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Autor: María José Ferlini Cartín

Solicitan a Ministro de Hacienda proteger a los pensionados

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió a siguiente petición enviada al Ministro de Hacienda para hacer cumplir la ley que protege a las y los pensionados.

Compartimos la carta:

11 de septiembre de 2020

PETICIÓN

Señor: Elian Villegas Valverde
Ministro de Hacienda

Estimado Señor:

Me dirijo a usted en razón de que observo y concluyo que usted es un ser humano honrado y con transparencia, respetuoso de la normativa legal de Costa Rica y por ello al igual que usted hizo respetarla Ley de Usura, le solicito respetuosamente hacer cumplir la ley que protege los pensionados, tema que la Tesorería Nacional conoce, pero se niega a honrar.

Las leyes a que me refiero son las siguientes:

Código Civil Ley No.63:

“ARTÍCULO 984.- No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna:

1) Los sueldos, en la parte que el Código de Trabajo los declare inembargables.

2) Las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las pensiones alimenticias…”

Dado que la pensión es producto de los aportes del trabajador a lo largo de su vida laboral, podemos y debemos aplicar el Código de Trabajo para interpretar o aplicar dicho derecho, así como los Principios del Derecho Laboral, sobre todo el In dubio pro operario.

Código de Trabajo Ley N° 2

ARTICULO 11.– Serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan.

Además, en el ordenamiento jurídico costarricense existen otras leyes que refuerzan el espíritu y compromiso social de los legisladores costarricenses para garantizar a los pensionados una vida digna, por ello existen otras normas que sirven como leyes complementarias para reforzar esa tesitura de los legisladores, estas son:

Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 8 (1937)

Artículo 231- Excepto por pensión alimentaria, no son susceptibles de embargo, ni de venta, cesión o cualquier otra forma de traspaso, las jubilaciones y las pensiones, ni el Fondo establecido para cubrirlas.

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS:

Artículo 59.- Las prestaciones en dinero acordadas a los asegurados no podrán cederse, compensarse ni gravarse, no son susceptibles de embargo, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias.

Sabedor de su respeto por la Leyes de Costa Rica, le agradezco de antemano su decisión de hacer respetar dichas leyes.

Atte.:
Luis Diego Seas Oses
Cédula: 1-0623-0133
Teléfono: 8882-2688
Correo electrónico: ldseas@gmail.com (primera letra L minúscula)

Partidos políticos y la reforma a la deuda electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, en la vida nacional, surgieron en 1890. Desde entonces, solamente por medio de partidos políticos los costarricenses pueden participar en elecciones y solo por medio de ellos pueden aspirar a algún puesto de elección popular, como candidatos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a los puestos de elección municipal y cantonal.

Desde aquella época hasta hoy el proceso electoral ha evolucionado mucho, y de mejor forma. Así por ejemplo, hasta 1913 se impuso la elección directa, todavía con voto público, eliminando la elección con electores de segundo grado. En 1924 se estableció el voto secreto, dándole más fuerza al elector para que votara en conciencia si temor de persecuciones o presiones de ningún tipo. Desde 1889, con motivo de la movilización popular que se hizo para defender el resultado de las elecciones, y el papel que en esa movilización tuvieron las mujeres, el Presidente José Joaquín Rodríguez, introdujo la idea de reconocer el voto de las mujeres, lo que en ese momento no se logró, pero detonó a partir de la década de 1910 movimientos que se realizaron en esa dirección. En la Asamblea Constituyente de 1917 se discutió esto sin que se aprobara. Con la Asamblea Constituyente de 1949 se incorporó a la mujer con plenos derechos políticos y desde 1953 empezó a participar como candidata a puestos de elección popular. En 1953 se eligieron las primeras tres diputadas. En este campo se ha fortalecido su participación obligando primero la representación vertical obligada de manera alternativa y, luego, también horizontal para los partidos que inscriben papeletas en dos o mas provincias, o cantones de una misma a provincia. En 1974 se introdujo el voto a los 18 años. Entre1974 y 1975 se eliminó la traba constitucional del Segundo párrafo del Art. 98, que se aplicaba para no permitir la participación de partidos de izquierda.

Dentro de las reformas importantes, para asegurar la mayor transparencia al proceso electoral se creó, en 1946, el Tribunal Electoral, luego llamado Tribunal Supremo de Elecciones que desde 1949 goza de autonomía con rango igual a los Poderes del Estado.

En la perspectiva histórica inmediata y de mediano plazo no hay nada que conduzca a que esta situación cambie. Se seguirán haciendo elecciones con partidos políticos y solo con ellos. No hay propuestas de proyectos de ley para establecer, por ejemplo el voto a los 16 años, como existe en otros países. Hay proyectos para modificar la elección de diputados, pero no para permitir que se puedan elegir por grupos sociales organizados que no sean partidos políticos, los hay para ampliar el plazo de elección a 5 o 6 años, con reelección consecutiva y con cambio de la mitad de diputados a medio período, o para aumentar el número de diputados que es necesario hacerlo, lo mismo que proyectos de ley de revocatoria de mandatos para diputados como para el Poder Ejecutivo. Para reformas electorales hay todavía para hacer y que son necesarias.

A los partidos políticos, con la Constitución de 1949, se les reguló y se garantizó por reformas posteriores su financiamiento para las campañas electorales, a cargo del Estado, con la intención de sacarlos del área de influencia de unos cuantos ricos que antes ponían candidatos financiando sus campañas políticas y las de sus partidos.

Esa reforma de por sí democrática, no lo fue tanto. Se crearon los mecanismos para que de ese financiamiento solo se favorecieran, para el reconocimiento del pago de sus gastos electorales de campaña, solo a los partidos políticos que en la elección sacaran un 4% o más de votos. En algún momento, en la década de 1950, se propuso que solo recibieran ese apoyo los que sacaban más del 10%. Con esos dos porcentajes solo dos partidos políticos se beneficiaban de ese porcentaje, exceptuando de vez en cuando que algún pequeño partido lo lograra.

Cuando estos pequeños partidos eligieron diputados sin el 4% de votos impusieron para las negociaciones parlamentarias, y el negocio de sus votos para Proyectos de Ley, que especialmente el Poder Ejecutivo necesitaba, que se modificara la disposición para que se les reconociera el derecho a la deuda electoral, como se reconoce hoy, cuando se elige al menos un diputado.

Esto ha hecho que más del 95% de los partidos que han participado en los procesos electorales, desde 1953, no se les reconozca nada respecto a los gastos electorales que incurren, aún bajo la supervisión contralora del Tribunal Supremo de Elecciones. Con esto el Tribunal ha mantenido una segregación y una división de los ciudadanos y electores en dos categorías, los que califican para que al partido que votaron les reconozcan pagos de la deuda y a los que no. Los ciudadanos, todos iguales, en derechos y en el padrón electoral, no lo son para el valor económico que se le asigna a cada cual en el proceso electoral. Los electores que no eligen diputados pierden su valor económico, en su partido político. En su lugar solo valen los de los partidos que sí sacan el 4% o eligen diputados. No ha habido forma que el Tribunal Electoral modifique esto.

Lo peor de este proceso es que la plata, o el valor de los votos que no se pagan a partidos pequeños, de esos pequeños partidos, a la cual deben tener derecho, se redistribuye entre los que si lograron elegir o sacar el 4% de votos, lo cual es y sigue siendo una verdadera estafa a la participación democrática, y a la igualdad ciudadana en materia electoral, y a la discriminación real y efectiva de partidos políticos.

Para financiar estos gastos se ha dispuesto un 0.17% del Producto Interno Bruto, que equivale en términos generales a una cifra grande de millones de colones.

