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Autor: María José Ferlini Cartín

Solicitan no aprobar proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS recibió un documento firmado por el doctor Francisco San Lee Campos, educador y gestor ambiental de la Universidad Nacional, y con el respaldo de personas de la ciudadanía y estudiantes de esa casa de enseñanza superior, en el cual se solicita la no aprobación del proyecto 20212 denominado Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico.

El escrito está dirigido a las diputadas y diputados así como al presidente de la república.

CONCEVERDE envió copia de la petición a SURCOS así como las notas de apoyo que le acompañan. Compartimos el texto:

Viernes 06 de noviembre, 2020

POR COSTA RICA Y SU FUTURO SUSTENTABLE: NO AL PROYECTO 20212 LEY DE AGUAS, NO AL RESELLO DE LA LEY PESCA DE ARRASTRE Y NO A LA MINERÍA METÁLICA EXPEDIENTE Nº 21.584

SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS)
ASAMBLEA LEGISLATIVA
COSTA RICA

SEÑOR
CARLOS ALVARADO
PRESIDENTE
COSTA RICA

Distinguidas (os) Señoras (es) Diputadas (os) y Presidente:

Estamos preocupadas (os) en el sector ecologista-ambientalista del país por las intenciones de:

1. REVIVIR EL NEFASTO PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EXPEDIENTE N° 20212

El 24 de enero del 2018 el Tribunal Constitucional CONSIDERÓ INEVACUABLE la Consulta Constitucional del PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO lo que fue un éxito para el verdadero movimiento ambientalista y no de quienes se decían serlo y guardaron silencio cómplice o hasta la impulsaron…!!!

Se vuelve a presentar prácticamente el mismo proyecto del año 2018, quitándole algunos de los agregados inconexos e inconstitucionales de aquella vez, pero dejando otros aspectos que a todas luces abren el camino para la privatización del agua vía la figura de concesiones e igualmente mantiene otros roces de inconstitucionalidad. Entre las preocupaciones es que se incidirá en altos costos del servicio dada la intención de que las ASADAS y otros entes administradores del agua paguen impuestos por medio de los famosos cánones, que los terminará pagando el consumidor. Además, le da grandes poderes al Ministro de Ambiente y al MINAE quienes con criterios políticos y no técnicos ambientales podrán declarar de interés nacional proyectos que beneficiarían a unos pocos y no a las comunidades. Elimina al SENARA, lo cual es inaceptable.

Como parte del Pueblo de Costa Rica, no podemos permitir que quieran entregar de forma solapada a intereses privados y no nacionales uno de los recursos más valiosos que poseemos, el AGUA, fuente de energía renovable tanto hidráulica como hidroeléctrica y que será el futuro próximo base para la energía del hidrógeno, una opción viable y que debemos conservar en manos de las/os costarricenses.

2. QUIEREN INTENTAR RESELLAR LA LEY VETADA POR EL PRESIDENTE QUE REVIVE LA PESCA DE ARRASTRE y cuyo apoyo se basó en un estudio que presenta una diferencia y duda significativa de alrededor de un 30% en los datos que sobreestimó los beneficios de las nuevas redes, según mostró la revisión científica realizada por el biólogo marino de la Universidad de Newfoundland (Canadá), Andrés Beita. NO AL RESELLO DE LA LEY DE PESCA DE ARRASTRE.

Se debe fortalecer la flota de pesca artesanal, impulsar el ecoturismo, el turismo de aventura, articulando con las islas, los proyectos de maricultura, cultivo de camarón sustentable, re impulsar a Puntarenas, su gastronomía, la calidez de su gente, la pesca deportiva, mejorar los servicios de atención a visitantes, hay mucho potencial que puede llevar a competir en turismo con sitios internacionales que en los últimos años han perdido su atractivo por una pésima planificación y daños ambientales al paisaje al no controlar el crecimiento urbano y comercial, en cambio Puntarenas aún guarda su atractivo original.

3. NO AL TEXTO SUSTITUTIVO DEL EXPEDIENTE Nº 21.584 “LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”.

Ahora con la caída de la pesca de arrastre algunas/os Diputadas/os apuestan por la “minería sostenible”, que no existe en ninguna parte del mundo tal cosa, bien sabido es que la minería es a la tierra lo que la pesca de arrastre a la riqueza marina, solo causaría un daño irreparable a los ecosistemas.

Las consecuencias y daños daños ambientales van a significar mucho más que las supuestas ganancias por la extracción y el valor del oro actual si insisten en desarrollar la extracción minera de Crucitas y sino se detiene lo que ya está ocurriendo.

