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Autor: María José Ferlini Cartín

Voz experta UCR: Devenir de las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica

Por María Eugenia Bozzoli Vargas, antropóloga, socióloga y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica

Una reflexión en torno al contexto histórico que impulsó la consolidación de esta área del conocimiento en la Institución

Dra. María Eugenia Bozzoli Vargas. Foto: Anel Kenjekeeva.

El proceso de institucionalización de las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica ha variado según su desarrollo amplio y constante. En los primeros dos años, de 1941 a 1942, la UCR contaba con tres escuelas de lo social: Derecho, Pedagogía, y Letras. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), se instaló en mayo de 1943 y Servicio Social en 1944 como Escuela Anexa en la FCES. Ambas respondieron a una petición externa: Ciencias Económicas a la del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales; Servicio Social, años más tarde denominada Trabajo Social, a la del Ministerio de Salubridad, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia. Se colige que estas primeras escuelas y sus asignaturas estaban muy ligadas a urgencias de la sociedad nacional en derecho, en lo educativo, en salud, en lo socioeconómico. Más adelante los saberes acerca de la sociedad humana y sus individuos podrán obedecer a urgencias internas de la propia institución universitaria para proveer conocimiento a la sociedad. La orientación era principalmente docente pero a la investigación en estos primeros años se le daba algún apoyo, por ejemplo en publicaciones.

En los años de 1950, se explicita, conjuntamente con la construcción de la ciudad universitaria, la Reforma modificadora de los planes de estudio, al introducirse los Estudios Generales en 1957; a partir de ese año todos los planes de estudio incluirían, según la carrera, Fundamentos de Sociología (en el Departamento de Estudios Generales), o Principios de Sociología (en Historia y Geografía).

Hacia 1955 se discutía el concepto de departamentalización como implícito a la Reforma que establecería Ciencias y Letras como Facultad Central de la Universidad.

En los años de 1960 se agregan a la Facultad de Ciencias y Letras, la Antropología, la Sociología y la Psicología como carreras, resultado de un proceso que estableció primero la Comisión de Ciencias del Hombre, con profesores de las Facultades de Ciencias Económicas, Educación, Ciencias y Letras y la Escuela de Trabajo Social. La Comisión recomendó la creación de la Sección de Ciencias del Hombre. Se autorizó a esta Sección para ofrecer el grado de Bachillerato, para proporcionar a los estudiantes una base sólida de conocimientos que les permitiera realizar posteriormente estudios para especializarse y profesionalizarse, con una licenciatura, como era el sistema de la UCR, o con maestrías y doctorados fuera de las fronteras nacionales. La Sección pasó a ser el Departamento de Ciencias del Hombre en 1968. En ese mismo año empezó la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Periodismo, anexas a la Facultad de Derecho

El Tercer Congreso Universitario es un hito sobresaliente del devenir institucional de las Ciencias Sociales en la UCR. De sus resultados, se crea la nueva Facultad de Ciencias Sociales a partir de 1974, con las Escuelas: Ciencias del Hombre –esta se divide posteriormente, 1977, en Antropología y Sociología por una parte, Psicología por la otra; Antropología será nueva Escuela en 2006-; Ciencias de la Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, Escuela de Escuela de Historia y Geografía –en 1997 Geografía se separa en nueva Escuela; Escuela de Trabajo Social. Se oficializa el Área de Ciencias Sociales para efectos de la representación en el Consejo Universitario; las vicerrectorías incidirán en adelante en el aumento de facilidades para la investigación y de acción social. El Sistema de Estudios de Posgrado, creado en 1975, ha permitido la ampliación del quehacer académico de todas las escuelas de Ciencias Sociales

En el siglo veintiuno es notable el crecimiento arquitectónico y espacial de la UCR, en sus sedes central y regionales, reflejo de la expansión de las actividades docentes, de investigación y acción social, abarcando en ello a las Ciencias Sociales, por lo que crece su complejidad administrativa a lo interno y en sus alcances en lo nacional e internacional.

 

María Eugenia Bozzoli Vargas
Antropóloga, socióloga y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica

Agua es Vida y Yiski se pronuncian ante proyecto de ley de agua

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«¡DIGAMOS NO A LA NUEVA «LEY DE AGUAS», DE PAOLA VEGA!