Los partidos políticos obligados por ley a presentar presupuestos para su campaña electoral, que por presentados no pueden ser modificados, nunca han llegado a justificar en el 100% de los gastos que presentan para que se les reconozcan, y el conjunto de todos los presupuestos, de todos los partidos que participan en cada campaña electoral, que es lo que les da derecho a cobrar pasada la campaña, tampoco llega a superar más del tercio del 0.17 % que existe para este propósito. Esto se ha justificado hipócritamente en la idea que es para ahorrar dineros al Estado. Ello ha llevado a que en las últimas campañas se realicen modificaciones para que en lugar del 0.17% se cubra solo el 0.11%, y aun así tampoco se llega a gastar todo.

El Tribunal de Elecciones, para pensar lo mejor, y no lo peor, ha caído en esta trampa y en cierta manera la estimula. Actualmente hay proyectos de ley para establecer de manera permanente un techo que no sea superior al 0.11%. Los más perjudicados de esto son en general todos los partidos pequeños que están dentro de la Asamblea Legislativa y peor, o más perjudicados, los que no están con representación parlamentaria.

El IFED, instituto que tiene el Tribunal, que yo apoyo, para estimular procesos de capacitación en democracia y de los partidos políticos, hasta ahora en todas sus gestiones y trabajos, no se proyecta más fortaleciendo la estructura y la vida cotidiana de los partidos políticos, especialmente de los que no eligen representantes pero que siguen existiendo de una elección a otra, y para verdaderamente estimular nuevos partidos políticos, independientemente de que pudieran ser una “catizumba” de partidos.

Si originalmente, con garantizar el pago de las campañas a cargo del Estado, se trataba de eliminar la influencia de los ricos y el control de ellos sobre partidos y candidatos, eso no se ha podido evitar porque pueden financiar personas y partidos políticos, porque está autorizado el financiamiento privado.

El financiamiento público debería regularse de manera que se prohíba de cualquier forma el financiamiento directo a personas candidatos y a partidos políticos. Esta es la única manera que se evite ese control, porque puede darse, de la misma manera, el financiamiento de grupos narcos, mafiosos, y lavadores de dineros a candidatos y a partidos políticos.

¿Es posible esto, de prohibir el financiamiento privado? Es posible si el Tribunal ejerciera el control completo del movimiento financiero de los partidos políticos, desde que se presentan los presupuestos de campaña. ¿Cómo? Administrando toda la deuda electoral de las campañas, democráticamente de la siguiente manera, a modo de ejemplo, para entender mejor:

1.- La mitad de lo dispuesto para financiar a todos los partidos se le da, a los partidos que vuelven a participar en la elección, en proporción a los votos que recibieron en la campaña anterior. De esta manera todos los partidos, que de nuevo se inscriben, reciben su parte proporcional que es mucho dinero.

2.- A todos los nuevos partidos y a los que repiten se les proporciona de manera igual la otra mitad de dineros destinados para los gastos electorales de la campaña que viene. Así todos los partidos nuevos y viejos reciben una parte del dinero para sus gastos que ha presupuestados y han entregado en su Presupuesto al Tribunal.

3.- Ya fijados los montos posibles que les corresponderá a cada partido, viejos y nuevos, el Tribunal abre cuentas en la Banca Nacional o Privada, según cada partido disponga donde la quiere, y allí depositará lo correspondiente a pagos que deban hacerse contra los gastos que se van realizando, contra la solicitud que hagan, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos de sus contratos de servicios electorales, debidamente bien presentados y justificados. De esta manera todos los partidos tienen posibilidad de contratar servicios para su campaña, contra el derecho real que tienen, por tradición electoral anterior y por participar por primera vez. Todas las empresas, incluidas las de medios de comunicación, y sus agencias publicitarias podrían ganar más dinero si de eso se trata, porque se pone más dinero en gastos asegurando de esa manera a todos los partidos. Se evita que las empresas publicitarias se conviertan en verdaderas organizaciones “mafiosas” de control de la publicidad, solo para ciertos medios de comunicación, y se evita la manipulación perversa que se hace de las encuestas para no financiar pequeños partidos políticos. Los que contratan con los partidos pierden los riesgos de no pagos de contratos, aseguran de esta manera sus pagos. Los partidos que no logran votos se enfrentan a la posibilidad de que en la siguiente campaña les toque menos dinero.

4.- Los contribuyentes privados, si se mantiene el derecho de hacer donaciones, en este caso podrían hacer sus contribuciones directamente a las cuentas oficiales abiertas, del partido de sus preferencias, y bajo control del Tribunal de Elecciones. El Tribunal en estas cuentas solo tiene el papel fiscalizador de velar por los ingresos de dineros, y el de la salida contra los pagos debidamente contratados, que finalmente en todas las campañas el Tribunal siempre fiscaliza, post campaña, para autorizar los pagos correspondientes.

Mientras se mantenga abierto el portillo del financiamiento privado siempre va a haber el peligro de la mano sucia del dinero sucio en las campañas electorales. Esto ahora es más fuerte y tenebroso. Es casi inevitable. Por algunos sucesos policiales, que están sucediendo en el país, pareciera que nos acercamos a situaciones como las de Colombia y República Dominicana cuando hace algunas campañas electorales las mafias directamente tenían sus candidatos o financiaban directamente candidatos.

Es una tontería política, que no es ingenuidad parlamentaria, tratar de reducir el Presupuesto del 0.17%, que hoy existe para las campañas electorales. Ese dinero debe servir, en este momento, con más urgencia, a fortalecer al Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda montar para las elecciones del 2022 el sistema electrónico de las mismas, del voto electrónico, cueste lo que cueste. No habría pretexto si hay dinero para pagar el sistema que permita realizar las votaciones de esta manera. Pero, además, debe asegurarse una buena cantidad de dinero, y no migajas, para el financiamiento de las campañas municipales, que no tienen un buen respaldo económico en este sentido. Y debe hacerse una reserva de dinero, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones para procesos de consultas populares que podrían convocarse. La Democracia hay que pagarla y si “jugamos” a la Democracia hagámoslo bien.

Algunos de los diputados que están defendiendo la tesis de rebajar el 0.17% al 0.11%/, o menos, es porque sus maquinarias partidarias están aseguradas con lo que saben que les puede corresponder con ese monto, o con uno más alto, y saben que menos posibilidades tendrán los partidos pequeños, a quienes les interesa aplastar o estrujar.

Y los diputados de partidos pequeños que están defendiendo estas tesis equivocadas, lo hacen por ingenuidad, torpeza, ceguera o por idiotez política extrema, más que por demagogia. Aquí la demagogia de la austeridad en gastos no opera. La Democracia hay que pagarla cueste lo que cueste, de lo contrario vamos a tener la democracia de las mafias operando en los procesos electorales.

Además, están las elecciones municipales que hay que darles buen financiamiento, que no lo tienen. Junto a esto hay que asegurarle al Tribunal dineros para realización de Referéndums, Plebiscitos y Consultas ciudadanas que podrían estimularse más para lograr una sociedad y una participación democrática más moderna y efectiva.

La otra discusión que está en el ambiente parlamentario es hipócrita en la forma. Tal vez válida en el fondo. ¿Se debe reducir el plazo de la campaña electoral? Veamos.

Las campañas hasta hace no muchos procesos electorales, con la prensa y radio tradicionales, exigían largos períodos de campaña para poder recorrer el país por parte de los candidatos. Con la televisión sumada se aceleraron esos tiempos. Radio, Televisión, y una prensa que llegaba cada vez más largo en el territorio nacional, y el mismo día, ya no obligaba a esas giras tan largas y sostenidas. Empezaron a preocuparse los partidos por las grandes concentraciones, especialmente finales, en las ciudades y en la capital, en la víspera del día de votación. Por supuesto que intensificó la presencia en medios de comunicación, y electrónicos que empezaron a sumarse en esta contienda electoral.

Hoy, frente a este desenfreno de medios de comunicación, de las llamadas redes informáticas, con todos sus matices, las concentraciones prácticamente han desaparecido, además de que son caras en su preparación. La pandemia ha demostrado que, con sus programas de relaciones de grupos, tipo zoom y otros, se pueden atender públicos diversos, por muchas horas en el día en diferentes partes del territorio nacional. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy una conferencia por zoom puede reunir hasta 700 personas. He tenido esa experiencia. Y he salido de esa actividad y entro a otra con 70 personas, y luego a otra con otro público, y otra, incluso, fuera del país, en lugares tan distantes que si no fuera por estos medios, habría que haber programado esas actividades por los menos en tres días diferentes.