De acuerdo a un comunicado del Bloque Verde que ha circulado en redes: “Las 64 toneladas aprovechables del yacimiento de Crucitas se estiman en un valor total de $2500 millones. Por su parte, el costo por daños ambientales, según un peritaje acerca de los impactos, solamente por la exploración del yacimiento, fue calculado en $ 5300 millones, por especialistas en economía ecológica.”

En Crucitas se debe crear un SANTUARIO PARA LA LAPA VERDE y el mismo proceso de REMEDIACIÓN AMBIENTAL QUE DEBE EJECUTARSE, bien organizado servirá para generar procesos de TURISMO: ecológico, rural, educativo, aventura, voluntariado nacional e internacional y dinamizar la economía de la región, con proyectos productivos orgánicos, limpios y alternativos sustentables interconectados en un CENTRO DE ACCIÓN ECOLÓGICA O AMBIENTAL DE CRUCITAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE ubicado en un sector de Crucitas que recoja la historia de los daños, exponga el proceso de restauración ecológica en la zona ARTICULADO con las familias de la comunidad.

Señoras (es) diputadas decimos:

-NO AL PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EXPEDIENTE N° 20212
-NO AL RESELLO DE LA LEY QUE REVIVE LA PESCA DE ARRASTRE
-NO A LA MINERÍA METÁLICA EXPEDIENTE Nº 21.584

Señor Presidente de la República en caso de pasar a segundo debate la ley de minería metálica y la ley de gestión integrada del recurso hídrico le solicito respetuosamente pero con vehemencia vetarlas.

Señoras (es) Diputadas (os) estos tres proyectos, más la expansión descontrolada de la siembra de piña deben ser detenidos, de lo contrario en materia ambiental nunca llegaremos a ser carbono – neutral, la imagen internacional de Costa Rica como un país verde, amigo de la naturaleza se verá muy seriamente dañada e impactará no solo la salud de los ecosistemas, las personas, sino que afectará el turismo y por consiguiente una de las principales fuentes limpias de divisas del país.

Digan sí a la naturaleza, sí al desarrollo sustentable y no aprueben esas leyes anti ecológicas, que ponen en entredicho la tradición y compromiso de Costa Rica con la conservación, preservación y protección ambiental.

Agradeciendo su atención y gesto ejecutivo,

Dr. Francisco San Lee Campos
Educador y Gestor Ambiental
Universidad Nacional

Imagen ilustrativa, UCR.

Sin abrevar en El Lete

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Jorge Badilla (54) de Paso Ancho, Vinicio Otárola (49) de Alajuelita, Pamela Salas (29) de Hatillo, Sonia Barahona (65) de Moravia, Roberto Rivera (51), Jorge Pacheco (52), Dany Calvo (73) de Tibás, Xinia Robles (57) de Patarrà, Raúl Fernández ( 41) de Curridabat, Gerardo Jiménez (73) de Orosí, Victor Rugama (67), Roberto Sáenz (68) de San José, Amado Villalobos (81) de Alajuelita, Felicia Hidalgo (82) de Alajuelta, Noemí Granados (64) de Tibás, Eduardo Arias (53) de Paso Ancho y Lucía Castillo (21) de Tillarán; todos ellos hermanos costarricenses que vieron minar sus fuerzas hasta fallecer, víctimas del COVID-19; al igual que más de 1 400 hermanos cuyas vidas ha arrebatado este pequeño enemigo. Diecisiete hermanos y hermanas que ya no estarán con nosotros. Nunca han de ser olvidados; hoy el vacío que dejan a familiares y amigos, debe ser llenado de hermosos recuerdos, por todas las cosas buenas que representan para sus familias y comunidades.

El olvido, semánticamente hace referencia a una acción involuntaria. Y como pueblo, como nación, no debemos de olvidar, como algunos por allí intencionadamente lo desean.

Haré referencia a dos de los actos de presumible corrupción más grandes de la era moderna costarricense. Para posteriormente detenernos en uno de ellos, tras denuncia interpuesta en los tribunales, hace tres años. La historia costarricense en estos últimos años, no ha sido marcada por las grandes obras y logros que hayamos alcanzado, como en otros momentos, de los que hemos sido capaces como hermanos, como país; sino por bochornosos y vergonzosos actos de corrupción y apropiación indebida de lo público. Y digo de lo público porque es a lo que está llamado a ser de todos nosotros y al disfrute de dicho bien, sea una moderna carretera o una nueva represa hidroeléctrica, que genere más energía limpia y aporten al desarrollo, progreso y bienestar del país.

