego se creó el ICODER y le quitaron esa papa caliente al ministerio cuyo quehacer en esa rama era casi decorativo.

Es importante también recalcar que la creación del MCJ obedeció al objetivo estratégico del proyecto original promovido por los llamados “hombres de letras” del Partido Liberación Nacional, jefeados por don Alberto “Beto” Cañas Escalante, en un contexto marcado por la guerra fría y por las consecuencias de la guerra civil con sus persecuciones y su anticomunismo. Como en tantas otras acciones socialdemócratas y socialcristianas, el MCJD funcionó para institucionalizar conflictos y sectores “en pugna”. El Ministerio nace sin saldar la eterna disputa entre “Cultura” y/o “Bellas Artes”, es decir, entre la visión “bellaletrista y bellartística” y el concepto antropológico en el cual la cultura se entiende de manera más amplia e integral. Era una concepción difusionista: fortalecer las bellas artes y llevar la cultura a quienes no la “tenían”, ir a las comunidades con un proyecto de extensión patriarcal social demócrata. Para ello había que crear conjuntos artísticos (OSN, CNT, CND, TNT…) y museos entre otros entes; más tarde, cuando el concepto antropológico se fue imponiendo, se crearon direcciones regionales y Casas de la Cultura con un nuevo discurso acerca de “regionalización” ante el pudor de una conciencia vallecentrista asumida a medias. Eso hizo aguas muy pronto y el ministerio no se reactualizó sino que, al contrario, se recortó.

Ya entrado el nuevo milenio, el MCJ se fue adaptando a la contrarreforma y extendiéndose más al espectáculo (FIA, FNA, Feria del Libro, Festival de Cine, etc.) y apoyando las incipientes industrias culturales. Era claro, la actividad cultural pasaba de ser prioridad del estado (benefactor) a dejarse en manos de la iniciativa privada que, de todas maneras (rezaba el slogan) “produce libertad”. En los últimos años se le ha dado prioridad a los “pequeños productores de cultura” (artesanos y emprendimientos “artísticos”) e incluso los grandes proyectos de masas tipo FIA o FNA hicieron aguas, ya por la desidia, ya por la impericia de los tres últimos (des)gobiernos. Es claro que el ministerio transita a la deriva dependiendo de las administraciones o de las “personalidades” de sus ministros o ministras, así como de sus equipos de trabajo.

Ante la crisis algunos “artistas” pegan el grito al cielo (uno pregunta: ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por qué hasta los tiempos del Covid 19?) y amenazan con acusaciones y anatemas a la vez que lanzan un estentóreo SOS. Muchos de ellos comparan al ministerio con una suerte de CNP, ICT, INVU o IMAS, sin comprender la naturaleza del mismo ni la amplitud del concepto cultura. Otros, como quien esto escribe, pensamos que es demasiado tarde para pataleos, que hace muchos años le dieron el tiro de gracia. La contrarreforma neoliberal lo precarizó, los tres últimos gobiernos lo desmantelaron. Sin embargo, “del ahogado el sombrero”, algo se puede rescatar. Pero se precisa de una reforma total del estado que lo revitalice y lo coloque a la altura de los tiempos. En otras palabras, se trata de preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho que la contrarreforma neoliberal ha venido debilitando y ahora quiere rematar. La pregunta es: ¿será posible?

Finalizo con la frase de un cantautor colocada en una de las redes sociales: “Muchos de los que reclaman ahora parece que han estado muy cómodos durante tantos años de silencio”.

*Escritor.
Cédula 2-332-689. Tel. 8373 6899.

 

Imagen: Presidencia.

A situaciones extremas ¿falacias extremas en cuanto a pensiones del Magisterio?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Nos informa el director un matutino que, como situación extrema, la Caja del Seguro suspendió la concesión de nuevas “pensiones” del “régimen no contributivo” por falta de fondos. Empezamos por corregir: no existen “pensiones” no contributivas; lo que se otorga, desde un punto de vista técnico, son subsidios para personas en necesidad.