  1. Porque pese a la trascendencia que tiene una nueva Ley de Aguas, este proyecto ha sido tramitado DE ESPALDAS A LOS HABITANTES, a pesar de que sustituye sin justificaciones expresas, la magnífica Ley de Aguas que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, en virtud de sustanciales actualizaciones, ha abierto el camino a la incorporación en la normativa legal costarricense, a que el acceso al agua, como bien demanial, en cantidad y calidad adecuadas, sea un Derecho Humano. La precipitación en su trámite no ha permitido incluso, que la gran mayoría de los señores diputados hayan tenido la oportunidad de conocer sus detalles técnicos, y mucho menos debatir sobre ellos como es su responsabilidad. Ello, pese a que es quizá el proyecto de ley MÁS IMPORTANTE que jamás habrían de decidir.
  2. Porque la excelente Ley de Aguas, legado del Dr. Calderón Guardia, que quieren enterrar, es tan VISIONARIA que ha servido de sustento a decenas de normas incluidas en la Constitución Política de Costa Rica, leyes, códigos, matrices de protección de acuíferos, legislación ambiental, normativa ambiental sobre la contaminación de las aguas, SENARA, ARESEP, etcétera. Por lo tanto, ES UNA MENTIRA decir que la actual ley de aguas es una ley vieja, cuando esta ha demostrado poder actualizarse y mantener el marco jurídico vital que garantiza el derecho al acceso al agua potable.
  3. Porque los muy valiosos e insustituibles ACUÍFEROS SUBTERRÁNEO, hoy bajo la tutela técnica y profesional del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quedarían a disposición de un incompetente órgano político, ubicado en el Ministerio de Ambiente. «Dirección de Agua» (a la que simplemente se le cambia el nombre) cuya jerarquía activamente se ha opuesto, a las regulaciones de protección de los acuíferos subterráneos, además formalizadas en atención a resoluciones de la Sala Constitucional. Y es tan evidente la intención de erosionar las funciones de manejo, protección y conservación de las aguas subterráneas, que hasta del nombre del SENARA se elimina cualquier referencia a tan vital área. Así, la REGRESIÓN AMBIENTAL es de tal magnitud, que más allá de la ilegalidad, ha de preocupar infinitamente, las consecuencias de tan insensible e irracional regresión ambiental.
  4. Porque los que pretenden dejar sin protección los invaluables, ¡y a la vez vulnerables!, acuíferos subterráneos, olvidan que, ante la vergonzosa contaminación de nuestros ríos, en extensas regiones del país, así como la sequía que sufren en verano por la disminución de sus zonas de proyección, sus habitantes tienen cifradas sus esperanzas de abastecimiento del líquido vital en las aguas subterráneas. Importante valorar que desde el SENARA se han identificado 58 ACUÍFEROS, costeros, volcánicos y sedimentarios continentales, de los que se nutren más de 17.000 POZOS concesionados en las cuencas del Tárcoles (39%), península de Nicoya (17%), Tempisque (14,4%), Reventazón (5,5%) y Jesús María (3%). Sin embargo, en lugar de proponer un fortalecimiento institucional del SENARA, se busca su degradación.
  5. Porque acorde con la perversa tendencia privatizadora del que llaman «manejo integrado público-privado», se propone la obligación (!) de CREAR SOCIEDADES AGRÍCOLAS como requisito para optar a concesiones de agua para agricultura. Verdaderos órganos privados que habría que inscribir en el Ministerio de Ambiente, formados cada uno por la asociación de cinco dueños de fincas. Aquellos PEQUEÑOS AGRICULTORES que por las más diversas razones no pudieren reunirse en esas muy particulares sociedades, NO podrían obtener concesiones de agua para la atención de sus necesidades. Esto es una privatización del agua de manera solapada.
  6. Porque con no muy sanas intenciones, se amplían indebidamente las condiciones a los derechos de disponer libremente de «agua para uso doméstico», mediante pozos para una casa de habitación o un núcleo familiar, hacia ¡FINCAS DE HASTA 35 HECTÁREAS! O sea, se les otorga a empresarios agropecuarios con fincas de grandes extensiones, permisos previos, sin requisitos, para perforar pozos cual si se tratara para atender las necesidades de una pequeña familia. Otro ejemplo de privatización solapada en un uso doméstico para “pequeñas familias” que viven en “pequeñas” fincas de 35 hectáreas.
  7. Porque se sigue negando la razonable restricción propuesta en su oportunidad, de prohibir la EXPORTACIÓN DE AGUA ENVASADA, desde lugares donde existen comunidades expuestas a periodos, a veces muy largos, de ESCASEZ de agua potable, que sufren así del incumplimiento del acceso al agua en cantidad y calidad, como un DERECHO HUMANO. Tampoco se vislumbra esta prohibición en situaciones de emergencia nacional como lo puede ser una sequía, una pandemia, un problema de salud nacional, contaminación o agotamiento de acuíferos, y otras situaciones adicionales que la lógica de subsistencia, nos dice que es contradictorio exportar agua mientras a lo interno morimos de sed.
  8. Porque es incorrecto siquiera decir, que este proyecto de nueva Ley de Aguas es imprescindible para sustentar la reciente REFORMA CONSTITUCIONAL sobre la materia, y para que el AyA pueda cumplir eficientemente su deber. El que por fugas desde las cañerías del AyA se pierda agua ¡PARA MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS!, el imperdonable rezago en la construcción del proyecto de abastecimiento Orosi II, el costoso fracaso del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, la desvinculación histórica con las asadas, etcétera, son deficiencias de gestión institucional que NO tienen nada que ver con obstáculos que pudiere tener la magnífica Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia.
  9. Porque al eliminar de las funciones del AyA el ejercer «LA GOBERNABILIDAD» del más importante recurso demanial con que contamos los costarricenses, ¡sin determinar A QUIÉN corresponde esa fundamental función!, coloca al agua en una situación de gran VULNERABILIDAD para su manejo Estatal, frente a crecientes amenazas privatizadoras.
  10. Porque al borrar del AyA la función de «ALCANTARILLADOS», sin determinar con claridad a quién se le encarga, crea un previsible CAOS interinstitucional de inimaginables consecuencias en la función cotidiana de las zonas urbanas, principalmente.
  11. Porque lejos de promover la INCORPORACIÓN COMUNITARIA en el uso sostenible y fiscalización del agua como recurso invaluable de dominio público, más bien contiene evidentes RETROCESOS en este tipo de gestión deseable.
  12. Porque desdeña algunas de las AMENAZAS más preocupantes que en la actualidad penden sobre el agua, como lo son la contaminación, la sobreexplotación, las tomas ilegales y la escasa protección de las fuentes, cual si fuere un recurso inagotable.
  13. Porque a las de por sí desdeñadas ASADAS, que hoy abastecen con agua potable A MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS, se les impone impuestos indebidos bajo la engañosa expresión de «cánones», dificultando aún más su voluntaria gestión.
  14. Porque el ICE y otras empresas menores públicas y privadas de generación hidroeléctrica, se verían obligadas a pagar un irracional e inconsulto IMPUESTO por el uso del agua en sus proyectos, lo cual encarecerá los costos de la generación eléctrica y golpeará de nuevo a los hogares y al sector productivo del país.
  15. Porque nada es por casualidad, pues se siguen lineamientos de entes internacionales con grandes intereses en el comercio del agua, como la GWP-Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua, los Foros Internacionales del Agua, ¡todos con vínculos nacionales!, que ven al agua como UN BIEN ECONÓMICO Y NO COMO UN BIEN SOCIAL de carácter demanial».

Colectivo AGUA ES VIDA NO MERCANCIA/ Yiski

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

SITRAA: millones se esfuman, pero siguen altos mandos tranquilos en su red de cuido

SURCOS recibió el siguiente comunicado de SITRAA:

PROYECTOS SIN AVANZAR, DESABASTECIMIENTO, PROBLEMAS EN FACTURACIÓN, COBROS DEL I.V.A, SON ALGUNOS TEMAS QUE ENFURECEN A LA POBLACIÓN, PAGOS MILLONARIOS QUE SE VAN DEL AyA, CON EL I.V.A, TRASLADOS DE RECURSOS A GOBIERNO, PERDIDA CON EMPRESA ACCIONA AGUA, PUBLICIDAD MILLONARIA MILLONES Y MILLONES DE COLONES, ¿TEMAS QUE TRAERÁN REPERCUSIONES GRAVES EN EL SERVICIO QUE YA DAMOS O INCREMENTO EN EL RECIBO?

SITRAA ha venido planteando con pruebas; números de contrataciones, montos económicos de pérdida de recursos a nuestro parecer y del pueblo por una mala gestión, que vienen desde los mandos altos, como en toda empresa estos deben de ser RESPONSABLEMENTE ASUMIDOS desde la GERENCIA GENERAL, y sus SUBGERENCIAS, quienes son el hilo conductor de los problemas de abastecimiento mucho por falta de infraestructura, el congelamiento solapado de OROSI II, el tema de facturación directriz gerencial GG-2020-01125, y donde señalaron a mandos medios, enviándoles con suspensión de sus labores, por llevar solamente ordenes desde la Gerencia, mucho, mucho dinero de los costarricenses nos puede costar esta decisión, contrataciones millonarias pérdidas, que deben asumir quien DECIDIO AVANZAR EN EL PROCESO, contrataciones millonarias de recursos adquiridas que se deterioran en las instalaciones de AyA, contrataciones millonarias en publicidad y una por los alrededor de los  543 millones que está por salir.

Desde la organización de los trabajadores, estos temas y muchos otros que hemos denunciado en detrimento de la institución baluarte por 59 años al servicio público, el único fin que traen es desplomar la institución para buscar seguir privatizando servicios, como el tema de tecnologías que ahora raramente es producto de un ciber ataque, QUE ESPEREMOS ver EL NUMERO DE DENUNCIA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION CIBERNETICA DEL O.I.J, antes de que se pierdan algunos datos IMPORTANTES, el tema de servicios de alcantarillado sanitario, el tema de medición, mantenimiento de redes, ampliar el tema de contratación de atención al cliente  y otros que traen mentes maravillosas para cada vez ir eliminando con servicio público nuestras labores.

RED DE CUIDO EN AyA, La Junta Directiva debe de SEPARAR a quienes nos están desangrando y destruyendo, o por su propia voluntad deben de IRSE DE LA INSTITUCIÓN, los que nos han llevado a este camino, los que tienen a las cuadrillas SIN PRESUPUESTO para poder realizar labores, fuera de sus 8 horas, los  que nos tienen con problemas de materiales, recolección de escombros, problemas de asfalto entre otros TODOS CON GRAVE ACCIÓN EN LO OPERATIVO, acciones que son RESPONSABILIDAD DE QUIENES NOS DIRIGEN, y hoy son objeto de CUIDO a pesar de los millones que se ESFUMAN.

¡Nuestra Organización Sindical según la ONU, es catalogada como DEFENSORA de los derechos humanos y DENUNCIANTE, siendo una parte independiente de la institución, seguiremos denunciando, aunque gasten recursos públicos para DARNOS UNA MORDAZA!!!

DEI inicia el Taller Socio-Teológico en modalidad virtual con 50 participantes de 17 países

  • El webinario consta de seis sesiones entre este 5 de agosto y el 16 de septiembre

Este 5 de agosto iniciamos con el Taller Socio-Teológico «Crisis sistémica y rearticulación de las resistencias en un mundo post-pandémico». Esta vez en modo webinario, durante seis sesiones, del 5 de agosto al 16 de septiembre.