De acuerdo con lo anterior, dos de los proyectos más escandalosos donde la depredación y colusión de empresarios y funcionarios públicos son vivo ejemplo del saqueo de las finanzas públicas, lo constituyen sin duda alguna, el proyecto Balsa Inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y la fenestrada construcción de la ruta 35 Sifón-La Abundancia, trayecto de la carretera Naranjo-San Ramón-San Carlos. Ambos proyectos ubicados geográficamente muy cerca de nosotros.

Durante muchos años cúpulas empresariales y políticas estuvieron protegidas de alguna manera, por la inacción-ausencia de la fiscalía general de la república en manos de Jorge Chavarría.

El Proyecto Balsa Interior, en el periodo comprendido entre 2008 y 2015 pasó de 94 a 361 millones de dólares. No se investigó, no se acusó a nadie ni mucho menos se señalaron culpables. Dichos costos fueron internalizados y la CNFL se ve imposibilitada a bajar tarifas.

De allí el reto que enfrenta la actual Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio. Depende de ella hacerlo sencillo o complejo. Empezó su trabajo con gran energía y no ha temido investigar a diputados, exdiputados, exmagistrados y hasta al mismo presidente. Pero nos da un gran temor que con el paso del tiempo haya perdido fuelle.

En gran medida la confianza que puede sentir el costarricense en nuestro régimen democrático, reside en la credibilidad que tenga el poder judicial. Siendo el último poder constitucional en configurarse hasta pocos años después de la vida independiente, hoy por hoy el comportamiento de magistrados y de quien ocupe la fiscalía general debe ser prístino, transparente y consecuente con la ley. Sus jerarcas deben darnos señas que los tenebrosos tiempos y opacidad con se manejó Jorge Chavarría quedaron atrás.

El 17 de noviembre de 2017, a raíz de las barbaridades detectadas en la construcción de la carretera Sifón-La Abundancia, donde tras la salida de la empresa RSA de China Taiwán, a partir de 2008 autoridades del MOPT CONAVI, decidieron otorgarle dicho contrato a la empresa Sánchez Carvajal sin mediar concurso público alguno ni licitación –todo frente a la CGR que no dijo ni tus ni mus– . La construcción de dicha obra que aún no concluye, se ha convertido en la obra pública más onerosa de este país. En el periodo comprendido entre 2007 al 2014, el monto inicial fue de $61 millones y ha llegado hasta 287 millones de dólares hace exactamente tres años. El desarrollo de dicha obra de 29,7 kilómetros ha sufrido un camino en extremo tortuoso y generando diversas adendas al contrato, todas avaladas con gran complacencia por parte de la CGR, donde inmisericordemente han refrendado cuanto aumento haya pedido la empresa, en el costo de la obra, sin preguntar mucho sobre las causas de dichos desajustes Conforme había nueva adenda, de esa misma manera iba aumentado el monto de la obra. El contubernio entre la empresa y CONAVI se iba consolidando y dicha situación en ningún momento fue objeto de investigación o indagación alguna, por parte de ningunas de las dos contraloras durante todo este periodo, fuera Rocío Aguilar Montoya o Marta Acosta Zúñiga. Pareciera que la ex contralora y la actual contralora, han estado más ocupadas intentando cogobernar, que cuidando -como debieran- las finanzas públicas y la ejecución de obras de calidad. Son varios los informes de LANAMME, que una y otra vez señalaron malos trabajos, despilfarro, inoperancia, obras de mala calidad y sobreprecios en materias primas y severos daños ambientales. Esto conduce a miles de costarricenses a estar en presencia de la mayor estafa que se haya cometido en este país. Interpuse senda denuncia penal por peculado ante el ministerio público, contra funcionarios de CONAVI y de la Empresa Sánchez Carvajal, de manera que la fiscalía investigara las actuaciones de: Abraham Sánchez Castro, Pablo Torres Morales, Albert Sánchez González, Carlos Solís Murillo, Cristina Vargas Calvo, Carlos Segnini Villoabos, Mauricio Salom Echeverría, German Valverde, Mario Marín Rivera, Mónica Navarro del Valle, Jorge Solano Jiménez y Cristhian Campos Monge, unos por pecar de acción y otros por omisión.

Pasamos de las palabras a los hechos y por ello la fiscalía abrió la causa 14-000808-0332-PE, a la cual se le adicionaron las otras dos anteriores tras denuncias de este servidor en la fiscalía de San Ramón y la fiscalía Agraria (causas 14-000037-611 PE y 14-808-332 PE); todas relacionadas con lo que ha estado ocurriendo en esta ruta Sifón la Abundancia y el contubernio entre CONAVI y la empresa Sánchez Carvajal. Esta última denuncia ya había sido desestimada por el ex fiscal Chavarría, pero la fiscala Navas y su equipo la reincorporaron al expediente que ahora es visto en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ubicada en Ciudad Quesada y en manos de la Fiscal Auxiliar, Mariana Bolaños Hidalgo.