El país tiene la población educada para los procesos electorales, la tiene preparada para confiar en el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta ahora inmaculado de fraudes originados en su institucionalidad, o de estar sometido a un Gobierno o un partido político determinado. Su autonomía es respetada por tirios y troyanos, y la honradez y honestidad de sus integrantes también.

¿Podemos reducir el plazo de las campañas? Si las elecciones se hacen electrónicas si se puede reducir hasta un mes perfectamente para la primera vuelta, y hasta tres semanas para una segunda vuelta si fuera del caso. Hay experiencias internacionales en este sentido que pueden ser útiles y asimilables.

Hay que dejarse de carajadas. Hay que ir a la reforma del pago de la deuda electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, de manera que se garantice que todos los electores valgan igual para todos los partidos políticos, en lo que cuesta cada voto en el Presupuesto Nacional dispuesto para ello.

Hay que ir a las elecciones electrónicas, ojalá para las elecciones del 2022. ¿Se puede? Sí se puede si hay voluntad política en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos, con asiento en la Asamblea Legislativa, para asumir el costo de lo que pueda significar implementar el sistema electrónico.

Hay que asegurar, que el financiamiento privado a las campañas sea totalmente prohibido, o que en su lugar se haga canalizado a cuentas bancarias oficiales de los partidos políticos, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, ante quien se justificaría la donación respectiva.

Hay intereses políticos y económicos que posiblemente no quieren que se hagan estos cambios. Es más fácil y es mejor para el engranaje mafioso que se está desarrollando en el país, que haya menos controles financieros de las campañas, que se siga facilitando el financiamiento privado, casi sin control, y que las campañas duren lo más posible por el movimiento de dineros que de manera sucia se pueden mover alrededor de los procesos electorales.

¿Avanzamos o no avanzamos, en mejorar el sistema, pareciera ser el dilema?

Voz experta UCR: El 15 de setiembre y su significado histórico

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por M.Sc. Claudio Vargas Arias, historiador, abogado y director de la Escuela de Historia, UCR

Una reflexión crítica respecto al proceso de independencia de Costa Rica, tomando en considerando aspectos previos y posteriores al acontecimiento

Mag. Claudio Vargas Arias, historiador y abogado. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

A un año de que los países de Centro América cumplan 200 años de haberse separado de España, procede hacer algunas reflexiones en torno a esa efeméride y a sus implicaciones:

La historia como ciencia social, ya no centra su atención, como los hacían los enfoques que antes estudiaban el pasado, en los acontecimientos, ni en las acciones aisladas de individuos descontextualizados de su tiempo y de la sociedad en que vivieron. Tampoco se limita a hacer referencia al estudio de acciones exclusivamente políticas, militares o diplomáticas, como se hacía anteriormente, sino que ha ampliado el espectro de su estudio. Los nuevos enfoques historiográficos tampoco se quedan en la enumeración de hechos aislados, sino que estudian situaciones que ocurrieron en el mediano y el largo plazo (las coyunturas y las estructuras), por lo tanto, se interesa no solo en los meros “acontecimientos”.

Otro aspecto importante de analizar es que, al menos para Costa Rica, el tránsito a la vida política independiente no tuvo un impacto significativamente inmediato. De hecho, a diferencia de otros países, para los cuales la independencia política fue el desenlace de luchas e insurrecciones en contra del dominio colonial, la noticia misma de la independencia llegó por medio de un correo remitido desde Guatemala. Tras la llegada de la denominada “acta del 15 de setiembre”, se generaron diversas acciones y posiciones que evidencian la falta de claridad sobre sus destinos compartidos, que tenían los dirigentes del país y sus pobladores.

Y es aquí donde es oportuno recordar, que muchas de las principales transformaciones que viven los países a lo largo de su historia, se explican no a partir de decisiones o acciones aisladas, sino como parte de procesos que se gestan mucho antes que ellos ocurran y se consolidan hasta mucho tiempo después de haber sucedido. Así las cosas, debe entenderse entonces que la “independencia”, no puede explicarse como una decisión de un grupo de personas en un momento determinado, sino como parte de un proceso con dimensiones que tardó muchos años. Por otra parte, hay que recordar que los cambios que suceden no ocurren todos ellos con la misma celeridad: una transformación política, por ejemplo, es más fácil de entender y de ubicar en el tiempo que un cambio económico. Ni que decir de los procesos ideológicos, mentales o culturales que son menos fáciles de determinar, especialmente por quienes los viven.

Por ello no es de sorprender que la llegada del “acta del 15 de setiembre” y las reacciones inmediatas y aún mediatas que se dieron, no conllevaron a que aquellos habitantes del país propiciaran sentimientos o acciones políticas y administrativas en la decidida búsqueda de autonomía o soberanía. En todo caso, aquellos que hoy llamamos “costarricenses”, no se concebían a sí mismos como tales, pues su identidad quedaba circunscrita al plano local (se era josefino, alajuelense o cartaginés) o al ámbito religioso (todos eran católicos). Son más bien las interpretaciones que se hacen posteriormente y que algunos repiten aún en los tiempos actuales, las que pretenden explicar la independencia como resultado de una acción o un hecho aislado, y no como parte de un proceso que ni empezó ni acabó en 1821.

Definitivamente el proceso de independencia política de la provincia de Costa Rica está vinculado con el surgimiento y la formación de Estado costarricense. No obstante, no bastó con que los vínculos políticos de los países de América Latina se desligaran del decadente Imperio español, para que, de la nada, sugiera un nuevo estado. Desde el punto de vista económico fue necesario la existencia de una base productiva sólida y consistente que vinculara en forma definitiva al país, con el comercio internacional. Precisamente fue la producción cafetalera, iniciada a partir de la tercera década del siglo XIX, la que favoreció este vínculo, después de varios intentos por buscar en otros productos una ansiada relación comercial estable.

Al establecerse estos vínculos definitivos con el mercado internacional de corte capitalista, el naciente Estado costarricense igualmente estuvo marcado por esta impronta y sus relaciones productivas internas se intensificaron en ese sentido, alimentando la tendencia monoproductiva. No es casual tampoco, que el grupo que controló la producción, industrialización y comercialización cafetalera, a partir de mediados del siglo XIX, buscara también tener un control directo del poder político, con lo cual la oligarquía cafetalera se apropió también de la dirección estatal para imponer su hegemonía en el país.

Pero si bien la base económica resulta esencial para el formación y posterior consolidación del nuevo estado, no menos importante lo fue su organización política y jurídica. Y es que, como los hemos indicado “los costarricenses” de entonces, carecían un referente identitario nacional y las ansias de ser autónomos y soberanos, no estuvieron en sus proyectos inmediatos.

El temor a ser libres con un tamaño relativamente pequeño, después de pertenecer a una unidad política mayor, como lo fue la Capitanía General de Guatemala al final de la Colonia, llevó a estos habitantes a buscar un alero político de mayores dimensiones. Al coincidir sus expectativas, al menos inmediatas con las de los países centroamericanos, fue entonces cuando Costa Rica se incorporó, en marzo de 1824, a la República Federal de Centro América, que ya antes se había constituido. Al formar parte de esa unidad política mayor, el Estado costarricense tuvo que adecuar su legislación y su organización política a ese sistema federal y en mucho, someter sus acciones a los mandatos de aquella organización.

Es bien sabido que, al proyectarse los conflictos, intereses y las desconfianzas del régimen colonial, en la naciente Federación Centroamericana, este proyecto político fue poco exitoso. En mucho, la lejanía no sólo física, sino también orgánica que Costa Rica mantuvo de aquel sistema, impidieron que sobre esta se proyectara de manera directa el impacto de dichos desaciertos en la organización del pequeño estado. Pese a ello, es completamente desacertado y carente de lógico afirmar que Costa Rica fue desde que rompió sus lazos con España un país libre, soberano e independiente, como lo siguen repitiendo algunos, sin conocimiento certero y adecuado de la historia del país.

