SURCOS recibió del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) un comunicado mediante el cual invita a enviar solicitudes para una «convocatoria amplia y participativa para abordar el tema del IVM y de la problemática de recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social».
FRENASS solicita el envío de la solicitud con el modelo de carta que encontrará para descargar.
A 75 años del inaceptable ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaky el Mundo necesita y merece, ahora y de una vez por todas, vivir sin el temor y la amenaza de que sea posible el lanzamiento de una bomba atómica.
Para ser parte de esta campaña mundial, puede enviar su foto con un cartel que diga; «No+Armas Nucleares», indicando la ciudad y el país donde fue tomada; haremos un gran mural virtual con todas las fotos, el cual servirá para dar nuestra voz a los gobiernos que no han adherido al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
Para más información visite la página de Facebook Mundo sin Guerras y sin Violencia – Costa Rica.
Por Andrés Jiménez Corrales, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), docente de la Escuela de Geografía y del Departamento de Salud Ambiental
Una reflexión sobre las condiciones de regeneración y repoblamiento de la capital costarricense
La pandemia que vamos descubriendo día con día, ha resultado ser un “terremoto” que derribó algunas de las fachadas que cubrían las violencias contemporáneas, permitiendo la exposición de un paisaje de contradicciones, exclusiones y desigualdades que agrietan el mundo en mil pedazos. En la ciudad de San José, durante el mes de julio, emergió una realidad oculta ante los ojos de quienes no vivimos esta situación: las cuarterías en la ciudad. Las condiciones de habitabilidad en las que viven cientos de personas han sido expuestas, reflejando la imposibilidad de acceso a una vivienda digna. Las cuarterías son sinónimo de situaciones de pobreza y de violencia que se encuentran en las raíces mismas del sistema.
Las condiciones que viven las personas que habitan las cuarterías están lejos de tener una solución clara que no sea su desplazamiento, por parte de las políticas dirigidas por el gobierno local para la ciudad de San José. Contrariamente, las iniciativas implementadas tienden a profundizar las grietas de la desigualdad y a crear nuevas formas de segregación socio-espacial en la ciudad. Con esto nos referimos al Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José: una iniciativa para crear una ciudad exclusiva y excluyente.
Un repoblamiento selectivo
Luego de la década de 1980, el interés de inversionistas y de la clase media y alta por asentarse en la capital se diseminó. Es a partir de la década de los años 2000, cuando se despliegan acciones para concretar una revalorización de la ciudad utilizando la narrativa de la regeneración y el repoblamiento. Así se funda el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, diseñado y promovido por el Estado y la empresa privada. Cabe aclarar que en esta reflexión, cuando hacemos referencia a San José, nos enfocamos en los cuatro distritos centrales del cantón homónimo, a saber: Catedral, Carmen, Hospital y Merced.
La formulación de este Programa está sustentada en los supuestos de un deterioro físico-urbanístico y un despoblamiento de San José, que, si bien tienen algo de realidad, son ideas que se utilizan como justificante para desplegar un proyecto de ciudad que podemos interpretar, en palabras del geógrafo Neil Smith (2005), como revanchista. De esta forma se ha erigido un imaginario de una ciudad sumida en el caos y la desolación, “raptada” por aquellas personas que no son el objetivo del proyecto de ciudad formulado: personas vendedoras ambulantes, en situación de calle, trabajadoras sexuales, migrantes, pobres (…). Para contrarrestar esto, se ha desplegado una campaña para la recuperación de la ciudad, buscando desplazar personas, cuerpos, infraestructuras y dinámicas que no se encuentren acorde a sus planeamientos ¿Para quiénes se quiere recuperar la ciudad? ¿A quiénes se quiere atraer a la ciudad?
El paisaje de la ciudad se ha modificado a partir de los años 2000. Con el tiempo han ido emergiendo torres residenciales en altura que forman parte de este proyecto de ciudad. Detrás de estas infraestructuras se está produciendo espacio, el cual va más allá que un paisaje, incluyendo actividades y relacionamientos sociales, dinámicas territoriales, usos y modos de ocupación, entre otros elementos.
Las nuevas opciones de vivienda, apoyadas por el gobierno local, están dirigidas a una clase social media y alta. Un apartamento en estos edificios supera los USD$80.000, con dimensiones menores a los 100 m2. De acuerdo a los intereses y demandas de estos “nuevos” consumidores, se intenta moldear la ciudad. A esto se complementa una agenda de recuperación de lo histórico, la creación de marketing urbano, la promoción de turismo, la competencia entre ciudades por la atracción de inversión (por ejemplo, empresas de tecnología) o nuevas estrategias de securitización.
Estos procesos van conformando, en palabras de Delgadillo (2016), un “paisaje urbano, caro, exclusivo y excluyente para la mayoría de la población” (Delgadillo, 2016: 103). De forma distinta, desde los ojos municipales, los resultados alcanzados hasta hoy son celebrados, enunciando el éxito progresivo que ha tenido estas acciones en el cambio de la imagen de la ciudad. Pero, este es un éxito que ha beneficiado ¿A quiénes?
Para construir otros futuros
En este contexto histórico, bajo matices de pandemia, se plantea al mercado como la única vía para lograr soluciones. Por tanto, es importante colocar en debate otras formas de construir futuro, opciones más cercanas a valores cooperativos y solidarios. Por tanto, enunciamos ciertas ideas generales para ser debatidas y alimentadas en debate público:
Es necesario incluir en la creación de políticas de regeneración y repoblamiento de la ciudad, a través de una participación verdadera y no solo consultiva, a las personas que habitan hoy la ciudad.
Es necesario modificar la política pública marco de regeneración y repoblamiento para garantizar un acceso más democrático a la vivienda.
Es necesario garantizar un acceso a la vivienda en las áreas centrales sin distinción de clase, género, nacionalidad o condición migratoria.
Es necesario promover otros modos de gestión para la construcción o rehabilitación de edificios de vivienda, a través de cooperativas u otras formas de asociación, basadas en criterios de solidaridad y apoyo mutuo.
La vivienda, en el sistema en el que vivimos, representa un objeto de consumo más. Su acceso en San José termina representando un producto exclusivo (para unas cuantas personas) y excluyente (muchas personas no tienen acceso). El contexto de pandemia que experimentamos como sociedad, nos lleva a pensar en la ciudad como un ambiente que merece ser disfrutado, habitado y vivido por todas las personas sin distinción de clase, género, etnia, nacionalidad o rango etario.