Dicho proceso judicial prácticamente está listo desde enero de este año y en julio solamente se estaba a la espera del auto de elevación a juicio por parte del señor fiscala general. O sea, que a pesar de que el expediente está listo y bastante completo por alguna extraña razón, en todo este 2020 no se ha avanzado más. Desconozco las razones por las cuales doña Emilia Navas Aparicio aún no procede a elevar dicha acusación y solicitar juicio contra los imputados. Cuesta creer que exista la impunidad, en este caso donde millones de dólares de las finanzas públicas han sido comprometidos y aun no hay responsables. El Poder Judicial debe hacer su trabajo; sería muy sano para nuestro Régimen democrático, si la Procuraduría General de la República también intervenga en esta gigantesca estafa al pueblo costarricense.

Confió en nuestras autoridades judiciales que no tendrán que pasar otros tres años más para que en los tribunales se haga justicia y se envié una señal directa de que la esperanza de heredar un mejor país a nuestros hijos es válida. Y a los corruptos el mensaje de que aprovecharse de esa manera de los costarricense, sólo podrá tener un resultado, que es la cárcel.

En temas referidos a las dolorosas secuelas y sufrimiento ocasionados por una penosa enfermedad; y ante el robo y asalto de las finanzas públicas, no cabe de ninguna manera, el olvido.

9-XI-20

El Lete: Río del Hades. Tomar de sus aguas provocaba olvido (mitología griega).

 

Imagen: colección de Wilhelm Wandschneider.

Aprobación por el Senado de México del Acuerdo de Escazú: breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado jueves 5 de noviembre, se informó que el Senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas y está muy completa nota publicada en Colombia): una noticia pasada por alto en gran parte de los medios de prensa, y que amerita algunas reflexiones.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«. Se considera que una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

Firmas y ratificaciones registradas

A la fecha del 9 de noviembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 24 firmas y 9 ratificaciones: las últimas firmas son la de Belice, registrada el 24 de setiembre del 2020 y la de Dominica (el mismo 26). La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el mismo 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el extremo cuido de sus respectivas autoridades políticas y diplomáticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Este valioso instrumento regional que busca consolidar los derechos de las personas que defienden el ambiente, entrará en vigor 90 días después de recibir un total de once ratificaciones. Al momento de redactar este texto, ha sido ratificado por nueve Estados: el depósito formal del instrumento de ratificación de Argentina (cuyo congreso aprobó este tratado en setiembre del 2020) y de México es cuestión de semanas, por lo que muy pronto se precisará la fecha oficial de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Escazú en medio de ausencias y de fantasmas

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, tuvimos la oportunidad de analizar el hecho que la falta de ratificación por parte de Costa Rica, Estado anfitrión de la última ronda de negociación, y la ausencia de la firma de Chile, Estado que conjuntamente con Costa Rica fue el principal promotor de esta iniciativa regional desde el 2014, son elementos a tomar en cuenta ante la verdadera campaña de desinformación y de descrédito gestada desde diversos sectores con relación al contenido del Acuerdo de Escazú (véase nota nuestra al respecto titulada «Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas«). Este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Siempre en Colombia, recientemente, el equipo de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia, sino en muy diversas latitudes del continente americano, en contra del Acuerdo de Escazú.

A modo de conclusión

Cabe precisar que el voto en el seno del Senado mexicano fue unánime en favor del Acuerdo de Escazú: un detalle de forma, pasado casi desapercibido, y que permite evidenciar (una nueva vez) la poca seriedad de varios de los antes mencionados razonamientos y su carácter fantasioso.

En cuanto a Costa Rica, en nuestra precitada nota, se indicaba que:

«Si conforme se van registrando nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, el argumento encontrado por la Sala Constitucional de Costa Rica no encuentra eco en ninguno otro Estado de América Latina y del Caribe, se podrá concluir que la “mezquindad” de su Poder Judicial es, vergonzosamente, la única en la región».

La reciente decisión tomada por el Senado mexicano confirma (nuevamente) que el argumento encontrado por el Poder Judicial en Costa Rica sigue siendo una verdadera extrañeza para el resto de las judicaturas de los Estados de la región, impidiendo a Costa Rica aparecer entre las primeras once ratificaciones del continente, y participar a la primera Conferencia de Estados Partes (COP) a realizarse en los meses venideros.

 

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado por el autor.