El columnista contrasta esa noticia con los “excesos” de los regímenes de “pensiones de privilegio”. No sabemos, porque no nos lo dice, qué son pensiones de privilegio, pero con el apelativo basta, crea animadversión e inquina. Esta vez son las “pensiones de privilegio”, en otras ocasiones podrían ser los salarios en el sector público, tal vez los salarios de los profesores universitarios (aunque irónicamente se les aplauda cuando contribuyen en la presente pandemia). Eso sí, establecer contraste con los verdaderos privilegiados de este país, con los grandes capitales, tan grandes que han sido reseñados en la revista Forbes, está fuera de toda consideración. Es prohibido, más que tabú. De igual manera, es anatema mencionar la desigualdad causada por el capitalismo neoliberal criollo, que ya hace que nuestro país ocupe un lugar, ahora sí, “de privilegio”, entre los más desiguales de la región.

Menciona el periodista que para “nivelar el terreno” los diputados impusieron contribuciones solidarias a las pensiones del Magisterio (de 2.2 millones en adelante) y judiciales (2.6 millones en adelante). ¿Pero cómo explicar que no supieran los diputados que los jubilados del Magisterio, con pensiones por encima de su tope legal, han sido tasados desde 1997 con una contribución “especial, solidaria y redistributiva” (art 71, ley 7531), que alcanza hasta el 69% sobre excesos para las jubilaciones más elevadas y las ciñe en su mayoría al tope en cuestión? ¿O es que consideran original imponer contribuciones solidarias sobre contribuciones solidarias? El ridículo es tal, que ni siquiera se dieron cuenta los diputados ni los periodistas de que, aprobado el último gravamen, tasaban más a las pensiones medias y bajas y terminaban favoreciendo a las más elevadas.

Como el periodista implícitamente aprueba aplicar la aplanadora para “nivelar” el terreno de pensiones, tal vez debamos instruirlo en cuanto a que esos regímenes especiales y diferentes del IVM CCSS operan dentro de un bloque de legalidad, el cual incluso ha superado el tamiz constitucional. La cita del voto 846-92 de la Sala IV es lapidaria: “Considera la Sala que, si el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, no hay razón para cuestionar la existencia de pluralidad de regímenes. Se parte de que el constituyente pretendió un mínimo de protección a los trabajadores, dejando la puerta abierta para que en un futuro se regulara sobre nuevos sistemas de seguridad social…” “Al existir diferentes regímenes, es lógico que cada uno tenga sus propias reglas y criterios legales para el otorgamiento del derecho constitucional a la jubilación y a la pensión, sin que por ello pueda siquiera pensarse que tal coexistencia sea inconstitucional”.

La diferencia más clara entre el régimen del Magisterio y el IVM CCSS está en su porcentaje de cotización. Hace 62 años, los docentes cotizaban 5% mensual, mientras que los del IVM no han llegado al 5% al día de hoy, cuando los docentes cotizan entre 8% y 16%. No es lícito entonces hacer nivelación entre lo que no es comparable, pero debemos recordar que en el matutino, ferviente propulsor de la uniformidad en pensiones, pero no en fortunas, se ha editorializado que el tope de jubilaciones debe ser el mismo del IVM, ¡sin importar cuánto haya cotizado el beneficiario! Menudo sentido de la justicia…

El pilar de la argumentación del periodista es que debe existir igualdad entre las prestaciones de diferentes regímenes, lo que ya demostramos no es válido, incluso desde la perspectiva constitucional. Además, propone una serie de afirmaciones sin prueba alguna, que resultan lamentablemente falaces.

Que nuestras jubilaciones, entre otras, no están actuarialmente justificadas. Le resultaría útil dar un vistazo a su propio matutino, con fecha 27 de mayo de 2005, pág. 32 A, en la que el actuario Lic. Guillermo Fernández demuestra que las pensiones del Magisterio se han pagado, y con creces. Que el Estado desviara nuestras cotizaciones y las suyas propias a gasto ordinario es cosa totalmente distinta, y es gracias a esa irresponsabilidad que nuestras pensiones se cargan al presupuesto, con todo y garantía estatal de su pago, por aquello de las dudas (art. 115, ley 7531). Pero con los vientos legislativos que corren, parece que la garantía, la palabra del Estado, no vale mayor cosa.

Que habría que objetar que las prestaciones de los regímenes especiales de pensiones no estén sujetas a los límites del IVM. Quiere entonces el periodista que, aunque el Magisterio cotizó a lo largo de las décadas hasta 6 veces más que los adscritos al IVM, las prestaciones sean las mismas. ¿Qué tipo de sortilegio legal podría justificar tal despropósito?