Si bien en abril de 1829, Costa Rica procuró romper los lazos con la organización federal que se encontraba en estado de anarquía, mediante la conocida Ley Aprilia, la pertenencia al régimen federal fue reestablecida en febrero de 1831, cuando aquella Ley fue derogada. La crisis de la organización federal no pudo ser superada y el 15 de noviembre de 1835, se emitió un decreto que estableció que los pueblos de Costa Rica asumirían la plenitud de su soberanía y formarían un estado libre e independiente. Aunque este proceso de separación y automatización, al menos en lo político e institucional, se consolidó con la Declaratoria de la República el 31 de agosto de 1848, por iniciativa del gobernante José María Castro Madriz.

Tendrían que darse otros múltiples procesos en distintos ámbitos, para que el Estado costarricense alcanzara sus atributos esenciales y culminara este proceso en la segunda parte del siglo XIX. Por ejemplo, con el establecimiento de la soberanía estatal tanto en el ámbito externo (por medio del reconocimiento de sus vecinos y de otros países con quienes negociaba) e internamente (estableciendo el control sobre el territorios y comunidades, inclusive indígenas, distantes a sus capacidades de imponer su dominio).

También resultó esencial, lograr establecer un aparato institucional -amparado a un marco jurídico claro-, competente y profesionalizado y ser capaz de generar la producción simbólica del Estado, reforzando los valores de democracia, identidad nacional y sentido de pertenencia. Lejos se estaba en aquellos años, de un concepto más comprensivo de ciudadanía -aún incompleto en nuestros días- en el cual tuvieran cabida, por ejemplo, las mujeres y las diversas étnias del país, en el cual existiera participación en la toma de decisiones que afectan a todos.

Vale por lo tanto finalizar este breve análisis, enfatizando en la necesidad de explicar el pasado, tantas veces estudiado e interpretado, desde una perspectiva que supere la tradicional la acción individual y el corto plazo. En este sentido, la efeméride del 15 de setiembre es una buena ocasión para hacerlo.

 

Claudio Vargas Arias
Historiador, abogado y director de la Escuela de Historia, UCR

Libro que promocionaba los transgénicos contiene plagio y la Editorial del TEC deberá retirarlo del mercado

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • CONARE se pronuncia ante denuncia por plagio en libro sobre biotecnología

(FECON, 15/09/2020) La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) interpuso una denuncia ante los consejos universitarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), por violación a la ética y la excelencia académica cometido en el libro “Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios”, publicado por la Editorial Tecnológica (ET), con la “autoría” de seis profesores de la UCR, cuatro del TEC y uno de la UNA.

En la denuncia se solicita: a) Retirar el libro del mercado; b) Realizar una investigación y sentar las responsabilidades que correspondan; y c) Publicar los resultados de la investigación en un diario de circulación nacional.

El libro se publica en el marco del cuestionado proyecto “Biotecnología para todos: socialización de conceptos, aplicaciones y beneficios”, que se desarrolló en los años 2015-2016 y 2018, financiado con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), por alrededor de 50 millones de colones, sin contar los salarios devengados por las personas involucradas en este proyecto.

En el libro se detectaron más de 900 faltas, de las cuales 642 (68,9 %) son por plagio, y 290 (31,1 %) corresponden a: faltas de ortografía (127) y nomenclatura (66); omisión de información relevante, información parcializada, tendenciosa, desactualizada o imprecisa (34); vínculos de Internet defectuosos (29); edición (17); omisión de citas bibliográficas (13); inclusión de términos inexistentes (2); y hasta menciones erróneas de nombres de comisiones (2).

Lejos de favorecer la imagen de las universidades públicas y el Conare, este tipo de prácticas atenta contra el importante rol que esas instituciones están llamadas a cumplir.

Ante esta denuncia hecha por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) el CONARE se pronuncia al respecto y solicita se realicen dictámenes técnicos especializados por parte Edgardo Moreno Robles, científico y profesor emérito de la UNA e investigador activo en microbiología celular, genética, bacteriana e inmunología y miembro de UCREA de la UCR y por Ana Beatriz Arias Moreira, asesora legal. En dichos dictámenes se respalda este organismo para dar respuesta parcial a la denuncia interpuesta por fraude académico (especialmente plagio) encontradas en la publicación “Biotecnología para todos: Conceptos, aplicaciones y beneficios”.

Tanto el pronunciamiento del Conare, como los detallados dictámenes técnicos especializados emitidos sobre este libro, corroboran los gravísimos hechos denunciados por la RCB por violación a la ética y la excelencia académica, por parte de los funcionarios de las tres universidades públicas involucradas en la elaboración, revisión y publicación de este libro con fondos del Conare.

Denuncian persecución sindical en piñera – despiden fundadores de seccional

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS recibió la siguiente denuncia:

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO

SITRASEP sitrasep.cr@gmail.com

A todas las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y la libertad sindical:

Desde el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), les dirigimos esta nota para solicitar su solidaridad con los 7 obreros despedidos por la empresa productora de piña “Piñas Cultivadas de Costa Rica S.A “ubicada en Medio Queso de Los Chiles de Alajuela.

Piñas Cultivadas de Costa Rica S.A es una empresa que tiene más de 800 hectáreas de cultivo y actualmente mantiene unos 350 trabajadores y trabajadoras en esa finca.

El viernes 04 de septiembre del año en curso, nuestros compañeros Álvaro Antonio Reyes Duarte, Haminton Bayardo Barquero, Joel Reyes Valverde Espinoza, Santos Bernardo Espinoza Ramos, Santos Julio Reynosa Miranda y Yamil José Romero Paz, fueron despedidos por haber fundado una seccional de nuestro sindicato apenas el 30 de agosto anterior.

Por su parte el trabajador Juan José Baez, quien también participó en la asamblea de fundación el sindicato no ha sido despedido porque es paciente de COVID-19 y está incapacitado hasta el día 16, pero ya le anunciaron que también será despedido.

Esa acción de la empresa es un claro atropello a libertad sindical de estos trabajadores, que iniciaron el proceso de organización con el fin de lograr el pago de los salarios mínimos, las horas extras, mejoras en los tratos de los capataces, mejoras protocolos de salud ocupacional y de protección ante los brotes de COVID- 19 en la finca.

El sindicato presentará una demanda laboral para buscar restablecer a los trabajadores en sus puestos de trabajo.

De nuestra parte solicitamos que las personas y organizaciones que se quieran solidarizar con este grupo de trabajadores envíen pronunciamientos de solidaridad pidiendo la reinstalación de los trabajadores y el respeto a sus derechos. La nota debe ir dirigida a la Ministra de Trabajo doña Geannina Dinarte Romero, quien conoce de la situación.

Para buscar un efecto mayor, les pedimos que las notas sean remitidas a los siguientes correos electrónicos:

El Ministerio de Trabajo:

geannina.dinarte@mtss.go.cr y ricardo.marin@mtss.go.cr

La Empresa:

Info@losnacientes.com y rhumanos@maderascultivadas.com

Certificadoras:

customer_support@globalgap.org

lat.americalatina@kiwa.com

sas@ra.org

Sindicato:

sitrasep.cr@gmail.com

Esas cartas y comunicados se harán llegar a nuestros compañeros en lucha y se compartirán en nuestra página de Facebook.

Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas, y el apoyo a nuestros compañeros que solo buscan la forma de mejorar sus condiciones de trabajo y ejercer sus derechos como trabajadores.

Se pueden comunicar con nuestro sindicato al teléfono 86059151 para más información.