La importancia de hacer visible el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

10/11/2020. La Red por el Acuerdo de Escazú en Costa Rica busca visibilizar la importancia y la trascendencia del Acuerdo de Escazú mediante una campaña informativa en redes sociales.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Festival contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas

Escrito en . Publicado en Derechos.

México. El Tercer Festival Contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas, invita a la comunidad a acompañarnos de manera virtual del 9 al 11 de noviembre.

Se reflexionará sobre las violencias, cómo nos atraviesan para pensar entre todas y todos cómo las enfrentamos.

Inscríbase a las actividades, aquí: https://forms.gle/bS65koYm8y96c9ny9
Consulte el programa digital aquí
https://4a31c397-0f18-4676-91be-bfb3ae8daadd.filesusr.com/ugd/5ea7e8_1c1153d617824852933d55f439271a9c.pdf

Movimiento feminista y de mujeres condena detención contra Stella Chinchilla

Escrito en . Publicado en Derechos.

Movimiento feminista y de mujeres: Condenamos la detención arbitraria y violenta contra Stella Chinchilla Mora, compañera comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos

Las organizaciones, mujeres y personas que suscribimos el presente posicionamiento, rechazamos y repudiamos con vehemencia la violencia y el abuso policial contra las mujeres y las niñas en el marco de las protestas y manifestaciones contra el FMI y las medidas de impuestos regresivos por parte del gobierno contra la clase trabajadora.

Denunciamos que el pasado 29 de octubre fue detenida en Ochomogo, Cartago, junto a otros compañeros, de manera arbitraria y violenta Stella Chinchilla Mora destacada comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos, quien enfrenta ahora un proceso de judicialización.

Enfatizamos nuestro repudio contra la detención abusiva, arbitraria e ilegal de Stella, mientras ella se encontraba reportando un abuso de poder por parte de la policía contra una persona con una condición de discapacidad, antes de iniciar una manifestación pacífica.

Condenamos que la violencia policial obstruya el derecho a la comunicación, información y a la libre expresión de todas las personas en Costa Rica. Exigimos el cese inmediato de los abusos de autoridad y la violencia policial contra las mujeres y niñas, o cualquier otra persona que haga uso de su legítimo derecho a la protesta social. Le recordamos a la policía que su principal labor es proteger a la sociedad civil, no perpetuar la violencia ni la masculinidad tóxica que ha manifestado como institución desde la base de su matonismo policial.

Este atropello a la integridad física y emocional de Stella se da en el marco de la violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, bajo las órdenes del Ministro de Seguridad Michael Soto y el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, contra el movimiento social en resistencia desde las calles.

Puntualizamos:

Es inaceptable la violencia sufrida por la compañera Stella Chinchilla Mora, siendo ésta abuso sistemático de poder por parte de la policía, antimotines y diferentes órganos de seguridad nacional bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

Este atropello a los Derechos Humanos se suma a un conjunto de hechos registrados contra el ejercicio a la libre comunicación, periodistas y comunicadores sociales en el país, demostrando que el gobierno irrespeta acuerdos internacionales como el contemplado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Que en la detención de Stella el Ministerio Público aduce “obstrucción de la labor policial” y “resistencia agravada”, lo cual además de no tener fundamentación, es la justificación bajo la cual el gobierno pretende legitimar el uso de armas químicas de forma indiscriminada con los gases lacrimógenos a la población, las cuales han dejado personas afectadas incluyendo niñez y adultas mayores, que se encontraban en sus casas. También, se han registrado agresiones físicas, verbales y con arma de fuego, envío de infiltrados para ocasionar disturbios con el fin de deslegitimar la protesta social, desapariciones y detenciones arbitrarias como la descrita aquí contra la compañera Stella, sumando al día de hoy más de 141 detenciones de esta naturaleza inconstitucional.

El gobierno de Costa Rica no respeta la libertad de prensa y comunicación popular, y a su vez, es cómplice de la campaña mediática basada en falacias emitidas desde medios de comunicación como La Nación cuyas publicaciones intentan denigrar la labor profesional y comprometida de Stella Chinchilla Mora.

Consideramos que no es posible ni congruente la disposición de un gobierno que convoca al diálogo multisectorial mientras persista un escenario donde se dé la represión, intimidación, persecución, y desapariciones contra sus habitantes, pues caracterizan un estado reproductor de la indefensión, impunidad, cuando acciones como la criminalización y judicialización de la protesta social, son propias de gobiernos antidemocráticos.

Es por esto que en medio de esta crisis política, económica y social donde la pandemia se ha convertido en la cortina de humo para intentar invisibilizar la desigualdad y violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada ser consecuente con la voluntad manifestada de abrirse al dialogo con el pueblo mediante la priorización del respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, comunicadores, defensores y todos los habitantes de Costa Rica por medio del alto definitivo a la represión del legítimo derecho a la protesta social.