Referencias bibliográficas
Delgadillo, Victor. 2016. Ciudad de México, quince años de desarrollo urbano intensivo: la gentrificación percibida. Rev. INVI. Vol. 31. N. 88.
Smith, Neil. 2005. El redimensionamiento de las ciudades: la globalización y el urbanismo neoliberal. En: Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura (Coord.). David Harvey y Neil Smith. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Este viernes 7 de agosto a las 8:30 a.m. se llevará a cabo el conversatorio virtual: “La Participación Social en Salud como Alternativa de Política Pública a la Crisis Sanitaria de la COVID-19”. Se contará con los aportes de: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Dr. Emilio Messina, Dra. Ileana Benítez Jiménez y el Dr. Joel Arboleda.
Nunca como ahora, y a lo largo de las dos décadas transcurridas desde que dio inicio el nuevo siglo, habíamos experimentado con tal grado de intensidad, ansiedad e incluso terror, el profundo desencuentro entre los sobrevalorados logros materiales de la civilización en la que vivimos y los requerimientos efectivos del ser humano de carne y hueso para alcanzar una existencia digna y creadora, tanto en términos de la cultura como de las condiciones materiales que deberían permitirla, las que se encuentran hoy amenazadas por ese desencuentro tan dramático, que se ha visto acelerado por la hegemonía de fuerzas totalitarias y deshumanizantes, cuyas únicas metas están regidas por la religión secular del mercado, a la que se unen con mucha más frecuencia de la que pudiéramos imaginar, las versiones más degradadas de las viejas religiones monoteístas salvacionistas, en especial el cristianismo (Darcy Ribeiro), hoy convertidas en mecanismos de una cultura de muerte y degradación, aunque sus portavoces más visibles aseguren estar actuando en nombre de los más elevados valores, otorgados por una deidad suprema.
La lógica intrínseca del mecanismo insondable que nos conduce hacia la destrucción como una nave al parecer sin control alguno, operando dentro de unas presuntas metas supremas que sólo buscan el crecimiento económico per se y el enriquecimiento de unos pocos, negando en los hechos el bienestar, y hasta la salud de los seres humanos, conforman el desiderátum de una civilización desbocada, que más allá de sus oropeles no logra ocultar siquiera un poco, su intencionalidad a ratos homicida, e incluso suicida en tiempos del Covid 19.
La tenaz, heroica, y casi siempre solitaria resistencia de los pueblos originarios de este continente, como uno de los pocos grupos humanos que parecen darse cuenta, o presienten las consecuencias finales de la destructividad de esta civilización, tanto como de sus aceleradas dinámicas de irracionalidad, es algo contrastante en medio del desenfreno de la ya anunciada cuarta revolución industrial, como una especie de muerte piadosa para miles de trabajadores. Frente a esa resistencia tenaz de mapuches en Chile y Argentina, aymaras o quechuas en los altiplanos perubolivianos, bribris o cabécares en Costa Rica, paez en Colombia e innumerables etnias en Brasil, en Panamá, Honduras, Guatemala y México entre otros países, nos encontramos con que esta maquinaria, ha respondido asesinándolos literalmente, o acelerando los procesos etnocidas que implican su destrucción cultural, como un paso previo a su conversión postrera.
Tampoco este orden de cosas se concilia con el funcionamiento de una democracia efectiva, con participación de sectores amplios de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, la que ha sido siempre algo mítico o utópico en el mal sentido del término en los países de la región, pues para las élites del poder es algo más grave que una herejía. Sucede que la democracia opera con un doble standard, de tal manera que por un lado resulta un estorbo para los poderes fácticos interesados en dar el asalto final al estado social en derecho en países como Costa Rica, pero por el otro su sola enunciación opera como un conjuro mágico para acallar las voces disidentes que reclaman la necesidad de su existencia efectiva.
El totalitarismo ramplón en el que se mueven ciertas élites de nuestros días les exige controlar o disminuir la cultura o lo cultural hasta la insignificancia, tanto como la producción de conocimiento científico libre de las ataduras de los poderes fácticos, de ahí el ataque frontal a la autonomía universitaria disfrazado de preocupaciones presupuestarias e incluso, al parecer éticas, llegando a asegurar que les interesan las investigaciones científicas y el acceso de la población joven a la educación superior. El grado de violencia de estas expresiones del neofascismo ha alcanzado un rango ya muy elevado, sólo necesitan pasar de la violencia simbólica a la violencia física, tomemos nota.
Está dentro del Programa Juntos al Amanecer que apoya a las empresas afectadas por la pandemia.
Permite financiar capital de trabajo, así como gastos de operación a micro y pequeñas empresas.
Tasa de interés empresarial y posibilidad de periodos de gracia de hasta 12 meses.
San José, 31 de julio 2020.ReactivaPYME es un crédito en dólares o en colones, a un plazo máximo 5 años, con el que se puede financiar capital de trabajo (materia prima, inventarios, publicidad, pago a proveedores, liquidez, otros) y gastos de operación (planillas, impuestos, servicios, alquileres, mantenimientos, entre otras cosas) en áreas como industria, construcción, comercio, transporte, turismo, actividades agropecuarias y servicios.
Esta formade crédito fue creada por el Banco Nacional para atender las necesidades de las PYMES en este momento de crisis sanitaria y con el fin de que logren alcanzar sus objetivos y se conviertan en agentes de desarrollo económico de nuestro país.
Entre algunas de las ventajas de ReactivaPYME se destacan una tasa de interés empresarial y la posibilidad de contar con periodos de gracia de hasta 12 meses. Adicionalmente, en el caso de los clientes que presenten faltante de garantía y que califiquen como beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), se puede solicitar un aval hasta por el 90% del monto del crédito.
Entre los requisitos básicos para poder acceder a este financiamiento se destacan los siguientes:
Ser sujeto de crédito en el sistema financiero nacional.
Tener conocimiento de la actividad.
Aportar la información de los ingresos y gastos del negocio: antes de la afectación por Covid-19, actuales y proyección de recuperación.
Brindar una descripción clara de para qué se requiere el crédito.
Aportar los permisos y contratos para el buen funcionamiento del negocio (cuando se requiera).