Sin más;

Jouseth Andrey Chaves Rodríguez, secretario general de SITRASEP

Información compartida con SURCOS por Ing Carlos Vega, Secretario General Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular UNPROBANPO

 

*Imagen ilustrativa, tomada de https://www.francetvinfo.fr

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para el eje de creación y protección de empleos

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente documento como parte del proceso “Costa Rica escucha, propone, dialoga”:

Colectivo Mujeres por Costa Rica

I. LOS RETOS URGENTES DE LA ACTUAL COYUNTURA

Existe en el país una realidad de graves desbalances, desigualdades, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. Ello debería conducir, por tanto, a replantearse a profundidad, su estilo de desarrollo y a visualizar esta pandemia como una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Es momento de tomar decisiones y medidas de corto plazo, pero con la mirada larga en el futuro. Hoy tenemos la oportunidad, como nación, de decidir y concertar una ruta de desarrollo centrada en el bienestar integral de todas las personas y futuras generaciones, o por el contrario salir de esta coyuntura con un país más desigual, excluyente, injusto y depredador del planeta.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PROPUESTAS

  1. Garantizar la paz social y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar la crisis con una democracia remozada, esperanzadora, innovadora y líder de un nuevo orden social.
  2. Los recursos requeridos para atender la crisis sanitaria, evitar el hambre, dar auxilio a las personas más vulnerables y animar la recuperación económica, deberían ser financiados con aportes basados en la progresividad tributaria y muy particularmente con el aporte de aquellos sectores que pese a ser los de más altos ingresos y de mayor riqueza, aún no contribuyen de manera solidaria y transparente.
  3. Reconocer los impactos e implicaciones diferenciadas del COVID 19 en mujeres y hombres, en la crisis de salud, así como en aspectos sociales y económicos, particularmente en el empleo y brecha salarial. Ello es necesario para brindar respuestas que comprendan las dinámicas de género, especialmente en relación con oportunidades e igualdad salarial por el mismo trabajo, así como en la corresponsabilidad social de los cuidados.
  4. Brindar especial atención a grupos de mujeres vulnerables que están recibiendo el impacto mayor de la crisis, tales como las mujeres trabajadoras del sector servicios, sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, muchas de las cuales son mujeres migrantes.
  5. Incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la gestión de las propuestas ante la crisis del coronavirus, en todos los ámbitos: prevención, recuperación y protección social y económica.

II. LAS PROPUESTAS

1. Promover y proteger el empleo de las mujeres a través del impulso a la soberanía alimentaria y nutricional.

La situación ambiental, así como el comportamiento errático y concentrador de los mercados internacionales de alimentos, demanda que el país anime políticas nacionales de soberanía alimentaria y nutricional, reconociendo a las mujeres como productoras relevantes, para lo cual se les debe garantizar el derecho al uso y a la propiedad de la tierra, al financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación para que sus emprendimientos sean rentables y sostenibles. Para ello se debe:

a. Apoyar a las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras – incluidas muy particularmente las molusqueras- reconociendo su significativo aporte a la producción alimentaria ambientalmente responsable. Para ello debe asegurarse que la participación de las productoras rurales en el desarrollo sostenible se acompañe con implementación de asistencia técnica que les permita incrementar su capacidad de innovación y rentabilidad, con instrumentos crediticios que adecuados para obtener financiamiento y hacer frente a sus deudas, proteger sus bienes, garantizar el acceso a recursos productivos, en especial la propiedad de la tierra; así como propiciar la apertura de nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional que les permita establecer vínculos innovadores con consumidores y en particular a través de plataformas digitales en un marco de comercio justo y eficiente.

b. Todo ello a través de la promoción de formas organizativas propias de la economía social solidaria, organización comunitaria y la gobernanza para la innovación social.

2. Establecer programas y mecanismos de crédito para las mujeres emprendedoras.

Para ello el Sistema Bancario Nacional, Banca de Desarrollo e INFOCOOP deben:

a. Abrir líneas de crédito específicas para mujeres emprendedoras (micro, pequeña y mediana empresa) individuales o en formas asociativas en diferentes ramas de la actividad productiva con tasas de interés preferenciales y períodos de gracia mientras sus emprendimientos generan ingresos estables.

b. Acompañar estas líneas de crédito con capacitación y asesoría para la producción, la agregación de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

c. Flexibilizar, simplificar y agilizar los trámites para acceder a dichos recursos.

3. Recuperar pymes y empresas de la Economía Social Solidaria (ESS) de las mujeres.

En vista de que, en la coyuntura de la pandemia, se ha visto claramente afectado el tejido empresarial nacional, las mujeres emprendedoras han sido fuertemente afectadas y hoy han tenido que cerrar o bien reducir sus actividades generadoras de bienes y servicios. Es fundamental su recuperación para a su vez recuperar y proteger el empleo. Por tanto, se propone:

a. Que el Sistema Bancario Nacional y los diferentes organismos y programas que ofrecen recursos a la actividad productiva establezcan programas de préstamos blandos a pymes y empresas de economía social solidaria para capital de trabajo, con tasas subsidiadas, períodos de gracia de hasta un año, estableciendo la condicionalidad de que se mantenga o amplie la empleabilidad que estos emprendimientos ofrecen.

b. Impulsar la modernización de pymes y empresas de ESS con programas de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables a través de convenios con las Universidades Públicas y el INA.

c. Asesorar y acompañar encadenamientos productivos entre sectores de la economía nacional y muy particularmente con el turismo hotelero como un mecanismo de lograr desarrollos locales y regionales.

4. Protección del empleo y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Como lo registra el último corte de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC las mujeres han sufrido un incremento mayor en el desempleo a lo que ha impactado a los hombres, por tanto, si bien es cierto hay que proteger en su conjunto el empleo, es necesario actuar con especial atención en la protección y garantías laborales de las mujeres. Para ello se propone:

a. Que en los programas de salvamento a las empresas se condicione la restitución de los empleos suspendidos por la pandemia sin deteriorar las condiciones contractuales previas, así como el compromiso de crear nuevos puestos laborales atendiendo las condiciones legales establecidas en nuestro país.

b. Fortalecer la inspección laboral desde el MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en todos los sectores laborales: monocultivos, plantaciones, industria, servicios, trabajo doméstico, entre otros.

c. Crear un seguro de desempleo como parte de la seguridad social que permita un ingreso mínimo vital ante contingencias y crisis.

 d. Crear un mecanismo que permita garantizar los derechos laborales, conforme las leyes nacionales, a personas trabajadoras de las plataformas digitales.

e. Rechazar el expediente 21182 que tiene como propósito flexibilizar y extender las jornadas laborales a 12 horas, ya que implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, atenta contra los Derechos Humanos, el Código de Trabajo y la Constitución Política. (Título V. Artículo 58).

5. Garantizar que las mujeres del sector informal puedan transitar hacia un trabajo formal: pescadoras artesanales trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad, artesanas y en general todas las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Para ello se propone:

a. Formalizar sus actividades económicas bajo formas asociativas de la ESS, asegurándoles financiamiento y capacitación.

b. Impulsar el surgimiento de nuevos servicios estables y con una remuneración digna vinculados a sus actividades informales. Así por ejemplo, para el caso de las trabajadoras domésticas es posible animar iniciativas empresariales bajo modelo cooperativo autogestionario para el desempeño de un trabajo doméstico altamente especializado, orientado al mercado diversificado no tradicional, asegurándoles todos los derechos laborales; para las mujeres vendedoras ambulantes y patentadas con puestos en calle se propone desarrollar un mercado cooperativo de productos al por mayor y a bajo costo; para las mujeres con alguna discapacidad o madres de personas con alguna discapacidad, un mercado cooperativo de productos y equipo a bajo costo.

c. Incluir dentro de estas iniciativas también a las mujeres migrantes.

d. Desentrabar y simplificar trámites y plazos que limitan la generación de empleo y su funcionamiento óptimo.

6. Ampliar y extender la seguridad social a mujeres vulnerables en informalidad.

Otorgar pensiones del Régimen No Contributivo a mujeres adultas mayores que se encuentren incorporadas a actividades informales así como desarrollar alternativas de cuotas de seguridad social con una base mínima contributiva.