A pesar de las distancias y las condiciones de esta pandemia, nos vamos a reunir -en línea- 50 personas participantes de este taller. Nos ha sorprendido gratamente el gran interés y la cantidad de solicitudes de participación que hemos recibido por parte de tantas personas de tantos puntos del continente.

Nos motiva saber que, aún en este contexto de distancia física, logremos coincidir en intenciones y aprendizajes con personas de 17 países de Abya Yala/Latinoamérica.

¡Así que seguimos acompañándonos, repensando estrategias para atravesar como grupo estos tiempos!

El taller estará integrado por personas de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua; Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico; República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador; Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil.

Sin reemplazar la riqueza del aprendizaje presencial, este webinario saca provecho de las herramientas digitales para propiciar un espacio de diálogo crítico y reflexión colaborativa sobre la coyuntura que atravesamos. Tenemos como intención reconocer, inspirarnos e imaginar en colectivo, desde la experiencia de cada país y cada persona, cómo rearticular las resistencias ante el actual escenario.

El taller busca integrar la experiencia de quienes participan, junto con la investigación crítica, el diálogo de saberes y la búsqueda común propuestas y prácticas liberadoras para nuestros pueblos.

Vamos a transmitir algunas sesiones para quien quiera acompañarnos en Facebook Live, así que les recomendamos estar pendientes. Avisaremos con tiempo.

Atención del COVID-19 SÍ, desaparición del Hospital Nacional Psiquiátrico NO

Lucha por el Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres se ve fortalecida gracias a las gestiones emprendidas por UNDECA.

El día martes 4 de agosto, se hizo presente al HNP, la Gerencia Médica, de Logística e Infraestructura, junto con una comitiva de más de 15 miembros de diferentes departamentos, para escuchar de parte de la Seccional de nuestra organización y trabajadores, los planteamientos propuestos con apoyo de UNDECA, que permitan garantizar la protección del bienestar de los usuarios y de los trabajadores de este Nosocomio.

Como primer acercamiento la Gerencia Médica se compromete:

1- Garantizar que se mantendrá el nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres, pese a la modalidad de atención dual a la que será sometido el Centro Hospitalario por conversión transitoria para atención de COVID-19, garantizándose la continuidad de atención a las patologías de salud mental que ha brindado por 136 años.

2- Garantizar en lo inmediato la presencia de un equipo de acompañamiento de la Gerencia Médica y Adminsitrativo que permita el apoyo necesario para fortalecer los canales de comunicación entre los trabajadores del Centro Hospitalario, ofrecer las condiciones idóneas para el desarrollo de las funciones que permita la capacitación y la inducción necesaria por los cambios que van a implementarse en un corto tiempo y, garantizar la logística necesaria para los procedimientos y el volumen en la demanda de trabajo que se está teniendo y se extenderá por la duración de la Pandemia.

3- Garantizar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en cuanto al respeto de las Vacaciones Profilácticas, el Incentivo de Riesgos Hospitalarios y el respeto al registro de Elegibles local.

4- Garantizar la atención psicolemocional de los trabajadores y de los familiares que se vean sometidos en la atención de pacientes por COVID-19.

5- Garantizar el reforzamiendo de los Equipos de Protección para los trabajadores del HNP por la implementación de la atención transitoria de pacientes por COVID-19, así como el resguardo de la salud de los trabajadores con factores de riesgo permitiendo su desempeño en otras áreas de trabajo acorde a sus perfiles o por medio del teletrabajo.

 

Tomado de la página de Facebook de Undeca Ccss
Enviado a SURCOS por Luis Chavarría.

¿Ante una Huelga de Brazos Caídos?

Vladimir de la Cruz

La década de 1940-1949 fue compleja, por el escenario nacional y los acuerdos políticos que se habían disuelto o roto, Calderón – León Cortés, y por los acuerdos políticos nuevos que surgían Calderón – Comunistas y la Iglesia Católica, por las Reformas Sociales impulsadas por el Gobierno de Calderón, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Capítulo de Reformas Sociales, el Código de Trabajo, consolidadas con esa alianza con los comunistas y la Iglesia, y por el acuerdo político electoral entre el Gobierno y los Comunistas, alrededor de la coalición, entre el Partido Republicano y Vanguardia Popular, como empezó a llamarse el Partido Comunista a partir de junio de 1943, del Bloque de la Victoria para impulsar la candidatura presidencial de Teodoro Picado, por el ascenso de las clases medias urbanas, aglutinadas intelectualmente alrededor del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, de la Revista Surco, y del origen del Partido Social Demócrata y su periódico homónimo.

Fue compleja esa década por el impacto de la crisis originada por la Segunda Guerra Mundial y sus efectos económicos en el país, especialmente la caída de las exportaciones a Europa, el encarecimiento de la vida, la situación de los productores y empresarios nacionales, las movilizaciones y manifestaciones opositoras que hasta 1942 hacía el Partido Comunista, que lanzó su Plan Nacional para salir de la Crisis de Guerra, en 1941, con sindicatos en el país que en ese momento solo los dirigía el Partido Comunista, la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, que venían con estos nombres desde 1938, y que cambian a Confederación General de Trabajadores Costarricenses en 1943, cuando resultado del Pacto con la Iglesia, ésta impulsa otra organización sindical, la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum.

Fue una década compleja porque internacionalmente la II Guerra Mundial, que había empezado en setiembre de 1939, empaña toda la década en dos dimensiones. La primera, en la lucha contra el fascismo, desde 1939 hasta 1945, cuando acaba la Guerra, y la segunda, a partir de ese momento, cuando al ser derrotado el nazi fascismo en Europa, y en Asia, surgen una serie de países socialistas en Europa Central, que conduce a impulsar por parte de Churchill, el rompimiento de la alianza antifascista hasta entonces existente y a impulsar la Guerra Fría, el cerco internacional de la llamada Cortina de Hierro contra los nacientes países socialistas en Europa, y el de la Cortina de Bambú, en el Asia, contra los movimientos nacional libertadores, anticoloniales y de triunfo de la Revolución Popular en China, de tipo comunista.

Estos elementos internacionales empezaban a pesar desde el inicio de la Administración de Calderón Guardia. El Partido Comunista de Costa Rica, que había participado en el VII Congreso de la Internacional Comunista en Moscú, en 1935, ya había empezado a esbozar sus planteamientos de Frentes Populares, de “renunciar”, en este período de la II Guerra, a la lucha de clases, a la lucha antiimperialista, a la lucha por el socialismo, a impulsar la defensa del sistema y régimen democrático, por la alianza y la colaboración de clases en estos propósitos, conceptos muy alimentados internacionalmente por el movimiento comunista internacional y especialmente por el Partido Comunista de los Estados Unidos, y de su Secretario General Earl Browder, lo que se asimiló al discurso comunista nacional. Se había creado el Comité Antinazi en Costa Rica, en el cual estuvieron, entre otras personalidades, Manuel Mora Valverde, Manuel Picado Chacón, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich.

El ataque de los japoneses a las Bases militares de Estados Unidos en Hawai, en diciembre de 1941 provocó el rompimiento de Calderón Guardia con el Cortesismo y el sector alemán nacional, por la declaración de Guerra que hiciera a Japón, Italia y Alemania, condición favorable para el Pacto con los comunistas y la Iglesia unos meses más tarde, y por las medidas que empezaba a tomar el gobierno contra quienes se suponían eran, o podían ser, agentes filo nazistas en el país, campos de concentración, expulsión de estos ciudadanos a Estados Unidos a campos de concentración, intervención de sus propiedades y bienes, restricciones migratorias y circulatorias.

De toda esta situación emerge José Figueres, empresario, nada político en esos años, defendiendo a los alemanes nacionales, protestando contra las medidas que está impulsando el gobierno, solicitando que el Gobierno es el que debe irse, cuando arbitrariamente es detenido y expulsado del país, lo que lo convierte en el líder político a su regreso de México, en el gobierno de Teodoro Picado. Mientras tanto León Cortés, de nuevo es candidato a la Presidencia para 1944, contra Teodoro Picado, encabezando a todos los sectores políticos opositores. El triunfo de Picado se cuestiona electoralmente, sosteniéndose la tesis que triunfó con fraude, lo que para Figueres era causa de inmediata destitución, incluso por las armas.