Que los fondos públicos se otorgan con demasiada generosidad, que el Estado da ventajas extraordinarias y beneficios exorbitantes a sus funcionarios. Bueno, si Ud. es un trabajador privado que no recibe siquiera el salario mínimo, como sucede con un porcentaje importante en ese sector, tal vez pueda parecerle así. Pero los hechos simplemente contradicen la supuesta munificencia estatal en cuanto a jubilaciones. Las del Magisterio han venido a la baja durante los últimos 29 años, del 100% del mejor salario de los últimos 5 años laborados, a un 60% del salario de referencia, dependiendo de la ley que ampara al jubilado. Y que conste que nos referimos a montos nominales sin incluir las 5 deducciones aplicadas a las jubilaciones del Magisterio (cotización regular, solidaria, renta, enfermedad y, créalo o no, ¡maternidad!, así como seguro de vida).

Afirma repetidamente el periodista que las pensiones se otorgan usando fondos públicos para quienes no cotizaron. Lo que no provee son las pruebas ni las estadísticas al respecto.

Finalmente, yerra aparatosamente cuando dice que la situación extrema es que los fondos obtenidos por los gravámenes no llegan a los destinatarios no contributivos en razón de acción interpuesta por “34” jubilados. Aun dejando de lado que no son 34 sino varios cientos (algo que sus periodistas investigativos deben saber de sobra), es sorprendente que desconozca que las contribuciones impuestas a las jubilaciones no pueden tener otro destino que el propio fondo jubilatorio. Al respecto, le haría bien prestar atención al artículo 73 constitucional respecto de los fondos de los seguros sociales: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación …” y al voto 5236-99 de la Sala Constitucional: “…esa cotización que el legislador ha establecido por ley, tenga como única finalidad la de nutrir el fondo de seguridad social; es decir, el aporte … está concebido, únicamente, para favorecer el régimen de los contribuyentes obligados.” En otras palabras, no se vale, hablando de jubilaciones, desvestir un santo para vestir otro.

Y para coronar la letanía de inexactitudes, nos sentencia que “Debemos aprovechar para educarnos de forma que nunca más incurramos en semejantes iniquidades”. Definitivamente, educación sí hace falta, pero para que se pueda debatir con hechos, estadísticas y argumentos serios y de peso, no como se hace en este caso, con base en subjetividades que estigmatizan a los jubilados en el imaginario popular, al tiempo que, como se apuntó previamente, obvian e invisibilizan a los verdaderos privilegiados y sus capitales; suena a un ejemplo más de la antigua estrategia de “divide y vencerás”: divide al pueblo y vence el gran capital.

 

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Diez propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19 con visión social, productiva y solidaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

Proceso de diálogo y construcción de medidas para enfrentar la crisis causada por la COVID-19

Diez propuestas priorizadas en respuestas inmediatas y procesos transformativos para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 desde una perspectiva social, socioproductiva y solidaria.

El sociólogo Carlos Brenes compartió con SURCOS este documento que expresa el proceso de diálogo realizado por el sector de Economía Social Solidaria con el gobierno.

El documento señala en su introducción:

“La grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto que se necesita un nuevo orden mundial. La comprensión más generalizada de la gestión del riesgo de desastres define este como la combinación de dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad o exposición a estas. Todo desastre resulta de una alta vulnerabilidad. Esta no tiene que ver solamente con los primeros impactos, sino, también, con las consecuencias socioeconómicas y ambientales de mediano y largo plazos. Comúnmente, existen sectores de la población que son afectados más dramáticamente por los efectos dañinos de los desastres. Estos son los que tienen las posiciones más desventajosas en términos socioeconómicos.

Aunque nuestro Gobierno y la CCSS han demostrado un gran acierto en la conducción del país para mitigar el impacto sanitario de esta crisis, se han puesto de manifiesto vulnerabilidades en nuestro sistema de gestión del riesgo de desastres, esto es, en la preparación para afrontar amenazas más allá de las hidrometeorológicas y geológicas. A estas, entre otras, se suman las amenazas biológicas, que no por primera vez desencadenan emergencias en el mundo y ante las que el país también es frágil. Ha quedado más visible que nunca que cualquier evento destructivo –ya sea un sismo, un ciclón tropical, una sequía o un fenómeno epidémico o pandémico– además del impacto inmediato, genera una devastación socioeconómica, en la que siempre la peor afectación y la mayor desprotección son las que sufren los pobres. Pero también esta crisis ha causado estragos en sectores de los estratos medios.