A su vez, de forma complementaria se pueden gestionar varios productos dentro del mismo trámite crediticio, tal es el caso de afiliarse gratuitamente a BN Sinpe Móvil, solicitar BN POS para aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito, acceder a Internet Banking y la app BN Móvil, afiliarse a débitos automáticos de créditos así como recibos, y aperturar cuentas electrónicas para administrar los flujos de efectivo del negocio.
“El Banco Nacional atiende más de 400 mil clientes de micro y pequeña empresa, por lo que hemos impulsado diferentes acciones de apoyo a las pymes, realizando prórrogas y brindado soluciones de pago en los créditos, se han habilitado herramientas gratuitas de fortalecimiento empresarial como Pyme Nauta y las asesorías de Pyme LAB, acceso a licencias de software gratuitas para factura electrónica e inventarios a través del Programa Nova Pyme, se está impulsando el movimiento PYME Fan y se presentan nuevas opciones de financiamiento como ReactivaPYME, acordes a la situación que vive nuestro sector productivo, para asegurar con ello la continuidad de los negocios, que se reactive la economía y se mantengan las fuentes de empleo”, según dijo Víctor Acosta, Director Segmento Micro y Pequeña Empresa del Banco Nacional.
Para conocer más información sobre el tema, se puede acceder a la página web del BNCR donde encontrará el link: bncontacto.fi.cr/reactivapyme destinado por la entidad financiera para ello.
Para incidir en el desarrollo del cooperativismo en los pueblos indígenas
Con el propósito de incidir en el fomento del desarrollo del cooperativismo en los pueblos indígenas, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) hace alianza con el Programa de Gestión Local de la UNED para realizar el Seminario de Pueblos Indígenas y Cooperativismo, desde el 17 de julio al lunes 3 de agosto del 2020.
Se trata de un espacio virtual de reflexión y para Adriana Villalobos, coordinadora del Programa de Gestión local, “mediante la vinculación con el INFOCOOP, se pretende articular esfuerzos en procura de una atención institucional enmarcada en las necesidades y cosmovisión de los pueblos indígenas”.
Inicios de una vinculación para generar incidencia
La razón del seminario tiene sus orígenes desde el 2018, desde ese año, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) fue parte de un proceso de análisis y reestructuración institucional. Según Juan Carlos Céspedes (Gerente de Educación y Capacitación) y Fanny Obando (Gerente de Promoción), miembros de INFOOCOP, “la planificación Estratégica Institucional 2019- 2023 que se ha determinado como eje estratégico la atención de poblaciones vulnerables, y en este caso las poblaciones indígenas se han establecido como una prioridad”.
Bajo esta prioridad, una de las disposiciones institucionales de INFOCOOP, fue la creación de protocolos para el trabajo y abordaje de cooperativas en territorios indígenas, por lo que la institución solicitó al Programa de Gestión Local apoyo en términos de capacitación, para poder abordar las recomendaciones realizadas de su plan estratégico.
El proceso de reflexión del seminario
Durante los días del seminario facilitado por Amilcar Castañeda y Pamela Campos, extensionistas e investigadores del Programa de Gestión Local, han mediado un proceso participativo dirigido a la personas funcionarias de INFOCOOP. “El seminario es teórico y práctico, en el que en cada uno de los 4 módulos se facilitan insumos que en un segundo momento serán plasmados por funcionarios de la institución en el diseño de protocolos”, mencionó Amilcar Castañeda.
En las sesiones se trabajaron los siguientes temas: Pueblos Indígenas en Costa Rica, Derechos Específicos, Economías de los Pueblos Indígenas y Herramientas para trabajo con población indígena. Las distintos módulos dese el inicio hasta las sesiones con paneles de invitados, permitirán comprender los elementos de diversidad cultural y bases jurídicas, en donde se contemplará el motivo por el cual instituciones Estatales deben accionar protocolos que permitan garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
El pasado 28 de julio, el semanario conto con la presencia de panelistas como: Guillermo Rodríguez, Embajador de Costa Rica en el Estado Plurinacional de Bolivia y Carlos Brenes, Consultor para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UCN) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde se dialogaron temas sobre economía indígena y buen vivir.
Conocimientos desde las bases
Para las últimas sesiones del seminario se realizarán encuentros y diálogos entre distintos sectores, como por ejemplo se contará con la presencia de Feliciana González, Ismael González Lázaro y Gilbert González, de la comunidad indígena de Boruca, quienes compartirán la experiencia, los retos y los desafíos que ha enfrentado la primera cooperativa indígena COOPEBRUNKA, la cual se constituyó en 1979 y actualmente sigue operando.
La facilitadora Pamela Campos, considera que la riqueza fundamental del seminario es “la posibilidad de tender puentes de interconexión, donde las personas de los pueblos indígenas son quienes comparten sus críticas y reflexiones a las personas tomadoras de decisión en INFOCOOP, en donde el incidir a lo interno de las instituciones, a partir de este encuentro, se creen cambios estructurales y protocolos de atención adaptados a las realidades que enfrentan los pueblos”.
Desde el Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia, agradecemos al INFOCOOP por el interés en generar vínculos interinstitucionales, para la mejora de su accionar en Iniciativas empresariales bajo el modelo cooperativo, que sin duda alcanzará un fortalecimiento económico que contribuirá al desarrollo de este tipo de iniciativas en los pueblos originarios de nuestro país.
Los vientos privatizadores vienen azotando con fuerza, en Costa Rica, desde hace cuatro décadas. Mientras en los países de Suramérica se crearon las condiciones para una privatización, casi generalizada, con la instauración de los estados militarizados y represivos en la década de 1970, en Costa Rica estas se dieron a partir del sometimiento a las políticas neoliberales, una década después, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que convirtieron la “crisis energética” del mundo rico en “crisis de la deuda” para el mundo pobre.
Por supuesto, se trata de la estrategia del globalismo neoliberal de trasladar la crisis de los países ricos a los países pobres. Y de privatizar los negocios económicamente más rentables (educación, salud, energía, seguros, banca, infraestructura, entre otros). De ahí que el verdadero interés es comprarlos más que venderlos, decía el expresidente Rodrigo Carazo; ojalá en una subasta pública barata.