La oposición discutiendo, entre las armas y el proceso electoral de 1948, con la certeza de que si en 1948 se volvía a repetir otro fraude se iría a la Guerra, como efectivamente sucedió. La muerte de León Cortés en 1946 preparó las condiciones, con Otilio Ulate a la cabeza de agotar la salida político electoral en 1948. Figueres, ya uno de líderes de la oposición era de la salida militar, y junto con algunos de sus colaboradores y seguidores iniciaron un período de inestabilidad política interna, entre 1946 y 1947, incluso con atentados terroristas, lo que obligó a los comunistas a crear sus Brigadas de Choque.

Todo esto, entre otras cosas, condujo para que la oposición al Gobierno de Teodoro Picado, preparara una Huelga Política, llamada de los Brazos Caídos, que se produjo desde el 21 de julio hasta el 3 de agosto de1947.

La Huelga de los Brazos Caídos fue convocada por la oposición política, con dos objetivos políticos principalmente, garantías electorales ante la elección de 1947-1948, para lo cual pedían control del Tribunal Electoral y, garantías y seguridades políticas, para lo cual pedían el control de la Fuerza Pública.

La Huelga de Brazos Caídos fue en su esencia un paro del sector empresarial, convocada políticamente, por las fuerzas políticas opositoras al Gobierno, de cierres de comercios, de centros educativos donde la oposición era fuerte, incluso la Universidad de Costa Rica, donde había fuerza opositora beligerante, de cierre de bancos, boticas, almacenes de abarrotes, tiendas de ropa, carnicerías, un sector de empleados estatales se suma a la Huelga.

Esta protesta fue dentro y fuera del Valle Central. La Huelga movilizó la prensa a favor y en contra del gobierno. Se tendió a una paralización total.

Alrededor de la Huelga hubo cierta violencia entre los grupos a favor y en contra. Detuvieron a Rodrigo Facio y a Daniel Oduber, rápidamente liberados. La Huelga tuvo más éxito en Cartago que en San José, pero torpemente el Gobierno la enfrentó el 2 de agosto al reprimir una marcha de mujeres y de sectores opositores. Para el Partido Comunista la Huelga había que dejarla continuar. Según los comunistas desde finales de julio ya se había debilitado la huelga y caería sola. La represión contra los manifestantes provocó su desenlace final evidenciando la debilidad del Gobierno, que entregó el aparato electoral a la oposición.

La Huelga de Brazos Caídos fue de Desobediencia Civil, como un movimiento en su forma, convocado de carácter pacífico, de resistencia política, pero no revolucionario, de conformidad a lo que Otilio Ulate decía. Tuvo también la forma de un Movimiento Cívico para los grupos convocantes de la Huelga de Brazos Caídos.

El costo político era para el Gobierno, mientras la oposición lograba réditos político electorales. El amarillismo informativo en la prensa opositora era una de sus banderas.

Durante la Huelga de Brazos Caídos también florecieron los sentimientos, las actitudes y los llamamientos xenofóbicos a favor y en contra del gobierno. El periódico La Nación, recién fundado en aquellos años, en 1946, se había colocado en el bando anti calderonista y anticomunista. Igual sucedía con las principales emisoras de radio en manos de la oposición, como eran Alma Tica, Monumental, Titania, Nueva Alma Tica y Sonora.

Mentiras, infamias, fake news como las llaman ahora, eran frecuentes en los mensajes periodísticos.

La Huelga de los Brazos Caídos preparó la antesala de la Guerra Civil de 1948, que le siguió. Le dio fuerza a los grupos opositores hacia la campaña electoral de 1947-1948.

Durante la Huelga y en los días previos se provocaron y sucedieron marchas y mítines de protesta, en algunos de los cuales se pedía la dimisión de autoridades del Gobierno.

La Huelga de los Brazos Caídos contó con un Comité de Huelga. Durante toda la Huelga no se suspendieron las Garantías Individuales de la Constitución Política. Contra los distintos sectores de pronto actuaba la policía represivamente. En algunos casos se amenazaba con cancelar patentes, mientras los sectores empresariales llamaban a no obedecer las órdenes del Gobierno para abrir los locales y establecimientos en huelga. Los abogados se movían en ambas direcciones a favor y en contra de la Huelga con sus respectivas acciones. La oposición acusaba al Gobierno de usar el Poder Legislativo como un medio de amenaza y como un instrumento contra el pueblo, llamando a garantizar la vida, el honor, la paz y la propiedad.

La Huelga de Brazos Caídos provocó la renuncia del Ministro de Trabajo, Miguel Brenes Gutiérrez, por no estar de acuerdo en las decisiones del Gobierno de cómo acabar con la Huelga.

La crisis de la Pandemia del Coronavirus me ha hecho recordar todos esos sucesos. El ambiente que se respira y se aprecia en muchos aspectos se parece. La prensa hoy está dividida a favor y en contra del Gobierno. A favor se perciben La Nación, las televisoras, en contra Diario Extra.

Aunque no tenemos una situación de conflicto militar mundial, como la II Guerra Mundial, tenemos una situación que está haciendo más estragos en la economía mundial de lo que produjo aquella guerra.

Los muertos de la II Guerra superan en muchas cifras lo que lleva la Pandemia. Pero los muertos jurídicos, las empresas, las asociaciones empresariales, la paralización que tiene hoy la economía mundial, con el desempleo desatado en todas partes del mundo, la reducción de las jornadas de trabajo, con el impacto que ello tiene en los salarios e ingresos de las personas y trabajadores, es impensable. Nunca antes se había provocado una paralización de la economía mundial en los términos que está sucediendo, no solo de centros o importantes de producción sino de todos los procesos de encadenamiento productivo y comercial. Si la II Guerra fue un gran negocio para la industria de la guerra y del armamentismo, la lucha contra la Pandemia del Coronavirus no ha sido hasta ahora ni siquiera un buen negocio para las empresas farmacéuticas mundiales.

Durante la II Guerra se conocía el enemigo, su capacidad de combate y de movilización, se le visibilizaba, se podían medir efectivos militares contra él. Hoy sabemos del enemigo pero no se le ve. Es una fuerza invisible, que se mueve por cualquier medio de transporte, por contactos humanos, que traspasa fácilmente las fronteras, sin precisar quien es portador de esa fuerza invisible y aniquiladora, que asola mundialmente. La muerte de los soldados es teóricamente estimable y cuantificable. La muerte de los trabajadores no lo es, es sorpresiva. La muerte de los soldados tiene su propio escenario. La muerte provocada por el Coronavirus tiene por escenario a todo el mundo. El efecto de paralización económica, que produce la Pandemia del Coronavirus, nunca antes ninguna peste, ni epidemia, ni pandemia lo había provocado. La destrucción de empresas, por la vía de competencia y la concentración de capitales, ni siquiera la misma dinámica del capitalismo la había provocado en esta magnitud, ni con sus grandes crisis económicas.

En la II Guerra Mundial se usaban armas, por parte de todos los Ejércitos para matarse mutuamente. En la lucha contra el Coronavirus los pueblos y países están totalmente desarmados, apenas se inician, en distintos países, las posibilidades científicas y tecnológicas de combatirlo. Tan solo se han señalado, a nivel mundial, intercambiando diariamente experiencias mundiales, prácticas sociales para frenar la expansión, prácticas que no todas las personas acatan y aprueban, y algunos gobiernos las han subestimado, con los efectos negativos que ello les ha causado, el distanciamiento social, la reclusión social, el uso de bozales y caretas protectoras, restricciones de movilización, paralización de vuelos aéreos, cierre de fronteras, imposición de prácticas sanitarias, limpieza constante de manos, “burbujas” familiares y sociales, evitar aglomeraciones, cierres de comercios de distinta naturaleza etc.