Ante todo, llamamos a ver detrás de las estadísticas que están evidenciando esta realidad, los rostros humanos: los de aquellos que han perdido su empleo; los de cientos de miles que no lo tenían y han visto frustradas sus expectativas de conseguirlo; los de los que estaban hundidos en el mundo de la informalidad laboral y los de quienes ahora han pasado a sumarse a sus filas. Rostros de personas que dependían de asistencia humanitaria y ahora no pueden ser auxiliados. Son, todas estas, personas que viven la angustia y la desesperación de no tener un ingreso total o parcial que le permita comprar los alimentos de su familia, pagar los recibos de servicios, cubrir los pases para movilizarse, comprar los pañales de sus hijos o de sus padres enfermos. Son las personas que se habían endeudado para montar una pequeña empresa y ahora no tienen cómo pagar el préstamo, porque el emprendimiento se hundió; las personas que adquirieron deudas para responder a necesidades de salud, de vivienda, de estudio propio o de los hijos, entre otras necesidades básicas. Son los rostros de nuestros agricultores y agricultoras desprotegidos, sin seguros de cosecha, sin mercado justo para sus productos, que van perdiendo casas y tierras por el endeudamiento. Y no podemos olvidar los rostros de quienes están totalmente a la orilla, los miles de personas que habitan en nuestras calles, sin poder atender a la consigna del “quédate en casa”, lávate las manos, báñate, utiliza alcohol gel y lava tu ropa al llegar a casa… pues simplemente no tienen casa, ni servicios sanitarios, ni ropa en un armario.

Puede descargar el documento aquí:

DIEZ-PROPUESTAS-PRIORITARIASDescarga

Economía antediluviana: Las propuestas de Fernando Naranjo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Grupo Economía Pluralista
Director CICDE-UNED

La lógica de la economía ortodoxa, que en Costa Rica muestra su rostro más anacrónico y desfasado, se centra en la deflación generalizada como solución frente a la crisis económica. La premisa subyacente gira alrededor de la idea de que, detrás de la crisis hay excesos que deben corregirse, es decir, que la economía debe pasar por una especie de purga, o en términos médicos decimonónicos, que se le debe aplicar un sangrado, a fin de “limpiarla” y, así, crear las condiciones para su recuperación. La idea de fondo es absurda y disparatada: nos dice que para superar la crisis… ¡hay que agudizar la crisis!

Una nota reciente en el medio digital Crhoy.com lo ilustra. Su título “Economista alerta sobre peligros en idea de que el BCCR financie créditos de rescate” (https://www.crhoy.com/economia/economista-alerta-sobre-peligros-en-idea-de-que-el-bccr-financie-creditos-de-rescate/). El economista al cual se hace referencia es Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, exgerente general del BNCR y actual presidente de la consultora CEFSA.

Tal cual lo anticipa el título de la nota, Naranjo se opone a que el Banco Central asuma un rol más enérgico y proactivo, dentro de la estrategia de políticas frente a la crisis económica que el país sufre. Su argumento es un anacronismo: básicamente una apelación al pasado (“sería como volver 30 o 40 años atrás…”), como si las condiciones actuales, fuesen iguales a las de entonces. La realidad hoy es muy distinta, como también es completamente distinto el papel que en este momento cumplen los bancos centrales en el mundo. Pero Naranjo, como miembro destacado de la ortodoxia dominante, de eso no se entera.

Hablamos de una economía devenida ideología fantasmagórica, poblada de espectros e ideas zombis.

Por lo demás, su planteamiento se enfoca, según indica la nota, en “recuperar la capacidad de los mercados de generar empleos…”. Para lo cual propone la deflación generalizada de la economía, básicamente mediante dos mecanismos: reducción de salarios (“…salarios negociados por debajo de los rangos mínimos”) y la reducción en un 50% de las cuotas de la seguridad social. Todo lo anterior sumado a la devaluación de la moneda. Y siendo cierto que el colón está seguramente sobrevaluado, pensar en devaluar es una idea que, más que inoportuna, resulta temeraria, puesto que, en momentos de gran incertidumbre como los actuales, la devaluación vendría a sumar elementos adicionales de incertidumbre.