Esto explica la intensa campaña, apelando a los más rebuscados subterfugios, para presentar a la institucionalidad pública como ineficiente y onerosa. Además, se le responsabiliza del déficit fiscal y la creciente deuda del Estado. Y, algo que resulta aún más perverso, considerarla parasitaria del sector privado, el único que produce riqueza y progreso para el país, según los publicistas de las bondades del mercado, hoy acompañados del fundamentalismo religioso de los vendedores de prosperidad.
En esa dirección, han abundado los editoriales del periódico La Nación, desde el apoyo que ofrecieron al intento de privatización del ICE con la creación de la “Empresa Costarricense de telecomunicaciones” (ECOTEL)[1], en la primera administración del gobierno de don Oscar Arias (1986-1990) –valga decir, el impulsor por excelencia de la privatización en el país– hasta el día de hoy. Este periódico se ha convertido en el principal medio propagandístico en contra del sector público, favoreciendo el desmantelamiento de la institucionalidad social.
De esta manera, se encubre a importantes sectores privados que, al evadir sus responsabilidades tributarias y recibir generosos beneficios (exenciones y amnistías), han contribuido a profundizar las diversas crisis que vive el país, intensificadas por la actual situación de pandemia.
El mundo de los grandes negocios privados, nacionales y transnacionales, aprovechando la flexibilización de las políticas de gobierno, socaban los cimientos de la soberanía y la dignidad nacional y devalúan el régimen democrático. Además, y esto es muy grave, tienden a “torcer el brazo” de la institucionalidad jurídica, con tal de avanzar con legislación que favorezca sus intereses. Asimismo, lo que ha sido notorio y habitual en tantos países, incluido el nuestro, se da la compra de favores políticos.
En última instancia, con la estrategia de privatización de lo que se ha tratado es de buscar, a través de medios lícitos o no, destruir el principal bastión de resistencia al modelo de globalización neoliberal: el Estado Social de Derecho, que en el país emergió en la década de 1940, recogiendo una rica tradición de lucha social reivindicativa, y se consolidó en la década siguiente, creando una robusta institucionalidad social, “piedra de choque” para ese modelo.
Hoy vuelven a azotar los vientos virulentos de la privatización, en un contexto de endeudamiento creciente y elevado déficit fiscal, agudizados por la crisis sanitaria. Cuando apenas se ha “insinuado”, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la posibilidad de la venta de activos del Estado, los “políticos empresarios” y pro-empresarios ya festinaban la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). También, impulsan proyectos para debilitar presupuestariamente a La Caja Costarricense del Seguro Social y a las Universidades Públicas, otra vía que apunta a la deseada privatización de esos dos pilares de nuestro Estado Social de Derecho.
Resulta inexplicable que exista hoy una clase política cerrando filas alrededor de políticas y proyectos que buscan privatizar la institucionalidad socialmente más “rentable” del país. Cuando hay países, como Chile y Argentina, que están de vuelta por el fracaso de las políticas neoliberales privatizadoras, esta clase política, desfasada y anacrónica, pretende ir hacia allá. Ciertamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Qué fácilmente el espejismo de los grandes negocios obnubila la mente de nuestros políticos!
Sin embargo, vemos signos esperanzadores. El espíritu que impulsó al pueblo costarricense a contener la privatización del ICE en el año 2000, y que replicó su gesta diciendo No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empieza a manifestar en un coro ciudadano polifónico; una muestra de que hay fuerza moral y vitalidad política para defender al Estado Social de Derecho, y abrirle nuevos senderos que permitan el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, con gran vocación de solidaridad y justicia social.
Más aún, es cada vez más notorio que nuestras instituciones públicas se defienden solas. Y no con discursos retóricos elocuentes de sus máximas autoridades, sino con la silenciosa y generosa labor de sus funcionarios, aportando lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos. Por ejemplo, entre otras iniciativas de investigación científica en las instituciones públicas de educación superior, la producción del suero contra el virus SARS-CoV-2 por parte del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.
Son los funcionarios públicos, tantas veces vilipendiados, el rostro firme y el brazo fuerte que hoy está conteniendo, con mística humanista y solidaria, los virulentos vientos de la privatización.
Desde la declaración de la pandemia generada por el COVID 19, a mediados de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom, nos advertía que los colapsos en el sistema sanitario de los países por este coronavirus podrían aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades, hasta llegar a más de un millón. Sin embargo, al 18 de mayo un reporte publicado por la Universidad Johns Hopkins, los casos totales confirmados en el mundo ascendían a 4,859,742 (millones) y a un total de 318,398 personas lamentablemente fallecidas. Siendo que los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Brasil encabezan el mayor número de casos, superando a España, Italia, Francia y Alemania, quienes hasta hace unas pocas semanas atrás, repuntaban estas alarmantes estadísticas.
En el interés de coadyuvar a dimensionar las graves consecuencias generadas por esta crisis sanitaria, es preciso que centremos nuestra atención en las repercusiones económicas, sociales y políticas que sensiblemente han venido aflorando cada vez más en la región de América Latina y el Caribe (ALCA).
En un informe de la CEPAL1, se dice que antes del COVID-19, la tasa de crecimiento del PIB regional había disminuido del 6% al 0,2%. Esta será causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Otras entidades financieras como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Fondo Monetarios Internacional (FMI), estiman que para este 2020 la región de ALCA proyecta una caída de la economía entre el 5-6% del PIB, lo que significa un crecimiento de 30 millones más de personas pobres; así como un ensanchamiento del endeudamiento de los países, 11 millones de personas desempleadas, un crecimiento de la informalidad laboral y una quiebra inminente de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Dicho esto, es necesario enfatizar que el COVID-19 ha venido a confirmar, lo que, por muchos años, las organizaciones sociales globales, defensoras de derechos humanos, laborales y ambientales, han pregonado en distintos foros internacionales: “… que el modelo económico excluyente, exacerbado por una Clase Capitalista Transnacional (CCT), ha evidenciado su inevitable agotamiento, y que la élite dominante de la gobernanza global neoliberal, tenga necesariamente que mostrarse de acuerdo que el rumbo trazado hasta antes de esta pandemia, amenazaba con la destrucción absoluta de la democracia, las libertades individuales, la privacidad y de la supervivencia económica de miles de millones de personas en todo el mundo”.