El Gobierno de Costa Rica ha asumido muy responsablemente esta tarea. Ha puesto al frente del Comando Nacional “Militar” Sanitario, como gran portaviones, de esta guerra contra el Coronavirus, al Ministro de Salud y al Presidente de la Caja Costarricense de la Seguridad Social. A su lado, a modo de acorazados, cruceros y destructores a los Ministros de Seguridad, de Comercio Internacional, de Relaciones Exteriores, de Planificación Nacional, al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, como los grandes personajes. Como flotillas navegan otros y aparecen sus personajes directores.

Hasta ahora, a mi gusto, los principales a cargo de esta tarea lo han hecho muy bien. Gozan de confianza pública. Sus mensajes orientadores y clarificadores de la situación de combate y de avance en esta guerra son certeros, sin manipulación de datos, sin ocultamiento de la verdad real de la situación.

La presencia del Presidente, en los escenarios de información diaria de esta guerra son innecesarios en la forma que lo ha hecho. La mesa de prensa diaria sobre esta guerra no es una pasarela política para ningún funcionario. Para el Presidente no es que lo sea, lo que sucede, a mi manera de ver, es que su presencia, cuando él aparece, es deslucida, floja, que lo hace a veces como un moderador de la mesa del día, sin contenido importante, dando la sensación de estar esmirriado, sin carácter, sin la fortaleza que debe mostrar de conductor y principal líder político del país. Esto ha hecho que le falten el respeto sectores empresariales, comerciantes, productores, y de ciudadanos, alcaldes, y se lo coman en las redes, en torno a la lucha contra la Pandemia. Ha hecho que que estos grupos, y sectores, algunos organizados, llamen a no acatar las disposiciones del Gobierno, las decisiones y acciones políticas que se dictan para tratar de evitar la expansión del Coronavirus, de hacer llamamientos a los ciudadanos a manifestarse contra estas decisiones y peligrosamente a no obedecer las decisiones ejecutivas y casi las sanitarias. Hoy mismo hay convocadas movilizaciones en todo el país.

Las grandes decisiones que se toman de políticas y acciones a seguir son las que el Presidente debe asumir, como el Gran Capitán. El es el que debe marcar la cancha de todos los actores cuando de decisiones importantes se trata. Aparecer en esas Mesas de Prensa cuando sea estrictamente importante para marcar caminos a seguir por todo el país y el pueblo. Las decisiones que por razones sanitarias se impongan es el Presidente el que debe anunciarlas y definirlas, solicitando su acatamiento y obligación de cumplirlas.

El Presidente y su Gobierno ha impuesto la llamada política del Martillo y el Baile. Lo que ha hecho en la realidad es dar un martillazo contra toda la población en general, y bailar al son de quienes le gritan con poder económico. El martillazo ha sido contra sectores empresariales y comerciantes pequeños, no contra los grandes. Cierre de pulperías y pequeños comercios, no los grandes. Las medidas impuestas pareciera afectan innecesariamente a estos sectores.

La verdad es que los sectores ricos, las clases altas, las medias altas y muchos sectores profesionales pueden soportar las limitaciones sanitarias impuestas por el Gobierno. En general, incluso, todos aquellos, que tienen una vivienda con dos o tres aposentos, y hasta con un patio o un solar. Los que no pueden son los sectores populares, la inmensa mayoría de la población urbana y rural, que viven hacinados, que viven sin condiciones decentes y dignas de vida, en cuarterías, en tugurios, sin agua abundante, si electricidad, que les están cobrando servicios públicos de electricidad, agua, y municipales cuando han perdido sus trabajos, sus ingresos o se les han reducido sin que se les reduzcan proporcionalmente esos pagos. O de quienes tienen que pagar servicios y patentes cuando les han cerrado sus negocios sin compensación en ese sentido, sin generar negocios y capital para pagarlos.

La responsabilidad de las medidas sanitarias se debe acatar e impulsar por todos estos grupos, si se les permitiera abrir sus negocios, micro, pequeños, medianos o grandes. Los cuerpos represivos policiales nacionales y cantonales pueden ejercer la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas, bajo sanciones fuertes en sus incumplimientos, multas, cierre de locales o cancelación de patentes.

El grueso de la población se mueve en buses, donde de muchas maneras van más cerca los ciudadanos entre sí y con más riesgo de contagios. Impedir el transporte de otros vehículos particulares obliga a viajar en bus con más riesgo, permitir la apertura de ciertos locales, entre ellos restaurantes, sodas y de comidas, entre semana y cerrarlos los fines de semana parece absurdo, si en ellos se toman las medidas sociales sanitarias que el Gobierno ha impuesto de comportamientos colectivos.

El momento que vivimos, con presión de los sectores empresariales, y con algunas débiles presiones sindicales, por otros motivos, obliga a que se convoque a un Gran Pacto Nacional para salir de esta multicrisis que vivimos.

Hasta ahora los sectores empresariales no han logrado en su lucha contra el Gobierno, en sus convocatorias de no acatar las decisiones gubernativas encontrar el eco político partidario, ni social, como en 1947, lo tenían. Hasta ahora los sectores empresariales, en sus distintas cámaras de representantes, actúan cada una por su lado y no han logrado una solo unidad en su lucha y en su vocería. Hay sectores ciudadanos que por su cuenta han salido a las calles, cerrando vías y realizando otras protestas, algunas con enfrentamientos con la policía. Hasta ahora estos sectores no tienen referente político partidario, partidos políticos que los abanderen y guíen. En cierta manera estas luchas podrían llegar a guiar espontánea e irresponsablemente a partidos políticos de continuar por este camino.

En este Pacto Nacional no pueden marginarse los sectores sociales, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones solidaristas y las que se agrupan en los llamados movimientos sociales. Esta es una tarea de todos, de atender lo que es posible por parte de todos, de cada sector.

Este un un Pacto Nacional Ad hoc, para esta ocasión, para esta situación, para buscar los elementos que son comunes de atender y marchar con ellos. Los puntos o tesis que distancien en sus soluciones que se continúen discutiendo. Si es por decisión de Gobierno, entonces que se actúe de conformidad, con la decisión política que corresponda, sin nadaditos de perro.

Si no logramos esto, ¿estaremos alimentando el ambiente para una situación como la de 1947? ¿Estaremos a las puertas de una Huelga de Brazos Caídos contra el Gobierno, no por cerrar establecimientos sino para abrirlos? La Huelga de Brazos Caídos en marcha es la que llama a no acatar al Gobierno y a abrir lo que el Gobierno dispone cerrar. ¿Alimentaremos con estas acciones a algunos loquitos populistas sin importar el signo político que los cobije o levanten?

Hasta ahora no hay una orientación política partidaria contra el Gobierno, pero hay actores individuales que están pidiendo la dimisión del Presidente. Hay un descrédito y una desconfianza pública alimentada cotidianamente contra el Gobierno, sus representantes, y el Partido gobernante, y con ellos de toda la clase política y sus instituciones. Algunos equivocadamente tratan de convertir esta situación en una antesala político electoral hacia las elecciones del 2022, jugando el ahorcado.

De llegar a esta situación extrema todo el entramado político va a salir afectado. Será como apretar un jabón…no sabemos hacia dónde va a salir o caer.

Las universidades públicas pueden ser el sitio del Gran Encuentro Nacional, para la búsqueda de las soluciones posibles.

Se requiere madurez política y voluntad política nacional, de todos los sectores y actores políticos nacionales, que se guíen sobre el principio de diversidad de opinión sí, pero unidad de acción ya, ante la crisis que afrontamos.