Le recordamos al Gobierno que el disenso es clave para la democracia, y no puede ser acallada con armas químicas, golpes y aprisionamientos. La democracia es un proyecto continuo y debemos protegerlo, reducir nuestros derechos humanos a partir de la represión policial o políticas públicas para criminalizar y judicializar el disenso es una alerta en cuanto el proyecto país que deseamos y que merecemos.

Por último, invitamos a medios locales, nacionales e internacionales a que se sumen a esta denuncia porque comunicar, informar y expresarse libremente ¡Son Derechos Humanos! Un Estado que limite el ejercicio libre de estos no es una democracia. ¡Libertad para Stella! ¡Libertad para protestar! ¡Justicia para las personas en procesos por ejercer su derecho humano a la Protesta Social!

Para apoyar esta iniciativa, ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/VtC3VUJgSpDWeEEW9

UCR Voz experta: Publicidad oficial y electoral: un negocio con pocos actores

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Johanna Rodríguez López

¿Cómo se distribuye y se concentra la publicidad oficial y electoral en los medios de comunicación del país?

En el capítulo 4 del II Informe del Estado de la Libertad de Expresión se presenta la distribución del presupuesto estatal en publicidad a los medios de comunicación del país, durante los años 2017 y 2018. Igualmente, se encuentra un análisis en torno al comportamiento de la pauta mediática pagada por los partidos políticos, como parte de la deuda política, durante las campañas electorales 2010, 2014, y 2018.

Los cuatro grupos empresariales que más pago recibieron por pauta oficial fueron Televisora de Costa Rica (Teletica), Grupo Repretel, Grupo Nación y Sociedad Periodística Extra. Solo en el 2017, los dos primeros concesionarios cobraron más de mil millones de colones cada uno, seguido del Grupo Nación con más de 800 millones de colones y Sociedad Periodística Extra con una suma superior a los 700 millones.

El comportamiento en el 2018 no varió significativamente, pero sí aparecen otras empresas de comunicación y personas físicas participando de la distribución. En esta oportunidad, los tres grupos mediáticos que dominaron la pauta publicitaria estatal fueron el Grupo Nación GN Sociedad Anónima, CRHoy Sociedad Anónima, y Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima, que recibieron montos superiores a los mil millones de colones cada uno. Por su parte, Representaciones Televisivas Repretel obtuvo más de novecientos millones de colones y al Grupo Extra se le pagó más de quinientos millones de colones.

Con respecto a la concentración de la pauta oficial —según la plataforma de emisión—, se observa que, en televisión, Repretel y Televisora de Costa Rica están en primer lugar; mientras que, en Radio, se encuentra Central de Radio CDR Sociedad Anónima, seguido de Canara y de la Cadena de Emisoras Columbia. En cuanto a la plataforma impresa, Grupo Nación, Pro-Periódicos Limitada y Sociedad Periodística Extra son los que más pauta recibieron. Finalmente, en la plataforma digital, CRHoy encabeza la lista.

En cuanto a la pauta electoral, es importante mencionar que el uso de las diferentes plataformas de comunicación ha cambiado de manera importante. Por ejemplo, el pago por pauta en periódicos y revistas para las elecciones de 2010 era de ¢563 210 770,95; mientras que para el 2014 fue de ¢301 893 508,69. Es decir, de una campaña a otra, disminuyó alrededor de doscientos cincuenta millones de colones. Sin embargo, la reducción más significativa se evidenció en la última campaña, ya para el 2018, solo se pagó ¢42 186 590,00.

Con respecto a la pauta en televisión, si bien es cierto, el pago ha disminuido, este no ha sido tan drástico como con los periódicos, pues de la campaña de 2010 a la de 2014 el monto disminuyó en menos de mil millones de colones, y de la campaña 2014 a la de 2018 disminuyó un poco más de cien millones.

El pago por pauta en radio tuvo un pico en la campaña de 2014, al pasar de ¢475 487 118,68 en el 2010 a ¢954 070 293,80. No obstante, el monto disminuyó en más de doscientos millones de colones en la campaña 2018. Finalmente, con el uso de internet se presentan dos picos: en la campaña 2010 y en la campaña 2018. En esta última, se presentó un aumento en el pago de más de doscientos millones de colones entre ambas campañas. Internet ha sido la plataforma que más aumento ha presentado con respecto a los pagos.