Como nunca, reconocidas figuras políticas como el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la Primera Ministra de Alemania, Angela Merkel entre muchas otras notorias personalidades y entidades influyentes en el mundo, han tenido que empezar a revalorizar el rol del Estado con el imprescindible financiamiento de los servicios públicos esenciales y de la salud ante las fracasadas políticas de austeridad de los años precedentes, bajo el liderazgo de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, tan solo por poner como ejemplo el continente europeo, en una situación similar con lo que pasa en nuestro propio continente americano.
El cierre de fronteras, el obligado confinamiento de las personas en sus casas, la pérdida de innumerables empleos, entre otras medidas restrictivas severas adoptadas por los gobiernos para contener al COVID-19, y el bajo crecimiento de las economías hasta el 2021, exaltó la preocupación de entidades financieras internacionales como el FMI. La Directora Gerente, Kristalina Georgieva, en una declaración hecha el pasado 23 de marzo en el marco de una teleconferencia con los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, manifestó lo siguiente2:
“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad, un tema central en la reunión que mantuvieron los ministros de hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20”.
Curiosamente, una las propuestas formuladas por la Sra. Kristalina Georgieva durante esta reunión al grupo del G 20, fue: “…respaldar firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados, y nos parece positiva la decisión de los principales bancos centrales de flexibilizar la política monetaria”.
Después de esta declaración algunos podríamos pensar que este giro de tuerca viró hacia el keynesianismo3, pero suspicazmente debería concluirse que no y por el contrario observar con recelo, como el gran capital, nuevamente en momentos de crisis, acude al Estado para exigir más protección, a través de nuevos auxilios que van desde una mayor flexibilización fiscal y de la legislación laboral, en detrimento de las contribuciones a la seguridad social, los empleos, la productividad y el medio ambiente.
Por otro lado, el crecimiento exponencial de la pandemia ha dejado al descubierto en la mayoría de los países, las falencias existentes en materia de seguridad sanitaria; así como las profundas brechas de desigualdad como resultado de tres décadas de imposición de políticas neoliberales que agudizaron los índices de pobreza y agrandaron aún más los problemas derivados de la exclusión social.
En este nuevo contexto, debido a los problemas de encadenamiento productivo y de distribución global, causado por la emergencia del coronavirus, hasta los países más ricos se vieron afectados por el desabastecimiento de medicamentos y equipos de protección personal (EPP), incluido desinfectantes, lo cual causó todo un caos, al verse los países imposibilitados en el corto plazo de producirlos localmente.
Esta situación provocó una verdadera emergencia médica, al verse las unidades y centros hospitalarios con insuficientes EPP; así como de respiradores artificiales y otros insumos necesarios para atender en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los enfermos más graves por el contagio.
La carrera científica de algunos países más desarrollados por alcanzar la cura del COVID-19 a través del descubrimiento de una vacuna, así como la producción de otros medicamentos más efectivos para palear la pandemia, apunta hacia una desglobalización al verse los países más obligados a proteger con una mayor prevalencia sus propios intereses, poniendo una mayor restricción a la investigación científica y a la industria farmacéutica a priorizar su mercado en el país donde está asentado y del cual goza de ciertos beneficios del Estado. Esto ocurrió recientemente, cuando el gobierno de Francia protestó tras el anuncio del gigante farmacéutico francés “Sanofi” de que daría prioridad a Estados Unidos en caso de hallar una vacuna contra la covid-19, una medida «inaceptable» en plena pandemia, dijo la secretaria de Estado francesa para Economía Agnès Pannier-Runacher en declaraciones a la radio4.
En otro contexto, más apegado al día a día de la pandemia, las y los trabajadores de la salud pública y de otros servicios esenciales que están en primera línea de combate al coronavirus, se encuentran laborando en condiciones precarias, al estar desprovistos de EPP y de insumos básicos necesarios frente al Covid.
A inicios de la pandemia, la Secretaria General de la ISP, la Sra. Rosa Pavanelli, ya advertía al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que esta organización multilateral se ocupara del faltante de equipos de protección personal (EPP) para las y los trabajadores que pasando largas horas en contacto directo con pacientes contagiados; no contaban con esas protecciones, ni tampoco los pacientes con suficientes ventiladores y/o respiradores artificiales.
Ante esta preocupante situación expuesta por los sindicatos de trabajadores de la salud, la ISP se vio forzada a desplegar una campaña global cuyo lema enfatiza que: “Trabajadores protegidos salvan vidas”.
El objetivo de esta campaña está enfocado en la necesidad de:
Asegurar que todas las y los trabajadores de los servicios públicos, en particular el personal de la salud, tengan las condiciones de trabajo de calidad y el equipo de protección personal (EPP) que necesitan para no correr riesgos indebidos en la lucha contra el Coronavirus.
Fomentar la solidaridad mundial compartiendo materiales y estrategias entre los sindicatos de todo el mundo para ayudar a mantener la seguridad de sus miembros.
Recopilar testimonios de las y los trabajadores de primera línea para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el futuro.
Presionar a los gobiernos para que adopten medidas más rigurosas para proteger a las y los trabajadores, garantizando la dotación efectiva de personal para la prestación de servicios de salud y el respeto de los derechos y principios laborales fundamentales.
Por tanto, la ISP hace hincapié, que las y los trabajadores de este sector y otras actividades esenciales como por ejemplo de los gobiernos regionales, estaduales o locales que están en primera línea de atención de esta pandemia, sean dotados de suficientes equipos de protección personal (EPP), así como sean capacitados sobre las implicaciones y riesgos de este virus, con la finalidad de mantenerse saludables mientras salvan vidas y dan una continuidad ininterrumpida a la prestación de otros servicios básicos.
Con respecto a las extenuantes jornadas laborales que imposibilitan un adecuado cuidado de sus hijos y personas a su cargo, adoptar las medidas necesarias que solucionen tales dificultades. Así como establecer disposiciones para el trabajo a domicilio, licencias por enfermedad remuneradas, subsidios de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención de la salud gratuita para TODAS/OS.
Producir materiales de investigación en los que se recojan tanto los testimonios de las y los trabajadores como los datos cualitativos sobre la respuesta al Coronavirus, a fin de argumentar a favor de un aumento de los recursos y de personal en la atención de la salud pública y de la necesidad de contar con sistemas de salud pública más resistentes.