UNA burla: DEBIDO proceso, autoritarismo y más TEUNA

Ernesto Herra Castro*

Lo hemos dicho una y otra vez, una y otra vez y lo diremos tantas veces como sea necesario: mientras en la República de Costa Rica el PODER reside en el Pueblo, según art. 9 de nuestra Constitución Política, lo que le ubica en el lugar del SOBERANO, en nuestra pequeña República universitaria la AUTORIDAD reside en la Asamblea Universitaria. No en sus REPRESENTANTES. Esto, no ha sido sólo complejo de hacer entender a las y los miembros de la comunidad universitaria, por más que cuenten con un ejemplar del Estatuto Orgánico, lo hayan leído, citado, parafraseado, sino que le resta AUTORIDAD a la misma AUTORIDAD y le permite, a las y los REPRESENTANTES, hacer lo que gusten, con complacencia de ASESORÍA JURÍDICA, sino con completa libertad de responder, a la AUTORIDAD, sólo cuando gustan, si gustan y/o como gustan.

El mejor ejemplo nos lo ha dado el Tribunal Electoral de la Universidad Nacional, quien aplazando procedimientos, imponiendo tiempos administrativos sólo para con las y los denunciantes pero no para acatar él los tiempos y procedimientos administrativos, logró dar por finalizada la denuncia interpuesta por 13 miembros de la comunidad universitaria, junto a 1435 firmas de respaldo, contra la brutalidad autoritaria que mostró la recién culminada gestión administrativa a lo largo del mes de octubre del año 2019.

Mientras las y los estudiantes tomaban el edificio de la Rectoría, acto «violento», propio de «delincuentes», «vagabundos», «extranjeros», según apreciarán en las pruebas aportadas en la denuncia, de la que dejamos abajo link para que la comunidad universitaria tenga acceso a ella en adelante, 13 miembros de nuestra comunidad académica interpusieron el debido proceso según lo que corresponde en lo contenido en nuestro Estatuto Orgánico.

Nos vimos en la necesidad de presentar dos Recursos de Amparo a lo largo del camino dado que en todo momento hemos tenido clara la violación que de la Constitución Política de Costa Rica ha hecho el TEUNA, ni qué decir del Estatuto Orgánico, hecho que fue corroborado por la Sala Constitucional quien nos señalaba que, aun cuando lo señalado procedía, en anteriores oportunidades ya se había pronunciado, ante casos similares, y que no nos quedaba más que recurrir a la Ley General de Administración Pública. O sea, recurrir a los instrumentos que utiliza el poder autoritario, violento que corroe nuestras instituciones sociales para, permitiendo que pase el tiempo, les de garantía de archivar las denuncias que presenta la AUTORIDAD y/o el SOBERADO contra las y los REPRESENTANTES que hacen lo que gustan, como gustan y/o cuando gusten sin que suceda NADA.

El día de ayer, lunes 3 de agosto de 2020, en horas de la mañana la Sala Constitucional ha fallado a nuestro favor y le ha traslado el mandato al TEUNA, mediante expediente No. 20-013325-0007-CO, de responder a nuestra convocatoria a Rendición de Cuentas. En horas de la tarde, y como reacción coherente e inmediata al mandato de la Sala Constitucional el TEUNA nos ha enviado la resolución que, por más de 7 meses, estuvimos esperando.

Como verán en la Resolución del TEUNA del día de ayer, contenida en la carpeta de Drive de la que copio link abajo, el TEUNA nos dice, básicamente, que no aportamos pruebas específicas, lo que cualquier miembro de nuestra comunidad que ingrese al LINK se dará cuenta que es una BURLA. Pero lo más IMPORTANTE de esto es la respuesta FINAL: La denuncia se archiva por que el señor rector saliente se ha jubilado.

Registrados quedaron, en video, audio, grafitis, la violencia que utilizó la gestión administrativa anterior para con su cuerpo estudiantil, profesoras y profesores que fueron amenazadas y fotografiados, por esbirros que esta administración puso para amedrentar a sus propias y propios compañeros, por acompañar a las y los estudiantes que confrontaron las formas irracionales, vulgares y violentas que caracterizó la gestión de la saliente administración.

En nuestros programas de estudio, independientemente que hayan sido arrojadas por las gradas del edificio de la rectoría estudiantes, comparadas a una «olla de carne» por su propio rector, calificadas de forma ampliamente peyorativa, quedan retazos de un Estatuto Orgánico que esta gestión administrativa condicionó a la docencia universitaria para hacernos pensar que a través de la imposición de la norma y/o la instrucción es que se ejerce el humanismo en la UNA.

Quedan discursos, «idearios pedagógicos», poses de «diálogo», una «plaza de la diversidad» ampliamente cuestionada y de la que no quedan más que malos recuerdos y ¢5.000 millones de colones trasladados al gobierno central, además de la resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 que después de meses, y sólo mediante el ejercicio SOBERANO del principio constitucional, le hemos logrado arrancar al TEUNA mediante la resolución de la denuncia interpuesta desde el 25 de noviembre anterior, y en la que se da por conclusión que ella será archivada. Este ha sido el resultado de haber llevado a cabo el debido proceso contra los REPRESENTANTES de la AUTORIDAD.

La resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 aportada por el TEUNA el 3 de agosto de 2020, básicamente nos da claridad, como AUTORIDAD que somos, que cualquiera sea el mecanismo que en adelante cualquier miembro de esta comunidad se vea en obligación de utilizar (tomas de edificios, huelgas de hambre, pintas en las calles, paredes, salones, bloqueos de lecciones, giras y/o pruebas evaluativas…) son más que válidas dado que el debido proceso, ese mismo ideado por los mecanismos del poder que nos corroe, intentará ganar tanto tiempo como sea necesario para archivar las denuncias que puedan plantearse contra las y los REPRESENTANTES de la AUTORIDAD que han secuestrado nuestra AUTONOMÍA y que nos tiene a las puertas de que también nos golpeen de afuera de nuestra casa de enseñanza.

Recientemente, el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, le ha logrado arrancar de las manos al Ministerio de Hacienda, y sólo haciendo uso del ejercicio SOBERANO que nuestra Constitución Política nos otorga (art. 9), la lista de grandes contribuyentes protegidos a lo largo de décadas por el mismo tipo de poder autoritario que en nuestra casa de enseñanza nos corroe. Esto nos debe dar claridad de que, para cualquiera que se sepa AUTORIDAD en la Universidad Nacional, tiene la RESPONSABILIDAD de ejercer el principio SOBERANO contenido en nuestra Carta Magna, nuestro Estatuto Orgánico y garantizar que las y los REPRESENTANTES hagan justo eso: REPRESENTARNOS en lugar de representarSE.

La gestión autoritaria anterior ha culminado, pero en casa quedan sus REPRESENTANTES, y NO los de la AUTORIDAD.

Hablo en nombre de las y los 13 denunciantes cuando digo que NOS PONEMOS AL SERVICIO de la COMUNIDAD UNIVERSITARIA para enfrentar, cuando lo considere oportuno, a sus REPRESENTANTES por la vía CONSTITUCIONAL.

La resolución UNA-TEUNA-AD-OFIC-085-2020 que nos da, casi un año después y sólo mediante mandato de la Sala Constitucional, nos deja claro que el debido proceso, en nuestra casa de enseñanza es UNA BURLA.

Les invitamos a ejercer el principio SOBERANOS que nos MANDA a ejercer nuestra Constitución Política y el principio que, como AUTORIDAD, nos define el Estatuto Orgánico.

Esta es, una muestra más, de que la AUTONOMÍA universitaria, en nuestra casa de enseñanza, ha sido secuestrada y ha sido reducida a la BURLA en la que las y los REPRESENTANTES la han convertido.

La AUTONOMÍA universitaria se defiende de las y los de afuera, pero sobre todo de las y los de adentro.

Reitero, previo a concluir, que para quien crea necesario utilizar los principios constitucionales para garantizar la AUTONOMÍA, la AUTORIDAD, la RENDICIÓN DE CUENTAS, y/o utilizar el DEBIDO PROCESO, hoy somos 13 más 1435 miembros de nuestra casa de enseñanza que contamos con UNA experiencia previa que ponemos a su disposición.