Evidentemente, la publicidad oficial es un mecanismo indispensable en la relación entre el Estado y la sociedad, pues es una forma de crear estrategias para la rendición de cuentas de los diferentes entes estatales, y también es una forma de informar y promocionar sobre las acciones que realizan. Sin embargo, la publicidad debe ser vista como el lazo entre el Estado y la sociedad, y no como una forma de premiar o castigar a los diferentes medios de comunicación.

En este capítulo, y siguiendo el comportamiento de los datos presentados en el Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, la concentración mediática también implica una concentración en la asignación de la pauta oficial, ya que pocos adjudicatarios obtienen altos montos por pauta.

Es así como es necesario retomar las recomendaciones que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2012) plantea en los Principios sobre regulación de la publicidad oficial. Específicamente en regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión en Costa Rica es necesario:

  • Establecer un marco legal y transparente que permita la asignación de la pauta oficial igualitaria, lejos de decisiones arbitrarias. Dicho marco debe aplicar para todos los niveles de los entes públicos.
  • Establecer una definición clara de lo que realmente es publicidad oficial.
  • Crear los procedimientos para la asignación de la pauta oficial abiertos, transparentes y no discriminatorios. La contratación directa debe ser un caso excepcional, de emergencia o imprevisto justificado, y no la norma para dicha asignación.
  • Promover la transparencia de todos los datos relacionados con la publicidad oficial.

En cuanto a la concentración mediática, como se mencionó anteriormente, hace referencia al acaparamiento en pocas empresas de emisoras de radio, canales de televisión y medios escritos, medios multimedia y otras actividades del mercado de los medios. Esta concentración también se refleja en el acaparamiento de la pauta, tanto oficial como electoral, en grandes grupos mediáticos.

A partir del análisis de los resultados, se concluye que la publicidad oficial y la publicidad electoral se concentra, según las diferentes plataformas, de la siguiente forma. En televisión: Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima y Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anónima; en radio: Radio Central de Radios CDR Sociedad Anónima, Cadena Radial Costarricense Sociedad Anónima y Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anónima; en periódicos: Grupo Nación GN Sociedad Anónima, Sociedad Periodística Extra Limitada y Properiódicos Limitada; y en internet: CRHoy Sociedad Anónima.

 

Johanna Rodríguez López
Docente de la Escuela de Sociología e investigadora y encargada de proyectos en el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), UCR

SITRAHSAN pide archivar Ley de Pesca de Arrastre

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero (SITRAHSAN) solicita a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa archivar la Ley de Pesca de Arrastre, con el fin de proteger los recursos marinos.

Compartimos la carta enviada a la Asamblea Legislativa al respecto y documento explicativo de Mar Viva del por qué es importante el veto a la Ley de Pesca de Arrastre.

SITRAHSAN-pesca-de-arrastreDescarga

Bolivia, el Macho Camacho: Golpista, Fanático Religioso, Violento, Corrupto y Próximo a ser Juzgado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual “pataleo de ahogados”, recurre a su vieja y anterior practica de golpista, no reconociendo la constitucionalidad de las elecciones en Bolivia, y desconociendo la transparencia del proceso electoral.

Además de llamar al viejo y recurrente paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, ha declarado: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”.

Mediante un decreto de la autoproclamada Jeanine Añez, que ordena una auditoria de los comicios, el “macho” Camacho, pretende evitar la posesión de la dupla Arce-Choquehuanca ganadores de las elecciones.

Ha arengado a sus seguidores en el paro cívico, con su tradicional referencia a “luchando con fe en Dios” y su repetitivo slogan de “queremos vivir en un país libre, en un país en el que se respete la pluralidad y la democracia”.

Más adelante agregaría: “Bolivia será la esperanza de toda América Latina, terminó el comunismo, tendremos libertad y democracia”, dijo el hombre que afirma querer luchar contra la izquierda en todo el continente. “Los bolivianos reanudaremos la lucha para restaurar la dignidad de Venezuela, así como a todos los países que han sido humillados”.

Perfil del excandidato Presidencial y exlíder Cívico

Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido mencionado por Evo Morales, en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto con Carlos Mesa, de lo que Morales denomina el golpe de Estado, que resultó en su renuncia, el año pasado 2019.

El líder cívico, en ese momento, ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales, para dar paso a un gobierno transitorio, conformado por “notables” que llamen a nuevas elecciones. “No tumbamos gobiernos, liberamos un pueblo en fe”.

Censurado de racista y ultraderechista, que utiliza formas que hacen recordar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Considerado carismático, histriónico, conservador y verborrágico.

Es abogado, con maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona-España, con 41 años de edad. En febrero del año pasado 2019, fue elegido presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y asociaciones “a favor de derechos sociales de esta ciudad”, la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor al gobierno de Evo Morales, en ese momento.