7. Fortalecer los sistemas de cuido que aseguren condiciones adecuadas de integración de las mujeres al mercado laboral y al sistema educativo.

Para ello se propone:

a. Avanzar en el diseño, institucionalización, y ejecución del Sistema Nacional de Cuido de alta calidad como parte de la Seguridad Social, con financiamiento solidario y con alternativas de copago para aquellas familias que cuenten con recursos para ello.

b. Promover el Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Exp N.º 21962

c. Implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, compartidos entre instituciones del Estado, empresas, hombres y mujeres.

d. Visibilizar y retribuir de manera justa las actividades de cuido con salarios dignos, seguridad social, profesionalización y mayor calificación.

8. Sobre el trabajo en el sector de la cultura.

Las personas trabajadoras de la cultura, en las diferentes disciplinas, han tenido que poner en pausa sus diversas actividades y espacios laborales. Pese al impacto que han sufrido, su histórica situación crítica no ha sido visibilizada ni valorada. Es, por tanto, un sector que requiere una atención particular que les permita a personas trabajadoras de arte y cultura tener un trabajo decente, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Para ello se propone:

a. Crear e impulsar emprendimientos culturales, individuales y colectivos.

b. Crear un fondo no reembolsable para capital semilla para emprendimientos culturales y de turismo cultural, tanto individuales como colectivos-asociativos.

c. Crear paquetes culturales y espectáculos de entretenimiento articulados a los paquetes turísticos, con ventas previas.

d. Mayor profesionalización de personas trabajadoras del arte y la cultura con espectáculos de entretenimiento de alta calidad.

e. Instaurar espacios culturales regulares, en las comunidades y a nivel nacional, como parte del rescate de la cultura local y del patrimonio cultural.

f. Crear un plan de acompañamiento en la creación de estrategias de captación de nuevos públicos y promoción cultural.

g. Crear espectáculos de interés cultural local en coordinación con Gobiernos locales.

h. Promover e instaurar una campaña apoyo a las personas trabajadoras de la cultura local y nacional

i. Establecer alianzas público-privadas donde el servicio artístico profesionalizado sea un medio de difusión cultural a nivel nacional e internacional.

j. Considerar la particularidad de las personas trabajadoras de la cultura, para garantizar su acceso permanente al Sistema de la Seguridad Social nacional.

9. Sobre el trabajo en el Sector Público.

Desarrollar un sistema de empleo público basado en el mérito y la profesionalización, en la evaluación de desempeño, con sistemas de selección, promoción y remuneración ordenados y transparentes como soporte de la calidad, oportunidad y capacidad de generación de valor público del Estado y sus diversas instituciones tanto en tiempos ordinarios como en periodos de crisis.

Solicitan enviar cartas a Asamblea Legislativa cuestionando a Defensora

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió esta nota sugiriendo el envío de cartas a las diputadas y a los diputados en relación con la investigación que se sigue al actuar de la Defensora de las y los Habitantes.

Se la compartimos:

“Costa Rica es un país que se ha caracterizado por su compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos, en tal sentido es imperativo reconocer la relevancia de contar con una Defensoría de los Habitantes fortalecida, capaz de asumir con solvencia y liderazgo la incidencia necesaria y permanente, para que desde el Estado se honren los compromisos asumidos para la protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas. Sobre todo, en el difícil momento que atraviesa el país, donde sin duda alguna, la intervención de una Defensoría sólida sería de gran importancia para la defensa de los sectores y grupos más vulnerabilizados.

Una institución se fortalece a través de la confianza y la credibilidad en el trabajo que realiza. En tal sentido, la persona jerarca que representa cada institución pública tiene una enorme responsabilidad de cuidar con cada uno de sus actos dicha confianza, al hacerlo está asumiendo la responsabilidad que le corresponde en la protección de nuestro Estado de Derecho. En el caso de la Defensoría, el tema de la confianza y la credibilidad reviste una mayor importancia, pues al no ser vinculantes sus recomendaciones, la eficacia de las mismas descansa en la magistratura de influencia, que no es otra cosa que la capacidad de persuasión que se sustenta en la solvencia técnica, ética y apegada siempre al marco de legalidad de las actuaciones de la persona que dirige la institución.

Por tanto, los cuestionamientos que se han venido haciendo a la señora Catalina Crespo en áreas no menores como: debilidad técnica, autoritarismo en la toma de decisiones, poca capacidad de escucha, irregularidades administrativas, falta de transparencia en muchas de sus actuaciones, han dado como resultado una preocupación generalizada que va en aumento y parece dar cuenta de la debilidad de su liderazgo, incluso a lo interno de la misma Defensoría de los Habitantes.

Parte de esas acciones cuestionadas ha sido la disolución del Consejo de Directores y Directoras que ha sido históricamente el órgano técnico en el que se discuten y analizan las situaciones que son de competencia de la Defensoría. Según lo que ha trascendido en medios de prensa, el cambio en la normativa interna transforma este órgano en una instancia en la que es la persona Defensora quien decide a quién convocar.

¿Cómo estará trabajando una Institución en la que más de la mitad de su funcionariado le ha manifestado que la Jerarca su preocupación por haber socavando la confianza?

¿Cómo puede incidir ante las instituciones públicas y exigir cuentas una Jerarca con tanto cuestionamiento? Según el Semanario Universidad en su artículo publicado el 02 de septiembre del presente año, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa cuenta con un documento con más de 15 situaciones por las que se le está denunciando.

Además, los cuestionamientos a la labor de la actual Defensora de los Habitantes han sido manifestados en diversos discursos, publicaciones y notas suscritas por: Diputados y Diputadas de la República, personas ex funcionarias de la Defensoría, organizaciones de la sociedad civil, además de la mitad del funcionariado de esa institución. Junto a muchas personas que a título personal también se han manifestado.

Hoy más que nunca se requiere una Defensora que garanticen la confianza y credibilidad y preocupa que la señora Crespo no cuenta con estos elementos mínimos para el ejercicio de sus competencias.

Los Diputados y Diputadas de la República tienen hoy una gran responsabilidad, así como también una oportunidad de enviar un mensaje claro al país mostrando que por encima de intereses personales y políticos electorales, harán efectivo su compromiso de contribuir de devolver la confianza del pueblo costarricense en el sistema democrático”.

*Imagen: Semanario Universidad.

Firma de la primera convención colectiva de trabajo entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) y Palma Tica S.A.

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Hoy martes 15 de septiembre del año 2020, en el distrito de Puerto Jiménez de la provincia de Puntarenas de Costa Rica, se llevó a cabo la firma de la primera convención colectiva de trabajo entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) y la compañía agroindustrial aceitera Palma Tica S.A, subsidiaria del grupo Numar. Este proceso de negociación, fue acompañado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH) y la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA).

Este día, se conmemoran 199 años de independencia en Costa Rica y a la vez, la vigencia de la primera convención colectiva en el sector palmero costarricense liderado por una mujer sindicalista, la compañera Dania Obando Castillo, secretaria general del SITRAPA, secretaria de genero de FENTRAGH e integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Mujeres de la UITA (CLAMU).

Este convenio colectivo, se inició con un proceso organizativo del SITRAPA en el año 2017 y llegará a amparar a todos los trabajadores de Finca 5 del distrito de Puerto Jiménez que laboran para Palma Tica S.A, el cual, propicia democratizar las relaciones laborales que durante décadas se habían desarrollado por medio de un comité permanente y un arreglo directo. Con esto se marca un antes y un después de las relaciones laborales en esta empresa.

El gran reto será, que la convención colectiva sea el instrumento mediante el cual los trabajadores por medio de su organización sindical promuevan mejores condiciones laborales que impacten en lo económico, la salud, lo educativo y social, en equilibrio con los niveles de producción y productividad que impulse la empresa, así como la reducción de la conflictividad en las relaciones laborales, por medio de la construcción de confianza para de esta forma favorecer futuros espacios de negociación, señaló Maikol Hernández Arias, secretario general de FENTRAGH.