He de destacar cómo la respuesta al Coronavirus muestra la necesidad de una fuerte intervención pública que ponga la salud de las personas en primer lugar para hacer frente a los retos futuros, incluida la crisis climática.
En complemento a esta estrategia de respuesta sindical ante esta difícil situación, se necesita adicionalmente también de más respuestas políticas justas e inclusivas de corto plazo para no perder de vista la protección de las familias cuyos ingresos han sido menguados o eliminados por la pérdida exponencial de empleos ante esta crisis. Por ejemplo, que nuestros gobiernos, al menos temporalmente, asignen suficientes fondos económicos como auxilio a los miles de salarios perdidos, así como extender un plan de seguridad social no contributivo con programas de ayudas económicas.
Con respecto a la modalidad del teletrabajo, como respuesta a la afectación económica de las empresas públicas y privadas, aprovechar el momento para exigir a los gobiernos y las entidades privadas, una adecuada regulación bajo los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Paralelamente, apoyar cualquier iniciativa nacional o global, con el objeto de exigir al FMI, Banco Mundial, BID y el G20, abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de nuevos ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento, de por sí ya muy pesado. Así como revertir las reformas tributarias e imponer un impuesto solidario a las ganancias de las grandes empresas nacionales y multinacionales asentadas en nuestros territorios y de quienes reciben de nuestros sistemas previsionales, pensiones exorbitantes o de lujo.
El actual brote de Coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad vital de contar con servicios públicos de calidad, especialmente con sistemas de salud pública robustos y bien dotados con personal capacitado.
Defender la prevalencia de los servicios públicos por encima del lucro corporativo, haciendo que nuestros gobiernos mejoren su gestión financiera a través de la imposición de tributos al capital financiero y a un llamado al impago temporal o total de la deuda.
Potencializar el uso de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones (TIC´s) para mantenernos interconectados y activados para ser mucho más eficaces en nuestra línea de lucha y mejorar nuestra gestión sindical por la defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.
Hacer de esta situación de crisis una oportunidad de transformaciones que impliquen un nuevo orden mundial, es decir una nueva normalidad, inclusiva en igualdad de género.
Aprovecho esta ocasión para compartir las palabras del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (ALCA), Sr. Vinícius Pinheiro, en el marco de un artículo sobre las secuelas laborales de la pandemia, publicado a finales de marzo, en las que subrayó lo siguiente:
“Esta batalla será larga”. “La desaceleración económica provocará aumento del desempleo, mayor precariedad, disminución del ingreso y una gran presión sobre los sistemas de protección social”. Por lo cual sugiere que, en el marco del diálogo social, trazar una hoja de ruta para respuestas enmarcadas en tres pilares de acción que deberán considerarse como esenciales para enfrentar la crisis: (i) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, (ii) estimular la economía y la demanda de mano de obra por parte de las empresas, y (iii) apoyar el empleo y los ingresos de las personas, en particular los más vulnerables.
Por último, no quisiera cerrar estas notas sin poderles compartir mi lección hasta ahora aprendida de esta emergencia:
“… a pesar de la existencia de tantas transformaciones tecnológicas desde tiempos remotos, el ser humano como especie predominante en este planeta, sigue siendo vulnerable frente a lo desconocido e incapaz por sí sólo de ver la luz ante la incertidumbre. No obstante, como un aspecto positivo y con cierto grado de complicidad y de optimismo, confío como en el pasado, que nuestra resiliencia nos permita construir otro mundo mejor para nuestras futuras generaciones”.
* Secretario para la Sub-Región México, América Central y República Dominicana, de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), que como Federación Sindical Internacional aglutina 30 millones de trabajador@s en 154 países y representa a 700 organizaciones afiliadas.
1 Informe Especial N°2.: COVID-19. CEPAL, 21 de abril 2020
3 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. Wikipedia.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
Breve puesta en perspectiva
En estos días se informó en algunos medios de prensa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) admitió, para examen sobre el fondo, una petición contra Costa Rica relativa a los derechos de la comunidad indígena Térraba, ubicada en el sur del territorio costarricense. Tal petición fue presentada en el 2012 (véase la nota de prensa del medio digital Delfino.cr y la nota de Informa-tico).
El texto completo del informe de admisibilidad 167/20 de la CIDH está disponible en este enlace oficial de la Comisión y tiene la fecha del 2 de julio del 2020.
Desde el punto de vista procesal, cabe precisar que en esta primera etapa preliminar, la CIDH se limita a verificar si se cumplen (o no) los diversos requisitos de competencia y de admisibilidad vigentes (nota 1). En la región mesoamericana, se puede referir a otro informe de admisibilidad de la CIDH del mes de abril del 2020 relativo a Panamá, en el caso de las comunidades Kunas de Gardi, Comarca Kuna Yala de la región de Nurdargana-Playa Colorada (véase el texto completo).
La defensa del Estado costarricense: un abanico de argumentos jurídicos poco convincentes
Para el caso concreto contra Costa Rica, la CIDH debió escuchar a ambas partes y proceder a valorar la batería de argumentos dados por el Estado costarricense para considerar inadmisible esta petición. Estos van desde cuestionar la legitimidad de los peticionarios hasta aducir que no se han agotado los recursos internos, pasando por alegar que se violó el derecho a defenderse y otras razones de peso relativo (véanse los párrafos 11 al 17 del precitado informe).
Como se verá a continuación, ninguno de estos argumentos presentados por los delegados de Costa Rica surtió mayor efecto en los integrantes de la CIDH.
En una audiencia pública de la CIDH, realizada en el 2013 (véase el video en YouTube), se puede escuchar el tipo de argumentos esgrimidos por los representantes de Costa Rica para restarle validez a las denuncias presentadas por comunidades indígenas (a partir del minuto 24:00 y su reiteración en el minuto 54:21, incluyendo una descripción bastante peculiar sobre el mal funcionamiento del parlamento costarricense en el minuto 55:30).
La decisión de la CIDH en breve
En el informe de la CIDH (véase el texto completo) se puede leer lo siguiente:
«17. La Comisión nota que los hechos denunciados en el presente caso incluyen, pero no se limitan a la falta de reconocimiento adecuado del territorio ancestral, al proyecto de gran escala El Diquís así como a la imposición de la figura de las Asociaciones de Desarrollo Integral».