La región produce el 70 % de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que, tras la nacionalización de Morales en 2016, está hoy en manos del Estado. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el PBI del Departamento de Santa Cruz representaba en 2016 al 28,9 % de la Economía total del país. «Santa Cruz representa un tercio del PBI».

Camacho, formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz UJC, una organización de Derecha Radical, y en las “fraternidades”, y comparsas carnavaleras elitistas.

A su vez, la organización juvenil es una “especie de grupo paramilitar”, quien según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus “discursos secesionistas, gremialistas y racistas”, que terminaron en ataques contra indígenas.

Los “cambas”, como se definen, La UJC, de la que Camacho fue vicepresidente, fue una organización clave en la escalada de la violencia en Santa Cruz y luego en el resto del país.

Según el portal Primera Línea, forma parte de la logia Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar siempre, sus acciones, basado en Dios y la Biblia.

Según la visión de Camacho, la llegada de Morales a la presidencia, este sacó a Dios del gobierno, y con su gesto logró un objetivo que venía anunciando desde que comenzó su campaña para exigir la dimisión del mandatario hace algunas semanas: “devolver la Biblia al Palacio de Gobierno”.

No obstante, recordemos que, pese a sus constantes invocaciones a la religión, éstas contrastan con una retórica muchas veces violenta. Hablando de sus rivales políticos, Camacho dijo que lo que había que hacer, “salvando las diferencias, era sacar la agenda como lo hacía (el narcotraficante colombiano) Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor y odio, sino por justicia”.

Frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia. Jamás ha pedido moderación, y no apoyó los pedidos de la OEA, para que haya una salida democrática a la crisis desatada en Bolivia. Organizaciones sociales y feministas lo han tildado de misógino.

De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder, es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.

Debajo de su fachada religiosa, como hemos señalado, se esconde un millonario ultracatólico, que afirma luchar “no con armas sino con Fe”.

Una parte no muy conocida de su vida revela que, según un informe elaborado por una Comisión Legislativa que investigó el asunto de, los Panamá Papers, a través de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates), Camacho habría operado como intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.

La última perla del “macho” Camacho, es que en el contexto del triunfo y la asunción de Luis Arce, se están dando alertas sobre planes golpistas de derecha boliviana, contra la victoria del MAS, y según informaciones comprobadas detrás está Luis Fernando Camacho. Prueba de ello, es el reciente atentado con dinamita contra Arce en la Paz.

Finalmente, las posturas antidemocráticas de estos grupos, incluido Camacho, son el temor a la justicia, porque todo “macho” es cobarde.

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.france24.com/

Resultado electoral en USA 2020: una democracia en pañales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

Si el Pueblo estadounidense quiere le dará carta de ciudadanía, eso sí, para lograrlo tendrá que dar muchas y durísimas batallas incruentas y quizá cruentas.

Y no nos estamos refiriendo a la tradicional, vetusta, legendaria y sobre todo mítica «Democracia Americana» que, -ráspese por dónde se raspe con un trocito de análisis riguroso-, lo único que queda al descubierto es plutocracia (gobierno de los grandes ricos) con una enorme dosis de cleptocracia (gobierno de los grandes ladrones), que por cierto, esta vez también ha quedado intacta, sino, a la que esta vez han parido por todo el país, mediante toda clase de laboriosas y dolorosas luchas, los sectores más despiertos, lúcidos, informados y honestos de la sociedad estadounidense, unificados circunstancialmente bajo el pendón partidario azul que, eso sí, mucho pero mucho más allá de votar por Biden y el partido Demócrata, han votado para dejar patente su fe y su empeño por un mundo integralmente mejor, fundamentado en la auténtica justicia económica, política, social, cultural y ecológica para la Humanidad en general y la Madre Naturaleza.

Lo especial de esta tiernísima y veraz Democracia es que, pigmentos más o menos, es la misma Humanitarista Ecologista y Participativa que también nace, tanto en Nuestra América -del Río Bravo a la Patagonia, Caribe incluido-, como en los demás Pueblos del mundo y que, más temprano que tarde se impondrá pues «el Pueblo unido jamás será vencido».

¿Y qué nos unifica y mueve? Una mezcla muy particular por lo dialéctica y humana, entre instinto de conservación y, racional lucidez.

Fascinante, multifacético, vital y por ende ineludible proceso en el que, cada vez más juntos hoy estamos empeñados.

«Algún día seremos un mismo Pueblo, algún día comeremos en la misma canoa» Filosofía Bibri.

 

Imagen tomada de https://www.informador.mx/