Puerto Jiménez – Costa Rica, 15 de septiembre 2020

En el siguiente video, Maikol Hernández Arias, secretario general de FENTRAGH, recalcó que la convención colectiva tendrá el gran reto de promover mejores condiciones laborales que impacten en lo económico, la salud, lo educativo y social en equilibrio con la producción y la productividad de la empresa, así como la reducción del conflicto laboral.

Hacia la justicia fiscal en un mundo pospandémico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Justicia fiscal, una parte integral de la lucha contra la agenda neoliberal

La pandemia de COVID-19 expuso las desigualdades generadas por un sistema neoliberal fundado en las ganancias y la codicia. Ningún lugar ha sido tan impactado como el Sur Global, donde las crisis múltiples y crónicas han profundizado la pobreza, aumentado la dependencia de los países de la deuda y erosionado sus recursos y capacidad para construir sociedades y economías humanas y sostenibles. La pandemia actual afecta a una gama aún más amplia de miseria humana en todo el mundo, con impactos que golpean de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.

Considerada peor que la crisis económica mundial de 2008, se prevé que la recesión inducida por la COVID-19 dejará a millones de personas desempleadas y subempleadas. Las Naciones Unidas estima que 71 millones de personas volverán a caer en la pobreza extrema en 2020, el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. En América Latina y África, se estima que los ingresos de los trabajadores del sector informal se redujeron en alrededor del 80% en el primer mes de la crisis. Por lo tanto, la supervivencia económica será una batalla cuesta arriba especialmente para los trabajadores pobres del Sur Global, que ya se concentraban predominantemente en la economía informal y vivían al día en barrios marginales abarrotados, incluso antes de la COVID-19.

Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, ya que están sobrerrepresentadas en el sector informal desprotegido y precario, así como en los sectores más afectados, como los servicios de salud y la economía del cuidado. Con la imposición del encierro y del aislamiento en el hogar, las mujeres enfrentan a una mayor exposición a la violencia de género y la intensificación de la carga del trabajo de cuidados no remunerado, lo que refuerza las normas patriarcales en muchas sociedades. En Bogotá, capital de Colombia, por ejemplo, el número de llamadas a la línea directa de la policía para denunciar violencia contra las mujeres aumentó en un 225% durante la primera semana del encierro. En el trabajo de cuidado remunerado, las mujeres también constituyen la mayor parte del mercado laboral en la salud pública, que sufre con recortes presupuestarios y bajos salarios debido a que durante los últimos años los Estados han retirado inversiones en servicios sociales en favor del sector privado.

El sistema económico neoliberal que se aprovecha de los vulnerables y privilegia a los ricos y las ganancias creó un terreno fértil para la crisis actual. Junto con las condiciones crediticias de los Programas de Ajuste Estructural, las políticas macroeconómicas que defienden medidas de austeridad y la privatización desmantelaron la capacidad de los países, especialmente del Sur Global, para hacer frente a una crisis de esta magnitud.

Esto resultó en sistemas de salud pública precarios y con pocos recursos, sistemas de protección social inadecuados, además de bienes y servicios esenciales costosos e inaccesibles. De hecho, en 2017, solo entre un tercio y la mitad de la población mundial estaba cubierta por servicios de salud esenciales, y los países pobres muy endeudados gastaron solo USD 53,23 per cápita en salud en el mismo año. El sur de Asia, como subregión, tuvo el gasto per cápita en salud más bajo en 2017 con USD 64,47. Por lo tanto, no es sorprendente que en el sur de Asia, los suministros médicos sean deplorablemente insuficientes, como tener menos de 2.8 camas de hospital para cuidados críticos por cada 100 mil personas. Además, muchos países del Sur Global también carecen de un suministro adecuado de ventiladores, cruciales en el tratamiento de COVID-19. Para evitar contraer el coronavirus, se ha recomendado a todos que se laven las manos con frecuencia. Sin embargo, es importante señalar que en 2015, el 85% de la población del África Subsahariana no tenía acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón.

Con la pandemia, la cadena de suministro global que está diseñada para satisfacer las necesidades del mercado global (incluidos los equipos de protección personal, las instalaciones médicas y los kits para detección de la enfermedad) a través de los centros de producción en el Sur Global fue gravemente interrumpida. Así muchos países en desarrollo no solo tuvieron una reducción en sus ingresos e inversiones, sino también se quedaron sin condiciones de asegurar las necesidades básicas vitales para combatir una pandemia y para brindar asistencia humanitaria a los más gravemente afectados. Con la cadena de suministro global rota, la sociedad civil y las comunidades intentan llenar las brechas: organizaciones comunitarias e individuos se están movilizando para producir mascarillas, donar equipo de protección personal a los hospitales y satisfacer las necesidades humanitarias de aquellos que se quedaron desempleados y con hambre tras los encierros.

Muchos gobiernos han priorizado los intereses del sector privado sobre el bienestar de las personas durante décadas, lo que los ha vuelto ineptos para solucionar la crisis actual. El modelo de desarrollo orientado a la exportación y liderado por el sector privado en muchos países en desarrollo del Sur Global se basa en la explotación de mano de obra barata y el extractivismo de los recursos naturales por grandes corporaciones con sede en el Norte Global. Por si fuera poco, se introdujeron políticas fiscales que otorgan generosos incentivos y exenciones fiscales para atraer más inversiones extranjeras directas. Las graves consecuencias de estas políticas macroeconómicas se ven agravadas por una arquitectura financiera internacional injusta que permite los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la elusión fiscal por parte de las élites ricas y las multinacionales, lo que socava gravemente la capacidad de los estados para movilizar los recursos necesarios para invertir en sectores sociales y en el desarrollo sostenible. Impulsadas por la codicia y las ganancias privadas, muchas corporaciones aún pueden beneficiarse de la miseria bajo el sistema económico y político actual, incluso en medio de la pandemia.

Miles de millones de ingresos perdidos por incentivos y abusos fiscales por parte de las corporaciones y élites podrían haberse utilizado para fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar nuestros derechos a la salud, el acceso al agua y el saneamiento, una vivienda digna y el transporte público. Dichos recursos podrían haberse utilizado para mitigar los impactos de la pandemia. No obstante, sin estos recursos, los países del Sur Global dependen en gran medida de la ayuda y los préstamos cargados de condiciones. Cabe subrayar que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo han estado enterrados en una deuda insostenible, parte de la cual es ilegítima.

La pandemia desmistificó la doctrina neoliberal de que el papel de los estados en la economía nacional y en la provisión de bienes y servicios públicos para el bienestar de su pueblo debe reducirse al mínimo. La gente está clamando para que los estados intervengan de manera proactiva y efectiva no solo en respuesta a la emergencia de salud pública, sino también a los impactos inmediatos de la recesión económica provocada por los cierres y el cese de actividades económicas. El descontento de la población con la respuesta ineficaz de los gobiernos al COVID-19 provocó el estallido de protestas en diferentes partes del mundo. Hay protestas contra Jair Bolsonaro en Internet y en las calles de Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19, para condenar el mal manejo de la crisis por parte del presidente. En Kenia, los ciudadanos marcharon para denunciar la brutalidad policial al hacer cumplir las regulaciones de cierre. La situación es similar en Filipinas, donde varios manifestantes, violadores de la cuarentena e incluso ciudadanos comunes fueron presos, atacados violentamente o asesinados por las fuerzas estatales. Además del derrumbe de las economías, el colapso de los sistemas de salud y la profundización de la pobreza, también se enfrenta a la reducción del espacio democrático y cívico y al aumento de la represión política, lo que hace que impulsar reformas sea más desafiante que nunca.

Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que los principios de la ideología neoliberal y de la gobernanza antidemocrática están siendo desacreditados y cuestionados a medida que enfrentamos a una grave crisis económica. La pandemia nos presenta una oportunidad para impulsar cambios sistémicos y crear alternativas al actual modelo de desarrollo neoliberal, que antepongan las personas y el planeta al lucro y la codicia. Es una oportunidad para reinventar la economía global y la arquitectura financiera internacional hacia la justicia social y la igualdad, lo que no es posible sin la justicia fiscal.

En este contexto, instamos a los gobiernos:

Sobre el freno de la erosión de los recursos financieros públicos

  • Eliminar incentivos fiscales que benefician a las élites y corporaciones ricas.
  • Impedir que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a países con impuestos bajos o nulos, gravándolas como una entidad única, bajo un principio de empresa unitaria.
  • Instar a las instituciones financieras internacionales y a los prestamistas bilaterales y privados a cancelar inmediatamente los pagos de la deuda, iniciar un proceso de reestructuración que incluya la cancelación de la deuda cuando sea necesario y avanzar hacia un marco multilateral permanente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para apoyar la reestructuración sistemática, oportuna y justa de la deuda soberana en un proceso que cubre a todos los acreedores. El objetivo debe ser dar a los gobiernos el espacio fiscal necesario para responder a la crisis actual, de conformidad con los estándares de derechos humanos, los ODS, los objetivos climáticos y los compromisos de derechos humanos e igualdad de género.

Sobre el aumento de los ingresos públicos

  • Gravar los beneficios en exceso a las empresas multinacionales, especialmente a las que se benefician masivamente de la crisis actual.
  • Implementar reformas progresivas que graven fuertemente los ingresos, los activos y la riqueza.
  • Cancelar los tratados fiscales bilaterales desventajosos para los países en desarrollo.
  • Introducir un impuesto a los servicios digitales sin depender del proyecto BEPS de la OCDE.
  • Introducir una tasa impositiva corporativa efectiva y mínima globalmente que sea suficiente para financiar servicios públicos de calidad y protección social universal, pero sin que ningún país sea presionado a reducir su tasa impositiva corporativa existente.

Sobre la reforma de la arquitectura y las normas fiscales globales

  • Establecer una comisión fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas que pueda liderar el desarrollo de nuevos estándares fiscales globales progresivos a través de negociaciones transparentes en las que todos los países participen igualmente.
  • Apoyar una estrategia de reconstrucción global que será necesaria para evitar depresiones que tengan un impacto adverso en los trabajadores y comunidades más marginados.
  • Promover medidas de transparencia fiscal nacionales y regionales para identificar y frenar los flujos financieros ilícitos, mediante la promoción de informes públicos país por país para las empresas multinacionales y de registros públicos de beneficiarios finales de entidades y acuerdos legales.
  • Promover el intercambio automático de información para garantizar que todas las administraciones tributarias puedan acceder a la información que necesitan para frenar la evasión y elusión fiscal internacional.
  • Reforzar la lucha contra las prácticas fiscales nocivas que facilitan la fijación de precios incorrectos en las transferencias, la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, incluidos los incentivos fiscales, los servicios financieros extraterritoriales y los tratados fiscales perjudiciales.
  • Ampliar las obligaciones de debida diligencia contra el lavado de dinero y la corrupción a todos los guardianes del sistema financiero, incluidos abogados, contadores, fondos de cobertura, fondos de capital privado, agentes inmobiliarios, comerciantes de artes y antigüedades y agentes de formación corporativa.

Para aliviar la carga económica de los pobres y los vulnerables, también exigimos urgentemente que los gobiernos:

  • Pongan fin a los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos al valor agregado y los impuestos sobre bienes y servicios, que aumentan la carga sobre los pobres y marginados.
  • Otorguen créditos fiscales a hogares monoparentales, microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas de bajos ingresos, dependientes, etc.
  • Otorguen créditos fiscales a mujeres por trabajo de cuidados no remunerado.

No hay justicia fiscal sin justicia tributaria y económica. Pedimos a los estados para que cumplan con su deber central de proteger a sus ciudadanos y dar prioridad a los derechos humanos (no a los bancos, corporaciones y los ricos) y:

  • Embarcar en un camino fiscal que proporcione estímulos y apoyo a la economía real (no a actividades financieras especulativas) hacia estructuras, políticas y programas económicos equitativos y justos.
  • Implementar políticas de gasto fiscal que inviertan en servicios públicos de calidad para todos y sistemas de protección social universal.
  • Realizar las inversiones y ayudas públicas necesarias para asegurar:
    • Seguridad y soberanía alimentaria durante y después de la crisis.
    • Servicios públicos que cumplan los derechos y necesidades de las mujeres.
    • Servicios públicos que reconozcan, reduzcan, redistribuyan y socialicen el trabajo de cuidado no remunerado y la reproducción social
  • Implementar medidas de protección del empleo formal y de ingresos básicos de emergencia para apoyar a los trabajadores desempleados, informales y autónomos que viven en la pobreza.
  • Alejarse de las políticas económicas desacreditadas del neoliberalismo.

En la situación actual, los movimientos sociales enfrentan restricciones y represión para movilizarse contra políticas injustas. Sin embargo, esto no debe disuadirnos de luchar por un futuro justo y sostenible. Como una alianza global con miembros en cinco continentes, vemos esta crisis como una oportunidad para una movilización más amplia de la sociedad civil y la reconstrucción de un movimiento global contra las políticas económicas neoliberales. ¡Ahora, más que nunca, es el momento más crucial para unirnos e impulsar nuestra lucha por la justicia fiscal y una economía centrada en las personas!

 

Fuente: https://www.globaltaxjustice.org/

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

SINDEU: Condenamos los actos represivos y fascistas de la policía de Bogotá – no más asesinatos

Escrito en . Publicado en Derechos.

A LA OPINIÓN PÚBLICA E INTERNACIONAL
SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA U.C.R.
San José-Costa Rica, viernes 11 de setiembre del 2020
En el 47 Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende

La protesta social es un Derecho Humano fundamental, es si se quiere, en esta materia, el primer derecho que le pertenece a los grandes colectivos sociales.

Lo que ha vivido Bogotá en los últimos días del 9, 10 y 11 de setiembre, es el uso indiscriminado de la fuerza, por parte de los cuerpos represivos de la capital colombiana.

Por supuesto que sí, en la acción para detener la protesta social, no hubo uso de armas de reglamento, sino armas pesadas dirigidas contra las y los dirigentes y los sectores populares que hacían uso del ejercicio democrático del Derecho a la Protesta Social. Peor aún, estas acciones revisten un carácter de autogolpe, pues deslegitimaron las directrices de la alcaldesa de Bogotá, la compañera Claudia López.

Las acciones de la policía califican como actos monstruosos, salvajes y fascistas, con visos claros a no reconocer el gobierno de oposición actual que conduce la alcaldesa López. Se dibuja así, una vez más, el desprecio que tienen los aparatos militares, a las instituciones democráticas de la hermana República de Colombia.

La sangre derramada en las calles de la capital, en Bogotá, producto de la represión policial, formarán parte de la impronta que marcó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pero también dicen y denuncian en este mapa de sangre, la clara injerencia del imperialismo norteamericano y el papel fantoche de los gobiernos títeres y narcotraficantes, ayer encabezados por Álvaro Uribe y hoy, bajo la complicidad y continuismo de Iván Duque.

Más de dos docenas de muertos (asesinados a mansalva), cientos de heridos y un buen número de miles de detenidos. ¿Dónde está el respeto a los acuerdos de paz?

Al terrorismo de Estado, al Estado narcotraficante y a la democracia fallida de las oligarquías colombianas, les recordamos solamente dos estrofas de su himno nacional:

¡En surcos de dolores el bien germina ya ¡
En su expresivo empuje la libertad se estrena…”
DIGAMOS ALTO AL ASESINATO DE LA POBLACIÓN CIVIL, CONDENEMOS INTERNACIONALMENTE ESTOS ACTOS DE LESA HUMANIDAD ¡¡¡ Viva Colombia soberana !!!, ¡¡¡ Viva la lucha popular!!!

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/