Atentamente,

Ernesto Herra Castro
Ciudadano costarricense
Cédula 1-1053-0853
Académico Escuela de Sociología
Funcionario Público
República de Costa Rica

Ps: Documentación relativa a la denuncia interpuesta contra la «autoridad electa», desde el 25 de noviembre 2019, recursos de amparo y resolución de la Sala IV hasta contar con resolución del TEUNA el 3 de agosto de 2020:

https://drive.google.com/drive/folders/1fji3znS7agVYfkvzlf0Rg1_w41YZ9lUM?usp=sharing

Las protestas y exigencias privadas, ¿son democráticas?

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La democracia es quizás una de las expresiones más usadas en el mundo contemporáneo, sea porque es considerada un anhelo de los ciudadanos en los pueblos que sufren dictaduras, o también por aquellos donde la miseria, el hambre y la explotación son una vivencia cotidiana, pero también, por sociedades cuya historia les ha permitido conquistar avances en la calidad de vida y en los derechos de sus integrantes. Pero claro está, que la democracia es una necesidad para todos y particularmente para las inmensas cantidades de personas que están excluidas de bienestar y sin capacidad para decidir sobre la situación nacional y sobre su propia condición social. Cabe anotar, que esa necesidad es evidente y tangible, sin embargo, no siempre es demandada por esas poblaciones, en parte, porque es una situación y condición ausente en su devenir cotidiano y, por tanto, esa democracia le es ajena. Esto es, la pregonada democracia de los medios, de los propietarios del capital y del Estado, es solo formal, puesto que excluye las necesidades, anhelos y voz de importantes y mayoritarios sectores sociales. Esa democracia discursiva es dictatorial.

La democracia costarricense paradójicamente es para quienes tienen el poder, como en la época ateniense, de la Antigua Grecia del siglo VI a. C., una democracia de propietarios en un universo esclavizado. La democracia es inexistente en el contexto actual donde las decisiones y acciones se ejecutan en nombre de la colectividad nacional, pero sin tomarlas en cuenta sin participación ni injerencia alguna de los trabajadores y los pobres que sustentan la economía, el devenir social y los poderes existentes. Ellos están excluidos en la democracia discursiva y de papel.

En la actualidad ya no se debate sobre la significación de la democracia, sobre sus implicancias, tampoco se discute su concepción ni se contrasta con realidades políticas concretas, solo se asume que democracia es la participación ciudadana en las elecciones y en sus resultados cuantitativos. De este modo, la democracia queda reducida al acto mecánico de votar y contar.

Elegir a personajes dueños de partidos políticos, constituidos por formalidades legales, que no representan el interés general de la heterogeneidad social, que son ignorantes de la problemática nacional y de las alternativas de actuación gubernamental, así como desconocedores de la inmensa literatura y prácticas históricas sobre la democracia, enclaustran las posibilidades de elegibilidad ciudadana, lo cual no motiva preocupación alguna al tribunal electoral que exclusivamente aprecia las formas legales e instrumentales, aun cuando estas formas de mediación y representación política discrepen y antagonicen con la concepción de democracia que iluminó los movimientos y esperanzas de libertad, justicia y solidaridad en el espacio nacional y mundial.

No es democracia cuando esta es privada, cuando son pocos los que gozan de los privilegios del sistema y se enriquecen del trabajo de otros. Pero, la democracia no es la igualación de posesión y usos de la riqueza entre los heterogéneos actores en la sociedad, porque no se tienen iguales carencias, necesidades ni anhelos en la desigualdad de la sociedad contemporánea. De ningún modo es democracia, cuando los que acumulan riqueza lo hacen a expensas de quienes explotan y atentan contra la salud y vida de los pobres y trabajadores. Es absurdo en nuestro espacio social que los empresarios reclamen democracia, ser escuchados y obedecidos, cuando en su desprecio social, inmoral e inhumano, empobrecen y arriesgan la existencia ciudadana.

En muchas oportunidades la democracia ha sido entendida equívocamente como la satisfacción de las necesidades, intereses o anhelos de grupos de interés de la sociedad. Sin embargo, ello no es democracia es autocracia, dado que no es lo común a todos en un contexto desigual e interdependiente. Aun cuando los grupos privados protesten contra el Estado, para lograr su amparo y beneficio, de ningún modo son exigencias democráticas, por el contrario, son particulares y específicas que reproducen y agudizan la desigualdad e inequidad en la heterogeneidad de nuestra sociedad.

En la actualidad las demandas patronales, por la apertura de los negocios y contra las restricciones sanitarias, son peticiones privadas, aun cuando dan trabajo, sus propósitos no son el brindar salarios dignos, equidad ni correspondencia salarial con la labor desempeñada y las necesidades de los trabajadores, tampoco su preocupación es proporcionar mercancías y servicios requeridos por los clientes. ¿Por qué abrir los negocios para luego cerrarlos ante la difusión del Covid-19, y propiciar quiebras de algunos negocios? Las propuestas patronales son totalitarias contra la ciudadanía y los derechos humanos.

El fin de las restricciones exigidas por los negociantes, son en aras de la rentabilidad privada, encubiertas por la necesidad de trabajo remunerado y los requerimientos de bienes y servicios por parte de la población. La obsesiva posesividad economicista de los empresarios ticos no tiene límites, como tampoco lo tiene su afán totalitario que exige gobiernos y al Estado ser sumisos y obedientes a sus dictados, así como exigentes en aumentar las imposiciones tributarias a salarios y pensiones en una estructura tributaria que es regresiva, a la vez que impulsan la venta o privatización de los activos del Estado y a profundizar la liquidación de la institucionalidad pública.

Los empresarios son insaciables, no solo en sus ganancias, también con el poder que ya ostentan y a pesar de tener un Estado complaciente que no les cobra ni les entablan demandas judiciales por evadir, eludir y falsificar sus obligaciones tributarias. Un Estado que no suprime las exenciones y privilegios exclusivos, no se impone tributos a las riquezas privadas, no se elimina el secreto bancario que oculta delitos tributarios o blanqueo de capitales, no se rescata lo público en las determinaciones privatizadoras de las entidades financieras estatales, no se regula la difusión de violencia, miedos y falsedades mediáticas que no educan ni difunden cultura, ciencia ni información fidedigna. Las demandas patronales son regresivas.

En la desigualdad social las protestas ciudadanas poseen distintas y contradictorias significaciones entre sectores polarizados. Los mercaderes no representan lo público, el desarrollo nacional ni los derechos humanos, solo se representan a sí mismos y como autócratas proponen políticas tiránicas a los otros. El individualismo posesivo de los propietarios destruye y liquida el bienestar colectivo, la democracia y el desarrollo, sus protestas, en nombre de la democracia, para empobrecer, hambrear e inclusive atentar con la existencia de gran parte de la ciudadanía, es un totalitarismo fascista.

No ocurre lo mismo, con las protestas y movilizaciones populares, de los trabajadores y pobres de la sociedad, porque sus demandas por trabajo, salarios dignos, mejores condiciones de vida, libertad y derechos igualitarios, dinamizan todas las actividades laborales, sociales e intelectuales de la sociedad. En las demandas populares por la equidad y la democracia, están implicados todos, sin perdedores, muertos ni dictaduras. El progreso de las naciones está en íntima relación con el bienestar de los sectores mayoritarios de la sociedad. Es una verdad de perogrullo afirmar que el bienestar para los pobres lo es también para la sociedad.

El despliegue mediático o, mejor dicho, de los medios privados de la información, en favor de la apertura de los negocios, guarda correspondencia con el pensamiento y acción de sus dueños de los medios, degradando una profesión digna de larga y comprometida historia con la democracia en muchos contextos en el mundo. El periodismo investigativo, serio y digno, ha sido lastimosamente debilitado y amenazado con ser liquidado. El privilegio informativo en favor o en contra de un determinado sector de la sociedad, es una información parcial y parcializada que simplifica y distorsiona intencionalmente la complejidad de la realidad. Parafraseando a Mark Twain (1835-1910), quien fue periodista, reconocía en su tiempo, que si no se leen ni escuchan los medios, no se está informado, pero hacerlo es estar mal informado, así mismo, en los medios, nunca se puede ser más veras que cuando se reconocen a sí mismos como mentirosos.