También se puede leer que:
«21. La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la falta de reconocimiento adecuado sobre el territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional y en particular con relación a los proyectos desarrollados en el mismo, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas en virtud de la imposición de la Asociación de Desarrollo Integral, la formulación y el inicio de actividades por parte del ICE en conexión a la represa El Diquís sin haber realizado garantizado el acceso oportuno y adecuado a la información y una consulta previa, libre e informada, y la ausencia de recursos judiciales efectivos y adecuados. En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 3 (derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 21 (derecho a la propiedad), 23 (derechos políticos) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado, respecto de los miembros del pueblo indígena Teribe».
En relación con la legitimidad de los peticionarios, la CIDH le recuerda a Costa Rica algunos aspectos que al parecer pasaron por alto sus representantes:
«22. Asimismo, la Comisión observa el argumento del Estado en relación a la legitimidad de los peticionarios para presentar la presente petición. Al respecto señala que de acuerdo a información disponible, 14 personas indígenas “miembros y líderes” del pueblo Teribe así como dos organizaciones indígenas presentan la petición inicial. En este sentido, la Comisión ha concluido que la legitimación activa en el caso de denuncias ante la Comisión se caracteriza por su amplitud y flexibilidad en tanto el artículo 44 de la Convención permite a cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, presentar denuncias de alegadas violaciones de la Convención sin exigir que tengan autorización de las presuntas víctimas o que presenten poderes de representación legal de las mismas».
Con esta decisión sobre admisibilidad de la petición de la comunidad indígena Térraba (denominada Teribe por la CIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye una primera etapa y se abre una segunda en la que se examinarán los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas.
Megaproyecto y derechos de comunidades indígenas: el PHDiquis
Cabe recordar que la actitud del Estado costarricense en relación con el proyecto hidroeléctrico El Diquis (PHDiquis) motivó en el 2011 la visita in situ, a solicitud de organizaciones indígenas, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, James Anaya (véase el texto completo de su informe de julio del 2011 titulado «La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica»). En este informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer, además de la serie de valoraciones en torno al PHDiquis como tal, que:
«47. Durante su visita, casi todos los representantes indígenas con quienes se reunió el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas, y a su vez manifestaron que los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades. Según se informa, las ADI son percibidas como partes de la institucionalidad estatal que regularmente toman decisiones sin informar o consultar con las bases de comunidades indígenas que supuestamente representan. Mientras que en algunos casos los territorios indígenas han adaptado sus estructuras de representatividad a las estructuras de la ADI, en varios otros, incluyendo en el caso del pueblo teribe, la presencia de las ADI ha tenido como resultado la degeneración de las estructuras tradicionales de representación de los pueblos indígenas».
Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció en el 2018 que «cierra» el PHDiquis (véase la nota del Semanario Universidad), nunca se procedió a realizar ninguna consulta a las comunidades indígenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento público de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades indígenas. El hecho de que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas no significa que en años previos al 2018 no se haya causado un daño a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura y al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, lo cual puede ahora entrar a ser valorado por la CIDH.
Entorno y cultura indígena en la jurisprudencia reciente del juez interamericano
Sobre este punto particular, en una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina (véase el texto completo), se reafirmó el derecho de las comunidades indígenas de la región de Salta sobre sus territorios ancestrales (caso de la comunidad Lhaka Hhonat, nota 2). Entre varios puntos de interés desarrollados por el juez interamericano en esta sentencia (cuya lectura se recomienda), explicó de manera sumamente rigurosa la serie de derechos que se infringen al permitir actividades como la ganadería, la tala ilegal o el alambrado, y llega a concluir que:
«En las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no indígenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarcó en una lesión al libre disfrute de su territorio ancestral, afectó bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida indígena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinación deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesión a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios» (párrafo 284).
Por lo tanto:
«Argentina violó, en perjuicio de las comunidades indígenas víctimas del presente caso, sus derechos, relacionados entre sí, a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, y al agua, contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana, en relación con la obligación de garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1 del mismo instrumento» (párrafo 289).
Esta decisión del juez interamericano, que reconoce la relación intrínseca que mantiene la cultura de una comunidad indígena con su entorno natural, posiblemente llegue a interesar a muchas otras comunidades indígenas en América Latina que sufren a diario atropellos de todo tipo por la acción u omisión del Estado. En efecto, estos últimos perfectamente califican, en la mayoría de los casos, como una «lesión a su identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios».
Como bien se sabe, pese al poco interés de los aparatos estatales por actualizar su accionar en lo relacionado con los derechos de las comunidades indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las interpretaciones que haga sobre el alcance de ciertas disposiciones normativas constituyen mucho más que una guía para los Estados. La jurista Karine Rinaldi es enfática al señalar que:
«esta interpretación evolutiva debe de ser entendida como parte del derecho interamericano, vinculante para los Estados de la OEA que ratificaron la Convención y reconocieron la competencia de la Corte. En este sentido, en palabras del Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, “[l]as interpretaciones que realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma interpretada”/…/ Paralelamente, la interpretación formulada por la Corte Interamericana va a tener de hecho el mismo valor que la letra del Pacto, e incluso será superior a la redacción de éste [sic], porque como intérprete final del mismo fija la superficie y el alcance de sus cláusulas escritas” (nota 3).
En lo personal, al haber tenido la oportunidad de impartir charlas a funcionarios estatales, incluyendo a personas que trabajan en el aparato de administración de justicia en Costa Rica, resulta evidente el gran desconocimiento que se tiene sobre los alcances precisos de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos de poblaciones indígenas.
Finalmente, podemos indicar que las reiteradas demandas que han llegado a conocimiento de la CIDH sobre derechos culturales y territoriales de comunidades indígenas (nota 4) no hacen sino reflejar la recurrente ausencia de reconocimiento de estos derechos a nivel interno y la persistente ineficacia de los mecanismos previstos para garantizarlos en el ordenamiento jurídico interno de los Estados.