Se trata de una política destinada a infligir sufrimiento: contra los sistemas de seguridad social –que han sido la primera línea de defensa de la población costarricense frente a la pandemia del Covid-19– y contra las familias de clase trabajadora de Costa Rica. Es claramente una estrategia de “dumping social”: reducir costos y recuperar la competitividad de las empresas, mediante el debilitamiento financiero de la seguridad social y el deterioro de las condiciones de vida de las clases asalariadas.

No olvidemos el contexto en que esas políticas deflacionarias se aplicarían: una economía mundial sumida en la recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Dadas esas condiciones, es desatinado imaginar que las exportaciones –menos aún el turismo– puedan tener una pronta recuperación, ni siquiera si se busca levantar la competitividad, mediante mecanismos espurios como la depresión salarial y el debilitamiento de la seguridad social.

O sea: en un momento en que los mercados internacionales están deprimidos, Naranjo propone que se deprima aún más el mercado interno, mediante la comprensión del consumo privado. Y puesto que su propuesta excluye cualquier acción del Banco Central, y no considera ningún aporte de la política fiscal vía inversión pública, inevitablemente surge la pregunta ¿Qué habría entonces de incentivar a las empresas a contratar más personal, si no tendrían a quién venderle lo que se produzca? Cuando, y en todo caso, las actuales condiciones de incertidumbre frenan cualquier posibilidad en ese sentido, y ello no solo no se modificará con la aplicación de esta terapia de “dumping social” que Naranjo promueve, sino muy probablemente se agudizará, en virtud del descontento e inestabilidad social que ello propicia.

Por otra parte, la posible deflación de precios que esa estrategia seguramente pondría en marcha, es una pésima idea en momentos en que los niveles de endeudamiento, tanto público como privado, son muy altos. Ello agravaría el peso de las deudas, dificultaría adicionalmente el manejo de las finanzas pública, y agravaría los problemas del sistema financiero.

En resumen: estamos en presencia de una versión antediluviana de la economía, esperpéntica en lo teórico y totalmente desconectada de las realidades actuales.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/.
Enviado por el autor.

UCR: Escuela de Artes Musicales aprueba propuesta que incorpora piezas de compositoras en sus cursos y conciertos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Durante la temporada 2019, solo en 23 de los 133 programas de concierto de los ensambles de la EAM, se incluyeron piezas de compositoras

Con la aprobación de la propuesta, los ensambles de la Escuela de Artes Musicales deberán incluir dentro de su repertorio anual, una obra de alguna compositora.

Estudiantes y docentes de la Escuela de Artes Musicales (EAM) idearon una trascendental propuesta a nivel académico y nacional para la inclusión de obras de compositoras dentro de dos de sus importantes espacios académicos y culturales.

Mediante una sesión de la Asamblea de Escuela, que es mayoritariamente masculina e integrada por docentes en propiedad y estudiantes, se aprobó el proyecto que surgió a raíz del espacio creado por la red universitaria contra el hostigamiento sexual, del proyecto Cero Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR), en dicha unidad académica.

La votación contó en total con 29 votos a favor, 5 en contra y se hizo efectiva a partir del 27 de mayo del presente año.

Según este acuerdo, se deberá incorporar al menos una pieza al año de compositoras en los programas de concierto de los ensambles de la Escuela (orquesta, banda, coro, orquesta de guitarras).

Asimismo, deberán añadirse estas piezas en la lista de repertorio en los programas de los cursos de instrumento y de música de cámara que componen la EAM.

“La Asociación de Estudiantes ha tenido un trabajo activo en torno al tema del hostigamiento. Ha habido muchas reuniones de apoyo y de seguimiento. Hacia finales de 2019, surgió el tema de que no deberíamos trabajar solamente en ciertos aspectos del hostigamiento, sino también ser activas en otro tipo de propuestas”, indicó la decana de la Facultad de Artes y profesora de Artes Musicales, María Clara Vargas Cullell.