Imagen: https://sooluciona.com

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Danza Universitaria presenta «Extravagancias cotidianas»

Esta agrupación se unió a un proyecto de percusionistas de la UCR, de la UNED y de la Universidad de Minnesota

Danza Universitaria se unió al proyecto musical realizado por percusionistas de la UCR, de la UNED y de la Universidad de Minnesota. Con una interpretación propia, a la que llamaron «Extravagancias cotidianas», este grupo de la UCR le puso movimiento a la obra «Cherry Limeade», compuesta por la estudiante estadounidense Mackenna Tolfa.

El pasado mes de abril, estudiantes y profesores de la Cátedra de Percusión de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Minnesota, junto con el Ensamble de Percusión Costa Rica de la UNED, se unieron en el proyecto Virtual Percussion Extravaganza, que tuvo como resultado un video en el que interpretan la pieza de Tolfa, mezclando el uso de instrumentos de percusión con implementos de uso cotidiano.

A partir de esta experiencia, Ricardo Alvarado, profesor de la Escuela de Artes Musicales, contactó a Verónica Monestel, bailarina de Danza Universitaria, para proponerle que se involucraran en el proyecto, y así inició la colaboración.

Según explicó Hazel González, directora de Danza U, el resultado final fue pensado para que hubiera un equilibrio y un diálogo entre la danza y la música.

“Todo fue muy espontáneo, había una necesidad creativa y, a través de lo cotidiano, se pudo dar esa fusión de dos artes en un trabajo colectivo”, comentó González.

Al principio, la idea fue montarse sobre el trabajo que ya habían realizado los músicos, sin embargo, ese primer intento no logró el objetivo que se quería. Por eso, se realizó una nueva versión en la cual se utilizó el material en bruto que se había grabado con anterioridad y se desarrolló un nuevo producto audiovisual.

Las bailarinas y los bailarines de Danza Universitaria, cada quien desde sus casas, a partir de la inspiración y de la experimentación, grabaron sus intervenciones, siguiendo una serie de pautas técnicas como la iluminación, las locaciones y los planos.

En este sentido, Verónica Monestel señaló que todo el proceso fue muy enriquecedor y significó un gran reto, porque la experiencia se convirtió en un laboratorio experimental de creación de movimiento tanto para el video como para la interpretación de una música concreta. Esto provocó que las y los bailarines tuvieran que estar pendientes de muchos aspectos al mismo tiempo para que el material fuera óptimo.

La edición estuvo a cargo de Esteban Richmond, quien utilizó la base rítmica de la obra, para calzar los movimientos de los bailarines y la música, y así ir construyendo el hilo conductor de la coreografía.

Tanto Ricardo Alvarado como Fernando Meza, director del área de percusión de la Universidad de Minnesota, manifestaron su satisfacción por haber logrado que el proyecto inicial se hiciera todavía más grande y por continuar estrechando lazos entre ambas instituciones con el propósito de seguir realizando trabajos conjuntos.

“Desde hace tiempo se había hablado de poder hacer alguna colaboración entre percusión y danza, pero se había quedado solo en la propuesta. Ahora, pudimos lograrlo de esta manera”, recordó Alvarado.

A raíz de esta colaboración, ya la Cátedra de Percusión de la UCR y Danza Universitaria están pensando en trabajar juntas en un par de proyectos que se concretarían para el 2021.

El video se puede ver en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/UniversidadCostaRica/videos/1649477495201959/.

 

*Foto: Danza Universitaria presentó el proyecto «Extravagancias cotidianas».

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Sindicato de Hacienda consulta a ministro si se indagó denuncia sobre deudas con la CCSS

SITRAHSAN envió la siguiente nota al ministro de Hacienda:

Señor Ministro de Hacienda

La publicación siguiente, hace referencia a deuda de personas, en apariencia vinculadas a UCCAEP. Y la Ley de Contratación Administrativa, como la Ley Constitutiva de la CCSS, establecen estar al día en las obligaciones tributarias, tasas y contribuciones.

Le consultamos públicamente:

¿Qué ha hecho la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, a su cargo como jerarca, para investigar la veracidad de estos datos?

*Directivos de UCCAEP adeudan ₡284,4 millones a la CCSS y aun así quieren dictar directrices al Gobierno. *

Así lo denuncia Roberto Mora Salazar, conocido como el Cobrador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mora dirigió una carta pública al mandatario costarricense este domingo 2 de agosto.

«Estimado señor presidente, Carlos Alvarado Quesada.

Por este medio, reciba un cordial saludo.

El 31 de julio recién pasado, escuché su intervención en la televisión y, me llamó la atención lo siguiente:

“Presidente Alvarado a Uccaep:

Asustando a la población no van a conseguir nada”

Ello me llevó a reflexionar; ¡para que el presidente de la República lleve a cabo este comentario sobre la Uccaep, debe de haber algo por debajo de parte de este gremio!

Nos guste o no, el presidente de la República de Costa Rica es Carlos Alvarado Quesada y, por consiguiente, las órdenes son emanadas por la Casa Presidencial “y punto”.

El hecho que grupos de empresarios se crean los dueños de Costa Rica y, que son los llamados a dictar directrices, ya porque lo hicieron en anteriores administraciones, me parece muy acertada su intervención de “estate quieto” como dice nuestra población.

Con qué autoridad moral de parte de este grupo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se presentan ante Usted para dar lineamientos de cualquier tipo, si importantes personajes de su junta directiva se encuentran atrasados con nuestra Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de ₡284,449,075.00 por concepto de cuotas obrero patronales. Ello demuestra su gran interés por nuestra Seguridad Social de parte de sus asociados, ya que, para elegir a sus miembros de Junta Directiva, deberían de hacer una minuciosa investigación para ver si cumplen a cabalidad con su honorabilidad, moralidad y honestidad, como sí lo son algunos de ellos.

A la fecha, estos altos miembros de la Uccaep adeudan a la CCSS.

OSCAR ECHEVERRIA HEIGOLD
1-0643-0114
TESORERO UCCAEP
3-101-081460 BANANERA CHANGUINA, S.A. 210,297,068.00 APODERADO
3-101-029979 COMPAÑÍA RIO MINERALES, S.A. 3,107,057.00 PRESIDENTE

GONZALO FRANCISCO DELGADO RAMIREZ
1-0644-0138
EX PRESIDENTE UCCAEP
3-101-119969 FIBROTICO, S.A. 62,246,032.00 TESORERO

MARITZA EMILIA HERNANDEZ CASTAÑEDA
5-0195-0073
I VICE-PRESIDENTA UCCAEP
3-101-271205 PROYECTOS E INVERSIONES BOSI Y ASOC, S.A. 6,975,184.00 PRESIDENTA

MUNI FIGUERES FACIO
1-0678-0003
SECRETARIA UCCAEP
3-101-018287 RESTAURANTES ORFI, S.A. 1,682,032.00 VICE PRESID

MIGUEL EFRAIN SCHYFTER LEPAR
1-0399-1427
FISCAL UCCAEP
3-002-195650 ASOCIACION PROGRAMA CENTROAMERICANO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEMOGRATICA 97,017.00 PRESIDENTE

ROBERTO FIATT SERAVALLI
1-0546-0782
SUB TESORERO
3-101-718475 PLAZA PARAISO, S.A. 44,685.00 TESORERO

TOTALES ₡284,449,075.00

Señor presidente, como costarricense le aconsejo, tener más cuidado con las personas que entran a Casa Presidencial a dar órdenes, cuando en realidad son lobos disfrazados de ovejas.

Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-0396-0099

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