El derecho a la tierra de las comunidades indígenas ante un Estado inoperante
Cabe señalar que la inacción del Estado costarricense —que también se evidencia en otras partes de América Latina (nota 5)— en materia de demarcación de territorios indígenas, así como la invasión de personas no indígenas en ellos, ha llevado a las mismas comunidades indígenas costarricenses a proceder a la recuperación de sus territorios. En esta nota de prensa reciente titulada «Guerreras indígenas» (Semanario Universidad, edición del 14 de julio del 2020), se lee que:
«De los veinticuatro territorios indígenas que hay en Costa Rica, se estima que el 40 % de la tierra está en manos de no indígenas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo».
El clima de violencia que se vive en la región de Salitre es particularmente grave: en menos de 12 meses, dos líderes indígenas de Salitre fueron asesinados, sin que a la fecha las autoridades hayan logrado identificar a los autores de estos hechos. Esto motivó recientemente a varios relatores de Naciones Unidas a alzar la voz ante el clima de impunidad que se vive en Salitre (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalando la impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica: breves apuntes»).
En cuanto al asesinato de Sergio Rojas, ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por las Naciones Unidas, con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre tal asesinato (véase nuestra nota al respecto publicada en el portal de la Universidad de Costa Rica). Varios de estos requerimientos (formulados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase el documento de Naciones Unidas, página 5). Sin embargo, el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena: Jerhy Rivera.
Foto extraída de una nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20 de marzo del 2019.
Esta situación, que lamentablemente se da muy a menudo en otras latitudes en América Latina, es sumamente nueva para Costa Rica y no deja de sorprender a muchos observadores internacionales. En una reciente nota de prensa, divulgada por la DW (Alemania), titulada «Dar la vida por el planeta: en un 13 % de los conflictos medioambientales se asesina a algún activista», el coordinador de la plataforma a cargo de elaborar el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (véase el sitio oficial), el profesor Joan Martínez-Alier (Barcelona), recordó que:
«Incluso Costa Rica mantiene aún impune el asesinato de dos indígenas defensores de su territorio ancestral».
En el dramático caso de Colombia, recientemente se dio a conocer el «Mapa de la vergüenza» al registrase en tres meses, la muerte de 120 líderes sociales, incluyendo la de líderes indígenas (véase nota de El Tiempo).
Resulta oportuno señalar que en el connotado caso de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016, la grotesca trama político-empresarial y la total ineficiencia del aparato estatal hondureño para investigar debidamente este hecho fueron tales que se constituyó un «Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas» (Gaipe), con el fin de dilucidar este caso, incluyendo la identificación de los autores materiales y de los comanditarios (véase el sitio oficial e informe del 2017 titulado «Justicia para Berta Cáceres Flores». El Anexo 2 contiene el detalle de las amenazas recibidas por Berta Cáceres). En este informe de finales del 2017 (véase el texto completo), el Gaipe concluye que:
«6. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo».
Tanto Berta Cáceres en Honduras como Sergio Rojas y Jerhy Rivera en Costa Rica beneficiaban de medidas cautelares ordenadas por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos años antes de su muerte (nota 6). En el caso de Costa Rica, es la primera vez que son asesinadas personas objeto de medidas de protección ordenadas al Estado por la CIDH.
Recientemente, se informó de acciones de recuperación de tierras llevadas a cabo por integrantes de la comunidad indígena Maleku en la Zona Norte de Costa Rica (véase la nota de CRHoy titulada «Ante inacción del Gobierno, pueblo indígena Maleku inicia recuperación de tierras», edición del 10 de julio del 2020). Sería deseable que las autoridades costarricenses tomen acciones para prevenir cualquier acción violenta contra los representantes de estas comunidades Malekus. En efecto, un nuevo acto violento podría dar lugar a un nuevo llamado de atención por parte de entidades internacionales que monitorean la situación de las poblaciones indígenas en Costa Rica.
A modo de conclusión
Admitida la petición de los representantes de la comunidad indígena Terraba, la CIDH procederá en adelante a examinar los diversos aspectos de fondo presentados por las víctimas. En esta etapa, deberá también convocar al Estado costarricense y escuchar sus alegatos, antes de decidirse.
De considerar que las garantías dadas por el Estado son insuficientes y que los aspectos de fondo ameritan ser examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es factible que sea este tribunal el que ordene, en una futura sentencia al Estado costarricense, remediar de manera urgente la situación de irrespeto a sus derechos, de indefensión de sus líderes y de despojo de sus recursos, que denuncian desde varios años diversas comunidades indígenas en Costa Rica y algunas organizaciones sociales.
Es de señalar que esta decisión de la CIDH se da en un momento en que los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas y con un acceso muy limitado a servicios básicos de salud. Incluso cuando los hay, la falta de preparación en el abordaje cultural por parte del personal médico desplegado puede llevar a reducir el alcance de las medidas sanitarias. La desatención a la ya crítica situación por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, fue la misma CIDH la que advirtió sobre la situación en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase el texto completo).
Nota 1: Sobre los informes de admisibilidad, véase una reciente compilación hecha por la misma CIDH: CIDH, Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Washington DC, 2020. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Sobre la larga lucha emprendida por la comunidad Lhaka Hhohat, referimos al lector a la siguiente monografía: CELS / IWGIA, Informe IGWIA: el caso Lhaka Hhohat, Buenos Aires, Ennio Ayosa Impresores, 2006. Texto completo integral disponible en este enlace.
Nota 3: Véase RINALDI K., “Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana», en PEÑA CHACÓN M. (Ed.), El principio de no regresión en el derecho comparado latinoamericano, PNUD/Maestría en Derecho Ambiental, UCR, 2013, pp. 356-384, p. 363. La obra completa está disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto: Corte IDH, Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 11: Pueblos indígenas y tribales, San José, Corte IDH, 2018. Texto completo disponible aquí. Podemos a la vez referir a una interesante compilación realizada esta vez por la Comisión Interamericana en el 2015 en relación con ciertas actividades que generan un significativo impacto socioambiental: CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, Washington DC, OEA, 2015. El texto completo de este informe está disponible aquí.
Nota 5: Véase por ejemplo un muy reciente informe (texto completo) de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) titulado «Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial», publicado en el mes de julio del 2020, en el que se hace ver las serias deficiencias de los Estados de América Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades indígenas.
Nota 6: Sobre las medidas ordenadas a Costa Rica en abril del 2015 para resguardar la vida y la integridad física de líderes indígenas en la región de Salitre, véase BOEGLIN N., Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH, Maestría en Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica (UCR), junio del 2015. El texto integral está disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
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