Según como lo señala el acuerdo, los programas de curso deberán contar obligatoriamente con un listado de obras de mujeres compositoras, que no se había incluido hasta el momento, para que el estudiantado tenga la opción de conocer y tocar las piezas durante su proceso de formación académica.

De acuerdo con la Decana de la Facultad de Artes, en 70 años ha existido la posibilidad de que se integraran las obras de estas compositoras en la EAM y hasta este año no se había hecho de forma obligatoria. Con frecuencia, se ha repetido el uso de repertorios tradicionales.

“Es simbólico no solo en la escuela, sino a nivel nacional, porque hay otras instituciones de educación musical superior que quizá emulen esta decisión y a nivel regional estoy segura que también podrían hacerlo. Hay algunas escuelas universitarias en Centroamérica que estoy segura que no tienen esto estipulado y talvez se entusiasmen con este paso que estamos dando”, añadió la decana María Clara Vargas Cullell.

Avance simbólico en equidad

Amanda Mesén Badilla, psicóloga del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), ha acompañado el proceso del estudiantado y docentes de la EAM dentro de la red universitaria contra el hostigamiento sexual.

“Fue muy bonito porque empezamos a trabajar hace más de un año y, a pesar de que al principio el proyecto consistía en informar sobre el tema de hostigamiento, se alcanzó un trabajo colectivo que se ha ampliado. Todo esto con estudiantes, profesoras y la decana de la Facultad, quien logra llevar más allá la iniciativa para empezar a gestionar este plan de acción que toca temas tan importantes”, comentó la psicóloga del CIEM.

Asimismo, Mesén Badilla añadió que se trata de una propuesta pionera en cuanto a equidad de género dentro de la escuela. Indica que esta refleja una realidad innegable sobre la histórica exclusión de la mujer en diversos campos y que, por ende, debería ser un tema central que se discuta colectivamente en todas las instancias de la Universidad.

Orquidea Guandique Araniva, es otra profesora de la EAM que también ha participado y aportado en este espacio. La docente indica que el proceso de lucha por la equidad dentro de la escuela se ha llevado a cabo de muchas formas.

Uno de los esfuerzos inició hace algunos años liderado por la profesora Tania Camacho, quien inició un Simposio de las Mujeres en la Música y que se ha traducido en esfuerzos para visibilizar los aportes de la mujer dentro del campo.

“Presentando un cambio o discutir sobre el hecho de que no solo los hombres componen, sino que las mujeres también lo han venido haciendo desde hace muchos años sistemáticamente, de alguna forma pone en evidencia la manera en la cual hemos construido muchas de las prácticas que actualmente hacemos y continuamos haciendo”, explicó la docente Guandique Araniva.

“Ahora podemos decir que incluiremos obras de compositoras que han estado invisibilizadas. Es algo importante, pero es apenas una vez al año que estamos dispuestos a hacerlo. En la medida en que esto se convierta en una práctica, comenzaremos a romper con estas ideas de lo que la historia ha reafirmado hasta el momento”, añadió la docente.

Tesis pionera

María José Martínez Solano es egresada de la Licenciatura en Enseñanza de la Guitarra de la EAM. Su proyecto de tesis constituyó un aporte pionero a la escuela, ya que recopiló un listado de compositoras del siglo XXI, que hasta el momento se encuentran activas.

A raíz del listado hecho por Martínez Solano, la biblioteca de la EAM pudo adquirir 23 de las obras. Las compositoras mencionadas en la tesis son originarias de Europa y América.

De acuerdo con la egresada, a nivel mundial no existía ningún escrito que recopilara los nombres y obras de dichas artistas a pesar de que muchas de ellas son reconocidas y han ganado premios Grammy.

El proyecto consistió en analizar cómo las obras en distintos niveles de dificultad aportaban recursos que enlazaban aspectos de la guitarra flamenca, clásica y cómo se podría trabajar a través de ellos la técnica en la guitarra.

“Siempre fui la única mujer en mi carrera durante los 10 años que estuve involucrada con la EAM. Eso también me llevó a pensar en que si no hacía este proyecto, quizá nadie lo iba a hacer por iniciativa propia. Ojalá que al final se dé más apertura en la Escuela”, comentó la egresada y actual docente del Recinto de Paraíso, María José Martínez Solano.

 

Bianca Alina Villalobos Solis
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/